El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
     Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 920
Septiembre 27, 2000
ISSN 0259-9864
 

ÍNDICE

Editorial Normas éticas para los gobiernos locales
Política Fiscalía e impunidad
Economía La propuesta de anteproyecto de ley de
Presupuesto General de la Nación
Sociedad A cinco años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
Derechos Humanos Los tan violados derechos de la niñez
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Las sociedades contemporáneas han visto surgir un sinnúmero de códigos morales, los cuales, con las normas específicas que los constituyen, quieren responder a desafíos particulares que se originan en los diversos espacios del quehacer social, político y económico. Uno de esos códigos es el que está viendo la luz en el ámbito de los gobiernos locales en diversos países latinoamericanos y desde el cual se pretende contar con criterios normativos y valorativos que permitan, a quienes realizan funciones de gobierno a ese nivel, contar con una guía de acción moral eficaz y consistente. El Salvador no se queda a la zaga en ese proceso y desde hace un par de años cobró auge la necesidad de contar con un código moral que sirviera de guía para quienes ejercen tareas de gobierno en el ámbito municipal. Esa necesidad se ha concretado en los "Diez principios éticos que norman la gestión de los Concejos Municipales", mismos que fueron aprobados en el Concejo de Alcaldes de 1999.

    Los "Diez principios éticos" están encabezados por un enunciado general donde se resume la filosofía que los inspira: "la gestión del gobierno local debe inspirar la confianza del público, en primera instancia siendo leal a la Constitución de la República, a las leyes emanadas de ésta y a los siguientes principios éticos por encima de cualquier ganancia de tipo personal". Es decir, el bien común —tal como se expresa en la Constitución política— debe estar por encima de los intereses individuales. ¿Cómo se logra eso desde un punto de vista moral? Se logra poniendo en práctica los preceptos morales del decálogo normativo de la gestión de los Concejos Municipales.

    Esos preceptos plantean de este modo los deberes del funcionario municipal: 1) "se guiará por conceptos de gobierno efectivo, eficiente y democrático"; 2) "reconocerá que en todo momento la función básica del gobierno local es servir los mayores intereses de la ciudadanía"; 3) "se dedicará a los más altos ideales de honor e integridad y así mantener el respeto y confianza de otros oficiales, los empleados y el público"; 4) "afirmará la dignidad y validez de los servicios prestados por el gobierno local y mantendrá una actitud constructiva, creativa y práctica frente al desarrollo local, al mismo tiempo que un profundo sentido de responsabilidad social"; 5) "hará un esfuerzo continuo por mejorar la capacidad profesional y técnica gerencial con la que se manejan las funciones de la muncipalidad; 6) "tomará decisiones en materia de personal basándose en los méritos de tal forma que la equidad y la imparcialidad gobiernen sus decisiones en cuanto a asignaciones, aumentos de sueldo, ascensos y disciplina"; 7) "mantendrá informada a la comunidad sobre los asuntos municipales, estimulará la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno local, enfatizará la necesidad de brindar un servicio al público que es amistoso, cortés y cumplido"; 8) "llevará a cabo su gestión sin interfeferencias ajenas, siempre pensando en el bien común local; y manejará cada problema sin discriminación y basado en los más altos principios"; 9) "creerá que el engrandecimiento personal, las ganancias obtenidas mediante uso de información confidencial a las que tiene acceso o el uso indebido del tiempo remunerado por servicio público es deshonesto"; 10) "no tendrá intereses financieros que estén en conflicto con el desempeño concienzudo de su función".

    Como se puede ver, se trata de 10 principios morales (éticos) sencillos en cuanto a su formulación —es decir, de fácil comprensión—, pero cuya aplicación y cumplimiento dependen del compromiso y responsabilidad de cada uno de los miembros de los concejos municipales. La primera norma exige un compromiso con la efectividad, la eficiencia y la democracia. Esta norma se relaciona con la quinta, la cual exige una permanente actualización gerencial, profesional y técnica. Las normas segunda, cuarta, séptima y octava apuntan a los compromisos con el bien común, el desarrollo local y las relaciones de los gobiernos locales con la ciudadanía. Las normas tercera y sexta hablan de las obligaciones morales al interior de los gobiernos locales: confianza, respeto, rechazo a la discriminación, imparcialidad y equidad. Y, por último, las normas novena y décima abordan el tema de la corrupción en tres formas específicas: no se debe usar información confidencial de las alcaldías con fines de lucro, no debe usarse de tiempo laboral en otras ocupaciones y debe renunciarse a intereses financieros que puedan entorpecer el desempeño de las funciones asignadas.

    Pues bien, en el terreno de la moral, no basta con dejar establecidos unos determinados preceptos como los señalados, puesto que su cabal significado e importancia sólo pueden establecerse en la práctica. Así pues, es necesario que esos preceptos, además de ser conocidos por las personas a quienes van dirigidos, sean aceptados con convicción por ellas y sean aplicados permanentemente en la realización de sus actividades. Sólo a la luz esos elementos —conocimiento, aceptación con convicción y aplicación práctica— se puede decir qué tan efectivas son unas determinadas normas morales. Por consiguiente, si los "Diez principios éticos" han sido elaborados para normar la gestión de los concejos muncipales, queda por determinar qué tanto se conocen, se aceptan y se aplican esos principios en el ejercicio de gobierno al nivel local. Y es aquí precisamente donde surgen los mayores problemas, pues no es tarea fácil evaluar si los miembros de los concejos municipales, a lo largo y ancho del país, han hecho suyos esos principios y se esfuerzan por cumplirlos en sus actividades cotidianas al frente de las alcaldías.

    Con todo, un paso importante se ha dado al establecer un código normativo para el ejercicio del poder en el ámbito municipal. Pero se trata sólo de un primer paso. Lo que sigue es lo que en verdad cuenta: que alcaldes y concejales sean consecuentes con las obligaciones morales que aquél les plantea, ya que de lo contrario los "Diez principios éticos" no serán más que un listado de buenas intenciones, cuya finalidad no será otra que la de encubrir con un halo de moralidad prácticas y vicios contrarios al bien común y al interés de los ciudadanos. A todos los salvadoreños nos conviene una buena gestión municipal; en consecuencia, todos debemos estar atentos a aquellas prácticas y comportamientos de los funcionarios municipales que impiden que eche raíces un buen gobierno local.

POLÍTICA

    A nueve meses de que la Asamblea Legislativa eligió como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) al abogado Belisario Artiga, y tras el curso que se ha seguido en la resolución de sonados casos de violación de la Ley —como el del espionaje telefónico, el crimen de la niña Katya Miranda, el asesinato de los padres jesuitas de la UCA, entre otros—, la ciudadanía todavía está a la espera de que se haga valer la "defensa de los intereses del Estado y de la sociedad" que corresponde al Ministerio Público. Entre tanto, las redes de criminalidad no sólo común sino también organizada se adhieren más y más a la vivencia diaria de la población y la impunidad trepa sin cesar por cualquier recodo del aparato estatal. ¿Qué pasó con los compromisos que adquirió Artiga cuando se le concedió el honor de comandar el trabajo de una de las instituciones más importantes del país?

ECONOMÍA

    El Presupuesto General de la Nación puede convertirse en un medio para que el gobierno logre sus metas de política económica, social y hasta ambiental. Teniendo una definición clara de los objetivos que se persiguen, resulta clara la forma en que debe distribuirse el presupuesto: para el desarrollo social, para apoyo al desarrollo económico de sectores estratégicos y/o recursos para la seguridad pública, por ejemplo. Sin embargo, al examinar el alcance de la propuesta de anteproyecto del presupuesto de 2001 presentada hace pocas semanas, queda claro que éste ha privilegiado el incremento en el gasto social. Este detalle, aunque digno de señalar, se ve opacado por el hecho de que el Estado no ha adaptado su presupuesto a las exigencias de la actual situación de lento crecimiento, misma que exige una reorientación económica en la que el Estado debe jugar un importante papel.

SOCIEDAD

    Al otro lado del mundo, en Praga, capital de la República Checa, los más altos representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) se reúnen para compartir sus visiones particulares y sus “éxitos” en materia de lucha contra pobreza, desarrollo social y cooperación internacional. Mientras tanto, El Salvador resiente los efectos negativos que un lustro de apego a los dictámenes de estas y otras instituciones financieras le han dejado a su población más vulnerable. En su último informe anual sobre el estado de los compromisos adquiridos por nuestro país —y por otras 117 naciones de todo el mundo—, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995), la institución de verificación mundial Control Ciudadano le da una calificación mediocre al trabajo realizado por las administraciones del partido ARENA, desde esa fecha. Evidentemente, el país no ha podido salir de la sombra de rezago que en materia social le ha caracterizado durante décadas. Por ello, se vuelve obligatoria una revisión de lo que a cinco años de la Cumbre de Copenhague se ha hecho y se ha dejado de hacer a favor del desarrollo sostenible e igualitario de la población.

DERECHOS HUMANOS

    Pese a que el estado salvadoreño ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) el 27 de abril de 1990, tras diez años transcurridos desde entonces los casos de violencia contra la niñez continúan en aumento sin que hasta el momento pueda apreciarse que las autoridades del país investiguen y sancionen ejemplarmente a sus responsables. Y es que la impunidad en El Salvador ha sido una constante que prevalece con normalidad cuando ocurre algún hecho delictivo, sobre todo en aquellos donde aparecen involucrados funcionarios civiles o militares, o personas con cierto tipo de poder e influencia.

    El compromiso adquirido por el gobierno al ser parte de la citada Convención supone un cambio de enfoque en la atención a niñas, niños y jóvenes a quienes se debe comenzar a ver y tratar como sujetos de derecho. La creación de entidades como la Secretaría Nacional de la Familia (SNF) y el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), así como la aprobación del Código de Familia, de la Ley del Menor Infractor y de otras normas específicas para garantizar una vida con dignidad para esta población, son pasos positivos. De eso no hay duda. Sin embargo, por lo regular se convierten en letra muerta o en intentos fallidos.

    Por otro lado, con el mencionado documento se busca asegurar que se den todas las condiciones necesarias para el buen desarrollo de lo ahí reconocido y dispuesto en favor de niñas, niños y jóvenes. Cabe señalar que dichas condiciones se encuentran determinadas en nuestra Constitución. No obstante ese recurso externo y el mandato fundamental en lo interno, las violaciones y la explotación de todo tipo junto al maltrato físico y psicológico, la explotación laboral y sexual, así como la falta de acceso a la salud, educación y justicia siguen siendo las principales tragedias para este sector tan vulnerable.

    Y es que en nuestro país, en su mayoría, tanto las niñas y los niños como las y los adolescentes, lejos de convertirse en sujetos de derecho se han transformado progresivamente en víctimas principales de la violencia y la injusticia. Muchos hechos son cometidos por los mismos familiares o “gente de confianza”. Basta con traer a la memoria el caso de Katya Natalia Miranda Jiménez, quien fue violada y asesinada el cuatro de abril del año pasado mientras vacacionaba con su familia; o el de la niña violada de manera continua, quien señala a un ex diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como responsable impune y padre de la criatura que nació como resultado de esa traumática experiencia; o el de la niña de doce años que fue abusada por su padrastro con el consentimiento de su mamá y ahora tiene un hijo producto de esa agresión; o el de los hermanitos López Hidalgo, lapidados en El Paisnal; o el de Wendy Magali Pineda, cuyo cadáver fue arrojado a un pozo por su asesino.

    A los anteriores se pueden agregar una infinidad de casos similares que revelan pequeñas víctimas sin rostro y sin publicidad, para interpelar a una sociedad como la nuestra: cada vez menos humana. Es cierto que la indefensión e irrespeto a la niñez no es exclusiva de las naciones pobres o —como les llamaban— “sub desarrolladas”, dado que hasta en los países donde la mayoría de la población vive en condiciones cualitativamente superiores existen graves riesgos para niñas, niños y jóvenes. A través de los medios nos enteramos de serios problemas de abuso infantil, pedofilia y prostitución que se dan en países del “primer mundo”.

    No obstante censurar esas situaciones que se producen en otras tierras por lo que tienen de aberrantes, no aceptamos que de esa manera se pretenda frenar a quienes en El Salvador intentan transformar esa realidad tan negativa que afecta a nuestra niñez y —peor aún— se intente sumir en la frustración, la resignación y la impotencia a las víctimas. “Mal de muchos” —dicen—, “consuelo de tontos”. Pero eso no debe ser así.

    Es preciso seguir denunciando que en nuestro país se explota a la infancia cuando niñas, niños y adolescentes trabajan en condiciones de inseguridad y no cuentan con prestaciones sociales de ninguna especie; cuando ganan menos del salario mínimo y se contratan informalmente, pese a estar prohibido por la ley. El artículo 38 constitucional, en su inciso diez, establece que “los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo”. Obligarles a trabajar en esas o en peores condiciones para que aporten “algo” o quizás “todo” a sus hogares, impidiéndoles estudiar y recrearse, es un grave abuso. Impedir a las y los infantes vivir y desenvolverse de acuerdo a su edad también es un atropello, el cual se vuelve más grave si se considera que esta población suma 2,603,800 personas; eso representa el 42.3% del total de habitantes, según estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC).

    Lamentablemente, su fragilidad se acentúa cuando —además de esas ocupaciones “honradas”— también se obliga a muchas niñas, niños y adolescentes a trabajar sexualmente, incluso hasta fuera del país. Un documento de Defensa de los Niños Internacional (DNI) reveló que en diciembre de 1996, investigadores policiacos en Guatemala declararon que existían más de 2,000 mil infantes y adolescentes en unos 600 bares y casas de citas clandestinas que operan en la capital. De ese gran total, cerca de 1,200 son de nacionalidad salvadoreña, 500 hondureña y nicaragüense; el resto, de origen guatemalteco.

    En ese vecino país, la situación migratoria de la mayoría de niñas prostituidas de nacionalidad salvadoreña, nicaragüense y hondureña es irregular al no haberse cumplido los requisitos que manda la Ley de Migración para autorizar su ingreso. Las niñas que han sido interrogadas sobre la manera que llegaron a Guatemala, informan que fueron contactadas en sus países de origen por personas que les ofrecieron trabajo y las trajeron directamente a un prostíbulo. Las causas de la prostitución infantil son varias, pero en la mayoría de los casos tienen que ver con abusos cometidos por los mismos familiares en reiteradas ocasiones. Así se provoca que las niñas y los niños agredidos se cansen de los constantes vejámenes y busquen mejor suerte en otros lugares; en ese marco, adultos inescrupulosos empiezan a explotar sexualmente a niñas y niños. En otros casos, los mismos padres envían a sus hijas a prostituirse para que lleven dinero a sus casas.

    Pero no se puede ni debe reducir el tema de las violaciones a los derechos de la niñez sólo a esas perversiones y a los malos tratos; caer en eso puede ser inapropiado y peligroso. Es importante, también, señalar las transgresiones que el mismo Estado —a través de sus diversas entidades públicas— comete. Debería ser conocido por todas las personas que en los cuatro primeros artículos de la Constitución se reconocen los derechos y garantías fundamentales de la persona humana; de igual forma, deberíamos estar enterados que los artículos 33, 34, 35 y 36 de la misma —referidos a los derechos de la familia— determinan el tipo de relaciones que deben existir entre padres e hijos, así como las obligaciones de las instituciones gubernamentales hacia la niñez y adolescencia.

    “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado”; “La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia”; “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la educación y asistencia” son algunos de los postulados que ahí encontramos. Al leerlos nos damos cuenta que la niñez y la adolescencia en nuestro país cuentan con normas que protegen sus derechos, pero al voltear la vista hacia la realidad, descubrimos que los mecanismos para hacerlas valer —por las razones que sean— no funcionan.

    Para muestra un botón: durante las últimas semanas, ya son más de treinta niñas y niños muertos a causa de dengue hemorrágico y centenares más padecen la mortal enfermedad. El gobierno tuvo que esperar que falleciera un significativo número de infantes para decretar emergencia nacional y aceptar la ayuda solidaria, valiosa y desinteresada de Cuba para tratar la enfermedad. Es de lamentar que en nuestro país no existan políticas que garanticen la salud de toda la población, cuando por norma constitucional es una obligación estatal. La negligencia de las autoridades ante este problema raya en la desfachatez impune, cuando ahora pretenden echarle la culpa a la ciudadanía. Otra de las grandes deficiencias del Estado salvadoreño en esta materia puede ubicarse en la falta de difusión y capacitación hacia la población adulta sobre sus deberes y a la juventud y niñez sobre sus derechos.

    En su conjunto, el escenario anterior ha propiciado el surgimiento de organizaciones sociales que investigan la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, las cuales se preocupan, además, por realizar campañas de sensibilización y capacitaciones sobre las normas constitucionales y los tratados o convenciones, cuya vigencia todavía es una aspiración no cumplida.

    En esa línea, un estudio realizado por la Fundación Olof Palme reveló que los principales tipos de maltrato contra la niñez y la adolescencia son: la agresión física por parte de la madre y el padre; la negligencia de los adultos, que se concreta en el descuido y la falta de atención; el daño emocional y psicológico producido mediante burlas, insultos, rechazos, privaciones de afecto y chantaje con el cariño. En la encuesta que realizó la Fundación para esta investigación, aparece que el 56.9% de los adultos justifica el castigo físico para “corregir” o “educar” y un 9.3% opina que es por tradición familiar. Sin duda, la “tradición” de castigar con rudeza a nuestras niñas y niños “porque los queremos” debe ser erradicada de una vez por todas, para que los ciclos de violencia no se sigan reproduciendo de generación en generación. Por de pronto, continúa siendo común escuchar de los adultos frases como la siguiente: “Los corrijo así, porque a mí así me corrigieron”.

    En el documento de la Fundación también se revelan los siguientes indicadores en cuanto al tipo de maltrato que se aplica a la niñez: el 87.12% de la niñez sufre maltrato físico; el 81.22%, emocional; el 68.87%, por negligencia; el 38.99%, por su género; y el 22% es víctima de maltrato sexual.

    Cabe finalizar este comentario, trayendo a cuenta de nuevo el caso de Katya Natalia, el cual permanece como uno de los más importantes retos que tiene ante sí la justicia salvadoreña; de su solución efectiva depende mucho la confianza de la población en el sistema. Esta menor víctima se ha convertido en un gran símbolo para la gente y un incómodo dedo acusador para las autoridades. En la audiencia preliminar a celebrarse el próximo martes 10 de octubre, la jueza de instrucción de San Luis Talpa deberá mostrarle a la población de nuestro país —tan golpeada por la violencia, el fraude y la impunidad— que es posible tener esperanza en la justicia y que, por ende, es posible aspirar a vivir en un país donde se respeten los derechos de las niñas y los niños. De poco o nada servirán los esfuerzos de la gente y de sus organizaciones para exigir la vigencia de las leyes o toda la publicidad oficial dirigida a convencernos de que vivimos en paz, si los mecanismos estatales siguen sin funcionar o funcionan deficientemente.

    De continuar sumergida y hundiéndose más en este ambiente saturado de violencia contra la niñez, la sociedad salvadoreña verá aparecer más Katyas abusadas y muertas. Junto a ellas, irán muriendo las pocas posibilidades que aún nos quedan para transformar de manera positiva una realidad tan peligrosa como la actual. Para salvar al país, se necesita que —de manera urgente— cada vez seamos más quienes sintamos, pensemos y hablemos como la valiente madre de esta menor. Hilda María Jiménez dijo, recientemente, estas palabras: “Quiero que el símbolo de Katya, su carita, represente un ¡NO MÁS!. ¡NO MÁS! a la violencia sexual, moral, psicológica y de ninguna clase contra ningún niño y ninguna niña. Eso significa para mí. El rostro de Marcela, su hermanita, nos dice: Yo estoy aquí, sigo existiendo, sigo viviendo y por favor ámenme respetándome, respetando mi dignidad como niña, como ser humano que soy”.
 
 
 

NOTICIAS

VISITA. La Vicepresidenta de la República de China en Taiwan, Annete Hsiu-lien Lu, arribó el pasado 24.09 al país para una visita oficial de tres días. La funcionaria, quien se hace acompañar por una comitiva de 65 personas, entre miembros del gabinete, mujeres líderes y personalidades de los sectores cultural, científico y tecnologico de Taiwan, tiene como objetivo estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones. La gira continuará por Honduras, Belice y Guatemala, hasta el próximo 1 de octubre. Durante su estadía en El Salvador, la Vicepresidenta se reunirá con el Presidente Francisco Flores y la Primera Dama, Lourdes de Flores; el Vicepresidente, Carlos Quintanilla; el alcalde capitalino, Héctor Silva; y el Arzobispo de San Salvador, Fernando Saenz Lacalle. Annete Lu, más que ofrecer donativos a El Salvador, se comprometió a intercambiar experiencia política en el fortalecimiento de la democracia. "Somos amigos no por interés, sino por amistad incondicional", comentó. Asimismo, en la reunión que sostuvo con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Oscar Santamaría, la Vicepresideta, Annete Hsiu-lien Lu, expresó el deseo de Taiwan de ser un socio extraregional del SICA para tomar un modelo integracionista y aplicarlo en la región norte del oeste de Asia. Por su parte, Santamaría celebró el acecamiento chino: "Lo queremos ahora como un socio en grande para poder llevar adelante el proceso integracionista". El gobierno aprovechó la ocasión para invitar a Taiwan a que aumente su inversión en el país (EDH, 24.09.00, p.8; 26.09.00, p.4; EM, 25.09.00, p.7; LPG, 26.09.00, p.16).

TEXTILES. El Consejo Centroamericano y del Caribe de Textiles y de Confección, que representa a los 24 países beneficiados por la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), se encuentra reunido en Miami para llegar a un acuerdo que demuestre a Estados Unidos la capacidad de estos países de manejar las cuotas de exportación que les corresponde a cada uno. Hace dos meses, los países beneficiados se repartieron voluntariamente la cuota de 250 millones de metros cuadrados de tela regional que entrará a Estados Unidos, a partir del 1 de octubre, libre de aranceles. En el reparto, Honduras quedó en el primer lugar, con el 25.9% de la cuota, mientras que El Salvador, con el 21.39%, se ubicó en el segundo puesto. Sin embargo, la aduana estadounidense no ha avalado el reparto debido a la falta de tiempo que permita administrar la cuota individual de cada país. Desde que se dio el reparto, Estados Unidos ha asumido la lógica de "el que llegue primero" de los exportadores. No obstante, las naciones beneficiadas, mediante "el pacto de caballeros" pretenden llegar con la cantidad que le corresponde a cada una por acuerdo mutuo. En ese sentido, Alex Soriano, de la Fundación de Apoyo a la Exportación Textil y de la Confección (Fundatex), afirmó que los 24 países buscan el aval estadounidense del mecanismo adoptado voluntariamente. Violar el mecanismo significaría poner en riego las exportaciones propias. La ampliación de la ICC fue aprobada por el Senado de Estados Unidos en mayo pasado y luego ratificada por el presidente Bill Clinton (EDH, 25.09.00, p.27; 26.09.00, p.23)

ANTEPROYECTO. El 30.09 debe ser entregado el anteproyecto del Presupuesto General del año 2001 a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Sin embargo, la misma Asamblea ha retrasado la aprobación del monto que le compete, razón por la que dicho documento aún no ha sido terminado. Los parlamentarios se dieron el lujo de aprobar la solicitud de su propio presupuesto hasta dos días antes de la entrega del anteproyecto al mismo Parlamento. En ese sentido, el Ministro de Hacienda, José Luis Trugueros, afirmó que si los diputados no se ponen de acuerdo en el pleno legislativo del 28.09, el Ministerio que representa entregará el anteproyecto el 29.09. "Nos falta agregar el presupuesto del Legislativo, por lo que si éste no se aprueba para antes del viernes, le asignaremos un monto con base a estimaciones", declaró Trigueros. La Asamblea estaría considerando solicitar 36 millones de colones en aumento a su presupuesto, con respecto al que está en ejecución actual. El Ministro de Hacienda recalcó que los refuerzos presupuestarios mayores serán concedidos a las carteras de Educación y Salud. Asimismo, el presidente Francisco Flores ya revisó el anteproyecto del Presupuesto que comprende un gasto de 18,537.8 millones de colones; es decir, un incremento del 6% aproximadamente con respecto al presupuesto del 2000. La analista Sandra de Barraza considera que "el incremento propuesto no es algo que asuste, en términos cuantitativos", por lo que califica al presupuesto de bastante conservador (LPG, 12.09.00, p.2b; EDH, 25.09.00, p.24).