El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 923
Octubre 18, 2000
ISSN 0259-9864
 

ÍNDICE

Editorial El Salvador es muy peligroso
Política ¿Estado versus mercado?
Economía Déficit fiscal y problemas tributarios
Sociedad ¿Una opción consciente?
Internacional América Latina: las incertidumbres de la consolidación democrática
Comentario De causas y responsabilidades
Documento Sinopsis del Estado de la Región - Valoración general
 
 
 

EDITORIAL

    La intoxicación masiva con alcohol envenenado viene a constatar cómo el Estado salvadoreño no puede ya proteger a sus ciudadanos. De nuevo, el ciudadano también consumidor se encuentra desprotegido frente a un capitalismo voraz e inescrupuloso y, por lo tanto, inmoral. Esta vez se trata de los que fabrican y distribuyen alcohol envenenado. Su ambición e inmoralidad han causado víctimas fatales por intoxicación en todo el país y en una cantidad mucho mayor que el dengue hemorrágico. Sin embargo, estas muertes no han sido tomadas en serio, sin duda, porque se trata de alcohólicos consuetudinarios, por un lado, y por el otro, de personas mayores y marginadas por una sociedad muy desigual y, además, cruel e inhumana.

    El gobierno de Flores, responsable de la salud pública de los salvadoreños, no se ha dado por aludido. El Ministerio de Salud no controla la fabricación, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, en particular de esta clase de alcohol, que es de alto riesgo. Ni este ministerio ni el de economía ejercen control alguno sobre la calidad de lo que se distribuye y se consume. Una vez producida la intoxicación masiva, ni siquiera han podido identificar la fuente del veneno mortal y, en consecuencia, las muertes se extienden con rapidez por todo el país. Ni la policía ni el ministerio público han podido identificar a los responsables de este envenenamiento masivo; sólo han capturado a dos expendedoras que compraron el alcohol sin saber lo que adquirían, ni lo que vendían a sus clientes. El Salvador es un país peligroso para propios y extraños por su elevado nivel de violencia, por epidemias, como el dengue hemorrágico, por los secuestros, por la intoxicación y, en una palabra, por la incapacidad manifiesta del Estado para garantizar la salud y el bienestar de sus ciudadanos.

    Casi se puede adelantar que será prácticamente imposible identificar a los responsables de la muerte de las más de cien personas que ingirieron alcohol envenenado. Porque además de la inseguridad por la falta del debido control por parte del gobierno, existe impunidad, avalada no sólo por el Organo Judicial, sino por los otros dos Organos del Estado, los cuales no se atreven a investigar, a pedir cuentas y a administrar justicia. Una de las fuentes de inseguridad jurídica se encuentra en la misma Corte Suprema de Justicia y en la estructura judicial que depende de ella.

    Mientras el Fiscal General de la República y los diputados encontraron la solución ideal de quienes todavía siguen pensando que gobernar es legislar y aprobaron una ley seca temporal, y los voceros de la policía siguen lanzando hipótesis sin fundamento sobre el envenenamiento, tal como es ya su costumbre, el presidente Flores responsabiliza a una legislación inadecuada y al vicio invencible de los alcohólicos consuetudinarios. En realidad, lo que urge es identificar la fuente que distribuye el alcohol envenenado, pero eso implica investigación e identificación de responsables, que es lo que este gobierno se niega a hacer, lo mismo en el ámbito de los derechos humanos que en otros ámbitos de la vida nacional.

    Desde 1996, según la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros, empresas y personas venden alcohol sin control alguno por parte de las autoridades. Es así como lo mismo producen y distribuyen alcohol etílico (para consumo humano) como otras combinaciones prohibidas, envasadas en recipientes no aptos para el consumo humano y mostrando una información falsa sobre sus componentes y proporciones. Estos productos no controlados, ni autorizados se venden, además, en lugares que tampoco están autorizados, ni son controlados por las autoridades de salud, a las cuales les corresponde por ley llevar a cabo estas tareas. Pero eso no es todo, la venta de estos productos tampoco paga impuestos, suponiéndole al Ministerio de Hacienda una evasión que puede sumar con facilidad varios centenares de millones de colones. El alcohol metílico o metanol, el veneno aparentemente causante de la intoxicación, debe ser importado a la región centroamericana, pero esta operación tampoco es controlada por las autoridades respectivas. Así pues, este desorden y este libertinaje, de los cuales el primer responsable es el gobierno, son los que han abierto la puerta para la intoxicación masiva.

    No es, pues, completamente cierto que la ley actual sea inadecuada, argumento con el cual el presidente Flores intenta justificar la irresponsabilidad de su gobierno. Y, supongamos que así fuera, las autoridades de salud, que dependen directamente de su despacho, han tenido tiempo de sobra para pedir una reforma oportuna sin tener que esperar a una intoxicación masiva. No es la ley la que es insuficiente, sino el gobierno el que no ha cumplido con sus obligaciones, cayendo por ello en la ilegalidad. Cuando la ley que rige las bebidas alcohólicas fue promulgada en 1996, dio al gobierno tres meses para emitir el reglamento que le daría vida, pero éste no lo hizo, como tampoco lo ha hecho con otras leyes, las cuales no son aplicables por carecer del reglamento respectivo. Las razones que da el presidente Flores de este vacío reglamentario son inaceptables. Si el proyecto de reglamento entraba en contradicción con otras leyes secundarias, lo que correspondía era armonizar la legislación y no renunciar a reglamentar esta actividad. Las consecuencias de semejante descuido e irresponsabilidad están a la vista. De todas maneras, lo que importa es la aplicación de la ley, el control estatal y la garantía de la salud pública y esto es lo que los sucesivos gobiernos de ARENA no han podido llevar a cabo. Y tan no lo han podido hacer que al producirse una crisis como la actual, todavía no han podido identificar la fuente desde la cual se distribuye un veneno tan mortal.

    Trasladar la responsabilidad al vicio de las personas envenenadas y fallecidas revela muy poca calidad humana y ningún sentimiento cristiano de respeto a la vida de las otras personas. Sin duda alguna, las personas que han ingerido esa bebida alcohólica envenenada padecen de un vicio degradante, pero eso no justifica que puedan ser envenenadas impunemente. Beben un alcohol tan mala calidad y, por ende, dañino para su salud porque la sociedad los ha marginado de tal manera que no tienen con qué comprar un alcohol garantizado. Los alcohólicos ricos llevan una vida igualmente degradada, pero no corren el riesgo de morir envenenados con metanol. Pero es que, además, un Estado que de verdad tenga en el centro de sus preocupaciones a la persona humana se preocuparía por ayudar a los alcohólicos a salir del vicio, a través de programas especializados, y para aquellos que no lo pueden dejar, ofrecería garantías mínimas. Sin duda, esto es mucho pedir a un Estado que no sólo margina, empobrece y envilece, sino que no le importa mucho que las personas así tratadas sean envenenadas de manera impune. No es ley seca lo que El Salvador necesita, sino Estado y gobierno responsables de la vida de los ciudadanos.

POLÍTICA

    Hasta hace poco, el dogma de las bondades del mercado y lo pernicioso del Estado, que constituye lo más relevante de los discursos de los principales líderes de la derecha nacional, era un tema vedado a la discusión pública. Los gobiernos que sucedieron a la firma de los Acuerdos de Paz se dedicaron, en buena parte bajo el auspicio de los organismos internacionales —FMI y Banco Mundial—, a la privatización de los bienes públicos y a una campaña de desprestigio de los que aún abogaban por una transformación del aparato estatal que no menoscabara su función de garante del bienestar de la población. Esta coyuntura impidió también que cobrara relevancia la denuncia en contra de unas privatizaciones poco transparentes. Así, el país inició su proceso de apertura a los mercados, con un monopolio privado y la poca convicción de la identidad de sus instituciones. En este contexto, no sólo no se pudo establecer una clara diferencia entre los intereses estatales y los de los grupos dirigentes, sino que también el Estado no se pudo dotar de un marco regulatorio para un control eficaz de la actividad privada en el mercado. Ahora, vemos las consecuencias de ese proceso descontrolado que, indudablemente, sacudió la estabilidad económica de muchas familias de El Salvador.

ECONOMÍA

    Los déficit fiscal y de la balanza comercial han sido los dos desequilibrios macroeconómicos más largos durante las dos últimas décadas. Mientras resulta evidente que los precios al consumidor se han estabilizado, y con ello se han reducido las tasas de inflación, no pasa lo mismo con los déficit fiscal y comercial. De no ser por las remesas familiares y, en menor medida, por los empréstitos internacionales, no cabe la menor duda de que la economía salvadoreña tendría muy poca viabilidad en un contexto como el actual. Además, los empréstitos internacionales son una fuente de recursos adicionales para el gobierno que, en un contexto de incremento del déficit fiscal, le resultan esenciales para financiar el gasto público. El problema es que, al amparo de los flujos externos de recursos, éste no se ha visto presionado a adoptar políticas de reducción de la dependencia externa y de incremento de la carga tributaria. Sin embargo, los recursos externos no estarán disponibles siempre, por lo cual se hace cada vez más urgente la necesidad de iniciar medidas para estimular la producción y empleo en sectores generadores de exportaciones, así como para inicar una "reforma de la reforma tributaria" que pretenda incrementar la carga tributaria del sector empresarial para combatir el déficit fiscal.

SOCIEDAD

    Hace dos semanas, cuando los medios informativos comenzaron a cubrir el fenómeno de las intoxicaciones por alcohol adulterado en San Vicente, casi nadie pensó que las muertes registradas —que ya llegan a 127— eran algo más que la consecuencia malograda del consumo deliberado y excesivo de licor, tan común en nuestro país. Siempre ha existido un rechazo automático, una especie de reacción social de condena frente a aquellos que, conscientemente, caen presa de algún vicio. Y por lo general, esa reacción de condena va seguida por cierta dosis de indiferencia hacia el tratamiento médico y la rehabilitación del afectado. Lógicamente, este es un ejemplo extremo de las consecuencias a las que se puede llegar frente a la excesiva discrecionalidad con la que operan muchas de las empresas instaladas en nuestro país. En un país donde la libertad de empresa es sinónimo muchas veces de engaño y estafa, el grado de conciencia que necesita la población tanto para dañar el propio organismo como para procurar su salud, se ve reducido al mínimo. Desde esta premisa es que se debe empezar a dilucidar donde recae la responsabilidad de las intoxicaciones, una nueva emergencia que se suma a nuestra atribulada coyuntura.

INTERNACIONAL

    Latinoamérica vive una etapa muy particular de su historia. En medio de procesos inacabados de transición democrática, la consolidación de sociedades que se puedan nombrar a sí mismas como “democráticas” se pone permanentemente en duda. Sólo unos pocos países latinoamericanos han logrado un ensamble bastante exitoso entre ambas situaciones (transición y consolidación). Además, la transición-consolidación democrática ha permitido el renacimiento de la sociedad civil, pero ese renacimiento plantea problemas inéditos a los gobiernos, pues sus demandas suelen exceder la capacidad de las instituciones para darles respuesta. Finalmente, pese a la transición-consolidación democrática, perviven en las sociedades latinoamericanas valores políticos contrarios a la democracia, es decir, valores autoritarios, herencia de los regímenes militares que tiene que ser suplantada por unos valores democráticos apenas incipientes en la conciencia colectiva. En este análisis se revisa brevemente este abanico de problemas y retos que mueven día a día la vida de la región.

COMENTARIO

    Está muy de moda en los últimos días señalar que las causas de los diferentes problemas sociales no son responsabilidad de un solo sector, lo cual es un avance puesto que era usual en décadas pasadas mencionar, por ejemplo, que la organización y lucha de los campesinos de los obreros o de los estudiantes era producto de la injerencia soviético-cubana, o que la guerra no concluía en un triunfo del movimiento insurgente por la injerencia de los norteamericanos. Al ver en retrospectiva ambas afirmaciones, muy de moda en los años ochenta, nos es fácil concluir que eran reduccionistas y que carecían de este enfoque pluricausal que hoy ésta en boga. Sin embargo, este enfoque no debe servir para que el sector o institución que las formule se exonere de la parte de responsabilidad que le corresponde y del tipo de acción que, además de responsable, trascienda la esfera reactiva con que ya es muy usual en nuestro país enfrentar los problemas. Joaquín Aguilar, colaborador para Proceso del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, da un vistazo breve a las principales problemáticas que padece El Salvador para deducir con un mínimo de claridad estas responsabilidades.

DOCUMENTO

Presentamos a continuación la "Valoración general" que aparece en el capítulo 1 —"Sinopsis del Estado de la Región"— del documento Estado de la Región en desarrollo humano sostenible - Resumen, publicado en 1999, bajo la responsabilidad del Proyecto Estado de la Región.

    Por primera vez en treinta años, la región experimentó, en general, una década positiva. En efecto, Centroamérica está en 1999 en una mejor situación económica, social y política que en 1990, gracias a sus esfuerzos para lograr la estabilidad política, social y económica, y completar las transiciones democráticas. No puede minimizarse la importancia de terminar con décadas de autoritarismo y conflictos armados y de retomar la senda del crecimiento económico. Centroamérica ha sido, en años recientes, la única región en el mundo capaz de resolver pacíficamente guerras civiles de larga data, mediante una combinación de acciones regionales y nacionales no derivadas de la intervención de fuerzas políticas y militares internacionales. Hoy, ningún grupo social o político justifica la desigualdad social en nombre de la estabilidad política y la seguridad nacional.

    Una parte importante de los avances en la presente década se erige sobre la Cumbre de Presidentes de Esquipulas II, que en 1987 estableció un programa para pacificar y democratizar la región. Aunque tardó casi diez años en completarse, Esquipulas II fue un esfuerzo cuya principal lección fue demostrar que, en asuntos estratégicos, Centroamérica puede existir como región. Su visión de paz ayudó a las transiciones democráticas en los países, estimuló el comercio regional interrumpido por las guerras y propició el surgimiento de una nueva ronda de integración regional, como medio para impulsar el desarrollo humano.

    El ímpetu de esta nueva ronda de integración regional es sólo comparable al de tres décadas atrás, que había sido liquidado por las guerras. A diferencia de la ronda anterior, la presente se basa en una nueva estrategia contenida en ALIDES, e incluye nuevos países como Belice y Panamá, nuevos temas sociales, ambientales y políticos, y nuevas instituciones. Sin embargo, la integración es un proceso que enfrenta desafíos y muestra debilidades importantes, aún con una mayor participación de la sociedad civil. Coexisten diversas visiones sobre la región y el tipo de integración posible y necesaria. En contraste con la austeridad de Esquipulas II, existe una inflación de acuerdos regionales, con una capacidad y voluntad para ejecutarlos apenas en construcción y un divorcio entre las agendas gubernamentales y las de diversos grupos sociales y económicos. Además, la nueva ronda surge en época de posguerra, con gobiernos y sociedades obligados a resolver agudos problemas sociales y políticos. Es una integración presionada no sólo por la necesidad de mostrar resultados tangibles, sino por el imperativo de mantener su prioridad frente a los desafíos nacionales.

    Logros económicos y políticos son precarios y, en materia de equidad social y sostenibilidad ambiental, negativos para la región, aunque no necesariamente para todos los países. Centroamérica está desgarrada por fracturas regionales en su desarrollo humano pues existen:

• Brechas en logros del desarrollo humano entre países, en el istmo coexisten dos (o tres sí se incluye a Belice) países líderes de América Latina y cuatro que ocupan varios de los últimos lugares en el hemisferio.
• Brechas territoriales internas en todos los países. A la par de enclaves modernos en capitales y ciudades principales, yacen vastas zonas pobres y de baja productividad, usualmente las zonas rurales y las fronterizas.
• Múltiples y amplias brechas entre grupos sociales; entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre indígenas, afrocaribeños y no indígenas, por ejemplo. Estas brechas de equidad han generado una extensa pobreza y han excluido a las mayorías del acceso a servicios sociales y a los beneficios del desarrollo.
• Brechas en el desempeño económico, políticas y marcos jurídicos entre los países, que afectan los climas de negocios en la región. Además, países como El Salvador y Nicaragua, afectados por la guerra, apenas recuperan hoy el PIB que tenían hace veinte y treinta años, respectivamente (MIDEPLAN, 1998).
• Una desarticulación física y cultural de la zona atlántica centroamericana, la de mayor extensión y riqueza biológica, con respecto a la zona pacífica, donde reside la mayor parte de la población. Por razones históricas aún no superadas, Centroamérica no ha aprovechado su vocación ístmica ni su posición caribeña, con la excepción de Panamá y, en mucho menor escala, Belice.
• Una fragilidad y vulnerabilidad social y ambiental de las sociedades centroamericanas. Las principales ciudades e infraestructura física y económica están en zonas de alto riesgo y la pobreza rural más severa se concentra en zonas críticas para el abastecimiento de agua y la preservación de la biodiversidad regional.

    En efecto, el istmo centroamericano comprende siete países, diez fronteras políticas y casi 35 millones de habitantes. En una extensión de 533,000 km2 se asientan sociedades multiculturales y multilingues, que albergan grupos indígenas, afrocaribeños, mestizos y blancos. Es con esta diversidad, y no a pesar de ella, que el desafío de una comunidad pluralista podrá, finalmente, honrar la promesa del ¡Nunca más! de Esquipulas.