El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 925
Noviembre 1, 2000
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial Los falsos temores de la derecha
Sociedad Desmovilizados: historia de manipulación y desarraigo
Económica Nueva polémica en torno a CEL
Regional Crisis político-institucional en Honduras
Comunicaciones Las imágenes hicieron alguna diferencia
Derechos Humanos Imaginando y construyendo un mundo mejor
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    El derecho y la democracia han sido parte importante del discurso de la derecha desde hace mucho tiempo, pero el juicio de los dos ex generales en Miami y la posibilidad de abrir el caso de los jesuitas han puesto en entredicho el alcance real de ambos. El simple anuncio del Fiscal General de dar curso a la petición de la UCA desató las furiosas fuerzas de la derecha, que mostró así su naturaleza antidemocrática. La acción judicial de la UCA se le presenta como amenaza inusitada. Es interesante observar cómo la mera posibilidad de reclamar un derecho, en este caso, el derecho a una justicia independiente, universal, confiable y accesible, ha despertado su ira. Esta derecha quisiera que nadie ejerciera sus derechos cuando éstos la perjudican. La UCA no está violando ninguna ley, ni está pidiendo ningún privilegio, ni siquiera desconoce la ley de amnistía, sino que, amparada en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual reconoce la existencia de excepciones a aquella ley, pide que su caso sea abierto para investigar a los autores intelectuales de la masacre ocurrida en su recinto. La reacción de la derecha es desproporcionada, más emotiva que racional, más subjetiva que objetiva, más motivada por ideologías y creencias que por evidencias. La derecha no puede distinguir entre una materia estrictamente judicial y sus opiniones.

    Además de desproporcionada, la reacción de la derecha es precipitada. No está claro aún cuál será el siguiente paso del proceso, porque el Fiscal General se apresta a cometer un nuevo error jurídico. Persiste en abrir el caso, pero, amparado en un decreto legislativo mal interpretado, presentará su nueva petición en el mismo Juzgado Cuarto de Instrucción, alegando que el decreto mencionado establece que los casos comenzados con los códigos derogados deben continuar con éste régimen hasta su conclusión. El caso de los jesuitas no es un caso no concluido. La primera parte, en la cual se investigó y juzgó a algunos de los autores materiales, está concluida y no admite reapertura. La segunda parte, la de los autores intelectuales, es completamente distinta y, por lo tanto, debe ser procesada de acuerdo al nuevo código. Es probable, sin embargo, que el Fiscal General cuente con que el juez de instrucción decida reabrir el caso y, entonces, la defensa tendría un argumento válido para reclamar la nulidad de lo actuado y dar por terminado el caso en los tribunales salvadoreños. La derecha no tiene, pues, que preocuparse tanto, al menos de momento, con un Fiscal General como el actual, preocupado por favorecer a los acusados. Al mismo tiempo que parece que avanza, entorpece la administración de la justicia; al mismo tiempo que promete ecuanimidad, protege a criminales y se olvida de las víctimas; mientras argumenta con buenas palabras y promete justicia, no puede sostener sus acusaciones ante los jueces. Las actuaciones de la Fiscalía General muestran que su director no es confiable para las víctimas y sus familiares.

    Aparentemente, la derecha estaría dispuesta a aceptar la segunda fase del caso de los jesuitas si al mismo tiempo se investigan algunos crímenes atribuidos al FMLN —lo cual comprueba lo poco que ha olvidado. Su defensa es atacar al FMLN, llevando así la discusión política al nivel de las partes enfrentadas en el conflicto, cuando aquí de lo que se trata es de víctimas inocentes, ajenas a los ejércitos que pelearon la guerra y negociaron su final. Pero la ley de amnistía imposibilita llevar ante los tribunales a los acusados de innumerables violaciones contra los derechos humanos, excepto a los funcionarios públicos que, mientras ocupaban el cargo, cometieron delito y luego se amnistiaron. Este es el caso del ex presidente Cristiani, su ex Ministro de Defensa y los ex oficiales del alto mando de la Fuerza Armada, acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de la UCA. Por eso es que este caso puede y debe ser llevado a los tribunales, donde jueces y magistrados decidirán si la excepción, cuya existencia ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, se cumple o no. De ahí que las opiniones del presidente Flores y de los políticos carezcan de relevancia. El tema es judicial y no político. Sus opiniones son políticas y contrarias al derecho salvadoreño e internacional. Aun cuando la ley de amnistía es una decisión política, no debiera haber olvidado la dimensión judicial y, en cuanto lo hace, sacrifica el derecho de las víctimas a los intereses de la política de las cúpulas.

    A diferencia de los ex funcionarios acusados en el caso de los jesuitas, los autores intelectuales y materiales de los crímenes atribuidos al FMLN gozan del beneficio de la amnistía. Si fuera posible acusarlos judicialmente, sería necesario identificar a los responsables y presentar pruebas que los vinculen con los hechos de los cuales se los acusa. Hasta ahora, la derecha ha demostrado que sólo tiene opiniones, basadas en su ideología de guerra contrainsurgente y en sus creencias. La derecha carece de pruebas válidas en un tribunal, porque nunca investigó. Si tuviera pruebas, ya hubiera encontrado la manera de presentar acusaciones en los tribunales contra los dirigentes del FMLN. Oculta su incapacidad diciendo que ha asumido su propio dolor, en un acto de supremo sacrificio, en aras de la reconciliación nacional, que ha perdonado y olvidado. Pero esto último es muy relativo como se puede constatar en las últimas campañas electorales y en la discusión legislativa cotidiana, en la cual la derecha no pierde ocasión para recriminar a la oposición por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra. De la ejecución sumaria de los alcaldes de oriente es de lo que más pruebas puede tener para sustentar una acusación judicial y eso porque sus autores hablaron ante la Comisión de la Verdad. Las pruebas, pues, se encuentran en el informe de dicha comisión, un informe que, por otro lado, es rechazado porque también incluye pruebas contra los militares responsables del asesinato de los jesuitas, de Mons. Romero y de muchos otros.

    Si la derecha persiste en acusar al FMLN, tiene una salida y es considerar los crímenes atribuidos a sus dirigentes como crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles y, en cuanto tales, no comprendidos por la ley de amnistía. Es decir, para acusar judicialmente a los dirigentes del FMLN de violaciones de los derechos humanos y exigir responsabilidades judiciales, primero habría que declarar nula la ley de amnistía. Es así como la derecha se encuentra atrapada en su propio laberinto. Si no es posible por ahora llevar ante los tribunales a los presuntos violadores de los derechos de otras personas, el discurso de la derecha, que anuncia catástrofes apocalípticas, está motivado por su propia impotencia y no tiene otro propósito que amenazar para atemorizar a la población e impedir que ésta emprenda acciones judiciales. La reacción de la derecha ha demostrado el límite de la independencia de poderes, la aversión a la justicia criminal y el límite del Estado de derecho. El derecho no es universal, la justicia es parcial y la paz es a costa del derecho y de la justicia.

SOCIEDAD

[Extracto]

    Hace poco más de dos años, un ex patrullero que participaba en una manifestación para demandar la ayuda del gobierno, murió cuando un descontrolado agente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC le disparó una bala de goma en el pecho casi a quemarropa. Este hecho puso nuevamente en evidencia, la lucha de este grupo ha estado marcada por numerosos tropiezos y mucha manipulación. De hecho, en los días previos a las elecciones presidenciales que colocaron a Francisco Flores en la silla presidencial, prácticamente se les incitó a votar por el partido gobernante a cambio de 10 millones de colones, otorgados en concepto de ayuda por los estragos de la tormenta tropical Mitch en sus terrenos. Poco tiempo después, este mismo grupo presenció esperanzado el surgimiento de un nuevo instituto político —el Partido de Acción Nacional (PAN)— liderado por el diputado independiente Horacio Ríos y que, supuestamente, les ofrecía el poder de decisión que jamás habían tenido a su favor. Ahora el diputado Ríos, recompensado con otro curul en la Asamblea Legislativa, ha sido expulsado del PAN tras acusársele de desconocer las reivindicaciones de los ex patrulleros.

ECONOMÍA

[Extracto]

    Los contratos mediante los cuáles se han asignado licitaciones de suministro de energía eléctrica han dado de que hablar desde que el caso "Nejapa Power" se hizo público. En este caso, el recién nombrado Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señalaba que las condiciones del contrato suscrito por la CEL y la empresa Nejapa Power colocaban al Estado en una situación tan desventajosa que significaría para CEL un costo adicional de 215 millones de colones anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Este espinoso tema ha se ha reavivado con las recientes declaraciones de funcionarios de CEL, según las cuales la venta de las generadoras térmicas de electricidad también se dio en condiciones inexplicablemente ventajosas para los compradores al grado que, al parecer, la CEL debe pagar inclusive por la energía no producida en las plantas de generación térmica recién privatizadas. Posteriormente, la CEL ha negado tajantemente esta situación mediante comunicados públicos, pero aun así vale la pena examinar más detalles de está polémica para poner en perspectiva el tema de la reforma del sector eléctrico y, en especial, las condiciones en que la CEL compra la electricidad a las empresas privadas.

REGIÓN

[Extracto]

    Los partidos políticos hondureños preparan sus candidatos para los comicios internos y generales del 3 de diciembre próximo y de noviembre del 2001, respectivamente. En ese contexto, la sociedad hondureña está atravesando una crisis política debido, en gran parte, a la pugna entre el oficial Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido Nacional (PN), principal fuerza opositora. El hecho más reciente que ha exacerbado los ánimos en las cúpulas de ambos partidos y en la sociedad civil en general ha sido la decisión del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) de posponer la inscripción del candidato presidencial por el PN, Ricardo Maduro Joest, por supuestas dudas respecto a su nacionalidad. Sin embargo, esta confrontación preelectoral —hasta cierto punto "normal" en las campañas—, es sólo una de las facetas de una crisis de mayor envergadura que trasciende el ámbito político-partidista y llega a una grave deficiencia institucional que pone en peligro la gobernabilidad, el impulso democratizador y el Estado de derecho en ese país centroamericano. Un análisis de los actores sociales y de las instituciones involucradas en la crisis permite ofrecer una solución basada en el ejercicio de la democracia incluyente.

COMUNICACIONES

    ¿Qué habría ocurrido si el domingo 27 de agosto los periódicos no hubieran mostrado la vergonzosa condición del diputado Francisco Merino después de su incidente con la policía? ¿Hasta dónde habrían llegado las autoridades si los noticieros de televisión no hubieran mostrado las imágenes y el audio del ex vicepresidente, quien apenas podía articular una palabra y sostenerse de pie? Si estuviéramos en otra época, cuando la oferta noticiosa era escasa, el hecho habría sido inmediatamente archivado. Sin embargo, las fotos y las imágenes del diputado pecenista abundaron. A pesar de la complicidad moral de sus compañeros de partido, se abrió la posibilidad —aunque sea remota— de que Merino fuera juzgado como cualquier otro criminal.

    ¿Cómo ha contribuido la prensa escrita a fortalecer la posibilidad de que la actuación de Merino no quede como otro caso más de impunidad? Lo ha hecho por medio de dos acciones: por un lado, gracias a la observación y la información sobre los hechos y, por el otro, por la fiscalización de las actuaciones del funcionario público. Esto contribuyó a generar la presión social que puso en cuestión la legitimidad del fuero en la situación específica del diputado Merino.

    En cuanto a observar e informar sobre el incidente, los dos matutinos salvadoreños publicaron cuantiosos datos para que la población lo conociera. Del 27 de agosto al 14 de septiembre, La Prensa Gráfica le dio un total de 15 páginas al hecho, ocurrido la madrugada del 26 de agosto. El Diario de Hoy, por su parte, le asignó 18 páginas en el mismo período. Este es un análisis de las primeras dos semanas de cobertura de los acontecimientos desde su divulgación hasta las iniciales diligencias de las autoridades.

    Los dos periódicos describieron cómo el diputado Merino, en estado de ebriedad, amenazó con una pistola al vigilante privado de una residencia en la colonia Escalón. Dieron a conocer la versión de una mujer que notificó a la Policía Nacional Civil (PNC) de este hecho. También informaron sobre la persecución policial del auto de Merino, el intercambio de disparos, la lesión de una mujer policía y los daños al vehículo de la PNC. Las fotos del diputado pecenista, ya capturado, se encargaron de mostrar su deplorable estado.

    Una vez agotada la etapa de descripción de los hechos, los matutinos le dieron seguimiento al rumbo que tomaría el caso en la Asamblea Legislativa y en la Fiscalía General de la República (FGR). Por el tratamiento que le dieron a la información en este momento, los periódicos se declararon abiertamente a favor de despojar a Merino de su fuero, que impedía juzgarlo como a un ciudadano común.

    En la cobertura de El Diario de Hoy, se destacó la publicación del suplemento dominical Vértice, del 3 de septiembre, en el cual no sólo se analizó la coyuntura sino que también se valoraron los antecedentes de Merino. Allí se dieron a conocer algunas versiones según las cuales el diputado Merino, ebrio y armado, solía involucrarse en escándalos frecuentemente. Además, se decía que en 1989 Merino había sido separado de las funciones de Ministro del Interior por una compra ilícita de equipo para esa institución. En aquel entonces, Merino era, al mismo tiempo, Vicepresidente de la República. Vértice también dejaba ver su supuesta participación en un negocio de taxis que operaba en el oriente del país bajo dudosas condiciones legales. Siendo diputado del PARLACEN, Merino fue involucrado en una supuesta compra de zonas verdes en San Luis Talpa, departamento de La Paz. Con este tratamiento, Vértice evocó hechos que acrecentaron la ya sentida desconfianza hacia las actuaciones del ex Vicepresidente.

    La reputación de Merino se vio fuertemente cuestionada cuando intentó que lo eligieran presidente de la Corte de Cuentas el año pasado. Merino había estado ejerciendo esas funciones en sustitución de Hernán Contreras, quien se había lanzado como candidato a la presidencia por el PCN. Ante la nueva elección de un contralor, Merino quiso continuar al frente de la Corte y fue en esa precisa coyuntura que se supo de la compra ilícita de zonas verdes en San Luis Talpa. Este fue uno de los obstáculos que impidió a Merino continuar en la contraloría del Estado. Es lamentable que los matutinos hayan insistido tan poco en estos antecedentes que revelan faltas lo suficientemente graves como para detener la carrera política de este diputado. Es igualmente lamentable que los salvadoreños no hayan tomado en cuenta todas estas manchas en el récord del parlamentario ala hora de emitir sus votos a favor del partido al que pertenece.

    Además de mantener el escándalo protagonizado por el diputado Merino en la agenda nacional, los matutinos desempeñaron satisfactoriamente el rol fiscalizador atribuido a la prensa. En contra de quienes quisieron restarle importancia a los hechos por considerarlos parte de la vida privada de Merino, la prensa, de forma atinada, se empeñó en evidenciar el carácter público de lo sucedido.

    Por ser un funcionario de elección popular, el diputado pecenista no podía evadir el juicio público y la prensa se encargó de aportar elementos que probaron que sus actos trascendían la esfera privada. Como señaló El Diario de Hoy en una de sus ediciones, el fuero constitucional no ampara a los diputados contra la comisión de delitos comunes. Aunque Merino declaró haberse olvidado de disparar su arma en contra de sus perseguidores, la Fiscalía encontró argumentos suficientes para juzgarlo por provocar lesiones graves a una agente policial, por proferir amenazas con agravación especial en contra de un vigilante y por provocar daños en una patrulla de la PNC.

    La prensa también puso en evidencia la debilidad de los argumentos de los diputados pecenistas —y algunos areneros— para librar a Merino de culpa. En varias ocasiones, los periódicos señalaron, con cierta ironía, a aquellos que opinaban que “cualquiera se toma sus tragos y arma escándalos en este país”. También se mofaron de los que decían que “Bill Clinton cometió errores y allí estaba todavía de presidente” o de los que repetían “quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra”. El escarnio fue mucho más grande en las caricaturas de Ruz, quien ingeniosamente puso al “gremio de bolos decentes de El Salvador” a deslindarse de cualquier relación con Merino porque ellos eran “tranquilos” y jamás le dispararían “a un PNC”.

    Aun cuando los periódicos se aprovecharon al máximo de este escándalo, muchas veces sin aportar elementos nuevos para su dilucidación, su insistencia en la gravedad de los delitos cometidos por Merino condujo, de alguna manera, a que la Asamblea y la FGR reaccionaran a un ritmo inusual para ambas instituciones. A pesar de que la prensa explotó el morbo, la espectacularización de lo ocurrido obligó a las autoridades a actuar.

    No obstante, la sobrada cobertura de este incidente desvió la atención de los medios de otros problemas igual o más importantes para el país. Del 27 de agosto al 1 de septiembre, el caso del diputado Merino fue tema prioritario en la prensa escrita y en algunos casos desplazó temas de relevancia nacional, especialmente la epidemia del dengue. Todos los días de esta primera semana de cobertura, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dedicaron al escándalo de Merino las páginas que abrían sus ediciones y más de una portada (ver cuadro). Ya en la segunda semana de cobertura, el tema Merino pasó a páginas secundarias y recibió menos espacio.

    La propagación del dengue y las muertes que estaba provocando pasaron a un segundo plano durante esa primera semana, a pesar de que unos días después, el 11 de septiembre, el gobierno se vería forzado a declarar al país en emergencia nacional. En la primera semana en que se cubrió el escándalo de Merino, El Diario de Hoy dio cobertura a la proliferación del dengue únicamente en cuatro ocasiones, mientras La Prensa Gráfica publicó noticias todos los días, pero —al igual que El Diario de Hoy— lo hizo en sus páginas interiores, por lo que el caso Merino figuró siempre en lugares privilegiados de ambos periódicos, como se muestra en el cuadro.

    Ninguno de los matutinos salvadoreños se atrevió a juzgar directamente la actuación del diputado Merino en sus páginas editoriales. No se puede decir con certeza por qué los directores de los periódicos no se pronunciaron abiertamente sobre el hecho. Como lo sostiene el investigador académico Lorenzo Gomis, “un diario acierta cuando destaca una noticia que él mismo comenta y que suscitará comentarios en los días siguientes y yerra cuando destaca una noticia que no será comentada ni siquiera por el propio periódico”.

    En las condiciones actuales de los medios noticiosos, en los cuales suele aparecer regularmente algún tipo de censura, sería ilusorio atribuirle a la prensa las funciones de un cuarto poder por las ataduras que tiene con los sectores de poder de este país. En el caso del diputado Merino, pareciera que se ha intentado hacerle pagar por sus delitos porque el espectáculo llamó mucho la atención y eso fue explotado al máximo por los medios. Al fin y al cabo, esa atención suscitó la presión social que el sistema necesitaba para hacer intentos mínimos por aplicar la justicia. Quizá si los intereses de los medios o de sus más cercanos patrocinadores hubieran estado en juego, la prensa escrita, televisiva y radiofónica no habría arremetido con todas sus “armas” para cuestionar la imagen del diputado.

    Merino ha pasado por muchas instituciones clave del país: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Corte de Cuentas. Al juzgarlo, los medios no sólo deberían tomar en cuenta que se pasó de copas y que disparó en contra de seres humanos, sino también toda su dudosa trayectoria. En toda su vida política, Merino ha estado involucrado en acciones que rayan con la ilegalidad sin que se le haya hecho rendir cuentas públicamente por su proceder. En esta última ocasión, fue sorprendido casi “con las manos en la masa” por los periodistas. El resto ya todos lo conocemos y terminó hundiendo aún más a la clase política en el fango.

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Colaboración de Nataly Guzmán y Xiomara Peraza, Departamento de Letras, Comunicaciones y Periodismo de la UCA.

DERECHOS HUMANOS

    Los más altos jefes militares que durante la guerra manejaron a su antojo la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y de manera irresponsable la desprestigiaron en grado máximo, ya comienzan a sentir pasos en sus azoteas de lujo. Dentro y fuera del territorio nacional, tras una larga espera, han empezado a moverse los hilos de la justicia; de forma simultánea, la tenue esperanza mantenida a pesar de todo ha ido cobrando un mayor brillo entre sus víctimas. Todo ello se está produciendo en medio de un mundo cada vez más globalizado, dentro del cual los impunes de siempre nunca se imaginaron que podrían ser “tocados”; un mundo dentro del cual, a la vez, las personas históricamente maltratadas y despreciadas se imaginaron una y mil formas para lograr la reparación de los daños que les causaron desde el poder. Estamos siendo, pues, testigos privilegiados de otro avance en la historia de la humanidad, en cuyo marco se desarrolla una franca lucha entre la falta y la abundancia de imaginación.

    En nuestra situación concreta como país, esa pugna aludida que está moviendo tantas cosas, ahora los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova —quienes hace veinte años eran los “todopoderosos” ministro de Defensa y Seguridad Pública, y director de la Guardia Nacional (GN), respectivamente— están siendo procesados civilmente en un tribunal de los Estados Unidos de América por su posible responsabilidad en el famoso “caso de las monjas” originarias de aquel país. Y al interior de El Salvador, el fiscal general de la República ya anunció que dará un paso —quién sabe si el correcto— para esclarecer el “caso jesuitas”. Al respecto, las abundantes reacciones provenientes de esos que dicen ser “políticos”, “generadores de opinión” y “comunicadores”—escasas o absolutamente nulas de imaginación, por cierto— no se hicieron esperar ni sorprendió a nadie su contenido; no obstante ello, como sigue cantando una de las más famosas víctimas de Pinochet, Víctor Jara, “la cosa va pa’delante y no piensa recular”.

    En esta materia y en otras latitudes, nos llevan una considerable delantera en lo relacionado a la reivindicación de las víctimas que buscan concretar sus derechos a la verdad y a la justicia. Pero también, al igual que en El Salvador, los victimarios desesperados utilizan cualquier recurso para evitar el merecido castigo por sus graves culpas. Y echan mano de todo y no faltan quienes se prestan para auxiliarlos; hasta algunos que en determinado momento han intentado aparecer como demócratas y defensores del Estado de Derecho se prestan a ese juego, sin importarles su alta investidura. En Chile, por ejemplo, un grupo de abogados de derechos humanos está dando a conocer ahora su inconformidad por las actitudes del Ejecutivo de aquel país en el caso del apodado “paciente inglés”. A continuación reproducimos el comunicado de los juristas.

    Los abogados de derechos humanos frente a la situación de los procesos judiciales seguidos en contra del querellado Pinochet y sus oficiales procesados, que ejecutaron sus órdenes, declaramos:

1. Nuestra profunda preocupación por la postura que ha adoptado el gobierno de Chile de interferir en el proceso judicial seguido contra Pinochet con el declarado propósito de liberarlo del proceso penal por razones de salud o de aplicarle el Decreto-ley de Amnistía que el propio Pinochet dictó y firmó en su propio beneficio.

2. Se busca un privilegio unipersonal, contrario a la igualdad ante la ley y ante el tribunal, que pone en duda la independencia del gobierno ante el general Pinochet y las Fuerzas Armadas, y muestra hasta qué punto ha fracasado en asumir la tarea de democratizar el país y proteger los derechos humanos.

3. Ya bajo la administración Frei, sus ministros, en concertación con la inteligencia militar y grandes empresarios, lograron burlar la justicia rescatando al perseguido internacional de ser extraditado, juzgado y condenado por gravísimos delitos contra la humanidad, o evitar ser apresado en virtud de otras órdenes de captura internacionales dictadas en su contra.

4. Estando Pinochet detenido en Londres, el gobierno de Frei implementó la Mesa de Diálogo, que se desarrolló bajo auspicio militar y cuya única finalidad fue liberar a Pinochet y permutar los cuerpos de los torturados y asesinados por la impunidad de sus victimarios. Desde esa instancia, hasta líderes religiosos perdieron la fe en la moralidad de la justicia y optaron por el pragmatismo de la política.

5. El ministro Insulza, que ha mostrado insensibilidad por el dolor de las víctimas y desconocimiento de la lucha librada por el movimiento de los derechos humanos en contra de la dictadura; y que fue un puntal de la liberación administrativa en Londres del poderoso Pinochet, ahora libra esfuerzos por engañar a la opinión pública de que tampoco puede ser procesado en Chile por razones de salud física.

6. Del mismo tenor son las declaraciones del ex presidente Patricio Aylwin y del influyente hombre de negocios Jorge Schaulson, que apareciendo ayer contrarios a Pinochet, hoy buscan en forma vergonzante su exención procesal.

7. Otro tanto ocurre con el repentino cambio de opinión que tuvo la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien después de abogar con elocuencia por el desafuero de Pinochet, ahora quiere liberarlo por razones médicas haciendo suyas los alegatos del abogado contrario, que antes había impugnado con vehemencia.

8. Por último, el presidente Lagos, que dio recientes seguridades al secretario general de "Amnistía Internacional", Pierre Sané, de que el gobierno de Chile no interferirá en el proceso judicial, aparece ahora tranquilizando a los grandes empresarios que el caso Pinochet tendrá "una pronta solución", afirmándolo con la seguridad propia de quien tiene el dominio de la situación, todo en abierto desprestigio de la administración de justicia y en estrecha coherencia con lo obrado por personeros de su administración.

9. Si llegara a cumplirse tal fatídica promesa, con desprecio del principio de independencia y autonomía del poder judicial, se consumará el más grave crimen de impunidad, que aborrecerá la comunidad internacional. Dicho crimen de impunidad no traerá la paz, sino que como lo prueba la experiencia de "Amnistía Internacional", confirmará la tesis de que la impunidad está indisolublemente vinculada al crimen sistemático y que si no se le juzga y castiga, vuelve a reproducir nuevas escaladas de violencia criminal.

10. Advertimos al gobierno, que el Estado de Chile ya ha sido condenado dos veces bajo administraciones post Pinochet por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por denegacíon de justicia y aplicación del Decreto-Ley de Amnistía y que, en consecuencia, lo instamos a que no intervenga en el proceso judicial en favor de Pinochet, que no propenda a concederle privilegios personales de impunidad y que reasuma su deber de restablecer la democracia y proteger los derechos de las víctimas, gravemente violentados por el Estado; que reasuma su deber humanitario de proteger a los débiles, hambrientos de justicia y no se incline ante los poderosos, ya colmados de privilegios.

    En ese marco, no obstante todo lo que hicieron y continúan intentando los autores materiales e intelectuales de la gran tragedia latinoamericana ocurrida durante cerca de treinta años, así como sus encubridores de ayer y hoy, las víctimas de sus atrocidades no murieron ni con las balas asesinas ni con la igualmente criminal "historia oficial" que, en vano, trataron de ofrecer como verdadera. Siguen presentes reclamando, junto a sus familiares, verdad y justicia; siguen obligándonos a imaginar y trabajar por un futuro distinto. Que ese reclamo en algunos países como el nuestro sea silencioso, tiene explicación en parte debido a esa "historia oficial" a la cual se refirió —en uno de sus últimos escritos— el padre Ignacio Martín-Baró, cuando explicó cómo intentarían manipular su asesinato; él la describió como aquella que "ignora aspectos cruciales de la realidad, distorsiona otros e incluso falsea o inventa otros"; como aquella que nos tratan de imponer "a través de un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo, al que se respalda incluso poniendo en juego todo el peso de los más altos cargos oficiales".

    "Cuando por cualquier circunstancia —afirmaba el sacerdote— aparecen a la luz pública hechos que contradicen frontalmente la 'historia oficial', se tiende alrededor de ellos un 'cordón sanitario' que los relega a un rápido olvido... La expresión pública de la realidad y, sobre todo, el desenmascaramiento de la 'historia oficial' son consideradas actividades subversivas. Y en realidad lo son, ya que subvierten el orden de mentira establecido".

    A estas alturas de una larga y difícil lucha, semejante "historia oficial" se ha ido desmoronando de a poco, con grandes esfuerzos que producen resultados pequeños pero —a fin de cuentas— resultados que nos hacen avanzar en la batalla por dar a conocer la verdad; por publicitarla de la mejor y la mayor forma posible. El mismo Martín-Baró lo hizo desde antes de su muerte con su lúcida descripción de los intentos que se harían para encubrir su ejecución.

    Los olvidos "fáciles" y "cómodos" que nos han querido imponer no son suficientes para detener la justa búsqueda de la justicia, fundada en la verdad. Los horrores no pueden quedar en el silencio ni sus autores deben ampararse en el anonimato, libres de culpa y sin que se conozca su participación criminal, porque así se continuaría minando la esencia misma de una convivencia social realmente respetuosa de la dignidad humana.

    Y es que en realidad, sin ninguna duda, estamos ante un problema social que supera el dolor individual y como tal hay que enfrentarlo. "El daño producido —decía Martín-Baró— no es simplemente el de la vida personal que se destruye; el daño es causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, a los valores y principios con los que nos han educado y en función de los cuales se ha pretendido justificar la represión".

    Ante estas realidades, con las leyes de impunidad y otras maniobras, según el mismo sacerdote "se está reconociendo el carácter falsamente democrático de un ordenamiento hipotecado por la fuerza de los militares y supeditado a su voluntad... Una democracia así siempre será una democracia atada, censurada, castrada, que desde sus raíces contradice su naturaleza y vocación". Por todo esto, no queremos para El Salvador y América Latina una democracia enana e inútil, superficial y decorativa. Lo que realmente queremos es vivir una libertad plena de verdad y justicia.

NOTICIAS

FISCALIA. La Compañía de Jesús está dispuesta a llevar el caso de del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, hasta las últimas consecuencias. El Padre José María Tojeira, rector de la Universidad José Simeón Cañas, piensa en la posibilidad de un antejuicio en contra del fiscal general, Belisario Artiga. "Si la fiscalía continua violando sistemáticamente las leyes del país, el único remedio que tenemos es ir al amparo constitucional de nuevo y pensar seriamente en la presentación de un antejuicio contra el fiscal", dijo Tojeira ante la petición que hiciera el Ministerio Público al Juez Cuarto de Instrucción, de que sea él quién decida si procede o no a la reapertura de la investigación. Y es que el religioso manifestó que su institución en ningún momento ha solicitado la reapertura del caso, sino la apertura de un nuevo juicio, debido a que la maniobra implementada por la Fiscalía estaría provocando el fracaso anticipado. "Abstenerse de resolver que fue lo que hizo el fiscal en su momento, es algo contrario al Código Procesal Penal; y abstenerse ante una acusación está penado en el Código penal". Y es que el expediente del Juzgado en cuestión es un caso juzgado que no puede reabrirse. Por tal razón, Tojeira pide al Juez Cuarto de Instrucción que se declare incompetente para reabrir el caso, el cual deberá resolver en tres días. "Si nosotros acudiéramos a la justicia fuera del país, no acudiéramos a un juicio civil, sino que a un juicio de tipo penal que es mucho más grave", concluyó el sacerdote, (LPG, 18.10.00, p.26).

EX PATRULLEROS. El pasado 30.10, unos 200 ex patrulleros se aglutinaron en los alrededores del Reloj de Flores y advirtieron que más buses continuarían llegando en el transcurso del día para unirse a la "marcha blanca". Los campesinos bloquearon la Alameda Juan Pablo II. Los intentos de la PNC por negociar algunos accesos vehiculares fueron en vano. Con el fin de permanecer hasta seis días en la ciudad, los ex patrulleros se desplazaron al Centro de Gobierno —lugar calificado como estratégico por Orlando Arévalo, impulsor del movimiento— hasta no obtener una respuesta concreta del Gobierno. "Preferimos morirnos aquí antes de seguir muriéndonos de hambre", advirtió el líder de la Asociación de Ex patrulleros de El Salvador, Julio Vásquez. Los empleados públicos no pudieron evacuar la zona ya que todas las entradas se encontraban bloqueadas. Luego de agotarse todos los medios pacíficos por medio de la negociación por parte de la PNC y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, delegados de ambas instituciones acordaron evacuar a los empleados y algunos usuarios de las oficinas gubernamentales. Según la PNC los manifestantes violaron el artículo 148 del Código Penal, el cual establece que "el que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de uno a tres años". Por otro lado Arévalo, expreso que no teme al antejuicio propuesto por ARENA en su contra y aseguró que no está manipulando a los ex patrulleros. "Soy campesino, soy el mayor de 17 hermanos, ocho murieron por desnutrición y hambre, comprendo y conozco la pobreza y no puedo ser indiferente", expresó, (EM, 31.10.00, p.2 y 3).

ANTEJUICIO. El Presidente Francisco Flores reafirmó ayer su apoyo al partido ARENA en la decisión de expulsar de su seno al diputado Orlando Arévalo. Y es que para el mandatario Arévalo se ha convertido en un delincuente y el asunto ya no es cuestión de lealtad para un partido. Para Flores, mantener como rehenes a unas 4 mil 600 personas de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, y el Ministerio del Interior, entre otras instituciones, es suficiente para abrir un proceso de antejuicio contra el funcionario. Por esto también consideró que ninguna delegación de los manifestantes, cuyo líder es Arévalo, pondrá pie en Casa Presidencial. Flores ya tomó la determinación: "no estoy dispuesto a levantar a esos líderes, mucho menos darles dinero" sentenció. Para el Presidente, la actitud violenta de los manifestantes tiene doble trasfondo, y es buscar un mártir: "Buscan un muerto, porque entonces pueden plantear el abuso de la fuerza policial contra ellos (y presentarse) como gente vulnerable", sostuvo. Sin embargo después de 24 horas más de protesta, los ex patrulleros decidieron poner fin a sus acciones y retornar a sus lugares de procedencia. Arévalo señaló que no quieren entorpecer la celebración del día de los santos difuntos y, por eso, se adoptó tal decisión. El funcionario calificó de positiva la concentración en la capital debido al nivel de desestabilización política que provocaron en el gobierno. Por otro lado, los diputados acordaron desarrollar con normalidad la plenaria semanal, aunque protegidos por un fuerte dispositivo de seguridad policial (LPG, 01.11.00, p. 4-6).