El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 926
Noviembre 8, 2000
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial Verdad real y verdad jurídica
Política Liberalismo político
Economía El gobierno ante el problema del medio ambiente
Derechos Humanos Katya y el país claman justicia
Documento Declaración del milenio (I)
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    "La justicia es ciega", afirma un dicho popular. Y ello puede dar pie a una doble interpretación: por un lado, con tal afirmación se puede entender que la justicia no atina por ningún lado —de ahí su ceguera—; por otro, se puede pensar, desde una óptica menos pesimista, que la justicia es imparcial y que, por tanto, no apunta a nadie en particular, sino a cualquiera que se ponga en su camino. Ambas interpretaciones no son excluyentes pues, en incontables casos, la pretendida imparcialidad de la justicia se traduce en francos desatinos, cuyo resultado práctico es que muchas veces personas inocentes terminan en la cárcel, mientras que criminales de altos vuelos son exonerados de su responsabilidad penal.

    A veces se olvida que los sistemas judiciales modernos —insertos en la tradición liberal— están diseñados justamente para asegurar que individuos inocentes no sean privados de su libertad. Más que de hallar al culpable de un delito, su filosofía es la de proteger al máximo al individuo sospechoso de un castigo que lacere su libertad. De aquí todos los requisitos que deben cumplirse paso a paso para desembocar en su condena penal; si se falla en uno de ellos, si esa falla da lugar a una duda razonable acerca de su inocencia, una condena carecería de legitimidad jurídica. Cumplir todos los requisitos de ley y reunir las pruebas que no dejen lugar a dudas razonables acerca de la inocencia del sospechoso: esas son las exigencias de los sistemas jurídicos modernos para arribar a la verdad jurídica, es decir, al convencimiento, fundamentado en pruebas concluyentes y en el respeto a la legalidad, de que determinado individuo es responsable por el delito que se le imputa.

    Es cierto, en incontables ocasiones el cumplimiento de esos requisitos no es garantía suficiente para que un inocente no sea condenado. Pero la idea es minimizar hasta el límite ese riesgo. Como contrapartida, abundan los casos en los que, por no cumplirse con las exigencias jurídicas necesarias, individuos con graves crímenes a sus espaldas gozan de una libertad inmerecida. Estos son los costos quizás inevitables de sistemas jurídicos, en cuya filosofía inspiradora vale menos el riesgo de otorgar libertad a un criminal que equivocarse, privando de libertad a un inocente. Para el liberalismo, no conviene olvidarlo, la defensa del individuo frente a todo aquello que pueda ir en menoscabo de su libertad es una tarea de primera importancia. Y esto es así porque —como dice Isaiah Berlin— para los pensadores liberales hay en el ser humano un cierto ámbito de libertad personal que no "podía ser violado bajo ningún concepto, pues si tal ámbito se traspasaba, el individuo mismo se encontraría en una situación demasiado restringida, incluso para el mismo desarrollo de sus facultades naturales, que es lo único que hace posible perseguir, e incluso concebir, los diversos fines que los hombres consideran buenos, justos o sagrados".

    A la par de la verdad jurídica se halla la verdad real, la cual no necesariamente tiene que coincidir con aquélla. En el caso de hechos criminales, la verdad real tiene su fundamento en esos hechos, así como en la certeza razonable de quién fue su responsable directo o indirecto. Lo ideal es que de la verdad real se pase a la verdad jurídica, pero ese tránsito no es automático ni está asegurado de antemano, como bien muestran los incontables yerros de la justicia tanto en la condena de inocentes como en la exoneración de culpables. Así pues, la verdad real y la verdad jurídica pueden no coincidir; y ello es así en razón de que están regidas por una lógica distinta: la primera, por la contundencia de los hechos y por la certeza razonable de quién o quienes fueron los responsables de los mismos; la segunda, por las exigencias jurídicas y por las pruebas que se derivan de esas exigencias. Evidentemente, más allá de la mala fe en la primera o de los errores de procedimiento en la segunda, en ambas existe cierta posibilidad de equivocación, contra la cual todavía no se han inventado los correctivos pertinentes.

    Con todo, lo que no se pone en duda es que la única forma de sancionar penalmente al responsable de un crimen es mediante la verdad jurídica. Podrán esgrimirse miles de pruebas y argumentos en contra del causante de un atropello contra la dignidad humana; podrá ser más que razonable la certeza de que esa persona es la responsable del crimen más atroz; ante la sociedad podrá ser el ser más odiado y despreciado... Pero eso no se traduce automáticamente en una condena judicial, la cual ha de seguir un proceso cuyos procedimientos están inspirados en una filosofía protectora del fuero individual, así sea el del peor criminal que haya conocido la humanidad. El lema "nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario" ilustra bien esta filosofía protectora del individuo: se trata no de hallar un culpable, sino de proteger a quien, de entrada, se presume inocente.

    Por lo anterior, se entiende bien que en el desenlace de un proceso judicial lo que cuenta son los procedimientos, las pruebas y contra pruebas jurídicamente fundamentadas. La verdad a la que se llega —la verdad jurídica— puede no coincidir con la verdad real: la absolución de un individuo por un tribunal —o su condena— puede decir poco del hecho real del que se le declara inocente o culpable. Puede ser encontrada jurídicamente culpable del crimen más atroz la persona más bondadosa del mundo, aunque en realidad no lo haya cometido. Puede ser declarado jurídicamente inocente el criminal más perverso, públicamente reconocido como tal, pero con la habilidad —o la suerte— para hacerse de las coartadas que le sirvan de escape.

    Así es de paradógica la justicia. Siendo así las cosas, hay que tener cuidado a la hora de presumir bondades morales en personas que han sorteado exitosamente un proceso judicial. En muchos casos, la inocencia jurídica podrá ser coincidente con la inocencia real. En otros, es probable que suceda lo contrario, es decir, que la primera no tenga nada que ver con la segunda. Un buen ejemplo de esto último lo constituye el desenlace del proceso judicial en contra de los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García. Hay que ser ciego —o obtusamente ignorante de la historia reciente de El Salvador— para no caer en la cuenta de la enorme responsabilidad que tuvieron ambos en la muerte, la tortura y la desaparición de miles de salvadoreños. Su responsabilidad en el asesinato de las cuatro religiosas norteamericanas fue un caso más de guerra contra el "enemigo comunista", en la que ambos militares —y la Fuerza Armada— se hallaban comprometidos hasta los tuétanos. Esta es una verdad real que, por más exonerados que estén judicialmente, ni ellos ni los apologistas de su "triunfo" pueden borrar.

POLÍTICA

[Extracto]

    La pregunta de fondo que abre la temática a la que se refiere este título es la de escudriñar la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que exista durante un tiempo prolongado una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales, los cuales permanecen profundamente divididos por doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y morales? En la respuesta a esta pregunta, John Rawls demuestra que las instituciones sociales descansan sobre una idea básica que entiende la sociedad como un “sistema justo de cooperación entre ciudadanos libres e iguales” (J. Rawls, Liberalismo político. México, FCE, 1995, p.29). A partir de aquí, inicia su debate sobre los principios políticos del liberalismo. En opinión del autor, “el liberalismo político supone que las más enconadas luchas se entablan por los más altos valores, por lo más deseable: por la religión, por las visiones filosóficas acerca del mundo y de la vida, y por diferentes concepciones morales del bien”. Entonces, el gran desafío de la construcción social se sostiene en la capacidad y eficacia de un consenso político que, a la vez que respeta y se nutre de las diferencias, logra una cooperación justa entre ciudadanos sin menoscabo de su libertad e igualdad.

ECONOMÍA

[Extracto]

    En Latinoamérica, el tema de la protección del medio ambiente comenzó a adquirir un mayor perfil a partir de los programas de países industrializados, los cuales han canalizado fondos significativos para que los gobiernos de los países menos desarrollados implementen políticas “sostenibles” en lo relativo a los recursos naturales. El Salvador no ha sido la excepción, y en los últimos años se han desarrollado importantes programas de restauración de los recursos naturales, a través de programas como el Fondo Ambiental de El Salvador y el Fondo Iniciativa de las Américas de El Salvador, los cuales trabajan con donaciones del gobierno canadiense y de la condonación de la deuda externa por naturaleza concedida por el gobierno de los EEUU. De la misma manera diversas agencias de cooperación de EEUU y Europa también ejecutan programas de recuperación del medio ambiente a través de distintas organizaciones locales o internacionales.

DERECHOS HUMANOS

    En el marco de la violencia política generalizada y la guerra, las ejecuciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Salvador le hicieron un gran daño al país; pero más daño le hizo la impunidad que las cobijó, por las consecuencias que ahora estamos viviendo. Casi nadie o nadie con algún tipo de poder que se deriva del dinero, el uniforme o la política, se intranquiliza de verdad cuando comete algún delito. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, no corre ningún peligro. La “institucionalidad” nacional encargada de impartir justicia tiene dentadura, pero postiza. Se la coloca sólo para morder a quienes no pueden pagar el precio del abogado —que más de alguna vez estafa a su cliente— o del funcionario que se vende al mejor postor; y se la quita ante el victimario, sobre todo cuando éste tiene el dinero suficiente para pagar flamantes despachos de juristas que usan cualquier artimaña para “ganar” el caso, aunque pierda la sociedad. Así las cosas, son pocos las luces que se observan en el horizonte y menos los argumentos para que las autoridades del Estado y sus publicistas de cualquier signo presuman de un “nuevo El Salvador”.

    Es así, como los casos de Katya Miranda, Ramón García Prieto, la Zona Rosa, la Federación de Fútbol, los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, Las Hojas, monseñor Romero y muchos otros no se resuelven nunca. Y no tiene nada que ver en ello que sean del pasado o del presente, que vayan o no a “desestabilizar” esta precaria y violenta “paz”, que estén “politizados” por la izquierda o por la derecha. Más bien, lo que en realidad se observa es un denominador común: la impunidad para quien tiene más poder.

    e esa forma, queda en evidencia el colapso de un sistema que se viene arrastrando desde antes del inicio de la guerra y que —digan lo que digan determinados personajes— no fue superado con la inversión extranjera traducida en infraestructura, cursos, seminarios, conferencias y más para reformar el sistema judicial. Se incursionó en la legalidad moderna, más acorde a la doctrina del respeto a los derechos humanos, pero de nada sirvió al seguir teniendo “cancha libre” en el país la prepotencia y la corrupción, el arreglo debajo de la mesa y el tráfico de influencias, la hipocresía elevada a su máxima expresión a través de algunos medios masivos de difusión. Y esa situación, sin duda, fue una de las causas que nos llevaron al estallido social y la guerra con todas sus lamentables consecuencias.

    Resulta inaudito como se le cierran las puertas a las víctimas y se favorece a los imputados, cuando el poder le pasa por encima a la justicia. No importa burlarse de la inteligencia de todo el pueblo, intentando sostener argumentos insostenibles ante hechos abominables. Así, en esta nuestra sufrida tierra hay carros que se manejan solos y matan a personas; hay niñas que salen a la playa a media noche, se violan y se asfixian a sí mismas; hay personas que lucharon por la paz muertas, a las cuales no se le puede hacer justicia porque se lo impiden aquellos que hicieron la guerra. Mientras tanto, cuando la víctima tiene poder puede meter a la cárcel a cualquiera, sin importar si verdaderamente fue ésta la persona que le causó algún daño; sus influencias y recursos no se escatiman para conseguir la justicia que le niegan a otra gente.

    En ese marco, uno de los últimos motivos de escándalo e indignación social ha sido la culminación de una evidente actuación vergonzosa por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial (OJ) en el caso de la niña Katya Miranda. Este hecho, en cualquier otro país del mundo medianamente normal y civilizado se hubiese resuelto desde hace mucho. Pero acá no. ¿Tendrá que ver en ello tanto personaje involucrado y relacionado con alguno de los inquilinos o inquilinas recientes de la Casa Presidencial? Quizás nunca se sepa cuál fue la verdadera razón que nos llevó al cuestionable resultado mediante el cual, a casi diecinueve meses de ocurrida la muerte atroz de esta pequeña de nueve años en medio de un grupo grande de personas, la mayor parte de ellas familiares de la víctima inocente, ahora se esté peor que al principio. Veamos, una a una, algunos elementos destacados en lo que toca a la actuación de las instituciones oficiales encargadas, una de investigar y la otra de impartir justicia impartir justicia. No nos referiremos, por ahora, a la Fiscalía; ésta también actuó mal y por eso, tanto por este como por otros casos, está siendo objeto de innumerables y muy duras críticas.

    En cuanto a la PNC, cabe señalar que un alto jefe policial —el sub comisionado Godofredo Miranda— se encontraba en el lugar de los hechos y no hizo nada sobresaliente por evitar la contaminación de la escena del crimen. Alega éste que dibujó un círculo en la arena, alrededor del pantaloncito de la niña cuyo cuerpo estaba ubicado en otro sitio. ¿Y la pequeña tienda de campaña donde dormía ella al lado de su padre y con su otra hermanita? ¿Por qué no la protegió? ¿Por qué permitió que la desarmaran, guardaran y se la llevaran sabiendo que para sacar a Katya de su interior, necesariamente tenían que haber dejado mas de alguna huella? ¿Por qué no impidió la salida de todos los que estaban en el lugar para garantizar su interrogatorio inmediato? ¿Por qué su esposa, quien dice vio entrar a alguien al terreno en la noche, no le avisó de ese hecho estando al lado de él? ¿Por qué no impuso su experiencia policial para garantizar que la fiscal y los policías que llegaron al lugar hicieran bien su trabajo? ¿Por qué no demostró en ese momento la gran capacidad técnica que le permitió capturar a ese famoso secuestrador conocido como “El Negociador”, que lo catapultó hasta llegar a ser segundo jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC y le posibilitó ser requerido como instructor del FBI a nivel centroamericano?

    Pero más allá del sub comisionado Miranda, ¿qué andaba haciendo el domingo 4 de abril de 1999 el señor Gabriel Mayorga al “Kilo 14”, rancho en la playa contiguo al lugar donde vacacionaban el segundo jefe de la DIC y sus familiares, entren quienes se encontraba la niña violada y asesinada ese mismo día? Si no es su homónimo, este señor Mayorga bien podría ser el policía que —en ese momento— fungía como jefe de Godofredo Miranda en la DIC. De ser él, ¿investigaba sobre los hechos o protegía a alguien? Y en cuanto a la corporación en general, sabiendo de todas las interrogantes mencionadas y otras alrededor de la actuación del sub comisionado Miranda, ¿por qué se le mantuvo y se le mantiene como jefe de la División de Logística? ¿Por qué hasta ahora se le investiga internamente?

    Si lo anterior cuestiona e indigna, lo mismo produce el desempeño de la juez de Instrucción de San Luis Talpa, la famosa Ana Marina Guzmán. Adelantó criterios y emitió juicios de valor a favor de los imputados, permitió anticipo de pruebas sin justificación, regañó a la madre de Katya, la mandó a citar para que acudiera a una audiencia con el objeto de “limar asperezas” (¿?), le notificó que si no se presentaba a dicha audiencia la mandaría a traer con fuerzas de seguridad, no tomó en cuenta una testigo que aseguró haber visto a los empleados del abuelo de la víctima a las tres de la mañana en la playa (hay que recordar que los imputados sostuvieron que a esa hora estaban profundamente dormidos, por el efecto de una sustancia que les rociaron a todos los que se encontraban en el sitio), no consideró la opinión de un experto internacional que demostraría que era imposible dormir a toda esa gente en esas condiciones y —por último— coronó su “célebre” actuación sobreseyendo a todos los imputados y criticando fuertemente a la madre de Katya.

    Después de eso, ¿de qué se extrañan por el papel desempeñado por otra juez en el caso de la Federación de Fútbol? Si a una, en el caso de Katya, se le presenta como la funcionaria que actuó “apegada a Derecho”, ¿por qué se critica a la otra? Aquí se plantea un gran reto al todavía recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia: revisar su casa en serio, empezando por una Sección de Investigación Judicial inoperante que, por acción u omisión, permite que la venalidad se pasee campante entre la judicatura.

    Y por mucho que insistan quienes pretenden seguir siendo “cosmetólogos” de un “proceso de paz” que se sigue cayendo a pedazos, esta aberrante impunidad que socava la poca confianza que le pueda quedar a la gente y que se sustenta en esa hipocresía cupular, el presente está mal porque no se tuvo ni se tiene el valor para enfrentar bien el pasado. Nadie está reabriendo heridas porque las heridas están abiertas; no se han cerrado y siguen sangrando.

    Como afirma el rector de la Universidad Centroamericana, padre José María Tojeira, "las heridas las padecen las víctimas no los verdugos. En este sentido cuando se dice que se están reabriendo las heridas, no es cierto… Es que los que causaron las heridas, por decreto quisieron taparlas; y las heridas no se tapan por decreto. Las heridas se sanan con una reconciliación construida sobre la justicia y sobre la verdad. Entonces nosotros —la Compañía de Jesús— lo que queremos es contribuir a que las heridas se sanen realmente. No a que se les ponga una venda sucia como es la impunidad, cubriéndolas; eso no sana las heridas y el señor presidente y otras personas deberían ser más prudentes cuando hablan de reabrir heridas. Reabrir heridas de quién, ¿Tiene alguna herida el ejército salvadoreño, después de haber masacrado personas? ¿Tiene alguna herida ARENA? Las heridas las tienen las víctimas de la represión, también las víctimas del FMLN tienen heridas y tienen derecho a sanarlas dentro del sistema judicial y dentro de las leyes del país, que es como se sanan las heridas”.

    No hay, pues, por donde perderse. Para alcanzar una verdadera paz, gobernantes y gobernados deberíamos tener un poco más de criterio y, al menos, tratar de interpretar bien las siguientes palabras que sabiamente dijo el Papa Juan Pablo II durante la Celebración de la Jornada Mundial de la Paz, realizada en enero de 1998: “La justicia camina con la paz y está en relación constante y dinámica con ella. La justicia y la paz tienden al bien de cada uno y de todos, por eso exigen orden y verdad. Cuando una se ve amenazada, ambas vacilan; cuando se ofende la justicia se pone en peligro la paz”.

    La pequeña Katya y todas las demás víctimas del pasado y el presente, que por haber sido condenadas a la impunidad siguen haciendo sangrar las heridas abiertas de sus familiares, esperan justicia. Mientras tanto, la madre de Katya seguirá siendo un ejemplo de lucha que nos convoca a todas y todos a construir un mejor El Salvador. A continuación transcribimos la carta de que esa valiente mujer dejó en nuestras manos.

San Salvador, 7 de noviembre del 2000.

A las niñas y niños de El Salvador, a todas las personas que me acompañaron durante el esfuerzo realizado para encontrar justicia para mi Katy, a todo el pueblo salvadoreño:

Por este medio, quiero despedirme temporalmente de todas y todos. Tras la reciente decisión del Órgano Judicial, salgo del país porque tengo temor y porque voy a buscar afuera el apoyo necesario para que la lucha que hasta ahora he librado no sea en vano. Aquí en el país, sigue siendo casi imposible confiar en el funcionamiento de las instituciones. Las del Estado trabajan de manera coordinada o sin ponerse de acuerdo —¡qué importa!— para que aquellos personajes con poder, responsables materiales e intelectuales en casos que ofenden lo más puro de la humanidad, permanezcan impunes. Las de la sociedad, que se rasgan las vestiduras ante el abominable crimen del secuestro cuando afecta a sus miembros, no hacen nada por acompañar el dolor y los esfuerzos de las madres que lloramos y clamamos sin ser escuchadas cuando exigimos la aplicación de la ley para reivindicar a nuestras criaturas maltratadas.

No abandono este difícil esfuerzo que inicié hace más de un año. Pero tengo que cuidar a mi otra hija, mi pequeña Marcelita, y garantizar que a mí no me ocurra nada para poder seguir adelante hasta que los asesinos de mi Katy y sus encubridores —dentro y fuera del aparato estatal— paguen sus culpas. A todo el pueblo salvadoreño que me ha apoyado, le pido que lo siga haciendo con su participación consciente que impida el triunfo de la impunidad. No podemos permitir que sigan destruyendo lo más sagrado que nos queda: NUESTRA NIÑEZ.

Gracias a todas y todos.

Hilda María Jiménez Molina.

DOCUMENTO

Presentamos a continuación la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 8 de septiembre del año 2000, titulada "Declaración del Milenio"

I. Valores y principios

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. A decir verdad, su pertinencia y su capacidad como fuente de inspiración han ido en aumento conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la interdependencia entre las naciones y los pueblos.

4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación de los pueblos que siguen sometidos a la dominación colonial y la ocupación extranjera; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

5. Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos.

Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema fundamental. Por eso, consideramos que solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esos esfuerzos deberán incluir la adopción de políticas y medidas, a nivel mundial, que correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y de las economías en transición y que se formulen y apliquen con la participación efectiva de esos países y esas economías.

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI:

• La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular.
• La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.
• La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.
• La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.
• El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.
• Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.

7. Para plasmar en acciones estos valores comunes, hemos formulado una serie de objetivos clave a los que atribuimos especial importancia.

II. La paz, la seguridad y el desarme

8. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la guerra —ya sea dentro de los Estados o entre éstos—, que, en el último decenio, ha cobrado más de cinco millones de vidas. También procuraremos eliminar los peligros que suponen las armas de destrucción en masa.

9. Por todo lo anterior, decidimos:

• Consolidar el respeto del imperio de la ley en los asuntos internacionales y nacionales y, en particular, velar por que los Estados Miembros cumplan las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, en los litigios en que sean partes.
• Aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, dotando a la Organización de los recursos y los instrumentos que necesitan en sus tareas de prevención de conflictos, resolución pacífica de controversias, mantenimiento de la paz, consolidación de la paz y reconstrucción después de los conflictos. En este sentido, tomamos nota del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y pedimos a la Asamblea General que examine cuanto antes sus recomendaciones.
• Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, de conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta.
• Velar por que los Estados Partes apliquen los tratados sobre cuestiones tales como el control de armamentos y el desarme, el derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos, y pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de suscribir y ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
• Adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherirnos cuanto antes a todas las convenciones internacionales pertinentes.
• Redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica nuestro compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga.
• Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el blanqueo de dinero.
• Reducir al mínimo las consecuencias negativas que las sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas pueden tener en las poblaciones inocentes, someter los regímenes de sanciones a exámenes periódicos y eliminar las consecuencias adversas de las sanciones sobre terceros.
• Esforzarnos por eliminar las armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares, y mantener abiertas todas las opciones para alcanzar esa meta, incluida la posibilidad de convocar una conferencia internacional para determinar formas adecuadas de eliminar los peligros nucleares.
• Adoptar medidas concertadas para poner fin al tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, en particular dando mayor transparencia a las transferencias de armas y respaldando medidas de desarme regional, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.
• Pedir a todos los Estados que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, así como al Protocolo enmendado relativo a las minas de la Convención sobre armas convencionales.

10. Instamos a los Estados Miembros a que observen la Tregua Olímpica, individual y colectivamente, ahora y en el futuro, y a que respalden al Comité Olímpico Internacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el deporte y el ideal olímpico.

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad.

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.

13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos públicos en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos, por consiguiente, todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo que se celebrará en 2001.

15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. En este contexto, nos felicitamos de la convocación de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por lograr resultados positivos. Pedimos a los países industrializados:

• Que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa Conferencia, una política de acceso libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas las exportaciones de los países menos adelantados;
• Que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos demuestren su firme determinación de reducir la pobreza; y
• Que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a los países que se están esforzando genuinamente por destinar sus recursos a reducir la pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los problemas de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo.

17. Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el Programa de Acción de Barbados y las conclusiones a que llegó la Asamblea General en su vigésimo segundo período extraordinario de sesiones. Instamos a la comunidad internacional a que vele por que, cuando se prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en cuenta las necesidades especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en desarrollo sin litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales y multilaterales que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a superar los obstáculos de su geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo.
• Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.
• Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales.
• Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad.
• Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.
• Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”.

20. Decidimos también:

• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible.
• Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo.
• Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo que los necesiten.
• Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza.
• Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social.

NOTICIAS

INTEGRACION. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) y la Comisión de la Unión Europea realizaron un estudio que propone pautas para acelerar el proceso de integración económica, política y social de los países del Istmo centroamericano. El estudio "Centroamérica 2020" fue presentado oficialmente el pasado 06.11 y pretende agilizar la superación de las diferencias entre los países y lograr su integración, con el compromiso de los gobernantes del área y de los sectores sociales. La investigación reconoce que en la región actualmente se tiene una falta de visión integral y de largo plazo, por lo que se propone un modelo que busque el desarrollo en las próximas dos décadas. Asimismo, se sugieren algunas recomendaciones para realizar el modelo, entre ellas: profundizar el proceso de integración, mediante la Unión Aduanera; alcanzar la unión monetaria, basándose en una moneda regional o el dólar; mejorar las relaciones laborales, fortaleciendo la capacidad de los trabajadores y su organización; y elaborar una estrategia integrada de prevención de la violencia. El Secretario General del Sistema de Integración Centroamérica (SICA), Oscar Santamaría, aseguró que las sugerencias del informe no quedarán archivadas. Por su parte, Víctor Bulmer Thomas, uno de los coordinadores del estudio, afirmó que Centroamérica "todavía no es una región verdadera, porque no funciona como tal". Thomas también dijo que los países del área son los únicos en el continente que no negocian como región en las conversaciones para el Area de Libre Comercio para las Américas, ALCA (EM, 06.11.00, p.4; EDH, 07.11.00, p.26).

MORA. De un total de 7,500 reos que existen en todo el país, 1,341 no tienen aún sentencia. En el área civil y mercantil existen más de 80 mil procesos, que están esperando ser resueltos. La Procuraduría General de la República tiene por lo menos mil casos pendientes. Así, el sector justicia en el país tiene una gran cantidad de casos por resolver, de los cuales muchos están amontonados en los archivos de los juzgados y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). "En muchos de esos procesos, las evidencias ya no se encuentran, los imputados han muerto", afirmó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Mario Solano. Las autoridades judiciales insisten en que trabajan arduamente por ponerle fin a la mora judicial; sin embargo, ésta aún perdura y continua provocando daño al sistema judicial. Y es que, según el mismo presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, este tema no se ha tratado con integralidad, por lo que se ha tenido que enfocar con especificidad y ubicarlo en las áreas que más daño hace, para poder darle solución. La mora judicial es el retraso que se da en el curso de un procedimiento, cuando no se cumple con los plazos legales para emitir las resoluciones. Este retraso puede ser provocado por la inoperancia del juez o de las partes. "Son imputables al sistema cuando el juez no quiere o no puede resolver, cuando los elementos de prueba que se van a verter en el proceso son de responsabilidad en el sistema, hay movimientos de los procesos que no dependen del juez, entonces no es mora imputable al sistema", explicó el magistrado Mario Solano (EM, 06.11.00, p. 7).

DEMANDA. "Nos amenazaron con atentar contra nuestra integridad física, con objetos contundentes, cortopunzantes y con explosivos de fabricación casera. Todo ello con la arenga y decisión del mencionado diputado Arévalo". Así justificó el diputado arenero, José Mauricio Quintanilla, la acusación que han hecho los diputados de ARENA a Orlando Arévalo, su colega de fracción, de cometer los delitos de sedición y privación de libertad. La denuncia formal fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República. Por otro lado, el Sub jefe de la División penal de la Fiscalía, Douglas Meléndez, aseguró ayer que han recibido 140 denuncias similares contra los ex patrulleros y Arévalo. Indicó que las denuncias fueron interpuestas por empleados y funcionarios de varias entidades de gobierno que fueron sitiadas por el grupo de protestantes. En cuanto a la denuncia interpuesta por los diputados de ARENA, el jefe fiscal señaló que se tendrá que establecer si ellos fueron privados de libertad. Si tal es el caso, la Fiscalía solicitaría al parlamento iniciar el proceso de antejuicio contra Orlando Arévalo. Sin embargo, para reivindicar sus acciones, los ex patrulleros saldrán a las calles el próximo jueves. "Será una manifestación pacífica a nivel nacional. En San Salvador, nos movilizaremos hacia la Asamblea para presionar a los diputados y que aprueben la ley que nos indemnizará con 50 millones", declaró Luis Alonso Molino, coordinador nacional de la Unión Salvadoreña de Ex patrulleros Obreros y Campesinos (USEPOC), quien a su vez manifestó que Arévalo los ha tratado de utilizar debido a sus problemas políticos (LPG, 07.11.00, p. 6).