Proceso 927

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El presidente Flores tiene que sentirse satisfecho porque sus conversaciones semanales con los partidos políticos han comenzado a rendir frutos —aunque informes de prensa de última hora anuncian que la continuidad de dichas conversaciones está siendo cuestionada por el FMLN. De momento, el presidente ha conseguido algo más que avanzar en la aprobación de los préstamos internacionales. En efecto, los obstáculos levantados por el FMLN comenzaron a desaparecer y las autorizaciones para negociar dichos préstamos parecen ser cosa dada; pero además, el presidente Flores ha conseguido que los partidos de la oposición suscriban su política de optimismo y futuro. Los partidos Demócrata Cristiano y FMLN se han pronunciado “en pequeño” sobre la petición hecha por la UCA al Fiscal General para que investigue a los autores intelectuales de la masacre de noviembre de 1989. Son pronunciamientos en pequeño por lo reducido del espacio comprado en los periódicos, por lo reducido de la letra y sobre todo por la pequeñez de su contenido.

El núcleo de los dos pronunciamientos es el anuncio público del compromiso que ambos partidos hacen de no solicitar la apertura de procesos judiciales contra aquellos que hubiesen asesinado, desaparecido o torturado a sus militantes. Pero llama la atención que el compromiso de los demócrata cristianos sea más concreto que el del FMLN, pues aquellos identifican por su nombre a quiénes podrían acusar: los escuadrones de la muerte y los guerrilleros. Es así como dos partidos que se colocan en la oposición se alinean con ARENA y el gobierno de Flores y lo hacen sin necesidad alguna, porque a ninguno de ellos le es posible presentar una denuncia judicial contra nadie que no haya sido funcionario del gobierno de Cristiani, si antes la ley de amnistía no es derogada y la legislación internacional, que considera estos crímenes como crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, no es reconocida. Y a ninguna de las dos dirigencias políticas se le ha pasado por la cabeza dar semejante paso y a la que menos a la del FMLN, ansiosa por presentar a éste como un partido más del espectro político salvadoreño tradicional. Por las mismas razones, la disposición de los llamados “Oficiales desmovilizados de la Fuerza Armada en cumplimiento de los acuerdos de paz” para ser investigados también carece de sentido. Sin dar los pasos señalados antes, ninguna investigación de lo que hicieron durante la guerra procede. Ahora bien, dado el creciente interés por investigar, valdría la pena estudiar con atención el informe de la Comisión de la Verdad y la documentación publicada por el gobierno de Washington; asimismo, reconocer la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad y derogar la última ley de amnistía, con lo cual la justicia podría desarrollar sus tareas.

Ante la postura de la UCA y la Compañía de Jesús, los demócrata cristianos reconocen el derecho de ambas a pedir justicia, pero consideran que las circunstancias no son las mejores; mientras que el FMLN, que también reconoce el mismo derecho, agrega que la petición pone a prueba a las instituciones y que espera que, además de perdonar a los culpables del crimen, las dos pidan perdón “a quienes resultaren inocentes, si acaso las hubieren señalado”. Siguiendo esta curiosa lógica del FMLN, la madre de Katya Miranda debiera pedir perdón a su ex esposo y a toda su familia, dado que la juez no los encontró culpables; los familiares de las cuatro religiosas estadounidenses violadas y asesinadas en 1980 también debieran hacer lo mismo con los dos ex generales salvadoreños, a quienes el juez de la Florida tampoco encontró culpables; y lo mismo debieran hacer todos aquellos que acusaron a Grimaldi de dirigir una banda de ladrones y a la antigua junta directiva de la FEDEFUT de la desaparición de varias decenas de millones de colones y de la falsificación de documentos para encubrir el faltante, puesto que ninguna fue encontrada culpable por los jueces. El FMLN fue más allá de lo que ARENA y el gobierno de Flores podían haber esperado y todo por dejarse llevar de un deseo inmoderado para presentarse como el único que ha pedido perdón a quienes ha ofendido y que ha perdonado a quienes lo ofendieron.

Los partidos Demócrata Cristiano y FMLN se apropian de una representatividad que no tienen. Es comprensible que, por razones políticas o de otro orden, los dos partidos renuncien a recurrir a la justicia; pero no tienen autoridad política ni moral para pedir a los demás que los imiten. En primer lugar, porque sus motivaciones no son rectas. Su postura está motivada por su afán de poder, y con tal de alcanzarlo, están dispuestos a pasar por encima de la dignidad de las víctimas y sus familiares, del derecho y de la justicia. En segundo lugar, porque sus razones carecen de fundamento. En El Salvador nunca ha habido tiempo propicio para investigar el crimen y la misma democracia cristiana, cuando estuvo en el poder, contribuyó en gran medida a la consolidación de la estructura de impunidad que hoy padece el país. No obstante los millones que le dio Estados Unidos para investigar el crimen y perseguir el narcotráfico, nunca pudo presentar un caso sólido. Después de pactar con la Fuerza Armada la conducción de la guerra civil a cambio de su permanencia en el poder, los demócrata cristianos no tuvieron ningún escrúpulo en tolerar una de las represiones más crueles a cambio de reformas. Al no haber encontrado el tiempo propicio para que la justicia criminal hiciera su tarea, El Salvador ha sido entregado a manos del crimen organizado y la delincuencia.

Los perdones dados con “humildad” por el FMLN no han sido recibidos por la sociedad, y mucho menos por aquellos que sí se sienten ofendidos por lo que el partido llama “errores”, pero que en realidad fueron crímenes y actos terroristas. Es curioso observar cómo el partido de la izquierda ha adoptado el mismo vocabulario de los ex oficiales de la Fuerza Armada en este punto, quienes también llaman “errores” a sus crímenes. Las víctimas no pueden contar con los políticos, quienes las han abandonado. En la guerra alabaron su sacrificio y heroísmo, y les prometieron una utopía revolucionaria; pero ahora, cuando los guerrilleros se transformaron en políticos, éstos se han olvidado de aquéllas por necesidad. Las víctimas son ahora un estorbo en su lucha por llegar al poder, aun cuando siguen hablando de utopía, pero esta vez se trata de una utopía democrática. El poder y el olvido de las víctimas son indispensables, según ellos, para llegar a esta nueva utopía democrática. Los pronunciamientos de los partidos políticos —ARENA, democracia cristiana y FMLN— ponen en evidencia que los más deseosos por participar en la política y aquellos que pueden ser acusados de crímenes de guerra o contra la humanidad son los más dispuestos a olvidar el pasado.

No somos los que pedimos justicia los que nos hemos quedado estancados en el pasado, sino aquéllos que se oponen a ésta, porque con su actitud se niegan a transformar las relaciones de poder, incluida la estructura de impunidad, y a limitar la acción arbitraria del Estado.

Con el argumento de defender los Acuerdos de Paz, los sectores más influyentes de la derecha nacional se oponen a que la justicia indague sobre la responsabilidad de ex altos funcionarios estatales en la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, en las instalaciones de la UCA. Los medios de comunicación han sido eco del descontento de la derecha acerca de una eventual investigación en esta dirección. Las noticias y opiniones vertidas no dejan lugar a dudas acerca de quienes se creen los dueños del país. Los principales argumentos en contra de la investigación de los autores intelectuales del crimen de la UCA destacan el hecho de que abre viejas heridas. Se acusa a los demandantes de fomentar el odio y buscar la desestabilización de la sociedad salvadoreña. Se termina oponiendo justicia y paz, acusando de desestabilizadores a los que acuden a los tribunales en busca de socorro.

No cabe duda que la argumentación según la cual la justicia está reñida con la paz, además de carecer de fundamento racional alguno, es tan incongruente como nefasta para el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática. Las reacciones de las últimas semanas en torno a la reapertura del caso de asesinato de la UCA son una muestra palpable de ello. Hacen depender la paz de un cierto sector de la vida nacional y muestran la poca voluntad de los actuales dirigentes del país de cimentar las instituciones nacionales sobre bases sólidas que privilegien una reconciliación con justicia.

La ironía de la historia ha querido que quienes en 1988, con motivo de la celebración del Debate Nacional por la Paz, no escatimaron esfuerzos en calumniar y vituperar a Ellacuría —y a la UCA— por considerarlo el principal instigador de tal iniciativa, se presentan en esta nueva coyuntura como los abanderados de la paz. La farsa no convence porque pretende atropellar legítimos derechos de las víctimas. Además, cuando se saben las verdaderas razones por las que se oponen justicia y paz, la realidad no puede ser más desconcertante. La conclusión es tajante: en nuestro país la justicia no se aplica cuando amenaza la tranquilidad de los poderosos.

La campaña de prensa de los sectores de poder en estos días recuerda la de 1989, en las vísperas de la masacre de la UCA. Si en su homilía dominical del 19 de noviembre de 1989 Monseñor Rivera y Damas responsabilizó la campaña de calumnias y acusaciones, previas al asesinato, de envenenar la mente en contra de los jesuitas, la actual reacción visceral de ciertos sectores nacionales parece buscar los mismos efectos. A 11 años de su muerte, los mártires de la UCA siguen siendo incomprendidos y malinterpretados por la derecha nacional. Sin embargo, la memoria de los mártires debe trascender la incomprensión e intereses de los poderosos de turno. Su desaparición física recuerda las atrocidades del pasado e invita la sociedad a luchar en contra del contexto de injusticia que les arrebató la vida.

Es generalmente aceptado que la muerte de los jesuitas de la UCA es uno de los factores, cuya contribución al diálogo por la paz no debe negarse. Así, la opinión internacional se sensibilizó sobre la dimensión de las atrocidades que se cometían en estas tierras y presionó a las partes en conflicto para que emprendieran el camino de la negociación.

Por otra parte, la contribución intelectual de Ellacuría a la paz salvadoreña es innegable. Fue uno de los primeros defensores de una solución negociada al conflicto. En el momento de las más enconadas luchas, exhortó a las partes en conflicto a deponer las armas para dialogar en torno a los problemas nacionales. Siempre fue partidario de una solución nacional, en un diálogo sincero que tomara en cuenta el sufrimiento de la población para lograr una paz digna y duradera.

En un editorial acerca del significado del Debate Nacional por la Paz (ECA, 478-479, 1988), Ellacuría defendió las conclusiones del debate y analizó sus posibles repercusiones positivas, tanto para la Iglesia que lo había promovido, como para las fuerzas sociales que participaron en él. Advirtió que con la promoción del debate " la Iglesia recuperó su liderazgo no sólo como fuerza nacional genérica, sino como propiciadora y alentadora de la solución política negociada". Al mismo tiempo, destacó que "se consiguió hacer avanzar la idea de la paz en general y de la necesidad de la negociación como medio para conseguir la paz". Además, recalcó que "el debate nacional ha respondido a la necesidad de que los grandes problemas del país sean tratados, no sólo por las fuerzas políticas, sino también, por las fuerzas sociales y, más en general, por toda la población".

Pero una lectura de los principales artículos de opinión de El Diario de Hoy, durante los años de 1988 y 1989, puede dar una idea de cómo los analistas de derecha percibían el tema del diálogo nacional. No sólo boicotearon la iniciativa para propiciar un diálogo nacional, sino que acusaron a sus organizadores de estar al servicio de los intereses de la izquierda. Sin embargo, a pesar de todas las críticas e incomprensiones, Ellacuría siempre defendió la idea de una paz dialogada y concertada con la participación de la sociedad civil. Vio en la participación de sectores sociales en el debate por la paz la posibilidad de potenciar "la sociedad civil frente al Estado", y la de una "potenciación de la democracia, mediante el control del Estado por la sociedad".

En consecuencia, la actitud farisaica de ciertos sectores que descalifican a los que reclaman justicia para las víctimas de atrocidades de la guerra, no se sostiene. La defensa de la democracia obliga a la sociedad civil a luchar contra la impunidad que en el pasado mató y que hoy sigue matando. El camino democrático no se construye de espaldas a las demandas legítimas de la sociedad de justicia y participación. Una paz sin justicia es una apología de la impunidad.

Finalmente, la paz no se desmorona porque se pida justicia a favor de las víctimas del pasado. Este argumento tiene bases débiles, ya que en vez de defender la paz defiende a los victimarios. La paz se desmorona porque las instituciones del presente no logran subsanar los abusos y arbitrariedades de los poderosos. Para construir la paz, es necesario que todos se sientan defendidos por el sistema. Una de las razones por las que la sociedad sangró en el pasado y sigue padeciendo en el presente ha sido la impunidad reinante y la debilidad o inexistencia de las instituciones encargadas de defender a los ciudadanos. De esta manera, la campaña actual de desprestigio en contra de los que reclaman justicia hace más daño a la causa democrática y confunde a los sectores populares. Es imperioso que la sociedad revierta los efectos de esa paz injusta que vivimos por la imperiosa lucha por la democracia.

Más allá de si es competencia de la Fiscalía General de la República o del Órgano Judicial la pesquisa en torno a la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras, la demanda interpuesta por la Compañía de Jesús ha abierto de nuevo la polémica sobre la participación de altos mandos del ejército y del ex presidente Alfredo Cristiani en el monstruoso hecho. La misma Fiscalía ha pedido que se investigue a Cristiani y al ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, como "autores por omisión del delito de asesinato", así como a los generales retirados René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Inocente Montano y Juan Rafael Bustillo por ser "autores mediatos del delito de asesinato".

Esta resolución sugiere que existen méritos suficientes como para abrir una nueva causa en contra de los ex funcionarios señalados, lo cual sin embargo no quiere decir que existan pruebas suficientes para condenarlos. Esto se debe en gran parte a que desde el principio hubo una actitud deliberada de parte del gobierno y del ejército de encubrir la autoría intelectual de la masacre. El informe Moakley, elaborado por una comisión del Congreso de los Estados Unidos, establecía que las pruebas recabadas por la gubernamental Comisión Investigadora de Hechos Delictivos eran insuficientes para acusar a los implicados debido a que no se había investigado debida y suficientemente el caso.

Desde el primer momento las primeras pesquisas arrojaron reveladores detalles que levantaban serias sospechas sobre la participación criminal de los arriba mencionados: de cómo se reunieron el mismo día de la masacre en la Escuela Militar, de cómo la misma fue ejecutada a pocas horas de esa reunión, de cómo participaron en ella militares destacados en la Escuela Militar, de lo increíble que era que el coronel Benavides (el único militar de alto rango que resultó culpable) hubiera decidido por sí mismo la ejecución de la masacre, de cómo se extraviaron misteriosamente los libros de registros de entradas y salidas a la Escuela Militar y de cómo los cadetes de guardia en la Escuela Militar se contradijeron en sus declaraciones (Proceso, 426, 427 y 428).

Aún así, la derecha continua pretendiendo hacer creer que los indiciados en la masacre de la UCA no tuvieron en realidad nada que ver con el asesinato, y que pretender reabrir el caso equivale a desestabilizar el proceso de pacificación del país. En esta línea, se han ubicado sendos comunicados de prensa de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y del partido ARENA, así como varios editoriales de El Diario de Hoy, el rotativo que en las coyunturas críticas del país no oculta su celo antidemocrático. No es extraño que los tres actores coincidan en que es inconveniente y hasta “descabellado” solicitar una nueva investigación en el caso jesuitas, pues sin lugar a dudas ello afecta a personas y sectores que han servido tanto al sector empresarial (en el cual encaja El Diario de Hoy) como al partido ARENA para implementar sus políticas públicas, ya que, a final de cuentas, ARENA es, en esencia, la expresión de los intereses de la gran empresa de El Salvador.

Más aún, la petición de la Compañía de Jesús involucra al ya mencionado Alfredo Cristiani, hasta hace poco presidente de ARENA (ahora presidente honorario) y prominente empresario que —al igual que otros colegas— ha visto crecer su fortuna gracias a las políticas de reprivatización de la banca y otras impulsadas por su mismo partido, con el beneplácito y aprobación de la ANEP.

Según las elucubraciones de la derecha, los padres jesuitas representaron en su momento una amenaza para los proyectos de ARENA y ANEP, en la medida de que eran considerados, erróneamente, como los “aliados intelectuales del FMLN”. En esto contribuyó decididamente la campaña de desprestigio emprendida por El Diario de Hoy en la víspera de la masacre y en la cual sus editorialistas pretendían hacer creer —y quizás en algunos casos lo lograron— que los jesuitas eran elementos clave (y hasta fundamental) para el FMLN.

Así pues, El Diario de Hoy puede catalogarse —suponemos que con mucho orgullo— como responsable parcial de la visión que los autores intelectuales y materiales de la masacre tenían en relación a los jesuitas y la forma de combatir sus ideas. Por ello, no debe de extrañar que ante la nueva demanda de la Compañía de Jesús haya cerrado filas conjuntamente con ARENA y la ANEP.

ARENA ha publicado desplegados de prensa en los que pretende deslegitimar la nueva demanda de la Compañía de Jesús, argumentando que “la justicia salvadoreña juzgó y condenó, en su momento, uno de los crímenes más horrendos que se cometieron en el país”, por lo cual “la amenaza de algunos grupos por reabrir heridas y abonar odios, reviviendo amargos acontecimientos que todos deseamos superar, constituye en nuestra opinión un serio retroceso que pone en riesgo la estabilidad social y el clima democrático que a diario construimos” (La Prensa Gráfica, 22 de octubre de 2000, p. 44). El desplegado también reitera que en ARENA “estamos convencidos de que nuestro Presidente Honorario (Alfredo Cristiani) así como los señores oficiales, generales y coroneles que integraron el alto mando de nuestra Fuerza Armada, merecen nuestro respeto y apoyo”.

En similares términos ha reaccionado la ANEP. Para la gremial, "abrir las puertas para investigar casos de guerra, significa abrir las puertas para que todo salvadoreño que se sienta víctima... pueda denunciar a los responsables”, y agrega que “no es posible que el rencor de unos pocos, constituya la perdición y el desplome de todo un país”. A continuación dice: “no permitamos que el odio, el rencor y las pasiones desenfrenadas de venganza, desestabilicen un proceso de reconciliación nacional que ha constituido un ejemplo para el mundo entero” (El Diario de Hoy, 1 de noviembre de 2000, p. 12).

El editorialista de El Diario de Hoy ha sido, empero, el más empeñado en tratar de deslegitimar y buscar “oscuras intenciones” en “algunos miembros de la Compañía de Jesús”. Así, montó una furibunda campaña de deslegitimación de la nueva demanda de la Compañía de Jesús, recurriendo a valoraciones personales y razonamientos que reflejan lo poco que ha evolucionado su pensamiento desde 1989. De acuerdo al editorial de El Diario de Hoy, “violentar la paz de los muertos para conseguir otras finalidades, no es lo que más beneficia a los salvadoreños, empeñados en superar una desaceleración de la actividad económica” (El Diario de Hoy, 1 de noviembre de 2000, p. 25).

En realidad, este ataque gratuito no sería de extrañar ya que, como se señaló arriba, El Diario de Hoy, y en especial su editorialista heredero, tienen un largo historial de ataques contra la UCA, la Compañía de Jesús y, en su momento, en contra de los jesuitas asesinados por elementos del ejército. Todavía está fresca la insidiosa campaña que este medio sostuvo en contra de los jesuitas en los meses que antecedieron a su vil asesinato a manos de miembros de la "elite" del ejercito salvadoreño.

Los argumentos de la ultraderecha equivalen a decir que grandes crímenes de guerra como los cometidos por los nazis, algunos militares bosnios y guerrilleros de Sierra Leona, por ejemplo, no deberían haber sido perseguidos por que ello “atenta contra los procesos de paz”. Nada más alejado de la realidad. La paz se construye sobre la base de la justicia, y en El Salvador la justicia todavía no ha sido alcanzada, pues persisten muchos de los factores que dieron origen al conflicto armado de la década de 1980: fuerte incidencia de la pobreza, desigual distribución de los beneficios de la producción, concentración económica, poca representatividad de los partidos políticos y de los gobiernos, impunidad. No hay guerra civil pero tampoco en el país hay paz social.

Es precisamente en la búsqueda de la justicia que se enmarca el esfuerzo de la Compañía de Jesús y de los familiares de las monjas Maryknoll asesinadas en 1980 —que recientemente enjuiciaron en Florida a los generales retirados Vides Casanova y García. Todos estos son esfuerzos tendientes a erradicar la impunidad de la sociedad salvadoreña y, en esa medida, a darle mayor viabilidad a la edificación de una paz duradera. Sin embargo, sin pecar de pesimistas, debe reconocerse que las posibilidades de llegar a un veredicto condenatorio para los autores intelectuales de la masacre de la UCA son remotas, debido a la dificultad de establecer la verdad en los términos que las disposiciones jurídicas lo requieren.

Lamentablemente, la realidad es así. Aunque existan elementos que señalan inequívocamente la autoría intelectual —y en algunos casos hasta material— de un crimen, en la práctica se vuelve difícil y hasta imposible llegar a la verdad jurídica que permita una condena judicial. Sin ir muy lejos, el hecho de que los generales Vides Casanova y García resultaran absueltos de las acusaciones de asesinato por omisión en un tribunal federal de los Estados Unidos es una muestra de esta situación. Con todo, ello no obsta para que los ofendidos por cualquier tipo de crimen hagan uso de su legítimo derecho y presenten sus reclamos ante el Órgano Judicial o el Ministerio Público, aun y cuando ello pudiera pesarle a ex generales, ex presidentes, gremiales empresariales o ex guerrilleros.

Es malo el pesimismo en la medida en que atribuye a cualquier situación la mayor imperfección posible, sin que los datos alcancen a avalar tal extremosidad.

Carlos González Reigosa

Este artículo analiza cómo El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica informaron sobre la situación legal del caso jesuitas, del 24 de octubre al 1 de noviembre. Entre estas fechas, el juez Cuarto de Instrucción rechazó la petición de la Fiscalía de “reabrir” la investigación de la masacre de la UCA. Tras la decisión del juez, el fiscal general, Belisario Artiga, anunció que solicitaría la investigación de los mismos hechos, pero en contra de los autores intelectuales, tal y como lo había pedido la Compañía de Jesús.

En el tratamiento de esta información, ambos matutinos contribuyeron a que la discusión legal se deformara en una contienda política partidista de la que los acusadores —es decir, los representantes de la Compañía de Jesús en El Salvador— fueron casi totalmente marginados. Esta actuación poco profesional de los periódicos se reflejó en tres aspectos que serán analizados a continuación: el lenguaje y el tono utilizados, la selección de las fuentes de información y el uso de fuentes vagamente identificadas.

En primer lugar, analizaremos el lenguaje utilizado por los diarios para referirse a los tres actores principales del caso: las autoridades judiciales (Fiscalía y Juzgados), los acusadores (representantes de la Compañía de Jesús), y los acusados (el ex presidente Alfredo Cristiani y el alto mando militar en funciones durante la fecha en que ocurrió el crimen).

El análisis de noticias tiene su respaldo en autores como el holandés Teun Van Dijk, quien sostiene que “un análisis extenso del discurso supone una integración del texto y el contexto en el sentido de que el uso de un discurso en una situación social es al mismo tiempo un acto social”. El lenguaje utilizado por los periódicos salvadoreños, por tanto, no puede considerarse solamente tinta sobre papel, sino que es una “forma de interacción” de los medios con una situación social determinada, como dice Van Dijk.

En general, al informar sobre los procedimientos legales del caso jesuitas, los periódicos no intentaron juzgar las decisiones de fiscales y jueces. En este sentido, su labor estuvo apegada a la información, aunque en algunas ocasiones cuestionaron la actuación de la Fiscalía por su ineficacia en el planteamiento inicial del caso.

En cuanto a los acusadores, la imagen de los jesuitas asesinados y de los demandantes fue asociada con la imagen de un FMLN terrorista, destructor del país, promotor de la desestabilización y contrario al proceso de paz. Esto fue evidente porque cada vez que se habló de las diligencias judiciales en el caso jesuitas, ambos periódicos también incluyeron en sus páginas asesinatos atribuidos al FMLN, por los cuales los ex guerrilleros debían ser investigados, según la prensa. Asimismo, hubo escasas referencias a fuentes que apoyaban la investigación de la autoría intelectual del caso jesuitas. Esas pocas alusiones hacían referencia a que ello contribuiría a cerrar heridas, a fortalecer la paz y a evaluar el sistema de justicia.

Por otro lado, la imagen de los militares acusados y del ex presidente Alfredo Cristiani se vinculó con el profesionalismo, la democracia, la construcción de la paz y la defensa de la patria. El Diario de Hoy incluyó en una de sus páginas una breve descripción de los acusados que estaban “en la mira de Tojeira”. Allí Cristiani era descrito como “promotor de los Acuerdos de Paz que dieron fin a los doce años de agresión armada de la guerrilla del FMLN”. El coronel Helena Fuentes, según el mismo matutino, era “conocido por su iniciativa de acercamiento de los cuarteles a las comunidades civiles, mediante el apoyo a proyectos y obras de estas”. Los generales Larios, Zepeda y Bustillo eran destacados por su profesionalismo militar y su entrenamiento en los Estados Unidos.

Las posturas en contra de las nuevas investigaciones fueron mucho más frecuentes en ambos matutinos, especialmente en El Diario de Hoy. Se insistió hasta la saciedad en que se abrirían “heridas ya sanadas”, se pondría en peligro la paz, se desataría una ola de demandas por otros casos y se fomentaría la división de los salvadoreños. Se insistió también en que había intereses “oscuros” de por medio y en que la venganza era el motor de la demanda. En las noticias, El Diario de Hoy decía que “por revivir los muertos podrían convertirse en sepultureros de la recién nacida paz”, sin atribuir la expresión a ninguna fuente.

Hubo algunas ideas en los periódicos que no fueron ni favorables ni contrarias a la petición de los jesuitas, ya que hacían referencia a procedimientos legales que debía seguir el caso. Sin embargo, tanto en La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy se subrayó particularmente el hecho de que ya había un juicio previo de los autores materiales del crimen, producto de una “exhaustiva” investigación. Tal y como presentaron ese antecedente, los diarios sugirieron que el caso ya estaba juzgado, sentenciado y amnistiado y que, por tanto, la realización de nuevas pesquisas no tenían sentido.

El Diario de Hoy enmarcó casi siempre el asesinato de los jesuitas dentro de la ofensiva que el FMLN realizaba en esos mismos días. En el fondo, se advierte la intención de justificar el crimen como producto de la violencia reinante, en última instancia provocada por los grupos guerrilleros. En una frase más acorde con un editorial que con un texto informativo, un periodista de este matutino dijo que “la noticia (del asesinato de los jesuitas) corrió como reguero de la misma pólvora que había hecho arder parcialmente automóviles y edificios ocupados por los guerrilleros...”.

El lenguaje utilizado para cuestionar la petición de la Compañía de Jesús fue evidente también por la serie de acusaciones de crímenes atribuidos al FMLN que aparecieron en las publicaciones de los diarios en el período de este análisis. En lugar de respetar la iniciativa de los jesuitas, quienes estaban haciendo uso de su derecho de pedir justicia, los matutinos hicieron que la polarización existente en la sociedad salvadoreña se avivara y actuaron más bien como instigadores de nuevos conflictos.

El tono utilizado por La Prensa Gráfica fue más prudente, pues se abstuvo del uso excesivo de calificativos para referirse a acusados y acusadores. Por su parte, El Diario de Hoy hizo sonar tambores de guerra con un lenguaje bien cargado y muy lírico que recordó el estilo de este periódico durante los años del conflicto. En una de sus noticias, decía que “la violencia de la guerra sacudió su alma (la del coronel Antonio Almendáriz) y él, como tantos otros, sabe que abrir casos del pasado no hará más que darle aliento a un fuego que podría consumir al país con más furia”.

En segundo lugar, analizaremos las fuentes de información que más figuraron en las publicaciones de los dos matutinos. De hecho, un recurso para determinar el profesionalismo de un medio es el análisis de sus fuentes, puesto que un principio básico en periodismo es el balance de opiniones. El periodista peruano Gustavo Gorriti afirma que “el solo contraste primario de versiones, por rápido que sea, ya es el primero y a veces decisivo paso de una investigación”. Ninguno de los matutinos respetó este principio.

A pesar de que la noticia principal en este caso fue la apertura de un nuevo juicio por el asesinato de los jesuitas, los representantes de la Compañía de Jesús aparecieron entrevistados únicamente en dos noticias del período analizado y sólo en La Prensa Gráfica. Este matutino citó —en espacios bastante limitados— las reacciones del rector de la UCA, José María Tojeira, y del Vicerrector de Proyección Social, Rodolfo Cardenal. El Diario de Hoy, por su parte, no se preocupó por buscar las reacciones de los demandantes, pero sí se esforzó por presentar el punto de vista del ex presidente Cristiani (quien no quiso dar declaraciones) y de los militares retirados acusados.

La referencia continua a fuentes contrarias a la apertura del nuevo juicio en el caso jesuitas y la escasa alusión a los motivos que llevaron a la Compañía de Jesús a continuar con su demanda de justicia, demostraron claras opciones de parte de los matutinos.

En tercer lugar, la falta de profesionalismo y seriedad en la cobertura periodística del caso jesuitas se evidenció en el uso de fuentes ligeramente identificadas. De este error quedó exenta La Prensa Gráfica. El Diario de Hoy, no. En tres ocasiones, citó fuentes como “políticos y ciudadanos corrientes” y “abogados que pidieron el anonimato”. Una de las citas atribuidas a estas fuentes decía que “la pretensión de los clérigos de la UCA (...) daría pie a un proceso que provocaría al país un desgaste emocional, político y económico de insospechadas dimensiones”. Esto más parece ser el trailer de una telenovela mexicana o venezolana, que una opinión razonada. Además, este recurso aparentaba ser el pensamiento de la tan manoseada opinión pública, cuando en realidad representaba la valoración disfrazada de la dirección del periódico y reflejaba claramente la línea editorial del mismo, como se verá más adelante.

Los periódicos fueron bastante coherentes en sus líneas informativa y editorial. Ambos criticaron fuertemente la apertura del nuevo juicio en sus páginas editoriales. Esto se reflejó ampliamente en las expresiones que utilizaron para referirse a las supuestas consecuencias de la nueva investigación y de las fuentes que incluyeron en sus informaciones.

A diferencia de El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica publicó en este período un solo editorial con un lenguaje menos dramático y también menos incendiario que el de su competencia. La Prensa Gráfica se declaró abiertamente en contra de la apertura del caso jesuitas porque se “podría perturbar de manera muy grave la atmósfera nacional” y porque “revivir las imágenes de las crueles disputas del pasado no serviría para nada consistente”.

Independientemente de su línea editorial, los periódicos no supieron marcar fronteras claras entre opinión e información en el tratamiento de este tema. Sus páginas informativas, especialmente las de El Diario de Hoy, mostraron una evidente mezcla de excesivos juicios y escasos datos.

s criticable también lo apocalíptico de las predicciones en ambos matutinos y el hecho de que en sus páginas informativas hayan faltado a principios básicos del periodismo profesional. Por un lado, fue constante el uso de un lenguaje que más que contribuir a la sana discusión del asunto, generó más confrontación entre la izquierda y la derecha salvadoreñas. Además, en el caso de El Diario de Hoy, se notó un excesivo uso de calificativos innecesarios en el estilo periodístico —que, en teoría, debería alejarse del enjuiciamiento burdo de los hechos. Por otro lado, el contraste de fuentes no se materializó en las noticias de ninguno de los diarios, ya que se privilegiaron unas en detrimento de otras.

Este análisis de noticias y editoriales ayudó a conocer la estructura del discurso periodístico, que para Van Dijk desvela las ideologías imperantes en la producción de noticias. Por sus omisiones y énfasis, ambos matutinos se identificaron con los intereses de un solo sector en esta querella, lo cual es válido en las páginas editoriales, pero debería ser menos evidente y más profesionalmente abordado en las páginas informativas.

A continuación presentamos las frases que utilizó El Diario de Hoy para referirse a la apertura de un nuevo juicio en el caso jesuita dentro de sus tres editoriales:

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Colaboración de Nataly Guzmán y Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

Segundo Montes impulsó en la Universidad "José Simeón Cañas" la carrera de sociología, convencido de la necesidad de formar profesionales para el cambio social. La permanencia de unas estructuras económicas, políticas y sociales injustas e insostenibles y la polarización ideológica determinada por el conflicto Norte–Sur y Este-Oeste, condujo a Segundo Montes a forjar y desarrollar una escuela sociológica caracterizada por la observación empírica y el seguimiento directo de la realidad. Esta sociología aplicada delineó los horizontes paradigmáticos y metodológicos de la investigación social, comprometiendo a la academia con los procesos de cambio social.

Su talante intelectual, impregnado de sensibilidad social lo llevó como académico a investigar la realidad social de El Salvador y Centroamérica hasta el día de su martirio. La teoría deja de ser en Segundo un “dogma de fe” para convertirla en linterna que ilumina el proceso de investigación de cuyo seno emerge el conocimiento de la realidad concreta del país. Segundo Montes no se conformó con escribir artículos de opinión, quería aportar a la explicación científica de los problemas de El Salvador. En este sentido, se interesó por aplicar las teorías sociológicas de acuerdo al “dato científico” obtenido en sus investigaciones, haciendo posible una explicación coherente de sus causas y efectos. En su trabajo sobre el “compadrazgo” se observa con claridad la aplicación de su método y la interpretación sociológica, a través de la cual ayuda a entender los procesos culturales de legitimación del orden social establecido,

Muy lejos de los calificativos gratuitos de algunos críticos de su escuela sociológica, la obra de Segundo Montes, está más allá de la presentación y explicación empírica de los resultados de sus investigaciones. En sus escritos hay un serio esfuerzo de interpretación de los procesos sociales que investigó, a partir de la íntima relación que se da entre la teoría y la praxis. Ejemplo elocuente de la profundidad de sus estudios es la obra El Agro Salvadoreño, en la cual se apunta inequívocamente al proceso de descomposición de la economía del sector agropecuario y establece las consecuencias sociales y políticas que generaría para el país.

Toda su producción intelectual se caracteriza por la presentación de interpretaciones novedosas de los procesos sociales, superando con creces las interpretaciones limitadas de economistas, sociólogos y politólogos, basadas en modelos clásicos impregnados de supuestos teóricos alejados del contexto histórico y coyuntural de El Salvador.

La rigurosidad de su método sociológico lo llevó a descubrir importantes hallazgos en relación al proceso revolucionario que vivía el país. Al no encontrar una explicación convincente con respecto a la dinámica de reproducción de las estructuras del sistema económico, se dedicó a estudiar el fenómeno de las emigraciones y su relación con las remesas familiares, con el fin de determinar su impacto en El Salvador. Los resultados de su investigación abrieron un nuevo marco interpretativo para explicar la dinámica de reproducción de estas estructuras del sistema económico. Demostró a las fuerzas sociales y políticas del país que la riqueza y estabilidad económica ya no estaban basadas únicamente en la producción agroexportadora, sino también en el trabajo de los emigrantes y en las remesas familiares que permanentemente envían al país.

Una constante de la sociología aplicada de Segundo Montes es su enfoque propositivo. Sus investigaciones aportan elementos de solución a los problemas enunciados. Indiscutiblemente detrás del investigador encontramos al hombre preocupado por el sufrimiento humano. Al hombre que creía profundamente en el cambio social. Este carisma académico y esta vocación por la transformación social se ilustra en sus visitas a campamentos de desplazados y refugiados.

Segundo Montes le abrió una brecha a la sociología. Demostró la importancia de sus aportes y la necesidad social de formar a profesionales en esta disciplina. La escuela de sociología de la Universidad "José Simeón Cañas", se nutrió de las investigaciones impulsadas por su fundador. Esto nos demuestra la importancia de interrelacionar permanentemente el campo de la investigación, con el campo de la docencia y de la proyección social y viceversa. Nos enseña que la teoría se enriquece con los aportes de la investigación y esta última se interpreta mejor con los referentes teóricos y conceptuales.

Sus principios éticos y su talante académico lo revistieron de autoridad moral, desde donde se pronunció a favor de los derechos humanos de aquellos grupos y sectores sociales más vulnerables a la represión del Estado y sus cuerpos de seguridad. El IDHUCA constituye la mejor expresión de lo que debe ser la proyección social de una universidad preocupada por el destino de las mayorías desposeídas. No nos cabe la menor duda de que las enseñanzas y ejemplo de Segundo Montes siguen alimentando el sueño de forjar la sociología como una disciplina comprometida con el cambio social.

En la actualidad han tomado protagonismo en el escenario nacional nuevos fenómenos sociales, entre ellos: el problema de la violencia delincuencial, el deterioro del medio ambiente, la globalización económica, etc, Lamentablemente los esfuerzos académicos por explicarlos causalmente son dominados por los enfoques unilateralistas que, a su vez aportan soluciones incompletas y distantes. ¡Qué falta nos hace Segundo Monte para descubrir el punto medular de estos conflictos!

Quizá el reto más grande que tenemos los que fuimos formados por él —o le conocimos a través de sus obras— sea descubrir la causa fundamental de estos conflictos y que de tal descubrimiento podamos aportar propuestas de solución que trasciendan los inmediatismos de aquellos sectores públicos y privados que no les interesa el cambio social.
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Colaboración del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

El undécimo aniversario del martirio de seis sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras es una nueva oportunidad para recordarlos con alegría y admiración, entre otras cosas porque al realizar sus obras y entregar sus vidas siempre abogaron por el respeto y la vigencia de los derechos humanos sin distinción alguna, pero con especial atención en quienes más sufrían por la muerte lenta y violenta que imperaba en el país durante la década de los ochenta. Sin lugar a dudas, después de su sacrificio, “brillan como lumbreras en el mundo, mostrando una razón para vivir” (Fil.2, 14). Al mismo tiempo, el recuerdo de aquél fatídico día no puede desligarse de la forma en que ocurrieron sus muertes: ejecuciones realizadas a sangre fría, planificadas y ordenadas por el grupo de oficiales que manejaba a su antojo la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), ejecutadas por elementos élite en el marco de un operativo militar, que contó —sin lograr un éxito absoluto— con el encubrimiento generado desde los niveles más altos del gobierno y de la misma milicia. Paradójicamente los sacerdotes asesinados fueron víctimas de las prácticas sistemáticas de graves violaciones a los derechos humanos que tanto denunciaron y que sus asesinos tanto negaron. En esa época, la inestabilidad era evidente; ahora, ¿es El Salvador un país estable?

La razón de esa interrogante se irá descubriendo a lo largo de estas líneas. Antes debemos recordar que desde aquel trágico 16 de noviembre de 1989 transcurrieron diez años, hasta el año pasado, sin que los esfuerzos por sancionar justamente a los responsables últimos de la masacre arrojaran algún resultado favorable, aunque fuese mínimo. El muro de la impunidad dentro del país ha sido lo suficientemente fuerte para soportar los “golpes” que se le han intentado dar para derrumbarlo. En el caso “Jesuitas”, adelantándose a cualquier iniciativa de la parte ofendida, de entrada se trató de evadir cualquier sospecha de la manera más burda: simulando un enfrentamiento después de realizadas las ejecuciones y dejando un cartel firmado por la guerrilla como supuesta autora de los crímenes.

Además, se desató una fuerte campaña oficial en ese sentido dentro y fuera del país. De ella, destaca la actividad desarrollada por el Fiscal General de entonces —un funcionario profundamente ideologizado y jurídicamente miope, de esos que creíamos ya no existían— quien centró sus esfuerzos en risibles cartas a autoridades gubernamentales en el exterior —incluidas las del Vaticano— achacando la responsabilidad de la masacre a las fuerzas insurgentes. Todo ello, en un vano intento por evitar que se investigara a los verdaderos autores ubicados dentro del ejército. Pero no funcionó lo que antes, durante los años de la guerra y la violencia política, fue costumbre. Así, todavía muy seguros de sus maniobras, recurrieron a otra alternativa más “sofisticada”: “sacrificar” temporalmente a nueve de sus efectivos, entre ellos un coronel, para apaciguar a la opinión pública nacional e internacional. Ese fue el resultado de las presiones de la Casa Blanca, sobre todo tras la “indiscreción” de un alto oficial militar estadounidense después de la cual fue imposible evitar que la investigación apuntara a los militares.

No obstante ello, jamás se investigó la autoría intelectual del crimen. Las autoridades se limitaron en aquel momento al enjuiciamiento de los efectivos que dispararon y de los oficiales que los acompañaron dentro de la residencia de los jesuitas, lugar donde ocurrieron los hechos, junto a dos jefes de la Escuela Militar. A esto, habría que agregar que la Fuerza Armada utilizó todo su poderío e influencia para impedir que la investigación fiscal y judicial fuera más allá de donde ellos lo permitían. Así concluyó el proceso en un tribunal salvadoreño, sólo con la condena de los dos jefes de la Escuela Militar antes mencionados.

Pero como nos encontrábamos en guerra y —como ya se señaló— reinaba la inestabilidad, la justicia no le ganaba a la impunidad. En un artículo reciente, el actual presidente de la República —actuando como columnista de un conocido matutino local— describió el escenario de entonces de la siguiente manera: Por más de una década, El Salvador fue presentado ante el mundo como un país en que reinaba el conflicto social y la inestabilidad. En aquellos días, las consecuencias de un largo conflicto se dejaban sentir sobre nuestra realidad nacional, afectando cada aspecto del desarrollo humano.

Y continúa el presidente Francisco Flores con otra formulación: A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, sin embargo, la situación comenzó a mejorar. Decidiéndonos por la paz, los salvadoreños hemos avanzado, desde principios de los 90, en el camino de la democracia, la concordia y la libertad. De verdad, con toda sinceridad, no entendemos en donde cabe la justicia dentro de esa bucólica descripción de la realidad salvadoreña que hace el mandatario, tras el fin de la guerra. Porque, por más empujones que se le dieron al muro de la impunidad en los primeros años de la posguerra, nada parecía cambiar en esencia. Por el contrario, lo que se percibía era un afianzamiento de los victimarios en la seguridad de ser intocables y una brutal bofetada en el rostro de sus víctimas.

Un valioso esfuerzo para hacer de El Salvador un país con justicia y evitar volver a la tragedia, quedó plasmado de forma puntual en el primer capítulo del acuerdo final de paz —conocido como el de Chapultepec— que en su numeral cinco dice textualmente:

Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. TODO ELLO SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO, QUE LAS PARTES IGUALMENTE RECONOCEN, DE QUE HECHOS DE ESTA NATURALEZA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SECTOR AL QUE PERTENECIERON SUS AUTORES, DEBEN SER OBJETO DE LA ACTUACIÓN EJEMPLARIZANTE DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, A FIN DE QUE SE APLIQUE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES LAS SANCIONES CONTEMPLADAS POR LA LEY. (Las mayúsculas son nuestras).

Otro empujón que se le dio a ese muro, tiene relación con lo anterior: el trabajo de la Comisión de la Verdad y su informe. Pero ambos intentos fueron sorteados por aquellos funcionarios acusados de haber participado en hechos de la naturaleza citada en el párrafo anterior y sus cómplices. ¿De qué manera? Pues en primer lugar mediante la solicitud anticipada del entonces presidente Alfredo Cristiani, quien por cadena nacional informativa se pronunció —el 14 de marzo de 1993— a favor de imponer un lamentable “borrón y cuenta nueva”. En segundo término, a través de la descalificación inmediata, abierta y visceral de dicho informe por parte del mismo Alto Mando castrense y la Corte Suprema de Justicia en pleno. Por último, con la aprobación de una amnistía general —aberrante por su contenido y formulación— el 20 de marzo de 1993, a sólo cinco días de haberse realizado la presentación pública del informe de la Comisión. De esa forma, los dos condenados en el caso “Jesuitas” salieron libres y —aparentemente— el “problema” estaba resuelto.

Se dijo entonces que la amnistía era lo más prudente para “la estabilidad del país”; de lo contrario, “la guerra habría estallado de nuevo”. Además, siempre se trajo a cuenta que era necesario esperar al fortalecimiento de una institucionalidad surgida de los acuerdos de paz o renovada por ellos. Como ya se vio, no existía ningún asomo de voluntad para cumplir con el compromiso que las Partes se establecieron en función de superar —de una vez por todas— la impunidad. Y como las instituciones nacionales reclamaban tiempo para arrancar, la UCA reactivó la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el mismo 16 de noviembre de 1989. ¿Qué se podía hacer para alcanzar verdad, justicia y perdón en el caso “Jesuitas” si el país aún no alcanzaba la estabilidad suficiente para juzgar normalmente a los responsables de crímenes atroces y dar respuesta a las víctimas o sus familiares?

Dicha Comisión emitió su informe final al respecto en noviembre de 1999, concluyendo —entre otras cosas— que con la masacre de la UCA el Estado salvadoreño había incurrido en violaciones graves a los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ellos, señaló los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. Con relación al último, es necesario traer a cuenta las propias palabras que la CIDH utilizó para formular su posición: la aplicación del Decreto de Amnistía eliminó la posibilidad de emprender nuevas investigaciones judiciales tendientes a establecer la verdad mediante el Poder Judicial y afectó el derecho de los allegados a las víctimas y DE TODA LA SOCIEDAD A CONOCER LA VERDAD. (De nuevo, las mayúsculas son nuestras).

En la misma resolución, la Comisión recomendó al Estado de El Salvador iniciar de inmediato las investigaciones para deducir responsabilidades en torno a los asesinatos, así como derogar la amnistía por ser una clara violación a derechos consagrados en la referida Convención Americana. Ante tales señalamientos, el gobierno respondió como siempre lo ha hecho ante este tipo de situaciones, embarazosas para un régimen autoritario pero no para un país normal y estable: hizo caso omiso de ellos. No obstante, después de diez años en este afán, se había conseguido algo de una entidad como la CIDH que forma parte de nuestra institucionalidad ya que fue creada por la Convención Americana, instrumento jurídico internacional firmado y ratificado por el Estado salvadoreño y, por ende, parte de su normativa interna.

Sobre esa base, amparada en la razón y la ley, por primera vez la UCA denunció ante la Fiscalía General de la República a los sospechosos de ser los autores intelectuales del múltiple crimen. Lo hizo hace pocos meses, el 27 de marzo del 2000, en un marco descrito por el presidente Flores —en el cierre de su ya citado artículo— de la siguiente manera: Nuestra capacidad de trabajo, nuestra firme vocación democrática y el valor que le damos a nuestra libertad, son motivos suficientes para esforzarnos en el presente y ver con optimismo el futuro. Es así como EL SALVADOR CAMINA HACIA EL DESARROLLO SOBRE BASES SÓLIDAS. (Otra vez, las mayúsculas son nuestras).

A la UCA, le ha costado mucho trabajo —dentro y fuera del país— llegar hasta donde ha llegado en su afán de establecer la verdad, recibir justicia y otorgar perdón en el caso “Jesuitas”; entonces, no hay contradicción con las palabras del presidente. Como la democracia y la libertad tienen que ver con la posibilidad de hacer uso de las instituciones legales para fines lícitos, siempre que le interese y así lo desee cualquier ciudadano, pensamos que también se está en consonancia con las palabras del funcionario. En lo que sí no estamos de acuerdo, con toda seguridad, es en lo relativo a lo de un país con bases realmente sólidas. Y parece que tampoco lo está su “consejero” en materia de seguridad pública, porque el mismo día y en el mismo periódico que publicó su columna el presidente Flores, Salvador Samayoa afirmó entre otras cosas —refiriéndose al Órgano Judicial y la Fiscalía, no así a la Policía por razones obvias— lo siguiente: Nuestra hipótesis es que estas instituciones tienen cáncer; que arrastran aún graves distorsiones del pasado y que han acumulado, con el paso del tiempo, factores considerables de infiltración de intereses asociados al crimen organizado… ESTOS SON LOS PROBLEMAS QUE HACEN INOPERANTE, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, Y CÓMPLICE DE LA IMPUNIDAD, EN EL PEOR DE LOS CASOS, A TODO EL APARATO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Siguen siendo nuestras las mayúsculas).