El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 929
Noviembre 29, 2000
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial El fenómeno de la violencia en El Salvador
Política Política nacional: impresión y realidad
Economía En la ruta de dolarización
Sociedad Consideraciones en torno al impacto social de los secuestros
Internacional América Latina en el proceso electoral de EEUU
Comentario Heterogeneidad social y participación política
Derechos Humanos La PDDH: un problema aún sin resolver
 
 
 

EDITORIAL

    Desde que en la UCA se publicaron los resultados de una investigación sistemática sobre la violencia en El Salvador (octubre de 1997), otros estudios se han realizado en la misma dirección, tanto en la misma UCA como en otras instituciones y centros de investigación del país. A estas alturas, hay una serie de conocimientos adquiridos sobre el problema de la violencia, los cuales son un punto de partida ineludible para avanzar más en la comprensión del fenómeno y para diseñar mecanismos de solución.

    A continuación se exponen, resumidamente, los conocimientos adquiridos en materia de violencia en El Salvador.

1. La violencia que irrumpe en la década de los años 90 en El Salvador es una violencia social, es decir, una violencia que, por un lado, atraviesa al conjunto del tejido social en todos sus niveles y sectores; y, por otro, afecta cotidianamente a todos los habitantes del país, aunque en grado diverso. Las expresiones más llamativas de esa violencia social son la violencia de los conductores de vehículos (del transporte público y privado), los conflictos entre pandillas juveniles (maras), la delincuencia común, los secuestros y las violaciones. Pero hay manifestaciones más ocultas (o relativamente más ocultas) de ella: la violencia intrafamiliar, en las escuelas y la que se da en los centros de trabajo, por ejemplo la que se genera en las maquilas.

2. Los niveles de violencia en El Salvador son tales que hacen del país uno de los más violentos de América Latina, muy cerca de Colombia. La cifra aproximada de un promedio de 128 homicidios sobre 100 mil habitantes así lo refleja. Esto fue reconocido hasta hace poco en los círculos de gobierno, por lo menos abiertamente. La empresa privada también la ha reconocido, por lo menos desde hace más o menos un año. Sin embargo, su toma de conciencia ha sido tardía, lo cual impidió diseñar, con anticipación, una estrategia integral de seguridad ciudadana.

3. La convivencia social en El Salvador está siendo fuertemente socavada por el crimen, la violencia y la impunidad. Hasta ahora, no aparecen en el horizonte señales que indiquen un cambio de rumbo, sino más bien todo lo contrario. Así las cosas, el país se encamina hacia un mayor deterioro en el tejido social, del que sólo podrá salir a partir de un cambio drástico en los usos y costumbres de quienes, al amparo de unas instituciones poco sólidas, han hecho de la fuerza, la prepotencia y el abuso una forma de vida.

4. La portación y tenencia de armas de fuego es uno de los factores que más incide en el alto número de homicidios: por ejemplo, del total de homicidios en el Area Metropolitana de San Salvador (AMSS), ocurridos en 1998, el 60% fue causado con arma de fuego. Ese porcentaje se ha venido incrementando desde 1995, y no hay razones para pensar que vaya disminuir en el futuro —a menos que se ponga en práctica una estrategia de control de armas que lleve a la desarmamentización de la sociedad.

5. La violencia trae consigo unos significativos costos económicos que limitan las posibilidades de desarrollo del país. Por un lado, están los gastos familiares en seguridad —vigilancia, portones, muros, alarmas—; en segundo lugar, los gastos relacionados directamente con pagos de secuestros o en recuperación médica de las víctimas de la violencia; en tercer lugar, lo que gasta el Estado en la policía, los tribunales y el sistema de salud. A medida que la violencia se incrementa, esos gastos también aumentan, con lo cual la economía nacional se ve seriamente perjudicada. Para hacerse una idea de la situación: en 1997 los costos personales por lesiones fueron de un poco más de 27 mil dólares. Mientras que, para el mismo año, los gastos legales e institucionales a algo más de 284 mil dólares.

6. La violencia en El Salvador tiene muchas facetas, siendo una de las más preocupantes el crimen organizado, quizás el más difícil de combatir por los nexos políticos, económicos y policiales que ha desarrollado, así como por sus ramificaciones en Centroamérica (redes de narcotraficantes, redes de robacarros, redes de secuestradores). Con bastante seguridad se puede hablar de una “integración” centroamericana por la vía del crimen, misma que ha avanzado con más rapidez que los esfuerzos de los gobiernos del área por establecer vínculos firmes de cooperación económica, social y política.

7. La respuesta gubernamental al problema de la violencia ha privilegiado, hasta hace poco, la dimensión coercitiva (reacción violenta a la violencia), olvidando las dimensiones preventiva y correctiva. El nivel reactivo, como la misma expresión lo dice, consiste en la respuesta que se da ante una situación de violencia que puede ser de impacto individual o de impacto grupal.. El nivel preventivo trata de crear las condiciones —sociales, económicas, políticas, culturales— que favorezcan un clima de respeto y tolerancia entre los miembros de la sociedad. Prevenir es favorecer el surgimiento de espacios de recreación, culturales y deportivos, que no sólo sirvan de canal de expresión para las energías grupales —sobre todo, de los adolescentes—, sino para que las personas aprendan a compartir sueños y proyectos. Pero no sólo eso: se trata también, en segundo lugar, de crear ordenamientos sociales y económicos con un mínimo de equidad y justicia, puesto que una de las fuentes de violencia en sociedades como la salvadoreña es la desigualdad socioeconómica prevaleciente. Y todo ello, en tercer lugar, debe ser sostenido por un entramado legal-institucional capaz de responder a los complejos desafíos que plantea la seguridad ciudadana en el momento actual.

8. Los esfuerzos desplegados por el gobierno central para garantizar la seguridad ciudadana —vista como un problema de seguridad pública— no han sido tan exitosos como creyeron quienes han defendido el enfoque meramente reactivo. El énfasis puesto en esa dimensión, en detrimento de la dimensión preventiva, ha revelado graves deficiencias. Aparte de ello, las instituciones responsables de la seguridad pública —PNC, Ministerio de Seguridad Pública y Sistema Judicial— no sólo han sido invadidas por el crimen —caso concreto de la PNC— sino que no han podido articular su trabajo, dando pie a la incompetencia y al encubrimiento.

9. En El Salvador persisten esquemas culturales en los que se valora positivamente a la fuerza, la agresividad y la prepotencia como estilos ideales de comportamiento. Es decir, hay esquemas culturales autoritarios heredados del pasado que favorecen el abuso y la violencia sobre los más débiles. Y esto de un modo generalizado en el conjunto de la sociedad.

10. El problema de la violencia exige un compromiso de la sociedad civil para su erradicación o disminución, lo cual supone un mayor protagonismo a los gobiernos locales en el fortalecimiento de la participación ciudadana, toda vez que el gobierno central no ha sido capaz de enfrentar integralmente el problema.

POLÍTICA

[Extracto]

    Estamos en tiempos de transición, las cosas serán mejor mañana. Es la mínima conclusión que se puede sacar si se toman en serio las últimas declaraciones de algunos funcionarios estatales con relación a sus planes de solución a los problemas de seguridad pública, crisis económica y depuración de funcionarios corruptos e incompetentes que plagarían la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial. Con la integración del Plan de Nación en La Nueva Alianza —supuesto programa de gobierno del presidente Francisco Flores—, la inminente ratificación de la Ley de Integración Monetaria y la promesa hecha por el Director de la Policía Nacional Civil de erradicar por completo del jugoso negocio de los secuestros en 2001, el gobierno del presidente Flores encontraría finalmente el camino del desarrollo y la respuesta a los problemas que sacuden la vida nacional. La ofensiva publicitaria gubernamental hace creer que estas son las más acertadas, audaces y únicas medidas para encaminar al país hacia el progreso y terminar con el estancamiento que corroe las bases de la economía nacional.

ECONOMÍA

[Extracto]

    Después de casi cuatro años de debate, la dolarización de la economía salvadoreña parece estarse imponiendo en las visiones y estrategias, tanto del gobierno como del sector empresarial. Al menos así lo refleja el anteproyecto de Ley de Integración Monetaria que el pasado 22 de noviembre presentara el presidente Flores, el cual en la práctica viene a convertirse en una dolarización debido a que vuelve obligatorio el uso del dólar en el sistema financiero. No están claras las verdaderas razones de esta medida, pero lo que sí es cierto es que el gobierno afirma que la misma se adoptará con el objetivo final de reducir las tasas de interés de la banca comercial —o al menos así se colige del discurso del presidente Flores. Paradójicamente, este hecho no depende, en lo fundamental, de la fijación del tipo de cambio en 8.75 colones; de hecho, El Salvador ha tenido tipo de cambio fijo prácticamente desde 1992, sin que por ello las tasas de interés tendieran a la baja. Por si fuera poco, no hay razones para fijar el tipo de cambio debido a que el riesgo de devaluación es mínimo gracias al respaldo de los dólares provenientes de las remesas familiares, los cuales permiten acumular reservas internacionales netas y mantener fijo (o incluso disminuir) el tipo de cambio.

SOCIEDAD

[Extracto]

    Una vez más, la opinión pública nacional vuelve a inquietarse por la amenazadora (omni)presencia de la industria del secuestro. Aunque la atención de los medios de comunicación social se concentre por ahora en la última propuesta económica del gobierno, hace pocos días todo indicaba que la población del país volvería a entrar en la dinámica de condenas y manifestaciones públicas que ciertos sectores realizan en contra de los secuestradores. Primero, gracias a la publicidad que se le dio a algunas capturas de poca monta hechas por la PNC, que trataron de presentarse como verdaderos reveses para quienes se dedican a esta práctica delictiva. A esto le siguió el singular caso del secuestro de un miembro de la familia Zablah, en el que estaría implicado un empresario de espectáculos que gozaba de cierto prestigio en su área. Finalmente, con la conmoción generalizada que provocó el hallazgo del cuerpo de la señora Irma de Torres, desaparecida hace varios meses y por quien se había pagado, infructuosamente, un jugoso rescate para lograr su libertad.

INTERNACIONAL

[Extracto]

    El proceso electoral de Estados Unidos ha sido el escenario oportuno para que los principales candidatos a la presidencia y vicepresidencia —la fórmula demócrata Gore/Lieberman y la republicana Bush/Cheney— presentaran sus respectivos programas de gobierno y expusieran sus principales iniciativas en caso de resultar ganadores. La educación, los derechos civiles, la seguridad social, el medio ambiente, la tecnología, la defensa y la política internacional son algunos de los tópicos más mencionados. Precisamente, este último tema es el que ha suscitado mayor expectativa en todo el mundo. Es en ese sentido que el rumbo de la política exterior hacia China y Taiwan, la posición ante el conflicto palestino-israelí en Medio Oriente y las relaciones de cooperación con Rusia, entre otros, se han perfilado como puntos de suma importancia para el nuevo gobierno estadounidense.

COMENTARIO

[Extracto]

    No es posible reflexionar sobre pluralismo político, sin antes hacer referencia a la heterogeneidad social, que deriva en una representación política de cuya diversidad y autenticidad dependerá la existencia o no del pluralismo político. La homogeneidad social es algo que está vedado desde el mismo momento que la naturaleza nos hace con ciertas diferencias, diferencias que posteriormente se concretizan en la sociedad, con las desigualdades generadas por la propiedad o no de los medios de producción, o bien por el lugar que ocupamos en función del status adscrito o adquirido que la sociedad nos otorgue. Siendo así las cosas, en las sociedades se pueden encontrar una diversidad de sectores sociales tanto como diversidad de funciones existan en ella. El punto está en reflexionar si todos esos grupos son reconocidos socialmente como tales, y si ese fuera el caso, cuál sería el grado de influencia o participación que los mismos tendrán en aquellas decisiones trascendentales para la vida de su sociedad y para la vida particular que como sectores concretos les compete. Es desde aquí donde entramos al tema de la representatividad.
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* Colaboración de Joaquín Aguilar, Catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

DERECHOS HUMANOS

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución generadora de tanta esperanza para El Salvador, continúa sin que su titular sea nombrado por la Asamblea Legislativa. Tal parece que la “defensoría del pueblo” ha sido relegada y olvidada por los padres de la patria y que la otrora instancia generadora de serios debates y señalamientos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, ahora no es más que un simulacro o mueca desagradable de lo que fue. Pálida y desmejorada, pero todavía con pulso sanguíneo está siendo tratada en cuidados intensivos por su titular en funciones Marcos Valladares, quien carga con el desprestigio de haber llegado a su despacho mediante un acuerdo político que lo ubicó como el segundo de Eduardo Peñate Polanco. Obviamente la PDDH casi queda absolutamente destruida, luego que Peñate Polanco la dirigiera por más de un año. La carencia de cualidades para ejercer el cargo y el abuso de poder con que este ex procurador se condujo, provocaron el desprestigio y la calamidad de la institución —creada en 1992 como resultado de la firma de los Acuerdos de Paz— no sólo en el ámbito nacional sino también internacional.

    Este descrédito todavía es evidente y se ha generado una involución importante en la presencia que tiene la PDDH y su respectivo titular en los asuntos trascendentales de la nación, sobre todo si tomamos en cuenta que el Procurador de los Derechos Humanos es quien por mandato constitucional debe “velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos”. Desde el pasado 8 de febrero, Valladares ha dirigido la PDDH de una manera tímida y poco relevante que ha quedado de manifiesto en algunos hechos emblemáticos, como la falta de pronunciamientos en torno a la explosión del polvorín y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las medicinas y su poco dinamismo para enfrentar la problemática de los derechos de las víctimas que siguen siendo perjudicadas por la impunidad y por un sistema penal deficiente, entre otros. Sin embargo no puede hacerse una crítica objetiva si no tomamos en cuenta que, igualmente, ha dado importantes resoluciones en otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. Los dictámenes emitidos por el adjunto sobre el papel “negligente e ineficaz” de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del asesinato y violación de la menor Katya Natalia Miranda Jiménez, en el que ninguna de las dos instituciones investigó adecuadamente quien o quienes fueron los responsables del crimen, produciéndose entonces un resultado frustrante para la población: la impunidad. Además fue capaz de manifestar en torno al mismo caso, que el Organismo de Inteligencia del Estado interfirió ilegal e indebidamente en las investigaciones. Asimismo, la PDDH acertó al condenar a la PNC por violaciones a los derechos humanos cuando los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), acatando la orden del director de la corporación Mauricio Sandoval y haciendo uso innecesario de la fuerza dispararon balas de perdigones y lanzaron gas pimienta, gases lacrimógenos y agua para disolver una protesta, que los sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) realizaron en marzo pasado en los alrededores del Hospital Rosales y Médico Quirúrgico. Estas resoluciones de la PDDH, si bien es cierto carecen de la calidad académica deseada, representan —al menos— una señal de vida de la institución.

    No obstante, también debemos tomar en cuenta que desde hace nueve meses que Valladares está —tal como él lo declaró a La Prensa Gráfica— “teniendo la peña”, no se ha evidenciado ningún aumento en el número de denuncias y resoluciones que debería recibir y emitir la PDDH.

    Si a esto sumamos que existen dos expedientes abiertos en contra de Valladares por supuestas violaciones a los derechos laborales de dos trabajadores de la institución y una denuncia en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la supuesta remoción arbitraria de una jefa de la institución, así como conocidas diferencias con la Procuradora Adjunta para los Derechos de la Niñez (PADN), Gloria Ayala de Gavidia por el proyecto de defensorías auspiciado por UNICEF, hacen que Valladares no pueda considerarse idóneo para desempeñar las distinguidas funciones que le exige su investidura. Así las cosas, si bien es cierto que la PDDH no ha muerto con Valladares, está muy lejos de ser la institución ágil, saludable y fuerte que necesitamos los y las salvadoreñas.

    Por otro lado, parecen continuar siendo inútiles los esfuerzos por aumentar el presupuesto de la institución, el cual sigue siendo el más bajo de todo el Ministerio Público. A consecuencia de ello, desde junio pasado, los miembros de la Asociación de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (ASEPRODEH), se distanciaron de Valladares. Según los empleados de la PDDH el procurador no ha cumplido con sus demandas laborales; además no ha solicitado un refuerzo presupuestario pese a que la Asamblea Legislativa recortó 2.8 millones de colones para el ejercicio de este año y critican el que no haya presentado la propuesta de aumentos salariales a la Asamblea ni al Ministerio de Hacienda.

    “En cuatro meses el procurador —Valladares— no ha hecho nada. Ya pasó el tiempo del beneficio de la duda”, expresó el secretario de actas de la asociación, Miguel Ernesto Alfaro en aquella oportunidad.

    Este contexto, es el que vuelve más urgente que nunca la definición sobre el rumbo que se le dará a la PDDH, ya que para poder asumir de nuevo el papel que le corresponde necesita ser dirigida por una persona realmente capaz, que pueda evaluar los daños por medio de un buen diagnóstico, retomar el rumbo, ordenar la casa y devolverle la dignidad y el lugar que le corresponde, no sólo a la PDDH, sino a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos que están prácticamente desamparadas.

    Por ello, que la Asamblea Legislativa elija a la persona adecuada para ocupar el cargo de Procurador o Procuradora de los Derechos Humanos debería ser un problema que quite el sueño a los diputados y diputadas, sobre todo para seleccionar a alguien que más que nada, debe poseer la altura y robustez moral exigida para el cargo, y aquí el proceso de selección debe ser implacable y la Asamblea Legislativa deberá asumir, quizá por vez primera en las elecciones de segundo grado el “esfuerzo” de congraciarse con la sociedad, proporcionándole el Procurador o Procuradora que se merece.

    Sin embargo, se percibe más bien una actitud pasiva y desinteresada con que los miembros de la Asamblea Legislativa están seleccionando a la persona “idónea”, lo que denota que no tienen mayor interés en nombrar al Procurador para que éste pueda darle el empuje que le falta a la institución y sacarla del hoyo en el que se encuentra. Es más, debemos tener en cuenta que los legisladores habían acordado que Valladares solo estaría a cargo de la PDDH por 60 días con el objetivo que el nombramiento del funcionario no se viera como una decisión política o partidista dado que en marzo se llevarían a cabo los comicios electorales. No obstante, han transcurrido nueve meses desde que los legisladores tomaron esa decisión y éstos aún no se ponen de acuerdo en quién será el nuevo funcionario que defienda los derechos del pueblo.

    La Procuraduría además necesita de una persona con dinamismo, experiencia, profesionalismo y moralmente intachable, capaz de llamar la atención y pedir al resto del Estado el apego a la ley y el respeto a los derechos humanos, pues de actuarse en sentido contrario, la figura del Ombusdman —defensor del pueblo— no dejará de ser un puesto político que a los ojos de la población será simplemente “un incremento en los gastos del presupuesto del Estado que recae sobre las espaldas del sufrido contribuyente”, tal y como lo dice Carlos Giner en su libro “El Defensor del Pueblo en la teoría y en la práctica”.

    Según Giner “el Defensor del Pueblo tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales”, y realmente ese es el trabajo que debe realizar el Procurador de los Derechos Humanos en nuestro país, pues de lo contrario su figura se convertiría en un fragmento más de un juego manipulado por algunos poderosos o influyentes en nuestro país. Es más el rol del Procurador debe estar encaminado a no sólo a defender los derechos del pueblo sino también a prevenir las violaciones de estos y a inculcar una cultura de paz y respeto en las que las instituciones del Estado deben ser estelares. Pues sería muy cómodo querer evaluar siempre la labor de la PDDH a través del incremento en el número de denuncias recibidas o de resoluciones emitidas, sería más beneficioso para el país que la Procuraduría con su labor de difusión y educación en derechos humanos logrará que fueran menos la cantidad de transgresiones hacia la población y que las demás estatales trabajen apegadas a la ley. A continuación les transcribimos un apartado del libro citado anteriormente, el cual encierra la realidad de nuestra nación y los retos del nuevo procurador:

    Hay que reconocer, sin embargo, que nunca, en ninguna época histórica, ni en ningún lugar del mundo, los Estados —o mejor los gobiernos— han alcanzado la perfección de los ideales de justicia y de libertad que se proponían en sus programas políticos. Lo que se supone que, aun en el más libre de los paraísos terrenales, se siguen cometiendo atropellos y abusos.

    Los pueblos sabios, avezados por las lecciones de la historia, que quieren asegurar su propia existencia como hombres libres de un Estado que hace justicia y no es discriminatorio, ponen todas las precauciones que están a su alcance para prevenir todos los procesos de entropía, es decir, de degeneración y desorden, que amenazan a cualquier obra humana.

    Para evitar la inexorable ley de que todo poder tiende a convertirse en monopolista y aun tiránico, se establecen las oportunidades mecanismos que desarrollen una nueva energía capaz de evitar o neutralizar estos perniciosos efectos. Sólo los pueblos que se levantan cada mañana dispuestos a recuperar su total libertad, son los que alcanzan. “Sólo quien vigila mantendrá sus libertades. Y sólo quienes estén constante e inteligentemente alertas, podrán aspirar a gobernarse a sí mismos”, afirma Aldous Huxley en “Nueva Visita a un mundo feliz”.

    Esta misión sublime de defender las libertades de todos frente a cualquier atropello de algún órgano del Estado, es la que la Constitución encomienda al Defensor del pueblo.

    A nadie se le oculta que el Defensor del Pueblo no está exento de convertirse en una pieza más del aparato del Estado. Pero tan verdadera como esta afirmación, lo es la de quienes están persuadidos que la justicia y la libertad son unos bienes demasiados preciosos y frágiles, como para pensar que bastan unas simples declaraciones verbales de buenas instituciones para conservarlos por tiempo indefinido.

    Hay que tener en cuenta que el Defensor del Pueblo funcionará y cumplirá con su cometido fundamental, si son los ciudadanos los primeros en exigirle que actúe en su defensa. “La libertad es algo que cada uno se ha de esforzar en conseguir. Cada uno será tan libre como él se empeñe”, mantiene el pensador americano James Baldwin, en su novela “Nadie sabe mi nombre”.

    A no ser que se quiera caer en la degradación de Lord BoydOrr, que aseguraba que “si la gente tuviese que escoger entre la libertad y los bocadillos (los sandwiches), elegirían estos últimos.