El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 21
Número 930
Diciembre 6, 2000
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial Más de lo mismo con alguna ventaja
Política Política exterior, seguridad nacional e ideología
Economía Los obstáculos estructurales para la dolarización
Internacional Panorama de un debate sin fundamento
Comunicaciones Boris Eserski y la propiedad de los medios de difusión
Derechos humanos Acerca de la justicia y otros fantasmas
Noticias
 
 

EDITORIAL

    Al entusiasmo ha seguido la cautela. El gobierno de Flores presentó la llamada integración monetaria como si ésta fuera la solución de los problemas de la economía salvadoreña e incluso se atrevió a anunciar que sus ventajas serían universales y se comenzarían a notar de manera instantánea. El presidente Flores habría dado, pues, al fin, con la llave de la prosperidad y del bienestar. Pero éste desconoce que a la mayor parte de los hogares salvadoreños le es indiferente el nivel de las tasas de interés, porque no son sujetos de crédito, ni tienen capacidad para ahorrar, y que no es lo que el sector exportador esperaba. Los economistas gubernamentales se olvidaron también del sector informal, el cual, a pesar de realizar transacciones que alcanzan un volumen considerable, opera al margen de sus disposiciones. De hecho, el gobierno no ejerce control alguno sobre este sector. Aparte que el nivel de las tasas de interés no está relacionado de manera directa con la medida monetaria en cuestión. Quizás por eso, en una segunda e inesperada intervención, el presidente Flores ha moderado su entusiasmo y ha pedido cautela. Sin embargo, hasta ahora, la campaña para ganarse la buena voluntad de la población es intensa, aun cuando la aprobación de la propuesta de ley ya era un hecho en la Asamblea Legislativa, donde ARENA intercambió el fuero del jefe de la fracción del Partido de Conciliación Nacional por la dolarización y el llamado Fondo Vial. De todas maneras, el gobierno de Flores no se cansa de repetir que la medida protegerá el poder adquisitivo y el ahorro de la población y aliviará la pesada carga de las deudas.

    La novedad de la dolarización es más aparente que real, aunque ocasionará trastornos impredecibles en los grupos más desprotegidos de la sociedad y en algunos sectores de la economía, cuyo impacto ha sido pasado por alto por los economistas del gobierno de Flores y sus asesores internacionales. La dolarización es la formalización del cambio fijo con el cual viene operando la economía salvadoreña desde hace varios años, a través del cambio de la moneda. Con la llamada integración monetaria, la fijeza del cambio se vuelve, en la práctica, definitiva —aun cuando el FMLN prometa revertirlo si llega al poder. Por lo tanto, si todo seguirá igual, excepto que en vez de colones circularán dólares, la situación actual no experimentará grandes transformaciones con el cambio de moneda. Siendo en el fondo lo mismo, se puede esperar más de lo mismo; pero con la ilusión de que la situación podría mejorar. Políticamente, ganar tiempo es muy útil para un gobierno acosado por una economía estancada y un creciente malestar social; pero, desde el punto de vista económico, debe encontrar una salida antes que la ilusión desaparezca o inventar otra para comprar más tiempo antes de emprender las reformas sociales necesarias.

    El descenso de las tasas de interés, uno de las insistencias del discurso gubernamental, no está relacionado con la dolarización. Aquéllas ya habían comenzado a bajar bastante antes que la medida fuera anunciada —ciertamente, algunas empresas obtenían tasas relativamente bajas en los bancos. Los plazos también ya habían comenzado a ampliarse, sin necesidad del cambio monetario. Dicho de otra manera, éste no repercute en el nivel de las tasas de interés, sino que coincide por otras razones, las cuales dependen de los bancos mismos. En cualquier caso, las tasas no bajarán tanto como el gobierno hace creer y sólo serán aplicables a los nuevos préstamos —aunque el gobierno hace las cuentas de la lechera al anunciar que la baja será general. La otra cara de este descenso es que también disminuirán las tasas pasivas, es decir, el interés pagado al ahorrante, quien, en consecuencia, recibirá menos dinero. Esta sensible disminución ha sido vendida por el gobierno como el precio a pagar a cambio de cerrar la posibilidad de que un futuro gobierno pueda devaluar el colón.

    La dolarización —en cuanto cambio fijo— expone a El Salvador a crisis externas como la subida del precio de los derivados del petróleo, la caída de los precios internacionales de los productos de exportación, la fuga masiva de capitales, la depreciación del dólar, etc., contra las cuales el país se queda sin defensa alguna. Ante cualquiera de estas crisis, El Salvador tendrá dos salidas igualmente malas: endeudarse más internacionalmente y aumentar el desempleo. Argentina es el espejo en el cual El Salvador de Flores puede ver el futuro que le aguarda. El responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha advertido que, en caso de crisis, su gobierno sólo reaccionará para atenuar su impacto en su propio país, sin considerar qué pueda suceder en países como El Salvador. Es decir, El Salvador ha renunciado a tener una política monetaria propia y ha optado por asumir la estadounidense, pero sin ser parte de Estados Unidos, y lo que es más peligroso todavía, sin contar con sus recursos y su experiencia.

    El elevado déficit fiscal, uno de los problemas más graves de la economía salvadoreña, no disminuirá con el cambio de moneda, así como no lo ha hecho hasta ahora. Al contrario, en lugar de disminuir, el aumento es constante. No obstante lo anterior, no se puede desconocer que la dolarización tiene algunas ventajas sobre la situación de cambio fijo, pero de ninguna manera esas mejoras pueden interpretarse como la respuesta al subdesarrollo insostenible de El Salvador. En este sentido, la dolarización, siendo más de lo mismo con algunas ventajas, es más un recurso para ganar tiempo, mientras ocurre algo que rescate a la economía nacional de su postración. Si la dolarización fuera tan buena como lo asegura la propaganda gubernamental, ¿por qué será que otros países no la adoptan? La medida está fundamentada en hipótesis que, si no llegan a cumplirse, causarán más confusión y descontento. Y, en estos asuntos, es muy fácil equivocarse.

    A estas alturas, el objetivo de una medida tan arriesgada no es claro y en nada ayuda a esclarecerlo el uso de eufemismos y medias verdades: no se trata de ninguna integración monetaria, ni de bimonetarismo, sino de simple dolarización; las ventajas no son tantas como asegura el gobierno; el Banco Central de Reserva es despojado de una de sus facultades más importantes, la cual es traspasada, de hecho, a la Reserva Federal de Estados Unidos; al capital extranjero no lo atrae el dólar, sino la rentabilidad, la capacidad de endeudamiento y la solvencia de la economía. Una cosa es cierta, la dolarización no está pensada para favorecer a la mayoría de la población pobre de El Salvador, tal como lo insinúa el discurso gubernamental. Los pobres no son el centro de la política económica salvadoreña. Nunca lo han sido y no lo serán ahora, por arte de birlibirloque. Lo más plausible es que el gobierno de Flores haya entregado a la banca salvadoreña la dolarización que ésta exigía a cambio de bajar las tasas de interés.

POLÍTICA

[Extracto]

    El altercado que protagonizaron Francisco Flores y Fidel Castro en la pasada X Cumbre Iberoamericana debe ser motivo para un análisis de la política exterior del gobierno salvadoreño. Además, debería estimular una reflexión de fondo sobre la idoneidad y la capacidad de los responsables de la seguridad pública nacional, reflexión que al mismo tiempo permita prestar atención a la trasnochada polarización ideológica que opone a la izquierda y la derecha nacional. En cuanto a la polarización ideológica, es curioso observar la virulencia con la que la izquierda y la derecha se han enfrentado en los últimos días. A raíz del choque verbal entre los mandatarios salvadoreño y cubano, así como las posteriores declaraciones de Castro en un canal de televisión nacional acerca de los nexos de Luis Posada Carriles en El Salvador, la Asamblea Legislativa ha sido el teatro de las más variadas acusaciones. De nuevo, surgieron reproches de toda índole en torno a las responsabilidades en la guerra civil pasada. En la nueva modalidad de enfrentamiento entre los actores políticos criollos ni siquiera asoma la voluntad de reconciliación nacional que tanto pregonan.

ECONOMÍA

[Extracto]

    La discusión sobre la dolarización en América Latina no es nueva, pero muy pocos países se han atrevido a adoptar esta medida a excepción de Panamá y Ecuador, aunque ambos por condiciones muy particulares. Cualquier país que planee dolarizar su economía debe tener en cuenta que sus objetivos finales deben ser, en lo fundamental, dos: eliminar fuentes centrales de inflación y reducir el riesgo país a través de la eliminación del riesgo de devaluación. En El Salvador, el tipo de cambio no es un foco de inflación y, además, tampoco presenta mayor riesgo de devaluación si consideramos que se mantiene a 8.72 colones por dólar desde hace casi 8 años. Entonces cualquiera puede preguntarse ¿cuál es el motivo para dolarizar la economía salvadoreña?

INTERNACIONAL

PANORAMA DE UN DEBATE SIN FUNDAMENTO

[Extracto]

    En palabras de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a El Salvador se le conocerá de ahora en adelante por el temple de su mandatario. Probablemente, habrá muchos salvadoreños que no tendrán tanta expectación ante el comportamiento demostrado por el joven estadista —inexperto, dirán algunos— durante la X Cumbre Iberoamericana. En todo caso, el debate que Francisco Flores sostuvo con su homólogo cubano, Fidel Castro, durante el referido cónclave seguramente quedará durante algún tiempo en la mente de muchas personas, dentro y fuera de El Salvador. Al igual que la Sra. Moscoso, muchos se llevaron una “asombrosa impresión” por la manera en que Flores pretendió responder a los señalamientos del líder cubano, con relación a la captura de Luis Posada Carriles, reconocido terrorista que portaba documentos salvadoreños. De este modo, la rabieta de nuestro presidente logró colocar a El Salvador, aunque durante poquísimo tiempo, en el centro de la atención de propios y extraños. Y eso es algo que, dicho sea de paso, suele ocurrir cuando se produce alguna desgracia de alcances nacionales y que, por lo tanto, es casi imposible de ignorar.

COMUNICACIONES

    Raras veces los medios de comunicación hablan manifiestamente sobre sí mismos, sus sistemas de propiedad, sus ganancias y sus patrocinadores preferidos. Aquí intentaremos aproximarnos a una faceta de ese tema. El Salvador —sin ser la excepción en el mundo y en Centroamérica, particularmente— funciona bajo un esquema en el que los medios de difusión (televisión, radio y periódicos) se concentran en pocas manos. El caso de propiedad más impresionante lo representa el conglomerado creado por Boris Eserski, importante accionista de los canales de televisión 2, 4 y 6, así como de algunas empresas de cable y estaciones de radio. Hay quienes sostienen que Eserski, sin ser propietario, ejerce en cierta forma una gran influencia sobre prestigiosas agencias de publicidad.

    No se habla mucho de la forma de propiedad de los medios de difusión en nuestro país, a pesar de que todos los recursos que manejan (periódicos, revistas, radio, televisión, libros y películas) son parte importante en la forma en que mucha gente percibe la realidad. Retomando esta idea, este artículo quiere explorar el tema del monopolio de los medios de comunicación en El Salvador y sus consecuencias para la democracia. La Constitución establece en el artículo 110 que “a fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohiben las prácticas monopolísticas”.

    Los salvadoreños no estamos acostumbrados a ver el rostro del empresario Boris Eserski, a pesar de que la mayoría tenemos contacto con alguna de sus empresas, generalmente por la vía de noticieros, caricaturas, telenovelas, deportes o música en el dial (en las radios Vox y Qué Buena). A principios de octubre pasado, los salvadoreños pudieron observarlo continuamente debido al homenaje que le hizo la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) por sus aportes al desarrollo de la industria de las comunicaciones en el país.

    En la mayoría de medios, incluyendo los periódicos, se destacaron las contribuciones de Eserski para el impulso de la industria radiofónica y televisiva en el país desde 1950. El Diario de Hoy incluso dedicó un editorial a este homenaje y habló de Eserski como el “líder de la televisión y la radiofonía”.

    Desde otra perspectiva, la labor de Eserski y el imperio que ha construido son percibidos de manera bastante diferente. Dos profesores estadounidenses, Noreene Janus y Rick Rockwell, realizaron una investigación en 1998 sobre medios de comunicación en Centroamérica, en la cual observaron cómo los propietarios de esta industria habían traducido sus dominios en un poder político progresivo en la región. Janus y Rockwell notaron que había una alarmante concentración en la propiedad de los medios en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Señalaron también la existencia de un “sistema cerrado” en el que pequeños grupos elite, con mucho poder político, controlaban el contenido y la distribución de las noticias.

    En El Salvador, concluyeron Janus y Rockwell, sigue vigente “la era del cacique”, ya que un solo hombre (Boris Eserski) domina el mercado televisivo. Es tan grande la influencia política que este empresario ejerce a través de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) que logró detener —según se sostuvo en algunos círculos— la venta del canal 8 a inversionistas extranjeros hace pocos años. Esta astuta jugada también le costó el puesto de Supertintendente de Electricidad y Telecomunicaciones a Orlando de Sola en la misma época.

    Canal 12 es el único que representa una competencia real para el consorcio de Eserski en la televisión. Sin embargo, dicho consorcio ejerce un gran control en las agencias de publicidad salvadoreñas, según Janus y Rockwell, por lo cual TCS siempre es la más beneficiada con los favores de los publicistas, mientras que Canal 12, de Jorge Zedán, debe conformarse con pequeñas porciones del pastel de la inversión publicitaria. Hay que recordar que ningún medio de comunicación puede sobrevivir en nuestros tiempos sin publicidad, dado que ésta representa, en la mayoría de casos, más del 90 por ciento de los ingresos de cualquier empresa comunicativa.

    Janus y Rockwell comparan el poder de Eserski en El Salvador con el que tienen los llamados “turcos” (los Canahuati, Sikaffy, Rosenthal, Ferrari y Facussé) en Honduras, con el del mexicano-guatemalteco Angel González González en la televisión y la radio de Guatemala, y con el del imperio de los Eleta en Panamá en MEDCOM (conglomerado que domina las audiencias en radio y televisión de ese país).

    La conclusión de la investigación de Janus y Rockwell es que “los medios de comunicación seguirán bajo el poderoso control de ciertas elites, que han demostrado que usarán el sistema para su propio beneficio y ganancia política a expensas de abrirlo a voces alternativas, competitivas o de oposición”. Los que critican este tipo de monopolio quizá lo hagan amparados en el rol ideal que algunos atribuyen a los medios de difusión colectiva dentro de un sistema democrático, tal y como argumentan los investigadores Janus y Rockwell.

    El gran problema del monopolio en la industria de las comunicaciones se presenta por las interminables relaciones de poder que se potencian entre políticos, publicistas y dueños de los medios de comunicación, todos ansiosos por promover sus intereses económicos y de asegurar que su mensaje llegue a la mayor audiencia posible.

    Asimismo, abonan a este problema las graves omisiones que este círculo de poder impone en los espacios informativos, para fomentar determinados proyectos políticos y opacar-desprestigiar todo lo que se considere oposición. Sólo para citar un caso, durante la última campaña electoral de las alcaldías, periodistas de El Diario de Hoy y de algunos noticieros de TCS recibieron órdenes expresas de obviar cualquier signo positivo de la administración del alcalde capitalino Héctor Silva.

    La concentración en la propiedad de los medios de difusión, de cualquier manera, no es algo que afecta exclusivamente a los medios centroamericanos. No somos más que un reflejo de una tendencia mundial, que, como todo en esta tierra, tiene sus aduladores y sus detractores.

    En Estados Unidos, por ejemplo, las noticias, los comentarios y, en general, el entretenimiento diario de la población están controlados por seis grandes firmas que forman parte de poderosas corporaciones en el mundo. Ya en los ochenta, el estadounidense Ben Bagdikian había advertido los peligros que representaba la creciente propiedad corporativa de los medios de difusión. En una edición más reciente de su estudio, Bagdikian afirmaba que el número de corporaciones propietarias de periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, libros y películas bajó de 50 en 1983 a 6 en el año 2000.

    Las seis firmas que controlan los mass media en Estados Unidos son: General Electric, Viacom, Disney, Bertelsmann (con sede en Alemania), Time Warner, y News International Corp (con sede en Australia). Todas son parte de corporaciones con millonarias inversiones en otras industrias, es decir que funcionan bajo un esquema de “integración vertical” que no permite una innovación genuina de los medios, sino sólo tecnológica, ni tampoco una genuina competencia en el sector de las comunicaciones, según Bagdikian.

    Estas poderosas firmas, agrega el autor, generan no sólo “ansiedades económicas”, sino también problemas sociales y políticos. En ese sentido, menciona cómo los “gigantes de los media” han influenciado, a su favor, las leyes que regulan sus corporaciones en detrimento del interés de sus audiencias. También observa cómo este concentrado poder los ha convertido en una influencia cada vez mayor en la socialización de cada generación, por medio del suministro de modelos de entretenimiento, comportamiento y de valores personales.

    En el periodismo, las consecuencias de estas prácticas oligopólicas son diversas. En 1982, por ejemplo, Rupert Murdoch, magnate propietario de News International Corp, obligó a renunciar de su cargo al editor del diario inglés Sunday Times, Andrew Neil, por diferencias políticas. Neil aseguró que “llegamos a la conclusión de que era tiempo de evaluar a Murdoch. Había hecho mucho por la industria de la prensa, pero, ¿había hecho algo por el periodismo?”. El conglomerado de Murdoch incluye importantes periódicos ingleses y estadounidenses, así como los estudios cinematográficos 20th Century Fox y el canal Fox Broadcasting, entre otros negocios.

    Como se ha visto, el sistema de propiedad de los medios de comunicación salvadoreños no es una excepción en el mundo. El conglomerado de Eserski en El Salvador, indudablemente, ha inyectado un gran dinamismo tecnológico en el medio radiofónico y televisivo, con mejores señales de transmisión y envidiables equipos de producción, escasamente vistos en otros países centroamericanos. Sin embargo, ese avance no se ha traducido en un salto cualitativo en la labor periodística o en la programación de las estaciones radiales ni televisivas (cada vez más repletas de programas poco educativos). Tampoco se han democratizado esos espacios ni ha desaparecido la censura por la vía publicitaria o de los dueños de las empresas periodísticas.

    Como decía en 1994 el secretario general del partido socialista francés, Michel Rocard, los medios de comunicación —y sus propietarios, diríamos nosotros— tienen un poder ilimitado que nadie hasta ahora ha controlado. Para la democracia, apuntaba Rocard, ese poder tiene nefastas consecuencias, pues “¿cómo se defiende la propia democracia de sus excesos, es decir, cómo se defiende de unos medios que, en su funcionamiento interno, no son precisamente ni transparentes ni democráticos?”.
_________
Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras, Comunicaciones y Periodismo de la UCA.

DERECHOS HUMANOS

    En la actualidad se está discutiendo ampliamente sobre la depuración del sistema encargado de garantizar que en El Salvador se imparta justicia. De nuevo, pues, el tema se encuentra entre los primeros lugares de la agenda nacional; ahora, se está haciendo el escándalo, en buena medida, por las constantes sentencias absolutorias en casos que han acaparado la atención pública y la han conmocionado. En no pocas ocasiones, dichas resoluciones han sido atribuidas al mal desempeño —por ignorancia o corrupción— de jueces y magistrados de la República. Las críticas más agrias se han centrado en la aplicación de la justicia penal. Tal situación, no es ninguna novedad; en su momento, el arzobispo Romero denunció la innegable existencia de jueces venales y fue atacado por una Corte Suprema de Justicia que, quizás sin esperarlo, recibió una ejemplar lección con la respuesta objetiva y contundente del arzobispo. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había referido a ese mal cuando presentó su informe acerca de la visita que realizó en enero de 1978. Después, también dieron cuenta de ello la Comisión de la Verdad y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Desde nuestra Universidad tampoco han faltado señalamientos concretos al respecto.

    Ahora el revuelo lo ha causado el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, quien hace unos días afirmó que el crimen organizado se encuentra enquistado en el Órgano Judicial e influido —con dinero— en las voluntades y decisiones de algunos de sus integrantes. Este funcionario no vino a descubrir, tras un año en el cargo, algo que fuese ignorado por la mayoría de la gente dentro de la administración pública, entre los partidos políticos y en eso que llaman “sociedad civil”. No cabe duda que existe dicho mal; pero las acusaciones abstractas y arbitrarias proferidas por quien debe dirigir la investigación del delito, sin efectuar las indagaciones pertinentes, pueden ser contraproducentes en la medida que este flamante funcionario no cumpla con la principal actividad que le manda la Constitución. Hecho semejante señalamiento, sería intolerable que —como en otras ocasiones, tras un ruidoso anuncio público más— Artiga no haga mayor cosa o sólo simule hacer algo importante sin lograr éxito alguno.

    Sobre la tantas veces denunciada corrupción al interior de la estructura jurisdiccional, se ha dicho hasta el cansancio desde tiempos inmemoriales que se va a combatir y erradicar; sin embargo, pese a las innumerables actividades realizadas —seminarios, congresos, talleres, encuestas, reformas y más— han sido pocos los resultados concretos y en verdad positivos, debido al predominio de intereses particulares sobre el bien común. Así las cosas, por el momento resulta difícil creer que efectivamente se procederá a una verdadera depuración de jueces y magistrados, no obstante la imperante necesidad de una urgente, necesaria y profunda “limpieza” de ese Órgano estatal.

    Al momento de ubicar las principales causas que originan repetidos fallos desatinados e injustos por parte de la judicatura, además de la venalidad mencionada, se vuelve interesante analizar la otra vertiente: ignorancia inexcusable de la ley. Sin lugar a dudas, las raíces de ésta se ubican tanto en la deficiente preparación académica que las y los estudiantes reciben en las escuelas de Derecho —sobre todo cuando se han descubierto instituciones que imparten clases, sin cumplir los más elementales requisitos para poder ser llamadas siquiera “universidades”— como en la corrupción que ha imperado al interior de las mismas.

    Con relación a esa problemática, el Ministerio de Educación ya clausuró algunos de esos sitios; la Corte Suprema de Justicia, por su parte, giró instrucciones para revisar ciertos títulos obtenidos en esos lugares de dudosa calidad. Lo más alarmante del problema es que, según apunta todo, el mejor negocio de estas falsas universidades se encontraba entre quienes —sin tener la ética y la capacidad necesarias— se empeñaron en ejercer como profesionales de las Ciencias Jurídicas. Según indicios fuertes que deben ser investigados por la Fiscalía, para tal fin se cometieron serias irregularidades como las siguientes: títulos sin firmas del decano de la “facultad” y del secretario general de la “universidad”; títulos sin la respectiva autorización de la Corte Suprema de Justicia; “licenciaturas” para personas que no cursaron ninguna materia y sólo realizaron sus trámites de graduación; individuos que iniciaron sus estudios y se graduaron el mismo año.

    Se debe destacar que la mayoría de graduandos de esas “universidades” clausuradas cursaron casi todas las materias de la carrera en otras instituciones más serias o sólo acudieron a ellas a la hora de egresar para agilizar su titulación. “Universidades” extintas como la “Salvadoreña” (USAL) y “Las Américas de El Salvador” (ULAES) habilitaron a una considerable cantidad de estudiantes que, en la actualidad, representa un considerable contingente dentro de la estructura estatal encargada de impartir justicia. Según estimaciones comprobables, dentro de la totalidad de jueces de Paz y de Primera Instancia en todo el país –propietarios y suplentes, en conjunto y separados— el porcentaje de estos “abogados” es altamente significativo, lo que incide directamente en la mala calidad de la justicia que recibe nuestra sociedad y constituye una violación al derechos humano de acceso a la misma.

    Al respecto, los siguientes datos resultan ser bastante ilustrativos. En cuanto a jueces de Primera Instancia propietarios existe un total de 242, de los cuales 73 se graduaron en la USAL y en la ULAES. Así las cosas, el porcentaje de estos funcionarios es de casi el 20% del total. Sobre jueces de Paz propietarios tenemos que de 320 que existen, 161 se graduaron en las citadas “universidades” ya desaparecidas; tal cantidad representa más del 50%. Si se observa el consolidado de jueces de Paz y de Primera Instancia propietarios, tenemos un total de 562; más del el 41% proviene de la USAL y ULAES (234). Si lo anterior no es motivo de escándalo y no alcanza para generar una acción eficaz para superarlo, en serio andamos bastante mal. Y es que son precisamente esos tribunales, los de Paz y de Primera Instancia, los lugares a los que debe acudir la ciudadanía para la resolución de sus controversias o conflictos de carácter judicial; en definitiva, esas son las vías de entrada para obtener justicia.

    Por si lo anterior fuera poco, parece ser que los inconvenientes para estos “administradores de justicia” de dudosa formación no terminan ahí. Aparte de provenir de escuelas de Derecho deficientes, ha sido de sobra reconocido por las autoridades del Ministerio de Educación la desorganización administrativa —cuando no el fraude— en las constancias de notas o procesos de graduación de semejantes “estudiantes”. Al respecto, se conoce que existen jueces propietarios provenientes de la USAL y la ULAES que no aparecen en los libros de graduados ni en informes de inspecciones realizadas a los archivos de dichas instituciones; hay otros que no presentan constancias de notas que acrediten sus estudios o que fueron admitidos como estudiantes sin ser bachilleres.

    En medio de tanta irregularidad e ilegalidad, surgen las interrogantes elementales: ¿cómo obtuvieron sus títulos? ¿de qué manera fueron autorizados como abogados? y, sobre todo, ¿qué hicieron para resultar siendo jueces propietarios? La respuesta que más se escucha en los pasillos de tribunales menores y mayores u otros espacios: la venta de “combos” que incluían la obtención de “títulos universitarios”, la acreditación de la Corte y el cargo en la judicatura. A distintos precios dependiendo de la calidad del puesto que se pretendía alcanzar, estos “paquetes” no se podían ofrecer y tampoco se hubiese podido concretar su venta sin la participación de más de algún “pez gordo” en la cúpula del sistema.

    Tan grave situación, además de exigir una investigación seria para deducir todas las consecuencias penales de estos medios fraudulentos para la acreditación de títulos y la entrega de investiduras, nos debe conducir a plantearnos interrogantes dramáticas: ¿qué podemos esperar de nuestra justicia si, en muchas ocasiones, nos encontramos en manos de abogados empíricos o simples “tinterillos” que tienen la potestad de decidir sobre nuestros destinos? ¿En quien podemos confiar si estamos a expensas de juzgadores cuyo medio habitual para alcanzar sus metas particulares es la comodidad y el fraude?

    Tremendo problema el que tienen ahora ante sí la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura para efectuar una verdadera depuración del sistema judicial, incluyendo en ese esfuerzo su propia revisión. Ello, sin evadir el problema de la corrupción y venta de juicios que también es algo en lo que deben trabajar mucho. Pero mayor es la responsabilidad del fiscal general, de quien algunos medios dicen está “haciendo historia” con su publicitada cruzada depuradora que pretende ser similar a la cuestionada acción efectuada por el “licenciado” Mauricio Sandoval dentro de la Policía; si al final de esta historia, el licenciado Artiga aparece cazando una lagartija sin tocar al dragón que está destruyendo la institucionalidad, la gran frustración que ya existe en la población se incrementará de forma cada vez más peligrosa. Y entonces sí hará historia, pero de la mala.

    Ahora pues, además de la “dolarización”, la moda es la “depuración”. Sandoval asegura que ya la finalizó, Artiga ya anunció la separación de 35 empleados en la Fiscalía y el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, reveló recientemente la suspensión de cinco jueces de sus cargos. Estos funcionarios, cada cual a su estilo, han proclamado a los cuatro vientos su firme decisión de hacer lo que sea necesario para asegurarle a la población un funcionamiento adecuado de las importantes instituciones a su cargo. Si lo hacen, ¡qué bueno!; pero, a fuerza de golpes, la gente en nuestro país tiene al menos el derecho a desconfiar.  Un ejemplo de ello: con las revelaciones acerca de la fraudulenta ostentación de títulos profesionales, la Corte Suprema de Justicia se ha rasgado las vestiduras pero sin dar muestras reales que apunten hacia las acciones reales y drásticas en el corto plazo; mucho menos, se advierten signos alentadores en el sentido de revisar la tan famosa corrupción judicial. El hecho de suspender únicamente a cinco jueces, no deja de apreciarse como una respuesta urgente —una especie de “mal necesario”— para aplacar a la opinión pública. No es que seamos pesimistas, pero otras señales lanzadas al mismo tiempo no dejan de inquietar.

    Si no, veamos: al mismo tiempo que se anunciaban las suspensiones de estos jueces —o, más bien, el sacrificio de unos cuantos— se premiaba como la mejor jueza de la República a una funcionaria que se graduó en una de esas universidades cerradas y que con su negligencia retrasó más de veinte días la inspección de la escena del crimen en el caso “García Prieto”, por lo que resultó cuestionada y señalada con responsabilidad por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De igual forma, se acaba de “premiar” como la segunda mejor jueza del país a la tristemente célebre Ana Marina Guzmán, cuyo papel deplorable en el caso de Katya Miranda y su posterior ensalzamiento público lanzan un mensaje ambiguo y dañino para el gremio de jueces y la sociedad en general.

    En síntesis: sí debe haber depuración, pero no una pantomima de ésta que se vuelva un elemento más que abone a un mayor desencanto de la población y que invite a continuar utilizando cada vez más el uso de otras vías —muy peligrosas por cierto— para obtener justicia. Se deben revisar seriamente los mecanismos que se están utilizando para limpiar todas esas instituciones relacionadas con la materia para dejar atrás esas falsa “depuraciones” apuradas que son simple “moda”, impulsadas con el propósito de generar —más que resultados beneficiosos para la administración de justicia— publicidad barata que en definitiva no va a cambiar la esencia de nuestro precario sistema.

NOTICIAS

FISCALÍA. El fiscal adjunto, Romeo Barahona, consideró que ningún fiscal que esté “limpio” debe sentirse molesto, pues el decreto solicitado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Belisario Artiga, y aprobado por la Asamblea Legislativa señala los mecanismos de depuración. En opinión de Barahona, “en cualquier país del mundo ser fiscal es un privilegio y motivo de orgullo”. Para el funcionario, quien ejerce esa función debe ser una persona “honesta, profesional y que se debe sentir privilegiada de ser fiscal”. La raíz de todos los males que aquejan a la Fiscalía, según Barahona, está en que muchos de sus miembros no tienen vocación, mucho menos “mística”. Sin embargo, para calmar los ánimos de sus colegas, Barahona aseguró que a todos los depurables se les garantizará el debido proceso y el derecho de audiencia, tal como está plasmado en el decreto transitorio que entrará en vigencia en los próximos días. Según ese decreto, el Fiscal General pasa el listado o nombres de las personas depurables al fiscal adjunto. Este estudia cada caso y determina si procede o no la remoción. Luego, envía sus conclusiones al Fiscal General, quien tendrá la última palabra sobre cada caso. Si el expediente indica que determinado fiscal es apto para ser depurado, el agraviado puede apelar ante el Tribunal Especial, conformado por dos abogados con dotes de magistrados de Cámara y un representante de la sociedad civil. Esta instancia será la autoridad máxima en el proceso administrativo de la Fiscalía (LPG, 28.11.00, p. 4 y 5).

REFORMAS. La comisión coordinadora del sector justicia acordó un paquete de reformas penales y procesales que, se supone, darán a la FGR mecanismos más efectivos de investigación. El paquete de reformas será presentado a la Asamblea Legislativa para su posterior discusión y aprobación. La propuesta incluye la incorporación de cuatro nuevos artículos, entre ellos, la tipificación del delito de Tráfico Ilegal de Migrantes. El Coordinador Nacional de Defensores Públicos, de la Procuraduría General de la República (PGR), Salvador Antonio Figueroa, dijo que con las reformas lo que se pretende es lograr ser “eficaz sin descuidar las garantías”. Délmer Rodríguez, de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), dijo recientemente que las reformas iban encaminadas a mejorar la labor fiscal. Por ejemplo, una de las reformas propuestas en el Código Procesal Penal estipula que los jueces tendrán que emitir órdenes de registro en un plazo no mayor de dos horas. Si la orden es negada por el funcionario judicial, la Fiscalía podrá acudir a una Cámara de lo Penal, pues de esta forma se evitaría que las personas que cometan delitos tengan oportunidad de evadir justicia. Las propuestas de reformas contemplan las iniciativas de distintos sectores, que se han pronunciado por darle más capacidad y agilidad de investigación a la Fiscalía. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia tiene su propio proyecto de revisión de los Códigos Penal y Procesal Penal. Sin embargo, el mismo aún está en la etapa de análisis y no tiene una opinión definitiva, según informó el magistrado constitucionalista Mario Solano (LPG, 30.11.00, p. 20 y 21).

CASTRO-FLORES. “Es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños (...) me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Posada Carriles”, expresó el presidente salvadoreño Francisco Flores, durante la X Cumbre Iberoamericana, luego de que el presidente de Cuba, Fidel Castro, declarara que el gobierno de El Salvador tenía conocimiento de la estancia en el país de Posada, vinculado a actos de terrorismo. “Si tengo que acusarte te acuso tranquilamente, aunque seas más poderoso que el jefe del Pentágono”, respondió el mandatario cubano. Uno de los puntos de la Cumbre que desató la discusión fue la propuesta del gobierno salvadoreño de condenar el terrorismo y las acciones del grupo separatista vasco ETA. Al final de la discusión, se procedió a la votación sobre la propuesta de condena y sólo Cuba se abstuvo de votar. El argumento que utilizó Cuba para no apoyar la moción fue que el documento sólo se refería al terrorismo de ETA en España y no contemplaba que Cuba y otros países son afectados por el problema. Flores propuso al gobernante cubano la discusión del tema de manera bilateral: “lo que le digo al señor Castro es absolutamente en serio, quiero verlo a él solo para que tratemos el tema”, sostuvo el mandatario salvadoreño. El tema central de la Cumbre, la niñez, se vio opacado por la discusión entre los mandatarios cubano y salvadoreño (LPG, 19.11.00, p.4 y 5; EDH, 19.11.00, p.3).