El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 932
Diciembre 20, 2000
ISSN 0259-9864
 

ÍNDICE

Año 2000: deterioro del tejido social
Balance Político
Balance Económico
Balance Social
Balance Regional
Los derechos humanos en el 2000 (I)
Cronología del año 2000
 
 

EDITORIAL

    Al cierre del año 2000, los balances y las valoraciones globales se vuelven inexorables. Se ha tratado de un año difícil para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para los sectores populares que han visto como, desde las esferas estatales, se han impulsado una serie de medidas socio-económicas cuyo propósito no ha sido ni por cerca mejorar sus condiciones de vida.

    Durante el año 2000 se ha vuelto a poner de manifiesto, como en años anteriores, la pasividad de la mayor parte de la población ante las decisiones que emanan de los círculos de poder político. Es cierto que ha habido brotes de descontento social, pero éstos se han focalizado en grupos muy reducidos y con intereses muy particulares —como es el caso de los desmovilizados—, sin lograr articularse con intereses y demandas de alcance más general. También se han suscitado experiencias novedosas de participación social en zonas rurales del país —concretamente, en el nororiente del Departamento de Chalatenango o al norte del Departamento de Morazán—, pero esas experiencias no son generalizadas ni involucran siquiera a la mayoría de habitantes de los municipios en que se realizan.

    Así pues, desde el punto de vista de la participación y organización de la sociedad civil, el año 2000 no deja logros significativos respecto de años anteriores. Falta mucho que hacer todavía para superar la pasividad y la apatía que caracterizan el comportamiento público de la mayor parte de la población. Ahora hay más posibilidades y oportunidades para avanzar en esa dirección; empero, la tarea requiere dosis ingentes de creatividad y compromiso que, por el momento, brillan por su ausencia. Se trata de aprovechar al máximo los espacios legales, institucionales y locales, abiertos a partir de 1992, para potenciar y encauzar la participación de la sociedad civil, a sabiendas de que sin esa participación lo que se diga de la democracia será siempre insuficiente.

    Asimismo, la participación social es clave para reconstruir el tejido de la sociedad salvadoreña, corroído por el crimen, la prepotencia, la impunidad y los resabios autoritarios presentes en la cultura política nacional. Son abundantes los argumentos sobre el deterioro de la convivencia social en El Salvador de la postguerra. Los lazos de solidaridad se han roto y con ello las posibilidades de una convivencia social segura. Esta es la raíz de la crisis de la seguridad ciudadana que tanto preocupa no sólo a las autoridades, sino también al ciudadano común.

    Múltiples factores hacen insegura la vida en El Salvador, pero entre los más graves está la amenaza permanente de criminales de toda especie —violadores, secuestradores, asaltabancos, estafadores, robacarros, delincuentes callejeros— sobre todos los habitantes del país. En cada nivel social los riesgos ante el crimen son distintos, pero prácticamente nadie en El Salvador está exento de ser agredido por el primero que quiera abusar de él.

    Cada cual, a su manera y en su estilo, busca aprovecharse de los demás, imponerse sobre ellos, demostrar su fuerza y poder. Los delincuentes llevan esta situación hacia límites extremos; sin embargo, la laceración de los derechos y la dignidad de sus semejantes no es tarea exclusiva de ellos. Cuesta aceptar que el salvadoreño promedio está presto a pisotear la dignidad de su prójimo —su "próximo"—, siempre que vea en ello una oportunidad para obtener algo a cambio, aunque sólo sea la confirmación de su prestigio social.

    Se suele creer que los delincuentes forman un mundo aparte, que son seres radicalmente distintos a los demás; es decir, se suele creer que existe una separación tajante entre criminales y no criminales. Pues bien, en El Salvador —al igual que en otras sociedades latinoamericanas— tal separación no es ni tan nítida, ni tan absoluta como se quiere pensar. No sólo abundan las personas "decentes" y de "buena familia" involucradas en actividades criminales de altos vuelos, sino que a la salida del trabajo, en la puerta de la casa o en la escuela cualquiera traspasa los límites de la legalidad con toda naturalidad, por no hablar de quienes los bordean hasta niveles criminales por una disputa de tránsito o por una discusión al calor de un par de copas.

    Quizás no sea descabellado proponer la hipótesis de que en cada salvadoreño hay un criminal en potencia que, en la primera oportunidad, violenta la dignidad de los demás. Esta hipótesis puede ser útil, primero, para tomarse con reservas la separación tajante entre delincuentes y no delincuentes —entre "ellos" (los criminales) y "nosotros" (los decentes)— y tratar de entender la complejidad social del crimen.

    En segundo lugar, la hipótesis puede ser iluminadora a la hora de abordar el problema de la erradicación del crimen. Si todos tenemos un potencial de criminalidad, todos debemos someternos a un proceso de cambio personal y social. Todos debemos cuidarnos de nosotros mismos, antes que del vecino o del que se cruza en nuestro camino, porque nadie asegura que no seamos nosotros los agresores.

    Claro está, el argumento tiene sus riesgos. Uno de ellos es que puede tomarse como una invitación a sospechar de todo y de todos. Este riesgo no lo es tanto, puesto que, como están las cosas en el país, efectivamente todos sospechan de todos, del desconocido, del que se viste con pantalones flojos, del que tiene tatuaje, del que usa vehículo con vidrios polarizados.

    Lo que se propone es que, si se sospecha de todos, nosotros mismos debemos ser sometidos a sospecha pues, si se mira detenidamente el problema de la violencia, resulta que muchos de los que aparecen involucrados en ella comparten con los pretendidos no criminales no sólo estatus social, sino educación, aspiraciones y costumbres. Muchos de ellos son salvadoreños, hijos de salvadoreños, educados formal o informalmente en este país, con sueños truncados o ambiciones exageradas, al igual que la gran mayoría de sus habitantes.

    Dicho de otro modo, sólo si quienes se consideran no violentos o no criminales se ven como parte —aunque sea potencial— de la violencia y el crimen que invade al país, quizás sea posible que la sociedad en su conjunto se tome en serio ambos problemas. Ver el crimen y la violencia como algo de lo cual otros son responsables no es ni realista ni recomendable en un país como El Salvador, donde la violencia y el crimen afectan a prácticamente todos los ciudadanos. Pero no los afecta desde fuera, como un agente externo y localizado, sino desde dentro, en su convivencia cotidiana, familiar, social y laboral.

    En otras palabras, la violencia y la criminalidad han invadido el tejido social de El Salvador, tanto al nivel horizontal como al nivel transversal. La categoría de violencia social hace referencia, precisamente, a esa permeabilización de la sociedad por obra de la criminalidad en todas sus manifestaciones.

    Si la criminalidad y la violencia han permeado al conjunto de la sociedad, la tarea de superar ambas situaciones se vuelve particularmente difícil. Indudablemente, una reforma cultural aparece en el horizonte como una condición sine qua non para tal propósito. La violencia y la criminalidad se alimentan de valores, creencias, actitudes y prácticas —en suma, un marco cultural-simbólico— no sólo arraigadas en quienes abiertamente delinquen, sino en la mayoría de los ciudadanos.

    Un cambio en ese marco cultural-simbólico, una transformación cultural, se vuele ineludible si se quiere transitar de un clima de violencia social a una situación de convivencia social pacífica. Ese nuevo marco cultural simbólico no puede ser otro que el que se asiente en la solidaridad, el respeto a la dignidad del otro, la fraternidad, la tolerancia y la hospitalidad.

    Asimismo, además de un marco cultural-simbólico distinto, el tránsito de un clima de violencia social a un clima de tranquilidad social requiere una reforma institucional de largo aliento, la cual esté encaminada a combatir la prepotencia, la impunidad y corrupción en todos los niveles de las esferas gubernamentales. Sin una reforma de esta naturaleza, las instituciones estatales van a ser incapaces de recuperar la legitimidad perdida a lo largo de todos estos años. A su vez, van a ser incapaces de dar su contribución a la recomposición del tejido social salvadoreño.

    El año 2000 deja retos ineludibles en el plano cultural y en el plano institucional. Ambos retos sólo podrán ser enfrentados en el futuro con una sociedad civil organizada y participativa y con unos ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Los actores políticos, las universidades, las ONGs, las autoridades de gobierno, los sindicatos, los empresarios... Todos los sectores sociales tienen una tarea que realizar en orden a reconstituir los lazos de solidaridad social en el país. Un fracaso en esta dirección condenará al país —y a todos sus habitantes— a la inseguridad, el miedo y la incertidumbre, caldo de cultivo para la reproducción de la violencia y la impunidad. Estas han sido las realidades dominantes en el país durante el año 2000. Las autoridades no han sabido o no han querido asumir en toda su radicalidad el desafío de construir una sociedad justa y pacífica. Queda en pie la interrogante acerca de si, desde los círculos de poder político y económico, se hará algo verdaderamente serio para erradicar el crimen y la impunidad que corroen la convivencia social en El Salvador.

BALANCE POLÍTICO

    El año 2000 termina con una gran dosis de incertidumbre para El Salvador. Las diferentes situaciones que vivió el país a lo largo de este año 2000, cuestionan la voluntad y la capacidad de sus dirigentes para dar respuestas a las demandas de la población. Los desafíos de años anteriores se han agravado a lo largo de este año.

Los principales temas de la realidad nacional en el año 2000

    El primer trimestre de 2000 estuvo fuertemente marcado por el proceso electoral en el que la población debería elegir a los diputados y alcaldes que actualmente están en función. Durante este lapso, se dieron una serie de confrontaciones entre los partidos políticos propios de ese período en la vida política en general. El alcance e importancia de esas elecciones serán ponderados en su momento.

    En segundo lugar, un tema importante para la vida nacional durante el año 2000 ha sido el de la seguridad pública. El aumento de los secuestros y el alto índice de violencia social que caracteriza a la sociedad salvadoreña han generado mucha zozobra en la vida nacional. La discusión y propuesta en torno a la mejor manera de afrontar la violencia abarcó todos los ámbitos de la sociedad, e incluso afectó a las autoridades públicas, que hasta hace poco se mostraban renuentes a aceptar los datos alarmantes de la inseguridad pública.

    En tercer lugar, las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública han sido blanco de la crítica pública a lo largo de 2000. El involucramiento de muchos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la delincuencia común y organizada, las denuncias de corrupción en el órgano judicial y los constantes reveses de la Fiscalía General de la República en su tarea de combatir el delito han sido ingredientes de empeoramiento de la seguridad pública en el país.

    Por otra parte, tampoco las instituciones encargadas de velar por la salud de la población han podido asegurarle un mínimo de seguridad sanitaria. Los estragos que han causado la epidemia del dengue en la niñez salvadoreña, las intoxicaciones y muertes masivas por alcohol adulterado son muestra de lo difícil que ha sido el año en materia de salud pública.

    Finalmente, la situación económica nacional ha sido el dolor de cabeza de los salvadoreños en el año 2000. El constante aumento de los precios del petróleo y la reducida capacidad de consumo de la mayoría de los asalariados salvadoreños, acompañado por el pobre desempeño de la economía nacional, han sido temas de debate.

    ¿Cómo se ha enfrentado los distintos problemas enunciados? ¿La clase política ha estado a la altura de los problemas nacionales? ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar la nación en este nuevo año? Estas son algunas interrogantes que serán discutidos en este balance político de 2000.

La respuesta de la clase política a los problemas nacionales

    Frente a los problemas que ha enfrentado la sociedad durante este año, la respuesta de la clase política ha sido errática e inadecuada, al igual que en años anteriores. Frente a la grave crisis económica, el gobierno de Francisco Flores no ha podido sosegar los ánimos de la población. Los clamores de distintos sectores no han sido escuchados. La improvisación y dilatación de respuestas a los problemas han sido una constante gubernamental a lo largo de este año. Por otro lado, la clase política, en general, a raíz de los resultados de las elecciones de marzo, se ha enfrascado en una interminable lucha de poder, misma que ha condicionado buena parte de su acercamiento a los problemas del país.

    En el área económica, a parte de los reiterados anuncios de días mejores que supuestamente traerán la firma del TLC con México y la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la dolarización ha sido la decisión de mayor envergadura que ha tomado el gobierno del Presidente Francisco Flores. En ese sentido, el año 2000 se despidió llevándose consigo el colón, la moneda salvadoreña.

    Anunciada a finales del año, la llamada Ley de Integración Monetaria pretende una rebaja sustancial en las tasas de interés bancario para poder dar un nuevo empuje a la economía. El gobierno decidió tomar el camino anual de decenas de salvadoreños que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor en tierras americanas. La dolarización es, por momento, la única salida de un gobierno que ha venido acumulando derrotas a lo largo de 2000. La decisión de dolarizar debe entenderse dentro de esa dinámica de recesión económica y de fuertes presiones políticas que ha sacudido al tercer gobierno de ARENA.

    Mientras sigue la incertidumbre sobre el uso del dólar y sus pretendidos beneficios para la economía nacional, no se puede pasar por alto el proceso de su aprobación y el sentido del mismo para la vida política nacional. La dolarización de la economía se dio en un momento de discusion-negociación entre la clase política nacional. Sin embargo, por muy inverosímil que pueda aparecer, la medida no salió de una consulta entre los actores políticos. El gobierno decidió empeñar el futuro económico, la identidad cultural, la convivencia social salvadoreña, sin siquiera oír a los salvadoreños.

    De esta manera, a pesar de sus floridos discursos, el presidente Flores no ha abandonado el autoritarismo característico de su partido. Tampoco se ha podido desmarcar de las actuaciones del mismo. La vida política ha significado para él una esfera de reafirmación de los intereses de su partido y de su férreo control sobre la vida nacional. El presidente no ha estado a la altura de la necesidad de concertación reiteradamente anunciada como única manera de abordar con éxito los problemas nacionales. En los momentos más delicados de la vida del país, a lo largo de este año, su visión corta de la política nacional —una lucha entre fuerzas del bien y del mal— ha orientado, muchas veces por mal camino, sus decisiones.

    En este sentido, ha demostrado poca capacidad para discutir y aceptar propuesta diferentes a su visión de la realidad. No ha hecho más que aumentar los recelos y generar confrontaciones en los sectores políticos nacionales en vez de ser un factor de aglutinamiento socio-político, tal como lo exige la Constitución del país.

    Añadido a ello, la incapacidad demostrada de parte de varios de sus funcionarios para llevar las riendas de los asuntos públicos, y los mismos titubeos presidenciales en cuanto a lo que debería ser una política nacional, han sido suficiente para provocar un fuerte retroceso en la institucionalidad del país a lo largo de 2000. Los titubeos —pese a la publicidad— han creado más confusión que aciertos para la mayoría de salvadoreños.

    De esta manera, la visión política oficial ha estado descansando más en la propaganda que en acciones concretas para aportar soluciones viables a los problemas que enfrentan los diversos sectores de la vida nacional.

Los resultados electorales de marzo fueron determinantes en el 2000

    Desde que se conocieron los resultados de las elecciones de marzo pasado, que consagraron el avance en simpatía popular del FMLN, la vida política nacional ha conocido un dinamismo inusual que conviene abordar en este balance. En efecto, a raíz de los resultados de las elecciones pasadas, que pusieron en la cuerda floja el liderazgo político de ARENA, se han conocido varios dinamismos que, además de agravar la situación de fragilidad de las instituciones nacionales, configuraron la calidad y el estilo de manejo de la cosa pública en este año. En este sentido, hay que recordar el dinamismo interno que se produjo en ARENA y en la derecha en general, así como también el operado en la izquierda política.

    En el seno de ARENA, el principal partido de derecha en el país, los resultados de las elecciones pasadas causaron una cierta confusión y un proceso de histeria colectiva. Las convulsiones que provocaron en la derecha los resultados de las elecciones pasadas deben significar para la sociedad una voz de alerta sobre el camino democrático y la (in)suficiente madurez de sus líderes políticos para aceptar el veredicto de las urnas. Así, la Asamblea legislativa ha sido el teatro de las confusiones y del proceso de acomodamiento de la clase política. Por un lado, una derecha asustada por su descalabro electoral y, por el otro, una izquierda en ocasiones demasiado insolentada por sus resultados y su peso real en la política nacional.

    Las confusiones de unos y los aires de grandezas de otros han significado al país una fuerte lucha de poder que se han traducido en entrampamientos y escabrosos procesos de negociación política. Así como ARENA no estuvo dispuesto a aceptar la nueva configuración del mapa político nacional —lo cual explica sus temores y enconadas luchas con el FMLN—, este último no ha estado a la altura de la nueva coyuntura. Resistencias de unos y faltas de tacto político de otros han contribuido a la triste imagen de la Asamblea Legislativa a lo largo de este año. Por tanto, más que de discusiones políticas, el primer Órgano del Estado ha sido teatro constante de bloqueos entre unos y otros. En esta realidad, los partidos pequeños no han tenido un papel protagónico, a excepción del PCN, cuyos líderes, más interesados por sus beneficios personales, se han alineado con la causa de ARENA.

    Por otro lado, la intransigencia mostrada en muchas ocasiones tanto por el FMLN como por ARENA ha cerrado el paso al proceso de fortalecimiento de la autonomía de los municipios. Como el gran ganador de las elecciones municipales pasadas fue el FMLN, ARENA ha leído la necesidad de fortalecimiento de los municipios como la posibilidad de contribuir a la causa del FMLN. Ello se ha traducido en eternas campañas en contra de Héctor Silva, el alcalde capitalino, y la principal figura de eficiencias del FMLN en el manejo de los destinos de la población.

    De esta manera, se ha estancado el tema del 12 por ciento que al principio reclamaba la izquierda para las alcaldías. Los municipios han pagado el precio de la batalla política entre la izquierda y la derecha nacional. Han sido sacrificados a la necesidad de protagonismo de los partidos que dominan la política en el país.

    Por otro lado, esta lucha constante ha tomado matices que deben preocupar a la población en cuanto al avance en el proceso democrático nacional. En una situación de virtual equilibrio entre los dos principales partidos políticos, no sólo se han visto los puntos débiles de la reconciliación nacional —que los políticos gustan recalcar cuando se pronuncian acerca del proceso de pacificación nacional—, sino que también permite ver hasta qué punto la derecha cree en la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones.

    A lo largo de este año, el bloque de derecha ha demostrado su determinación para pisotear y cambiar de manera antojadiza las reglas del juego de la vida política nacional, toda vez que no respondan a sus intereses inmediatos. Tal ha sido el caso de propuestas intempestivas de leyes que contradicen el espíritu de la seguridad jurídica. La reforma al reglamento interno de la Asamblea legislativa en lo que respecta al nombramiento de su presidente es prueba palpable de lo anterior. La certeza del avance irremediable del FMLN en simpatías populares motivó esos cambios y, a la vez, explica la determinación de la derecha a abandonar en caso de necesidad sus reiterados discursos de compromiso con el proceso democrático.

    La preocupación estaba latente desde los inicios del proceso electoral, en el cual las calumnias y ataques personales propias de épocas pasadas estuvieron a la orden del día. Los esfuerzos por desprestigiar a Héctor Silva, sobre todo mediante campos pagados en la prensa nacional, constituyeron las principales preocupaciones de la derecha. De alguna manera, en esa coyuntura, también la prensa nacional demostró claramente sus posiciones ideológicas y los intereses que defienden sus propietarios. Ni siquiera el Presidente de la República, tan dispuesto a pregonar equilibrio político, pudo mantenerse neutral como corresponde a su función. Cabe recodar que la víspera de las elecciones, en una alocución pública hizo campaña proselitista por su partido, cuando ya había pasado el período legalmente establecido para tales propagandas.

    Después de conocido el resultado de las elecciones en el que fue importante el avance de la izquierda, el país vio con cierto beneplácito el anuncio de concertación de diversos actores políticos. Se pensó en la necesidad de aprovechar la nueva coyuntura para abordar, de manera concertada, los diferentes problemas que aquejan al país. Sin embargo, más tardaron en anunciarse los buenos propósitos que los diferentes partidos políticos en manifestar su incapacidad para dialogar y concertar en torno a los intereses de la nación. De ahí que después de las elecciones, las promesas de concertación cayeran en saco roto.

    Por un lado, el partido ARENA se siente demasiado ofendido por el resultado de las elecciones. No se han podido aceptar sus resultados, donde los electores, quizás basándose en la experiencia positiva con el FMLN en el manejo de varias alcaldías del país, votaron ampliamente a este instituto político en el ámbito municipal. En este sentido, no se han hecho esperar las diversas maniobras del partido de derecha para frenar todo lo que significara cierto reconocimiento al avance del FMLN. Las maniobras para arrebatarle la presidencia de la Asamblea Legislativa, a partir del denominado bloque de derecha conformado entre el PCN, PDC y ARENA, y las constantes campañas de prensa para desacreditar el partido de izquierda, son algunos movimientos que han caracterizado la reacción de ARENA en torno a los resultados de las elecciones pasadas, y el consiguiente mensaje de su posible desalojo del poder.

    Acompañando a estos resultados es de especial importancia recalcar el proceso interno de ARENA. A raíz del descalabro electoral, diferentes sectores dentro del partido de derecha han pugnado por una reestructuración interna que permita a este instituto político recobrar su vigor y su otrora fuerza electoral. En un proceso insólito, se han dado las más variables discusiones al interior del partido de derecha. El partido conocido por su hermetismo y sus estructuras verticales empezó a resquebrajarse cuando el llamado movimiento de los fundadores irrumpió en la escena política, como abanderado de los cambios internos. Por primera vez, ventilaron públicamente los desatinos de los dirigentes areneros en cuanto a su manejo del partido.

    El principal afectado de este movimiento de denuncias de los ex fundadores fue Alfredo Cristiani. El ex presidente, quien había tomado el mando en el partido luego del descalabro electoral de 1995, tuvo que abandonarlo, con lo cual se inició el proceso de acomodamiento interno que lidera el actual COENA. Queda por ver en qué medida los cambios de personas logren rehacer la cohesión partidaria. En la medida en que el partido de derecha resuelva sus problemas internos y los dirigentes insuflen mayor confianza a las bases, pueden contribuir al mejoramiento del clima político nacional.
El FMLN también ha tenido que enfrentar su propio proceso interno a lo largo de este año. Sin embargo, gracias a los buenos resultados electorales lo ha hecho con mayor madurez que en años anteriores. Durante este año, las luchas internas entre renovadores y ortodoxos no han tomado proporciones inquietantes. Al contrario, los resultados de la última Convención del partido de izquierda apuntan a la superación de la división interna. La eliminación de las tendencias, aún de manera nominal, puede contribuir a ello.

    Por otro lado, el FMLN debería aprender a ejercer una oposición más inteligente frente al partido oficial. La imagen de una oposición cerrada, más preocupada por los desaciertos del gobierno que en presentar alternativas concretas a los mismos, debe superarse. Por ello, hay que aprovechar el espacio cada vez más amplio de debate de la sociedad civil en torno a los tópicos más candentes de la vida nacional. Aparte de las propuestas presentadas en el momento de la discusión del Presupuesto General de la Nación, el FMLN no se distinguió en esta línea durante el año. Además, debería diseñar una estrategia que ayude a la población a percibir su diferencia con los demás partidos en el manejo de ciertos temas en la Asamblea Legislativa.

Lo que deja el año 2000

    Al final de 2000 se puede decir que los problemas en ARENA y sus temores de perder el poder afectaron demasiado la vida nacional. Las constantes improvisaciones y el autoritarismo del Presidente Flores no han permitido avanzar en una agenda nacional. La democracia no se ha fortalecido, las instituciones languidecen, la Asamblea Legislativa no está a la altura de los problemas del país. Los diferentes partidos no han sabido responder a las demandas de la población. La derecha no ha aprendido a digerir el contrapeso democrático; tampoco la oposición ha estado a la altura de lo que espera la ciudadanía. El desprestigio de la clase política ha aumentado. Las prebendas y favoritismos han caracterizado el desempeño de la administración pública. La corrupción y la incompetencia han determinado la vida social. La actitud de aprovechar la política para consolidar posiciones personales no se ha dejado de lado. La violencia no ha disminuido. La impunidad sigue reinando. En ese marco, ha aumentado la frustración de la sociedad, mientras que su relación con la política continúa siendo débil.

    Otro tema es el caso de las reiteradas demandas de los sectores empresariales que, por un lado, denuncian la intervención de la política en la vida nacional, pero, por otra parte, hacen de la búsqueda de favores políticos uno de los mecanismos claves para obtener ganancias. Si no fuera el caso, no se entiende por ejemplo cómo la ANEP puede montar grandes campañas para organizar eventos donde pide a gritos la intervención del Estado para garantizar sus ganancias económicas y, sin embargo, con la misma capacidad de influencias que tiene no puede impulsar una ley de libre competencia en el país. Es que, en buena medida, una ley de esa naturaleza vendría a mermar los ingresos económicos de los grandes empresarios de esta institución privada y socavaría la base de su poder monopólico.

    Así las cosas, el país no ha tenido la mayor colaboración de sus líderes tanto políticos como empresariales para enfrentar los desafíos que han surgido en el año 2000.  Ante este panorama, es de importancia preguntarse qué le espera a la nación durante el año 2001. Un somero vistazo a la situación antes descrita puede dar pie a una actitud pesimista acerca de lo que espera a la nación durante este nuevo año. Por lo menos así lo reflejan las diversas encuestas de opinión pública. A pesar de las muy publicitadas bonanzas que traerán medida como la dolarización y el TLC, la mayoría de la población no parece estar muy contenta ante los alcances reales de estas medidas. Cuando se habla de posibles ganancias, muchos salvadoreños admiten que serán para los grandes empresarios o la gente que ya tiene suficiente dinero.

    Por otra parte, respecto a los cambios anunciados en las instituciones, tampoco se tiene mucha fe en que éstas vayan a cambiar o que podrán asumir seriamente sus funciones en la sociedad. De manera general, se sigue pensando que la PNC, la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial seguirán favoreciendo y defendiendo los intereses de los más poderosos. La mayoría cree que la política nacional seguirá defendiendo los intereses de los más privilegiados. A pesar de ese tinte pesimista, es necesario reconocer que el país ha avanzado en cierta medida en cuanto a la toma de conciencia de los ciudadanos sobre la necesidad de defender sus derechos y demandar a las autoridades que cumplan con lo que se les ha encomendado por medio del voto popular. Por lo menos algunas denuncias y reclamos que se han conocido a lo largo de 2000 permiten ver con optimismo este tema.

    En buena medida, ha contribuido a ello el aporte trascendental que han dado los medios de comunicación para animar el debate público de los problemas nacionales. A pesar de las críticas válidas que se pueden hacer a ciertos sectores de la prensa, es de justicia reconocer el aporte de los medios de comunicación al debate nacional. En este sentido, se ha contribuido a una mayor conciencia ciudadana y se ha puesto en tela de juicio a actuaciones vergonzosas de ciertos líderes políticos. Si, por poner un ejemplo, a final del año se ha podido detener la exención de impuestos que ciertos diputados se querían recetar, o si se ha podido llegar a juicios como el caso de Katia Miranda —a pesar de la insatisfacción en cuanto a su desenlace— o si se ha podido denunciar la corrupción en instituciones como la Fiscalía, la PNC, la FEDEFUT y el Órgano Judicial, eso ha sido gracias al aporte de la prensa.

    De acuerdo a estos puntos es lícito esperar que en el 2001 los medios sigan adelante con este dinamismo, para que los actores políticos sientan la presión de fiscalización de la que son objeto por parte de la población. Sólo con una participación real de la sociedad civil se puede lograr un cambio en la política, contener la impunidad y combatir la corrupción. Sólo así se podrá avanzar en el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

BALANCE ECONÓMICO

    La dolarización de la economía salvadoreña ha sido, sin lugar a dudas, el aspecto de más trascendencia dentro de las medidas de "política económica" adoptada por el gobierno de Francisco Flores durante el año 2000. Y no porque no haya habido más medidas, pues, paralelamente, se han venido presentando sendos programas de desarrollo agropecuario y, recientemente, de desarrollo territorial. El contexto económico en el que se ha anunciado la dolarización es uno de los peores de la década de 1990, tanto porque la desaceleración económica se ha profundizado, como porque permanecen tendencias hacia el desequilibrio de los sectores externo y público, sin que el gobierno adopte medidas correctivas. La dolarización, como el mismo gobierno reconoce, no es la solución a estos problemas.

    A inicios del siglo XXI, se mantienen prácticamente incólumes los ya sempiternos desequilibrios macroeconómicos (déficit fiscal y déficit de la balanza comercial), mientras que la inflación, aunque se incrementó, continúa a niveles extremadamente bajos, tal como sucediera en los dos años previos. El sector monetario financiero, por su parte, ha observado un comportamiento caracterizado por una sensible reducción en las tasas de crecimiento del crédito y reducciones en las tasas de interés (especialmente en las pasivas).

    Es decir, descontando los efectos del anuncio de la dolarización, nada nuevo ha ocurrido en 2000, aunque sí es claro que la economía está enfilándose a una crisis más profunda caracterizada por una reducción de las tasas de crecimiento económico, un nuevo impulso inflacionario que será generado por la dolarización y una profundización del déficit fiscal debido al escaso crecimiento relativo de las recaudaciones tributarias e incrementos en el gasto público.

    La tasa de crecimiento del PIB, para 2000, ha sido calculada de forma preliminar en un 2.5%, lo cual está por debajo del 3.5% obtenido en 1999 e, inclusive, de las proyecciones del programa monetario y financiero del Banco Central de Reserva (BCR). Por otra parte, uno de los primeros efectos de la dolarización que ya se avizoran son las alzas en los precios producto del efecto de "redondeo" o de aproximación de las conversiones de colones a dólares y viceversa. El mismo gobierno ha anunciado ya que implementará planes de control del "redondeo" para evitar abusos, pese a que siempre se ha mostrado renuente al control de las empresas. Este nuevo impacto inflacionario será transitorio y no permanente, pero será considerable a lo largo de 2001.

    Por otra parte, las finanzas públicas continúan mostrando muchas debilidades debido a que los gastos públicos se incrementan en mayor cuantía que los ingresos. A lo anterior se agrega que estos últimos podrían deteriorarse por efecto de una reducción de los ingresos percibidos con la emisión de la moneda o señoreaje (que desaparecen con la dolarización), pero sobre todo de  menores recaudaciones debido a la eliminación de aranceles producto de acuerdos de libre comercio —especialmente con México— y, en particular, a la diferencia que existe entre las programaciones del gobierno y lo que efectivamente logra recaudar (en 1999 lo recaudado fue inferior en un 12% a lo programado).

    En este contexto,  la lectura de los resultados macroeconómicos de 2000 debe hacerse tomando en cuenta que las dinámicas económicas no han cambiado mucho, aunque, sin riesgo de caer en el pesimismo, puede decirse que se percibe un relativo empeoramiento de las condiciones económicas e incoherencia entre las medidas adoptadas y la realidad económica, tal como lo refleja un examen rápido de los principales resultados del año.
 

Producción y precios

    Para el año 2000, se estima que el crecimiento del PIB alcanzará solamente un 2.5%,  lo que significa que sería la segunda tasa más baja obtenida para la década de 1990 y la más baja desde 1996, cuando el PIB creció solamente un 1.7%. Desde entonces, no se había experimentado una tasa de crecimiento tan baja, aunque sí ya se había hecho sentir una tendencia descendente: en 1997, la tasa de crecimiento del PIB fue de 4.2%, en 1998 bajo a 3.5%, en 1999 bajo a 3.4% y en 2000 ha descendido a 2.5%.

    Un claro reflejo de esta situación es el hecho de que, para el mes de septiembre, el volumen de la producción había crecido a menores tasas que en 1999. Así, los indicadores de volumen de la actividad económica reflejaban que, con la sola excepción de la administración pública y el sector electricidad, todos los sectores económicos habían experimentado un menor ritmo de crecimiento (sector agropecuario, industria manufacturera, sector financiero), mientras que otros inclusive  experimentaron una reducción de su volumen de actividad económica (comercio, construcción, transporte). Aunque estos resultado variarán cuando se incorporen los resultados del cuarto trimestre de 2000, difícilmente cambiarán significativamente.

    Por otra parte, el comportamiento de los precios al consumidor ha sido, de nuevo, relativamente estable: la inflación se estima en 3.5% para 2000, lo cual, aunque supera con creces la deflación de –1% registrada en 1999, es una tasa bastante baja. Los últimos datos disponibles por grupos de bienes sugieren que los sectores que experimentaron los mayores incrementos en sus precios fueron los grupos de vivienda y misceláneos, que para el mes de septiembre pasado presentaron tasas de inflación de 8.9% y 3.8%, respectivamente. Estos mayores ritmos inflacionarios se deben a incrementos en los servicios de las viviendas (electricidad, agua y teléfono), los cuales vienen experimentando incrementos producto de ajustes tarifarios y de reducción paulatina de los subsidios al consumo de energía eléctrica.

    En lo referente al salario mínimo, debe decirse que este se mantuvo inalterado a lo largo del año, lo cual aunado al hecho de que se obtuvo una tasa de inflación de 3.5%, permite colegir que durante el año el salario mínimo real experimentó una disminución, ya que éste es sensible a los procesos inflacionarios. En otras palabras, el salario mínimo perdió un 3.5% de su poder de compra durante el año 2000.

Sector público

    El déficit del sector público no financiero ha alcanzado nuevamente los niveles de déficit del año 1999, es decir, cerca de un 2.5% del PIB. Esto implica que los ingresos fiscales son inferiores a los egresos fiscales en una cantidad superior a los 2,700 millones de colones. Hasta ahora el déficit ha venido siendo financiado mediante la adquisición de empréstitos internos y externos, pero esta situación genera también mayores egresos en concepto de servicio de la deuda, los cuales a su vez presionan hacia un incremento del déficit fiscal.

    Además del endeudamiento, el gobierno cuenta con otra fuente de financiamiento: las donaciones. De hecho, estas experimentaron un importante repunte en el año 2000 pues, para septiembre de 2000, totalizaban 629.8 millones de colones, mientras que en todo el año 1999 apenas se recaudaron 189.5 millones de colones.

    Los datos disponibles no permiten establecer cual será el comportamiento de los ingresos corrientes para finales de año, pero la evidencia de los últimos años refleja un crecimiento insuficiente para hacer frente a las crecientes obligaciones financieras del Estado. Entre 1996 y 1999, los ingresos tributarios apenas se incrementaron a un promedio de 5% anual, mientras que los gastos corrientes lo hicieron a tasas cercanas, o inclusive superiores, al 10% anual. Debido a que ambos tienen similar magnitud, este desigual crecimiento es lo que explica, a final de cuentas, porque no se logra eliminar el déficit fiscal, pues, aunque los ingresos corrientes crecen, lo hacen a un ritmo y cantidad menores que los de los gastos corrientes. Esto trae a cuenta la necesidad una nueva reforma tributaria, ya que la implementada por los gobiernos de ARENA lo que ha provocado es una reducción de la presión tributaria en los últimos cinco años (de 12% a 11% entre 1995 y 1999), agregándose a ello el hecho de que la mayor parte de los impuestos son pagados por los sectores consumidores y no por las empresas.

Sector externo

    Durante las últimas dos o tres décadas el sector externo ha mostrado desequilibrios derivados del hecho de que El Salvador importa más de lo que exporta, al grado que se estima que, para 2000, el déficit de la balanza comercial alcanzará los 1,754 millones de dólares, es decir, que sufrirá un incremento de 10.7%, en comparación a  1999, cuando el citado déficit fue de 1,587 millones de dólares. Esta es una tendencia que se ha venido registrando prácticamente a lo largo de toda la década y que solamente es sostenible gracias a la afluencia de remesas familiares, que son las que a final de cuentas equilibran la balanza de pagos, permiten acumular reservas internacionales netas y mantener estable el tipo de cambio. Esta dependencia se ha venido profundizando en los últimos años, al grado que las remesas familiares han llegado a representar entre un 90% y 95% del déficit de la balanza comercial.

    Al examinar con más detalle la balanza comercial resalta el hecho de que las exportaciones tradicionales habrían aumentado en comparación a 1999, aunque debe decirse que este incremento debe tomarse con cautela, pues en realidad durante los últimos tres años se han venido experimentado fuertes reducciones en las exportaciones tradicionales que distorsionan los resultados (sólo entre 1996 y 1999 hubo una reducción desde los 414 a los 316 millones de dólares). Para octubre de 2000, las exportaciones tradicionales alcanzaron los 332 millones de dólares, lo cual supera el nivel de 1999 pero todavía no alcanza los de 1996 (que por cierto ya eran malos).

    Por su parte, y siempre para octubre de 2000, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 781 millones de dólares, lo cual aunque es inferior al nivel de 1999 (848 millones de dólares) todavía se incrementará cuando se contabilicen los meses de noviembre y diciembre. Así, es probable que se alcancen niveles similares o levemente superiores a los de 1999. Finalmente, las exportaciones de maquila continúan creciendo aunque a tasas mucho más moderadas (10-12%) que las observadas a mediados de la década (30-40%). Para octubre de 2000, las exportaciones de maquila alcanzaron los 1,358 millones de dólares, lo cual supera el monto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales juntas, pero no refleja el hecho de que la maquila al mismo tiempo que exportó la cantidad citada, importó un total de 977 millones de dólares en insumos y maquinaria. Esto implica que las exportaciones netas de la maquila (exportaciones menos importaciones) fueron de 381 millones de colones, es decir una cifra cercana a las de las exportaciones tradicionales en uno de sus peores momentos.

    Para el 2000 el crecimiento de las importaciones será  fuerte, ya que sólo para el mes de octubre estas habían alcanzado los 4,020 millones de dólares, un nivel similar al de todo 1999, y que todavía experimentará incrementos debido a las importaciones de los meses de noviembre y diciembre.
 No hay que extrañarse entonces que nuestra balanza comercial incremente su déficit en el año 2000, y supere los 1,600 millones de dólares. Sin embargo, debido a la afluencia de las remesas familiares ya citadas arribas y de las donaciones, al final del año se obtendrá un saldo positivo en la balanza de pagos del orden de los 200 millones de dólares y un subsecuente incremento en las reservas internacionales netas.

Sector monetario financiero

    Por lo referente a la oferta monetaria puede decirse que, para mediados de año, ésta, al igual que la producción, había reducido su ritmo de crecimiento. Simultáneamente, el Banco Central de Reserva (BCR) ha ido reduciendo los encajes legales para acelerar el crecimiento de  la oferta monetaria que por el momento no han tenido mayores efectos. Probablemente, estos se hagan sentir hasta finales del año 2000 o principios del año 2001, aunque con la dolarización lo más probable es que no. El mismo BCR reconoce en su informe del tercer trimestre de 2000 que los agregados monetarios, aún y cuando se recuperaron en el tercer trimestre de 2000, han estado creciendo por debajo de lo programado.

    El crédito también ha experimentado una fase de lento crecimiento que inclusive está por debajo de los niveles obtenidos en el año 1999. Para el mes de septiembre, el total de crédito a empresas y particulares alcanzó los 47,205.1 millones de colones, lo cual implica un incremento de 5.2% si se compara con el mismo mes de 1999 que contrasta con el incremento de casi 10% experimentado entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999.

    En lo tocante a las tasas de interés, el mismo BCR reconoce que estas han experimentado una tendencia hacia la reducción, pero que ha sido mucho más clara en el caso de las tasas pasivas o pagadas a los ahorros. En cambio,  las tasas activas o pagadas sobre los créditos están disminuyendo a un ritmo mucho menor. Evidentemente, lo anterior implica un mayor margen de intermediación para la banca que incluso se ha incrementado todavía más con el solo anuncio de la dolarización, el cual motivó a los banqueros a reducir en dos puntos porcentuales las tasas pasivas y dejar intactas las tasas activas.

    Cabe agregar sobre las tasas de interés que éstas no han venido siendo fijadas de acuerdo al comportamiento de la inflación y, por lo mismo, al calcular las tasas de interés real (es decir descontando la inflación), lo que se descubre es que pese a que las tasas nominales se encuentran en niveles demasiado elevados. Así, por ejemplo, si para 2000 tenemos una inflación de 3.5% y los prestamos se contratan a una tasa activa promedio de 15%, tenemos que la tasa activa real será de 11.5%, la cual es notoriamente alta.

La dolarización en perspectiva

    Como se mencionó al principio, el anuncio de modificaciones en el sistema cambiario han levantado importantes dudas sobre si se trata o no de una mera dolarización. Pese a que el gobierno ha planteado que lo que se busca es una "integración monetaria" lo cierto es que los planteamientos de la Ley de Integración Monetaria apuntan más bien hacia una dolarización de la economía, pues establece que el sistema financiero cambiará su  unidad de cuenta del colón al dólar.

    Las implicaciones de esta medida sobre la política monetaria son claras: prácticamente la erradicará y el BCR ya no podrá desarrollar políticas de reducción o expansión de la base monetaria, del crédito o de las tasas de interés. De esta manera el Estado pierde una importante capacidad de maniobra para el manejo de períodos de lento crecimiento o de crisis internacionales.

    Sin embargo, lo más cuestionable es que la dolarización se está realizando sin necesidad y, peor aun, sin que existan condiciones para ello. La dolarización es una medida extrema que pretende controlar procesos de hiperinflación originados por devaluaciones sucesivas de la moneda nacional. Sin embargo, en El Salvador el tipo de cambio está prácticamente fijo desde 1992 y, por tanto, no es ninguna fuente inflacionaria; además, como ya se reseñó arriba, la inflación se encuentra a niveles considerablemente bajos. Entonces ¿cuál es la lógica tras la cuestionada disposición?

    Según el gobierno, su pretensión es que se reduzcan las tasas de interés bancario, pero esto en realidad no será consecuencia directa de la dolarización, sino de los criterios de los banqueros; quienes más bien han aprovechado la coyuntura para bajar en dos puntos porcentuales las tasas que pagan a los depósitos manteniendo en el mismo nivel las que cobran a los usuarios del crédito. He aquí, pues, un primer efecto negativo de la dolarización que ha afectado directamente a los ahorrantes.

    La decisión de dolarizar se ha tomado dando mayor importancia a la dimensión política que a la económica. El panorama económico no es propicio para dolarizar, no sólo porque no hay problemas de hiperinflación, sino también porque enfrentamos problemas de déficit fiscal, baja competitividad de los sectores productores de bienes transables y, además, nos encontramos en interacción estratégica con los países vecinos quienes constantemente devalúan su moneda y que ganarán competitividad frente a El Salvador.

    El único aspecto que parece claro es que con la dolarización se elimina la posibilidad de que en el futuro un gobierno pueda devaluar o utilizar la política monetaria (a través del control del crédito y las tasas de interés) en "desmedro" de los intereses empresariales de los pequeños grupos que ejercen la propiedad de los bancos.

Consideraciones

    2000 nos ha traído más de lo mismo en el ámbito de la coyuntura económica; sin embargo, en los últimos día del año el anuncio de la integración monetaria o dolarización ha traído expectativas de cambios importantes en la coyuntura económica de 2001 tanto sobre el ámbito monetario-financiero, como en el de los precios, finanzas públicas y hasta del sector externo. Lamentablemente, no puede decirse que todos los cambios serán buenos, y un primer reflejo de ello es la reducción de las tasas pagadas al ahorrante y las interminables confusiones que la utilización del dólar ha generado aun antes de entrar en plena vigencia la Ley de Integración Monetaria.

    Una síntesis de la coyuntura económica revela los siguientes aspectos relevantes:

• La producción ha crecido menos que en 1999 y muestra una clara tendencia hacia la desaceleración.
• Los precios han experimentado un repunte como resultado de la eliminación de exenciones al IVA e incrementos en los servicios básicos de las viviendas, pero aun se encuentra en niveles relativamente bajos.
• Los salarios mínimos reales muestran un deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
• El sector externo continúa profundizando su dependencia de las remesas familiares y las donaciones para cubrir el déficit de la balanza comercial y acumular reservas internacionales netas.
• El sector público no mejoró ni empeoró en el 2000, pero mantiene niveles de déficit fiscal preocupantes que no han podido ser erradicados a través de la política fiscal, y que están siendo sorteados con endeudamiento y donaciones.
• El sector monetario financiero muestra la existencia de bajos niveles de crecimiento de la masa monetaria y el crédito y una reducción de las tasas pasivas que no es compensada con una reducción de similares proporciones en las tasas activas.

    Paradójicamente, y nuevamente debido al peso de la dimensión política, muchas de estas medidas son rechazadas de tajo por el gobierno: la dolarización supone, como ya se dijo, eliminar la política monetaria; en tanto que, sobre los salarios mínimos, el Presidente Francisco Flores estableció que estos no se incrementarían porque ello podría desestimular la inversión en la maquila, que preferiría pagar salarios menores en países vecinos como Guatemala y Honduras, por ejemplo.

    A juzgar por las señales anteriores, la visión del actual gobierno parece partir del hecho de que el único objetivo de política económica es el de controlar la inflación y de manejar los flujos de remesas y de donaciones, llegando incluso al extremo de embarcarse en un riesgoso y absorbente proceso de dolarización sin haber resuelto antes problemas de fondo que están volviéndose permanentes. Así las cosas,  iniciamos el tercer milenio todavía sin conocer un plan y estrategia de desarrollo coherente y consistente con nuestra realidad.

BALANCE SOCIAL

Cuestiones preliminares

    Al observar el desarrollo de la sociedad salvadoreña desde una perspectiva cotidiana, resulta evidente que vivimos en un país en el que la dinámica social padece tanto de abruptos cuestionamientos al orden imperante, como de prolongados aletargamientos en la dinámica de sus principales actores. Los salvadoreños bien pueden despertarse un día sufriendo las arbitrariedades de una protesta por el subsidio al transporte público, y al día siguiente prepararse para celebrar en relativa tranquilidad una celebración religiosa. Atravesando este cuadro habitual, se encuentra una característica constante y de cuya existencia sabemos desde hace mucho tiempo: la conflictividad. Sin duda alguna, El Salvador es un país marcado profundamente por la conflictividad social. Evidentemente, esta característica extiende sus ramas en todos los aspectos de la vida nacional, se manifiesta sutil o escandalosamente en los movimientos de la clase política, funciona como confirmación para los centros de poder en el área económica y estructura unos determinados modos de vida desde los valores y la cultura que crea y recrea en el día a día.

    De esta suerte, 2000 ha sido un año en el que se ha pasado de una etapa de convulsiones y de crecientes presiones por parte de determinados grupos de la sociedad, a una en la que las acciones de esos y otros grupos se ha visto menguada por acontecimientos que se originan en otras áreas (como la política y la económica). La raíz de este “antes” y “después” en la dinámica social se encuentra, como se mencionará más adelante, en la coyuntura electoral que se vivió durante los primeros meses del año. No obstante, entre todas las preocupaciones que surgen en torno a este escenario, hay una que se impone con mayor fuerza: prevalece una inconstancia inquietante entre el discurso de determinados sectores de la vida social (especialmente los sindicatos y la sociedad civil) y las acciones concretas que realizan para hacer públicas sus reinvindicaciones. En este sentido, la transición de 2000 a 2001 será de vital importancia para estos sectores —aquellos que ocupan lugares estratégicos en la configuración del país—, en la medida en que tendrán que demostrar su capacidad para asimilar el rumbo que se le está dando a la nación.

    Como es evidente, la gran empresa, junto a la clase política que defiende a capa y espada sus privilegios, tienen la ventaja de mantener un alto nivel de influencia en el aparato estatal. Esto les basta para manipular con relativa comodidad la marcha del país sin que ello suponga una transgresión significativa de su estatus quo. No pasa lo mismo con aquellos grupos que, organizados o no, se ubican del otro lado del espectro político o ideológico. El peso de los hechos ocurridos durante 2000 (el vetado repunte político de la izquierda en la Asamblea Legislativa y los Gobiernos Municipales, el conflictivo desarrollo de la huelga en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, y en el Sistema Nacional de Salud, los ínfimos espacios de participación abiertos a la sociedad civil, la manipulación constante de la opinión pública de parte del gobierno y sus comparsas, etc.) les ha significado, quiérase o no, una reducción sensible en su capacidad para influir en la construcción de soluciones concertadas y en la búsqueda de espacios de encuentro al menos en cuanto a los discursos que manejan sus “opuestos”.

    De esta manera, mientras que para unos no es necesario invertir mucha energía en la asimilación de los nuevos matices que configuran el escenario actual, para otros este esfuerzo les ha llegado a restar capacidad de respuesta y de propuesta. La definición de este escenario del que hablamos se deriva, fundamentalmente, de dos grandes acontecimientos que marcan la forma en que los actores sociales ponen sus cartas sobre la mesa y entran en el juego de poderes y contrapoderes característico de una “democracia”: primero, la automática anulación de la correlación de fuerzas resultante de las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2000 y, segundo, las recientes medidas económicas que colocan inevitablemente al país en la ruta de la dolarización a pesar de la opinión que la ciudadanía tuviera al respecto. Definitivamente, cuando se consolidaron los lazos de la derecha legislativa con la conformación del llamado bloque de derecha (ARENA-PDC-PCN) durante la elección de la junta directiva del Congreso, se cerraron muchas puertas a las iniciativas que pudieran surgir de otros sectores que no fueran los think tanks de la derecha tradicional.

    Esto no implica, por supuesto, que la oposición política, por el mero hecho de serlo, tenga suficiente poder de convocatoria como para agrupar en torno a sus principios a una porción representativa de aquellos sectores. Hasta la fecha no han demostrado siquiera tener la capacidad de recoger por su cuenta el sentir y el pensar de estos sectores con un mínimo de fidelidad. Más bien, las posibilidades quedaban abiertas para que, dada la posición que el centro-izquierda había ganado en la Asamblea Legislativa, hubiera una mayor permeabilidad frente a las posturas de sectores tradicionalmente relegados de la actividad parlamentaria, como el sector laboral, los consumidores o el sector informal de la economía, entre otros. Pero la renovación de la alianza entre los partidos de la derecha tiró al traste estas posibilidades. Esto puede explicar el letargo en la actividad social que sucedió a las elecciones de marzo: antes de que la nueva legislatura iniciara su trabajo, el ambiente era propicio para hacer reclamos, para expresar posiciones y para criticar y complementar las propuestas partidistas; una vez superada esta coyuntura, y más de la amañada manera en que se hizo, nuevamente no había nadie en quien confiar y los salvadoreños, organizados o no, se prepararon de alguna manera para recibir más de lo mismo.

    Con respecto a la influencia que ha tenido sobre la dinámica social la recientemente aprobada Ley de Integración Monetaria, ya se pueden extraer algunas conclusiones importantes que, de seguro, marcarán la pauta en la dinámica social del año en curso. Y es que la decisión adoptada por el gobierno de Francisco Flores confirma la tendencia que se venía haciendo patente desde hace algunos meses: la tremenda modificación de su discurso de uno en el que los principales beneficiados serían aquellos “salvadoreños trabajadores”, a otro en el que se manifiesta con claridad su compromiso con el bienestar de los sectores económicos que, de momento, hacen y deshacen a su antojo la economía y el mercado. De esta suerte, el signo de exclusión que predominó en las acciones de Flores durante la huelga de empleados en el ISSS y del Sistema Nacional de Salud, se manifestó con toda la fuerza de las acciones concretas el día en que hizo pública su intensión de dolarizar la economía nacional. En una decisión de este tipo, lo más nocivo —desde la óptica del presidente y sus tutores económicos— era la consulta pública, la concertación o el debate previo. De ahí su carácter fundamentalmente impositivo.

    De cara al panorama hasta acá resumido, se puede determinar que han sido tres las tendencias más relevantes de la dinámica social durante 2000: 1) La creciente fragmentación del movimiento laboral organizado y de la sociedad civil independiente del pensamiento de derecha; 2) el predominio de la violencia como mecanismo de respuesta a las presiones sociales; y 3) la renovación de la manera en que los sectores poderosos del país, en especial los económicos, se apropian de los lugares que ocupan en el Estado para defender sus privilegios y hace valer su visión de mundo. En las siguientes páginas se presenta un vistazo general de las principales manifestaciones e implicaciones que dan razón de estas tendencias y de su poder de influencia en la manera en que las personas y los grupos sociales se relacionan entre sí.

La dinámica del sector laboral y de la sociedad civil

    En 1999, la actividad laboral que acompañó el desarrollo del conflicto desatado entre los médicos y trabajadores del ISSS y del Sistema Nacional de Salud despertó muchas expectativas acerca de su capacidad para influir en la construcción de planificaciones concertadas para el desarrollo. Prácticamente, era la primera vez que las reivindicaciones de los sindicatos más tradicionales —representantes de los niveles más bajos dentro de las jerarquías laborales— se veían sanamente enriquecidas por la visión del sector profesional. En el caso concreto de la huelga del ISSS, la preponderancia de los médicos en la organización de las protestas que recibieron el mandato de Flores tuvo un resultado nada despreciable: la elaboración de una propuesta bien fundamentada para reformar el sistema de salud pública. A este sector se unieron de manera eventual otros sindicatos agrupados en el Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), en lo que parecía ser un renacer de la actividad sindical, más a la altura de las exigencias propias de la transición democrática.

    Sin embargo, como ya se mencionó antes, la coyuntura electoral imprimió nuevos visos a esta actividad de manera que la influencia que estos grupos pudieran ejercer sobre su situación laboral pasaba irremediablemente por una toma de postura ante la oferta política imperante. El gremio médico, representado por el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) y por el Colegio Médico de El Salvador, logró tomar distancia del debate político —excesivamente ideologizado y radicalmente polarizado— que se les presentaba. De cualquier modo, ello no obstó para que algunos representantes del FMLN respaldaran la causa de los sindicatos en conflicto en un intento por obtener su apoyo en las elecciones. A su modo, políticos de derecha, especialmente del PCN y de ARENA, hicieron lo suyo tratando de vincular los reclamos de los médicos y trabajadores del ISSS con todo tipo de acciones de desestabilización que, a su juicio, no tenían ninguna razón de ser. Hasta el mismo Flores se atrevió a calificarles como “oposición anti-sistema”, y con ello dejó claro que para su gobierno existían dos tipos de ciudadanos: los que aceptaban sin reparos las disposiciones que él y sus asesores les harían llegar y los que se sentían con el derecho de objetar dichas disposiciones. Para estos últimos, claro está, no tendría ninguna consideración dentro de su gobierno.

    La definición de ganadores y perdedores en los comicios de marzo coincidió con la llegada de varios acuerdos con los que se ponía fin a la conflictividad laboral imperante. Al mismo tiempo, y he ahí lo preocupante del caso, la supuesta unidad del movimiento sindical organizado perdió su razón de ser y el impulso que ganaron durante la etapa preelectoral no pudo ser igualado por nadie más que por los desmovilizados del ejército. En los meses que siguieron, el accionar del sector estuvo profundamente marcado por la fragmentación. Pareciera que, cada vez más, las causas que animan a los trabajadores a declarar públicamente sus demandas nacen y mueren dentro de las paredes en las que laboran. Una vez resuelta la problemática concreta que les hace iniciar una medida de presión, su actividad vuelve a la reserva acostumbrada.

    Una tendencia parecida, pero de más larga data, es la que presenta la sociedad civil. De nuevo, durante 2000 fue la campaña electoral la que animó el trabajo de determinadas organizaciones que respaldaban el fortalecimiento de nuevos mecanismos de participación ciudadana y de construcción de la opinión pública. Aunque la actividad de la sociedad civil sea un poco más prolífica, en virtud de que su “producto” suele ser más constante (eventos, documentos, estudios, etc.), también adolece de la fragmentación propia del movimiento laboral. Sea por falta de interés o por falta de capacidad, esta fragmentación incide directamente en el deterioro de la capacidad de denuncia y de demanda pública de la ciudadanía. Descartados como están los mecanismos más tradicionales de representación ciudadana (elecciones y partidos políticos), el rol de defensores de los intereses ciudadanos tendría que ser asimilado por la sociedad civil organizada, pero el proceso no termina de consolidarse en este sentido.

    De alguna manera, la excesiva discrecionalidad con la que otros sectores se imponen a la población (el caso de las empresas que distribuyeron alcohol adulterado o de las que devoran imparablemente los recursos forestales que aún le quedan al país son un claro ejemplo) afinca sus raíces en este escaso control ciudadano. Así, el sector laboral y la sociedad civil se enfrentan a un nuevo año con una debilidad a cuestas que, a la vez, se convierte en un reto: asumir la necesidad de someter las decisiones que emanan de las cúpulas de poder al escrutinio de sus representados, con la condición de recoger las demandas e inquietudes de la gran mayoría de salvadoreños que no poseen espacios de expresión pública.

Violencia en todas partes

    Cada mañana es lo mismo. La población se enfrenta a una situación en la que su vida no depende de las propias acciones. Prácticamente, cualquiera puede decidir sobre nuestras pertenencias o sobre nuestra existencia, de la misma manera que haría un tribunal por el destino de un infractor de alta peligrosidad. Los salvadoreños vivimos a merced de la muerte y el delito, es cierto, pero en este país esa muerte y ese delito se manifiestan de forma violenta casi todo el tiempo. En este sentido, cada día cobra más fuerza la noción de que la violencia se ha arraigado en la vivencia de la población como uno de los mecanismos más efectivos para enfrentarse a las presiones cotidianas. Como es evidente, a la base de esta idea se encuentran la premisa de que la situación actual somete a las personas de bajos recursos —y en ocasiones, a los que ocupan los estratos medios también— a todo tipo de presiones y dificultades en la tarea diaria por sobrevivir.

    Ni siquiera hace falta enumerar las múltiples manifestaciones de violencia a las que nos enfrentamos habitualmente. Ésta, que es en última instancia una manera de entablar una relación con el “otro”, se ha convertido en una institución, en una estructura de valores capaz de adaptarse a la mayoría de situaciones y que se refuerza constantemente por el contexto en el que se produce. De ahí su difícil tratamiento. Tal y como se menciona en el Editorial de este número, probablemente sea conveniente empezar a escudriñar una dimensión más individual del fenómeno —cómo las personas conciben la violencia— de cara a plantear una posible alternativa para su control. Y es que, a la larga, la violencia se asienta en la relativa facilidad con la que cualquier persona puede optar por acciones al margen de la ley para satisfacer sus necesidades, ya sea en situaciones tan cotidianas como sacar una licencia de conducir, como en otras más complejas como el secuestro o crimen organizado.

    Las piezas del rompecabezas que podría dar cuenta del fenómeno, pues, siempre tendrán una doble cara: aquella en la que se presenta a la persona como “propensa a” utilizar métodos violentos o ilícitos para satisfacer sus necesidades; y aquella en la que se muestra a la sociedad —concretamente, a las instituciones que tendrían que velar por el establecimiento de unas relaciones mínimamente armónicas entre las personas— como principal activador de esa tendencia. Por ello es que las manifestaciones de violencia organizada más significativas del año (las protestas de los desmovilizados del ejército y de los vendedores ambulantes del centro de San Salvador) merecen un tratamiento especial, de manera de no perder de vista esta doble consideración del caso. En concreto, sería un error agotar el análisis de estas manifestaciones de violencia en la usual idea de que tanto desmovilizados como vendedores estacionarios albergan dentro de sus mentes todo tipo de perturbaciones, que no son más que un grupo de delincuentes y desocupados que solo quieren vivir de la condescendencia del Estado y de la sociedad en general.

    En el fondo, la manera por la que estos grupos optan para expresar sus demandas se origina en las condiciones mismas en las que tuvieron o tienen que desarrollarse. Y con esto no sólo se hace referencia a la precariedad en la que viven, sino fundamentalmente a la exclusión a las que se les ha condenado sin ninguna contemplación. Dentro de las lides de la política nacional, tradicionalmente se trivializa la postura que el sector informal de la economía (comerciantes en pequeño y subempleados) puede adoptar frente a la realidad nacional. De esta manera, cualquier político se siente con el derecho de resumir en dos o tres enunciados sus necesidades y aspiraciones. Algo parecido ocurre con los desmovilizados: desde hace varios años, sus demandas aparecen como el plato fuerte de algunos diputados que las ocupan para reproducir sus privilegios dentro del Estado. En ambos casos, al negarse cualquier posibilidad de negociación frente a las problemáticas de cada sector, la respuesta inmediata es siempre la misma: presión por métodos violentos.

    Sin ánimo de generalizar, la breve revisión que se ha hecho sobre los dos casos arriba mencionados resulta útil para señalar dos ideas. Primero, en la evaluación de los orígenes del comportamiento violento de los salvadoreños se debe tomar en cuenta que, como mecanismo de relación entre los individuos, la violencia tiene un componente social y uno individual y ninguno se sobrepone al otro. Segundo, indudablemente, el control de las manifestaciones de violencia social en El Salvador obliga a aquellos que trabajan en la materia a considerarla como una estructura afincada en la sociedad. Desde esta perspectiva, ni se condenará a priori a quienes recurran a estos métodos para ejercer presión sobre la sociedad, ni mucho menos se adoptarán métodos exclusivamente represivos para responder al fenómeno.

Reposicionamiento de la derecha en los centros de poder

    Sobre este punto ya se ha adelantado bastante en las cuestiones previas al balance general de la dinámica social. En el fondo, El Salvador asiste a un momento de su historia reciente en el que los grupos tradicionales de poder se han decidido por ejercer toda su influencia sobre las estructuras sociales. Atrás quedaron las advertencias, los posibles “golpes de timón”, la incertidumbre. Con la llegada de una nueva administración del partido ARENA al gobierno, se han solidificado los lazos que unen a este sector de la clase política con los grupos que mantienen el control de la economía nacional desde hace algunos años. Así, es interesante el cambio progresivo que ha experimentado el discurso del nuevo gobierno durante los años que lleva al frente del aparato estatal. Sobre todo porque ahora actúa en consecuencia de los intereses de esos sectores. En este sentido, a parte de la Ley de Integración Monetaria recientemente aprobada por la Asamblea a iniciativa del presidente Flores, llama la atención la manera en que su gestión pretende dar respuesta a algunos de los problemas heredados de otros gobiernos, aun a costa del bienestar de amplios sectores de la población.

    Sobre este punto, varias carteras del Estado han aplicado —o tienen en mente aplicar— una serie de medidas para promover una renovación obligatoria de personal, para lo cual se busca aprobar una serie de decretos de retiro voluntario para los empleados públicos. Al principio, fueron los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del de Educación (MINED) quienes propusieron más en serio la posibilidad del retiro voluntario. Pero en los últimos días de 2000, prácticamente todas las demás instituciones gubernamentales empezaron a elaborar sus propias listas de empleados de cuyo trabajo se prescindiría en el mediano plazo. Aún no se tiene una posición oficial al respecto, pero varios ministros han confirmado que deberán presentar dichas listas a las autoridades del Ministerio de Hacienda para determinar cuando será el mejor momento para decretar el retiro.

    En suma, a estas alturas del gobierno de Flores, parece que ya ha llegado la hora de empezar a trabajar en consecuencia de los consagrados principios ideológicos de la derecha más conservadora del país. Esto implica que el aparato Estatal estaría en total disposición para volver a trabajar de la misma manera que cuando Alfredo Cristiani sometió al país entero a la ola privatizadora y a los recortes de personal inspirados por la ilusoria modernización del Estado. En el fondo, Flores y su equipo de gobierno sólo están trabajando en consecuencia de una serie de transformaciones en el panorama regional y mundial que exigen nuevas estrategias para aprovechar los recursos con los que cuenta el país. El problema es que en lugar de proceder a definir de una vez por todas un modelo de desarrollo económico y social sostenible y participativo —o al menos más equitativo—, el gobierno de “La Nueva Alianza” pretende facilitarle la transición a los grupos más influyentes del país para que se aseguren unos cuantos años más de cómodo dominio sobre las estructuras sociales.

Consideraciones finales

    En definitiva, el signo que marca la dinámica social actual es la constante conflictividad. Y las raíces últimas de este signo se ubican en el progresivo cierre de espacios que le permitan a la población ofrecer su punto de vista y, al menos, criticar las decisiones que, tomadas a altos niveles, le afectan directa o indirectamente. De esta manera, no importa cómo se exprese esta conflictividad: a través de manifestaciones de violencia social, de incapacidad para establecer un diálogo sano entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales o de la cada vez más usual práctica de la imposición como forma de anular las diversas opiniones que sobre un tema puedan surgir. Lo cierto es que las necesidades sin resolver de la gran mayoría de los salvadoreños se van consolidando en un núcleo de descontento que, tarde o temprano, empezará a poner en apuros a quienes dicen gobernar a la nación pero que responden en verdad a los designios de unos cuantos.

    Ahora bien, si por un lado es absolutamente criticable el cinismo con el que la clase política nacional —y gracias a los defectos evidentes del proceso de integración económica, también los sectores financieros y comerciales de la economía— responde a las problemáticas del país, también se debe trabajar en revertir la incapacidad de la ciudadanía para asumir su papel como fiscalizador del trabajo de sus gobernantes. Y en este sentido, todavía queda mucho por hacer. No sólo porque se requiera de más y mejores medidas de presión y de denuncia civil, sino porque la coyuntura que atraviesa el país en la actualidad exige un proceso previo de reflexión y asimilación de la manera en que se está configurando el papel de la ciudadanía de cara al nuevo siglo.

    Parece ser que la problemática social de 2001 girará en torno a la correcta identificación, caracterización y oposición frente a todas esas actitudes que, puestas en sociedad, reducen las posibilidades de una convivencia social pacífica. En la generalización de estas actitudes participamos todos, ya sea con la manera en que entablamos relaciones con nuestros “vecinos”, o con la forma en que determinados sectores políticos conciben a sus opuestos dentro del Estado. El país entero —ciudadanía organizada y no organizada, sociedad civil, organizaciones laborales, empresa privada, clase política, etc.— debe tomar conciencia de que para que la situación avance hacia el despeñadero social basta con un mínimo esfuerzo. Y tal parece que en nuestro país, mientras no se logre superar toda la gama de vicios que afectan la armonía social, ese mínimo esfuerzo, alimentado por el conflictivo día a día en el que se desenvuelve el país, estará dando unos frutos que a nadie le gustará probar.

    En esa tarea, el papel del gobierno es indispensable. Hoy más que nunca, la mayoría de nuestros gobernantes han abandonado toda posible práctica concertadora que desemboque en resultados verdaderamente favorables para la población. Incluso el tan anunciado proceso de diálogo que el mismo Flores pretendió establecer con las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa se vio condenado a esa tendencia: lo que en un momento pareció un signo de cambios en el manejo de la cosa pública demostrado por la derecha durante los últimos doce años, acabó siendo una táctica dilatoria, una trampa para la opinión pública que acaso habría suavizado el impacto que provocó en la oposición política —en tanto no les dejó mucho tiempo para reaccionar— las más recientes propuestas presentadas por el Ejecutivo. Por lo tanto, el llamado urgente de cara al inicio de un nuevo año lleno de incertidumbre para el país tiene un destinatario concreto: el gobierno que por tercera vez consecutiva está siendo manejado por el partido ARENA al antojo de los designios más conservadores de la derecha.

    El llamado, en este sentido, es hacia la apertura. Apertura hacia los problemas de la población, aquellos que preocupan más al salvadoreño promedio y que, en definitiva, son los que le restan oportunidades de desarrollo. En un sondeo realizado por el IUDOP (Boletín de prensa, Año XV, Número 4) para evaluar el primer año de gobierno de Flores, dichos problemas fueron clasificados en el siguiente orden: crear fuentes de trabajo, frenar la delincuencia, mejorar la situación económica, mejorar los servicios públicos (con especial atención en el área social) y reactivar la agricultura, entre otros. ¿Qué le hace al señor presidente estar tan al margen de estas realidades? Dos pueden ser las respuestas a esta interrogante: o es que a Flores le es difícil asimilar como problemas estas y otras manifestaciones de la crítica situación en la que el país está entrando, o es que por sus mismas raíces político-ideológicas le importa poco su solución, en la medida en que con ello reduzca de alguna manera, el dominio que se le ha encomendado, durante los cinco años de su gobierno, salvaguardar a toda costa.

BALANCE REGIONAL

Panorama general

    La región centroamericana vivió, durante el año 2000, una dinámica interna marcada por una relativa estabilidad política y social, salvo algunos acontecimientos que pusieron de manifiesto la aún débil estructura democrática y la deficiente institucionalidad nacional y regional. En el ámbito comercial, pueden destacarse importantes logros que auguran una mejora en las condiciones de vida para los 35 millones de centroamericanos. Asimismo, en términos globales, las economías de la región tendieron a contraerse en un año acentuado por la dependencia de los avatares del mercado mundial, situación que compromete el tan ansiado desarrollo.

    Centroamérica despunta un nuevo año con la mirada puesta cada vez más hacia fuera, ya sea hacia sus vecinos dentro del continente, ya sea hacia bloques extra hemisféricos, como la Unión Europea y Taiwán. De cualquier manera, los logros de la tecnología, el alcance de los medios de comunicación y la apertura de las economías han marcado la pauta durante los últimos años, ofreciendo nuevas posibilidades y ampliando el horizonte de la humanidad. La región no ha sido ajena a esta dinámica que vuelve al planeta cada vez más pequeño, acercando a las sociedades y culturas más diversas. Sin lugar a dudas, el 2000 dejó claro que los esfuerzos aislados no prometen un verdadero desarrollo, de tal suerte que la integración regional se ha convertido en el imperativo más urgente para los países del área. Atrás quedan las décadas caracterizadas por turbulencias político-militares; el tránsito hacia la democracia y la recuperación económica son los principales temas puestos en la agenda de los gobiernos del área desde la década anterior. Este proceso de transformación y consolidación ha encontrado un gran impulso en las sociedades centroamericanas en el transcurso del año 2000, lo cual plantea una visión optimista acorde a los logros obtenidos y cautelosa con respecto a los desaciertos y obstáculos presentes.

    La necesidad del proceso de transformación y la reciente aceleración del mismo plantea dos variables fundamentales a tomar en cuenta para los centroamericanos. La primera se refiere a la escasa preparación democrática de los países del área y la frágil situación económica y social, circunstancias que se manifiestan, por un lado, en la débil institucionalidad gubernamental y el poco interés de la sociedad civil en la cosa pública y, por otro lado, en las condiciones desfavorables de la región para asegurar sobre bases sólidas el camino de la apertura hacia otras latitudes. Por esta razón es hasta cierto punto comprensible la lentitud del proceso democrático a lo largo de la década de los noventa; si bien los conflictos armados fueron superados, aún no se puede considerar a Centroamérica como "Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo" (Art.3. Protocolo de Tegucigalpa). Acompañando a esta realidad, resulta, como segunda variable, la urgencia de la integración para garantizar una mayor solidez en la base del proceso de transformación y apertura hacia el mundo.

    Los países de la región cerraron el año 2000 con un ejercicio político dominado por el bipartidismo y la apatía de la sociedad civil en la participación electoral. Uno de los casos más críticos fue Honduras, que durante el último trimestre del año fue el escenario de una crisis política causada por el enfrentamiento entre los tradicionales Partido Liberal y Partido Nacional. Una situación particular enfrentó Nicaragua, luego del pacto libero-sandinista que ha detenido el proceso de transformación democrática iniciado por la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro. El absentismo electoral fue una situación más bien generalizada en las elecciones municipales en Nicaragua y las legislativas en El Salvador, panorama que no parece cambiar en el resto de países.

    Pero la dependencia económico-comercial de Centroamérica no se refiere sólo a los cambios en el mercado mundial; así, las presiones de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientaron, en mayor o menor medida, el rumbo de las medidas económicas adoptadas en la región. La continuidad de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), de clara orientación neoliberal, ha aumentado en el área los índices de pobreza y marginación. Concretamente, durante el 2000, las privatizaciones llevaron el sello de las financieras internacionales en los casos más relevantes de Costa Rica, Nicaragua y Honduras; asimismo, al terminar el año, en El Salvador y Guatemala, en  lo referente a la dolarización.

Panorama nacional

    Las diferencias entre los países del área en materia económica, cultural y social, y los cambios que se gestan dentro de ellos, los hacen inconfundibles desde una visión extraregional. Empero, aquello no es pretexto para negar la posibilidad de la integración. Con todo, un examen de los escenarios nacionales permite diferenciar los caracteres de cada país y la manera particular en que trazaron sus respectivos rumbos al finalizar la década.

    Guatemala. Un nuevo gobierno para el año 2000 y esperanzas renovadas en los Acuerdos de Paz En 1999, los guatemaltecos eligieron como presidente de la República al candidato Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Portillo asumió, desde enero de 2000, el reto de cambiar la situación de una sociedad dividida por los 36 años de conflicto armado. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996 sería el principal punto de referencia para la evaluación de su gestión. Por otro lado, la  economía nacional heredada por el gobierno anterior —en situación de shock, según el Banco de Guatemala—, planteaba una difícil tarea para el nuevo presidente y su equipo de gobierno. El ámbito social no estaba en mejores condiciones. La prolongación del conflicto armado fue suficiente para abrir profundas heridas en la sociedad; la violencia, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el tráfico de drogas y automóviles robados se constituyeron como los desafíos de las autoridades policiales.

    El FRG, ahora con grandes cuotas de poder no sólo en el Ejecutivo sino también en el Congreso y varias instituciones del país, tuvo como principal reto continuar con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Asimismo, el anunciado "Pacto de Gobernabilidad" es un compromiso que involucra tanto a los partidos políticos como a la sociedad civil en general, la empresa privada y la asistencia internacional. La gestión de Portillo durante el año ha sido más bien moderada, aunque ha tenido que sortear un desgaste del partido que lo llevó al poder, debido a los cuestionamientos en contra de algunos funcionarios y del secretario general de su partido, Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso guatemalteco —varias organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan al general retirado, Ríos Montt, y a otros militares, de graves violaciones en contra de la población indígena a principios de la década de los años 80. Además, durante el año, el presidente Portillo tuvo que destituir a algunos funcionarios públicos debido a críticas en sus respectivas gestiones, entre ellos, al Ministro de Gobernación,   al primer y segundo Viceministro de Gobernación, al Director del Sistema Penitenciario y al Ministro de Agricultura.

    La realización del "Pacto de Gobernabilidad" se ha visto mermada por situaciones como la amenaza de la que han sido objeto dirigentes de derechos humanos, la falta de transparencia en la gestión de funcionarios públicos, las protestas de sectores como el transporte público y la debilidad del sistema judicial.

    Por otro lado, la situación económica de Guatemala durante el 2000 no significó grandes cambios con respecto al año precedente. En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3.5%, frente a un 3.6% en 1999. En mayo, a partir de un consenso nacional, se firmó el Pacto Fiscal cuya finalidad es aplicar una reforma tributaria y racionalizar los recursos públicos. Habrá que esperar en el futuro los resultados reales de dicha medida. La política monetaria se orientó a mantener una inflación baja y para ello el Banco de Guatemala tuvo una mayor participación en el mercado abierto, lo cual dio como resultado una expansión de 11% a 13% en la liquidez. Por otra parte, se aprobó en febrero un alza del 10% al salario mínimo. El volumen de las exportaciones de bienes y servicios se expandió un 4.2%, aunque el valor de las exportaciones de café y azúcar cayó debido al bajo precio en el mercado internacional; asimismo, el volumen de las importaciones creció un 1.7%, sobre todo las de combustibles. Sin embargo, Guatemala dio un gran paso al firmar un TLC con México, aunque el tratado excluye el comercio de café, azúcar y banano.

    Finalmente, la exclusión social, sobre todo del sector indígena y de la niñez, así como la insuficiente inversión pública y privada en proyectos de desarrollo social, sumado a los graves problemas como la violencia y la inseguridad ciudadana son realidades que quedaron evidenciadas durante el año recién concluido. El informe anual 2000 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a Guatemala, según el Indice de Desarrollo Humano (IDH), en la posición número 120, la más baja de Centroamérica.

    Honduras. Las elecciones generales en Honduras, a realizarse en noviembre del 2001, anuncian los últimos 11 meses de gestión del presidente Carlos Flores Facussé. El gobernante tuvo que lidiar con los embates de la naturaleza tras los efectos de la tormenta tropical Mitch, en 1998, que dejó una economía en quiebra. En ese sentido, la labor gubernamental que buscaba la reconstrucción nacional ha dependido significativamente de la asistencia de organismos de cooperación internacional y de naciones amigas. Esto ha ocasionado un creciente endeudamiento de la ya pobre economía hondureña. No obstante, el gobierno hondureño puede dar un respiro desde que esa nación fue aceptada en la Iniciativa de los Países Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Empero, la inclusión de Honduras en la HIPC, despierta más expectativas sobre la verdadera capacidad del país de cumplir las condiciones de la aceptación; concretamente, la falta de un plan integral de reducción de la pobreza. A esto se suma la difícil situación socio-económica del país, lo cual se refleja en sus respectivos indicadores. En efecto, Honduras, muy cerca de Nicaragua, ocupa el lugar 113 en la clasificación del IDH para el 2000. Se calcula que el alivio de la deuda externa hondureña ascendería a 556 millones de dólares, equivalente a un 14% de los 4,000 millones de dólares de la deuda total al cerrar el año.

    La situación política hondureña atravesó momentos difíciles durante el 2000. La relativa estabilidad mantenida por el gobierno de Flores Facussé —gracias a la claridad del proceso de reconversión militar iniciado en las gestiones anteriores y al aparente consenso logrado en el marco del Foro Nacional de Concertación (FONAC)—,  dio paso a una verdadera situación de crisis en el período preelectoral dentro del que se definirían los candidatos a la presidencia para los comicios generales del 2001. La postergación de la inscripción del candidato presidencial por el opositor Partido Nacional, Ricardo Maduro, despertó una guerra política de acusaciones y actos arbitrarios, sin que el problema haya alcanzado solucionarse al terminar el año. La crisis política generada por la rivalidad y el bipartidismo va más allá, en tanto que involucra una crisis institucional que llevaría al país hasta el borde de la ingobernabilidad. Un ejemplo muy claro de esta situación es la debilidad estructural del sistema judicial, punto en el que ha trabajado la actual Asamblea Nacional. De cualquier manera, es sabido que la independencia de los Poderes y, particularmente del Judicial, es un claro signo de consolidación democrática. Es en ese sentido que la corrupción y la injerencia de los políticos en la aplicación de la justicia ha sido una de las debilidades del gobierno hondureño. Esta situación no fue obstáculo para que, según las encuestas, el presidente Carlos Flores fuera el mejor evaluado en Centroamérica durante el 2000.

    La economía hondureña presentó, en términos generales, un buen desempeño al cierre del 2000, con un crecimiento del PIB de 4%, luego de la caída en 1999 (-1.9%). La política económica se orientó a la estrategia de reducción de la pobreza, requisito básico para ingresar en la HIPC. El fortalecimiento de los bienes de exportación (café, banano y palma africana) y la expansión del sector manufacturero y maquilador incidieron en la recuperación: las exportaciones de bienes se incrementaron en casi 20%. A esto se suma un aumento de las importaciones, en 12%. La inflación llegó al 10.6%, en respuesta al encarecimiento de los hidrocarburos, al alza de las tarifas de energía eléctrica y al efecto que produjo el aumento del 8% en el salario mínimo. Para finalizar, Honduras obtuvo la mejor cuota (25.19%) para exportar a EEUU productos textiles con beneficios arancelarios, en el marco de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).

    Nicaragua. Indudablemente, uno de los escenarios más complejos de Centroamérica lo constituyó, durante el año 2000, la sociedad nicaragüense. La diversidad de problemas y el juego de los actores sociopolíticos en ese país lo convierten en un lugar de contrastes. Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar la política nicaragüense giró en torno a la contienda electoral y al pacto libero-sandinista que ha provocado un proceso de involución en los logros democráticos ya alcanzados. La alianza entre el oficial Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el principal opositor, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —alianza que en el fondo responde a intereses de las elites de ambos partidos, encabezadas por Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, respectivamente—, ha puesto en jaque la democratización del país. El pacto libero-sandinista devuelve grandes cuotas de poder al Ejecutivo, en manos de los liberales, asegurando así, por un lado, el dominio gubernamental y del FSLN sobre instituciones neurálgicas en la vida nacional, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Contraloría General de la República; por otro lado, el pacto asegura la inmunidad del presidente Arnoldo Alemán al concluir su gestión, al abrir espacios a la posibilidad de su reelección. Una serie de reformas constitucionales aprobadas a finales de 1999 son la garantía del pacto. Lo cierto es que los institutos políticos minoritarios quedaron al margen de las decisiones adoptadas por las cúpulas del PLC y el FSLN. Esta situación ha sido, a todas luces, un serio atentado  que pone en peligro la gobernabilidad del país.

    A medida se acercaban las elecciones municipales de noviembre —las primeras separadas—, las denuncias de un posible fraude se hicieron cada vez más persistentes. En este marco, se constituyó el llamado "frente común contra el fraude",  integrado por los partidos políticos minoritarios, con el objetivo de dar propuestas de reforma del sistema electoral en vigencia y hacer un llamado a la comunidad internacional para la vigilancia del proceso político. Los resultados de los comicios dieron un repunte al FSLN, partido que ganó la municipalidad de Managua y otras cabeceras departamentales.

    Los contrastes continúan. En efecto, la economía nicaragüense, aunque disminuyó su crecimiento respecto de 1999, fue la más dinámica de la región. El PIB creció 5.5%, ante la incertidumbre de las elecciones y las políticas de estabilización fiscales y monetarias de la primera parte del año. La inflación se incrementó al 9.2% y el desempleo abierto disminuyó a 9% frente a un 10.7% en 1999. Se logró avanzar en las reformas estructurales en cuanto a las disposiciones normativas para el Seguro Social, el Sistema de Pensiones, Aduanas y la Promoción de la Inversión Extranjera. A pesar del crecimiento económico, los beneficios no llegaron a los bolsillos de los nicaragüenses; el desarrollo no se ha extendido por el territorio nacional, generando altos niveles de pobreza, lo cual incide en el alto índice migratorio hacia Costa Rica. Según el PNUD, Nicaragua ocupa el puesto 116 en la clasificación del IDH.

    Por último, Nicaragua suscribió con Guatemala y El Salvador la "Declaración Trinacional" que establece, entre otras cosas, el establecimiento de un corredor interoceánico por el Pacífico que beneficiaría el comercio y desarrollo regional. Otra oportunidad para Nicaragua la constituye el ingreso a la HIPC, que le permitirá una reducción del 80% de su deuda externa.

    Costa Rica. La aplicación de los Programas de Ajuste Estructural y la conformación de los nuevos actores sociopolíticos en Costa Rica han colocado a ese país en una encrucijada y pusieron a trasluz la relativa estabilidad que lo caracterizó durante las décadas anteriores. El sistema democrático costarricense ha sido puesto a prueba durante la gestión del presidente Miguel Angel Rodríguez,  quien ha impulsado las reformas estructurales que llevarían a la modernización del aparato estatal. El caso más sonado en el 2000 lo constituyó el proyecto de modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aprobado en primera sesión por la Asamblea Legislativa, pero que tuvo que ser paralizado por la presión popular. La serie de reformas orientadas a la descentralización y modernización ha encontrado todo tipo de obstáculos, incluso se dieron contradicciones entre funcionarios gubernamentales. Luego que el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Eduardo Lizano, anunciara la viabilidad de medidas como la dolarización y la apertura de servicios como las telecomunicaciones, seguros y energía eléctrica, se desató una serie de reacciones encontradas, abriendo espacios para un debate nacional.

    Los indicadores económicos sufrieron un duro revés al cerrar el año 2000. Después de registrar niveles de crecimiento del 8% en 1998 y 1999, el PIB cayó al 1.5%, convirtiéndose en el más bajo de la región. Esta situación se debió, en gran parte, a la baja en las exportaciones de la transnacional Intel, empresa que se ha convertido en soporte de la economía. Los análisis coinciden en que el gobierno debe crear un plan integral alternativo para levantar la deprimida economía. Asimismo, los sectores primarios y la manufactura decayeron; la inflación alcanzó dos dígitos (10.4%); las exportaciones de servicios crecieron 10%, particularmente el turismo. Las altas tasas de interés y expectativas no muy favorables, desestimularon la inversión y el consumo.

    Los principales problemas que enfrentó la sociedad costarricense fueron la inseguridad ciudadana, las necesidades de vivienda, el desempleo, la basura, la crisis económica y el mal estado de las calles, según una encuesta realizada por la Universidad Nacional. La misma fuente revela que la ciudadanía no cree que el gobierno de Rodríguez solucione los problemas.

El rumbo de la integración

    El año 2000 puso en evidencia que el trabajo conjunto de los países del área más bien se ha orientado hacia la negociación de tratados comerciales, en un intento de superar los complicados indicadores económicas nacionales. Asimismo, la promoción de inversiones en el exterior fue uno de los puntos más fortalecidos por los equipos económicos de la región. Ejemplos claros de lo anterior son las negociaciones realizadas por el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) con México y Canadá, lo cual dejó como resultado la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), en espera de entrar en vigencia. En el caso de las negociaciones con Canadá, el Triángulo Norte, junto con Nicaragua, ha compartido la experiencia de Costa Rica, país que se adelantó en el diálogo bilateral con la nación norteamericana. A esto se suma el acuerdo alcanzado con República Dominicana, en espera de la ratificación de la Asamblea Nacional de ese país caribeño y, finalmente, el avance de las negociaciones de tratados con Panamá y Chile.

    Si hipotéticamente considerásemos a Centroamérica como un gran Estado, quedaría en evidencia la inoperancia de la institucionalidad regional en razón de la diversidad de instituciones realizando esfuerzos aislados. El gran aparato creado a efecto de integrar aquellos esfuerzos y acercamientos de las siete repúblicas reunidas en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y recientemente Belice— ha sido puesto en entredicho en reiteradas ocasiones durante el año pasado. Esta situación tiene sus raíces en la misma naturaleza de las instituciones regionales. Para poner un ejemplo, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es simplemente un instrumento de análisis y recomendación para los gobiernos centroamericanos; sus resoluciones no son vinculantes y la última palabra la tienen los mandatarios. El llamado del presidente  guatemalteco, Alfonso Portillo, de revisar la funcionalidad del PARLACEN despertó en su momento un debate en la región; sin embargo, de la noche a la mañana, la discusión se vio mitigada en respuesta a claros intereses particulares. Similar situación caracteriza a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), cuyas resoluciones no son vinculantes, en el caso de los conflictos comerciales del área. Esta es una de las razones que aduce Costa Rica para no integrar el PARLACEN y junto con Guatemala no acataría ninguna resolución de la CCJ.

    Sin embargo, cabe destacar algunos logros en Centroamérica: Unificación Aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador; negociaciones comerciales conjuntas; la firma de la Declaración Trinacional que busca el desarrollo y la integración; finalmente, la promoción conjunta de inversiones a cargo del Grupo Consultivo Regional en la Unión Europea. No obstante, se corre el riesgo de que la realización de los objetivos propuestos se queden nuevamente en el papel —como es ya costumbre—, debido a la falta de voluntad política de los actores encargados de ponerlos en práctica.

    Si bien se deben reconocer los esfuerzos realizados por toda la institucionalidad regional —por ejemplo la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)—,  falta mucho por hacer en la resolución de los conflictos sociales internos; esta tarea exige un trabajo conjunto y organizado, la destinación real de recursos hacia necesidades reales y una revisión seria de la funcionalidad de las instituciones regionales. En conclusión, no basta un esfuerzo de integración comercial; este debe ir acompañado por un trabajo mancomunado que integre realmente los intentos de alcanzar el desarrollo de los países del área, desarrollo que presupone la consolidación de  la democracia.

DERECHOS HUMANOS

Introducción

    Si se considera objetivamente lo ocurrido a lo largo del período que ahora nos corresponde examinar, es posible afirmar que la situación actual de los derechos humanos en el país no se distanció mucho de la que prevaleció durante los tres o cuatro últimos años de esta difícil etapa posterior a la guerra. Es cierto que a partir del 16 de enero de 1992, cuando se firmó el acuerdo entre las partes mediante el cual se puso fin a la violencia política y bélica, la euforia que generada fue bastante amplia; y es que menos, no se podía esperar. Sin embargo, sobre todo de 1995 en adelante, se hizo cada vez más evidente una tendencia a la baja en aspectos fundamentales para la consolidación de una verdadera democracia, fundada en la justicia integral y base del desarrollo humano, de la convivencia social civilizada y de una paz perdurable. Desde nuestra perspectiva, esos aspectos son los siguientes: el nivel de respeto a ciertos derechos, que puede ir en ascenso o en descenso; el funcionamiento de las instituciones, que puede ser adecuado o inadecuado; y por último, muy relacionado con los dos anteriores y quizás consecuencia de ellos, el ánimo de la población que puede ser positivo o negativo.

    En ese marco y sobre la base de un seguimiento riguroso del material ofrecido por los medios de difusión masiva, de las relaciones establecidas con otras instituciones en esfuerzos mancomunados y de una experiencia de trabajo institucional –que incluye entre otras actividades la defensa casuística concreta, la capacitación de grupos sociales y de la administración pública, la investigación y la propuesta-- el IDHUCA se ha visto obligado a expresar de diversas maneras, sobre todo en sus últimos cuatro balances anuales, una seria preocupación por el destino del país y su gente.

    Y es que cuando comenzó a acercarse el fin de la presencia internacional en nuestro territorio, hace más de cinco años, también empezaron a aparecer facetas no tan ocultas de lo que hasta entonces había sido el orgullo de las Naciones Unidas. Así las cosas, en las entrañas mismas del aparente “modelo exitoso de pacificación” –como era presentado el caso salvadoreño-- los dos bandos signatarios del llamado “Acuerdo de Chapultepec“,  independientemente de sus discursos, se fueron alejando progresivamente del esfuerzo que los llevó negociar el cese al fuego y diseñar las bases mínimas de un nuevo país.

    No se volvieron a enfrentar en el terreno militar y eso no debe menospreciarse; pero pese a que aprendieron a relacionarse en los salones del gobierno, la diplomacia y el festejo, no tuvieron la necesaria capacidad para asumir con responsabilidad el reto que ahora se ha convertido en la gran insuficiencia del “proceso”: lograr que los cambios realizados “arriba y afuera” entre las cúpulas del gobierno, la antigua insurgencia y las Naciones Unidas echaran raíces “abajo y adentro”. Dicho de otra forma, los protagonistas en las “alturas” no pudieron, no supieron o no quisieron –tras el fin de los combates militares-- involucrar a quien hasta entonces había sido la principal víctima y en adelante debía ser la parte fundamental para lograr una verdadera y profunda transformación: la población salvadoreña.

    Debido a eso nos atrevemos a sostener que, al menos desde la óptica de los derechos humanos y no de la que priva entre muchos “analistas políticos”, los tres aspectos arriba señalados no se encuentran en el mejor de los sitios dentro de este nuestro El Salvador de los últimos años: continúan ocurriendo graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la institucionalidad funciona muy lejos de su mandato legal y las esperanzas de la población por alcanzar una vida digna se han desgastado bastante. En lo que sigue de este balance, ampliaremos los elementos que fundamentan tal visión a partir de los principales acontecimientos y las tendencias básicas registradas en el 2000.

1. Un vistazo a la situación de los derechos humanos

    Al examinar las causas internas que dieron origen al caos político durante la década de los sesenta, el cual derivó en la guerra de los ochenta, nos encontramos con lo que a estas alturas sólo se atreven a negar ciertas mentalidades cerradas: exclusión económica y social, violencia, impunidad y falta espacios para la participación política.  Esos cuatro factores no pueden desvincularse de los derechos humanos, ya que constituyen serias violaciones a los mismos por encima de la motivación para su realización. Por la clara indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, irremediablemente se establece un lamentable “círculo vicioso”: la violación de uno solo o de un grupo de éstos, conlleva la violación de otros. Así pues, por encima de si existió o no motivación política, la mayor tragedia vivida y sufrida en nuestro país –es decir, todo lo ocurrido entre 1975 y 1992-- tiene que verse desde esa perspectiva; y desde esa misma perspectiva se deben analizar tanto lo que está ocurriendo ahora, como las posibilidades que se nos presentan para sembrar un futuro distinto.

    Arranquemos entonces en esta parte de nuestra reflexión, considerando el estado en que se encuentra lo que para algunos es la principal de las causas internas --arriba señaladas-- que nos llevaron al estallido violento: lo económico y social. Para ello, comencemos utilizando el último de los análisis de coyuntura elaborado por el Departamento de Economía de la UCA y publicado en septiembre del año en curso.  Entre otras cosas, la conclusión del documento nos indica que las cosas no marchan bien pues la pobreza continúa siendo un problema grave “desde el punto de vista del ingreso, en sus dimensiones de extensión, profundidad y severidad”. Pese a que potencialmente existe la capacidad económica para combatirla con éxito, en la práctica no se toman la decisiones políticas adecuadas para ello. Según el análisis en cuestión, no se ha logrado “mejorar el desempeño de la economía en general y, con ello, el bienestar de las personas”. Además de lo dicho por la UCA, durante los últimos meses del año también se conocieron opiniones bastante críticas frente  la marcha de la economía nacional; algunas de ellas, quizás las más duras, surgieron del sector empresarial.

    Al fijar nuestra atención en el impacto de la pobreza entre las personas de hasta 18 años de edad en nuestro país, encontramos muy útil un estudio reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el cual señala que 1,568,368 niñas, niños y adolescentes –cantidad que constituye el 59.21% de toda esta población y más de la cuarta parte de todos los habitantes de El Salvador-- “continúan viviendo en hogares pobres que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los costos de la canasta básica ampliada y garantizar mínimamente el goce de sus derechos a vivienda, educación, salud, vestido, etc., y una buena parte de estos/as, 737,553, el 27.85% de todos los niños/as y adolescentes del país, viven en hogares en pobreza extrema que ni siquiera pueden atender a sus necesidades básicas de alimentación”. Cabe mencionar que en el ámbito rural la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres alcanza el 69.05%; en ese mismo ámbito, el 36.86% de la población infantil y adolescente vive en condiciones de pobreza extrema.

    En lo que toca a la violencia, ésta sigue siendo abundante aunque las razones que la motivan no tengan que ver con la persecución de enemigos políticos. Como ya se ha apuntado en otras ocasiones, por el momento --y quién sabe hasta cuándo-- no existen individuos o grupos que representen un real peligro para el poder fáctico en el país. Sí hay una oposición al partido que detenta la titularidad del Órgano Ejecutivo, pero difícilmente la alternancia en la presidencia de la República –tal y como están dadas las condiciones actuales-- podría modificar significativamente el estado de cosas favorable a dicho poder. Eso explica que, afortunadamente, en El Salvador no se estén realizando prácticas sistemáticas de graves violaciones a los derechos humanos por tales razones; estaría mintiendo quien se atreviese a sostener que en nuestro país aún se asesinan, encarcelan, torturan y desaparecen personas por su afiliación o simpatía política. Pero no es mentira sostener que sigue muriendo y desapareciendo una considerable cantidad de personas por las políticas erradas de quienes, en la actualidad, conducen los destinos de El Salvador.

    Durante los doce meses observados, el IDHUCA ubicó –basado en los datos periodísticos de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Co-Latino y El Mundo-- un número determinado de muertes ocurridas en forma violenta e intencional; como en años anteriores, la mayoría de ellas con arma de fuego. Las cifras que a continuación se presentan, no constituyen la totalidad de los crímenes que tuvieron lugar en el país a lo largo del 2000; sólo son algunos de éstos. Tal afirmación se fundamenta en nuestra experiencia de varios años realizando este recuento y en la diferencia que siempre se puede establecer –incluso ahora-- con los datos oficiales. Su utilidad reside, principalmente, en la posibilidad de fijar las tendencias de lo que sucede en el país y  adoptar las medidas adecuadas para superar el fenómeno, por parte de las autoridades correspondientes. Luego de la necesaria aclaración anterior, nos encontramos con un registro de 764 víctimas mortales en el año; ese total se desglosa de la siguiente manera: casi 64 muertes por mes y más de dos diarias.

    Como se observa en el cuadro anterior (disponible en edición impresa únicamente), el número más elevado de muertes se distribuye entre las que fueron realizadas por sujetos desconocidos (69.11%) y aquellas atribuidas a la delincuencia común (10.99%). Al sumar ambas categorías, se alcanza la cifra de 612 víctimas que constituyen el 80.10 % del total de crímenes ocurridos en el año, registrados en los periódicos. En tercer lugar, se ubican los asesinatos en los cuales se determinó quién era la persona civil responsable (7.19%); le siguen las víctimas de las pandillas o “maras” (3.40%); en quinto lugar están los homicidios cometidos por elementos policiales o militares (2.49%) junto a los casos en los cuales las víctimas presentaban señales de tortura (2.49%); le siguen los asesinatos en los que, con al información a la mano, no se pudo establecer las circunstancias en que se produjeron (1.96%), ubicándose en el mismo lugar las víctimas de explosión de granadas o del uso de otras armas de guerra (1.96%). Por último, se encuentran tres hechos con características propias del accionar de los “escuadrones de la muerte” que en el pasado ejecutaban a sus personas por razones políticas (0.39%).

    Con lo anterior podemos establecer que, a diferencia de años anteriores en los cuales el primer lugar fue ocupado por las muertes atribuidas a la delincuencia común, ahora son los asesinatos cometidos por "sujetos desconocidos" los que se colocan en ese sitio dentro de la espiral de violencia que azota a nuestro país. Se debe considerar otra diferencia: en 1999, el mismo seguimiento de prensa escrita realizado por el IDHUCA sumó un total de 909 víctimas mortales; de esa forma, se advierte una disminución en el año que ahora examinamos. Según nuestros datos de 1999, en ese año los indicadores fueron de más de 75 muertes mensuales y casi tres diarias.

    Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública aseguró --al presentar un balance de lo realizado por la cartera de Estado a su cargo-- que durante los diez primeros meses del año se cometieron seis crímenes diarios.  Haciendo cuentas, con ese promedio oficial, al finalizar el año estarían hablando de 2,190 víctimas mortales. Llama poderosamente nuestra atención la abismal distancia que se plantea entre el dato anunciado por el funcionario y las también cifras oficiales que se presentaron durante años anteriores. En esa línea, vale la pena recordar que el promedio anual entre 1994 y 1997 –ambos años inclusive-- fue de 7,746 víctimas.

    Alrededor de lo anterior, se deben destacar las interrogantes siguientes. La primera: si los datos oficiales de los cuatro años comprendidos entre 1994 y 1997 provenían de la Fiscalía General de la República, y si durante la mayor parte de ese período estuvo al frente de la institución del Ministerio Público el actual Inspector General de la Policía Nacional Civil, Romeo Melara Granillo, ¿podemos confiar en su capacidad de conducción dentro de ese importante mecanismo interno de control policial en el cual se encuentra ahora, si antes no tuvo –entre otras cosas-- capacidad para ordenar los registros de la Fiscalía en un tema tan sensible como el de las muertes violentas?

    La segunda: esa diferencia de más de 5,500 víctimas mortales que se establece entre las cifras oficiales de aquellos cuatro años y las del 2000, ¿tendrá que ver con una real eficiencia en la actual conducción estatal de la seguridad pública o, más bien, responderá a un manejo publicitario por parte de algún especialista en esa y otras materias que, por cierto, no tienen nada que ver con la necesidad de un cuerpo policial de nuevo tipo para El Salvador? La última: si es cierto que se han reducido tan drásticamente los índices de homicidios entre 1998 y el 2000, ¿por qué no se mantuvo en la conducción estatal de la seguridad pública a las personas que, por lógica, deberían ser reconocidas como las principales responsables de semejante “mejoría”?

    Desde otra perspectiva, cabe observar los datos que arroja el seguimiento periodístico realizado por el IDHUCA. Durante los años anteriores al que ahora se analiza, las cifras que arrojaron los  periódicos apuntaban a ser aproximadamente el 10% de los datos oficiales. Si se considera esa tendencia también para el 2000, con los datos del cuadro anterior se podrían establecer los siguientes indicadores sobre las muertes violentas e intencionales: 6,590 hombres (86.26% del total), 970 mujeres (12.69%) y 80 sin identificar el sexo con la información a la mano (1.05%). Es obvio que, cuantitativamente,  la violencia actual afecta más al sexo masculino y eso se explica por diferentes razones que tienen que ver con la cultura machista y su participación en la guerra, lo que lo ubica como actor fundamental y víctima en los diferentes rubros señalados en el cuadro 1. Sin embargo, lo anterior no atenúa la grave situación en la que se encuentra sumergida la mujer salvadoreña, más como víctima de la violencia intra familiar que como ejecutora de acciones en contra de alguien.

    Por otro lado, con base a los resultados obtenidos por el Centro de Documentación del IDHUCA a través de un monitoreo general de casos sobre violación y otros tipos de agresión sexual contra población infantil, publicados en medios de comunicación escrita entre enero y noviembre del 2000, es posible ofrecer los siguientes datos: 144 víctimas, de las cuales 125 fueron niñas y 19 niños; de todos esos hechos delictivos contabilizados 99 sucedieron durante el año examinado, 20 en 1999 y 6 en 1998. Las cifras anteriores no representan cuantitativamente el drama que vive la población infantil en El Salvador dentro de este terrible ámbito, pero sí nos permiten apreciar el estado de indefensión en que se encuentran nuestras niñas y niños. Ello, no obstante se supone existen y publicitan políticas de protección dirigidas hacia este sector tan vulnerable de la sociedad. La situación se vuelve más grave aún, en la medida que el sistema de justicia falla en detrimento de las víctimas y que éstas no reciben un adecuado tratamiento de apoyo psicológico que les permita recuperar –en la medida de lo posible-- lo perdido.

    Al respecto, cabe señalar que el ya citado estudio reciente de UNICEF ofrece los datos que a continuación se presentan, surgidos de investigaciones realizadas por la Asociación Demográfica Salvadoreña. El 5% de mujeres entre 15 y 49 años de edad han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, el 6.3% no había alcanzado los 10 años y el 57.6% tenía entre 10 y 19 años al momento de sufrir la agresión. En los estratos de mayor nivel socioeconómico es mayor la cantidad de niñas menores de 10 años abusadas, a diferencia de lo que ocurre en el nivel bajo con las niñas y adolescentes de 10 a 19 años. El 57.50% de las niñas víctimas menores de 10 años, ha sido forzada por algún familiar; si se considera a las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, el porcentaje de víctimas forzadas por algún familiar es de 28.10%.

    Es claro que El Salvador de antes, durante y después de la guerra ha sido sumamente violento. Por estar fundado en una estructura social injusta y excluyente, la muerte se ha paseado y se sigue paseando por todo su territorio. Ello fue y continua siendo posible, además, por la impunidad que ha cubierto a la mayoría de los responsables inmediatos o mediatos de los delitos que se llevan a cabo. Y la impunidad va de la mano del poder a todo nivel: familiar, social, económico, político, estatal, policial y militar. Cualquier persona con capacidad para desnaturalizar los fines de la ley y evadir la justicia, en grande o en pequeño, puede en nuestro país hundir a quien considere su enemigo, su adversario o una potencial amenaza para sus intereses. Aquí, vale la pena recordar que la falta de castigo a quien viola la ley o la aplicación de un castigo menor y no adecuado a la dimensión de la culpa se llama impunidad, independientemente de las razones que tenga el delincuente para actuar como tal. Y esa fue otra de las principales causas que contribuyeron a la mayor y más reciente tragedia nacional.

    Por último, en el ámbito de los derechos civiles y políticos no se puede afirmar con objetividad que éstos se respetan acá de forma plena. Para presumir de un país realmente democrático --sobre la participación consciente de la gente-- no basta con proclamar libertades públicas como las de información, expresión y prensa cuando en la realidad se sigue censurando, desinformando, negando el acceso a los medios o volviendo prohibitiva esa posibilidad. No basta tampoco, para presentarse ante el mundo como un modelo en este ámbito, la existencia de una aparente gama de corrientes ideológicas encerradas en partidos políticos que inspiran poco o nada en lo referente al prestigio, la confianza y la credibilidad de cara a la población. Así las cosas, si no existen vías a través de las cuales se pueda canalizar de manera eficiente la participación ciudadana --en su esfuerzo por hacer valer sus derechos a todo nivel y en todo momento-- nuevamente se están neutralizando los mecanismos pacíficos y civilizados para la superación positiva de los conflictos. En la práctica, lo que actualmente estamos presenciando en El Salvador no es alentador y –a l igual que en los otros aspectos de la situación de los derechos humanos que se han analizado en este apartado-- puede resultar muy peligroso.

    Para finalizar este apartado y “curarnos en salud”, pensando en que habrá quien intente rebatir lo expuesto sosteniendo que el conflicto Este-Oeste también fue una causa que incidió para desatar en la región y particularmente en nuestro país la violencia política y bélica, se deben plantear las siguientes interrogantes: independientemente de lo inmoral que resultaba el equilibrio estratégico del mundo bipolar durante  la “guerra fría” de las ideologías, ¿resulta más moral y seguro el actual estado de cosas? ¿En qué medida, la actual “guerra caliente” del mercado podrá ser menos cruel y sanguinaria? ¿Se puede dar por sentado, sin temor a una lamentable equivocación, que esto no puede ser la causa externa de nuevos estallidos violentos dentro de una de las regiones del sur consideradas por algunos como basureros tóxicos y poblaciones sobrantes?

CRONOLOGÍA DEL AÑO 2000

ENERO

02. Representantes de los sindicatos de Médicos y de Trabajadores de ISSS aseguraron que, en los días siguientes contarían con el apoyo de varios gremios de trabajadores de otras instituciones estatales para continuar con sus protestas.

03. Médicos del Hospital Militar reciben a cotizantes del ISSS, cuyas cirugías habían sido suspendidas por la huelga.

04. Un total de diez organizaciones sindicales del país expresan su apoyo a la huelga del ISSS y amenazan con iniciar paros en sus respectivas entidades.

08. Los principales candidatos a la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva y Luis Cardenal, dan muestras flagrantes de violación a la ley electoral, al iniciar sus campañas políticas por adelantado.

10. La representación del PNUD en El Salvador se suma a las peticiones de destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, y anuncia el retiro de su ayuda técnica hacia la PDDH.

13. El FMLN denuncia a Cardenal por distribuir un folleto en el que se resumía su programa de gobierno municipal.

– El Presidente de la República Francisco Flores anuncia que no está dentro de los planes del seguro social la restitución de los 221 sindicalistas despedidos.

14. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordena a Cardenal y a Silva dar por terminada su propaganda política por considerar que violan lo estipulado por el Código Electoral.

18. El Seguro Social adjudica a siete hospitales privados las cirugías electivas del Área Metropolitana de San Salvador.

19. El TSE cita a Silva y a Cardenal para rendir cuentas de sus acciones proselitistas y ordena el retiro inmediato de la campaña que sostenían desde hace varias semanas.

20. Se descubre que el Alcalde de San Martín por ARENA había elaborado propaganda política para su reelección en la Imprenta Nacional, a cargo del Ministerio del Interior, lo cual está prohibido por el artículo 182 del Código Electoral.

– Cardenal convoca a una rueda de prensa para acusar públicamente al Alcalde de San Salvador de utilizar fondos públicos para hacer campaña en beneficio propio.

21. CERTRACEN solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare nula la licitación realizada por la comuna de San Salvador para la instalación de parquímetros en la capital.  Dicha instalación queda suspendida por tiempo indefinido.

22. El FMLN solicita que el Ministro del Interior, Mario Acosta, sea despedido de su cargo y que se proceda a la cancelación del partido de gobierno,  por el uso que hizo de la Imprenta Nacional.

24. Empleados de la PDDH confirmaron la malversación de 83 mil colones provenientes de la cooperación sueca para la institución.

– La directora del ISSS, Ana Vilma de Escobar, revela que, en concepto de descuentos a los trabajadores huelguistas durante el mes de enero, la institución había logrado acumular tres millones de colones.

25. Un matutino da a conocer que el consejo municipal de San Salvador, con el aval de Héctor Silva, había dado como garantía para varios préstamos bancarios un buen número de inmuebles y zonas verdes municipales.

– La Universidad Tecnológica hace público un sondeo de opinión, en el cual Héctor Silva lleva una considerable ventaja sobre sus contendientes y que, en cuanto a preferencias legislativas, el FMLN aventaja con 3 puntos a ARENA.

28. Directores de ocho hospitales nacionales del área metropolitana de San Salvador son destituidos.

30. La Fiscalía General de la República (FGR) acelera la petición de antejuicio contra el Procurador de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco.

FEBRERO

01. La subcomisión que da seguimiento a la investigación en contra el Procurador de los Derechos Humanos recomienda su destitución definitiva.

– Dos miembros del Partido de Acción Nacional (PAN) son asesinados a tiros en Metapán, Santa Ana, por sujetos desconocidos. Ante esto, miembros del PAN responsabilizan a ARENA y exigen una investigación profunda sobre el caso.

03. El diputado arenero, René Figueroa, se presenta a la reunión de consejo abierto en las que participa el edil de San Salvador, para cuestionar la administración de los fondos públicos en dicha municipalidad.

– El TSE decide multar a  Silva y Cardenal por hacer proselitismo antes de lo estipulado por la ley.

–Se intensifica la huelga parcial en el Hospital Rosales. En adelante, sólo se atiende las emergencias extremas.

07. Un grupo de ciudadanos anuncia la formación de un Comité Pro-Rescate de San Salvador, cuya función es criticar la gestión del alcalde Silva y su consejo municipal.

08. A un día de que los diputados se pronunciaran acerca de su destitución, Eduardo Peñate Polanco anuncia su renuncia a la titularidad de la PDDH.

10. Después de tres semanas de investigaciones en el caso de la Imprenta Nacional, los fiscales cierran el expediente y exoneran de toda responsabilidad al candidato de ARENA para la alcaldía de San Martín.

14. Magistrados de la Cámara Primero de lo Laboral aclaran que la resolución emitida sobre los despedidos del Seguro Social no ordena el reinstalo de los 221 afectados.

20. La empresa Cid-Gallup da a conocer los resultados de su encuesta de opinión, en las que Silva aventaja a Cardenal en las preferencias electorales por casi 12 puntos porcentuales.

24. El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA revela que un 60 por ciento de la población no se siente interesada en votar el 12 de marzo; Silva continua aventajando a Cardenal.

27. Se realiza un debate entre los candidatos a la alcaldía de San Salvador, organizado por cuatro universidades, organizaciones no gubernamentales y la asociación de periodistas de El Salvador (APES).

28. La directora del ISSS confirmó que se procedería a despedir a más médicos si continuaban con la huelga después del día de las elecciones.

MARZO

02. Sindicalistas acompañados de un grupo de pacientes  realizan una inusual protesta en las calles aledañas a los hospitales Rosales, Maternidad, 1º de mayo, Especialidades y Médico Quirúrgico.

06. Huelguistas del ISSS protagonizan un fuerte choque con agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC, en los alrededores del Hospital Médico Quirúrgico.

– Representantes de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos (UPLA) expresan públicamente su preferencia política hacia Luis Cardenal y el partido ARENA.

07. Sindicalistas se toman parte de la Alameda Juan Pablo II, la carretera Troncal del Norte, el Bulevar del Ejército y la carretera Sonsonate-Acajutla. Además, amenazan con abandonar todos los hospitales nacionales si el gobierno no se sienta a negociar con ellos.

– La alcaldía de San Salvador es allanada sorpresivamente por la FGR, para conocer el estado de los cobros que se realizan por el Relleno Sanitario de Nejapa.

10. Se suspende la huelga en el ISSS y se establecen mecanismos para iniciar negociaciones entre sindicalistas y gobierno.

12. Se lleva a cabo la votación para elegir diputados y alcaldes en todo el país.

13. El TSE revela los resultados preliminares de las elecciones:  FMLN tendría 31 diputados, ARENA 29, PCN 14 y PDC 5.

17. Se revela que el FMLN gobernará aproximadamente un 40.48 por ciento de la población nacional debido a los municipios que ha ganado.

21. Alfredo Cristiani anuncia que el COENA convocará a un congreso general para propiciar los cambios necesarios para renovar el partido.

ABRIL

03. Como medida de presión, seis de los 221 despedidos del ISSS inician una huelga de hambre por tiempo indefinido, frente a las instalaciones  de la Corte Suprema de Justicia.

– El FMLN anuncia la creación de una comitiva para negociar con otras fuerzas políticas la conformación de la directiva de la Asamblea Legislativa.

06. La dirigencia del COENA se reúne para decidir el futuro del partido. Asimismo, Cristiani anuncia que renunciará como presidente del COENA después del congreso general de mayo.

07. El ministro del Interior, Mario Acosta, reconoce la existencia de diferentes corrientes dentro de ARENA.

10. Magistrados de la Sala de lo Civil llegan a la conclusión de que el recurso de casación presentado por el ISSS, en el caso de los 221 despedidos, es admisible.

13. La huelga de hambre iniciada por los despedidos del ISSS es oficialmente suspendida.

14. La Corte de Cuentas emite una resolución en la que ordena al ISSS que reintegre el dinero, previa justificación de las ausencias, a quienes habían faltado a sus labores durante los meses de la huelga.

25. ARENA propone la alternabilidad a razón de un año en la presidencia de la Asamblea, la cual sería compartida entre los tres partidos con mayor número de diputados.

27. ARENA, en alianza con el PCN y PDC, reforma el reglamento de la Asamblea Legislativa, con lo que se instituye la presidencia rotativa de la Junta Directiva y se incrementa el número de directivos.

28. Se propone a Ciro Cruz Zepeda, Secretario General del PCN, como presidente del congreso.

MAYO

01. Se elige con 47 votos a Ciro Cruz Zepeda como presidente de la Asamblea Legislativa.

02. Es juramentada la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, sin dos vicepresidencias y dos secretarías, rechazadas por el FMLN.

04. El grupo de los fundadores del partido ARENA critica duramente la forma en que se eligió a la Junta Directiva del congreso y cuestionan la supuesta renovación del partido.

08. La Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) acusa a los políticos que votaron por Zepeda de haber cometido el delito de falsedad material, por la forma en que se aprobaron las reformas al reglamento de la Asamblea.

09. Se reúnen los fundadores con el COENA y consiguen incorporar a uno de sus miembros en la comisión preparatoria del IV Congreso Nacionalista y la realización de la Asamblea General Ordinaria en septiembre del 2000 y no hasta el 2001.

10. La Ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el Banco Mundial (BM) retire un préstamo para dicha cartera de Estado, debido a la negativa del FMLN de aprobarlo.

14. El fiscal electoral Arturo Cruz Salgado reitera que la colocación de Zepeda a la cabeza de la Asamblea Legislativa es ilegal, porque se le juramentó antes que a los demás diputados.

18. El partido de izquierda anuncia que hará propuestas para negociar la aprobación del préstamo para educación a cambio de un desembolso para la alcaldía de San Salvador y el incremento del presupuesto de las municipalidades.

25. La Asamblea entra en debate sobre la aplicación del IVA a frutas y verduras.

28. Los vendedores de frutas y verduras amenazan con cerrar los principales mercados capitalinos y organizar paros en las principales fronteras del país, en protesta por la indiferencia mostrada por el gobierno en el tema del incremento al IVA.

31. Con el apoyo del PCN, los diputados del FMLN logran promover una enmienda a la Ley del fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), por medio de la cual el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) ya no entregaría los fondos del presupuesto nacional a las alcaldías.

– Se aprueba por unanimidad el préstamo del Banco Mundial para el Ministerio de Educación.

JUNIO

01. Se inicia un paro de labores en el sistema de mercados y del abastecimiento de frutas y verduras en las fronteras.

– Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, que evalúa el primer año de gobierno de Flores, revela que la nota que el mandatario recibe por parte de los encuestados es de 5.4.

– La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial (CAMAGRO) manifiesta su apoyo a que los diputados mantengan el IVA.

05. Walter Araujo se postula como posible presidente del COENA y afirma contar con el apoyo de varios sectores del partido.

06. Los 29 diputados de ARENA expresan su apoyo incondicional a Walter Araujo como futuro presidente del COENA.

– Se hace pública la puesta en marcha de un paquete de medidas de emergencia para aliviar la crisis producida por la escasez de verduras y frutas.

07. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) sanciona públicamente a la empresa CTE-Telecom, tras comprobar que intervino teléfonos de instituciones públicas y residencias particulares.

08. Se levanta el paro de los mercados en medio de la satisfacción de los organizadores y la indignación del gobierno.

– EL FMLN y el CDU solicitan que se investiguen las prácticas de espionaje telefónico.

13. Orlando de Sola, ex superintendente de la SIGET, informa que el ex presidente Armando Calderón Sol tenía conocimiento de las intervenciones telefónicas.

16. Walter Araujo es proclamado como máximo dirigente del partido ARENA.

JULIO

02. El Ministro de Salud, José López Beltrán, niega cualquier posibilidad de una epidemia de dengue en el país, luego de que se contabilizaran 310 casos de dengue clásico y 50 de dengue hemorrágico.

03. Se lleva a cabo la primera protesta en los alrededores de la Catedral Metropolitana ante el reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador.

04. Diputados areneros se entrevistan con diputados del FMLN para buscar sus votos y conseguir la modificación de la Constitución, con el fin de ratificar el tratado de extradición y la instalación en territorio nacional de una base de monitoreo estadounidense.

– Se hacen públicos los nombres de los agentes de la PNC que serán depurados.

05. El presidente de la Asociación de Transportistas de autobuses (ATP) amenaza al gobierno con promover un paro nacional.

– Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazan la apelación del Seguro Social contra el fallo de una cámara de lo laboral, que lo declaraba culpable de violar el contrato colectivo de los 221 empleados despedidos.

06. Se reforma el artículo 28 de la Constitución de la República y se abren las puertas para la instalación de la base de monitoreo, sin importar las amenazas del FMLN de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para su anulación.

10. Se anuncia oficialmente la renuncia del Viceministro de Transporte, Julio Valdivieso.

11. Walter Araujo y su equipo comienzan a realizar giras por todo el país, para dialogar con las bases de su partido.

12. Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador, efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC) colaboran para retirar las ventas de los alrededores del Mercado Sagrado Corazón.

17. López Beltrán se ve obligado a declarar alerta roja en 6 departamentos. Pese a la situación, se niega a declarar una epidemia de dengue en todo el país.

19. Se suspenden las negociaciones entre gobierno y transportistas al empezar a discutir el tema de la permanencia del subsidio del diesel y la posibilidad de abrir oportunidades financieras para modernizar el sector.

26. El Ministro de Obras Públicas, José Angel Quirós, asegura que en lugar de eliminar el subsidio del diesel se podría optar por una depuración del sistema de entrega para evitar anomalías.

AGOSTO

01. El nuevo Viceministro de Transporte, Ricardo Yúdice, amenaza con suspender los permisos de línea a los empresarios que, además de participar en el paro al transporte, obstruyan el tráfico vehicular.

– Autoridades del ISSS dan a conocer los términos de las reinstalaciones de los 221 empleados: estas serían efectivas sólo si renuncian a los salarios de los 8 meses no devengados.

07. Se hace pública una petición del Ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa para recibir un refuerzo presupuestario que le serviría para hacer frente al dengue.

09. Se hace efectivo un paro al transporte. Cerca del 70 por ciento de las unidades de transporte participan cercando el acceso a San Salvador mediante la obstrucción de las vías más importantes.

– Flores amenaza no sólo con cancelar los permisos de línea a los buseros que participan del paro, sino que también con quitarles el subsidio.

10. Se informa que la PNC decomisó 58 unidades del transporte por cometer diferentes faltas contra el libre tránsito de vehículos.

11. Se suspende el paro de transporte debido al anuncio de que el Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Smith, se incorporaría en la búsqueda negociada de soluciones.

– Ricardo Valdivieso, líder del grupo de fundadores de ARENA, anuncia abruptamente su decisión de competir contra Araujo por la presidencia del COENA. Pocas horas después, Mario Acosta decide hacer lo mismo.

12. Se realiza el primer encuentro entre los representantes del gobierno, la alcaldía de San Salvador y las gremiales de transporte.

13. Milena de Escalón se suma a la lista de candidatos a la presidencia del COENA.

15. Valdivieso advierte sobre la presencia de “grupos poderosísimos” dentro de ARENA que realizan todo tipo de acciones con tal de mantener el control sobre la dirigencia.

16. Araujo afirma contar con el apoyo del presidente Flores y de los ex presidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, lo cual ayuda a despejarle el camino hacia la presidencia del COENA.

25. Un grupo de especialistas en epidemiología, provenientes de Puerto Rico, concluye que la causa de que el dengue esté tan arraigado en el país obedece a la mala campaña de información del Ministerio de Salud.

26. El ex vicepresidente de la República y actual diputado del PCN, Francisco Merino, se enfrenta a disparos con un carro patrulla de la PNC, y hiere a una de las agentes que se conducía abordo.

29. Se produce la primera reunión de negociación para la regulación de precios entre las transnacionales petroleras y el Ministerio de Economía.

30. El diputado de ARENA, Orlando Arévalo, critica a su partido y afirma que la fracción arenera es débil ante las presiones de las compañías petroleras.

SEPTIEMBRE

04. El líder de los fundadores de ARENA, Ricardo Valdivieso, hace pública su propuesta de introducir el voto secreto en la estructura organizativa del partido.

08. Se entabla un acuerdo entre las petroleras y el gobierno, según el cual la gasolina reduciría de precio entre los 21 centavos y 1.26 colones.

12. El Presidente de la República decreta el estado de emergencia nacional por causa del dengue.

14. El diputado Arévalo anuncia que el Movimiento Cívico de Solidaridad para la Salvación Nacional, que él dirige, tiene el respaldo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para iniciar actividades en contra del gobierno y su partido.

23. Arriba al país un grupo de médicos mexicanos que ayudarían a diseñar una nueva estrategia de combate contra el dengue.

24. El presidente Flores lanza un llamado a la comunidad internacional para que ayuden con recurso humano y material en la lucha contra la epidemia.

26. El presidente Flores aclara que si las compañías petroleras no regulan el margen de sus ganancias, se le dará libertad al proceso de formación de ley que establecería las normas para dicha regulación.

27. La fracción en pleno de ARENA decide desconocer a Arévalo como uno de los suyos, sin importar que con ello pierdan la posibilidad de poseer, en alianza con el PCN, mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

OCTUBRE

03. Aparecen los primeros casos de intoxicaciones graves en San Vicente, causados por alcohol adulterado. La cifra de muertos llega a 13.

– Representantes de los dos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) deciden formar una comisión especial para discutir los préstamos entrampados y negociar la aprobación del presupuesto de la nación para el 2001.

05. Orlando Arévalo marcha con un grupo nutrido de expatrulleros hacia la Asamblea Legislativa para entregar una iniciativa de ley que beneficie a los ex patrulleros.

– El Instituto de Medicina Legal confirma el hallazgo de metanol en el cuerpo de las víctimas de intoxicación por alcohol.

– Se inicia en el Estado de La Florida, Estados Unidos, un juicio en contra de los generales retirados José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, por el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en 1980.

08. El número de muertes por intoxicación llega a 73 y se extiende a 6 departamentos.

12. Se registran 118 muertos por ingestión de alcohol desnaturalizado con metanol.

16. El Ministerio de Hacienda solicita la aprobación de 29 millones de dólares para financiar un programa de descontaminación ambiental de áreas críticas en el país.

18. Se forma la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Desmovilizados, la cual reunía a las nueve organizaciones de ex patrulleros.

23. La cúpula arenera da el visto bueno para hacer efectiva la expulsión de Arévalo de la fracción legislativa.

28. El FMLN anuncia su disposición de apoyar la aprobación de un total de 65 millones de dólares, distribuidos en tres préstamos dirigidos a la Universidad Nacional, el FISDL y el Ministerio de Hacienda.

30. Unos 200 ex patrulleros se concentran en los alrededores del Reloj de Flores y advierten que se les unirán más miembros en la denominada “marcha blanca”. Los expatrulleros se desplazaron al Centro de Gobierno, impidiendo que los empleados públicos abandonaran la zona.

31. El presidente Flores asegura que no negociará con los manifestantes y que alentará al Ministerio Público para que solicite un antejuicio al diputado Arévalo.

NOVIEMBRE

01. ANEP solicita no abrir el caso de los jesuitas.

03. Un jurado federal estadounidense absuelve a los dos generales retirados salvadoreños, de culpabilidad en la muerte de cuatro religiosas norteamericanas, ocurrida en 1980.

07. El diputado Orlando Arévalo es demandado ante la Fiscalía General de la República por sus propios compañeros de la bancada legislativa arenera, que lo acusan de privación de libertad, sedición y amenazas.

– El diputado Francisco Merino solicita se archive su caso ya que no sólo se considera inocente, sino que también los medios de comunicación exageraron su caso.

14. La cúpula arenera anuncia la expulsión definitiva del diputado Arévalo del partido.

– La ANEP acusa a los diputados de la Asamblea Legislativa de ser cómplices por omisión de la ola de secuestros y el crimen en general. La ANEP reclamó a los diputados la aprobación de una serie de reformas legales que incluyen la interceptación telefónica, el aumento de las penas y la protección de testigos y víctimas.

18. El Fiscal General, Belisario Artiga, informa del grave problema de corrupción que atraviesa la institución.

19. La captura del anticastrista Luis Posada Carriles provoca una agria discusión entre el presidente Francisco Flores y el dictador cubano Fidel Castro, durante la Asamblea General de la Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Estado.

21. Los ex patrulleros encabezados por el diputado Arévalo, bloquean importantes tramos de varias carreteras del país y provocan serios congestionamientos de tránsito, sin que se reporten enfrentamientos entre éstos y la Policía.

22. El Presidente de la República, Francisco Flores, anuncia su política de integración monetaria, según la cual, para el año 2001, el dólar tendrá curso legal y se establecerá como unidad de cuenta en el sistema financiero.

23. La Comisión de Legislación decide retractarse en el caso Merino, pues no encontró suficientes elementos de juicio para desaforar al diputado.

– El Fiscal General de la república pide a los diputados aprueben en menos de 90 días una nueva Ley Orgánica de la institución, con la que espera dotarla de los instrumentos necesarios para tecnificar la investigación.

29. La FGR decide reabrir el caso del asesinato de seis jesuitas y dos empleadas, para penalizar a sus autores intelectuales.

30. Se aprueba la Ley de Integración Monetaria con los votos de ARENA, PCN y PAN.

DICIEMBRE

07. El presidente del Banco Hipotecario, Gino Bettaglio, confirmó que la institución procederá a la baja de las tasas de intereses, de acuerdo con los mecanismos legales establecidos. Para tal efecto, se espera la publicación en el Diario Oficial de la recién aprobada Ley de Integración Monetaria.

15. El Fondo Social para la Vivienda (FSV) anuncia una reducción en sus tasas de interés, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Integración Monetaria.

17. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presenta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el mecanismo que usó la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Integración Monetaria.

20. El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), argumenta que la ley de integración monetaria sólo funcionará si el gobierno demostraba una preocupación real por aumentar la productividad, asegurar el flujo de remesas, controlar el déficit fiscal y desarrollar el mercado de capitales.