Proceso 933

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El Salvador hace las cosas al revés. Cuando los países latinoamericanos cuya moneda es el dólar se encuentran en graves problemas y están buscando la manera de salir del callejón en el que se metieron, El Salvador adopta el dólar como moneda nacional. Ese es el caso de Panamá, Ecuador y en particular de Argentina. Panamá, que desde siempre ha tenido como moneda nacional el dólar del imperio, está experimentando graves dificultades para enfrentar la crisis económica en la que se encuentra. Ecuador se vio obligado a adoptar el dólar por el caos en que se encontraba su economía.

La medida fue adoptada como una solución extrema, cuyos resultados son inciertos. En Argentina, en cambio, el dólar fue introducido como la gran solución. Diez años después, ese país está buscando cómo deshacer el camino andado. Argentina tiene un altísimo desempleo y el nuevo gobierno ha podido sobrevivir gracias a un voluminoso préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que espera a países como Argentina y El Salvador, en caso de crisis económica: un elevado desempleo y más endeudamiento internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya ha adelantado los trámites para financiar a El Salvador, cuando la crisis se presente. Esta precaución es muy oportuna, dado que la economía estadounidense ha entrado ya en recesión.

En cambio, a los países que han adoptado como política monetaria la flotación de su moneda, la cual oscila dentro de determinados márgenes, de acuerdo a las fuerzas que dirigen la economía, no les va nada mal. Este es el caso de Brasil, México y Chile, modelo este último de modernización al cual la derecha salvadoreña suele recurrir para copiar ideas, políticas e incluso legislación. Sin embargo, en este caso, ha hecho caso omiso de la experiencia chilena.

Así, pues, cuando la experiencia latinoamericana apunta a dejar flotar la moneda nacional, El Salvador adopta el dólar como moneda propia. Ahora, debido a un decreto impuesto e improvisado, la moneda salvadoreña es el dólar. El dólar ha sido impuesto porque así lo decidieron unos cuantos funcionarios gubernamentales y sus asesores. La decisión no fue discutida de manera abierta por temor a que fuera rechazada. Si el dólar es tan bondadoso como lo proclaman los altos funcionarios del gobierno de ARENA, por qué no fue presentado como posibilidad para sostener una discusión abierta a diferentes niveles ya que, de una u otra manera, el cambio concierne a toda la sociedad.

Si el dólar favorece a las mayorías salvadoreñas empobrecidas, con toda seguridad, éstas la hubieran apoyado de inmediato, aun cuando otros sectores sociales se hubieran opuesto. Mons. Rosa ha recordado oportunamente que sólo la maldad se planifica en lo secreto. Además de impuesta, la adopción del dólar ha sido improvisada y no ha dado tiempo suficiente para hacer los ajustes indispensables, evitando así la confusión que cambios tan drásticos suelen generar en la sociedad y en sus instituciones, pero sobre todo para informar a la inmensa mayor parte de la población para la cual el dólar es incomprensible aún.

En vez de ello, la preocupación de los altos funcionarios ha sido el bienestar de las clases altas y medias altas. Han inspeccionado los establecimientos donde éstas se abastecen de bienes, pero no han visitado los mercados, ni las calles, ni el transporte público, donde predominan la desconfianza y la confusión. De esta manera, el gobierno de ARENA pone en evidencia, una vez más, su menosprecio por las clases medias bajas y populares. La falta de información veraz y oportuna hará que estos sectores sean presa fácil de oportunistas inescrupulosos, quienes ya se están aprovechando del caos para obtener ganancias ilícitas. De hecho, el gobierno de Flores no cuenta con la infraestructura necesaria para impedir estos abusos, tal como lo demuestra el desafío abierto, lanzado por las gremiales del transporte público. Tampoco es prioridad de su gobierno proteger a los débiles de los poderosos.

Esta es una modernización bastante extraña o, mejor dicho, es una modernización orientada a las clases altas y medias altas, en detrimento del resto. El planteamiento del gobierno de ARENA contradice las líneas maestras propuestas por el Banco Mundial para combatir la pobreza, las cuales sostienen exactamente lo opuesto. Resulta, pues, incomprensible que estas instituciones financieras respalden el paso dado por el gobierno salvadoreño, aun cuando contradice sus políticas más recientes sobre la pobreza. Las bondades teóricas del dólar son oscurecidas por las realidades salvadoreñas. Pero esto es sólo la parte más visible del impacto del dólar. La población acabará por acostumbrarse a la nueva moneda. La necesidad será la fuerza determinante en este aprendizaje forzado y doloroso. La confusión durará unas cuantas semanas, pero en el camino, los más vulnerables, aquellos que exigen mayor protección gubernamental, con toda probabilidad serán víctimas del engaño y del fraude de los poderosos.

Ahora bien, queda pendiente la cuestión de quién sale ganando con esta disposición. Hasta ahora, la atención de la prensa se ha concentrado en la novedad creada por dicha medida, en cómo El Salvador pasa del colón al dólar, olvidándose del por qué. Las razones aducidas por el gobierno de ARENA no dan cuenta de la cuestión crucial que es quién sale ganando con el dólar. Ciertamente, no los sectores populares empobrecidos, tal como alega el presidente Flores, sino la banca y, siendo más precisos, los grupos familiares que la controlan. Las ventajas de estas poderosas familias son varias: sus deudas en dólares están aseguradas contra una posible devaluación, sus ganancias aumentarán en el corto plazo al bajar las tasas de interés pasivas, sin reducir gran cosa las activas –aparte que las grandes empresas, que también son propiedad de los dueños de los bancos, ya gozan de tasas preferenciales– y sus planes estratégicos para invertir en Centroamérica, donde el capital de estas familias está desarrollando una actividad bastante agresiva, se desarrollarán de manera más expedita.

El dólar permite a estos grupos familiares conseguir dinero barato en El Salvador para moverlo con facilidad e invertirlo en los otros países centroamericanos, cuya situación monetaria es una ventaja adicional. La flotación de las monedas aumenta las ganancias de los inversionistas salvadoreños. Registran estas inversiones como transferencia entre grandes empresas, evadiendo controles e impuestos. Por lo tanto, las operaciones de los que lavan dólares son más seguras. En pocas palabras, el dólar facilita la inversión estratégica del gran capital salvadoreño en el área, sin que los otros países hayan caído en la cuenta de la envergadura de la operación. Cuando lo hagan, será demasiado tarde, el gran capital salvadoreño se habrá apoderado de sus mercados más productivos. Esta estrategia sería muy beneficiosa para Centroamérica, si gobiernos y capitalistas pensaran y planificaran el desarrollo desde una perspectiva regional, pero no es este el caso. Política y éticamente es muy cuestionable el enorme riesgo que corre El Salvador sólo para aumentar aún más las ganancias de estas pocas familias que ya tienen bastante dinero.

De la revisión de los sucesos que impactaron la opinión pública durante el año 2000 sobresalen cuatro. En primer lugar, el proceso electoral que concluyó con los comicios municipales y legislativos y que dejó un escenario complejo en la vida política nacional; en segundo lugar y como ya es usual en los últimos años, el problema de la seguridad pública, con la particularidad de que en este año, las dificultades en esa área de interés público se vieron agravadas por el franco deterioro de la imagen pública de las instituciones vinculadas con ella, especialmente la PNC. En tercer lugar, la opinión pública se vio marcada por la confirmación de un contexto económico difícil; para los ciudadanos fue innegable el hecho de que el país ha entrado en un proceso de recesión del cual no parece haber salida a corto plazo, con todas las implicaciones que ello tiene. Finalmente, los sucesos ocurridos especialmente en el recinto legislativo contribuyeron a erosionar la ya anémica confianza de los ciudadanos en las instituciones del país y en los partidos políticos.

El anuncio de la nueva política de integración monetaria, el aumento en las tarifas eléctricas, los hidrocarburos y la sensación de que las instituciones del país son más incapaces de velar por los derechos de la ciudadanía contribuyeron a cerrar el año con un sentimiento de incertidumbre y de pesimismo entre la mayoría de los salvadoreños. Los proyectos de integración económica regionales, como el canal interoceánico, el Tratado de Libre Comercio con México y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, además de los anuncios de llevar adelante un programa de desarrollo de la infraestructura del país basada en el trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo y de las Bases del Plan de Nación, si bien parecen generar alguna expectativa en los ciudadanos, no logran estimular una visión de optimismo sobre el futuro del país, sobre todo porque la mayoría de la gente mantiene una actitud de suspicacia de cara a la gestión nacional del gobierno.

A continuación, se analizan cada uno de los puntos identificados más arriba. Las elecciones municipales y legislativas del año 2000 se desarrollaron bajo un fuerte sentido de competitividad y dejaron un escenario políticamente complejo de cara a la opinión pública. El empate entre las dos fuerzas mayoritarias del país, ARENA y FMLN, fue el producto de dos o tres factores. En primer lugar, ese empate fue el producto del desgaste en la imagen del gobierno liderado por Francisco Flores, lo cual fue profundizado por la incapacidad de éste para lidiar satisfactoriamente con el conflicto laboral generado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El gobierno y particularmente el partido ARENA se vieron afectados por la percepción de que la nueva administración no estaba cumpliendo sus promesas, especialmente las que se referían a una nueva forma de apertura política de cara a la población; el conflicto en el Seguro Social no hizo sino confirmar ese sentimiento y mostrar que el gobierno no estaba dispuesto a escuchar las necesidades de la población salvadoreña.

De ahí que el empate legislativo o, mejor dicho, la leve ventaja obtenida por el FMLN sobre ARENA en el número de curules legislativos se explica, en parte, por el desgaste del partido gobernante, antes que por una mejora sustancial de la imagen del FMLN. Sin embargo, esa no constituye toda la historia que explica el resultado legislativo de las elecciones. El avance del FMLN se explica también por la fuerte imagen de eficiencia proyectada por el alcalde Silva y por una errada estrategia de conducción publicitaria llevada a acabo por ARENA. El partido de gobierno enfocó sus baterías hacia el alcalde capitalino esperando no sólo afectar su imagen sino también agudizar las diferencias internas que persistían en el FMLN; sin embargo, ARENA no pudo contrarrestar la imagen de eficacia de la alcaldía en momentos en que su propio gobierno se debatía en una crisis de legitimidad frente al público. Además, el perfil asumido por el candidato contendiente, Luis Cardenal, no estuvo a la altura de las exigencias planteadas por el proceso. Éste se dedicó a atacar a una figura que gozaba de la mayor popularidad política sin poder ofrecer un argumento de porqué era necesario un cambio en la alcaldía capitalina. El éxito de Silva en la capital fortaleció la imagen del FMLN en el resto de país; ello estimulado por la relevancia dada por los medios de comunicación y por la estrategia electoral de ARENA de enfocarse en la campaña municipal de San Salvador.

La victoria de Silva en la capital fue acompañada por la victoria del FMLN en la mayor parte de alcaldías de ciudades grandes del país. El partido de izquierda no sólo mantuvo la mayoría de sus gobiernos municipales sino que ganó otros donde parecía poco probable. En estos casos, hay razones para pensar que tanto el desgaste del partido ARENA en el gobierno nacional, como el éxito de Silva en la capital se sumaron a la percepción de gestiones municipales buenas o regulares para ayudar al FMLN a ganar tales ciudades.

Sin embargo, la elección no sólo se caracterizó por eso. La competencia en el ámbito legislativo dejó al partido PCN en unas condiciones extremadamente favorables para ocupar del tercer lugar en la correlación de fuerzas parlamentarias, esto en una dimensión que equivalía poco a su exiguo nivel de votos obtenidos a nivel nacional. El PCN obtuvo más de diez curules con un apoyo que no excede al 3 por ciento de la población en edad de votar, lo cual lo ubicó en el tercer lugar de poder en la Asamblea.

Lo anterior fue posibilitado por la reedición del comportamiento de abstencionismo por parte de la mayoría de la población. Más de 60 por ciento de los salvadoreños, al igual que en las dos elecciones anteriores, decidieron no asistir a votar y quedarse en sus casas para atender otros asuntos. La razón por la cual la mayoría de la gente no votó fue más por decisión propia, por desconfianza e indiferencia hacia el proceso, que por causa de los problemas generados por el sistema electoral.

Todas esas condiciones dejan un escenario político complejo de cara al proceso político del país. Tal complejidad se basa en tres cosas. En primer lugar, porque los representantes políticos y los gobernantes fueron elegidos por no más del 35 por ciento de la población del país y cada uno goza —o sufre— con el apoyo directo de menos del 20 por ciento de los ciudadanos. Esto deja un serio problema de representatividad y de legitimidad de cara a la población. En segundo lugar, porque ninguna fuerza política por sí sola alcanza a tener el predominio en la dinámica política. Ello establece un escenario en donde la primera responsabilidad política sería la concertación —y no la componenda— de cara al país y la población. Y finalmente, porque sobrestima la fuerza de agrupaciones políticas minúsculas que están mejor ubicadas y preparadas para la componenda política que para la concertación. Eso permite romper el equilibrio de fuerzas políticas gracias al uso de mecanismos en los que privan los beneficios particulares por encima del respeto a la institucionalidad. Al final, se tiene un balance limítrofe: un sistema político con poca legitimidad que juega más a la componenda que a la concertación necesaria.

El segundo tema que ocupó significativamente el espacio de la opinión pública fue el de la seguridad pública. Esto desde varios ángulos y en función de varios escenarios institucionales. Primero, la delincuencia y la violencia siguieron siendo un problema grave que afecta a la mayoría de la población. Las encuestas reportaron que más del 15 por ciento de los ciudadanos fueron víctimas de algún hecho de violencia en el transcurso del año y que más del 50 por ciento de los mismos pensaba que la actividad delictiva se había incrementado durante el 2000. Aunque algunos estudios mostraron de forma consistente que es posible pensar en una disminución general de la violencia, los niveles continuaron siendo lo suficientemente altos como para ocupar los primeros lugares de preocupación y de discusión pública. En segundo lugar y bajo este contexto, el año 2000 fue el escenario para la revelación y prolongación de serios problemas de transparencia y de eficacia en varias instituciones vinculadas con el tema de la seguridad pública y la administración de justicia.

La Policía Nacional Civil constituye la primera de ellas. Durante el primer semestre del año que ha finalizado, la prensa y las autoridades policiales —más la primera que las segundas— pusieron al descubierto la existencia de amplias redes de actividad delincuencial que operaban desde el interior del cuerpo policial y que contribuían de forma significativa a la ola delincuencial, sobre todo, la de carácter más grave como los secuestros y los asesinatos. Además, la opinión pública se concentró en examinar los problemas de eficacia que reflejaba la corporación, los cuales contribuían a la impunidad de los actos delictivos. Las autoridades de seguridad pública anunciaron un proceso de depuración que comenzó a desarrollarse con criterios y procedimientos poco claros para el resto de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos comunicacionales por parte de las autoridades, buena parte de la población vio reducida aún más su confianza en la corporación. En la última encuesta de evaluación del año 2000, más de la mitad de la gente sostuvo que la PNC había perdido apoyo y confianza de la población durante el año que acababa de terminar y un porcentaje importante de ciudadanos consideraba que la actual policía era “peor” que la antigua policía nacional. En el segundo semestre del año, el tema de la policía pasó a un segundo plano y las dificultades evidenciadas en la administración de justicia opacaron la atención brindada al proceso de depuración, el cual se prolongará aún más. En todo caso, la nueva policía deja un saldo en rojo, en términos de confianza pública durante el 2000 y en comparación con otros años.

La otra institución creada a partir de los Acuerdos de Paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), también vio erosionada su confianza pública. Luego de ser depositaria de la mayor parte de la confianza ciudadana a la que una institución gubernamental puede aspirar en estos años, la imagen y el prestigio de la PDDH se hundió frente al público como producto de la gestión del Procurador Peñate Polanco, el cual finalmente renunció en el mes de febrero. A pesar de ello, la institución ha tenido dificultades para recuperar un buen concepto en la opinión pública, en parte por los problemas heredados de la gestión anterior y, en parte, como producto de que el nuevo titular mantuvo compromisos de orden político con su agrupación partidaria. Al final, las encuestas de opinión pública muestran que durante el 2000, las dos instituciones antes mencionadas comenzaron o continuaron una tendencia clara de erosión de la credibilidad ciudadana.

Como ya ha sido mencionado antes, de este proceso tampoco estuvieron exentas otras instituciones públicas relacionadas con el área de administración de justicia. Frecuentes fracasos en algunos casos claves por parte de la Fiscalía, pusieron al descubierto la incapacidad de esta institución para perseguir y castigar efectivamente los delitos que ocurren en el país. La resolución en el caso de la niña Miranda, el sobreseimiento en el caso de la Federación de Fútbol y la resistencia de la institución a cumplir con su cometido de abrir la investigación en contra de los autores intelectuales de los jesuitas mostraron que la incapacidad de la Fiscalía no sólo tenía que ver con su competencia técnica, también tenía que ver con cierta dosis de negligencia deliberada en algunos casos. Esto sólo ha servido para confirmar la sensación de desamparo que prevalece en los salvadoreños con respecto a las instituciones llamadas a hacer cumplir la ley en el país. A diferencia de la PDDH y de la PNC, la Fiscalía no enfrentó un desgaste significativo de la confianza pública porque nunca ha llegado a tener los niveles de credibilidad que, en algún momento, tuvieron las instituciones creadas por la transición. De ahí que en el 2000, la mayor parte de la gente sólo confirmara su sospecha con respecto a este instituto público. Sin embargo, hay que decir que la figura personal del Fiscal ha mostrado un importante reconocimiento en algunos sectores de la opinión pública, probablemente debido a su protagonismo en los medios de comunicación y a su compromiso adoptado a finales de año de llevar a cabo también un proceso de depuración. En todo caso, esa aparente complacencia aún no se ha traducido en un cambio sustancial de percepción sobre el organismo en su conjunto.

En el caso del Organo Judicial, a pesar de que los sondeos de opinión pública muestran una leve tendencia de mejoramiento de imagen y de confianza en la Corte Suprema de Justicia, la mayor parte de la gente sigue teniendo poca confianza en los tribunales y no piensa que la administración de justicia esté en la capacidad de hacer valer eficientemente el estado de derecho. Los frecuentes juicios en los que los sospechosos son absueltos o sobreseídos por aspectos técnico-legales han puesto en duda la transparencia de numerosos jueces y operadores del sistema. A ello ha contribuido también la percepción de que los nuevos códigos penales están jugando un papel a favor de los que cometen delitos de cualquier tipo, obligando a los ciudadanos a conciliar en los casos en los cuales ha habido una clara violación de derechos.

En resumidas cuentas, el balance de la opinión pública sobre el sector de seguridad pública y de justicia es, de nuevo, negativo. La permanencia del problema de violencia y la inoperancia de las instituciones claves en el cumplimiento de los derechos básicos de seguridad y justicia han contribuido a que el año 2000 no haya registrado una modificación de la visión pesimista que impera en el país en esta área.

La otra área que, año tras año, suele ocupar la atención de la opinión pública es el área económica. El año 2000 no fue la excepción. Durante la mayor parte del año, los salvadoreños vivieron preocupados por los problemas de desempleo, pobreza e inflación y retuvieron la idea de que las acciones del gobierno no contribuyeron en mucho a resolverlos. Es más, la preocupación por la economía nacional se vio profundizada por el constante incremento a los precios de los hidrocarburos, el incremento a los servicios de agua, luz y teléfono y por el anuncio del gobierno de eliminar la exención del pago del IVA a los productos farmacéuticos y agrícolas. En otras palabras, la gente sentía que el costo de la vida se incrementó durante el 2000 y que, por tanto, la pobreza sumó ciudadanos en dicho año.

Este panorama poco alentador para la mayor parte del público salvadoreño se vio complicado por el anuncio del gobierno en los últimos días del año de llevar a cabo una nueva política monetaria, la cual implicaría la dolarización acelerada del país. Esto llenó aún más de incertidumbre a la gente sobre las posibilidades de la economía salvadoreña en el siguiente año, pero sobre todo hizo que el año cerrara con un serio cuestionamiento de los ciudadanos de si el país no está acercándose demasiado a una situación limítrofe como producto de las acciones del gobierno. Aunque una parte de la gente parece aprobar la medida, la mayor parte de la población se ha declarado en contra de la misma y piensan que ella sólo contribuirá a favorecer a las personas de más poder en el país.

Todo lo anterior hizo que el año 2000 terminara con la sensación en el público salvadoreño de que la economía nacional estaba en una franca crisis y que la mayoría de la gente, a diferencia de otros años, apuntara a los temas económicos como los principales problemas nacionales por encima de la delincuencia y la violencia.

Finalmente, muchos sucesos ocurridos en la Asamblea Legislativa que tomó posesión a mediados de año, contribuyeron a profundizar más el clima de desencanto y la desconfianza popular hacia sus representantes parlamentarios. El rosario de sucesos se inicia con las negociaciones de los partidos de derecha para excluir al FMLN de la directiva de la Asamblea de forma permanente en el período que le correspondía por ley. Los partidos ARENA, PCN y PDC introdujeron una serie de reformas que establecían la rotación de la presidencia de la Asamblea Legislativa entre los partidos con más curules en el congreso. Esto generó un agrio debate en el recinto legislativo y asombro entre los salvadoreños. Al final, el FMLN decidió no participar de la nueva dinámica y decidió no subir a la directiva.

Pero quizás uno de los sucesos que más impactó a la opinión pública no sólo por el amplio tratamiento del hecho en los medios de comunicación sino por el carácter delictual del hecho en sí mismo, fue el comportamiento de un diputado del PCN, quien, en estado de ebriedad, alteró el orden público y se enfrentó a una patrulla policial usando su arma de fuego. El tema cobró relevancia no sólo por el carácter de ese comportamiento sino también por la actitud de buena parte de los parlamentarios de proteger al diputado Francisco Merino del desafuero. Al final y en base a supuestas negociaciones entre los partidos ARENA y PCN, el diputado no fue juzgado por las autoridades competentes. Lo anterior mostró la poca disponibilidad de la Asamblea para actuar moralmente y apegada a los valores de justicia; además, puso en evidencia los mecanismos que permiten que muchas decisiones sean tomadas en base a los intereses particulares de los partidos y de ciertas personas, que en base al interés público.

A esa percepción se sumó sin duda la aprobación de una serie de leyes con las cuales buena parte de la población no parecía estar del todo de acuerdo. La ley de integración monetaria fue una de ellas.

Al final, el balance de la opinión pública deja un saldo en rojo en términos de la confianza pública hacia la institucionalidad del país. La percepción de la mayoría de los salvadoreños es que las instituciones vigentes no son capaces de ofrecer seguridad y orden en la mayoría de los ámbitos de la vida nacional. Los sucesos ocurridos en otras áreas de la vida nacional, como la epidemia de dengue, la mortalidad debida al alcohol, los conflictos en las maquilas y en otros campos laborales, contribuyeron también a esa sensación. Al final, el clima que se respira entre los ciudadanos es de incertidumbre y que el país se encamina a un estado de crisis aún mayor y generalizado. Lo que ocurra con la nueva política monetaria determinará si eso sucederá así o no.

Si no fuera por los interesados en que algo se publique,
muchas noticias no aparecerían nunca.

Lorenzo Gomis

El honor de la tan desacreditada prensa salvadoreña recibió un baño fresco al finalizar el año 2000 con la investigación publicada por la revista Enfoques de La Prensa Gráfica sobre las ventajas personales que le ha reportado al actual ministro de Economía, Miguel Lacayo, el manejo de la política arancelaria del país. En un extenso y bien documentado reportaje, del pasado 17 de diciembre, La Prensa Gráfica detalló cómo el ministro de Economía había estado abogando por la reducción de los aranceles para la importación de insumos básicos en la fabricación de baterías. Según este matutino, los bajos impuestos para los componentes de baterías benefician casi exclusivamente a la empresa “Baterías de El Salvador”, de la cual Lacayo es presidente.

El objetivo de este artículo es subrayar la importancia de investigaciones como esta para el rescate del prestigio de los periodistas y el reto que representa —en el buen sentido— este tipo de esfuerzos para el resto de medios informativos. Ese reto tenía que haber incentivado investigaciones más profundas del caso y una sana competencia entre la prensa escrita. Lamentablemente, la más cercana competencia de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, pese a la importancia y la polémica en que se vio envuelto el ministro de Economía, se negó a concederle el más mínimo espacio a este hecho. Más adelante, se explorarán posibles razones que motivaron tal decisión.

Durante casi diez días, La Prensa Gráfica llevó en sus páginas, como plato fuerte, lo que se consideraba un “conflicto de interés” por la exención de la importación de bienes intermedios para la fabricación de baterías. El reportero que investigó esta historia, y luego sus compañeros de otras secciones del matutino, mostraron cómo dicha exención se había adoptado bajo “la cláusula de salvaguardia” de un consejo de ministros centroamericano. El periódico llamaba la atención sobre la dudosa aplicación de tal resolución regional debido a que no se había comprobado la existencia de condiciones internas en El Salvador que hubieran ocasionado una “emergencia nacional de baterías de carros”, desde junio de 1999, una semana antes de que el ministro Lacayo asumiera su cargo.

El matutino mostró una copia de las cuatro resoluciones que, a petición del ministro Lacayo, había firmado el resto de sus colegas del consejo centroamericano para que se bajara de cinco a cero el arancel para la importación de desperdicios de pilas y otros insumos. También publicó una copia del reporte de importaciones de desechos de acumuladoras de plomo, en el cual se lee que la empresa “Baterías de El Salvador” importó productos sin pagar aranceles ni IVA. Además, se investigó el hecho de que la compañía del ministro Lacayo hubiera sido considerada en la práctica la única fabricante de baterías en el país. El de las baterías es, por tanto y según los testimonios recabados por el matutino, “un mercado sin competencia”.

El ministro Lacayo se negó durante varios días a hablar sobre el tema y cuando lo hizo argumentó que la política arancelaria salvadoreña a veces impacta “dos, tres, cinco empresas” porque “nuestra economía no es muy grande”. Desde un inicio, el funcionario acusó al reportero de La Prensa Gráfica, Martín Ruiz, quien documentó la historia, de querer “buscar problemas y tratar de que alguien quede mal”.

Es lógico esperar reacciones de este tipo en funcionarios que ven amenazado su prestigio. La prensa en todos los países del mundo (si no es estatal y si busca cumplir su papel de fiscalizadora del poder público) afronta situaciones de este tipo cuando se sale de la agenda que el gobierno quiere establecer y se propone la investigación de temas que las oficinas de relaciones públicas dejan fuera del tintero. Con la decisión de publicar esta información y su tesis de “conflicto de interés”, La Prensa Gráfica hizo uso de un recurso raras veces observado en la prensa local: la cobertura de historias que no aparecen en la agenda de las fuentes oficiales, privadas o no gubernamentales.

Esto de por sí refleja cierto grado de independencia y profesionalismo, cualidades que en la mayoría de casos ocasionan grandes pérdidas de publicidad a los medios y, en este caso, no nos sorprendería que el ministerio de Economía o la empresa “Baterías de El Salvador” tomaran ese tipo de represalias. Ya lo han hecho en el pasado y en el presente otras instituciones del Estado y muchas empresas privadas (Telecom castigó a El Diario de Hoy por la vía publicitaria luego de la denuncia de las escuchas telefónicas el año pasado).

En el caso del ministro Lacayo, la política editorial del periódico fue totalmente acorde con la informativa. A juzgar por la opinión de muchos de sus reporteros, la dirección del matutino respaldó en todo momento la investigación sobre este funcionario. En un editorial del 20 de diciembre, se leía que, como medio de información, los objetivos del periódico eran investigativos y no acusatorios. Se insistía sobre todo en la necesidad de que el ministro Lacayo explicara la situación y desvaneciera las sospechas expuestas.

En un segundo editorial, mucho más agresivo, La Prensa Gráfica decía que “(dar explicaciones) es la forma normal de enfrentar cuestionamientos documentados, aunque sean, por supuesto, opinables y rebatibles. ‘Darse por ofendido’, e intentar la vía impropia de la intimidación, en vez de 'darse por cuestionado’, y usar la vía propia de la explicación, es querer escapar por el recurso fácil”.

No se aplicó aquí el caso de que, como sostienen los críticos de los medios de comunicación, la rutina de trabajo periodístico excluye con frecuencia de la vista pública los hechos que cuestionan la legitimidad de sus fuentes habituales (con el gobierno a la cabeza de la lista). La crítica bien documentada debería ser más usual en la prensa salvadoreña. Las investigaciones periodísticas deberían extenderse más allá de las coyunturas nacionales (sin excluirlas) y de los temas que las fuentes imponen con sus rutinarios boletines informativos y conferencias de prensa.

Un segundo punto importante sobre esta investigación de La Prensa Gráfica es la competencia que sigue promoviendo entre los medios escritos. En los últimos años, los periódicos matutinos salvadoreños han avanzado especialmente empujados por el reto que supone su competidor. El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han modernizado su presentación, han adoptado tecnología de avanzada en la redacción, la fotografía y la impresión para disputarse el escaso mercado lector del país y, antetodo, el pastel publicitario.

Las revistas dominicales Enfoques y Vértice son ejemplos concretos de los esfuerzos de ambos periódicos por escudriñar terrenos que difícilmente son explorados en la cobertura diaria. En la profundidad de sus reportajes, los dos matutinos han superado con creces el trabajo de los noticieros radiofónicos y televisivos, circunscritos por excelencia a los hechos inmediatos y a la pauta de sus fuentes. La competencia entre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, por ende, ha traído beneficios a la profesión periodística (que no se libra aún totalmente de la superficialidad, los bajos salarios y las presiones de grupos de poder).

Tal competencia, sin embargo, sólo es provechosa en cuanto empuja al adversario a ser mejor, pero debe ser explotada con inteligencia. En el caso de los señalamientos contra el ministro Lacayo, El Diario de Hoy no supo ser “buen perdedor” (ya La Prensa Gráfica ha jugado ese rol en otros asuntos como el del espionaje telefónico y el asesinato por policías del estudiante Adriano Vilanova en septiembre de 1995). En vez de ofrecer nuevos elementos a la investigación o de aprovechar sus páginas para ahondar en las pesquisas, El Diario de Hoy guardó silencio sobre el supuesto “conflicto de interés” denunciado por la competencia.

La omisión de este tema no es justificable por cuanto las denuncias obligaron al ministro Lacayo a buscar el respaldo del presidente Francisco Flores, del ministro de Hacienda, de otros funcionarios centroamericanos e incluso lo impulsaron a escribir una larga carta de aclaraciones publicadas en una página completa de La Prensa Gráfica, el 21 de diciembre. También despertó algunas iniciativas dentro de la Asamblea Legislativa (que aún no se han concretado) para que el ministro Lacayo explicara ante el pleno su intervención en la prórroga de los privilegios arancelarios. Como un suceso de la realidad salvadoreña, el hecho cumplía muchos de los requisitos para convertirse en noticia: proximidad, actualidad, novedad, interés nacional, conflictividad, entre otros.

Durante los diez días en que el tema estuvo en boga, El Diario de Hoy sólo publicó una noticia, corta y, por cierto, confusa. Mencionó las denuncias contra el ministro Lacayo hasta que los ministros de Economía de Guatemala y Nicaragua, así como el presidente de un organismo regional, llegaron a El Salvador a tratar de aclarar el uso de las salvaguardias. De la escueta nota, pocos lectores podrían haber entendido el sentido de las acusaciones. Primero, porque nunca antes las habían leído en las
páginas de El Diario de Hoy y, segundo, porque era un tema de por sí complicado, como cualquiera que trata de convenios regionales, aranceles y su aplicación.

Antes y durante la guerra salvadoreña, los dos matutinos más grandes nunca se vieron envueltos en una competencia que los empujara a significativos avances en el terreno profesional. La calidad de la cobertura nunca estuvo en disputa. Ahora sí, hay esfuerzos claros por trabajar con una agenda propia que se aparta de la pauta de las fuentes. Hay recursos exclusivamente dedicados al periodismo de profundidad y, en ciertas ocasiones, al de investigación.

El problema es que cada vez que uno de los matutinos hace una investigación que vale la pena, su competencia guarda silencio al respecto y no puede superar que le hayan “comido el mandado”. El tema entonces se convierte en estandarte del periódico que lo investigó y su adversario, al hacer silencio, le niega a sus lectores el derecho a informarse de asuntos de interés nacional. También se obstaculiza el ejercicio de la presión pública que haga a los funcionarios públicos rendir cuentas de sus decisiones.

Esta práctica de opacar las investigaciones periodísticas de la competencia no es, pues, exclusiva de El Diario de Hoy. Es común en ambos matutinos. Sólo superando esta errónea idea de competencia, la prensa escrita será capaz de anteponer los intereses de su público lector a su mal entendido “orgullo profesional”.

Presentamos a continuación el "Proyecto de Ley de Integración Monetaria", dado a conocer públicamente el 27 de noviembre del año 2000.

I. Que de conformidad a la constitución, es deber del estado orientar la política monetaria con el fin de promover el desarrollo ordenado de la economía nacional;

II. Que el ordinal 13? del Art. 131 de la constitución, dispone que corresponde a la Asamblea Legislativa resolver sobre la admisión y circulación sobre la moneda extranjera;

III. Que a efecto de incorporar efectivamente a El Salvador al proceso de integración económica mundial, se vuelve necesario dictar las regulaciones que faciliten el intercambio comercial y financiero con el resto del mundo en forma eficiente;

IV. Que con el fin de preservar la estabilidad económica que propicie condiciones óptimas y transparentes que faciliten la inversión, y de garantizar el acceso directo a mercados internacionales, se vuelve necesario autorizar la circulación de monedas extranjeras que gocen de liquidez internacional;

V. Que para tal propósito es indispensable dictar las normas básicas mediante las cuales se regulará la forma y condiciones que deben imperar en las transacciones financieras de nuestro país;

POR TANTO. en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por Medio del Ministerio de Hacienda,

Art. 1.- El tipo de cambio entre el colón y el dólar de los Estado Unidos de América será fijo e inalterable a partir de la vigencia de este decreto, a razón de ocho colones setenta y cinco centavos por dólar de los Estados Unidos de América. En la presente ley, dicha moneda se denominará dólar.

Art, 2.- Se permita la contratación de obligaciones monetarias expresadas en cualquier otra moneda de legal circulación en el extranjero. Dichas obligaciones deberán ser pagadas en la moneda contratada, aun cuando su pago deba hacerse por la vía judicial.

Art. 3.- El dólar tendrá curso legal irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional.

Art. 4.- A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco Central de Reserva de El Salvador, a requerimiento de los bancos del sistema, canjeará los colones en circulación por dólares.

Art. 5.- Los billetes de colón y sus monedas fraccionarias emitidos antes de la vigencia de la presente ley, continuarán teniendo curso legal irrestricto en forma permanente, pero las instituciones del sistema bancario deberán cambiarlos por dólares al serles presentados para cualquier transacción.

El Banco Central de Reserva de El Salvador proveerá los dólares a los bancos del sistema, mediante el canje respectivo.

El canje de dólares por colones, sea que lo haga el Banco Central de Reserva de El Salvador a los bancos del sistema o bien éstos a los usuarios de los mismos, no generará ningún tipo de comisión o cargos.

La infracción a lo anterior será sancionada por la Superintendencia del Sistema Financiero con una multa equivalente a cien veces la comisión a cargo cobrado. La citada Superintendencia aplicará, para la imposición de la multa, el procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes de su Ley Orgánica.

Art. 6.- Los bancos, los intermediarios financieros no bancarios y demás personas jurídicas que captan recursos del público, podrán adquirir activos y pasivos denominados en otras monedas sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(a) Que las instituciones mantengan un calce razonable entre los activos y pasivos en una moneda específica, de conformidad a lo establecido en las leyes que las rigen;

(b) Que los deudores en una moneda determinada comprueben ingresos denominados en dicha moneda, suficientes para cumplir con sus obligaciones o que puedan demostrar una cobertura adecuada de riesgo cambiario.

A la Superintendencia del Sistema Financiero corresponderá vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, de conformidad a las atribuciones que le confiere su Ley orgánica.

Art. 7.- Los salarios, sueldos y honorarios podrán ser denominados y pagados en colones o dólares, a libre voluntad del trabajador o empleado.

Todas las obligaciones expresadas en dinero, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, pactadas en colones, podrán ser pagadas en dólares al tipo de cambio establecido en el Art. 1 de esta ley, respetándose todas las demás condiciones contractuales.

Asimismo, los cheques y los demás títulos valores que hayan sido emitidos en colones salvadoreños con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán ser aceptados y pagados en dólares, al tipo de cambio establecido en esta ley.

Art. 8.- Las instituciones públicas, autorizadas por el Ministerio d Hacienda de conformidad a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, podrán emitir y contratar obligaciones en otras monedas, siempre que cubran el riesgo cambiario.

Art. 9.- Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los riesgos contables del sistema financiero, se expresarán en dólares. Las operaciones o transacciones que se hayan realizado o pactado en colones con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares al tipo de cambio establecido en esta ley.

Los titulares de cuentas de ahorro, títulos valores, cuentas corrientes y cualesquiera otros documentos bancarios, de pólizas de seguros, de títulos valores que se coloquen y negocien en bolsa de valores, de acciones, obligaciones negociables o bonos y de otros títulos, podrán solicitar a la respectiva entidad emisora la reposición de los documentos en que consten los derechos derivados de los mismos, por otros con los valores expresados en dólores al tipo de cambio establecido en el Art. 1 de esta ley y aquella estará obligada a realizar la reposición.

Si la reposición no se efectúa, el valor respectivo expresado en colones se estimará expresado en dólares, al tipo de cambio establecido en esta ley, para todos los efectos que resulten del valor consignado en el documento.

Art. 10.- Los precios de los bienes y servicios se podrán expresar tanto en colones como en dólares, al tipo de cambio establecido en esta ley.

Art. 11.- Todas las obligaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador serán asumidas por el Estado por medio del Ministerio de Hacienda, quien podrá compensarlas por obligaciones existentes a su favor.

Art. 12.- Los bancos, compañías de seguros y entidades emisoras de títulos valores que se coloquen y negocien en bolsas de valores, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al de la vigencia de esta ley, estarán obligadas a notificar a la respectiva Superintendencia, los cambios que para cumplir con la misma, hayan efectuado las operaciones financieras o de cualquier otra naturaleza que se hubiesen establecido o pactado en colones con anterioridad a dicha vigencia.

Art. 13.- Sustitúyese el Art. 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, por el siguiente:

"Art. 49.- El Banco podrá:
a) Emitir títulos valores, colocarlos y adquirirlos en el mercado secundario, así como canjear estos por otros títulos valores emitidos o garantizados por el Banco Central, en las condiciones que el Banco establezca; y
b) Ceder documentos de su cartera de créditos e inversiones a los bancos y demás instituciones del sistema financiero y adquirir de estas entidades, documentos de su cartera de préstamos e inversiones, en las condiciones que determine el consejo."

Art. 14.- Sustitúyese el Art. 51 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, por el siguiente:

"Art. 51.- El Banco Central de Reserva de El Salvador podrá otorgar financiamiento al Instituto de Garantía de Depósitos, para los propósitos establecidos en le Art. 179 de la Ley de Bancos.
El Banco no podrá otorgar créditos, avales, finanzas y garantías de ninguna clase a los bancos, intermediarios financieros no bancarios e instituciones oficiales de créditos."

Art. 15.- Sustitúyese el Art. 62 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, por el siguiente:

"Art. 62.- El Banco podrá emitir bonos u otros títulos valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América."

Art. 16.- Adiciónase a la "Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de los Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo", el siguiente artículo:
Art. 2-A.- En el caso de los aportes otorgados en carteras de créditos y otros bienes al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, los mismos deberán reintegrarse al Banco Central de Reserva de El Salvador en la medida que dichos bienes se vayan liquidando, para lo cual se autoriza al Fondo a reintegrar el valor de dichos aportes en dólares de los Estados Unidos de América y reducir su patrimonio en lo correspondiente, a requerimiento del referido Banco Central; asimismo, para la devolución de los otros aportes recibidos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Fondo queda autorizado a transferir a la referida institución a su requerimiento, la propiedad sobre cualquier clase de activos, con la siguiente disminución de su patrimonio."

Art. 44.- La Superintendencia del Sistema Financiero establecerá una reserva de liquidez que, en forma proporcional a sus depósitos y obligaciones, deberán mantener los bancos.

Art. 45.- La reserva de liquidez de cada banco podrá estar constituida en forma de depósito de dinero en dólares de los Estados Unidos de América, a la vista, en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma moneda, los cuales deberán de mantenerse libres de todo gravamen. Dicha reserva también podrá estar invertida en el exterior, en depósitos en los bancos de primera línea o en títulos valores emitidos de alta liquidez y bajo riesgo, todo ello de acuerdo con las normas técnicas que emita la Superintendencia del Sistema Financiero.
La reserva de liquidez deberá ser general para los distintos tipos de obligaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán establecer reservas de liquidez diferenciadas, atendiendo a la naturaleza de las obligaciones o depósitos. En todo caso, la reserva de liquidez promedio de los depósitos no deberá ser mayor del veinticinco por ciento de los mismos.

Art. 46.- La reserva de liquidez que se constituya en depósitos a la vista o títulos del Banco Central deberá ser remunerada. El Banco Central de Reserva de El Salvador cobrará una comisión por la administración de esta reserva.

Art. 47.- La Superintendencia determinará la frecuencia con que se calculará la reserva de liquidez y señalará el período dentro del cual un banco podrá compensar el monto de las diferencias de liquidez que tuviere en determinados días, con el excedente que le resultare en otros días del mismo período. Asimismo dictará las normas técnicas necesarias para la aplicación de las disposiciones sobre la reserva de liquidez de que trata esta ley.

Cada banco podrá utilizar sus reservas para sus necesidades de liquidez, de conformidad a lo que se dispone en este capítulo y a las normas técnicas que para tal efecto emita la Superintendencia.

Para la elaboración de las normas técnicas antes referidas, la Superintendencia deberá observar lo siguiente:

a) Del total de la reserva de liquidez antes indicada, un veinticinco por ciento corresponderá al primer tramo y estará constituido por depósitos a la vista remunerados en el Banco Central o en el banco del exterior de que se trate. Este tramo será de acceso automático para el banco.

b) El segundo tramo corresponderá a un veinticinco por ciento de la reserva de liquidez y estará constituido por depósitos a la vista remunerados en el banco Central o en el banco del exterior de que se trate, o títulos valores que para este efecto emita el Banco Central. Este tramo será de acceso automático para el banco. El Banco Central de Reserva de El Salvador cobrará un cargo proporcional a la cantidad retirada de fondos de este tramo.

c) El tercer tramo constituirá un cincuenta por ciento de la reserva de liquidez y se constituirá en títulos valores que para ese efecto emita el Banco Central o según lo determine la Superintendencia; el uso de este tramo únicamente podrá realizarse con la previa autorización del Superintendente del Sistema Financiero.

Cuando el uso de la reserva de liquidez así lo requiera, el Banco Central podrá realizar operaciones de reporto con los títulos valores que constituyen la reserva de liquidez.

Art. 48.- Para el cálculo de la reserva de liquidez que corresponde a un banco, se considerará el conjunto formado por su oficina principal y por las sucursales y agencias establecidas en la República.

Art. 49.- La Superintendencia podrá disponer requisitos de reserva de liquidez a otras entidades legalmente establecidas, que dentro el giro de sus negocios reciban habitualmente dinero el público a través de cualquier operación pasiva.

El Banco Central deberá informar diariamente a la Superintendencia la situación de liquidez de los bancos, durante el período en que éste sea el depositario de las mencionadas reservas de liquidez.

Art. 49-A.- Cuando un banco utilice parte del tercer tramo de la reserva de liquidez para cubrir necesidades de esta naturaleza, la Superintendencia le requerirá un plan de regulación, de conformidad al Art. 79 de esta misma ley.

Dicho plan deberá ser aprobado por la Superintendencia y el banco de que se trate quedará sometido al régimen de supervisión especial a que se refiere esta ley.

Art. 49-B.- Con el objetivo de proteger la liquidez bancaria, el Banco Central podrá realizar operaciones de reporto con los bancos con títulos valores emitidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Estado, por el Banco Central mismo o por el Instituto de Garantía de Depósitos, con los fondos que para tal efecto le deposite el Estado.

Las operaciones a que se refiere el inciso anterior las realizará el Banco Central en Coordinación con la Superintendencia, únicamente en los casos siguientes:

(b) Para restablecer la liquidez en caso de una crisis causadas por una fuerte contracción del mercado; y

El Banco Central emitirá las normas técnicas respectivas para la aplicación de este artículo.

Art. 49-C.- Sin perjuicio de la reserva de liquidez establecida en el Art. 44 de esta ley, la Superintendencia establecerá como medida prudencial, un requisito de liquidez a todos los bancos del sistema, consistente en un determinado porcentaje de activos líquidos, que guarde relación con sus pasivos exigibles. Los activos líquidos que constituyan la reserva de liquidez, estarán incluidos en este porcentaje.

La Superintendencia fijará el porcentaje a que se refiere este artículo y dictará las normas técnicas para cumplir con este requerimiento.

Art. 50.- Los bancos que incurran en deficiencias de la reserva de liquidez al final del período de cómputo establecido por la Superintendencia, serán sancionados por ésta sobre la cantidad faltante, de conformidad a los procedimientos establecidos en su ley orgánica.

Asimismo, los incumplimientos al requerimiento de activos líquidos contemplado en el artículo 49-C de esta ley, serán sancionados por la Superintendencia de conformidad a los procedimientos establecidos en su ley orgánica.

Art. 50-A.- Durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la reserva de liquidez a que se refiere el Art. 44 de la ley de Bancos, obligatoriamente será constituida en la forma de depósito de dinero en dólares de los Estados Unidos de América, a la vista, en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma moneda. Al terminar dicho plazo, dispondrán de la referida reserva de conformidad a lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Bancos."

Art. 170.- El total de los fondos del Instituto de Garantía de Depósitos, exceptuando los fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento, deberán depositarse para su administración en el Banco Central de Reserva de El Salvador y únicamente podrán ser utilizados para los fines que fue creado el instituto. Dichos fondos son inembargables.

Los fondos para su funcionamiento podrán mantenerse como depósitos a la vista en bancos miembros."

(a) Los Art. 29, 30, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 61 y 63 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador; y