El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 934
Enero 10, 2001
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial Preocupante inicio de año
Política Enero: confusión, descontento y suspenso
Economía Dolarización: un experimento desafortunado
Sociedad San Salvador: ¿una solución a su desorden?
Comentario La cizaña de la doctrina neoliberal
Derechos Humanos Los derechos humanos en el 2000 (II)
 
 

EDITORIAL

    Si se toma como referencia lo ocurrido durante los primeros días del nuevo año, los augurios para El Salvador no pueden ser más que preocupantes. Lo que más llama la atención es la puesta en marcha del programa de dolarización, el cual ha dado pie a una confusión social generalizada, así como a temores de diversa naturaleza entre los ciudadanos. El mencionado programa envuelve, cuando menos, tres tipos de problemas. El primer nudo de problemas apunta a la claridad que pueda existir, entre los responsables de impulsar la medida, acerca de los propósitos económicos que se persiguen con su implementación.  Hasta ahora, ni el Presidente Francisco Flores ni los miembros del gabinete económico han sabido explicar convincentemente qué es lo que se pretende con el polémico proyecto de Integración Monetaria. Han dicho muchas cosas, es cierto; pero lo han hecho con  un nivel tal de imprecisión y vaguedad que o bien quieren confundir a la opinión pública o bien no saben qué es lo que tienen entre manos. La consecuencia práctica de ello es que los ciudadanos no tienen más alternativa que aceptar pasivamente una decisión de la cual ni entienden los objetivos ni ven cómo puede ayudarles a solventar sus problemas cotidianos de supervivencia.

    El segundo tipo de problemas apunta al conocimiento gubernamental del impacto social del programa de dolarización. En efecto, a la sospecha de que los miembros del gabinete económico —y el propio Presidente Flores— no tienen claros los objetivos económicos de la dolarización, se suma la casi certeza de su total desconocimiento del impacto que tendrá sobre la sociedad el cambio abrupto del colón por el dólar. Ese impacto tiene una dimensión de aprendizaje social que, aunque quizás no sea lo más relevante, no puede ser (ni debe ser) desestimado como algo de menor importancia. Por supuesto que, a la corta o la larga, los salvadoreños vamos a terminar por acostumbrarnos al uso del dólar. Ahora bien, ¿cuánto va a durar ese proceso de aprendizaje? Los más optimistas, quién sabe apoyados en qué pruebas, hablan de un par de meses. Sin embargo, en ese como en otros casos —sea que se alargue o se acorte el periodo de aprendizaje del uso del dólar—, se trata de meras opiniones, sin mayor sustento que el optimismo o el pesimismo de sus portavoces. La verdad es que no se sabe cuánto vamos a tardar los salvadoreños en acostumbrarnos al uso de una moneda distinta del colón.

    Este aprendizaje pasa por uno previo: mientras la moneda nacional no se retire de circulación, aprender a convertir colones en dólares, y vicerversa, en las diferentes transacciones que se realicen a lo largo y ancho del país. Atención: no se está hablando de un número pequeño de transacciones, sino de miles de ellas que se efectúan diariamente y en las que intervienen los diferentes sectores de la sociedad. Esto plantea unas ingentes dificultades prácticas que los voceros gubernamentales suelen obviar tozudamente. Basta una dosis mínima de sentido común para saber que los miles de intercambios económicos que se realizan diariamente en el país se verán entorpecidos (se están viendo entorpecidos ya) por el mecanismo de la conversión, lo cual creará (está creando ya) cuellos de botella en los circuitos de intercambio económico, especialmente en los más masivos y de uso cotidiano: transporte público, supermecados, mercados, servicios de alimentación... En una sociedad como la salvadoreña, caracterizada por elevados niveles de agresividad, las dificultades provocadas por la dolarización crearán nuevos focos de tensión colectiva, lo cual no es bueno si lo que se busca es la construcción de una convivencia social pacífica.

    Pero, más allá de las complicaciones que presenta en sí mismo el mecanismo de conversión de monedas, hay otro problema adicional: sectores significativos de la población (sobre todo rural) no puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Y, para convertir las monedas, esas operaciones son básicas, sea que se hagan mentalmente o se hagan con una calculadora. La población rural —se dirá— aprendió a usar el colón y sus fracciones. Siendo así, ¿por qué no podrá aprender a usar el dólar y sus fracciones? A ello hay que responder que el reto de la población rural, al igual que el de todos los salvadoreños, no es sólo aprender a usar una nueva moneda, sino también aprender a convertir —mientras existen las dos monedas— colones en dólares y viceversa. Y ello supone una dificultad particular para quienes con suerte pueden garabatear su nombre. Posiblemente, para el gobierno, los sectores rurales no cuenten desde un punto de vista económico; por tanto, como gustan decir los miembros del gabinete económico, los problemas que les traerá a ellos la dolarización no son “problemas de fondo”. Sin embargo, desde la perspectiva de la sociedad, lo de fondo es lo que la golpea, lo que hace más precarias sus condiciones de vida.

    Así, la dolarización —y este es el tercer tipo de problemas— amenaza con hacer más difícil la supervivencia de los salvadoreños, particularmente de los sectores más pobres. No hay que pasar por alto que, para que el dólar circule junto al colón, los precios de los diferentes bienes tienen que ser convertidos de colones a dólares. Estos últimos no sólo no tienen una equivalencia exacta con la moneda salvadoreña, sino que además tiene un mayor valor. La inexactitud en la equivalencia cambiaria obligará a un “redondeo” en los precios, el cual lo más probable es que se realice hacia arriba, en detrimento de los consumidores. Ahora bien, como se tratará de un incremento en los precios ya convertidos en dólares, el impacto será mayor que si se tratara de un incremento en colones. Quizás la teoría de los economistas del gobierno diga lo contrario; pero en el contexto actual de El Salvador es difícil no esperar abusos generalizados de todo tipo. En una situación en la que los oferentes de bienes y servicios estarán tentados a redondear hacia arriba los precios, los principales perjudicados serán los que dependen de un salario para sobrevivir, pues a ellos les está vedado un redondeo hacia arriba en sus ingresos que compense el aumento de precios que se avecina por obra y gracia de la dolarización.

    En suma, la dolarización, por lo menos desde una perspectiva social, amenaza con convertirse en un factor adicional de deterioro de la convivencia entre los salvadoreños. Al margen de sus presuntas bondades económicas —que todavía están por verse—, sus promotores debieron considerar más seriamente su impacto social. Al no hacerlo, le han fallado de nueva cuenta a la sociedad.

POLÍTICA

[Extracto]

    Se puede estar fácilmente de acuerdo en que la confusión, el descontento y el suspenso no son buenos aliados para el desempeño exitoso de un país a nivel económico, político y social. Sin embargo, estos últimos son los elementos más sobresalientes de la realidad nacional en este comienzo de año. A raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, el pasado 1 de enero, la confusión en los sectores populares, obligados a adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional, el descontento de buena parte de la clase política, debido al carácter inconsulto de la dolarización y el suspenso general en cuanto al futuro de esa ley, por sus visos de inconstitucionalidad, son objeto de los más variados debates.

ECONOMÍA

[Extracto]

    2001 inició con la vigencia de la Ley de Integración Monetaria, aprobada sorpresivamente a finales del año pasado. Las primeras experiencias confirman algunas de las primeras proyecciones de sus efectos, especialmente en lo referente al efecto inflacionario del "redondeo" o conversión de dólares a colones o viceversa, y la confusión que reinaría al momento de efectuar transacciones en ambas monedas. Asimismo, comienzan a hacerse reales los temores de que, en la práctica, los bancos empezarían a fomentar la desaparición del colón, pues, a sólo dos días de vigencia de la citada ley, la mayoría de bancos han declarado "no contar con colones" para realizar las transacciones que les son solicitadas, por lo que únicamente ofrecen dólares. Según el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña, "eventualmente el colón tenderá a desaparecer" por el desgaste normal que irán sufriendo los billetes.

SOCIEDAD

[Extracto]

    Hasta hace unos años, prácticamente nadie se atrevía a pensar o imaginarse siquiera una manera de ordenar las calles de San Salvador. Bastaba con dar un vistazo a la situación en que se encontraba este espacio para renunciar a dicha pretensión. La fuerza con que miles de personas fueron haciendo suyo ese espacio, día a día durante décadas llenas de subdesarrollo y precariedad, era capaz de detener cualquier impulso por devolverle a la vieja ciudad su capacidad de alojar, con un mínimo de comodidad, a quienes hacen su vida en ella. Por consecuencia, la idea de ordenar la capital exigía de las autoridades un difícil reto que , en la mayoría de los casos, sólo se presentaba como promesa vacía: hacer que las personas vivieran con un mínimo de dignidad. De esta manera, tampoco nadie pudo detener el proceso por el cual se consolidaron los problemas que definen el perfil de San Salvador a lo largo de las últimas décadas: a medida que unos abandonaban el casco de una pequeña ciudad llena de grandes problemas, otros, aprovechándose de los despojos, fundaban asentamientos que no sólo les servirían para vivir, sino también para trabajar, divertirse y, lo más importante, reproducir sus modos de vida.

COMENTARIO

    Según Adam Smith, los hombres tienden a obrar de acuerdo a una fuerza natural, que es el egoísmo.  Cada individuo, buscando su beneficio privado, contribuye al bien público, gracias a que el orden natural garantiza una armonía entre el interés público y el interés privado.  De acuerdo a este postulado, la misión de la ciencia debe ser descubrir las leyes de ese orden natural y dejar que se manifieste libremente.  De ahí la máxima liberal:  “Laisser faire, laisser passer” (dejar hacer, dejar pasar), que formulado como un dogma científico, defiende que el mundo camina por sí mismo.  Cualquier intento de intervenir en está lógica natural sería perjudicial para el desarrollo económico y social de una nación.

    De igual manera, Smith estableció las dos exigencias fundamentales para dejar que ese orden natural se manifestara: la competencia y la no-intervención del gobierno en el área económica, dejando que los sujetos económicos actúen libremente. En conclusión, el liberalismo económico clásico argumentó que el control ejercido por el gobierno en el sistema mercantil es innecesario y, más aún, contraproducente.

    A pesar de que en la actualidad estos planteamientos naturalistas son cuestionados científicamente por sostener una visión determinista de la realidad, su influencia sigue pesando en la formulación de las políticas económicas de nuestros países y, en diferente nivel, en la vida cotidiana de sus sociedades; sólo que ahora a este enfoque se le denomina  neoliberalismo. Sin embargo, la praxis de sus contenidos van más allá del liberalismo clásico en tanto que se apoya en una nueva racionalidad económica que cínicamente relativiza la supuesta armonía entre el interés público y el interés privado. En adelante, lo único que interesa es este último interés, es decir,  garantizar el máximo beneficio económico y político del capital, sobre todo el de las empresas transnacionales y denunciar, como “distorsiones del mercado”, cualquier tipo de demanda social que afecte estos intereses.

    En lo que se refiere a la competencia, el liberalismo clásico presupone la existencia de una marco jurídico e institucional que vigile el cumplimiento de las reglas de juego. Esta pretensión, establece que el Estado tendría la función de evitar que los actores económicos y políticos  exacerben los límites del “egoísmo natural”, garantizando que el beneficio privado contribuya efectivamente al bien común. En el modelo neoliberal, esta intencionalidad se ha convertido en una parte importante de su “discurso ideológico legitimador”. Nada más lejano a la verdad de los hechos. La distribución de la riqueza generada y los recortes presupuestarios en la mayoría de  los países latinoamericanos en materia de educación, salud, saneamiento ambiental, entre otros, o la mala calidad de estos servicios han provocado que la brecha entre ricos y pobres sea más grande y profunda, con lo cual la exclusión social termina por afectar a la mayor parte de la población. Una población pobre y enferma no puede tener las condiciones mínimas para “competir” en este tipo de modelo económico.

    Por otra parte, en El Salvador, todos los modelos económicos han tenido como característica principal la exacerbación del egoísmo de los diferentes actores económicos, al extremo, de que en función de éste se ha organizado el aparato estatal,  produciendo, como principal consecuencia, unos elevados niveles de pobreza, exclusión y  marginación social que sólo los más obcecados pueden poner en duda.

    En la última década,  los gobiernos de ARENA han  adoptado los postulados teóricos de las expectativas racionales  desde lo que se rechaza el manejo expansionista de las políticas monetarias y fiscales; han implementado los principios de la economía de la oferta, que promueve la reducción de los impuestos directos, con el fin de estimular la producción y ganancias de los grandes inversionistas privados.  Ha promovido la privatización de las empresas públicas, justificada por la necesidad de reducir o eliminar los déficits fiscales, que son considerados los causantes de las presiones inflacionarias.  Ha  debilitado sistemáticamente la reivindicación social de los sindicatos, alegando que estas demandas provienen de la “izquierda política del país” y que en lugar de fomentar la inversión, el trabajo y la productividad, terminan por amenazarlos. Y, últimamente, ha echado a andar su política de integración monetaria, dolorizando prácticamente la economía nacional, bajo el pretexto de incentivar y hacer más atractiva la inversión externa.

    Este modelo económico vigente, más allá de los postulados teóricos que lo sostienen, es en realidad una ideología que favorece al capitalismo de los oligopolios. Es un darwinismo social que cínicamente exacerba el egoísmo humano bajo diversas formas de competencia y, en consecuencia, favorece a los que más tienen, aumenta las desigualdades económicas y el número de pobres en el mundo. Esta constatación se hace más dramática en El Salvador, donde la debilidad institucional y la manipulación del Estado por los poderosos grupos con poder económico han generado sostenidamente en el tiempo una crisis social y política con invaluables costos humanos y ecológicos.

    Por otra parte, llama la atención la falta de una estrategia social y política de las  fuerzas vivas de la sociedad que se ven afectadas por el impulso de este modelo y de esta política “neoliberal”. Los tiempos han cambiado radicalmente. Por un lado, el gobierno, bajo el manto sagrado de creerse un gobierno legítimamente democrático, sigue actuando de la misma manera de siempre, es decir, como un déspota autoritario. En nombre de la “democracia” y en el marco del supuesto “Estado de derecho” toma decisiones e impulsa políticas sin consultar y tomar en cuenta a todos los sectores sociales, económicos y políticos del país. La participación ciudadana aparece a través de los medios de comunicación social como un eslogan utilizado por el discurso oficial.

    De igual manera, la debilidad institucional del Estado,  provoca un efecto en cadena en las formas de saltarse y violar las reglas de juego. El cuento de que el pez grande se come al pez pequeño se hace infinito… siempre habrá un pez más grande que se comerá a un pez más pequeño. La exclusión social no solamente provoca mayor erosión en las débiles estructuras del Estado, sino que genera ingobernabilidad y fomenta otras formas sociales de vida dentro del reino de la supuesta “ilegalidad”.  Para completar el panorama,  habrá que examinar los efectos no deseados de este modelo económico y de la puesta en vigencia de la Ley de Integración Monetaria. Tal y como se vislumbra el panorama nos espera más “…tiempos de cólera…”.
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Colaboración del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

DERECHOS HUMANOS

2. El funcionamiento de las instituciones

    A lo largo de su historia, la institucionalidad del Estado salvadoreño --a todo nivel-- no se ha destacado por un trabajo eficiente en favor de la población usuaria en general. Su actividad, más bien, se ha caracterizado por una injusta parcialidad al servicio de personas o grupos con poder. De esa forma, hasta antes de la guerra, llegó a convertirse en soporte imprescindible para la consolidación de un escenario dentro del cual se impedía el desarrollo humano integral de la mayor parte de la gente y reprimía a quienes, por las vías legales, intentaban cambiar tal situación. En la década de los ochenta, por razones obvias, se adecuó a lo que le planteaban las exigencias contra insurgentes y bélicas. Pero al finalizar los combates militares y con los compromisos establecidos en el acuerdo final de paz, las  posibilidades que entonces se le presentaban al país parecían ser altamente positivas.

    Más allá del Foro para la Concertación Económica y Social --de muy corta e improductiva existencia-- lo incluido en el “Acuerdo de Chapultepec” y otros previos, tendiente a enfrentar uno de los principales retos que planteaba una verdadera paz como lo era el desarrollo integral de toda la población, se quedó bastante corto y la realidad actual así lo confirma. Algo similar ocurrió con los aspectos políticos, limitados a la promoción “de un proyecto general de reformas al sistema electoral” --que a estas alturas no termina de concretarse-- y a la participación política de la fuerza insurgente. Sin embargo, en lo relativo a la impartición de justicia las cosas eran diferentes.

    En primer lugar, porque se propuso desmontar o neutralizar estructuras utilizadas para la violación grave y sistemática de los derechos humanos; en ese marco se inscriben, tanto el desmantelamiento de los antiguos cuerpos de “seguridad pública” como la reducción, depuración y reforma de la Fuerza Armada. En segundo término, porque se creó una comisión especial para “la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad salvadoreña reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”. Ello, aunado al reconocimiento explícito de las partes signatarias en el sentido que los “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables de las sanciones contempladas por la ley”.
 
    Finalmente porque –entre otras cosas-- se redefinió la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura, se estableció la carrera judicial y se adjudicaron nuevas e importantes funciones a la Fiscalía General de la República, sobre todo en lo relativo a la promoción de la acción penal y la conducción de la investigación del delito; asimismo, surgieron dos instituciones que para el país, por su pasado reciente, representaban algo inédito y hasta revolucionario: la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

    Sin lugar a dudas, tanto en materia económica-social como política-electoral y de justicia, todo lo anterior era necesario y quizás lo máximo posible a lograr en ese momento, a fin de establecer las condiciones que permitieran hacer realidad –además del fin de la guerra– los otros tres objetivos acordados por las partes en Ginebra, el 4 de abril de 1990: democratizar el país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.

    En ese marco, considerando lo ocurrido desde el 16 de enero de 1992 a la fecha y dejando de lado los aspectos formales relacionados con el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos --que incluso tampoco se ha llevado a cabo de forma plena-- la evaluación es negativa. A estas alturas, no contamos con una institucionalidad capaz de investigar los delitos y responder eficazmente ante los reclamos de justicia provenientes de la sociedad. Ese aparato estatal tampoco ha logrado derrotar la impunidad, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, proteger a la población frente a los atropellos en su contra por parte de la administración pública y brindar la necesaria seguridad jurídica necesaria para poder --con reglas del juego claras y respetadas-- buscar las soluciones más adecuadas a fin de superar la exclusión económica y social de tanta gente. En ese marco, cabe reflexionar sobre lo ocurrido en el 2000 y cómo eso contribuyó a incrementar el deterioro de las instituciones y la confianza de la población, fundamentales para una convivencia social civilizada.

a. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

    Siendo una de las dos “hijas predilectas” de los acuerdos de paz, la situación actual de esta figura --que ya venía en “caída libre” hacia la inoperancia, con el inicio de su tercera administración-- constituye la pérdida más lamentable del proceso salvadoreño después de la guerra. Ello por razones más que evidentes: el alto costo para su existencia, sobre todo en lo relativo a la muerte y el sufrimiento de tanta gente víctima de la represión y la guerra; la traición a la confianza y la credibilidad que despertó entre la población durante sus primeros seis años de vida; la pérdida de algo que se empezaba a convertir en uno de los pocos referentes morales, generadores de esperanza; y el estado de indefensión en que ahora se encuentran las y los salvadoreños, sin su institución estatal encargada de velar porque los derechos humanos se les respeten.

    Mucho se dijo sobre el nombramiento de Eduardo Peñate Polanco como titular de la institución en julio de 1998; asimismo, por su absoluta falta de idoneidad en todos los ámbitos, mucho se hizo para lograr que éste abandonara el despacho. Eso último se alcanzó en febrero del 2000 sólo después de un destacado y sostenido esfuerzo desplegado durante más de un año y medio, concretado en un interesante accionar impulsado por organizaciones sociales, medios de difusión masiva y cooperación internacional. Mediante esa novedosa “alianza” --no planificada, pero bastante eficaz-- los políticos nacionales fueron colocados “contra la pared” y sin otra posibilidad más que la salida de aquél, quien finalmente “renunció”. Pero, por diversas circunstancias, el ánimo y la creatividad no alcanzaron para el rescate pleno de la institución; haciendo gala de esa capacidad de maniobra nada edificante que caracteriza a la mayoría de sus integrantes, de la Asamblea Legislativa surgió la decisión de ascender al procurador adjunto nombrado por Peñate Polanco. De esa manera, desde principios de febrero del 2000, Marcos Alfredo Valladares Melgar pasó a ocupar el cargo de “procurador en funciones”.

    Al finalizar el año y pese a la “renuncia” de Peñate Polanco, la Procuraduría seguía sin alzar de nuevo el vuelo requerido para alcanzar --siquiera-- la positiva altura en la cual se situó durante la gestión de Victoria Marina Velásquez de Avilés. Desde nuestra óptica, los factores más destacados que han influido para ello son tres: el profundo daño material y moral que se le causó internamente a la institución, a lo largo de los diecinueve meses que duró su tercera administración; las innegables relaciones del “procurador en funciones” con su antecesor y con el cuestionado Partido de Conciliación Nacional, las cuales generaron una desconfianza lógica entre muchos sectores; y la falta de voluntad real por parte de los políticos para lograr que la Procuraduría cumpla con su misión constitucional y sea, así, sostén fundamental de una sociedad justa y democrática.

    En cuanto a la labor de Valladares Melgar, desde nuestro espacio de trabajo podemos sostener que ha logrado un relativo acercamiento --más que todo a nivel formal-- con diversas organizaciones de la sociedad involucradas en la materia, realizando junto a ellas algunas actividades públicas. Asimismo, emitió una resolución aceptable sobre la intervención ilegal del Organismo de Inteligencia del Estado y la deficiente actuación policial, fiscal y judicial en el caso de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, violada y asesinada el 4 de abril de 1999. También responsabilizó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, por los hechos de violencia realizados por sus agentes en el marco de una huelga de trabajadores y médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Asimismo, inició una investigación contra el Fiscal General de la República por su actuación en el caso “Jesuitas” y estamos a la espera de su resolución. Sin embargo, no ha sido capaz de solucionar la conflictividad que prevalece al interior de la Procuraduría; tampoco le ha dado el seguimiento necesario al cumplimiento de sus recomendaciones ni ha logrado recuperar la confianza y la credibilidad de la población.

    Más allá de nuestra experiencia puntual, dentro y fuera de la institución las opiniones acerca de la actuación de Valladares Melgar como “procurador en funciones” son, básicamente, de dos tipos: hay quienes lo consideran más peligroso para la institución y el país que su antecesor --“aquél era más burdo; éste es más político”, se dice--, pero también hay quienes sostienen lo contrario. En ese marco consideramos que, al menos por el momento, resulta bastante difícil emitir un juicio objetivo al respecto si se consideran los tres factores arriba señalados: el caos interno, las condiciones que lo llevaron a ocupar el cargo y las irresponsables actitudes del sector político ante la Procuraduría.

    En medio de esa situación anómala que persiste en su interior desde la llegada de Peñate Polanco hasta la fecha, de manera progresiva se distorsionaron en la Procuraduría varios aspectos fundamentales para su buena marcha; entre ellas, destacan el ejercicio de la autoridad y las maneras de relacionarse entre su personal a distinto nivel. La proliferación de acuerdos bajo la mesa, grupos de adeptos, lealtades compradas, represión laboral, chantajes y amenazas, fueron varios de los males que se extendieron rápidamente a partir de una “conducción” cuestionada que dañó lo más esencial de la institución: el ser una magistratura de conciencia fundada en su solvencia moral y ética. La salida de Peñate Polanco y la llegada de Valladares Melgar al cargo, no fueron factores de peso para modificar radicalmente tal estado de cosas pues la realidad exigía mucho más que eso.

    La Asociación de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (ASEPRODEH), en comunicado enviado a las y los defensores del pueblo en la región centroamericana el 26 de septiembre del 2000, describe literalmente la situación interna de la siguiente forma: A casi ocho meses de la destitución del Lic. Eduardo Peñate y a seis meses de esperar de la Honorable Asamblea Legislativa la elección del nuevo titular, ASEPRODEH mantiene su preocupación por la continuidad de hechos violatorios y desestabilización al interior de la PDDH, por parte de su titular en funciones, Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar, a quien consideramos un ejemplo palpable de las actitudes malsanas heredadas de su antecesor. Lo cual acrecentó la crisis institucional con respecto a la mala imagen ante la sociedad, la falta de credibilidad, el estancamiento institucional.

    Según la citada Asociación, Melgar Valladares no hace uso de sus facultades constitucionales, principalmente en lo relativo al pronunciamiento frente a determinadas  violaciones a los derechos humanos; de eso, mencionan algunos ejemplos. Por ello, se afirma que existe desconcierto entre el personal de la Procuraduría que observa a su autoridad máxima con poca o nula capacidad para mejorar internamente e incidir de forma positiva en la problemática del país. En esa línea, el comunicado finaliza así: La pobre actuación que la Institución está teniendo ante hechos de gran envergadura, como los apuntados con anterioridad, son el reflejo de una institución que no tiene el empuje por pronunciarse, que no hace sentir el peso moral de sus resoluciones a presuntos violadores de los derechos humanos de los salvadoreños; a esto se agrega la falta de capacidad administrativa por parte del titular al no delegar funciones específicas a los empleados, y crear en sí mismo facultades totalitarias al adjudicarse hasta cuatro cargos al mismo tiempo.