Proceso 936

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El terremoto ha sacado a la luz la estructura de la realidad salvadoreña, despojándola de sus falsos recubrimientos ideológicos. Aunque golpeó a todos, no lo hizo de la misma manera. La inmensa mayoría pobre, para la cual la vida ya era difícil y ahora es aún lo es más, ha sido la más golpeada. Ella integra la mayoría de los muertos –aunque cabe destacar los centenares de muertos soterrados en una colonia de clase media–, heridos, desaparecidos, refugiados, sin casa, hambrientos y enfermos. Estos son los que reclaman una distribución equitativa de una ayuda que consideran propia. Uno de ellos observó, sin percatarse de la ironía, que ahora estaban bien, porque comían con cierta regularidad, puesto que eran damnificados de toda la vida. La misma realidad se observa desde el otro extremo, en la composición de la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL).

Esta comisión gubernamental para recibir, distribuir y controlar la ayuda oficial está integrada en su totalidad por los propietarios de los bancos y de las grandes empresas, quienes además son afiliados o simpatizantes de ARENA. El presidente Flores entregó a estos grandes empresarios, a quienes los pobres llaman los ricos, la responsabilidad de administrar la ayuda oficial, en un intento por mantener al margen al aparato gubernamental y así evitar la corrupción; pero en la práctica, esta comisión no puede ser desligada de ARENA ni de su gobierno. Por eso, Mons. Gregorio Rosa Chávez, comentó con acierto que esa comisión más parece ser parte del Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido. Al buscar eficacia, pero sobre todo lealtad al partido, el gobierno excluyó en un inicio a todos los otros sectores sociales, en lo que no puede ser interpretado sino como una muestra grande de debilidad.

El terremoto evidencia, pues, con bastante claridad la fragmentación de la sociedad salvadoreña. La polarización entre una minoría muy rica que muestra su buena voluntad, o su mala conciencia, o las dos cosas a la vez, integrando una comisión de emergencia, y una mayoría que debe resignarse a recibir lo que aquélla quiera entregarle, cuando ella lo disponga y en la forma que ella lo determine, está a la vista. La fractura divide de manera insalvable hasta ahora a la mayoría abatida por el terremoto, que la ha despojado de lo poco que tenía, y a una minoría privilegiada, inmune a esta clase de riesgos y además impune, con disposición a ayudarla a paliar los efectos inmediatos de la desgracia, pero no a sacrificarse como para que recupere su estado de bienestar, ni mucho menos para que lo supere. En realidad, se limita a administrar la ayuda oficial del exterior, porque de lo suyo entrega muy poco. No puede ser solidario aquello que de por sí es excluyente y que se coloca en una posición de superioridad y actúa con prepotencia.

La mayoría, sin embargo, se ha hecho sentir. De entre ella se han levantado voces reclamando ayuda y también voces de protesta, que no acusan a las fuerzas ciegas de la naturaleza o a Dios de su desgracia, sino al Estado salvadoreño, a su gobierno y más en concreto a los ricos. Los términos utilizados han sido muy duros, pero también muy sentidos. La conformación de la comisión de emergencia gubernamental ha ampliado la brecha que separa a estos dos grandes bloques sociales, muy desiguales y confrontados. Al final de la primera semana, el gobierno se vio obligado a retroceder e incluyó a los alcaldes en la distribución de la ayuda oficial.

La crisis ha puesto en evidencia la incapacidad gubernamental para la administración de la cosa pública. Esta incapacidad comienza por lo básico, puesto que el gobierno ni siquiera cuenta con datos sólidos sobre la intensidad del sismo, ni sobre el territorio afectado, ni los damnificados. No existe una fuente oficial que pueda proporcionar datos confiables sobre la cantidad de muertos, heridos, desaparecidos, viviendas dañadas, edificios públicos destruidos, etc. Consecuencia de esta incapacidad es la falta de coordinación y la pugna entre las instancias gubernamentales. Ante su propia debilidad institucional, el gobierno ha reaccionado con la centralización, debilitando aún más su capacidad de respuesta. Celoso hasta el extremo de lo que recibe, prefiere la precisión contable a remediar una necesidad que exige asistencia inmediata y comprensión. En vez de esto, el gobierno presenta la cara fría del administrador.

Si El Salvador contara con una red de alcaldes y comités locales de emergencia bien organizados, los damnificados podrían haber sido atendidos de una manera más inmediata, eficiente y humana. La centralización actual es excesiva para las dimensiones de la catástrofe. El gobierno está tan centralizado que ni siquiera cuenta con instancias regionales que le puedan prestar apoyo y le proporcionen información. Pero en lugar de descentralizar y delegar en los alcaldes, ARENA ha preferido mantener concentradas las funciones gubernamentales y, en consecuencia, también aquellas que son propias para atender una emergencia. Esta centralización excesiva y casi absoluta es la que está perdiendo a la Comisión Nacional de Solidaridad. La resistencia de ARENA a descentralizar el gobierno es el obstáculo mayor para atender a la emergencia; un obstáculo que, por otra parte, el mismo partido y el mismo gobierno se han construido y detrás del cual se han atrincherado, temerosos de los posibles avances de la oposición y, en definitiva, de la sociedad misma. El daño que esta actitud egoísta e inhumana genera, recae directamente sobre la población damnificada, que se encuentra a la intemperie y se ve a sí misma abandonada. El interés político es más poderoso que la racionalidad. Vista la incapacidad gubernamental para satisfacer las necesidades creadas por la emergencia, pareciera que es la primera vez que en El Salvador ocurre un terremoto y que nunca ha sufrido un huracán, ni una inundación, ni una epidemia.

La excesiva centralización ha incrementado el aislamiento del gobierno de la sociedad. El aislamiento intrínseco al poder absoluto está creándole a los grandes empresarios y a su gobierno más problemas de los necesarios. En esta actitud hay temor a la sociedad, a los damnificados, a los alcaldes, a la sociedad y sus organizaciones y a la prensa. De ahí que del control de la ayuda se haya pasado pronto a censurar la información. El afán por controlar del poder absoluto es una de las mayores debilidades de ARENA y su gobierno. Quienes pidan comprensión, viendo en estos vicios simples fallas y atribuyéndolas a la magnitud del terremoto, no deben olvidar que es la misma ambición de poder y su afán por controlarlo todo que se observa a lo largo de la última década, excepto que el terremoto las ha despojado de los recubrimientos democráticos que las ocultaban, dejándolas al desnudo.

Todo esto muestra que la sociedad salvadoreña no se encuentra reconciliada, sino separada y enfrentada. No sólo son las violaciones de los derechos humanos de la guerra las que la dividen, sino, además, la cruda realidad económico-social. Aunque la ausencia de reconciliación ya había comenzado a manifestarse a propósito de la dolarización, el terremoto ha sacado de las entrañas de la sociedad salvadoreña una estructura que sus dirigentes consideraban olvidada para siempre.

Ante tantas noticias negativas, desgracias colectivas o personales, el ser humano se vuelve insensible y cauteriza su piel como mecanismo de defensa ante el aluvión que le arrolla.

Enrique Rojas

Un periodista salvadoreño, consternado por la pérdida de unos familiares de su compañera de vida a causa del terremoto, escribió que “es bien feo estar detrás de la línea de fuego, es decir, frente a las cámaras y las lentes de las aves de rapiña sensacionalistas. Eso no se lo deseo a nadie”. El gremio periodista debería aprender de esta experiencia de su colega y ser más sensible (no sensiblero) ante el sufrimiento ajeno. Tragedias como el terremoto del pasado 13 de enero ponen a prueba el profesionalismo de la prensa salvadoreña y dan lugar a la evaluación del rol de los medios informativos.

Este artículo se propone examinar el tratamiento periodístico que dieron los matutinos, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, a la más reciente tragedia de los salvadoreños. Se tratará de señalar tanto las contribuciones de la prensa en emergencias como las desatadas por el terremoto, como las debilidades que se revelaron en el trabajo de algunos reporteros y editores. El análisis cubre del 14 al 21 de enero.

Según el manual de estilo del diario español El País, en épocas de desastres naturales y emergencias nacionales, cobran especial relevancia, en un primer momento, las víctimas y las causas de sus muertes; luego se da cobertura a las tareas de rescate y las evaluaciones, las evacuaciones y los daños materiales, los avisos o consejos de las autoridades a la población, el peligro de saqueos, los seguros y otros asuntos. Además de dar esta información, los dos matutinos salvadoreños recogieron informes sobre las donaciones llegadas desde otros países y los esfuerzos de las autoridades locales por recoger ayuda y distribuirla.

En cuanto a las contribuciones de la prensa, fue importante el trabajo efectuado por ambos matutinos (que todavía continúan haciendo) en la transmisión de información sobre la búsqueda de desaparecidos. Es importante que continúen encendiendo las alarmas para que no afloren las epidemias en los albergues de damnificados. A más de alguna persona le fue útil leer las explicaciones técnicas del terremoto o los correos electrónicos que ambos matutinos publicaron para contactar a distintas personas dentro y fuera del país.

La Prensa Gráfica fue especialmente cuidadosa en publicar consejos para que la población se protegiera durante las réplicas que siguieron al terremoto y en la elaboración de listas de teléfonos de emergencia útiles para sus lectores. Fueron las orientaciones que dieron para que la gente autoevaluara los daños de su casa, además de que señalaron los lugares más seguros dentro de cada vivienda para prevenir más tragedias. Además, fue encomiable la iniciativa de La Prensa Gráfica (similar a la anunciada unos días antes por un diario español) de donar un colón por cada ejemplar vendido de la edición del lunes 22.

Los medios de comunicación (el canal 12 con más insistencia que el resto) ejercieron cierta presión para que el gobierno central se decidiera a cambiar su ‘estrategia’ de distribución de ayuda para los damnificados del desastre. Las demandas porque los víveres, colchonetas y agua llegaran a los refugios en todo el país obligaron al presidente Francisco Flores a intervenir el domingo 21 en una cadena nacional de televisión para ‘aclarar’ la forma en la que hasta ese día se había estado distribuyendo lo almacenado en las bodegas del Comité de Emergencia Nacional (COEN).
Sólo hasta que los damnificados aparecieron en los medios de comunicación quejándose por la larga espera de ayuda, el presidente Flores decidió involucrar a los gobiernos municipales, las iglesias y otras organizaciones que podían hacer efectiva la repartición de las donaciones en los municipios más dañados. Otra presión grande debe haber representado la información que las decenas de corresponsales extranjeros enviaron hacia los países donantes.

Los servicios de información fueron seguramente los más buscados por la población recién pasada la tragedia y los dos matutinos aquí analizados hicieron esfuerzos por proporcionarla. Lo primero que hizo mucha gente minutos después del terremoto fue encender su radio para oír las noticias y (si había electricidad) ver la televisión para saber de la magnitud del desastre o simplemente para saber qué calle tomar sin quedar atascado.

La falta de prevención de desastres centró las páginas de Enfoques de La Prensa Gráfica, el domingo 21, uno de los esfuerzos periodísticos más serios por profundizar en las condiciones que agravaron la tragedia de “Las Colinas”. Esta zona acaparó la atención de los medios de comunicación y, por muchos días, les impidió ver más allá de la ciudad, hasta los caseríos siempre olvidados del país.

Con un marcado énfasis en “Las Colinas”, Enfoques hizo una reflexión sobre la Cordillera del Bálsamo y los esfuerzos que algunos organismos efectuaron, desde finales de los ochenta, para proteger su zona de influencia ecológica. Al COEN se le tilda de “maestro de la improvisación” en otro de los textos de Enfoques, que cuestiona, sobre todo, la falta de políticas gubernamentales para afrontar emergencias por terremotos, cuya ocurrencia no debería ser sorpresa para ninguna autoridad.

Sin embargo, el servicio de información no parece haber sido uno de los ejes principales de los medios de comunicación salvadoreños, atareados (y muchas veces obnubilados) con el drama de los derrumbes y los muertos y los sobrevivientes y los damnificados... A continuación, se reflexionará sobre esos énfasis, de algún modo justificados en los primeros días, pero excesivos después de cierto tiempo.

La prensa escrita (con menos frecuencia y alevosía que la revista MAS y los noticieros de los canales 2,4 y 6) cayó en el error de espectacularizar los hechos. En palabras del periodista español Carlos González Reigosa, los periodistas tienden a convertir el escándalo en “el único objetivo o, cuando menos, en el principal. Con el resultado, previsible, de una pérdida de iniciativa periodística, como consecuencia del sometimiento a la excitación de una demanda continuada del horror, del escándalo, de lo llamativo... a cambio de una mayor venta de ejemplares [y de obtener más anuncios publicitarios, consecuentemente]”.

Los vicios que se agravan en los medios de comunicación durante momentos de crisis, según los expertos, son el de la trivialización, la fragmentación, la tendencia a destacar lo espectacular y lo dramático, y la falta de auténtica verificación de lo que se divulga, por la urgencia de la situación. Los vicios antes apuntados aparecieron en el tratamiento periodístico en casi todos los medios de comunicación, aunque en esto ninguno supera a la televisión, por la explotación excesiva que hicieron (y siguen haciendo) de las imágenes.

Dos días después del terremoto, abundaron en los matutinos salvadoreños las fotografías de gran tamaño que mostraban escenas de mucho dolor, cuerpos mutilados, recién rescatados de los escombros y la tristemente famosa instantánea aérea de la colonia Las Colinas. En El Diario de Hoy, se insistió demasiado en las historias personales de terror y sufrimiento de los daminificados y los familiares de las víctimas. Lo sustancial quedó perdido muchas veces en lo anecdótico. Faltó profundidad y sobró sensacionalismo, sobre todo en los titulares

Aunque las notas de color se justifican en determinadas ocasiones y en ciertas cantidades, El Diario de Hoy abusó en este caso y traspasó las fronteras de lo aceptable en fotos y, especialmente, en textos. Una periodista de este matutino, por ejemplo, viendo a una joven llorar junto a un cadáver, le preguntó: “¿Murió por el terremoto?”. Un ejemplo de esas preguntas necias que los reporteros suelen hacer en estos casos de emergencia y las hacen incluso en otros momentos que les dejan tiempo para racionalizar qué preguntar sin insistir en lo obvio.

La cobertura de los diarios matutinos también se caracterizó por un excesivo énfasis en lo (ya de por sí) dramático de la situación pos-terremoto. Enfoques se alejó un poco de esa pauta en su edición del domingo 21. En general, la insistencia en el drama estuvo acompañada de la divulgación de datos desorganizada y sin hilo conductor. La lluvia de información (ambos periódicos llenaron más de 40 páginas de datos en los primeros días de emergencias) fue un recurso válido sólo uno o dos días después del terremoto.

El periodista alemán, Toni Keppeler, radicado en El Salvador, opina que hasta el sábado 20, los diarios no salieron de la superficialidad de reportar tragedias personales, quejas aisladas y el conteo de las víctimas. En síntesis, los periódicos no aprovecharon lo que los diferencia de la radio y la televisión: profundidad y análisis.

En los días siguientes, el río de datos causó mucha confusión (porque los medios de comunicación se contradecían en mucho de lo que decían) y generó también alarma en los afectados. Por ejemplo, los dos matutinos cayeron algunos días en la confusión creada por el centro sismológico local sobre la magnitud del terremoto, que hasta hoy siguen fijando en 5.2 grados en la escala de Richter, mientras los diarios han adoptado la de 7.6, basados en datos de observatorios geológicos de otros países.
Los esfuerzos por infundir calma en la población luego del tremendo golpe y trauma fueron escasos en ambos matutinos y predominaron las noticias que no hicieron más que exacerbar el temor y el sufrimiento entre los lectores de los periódicos, cuyo número en época de emergencia seguramente aumenta.

El empuje por mecanismos más ágiles en la distribución de ayuda para damnificados se hizo con paños muy tibios en los dos matutinos aquí analizados. La ineficiencia del COEN y la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL) fueron más duramente criticadas por el canal 12, con una insistencia que para algunos fue extrema, dada la proximidad del terremoto.
El conservador El Diario de Hoy, en sus editoriales, no hizo más que apoyar el ‘intachable’ prestigio de los miembros de la CONASOL, su “absoluta integridad y gran experiencia”. Al parecer, tales atributos no fueron suficientes para aliviar las necesidades de los refugios y de los afectados por el terremoto, pues se terminó reconociendo la importancia de la participación de las alcaldías y de otras instituciones locales en esos menesteres. Las denuncias hechas por los medios de difusión, en este sentido, tuvieron su efecto, aunque el cambio de ‘estrategia’ gubernamental no sea triunfo exclusivo de la prensa.

De no haber sido por el esfuerzo de Enfoques, una semana después del terremoto, no se habría visto en la prensa escrita un esfuerzo significativo por explicar, por ejemplo, la tragedia de Las Colinas. Según el corresponsal Toni Keppeler, cuando suceden desastres de la magnitud del terremoto, "los periódicos son tan absorbidos con la logística de la cobertura que no piensan".

Sobre la aparición de fuentes de información, en ambos matutinos se observó que incluso después de los primeros días de la tragedia, se seguía privilegiando la versión de fuentes gubernamentales (léase presidente Francisco Flores, algún ministro, miembros del COEN y de la CONASOL) y se marginaba a las autoridades municipales u otras que estaban más cerca de los pueblos afectados.
Además de estos problemas, se han visto casos de sobra en los que los periodistas mostraron una vez más sus deseos personales por figurar, por convertirse ellos en la noticia después del reciente terremoto. El incidente más inoportuno en los medios de comunicación se dio entre el director del noticiero del canal 12, Mauricio Funes, y el director de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano. Abundaron los editoriales de ambas empresas periodísticas, reflejo de la polarización ideológica que predomina en ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, y en los cuales tanto Funes como Altamirano se presentan como los defensores de las más altas virtudes y propósitos en la labor informativa.

Independientemente de la razón (y sin razón) que haya en cada una de esas posturas, parecería más sensato dirimir esas diferencias a un nivel más personal, sin que todo el vecindario se entere de las rabietas, sólo hasta donde afecte intereses reales de la población en estos momentos de tragedia. Más les valdría a los directores del canal 12 y de El Diario de Hoy orientar a sus reporteros para mejorar los servicios informativos, a fin de que empiecen a infundir ánimos en los afectados (sin caer en los estribillos que ya están sonando en la radio y la televisión) en vez de agravar la desesperación.

Como mínimo, no deberían repetirse en la prensa actitudes como las que adoptaron algunos periodistas cuando se supo de Sergio Moreno, el joven que resistió más de 30 horas sepultado bajo los escombros de Las Colinas. La madre de Sergio, Celina de Moreno, contó a El Diario de Hoy que su hijo soñaba ser periodista de televisión. “Por eso me aguanté la rabia cuando lo iban a sacar y vi el montón de fotógrafos y camarógrafos encima, parados en la montaña de tierra de arriba; y cuando caminaban para acercarse más, y más tierra le caía a mi hijo... Yo sentía que me lo iban a enterrar otra vez”.

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Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras, Comunicaciones y Periodismo de la UCA

El terremoto del pasado 13 de enero dejó en claro que el país no será viable mientras no se resuelvan los problemas de marginación y pervivan sus hondas desigualdades. Todo ello desdice mucho de la "modernización" que las élites se jactan de estar alcanzando para El Salvador. De hecho, el país moderno, globalizado, que se encarna en el auge del capital bancario, en el florecimiento de negocios transnacionales y en la muy celebrada dolarización, se ha venido abajo, como si fuese el decorado de un escenario de cine al cual el terremoto también ha tocado: una realidad fingida se ha desplomado y ahora ha cedido paso a la verdadera realidad: la de las mayorías desposeídas, la del dolor radical que en ellas se expresa.

Es significativo que cuando el Presidente Francisco Flores llegó a una de las zonas devastadas a inspeccionar los daños, los habitantes lo abuchearon y le reclamaron que hubiese llegado con las manos vacías de los bienes urgentes y los labios llenos de discursos. Esto significa que la población ya no es dócil y que ha aprendido a ver que los problemas demandan soluciones reales, no alocuciones floridas. Es una demanda también a todos los partidos políticos: no pueden seguir ajenos a los problemas nacionales, encerrados en la burbuja de cristal del Palacio Legislativo.

Este no es, como se sabe, el primer terremoto que asola el país. Solamente en el siglo XX pueden contarse los terremotos de 1917 y de 1986, por citar los movimientos telúricos desastrosos acaecidos al principio y al final de esa centuria. El escritor colombiano Porfirio Barba-Jacob (1883-1942) se encontraba en San Salvador cuando se dio el terremoto de 1917. A él le debemos una impresionante crónica de la desolación que cundió en el país. “Como la ciudad era, en gran parte de antigua construcción, y no de bahareque como la metrópoli, sino de adobe, las casas se desplomaron allá más pronto, sin dar tiempo a que algunas familias pudieran huir, y por tanto, resultaba considerable el número de víctimas”, escribe, recordando lo visto en Quezaltepeque. “A mí me tocó ver la extracción de diez cadáveres —añade, líneas abajo—, antes de mi llegada ya habían sido inhumados otros, y aún quedaban algunos. Era horrible el aspecto que ofrecían, y no quise seguir asistiendo a aquel macabro hurgar entre escombros, de donde salían las cabezas deshechas, las piernas rotas, los vientres reventados y con las tripas de fuera… Además de las desgracias irreparables, había otras leves: muchos golpeados y heridos resultaban”. Es una escena dantesca, que recuerda las imágenes que la televisión transmite de Las Colinas, zona residencial de Santa Tecla, que quedó prácticamente sepultada. Las imágenes y el dolor se repiten.

Ciertamente, el desastre era impredecible. Pero lo que, en el caso de Las Colinas, se constituyó en un factor agravante, fue la devastación de la Cordillera del Bálsamo, por parte de las compañías constructoras. Grupos ecologistas como CESTA advirtieron reiteradas veces sobre los problemas que implicaba la destrucción del manto forestal de la Cordillera. Las advertencias fueron en vano: se comenzaron a talar los mismos árboles que hubieran podido atenuar un poco la catástrofe. Eso es muestra elocuente de la estrechez de visión de las élites salvadoreñas.

Tal parece que las acciones de éstas sólo se rigen por criterios de ganancias económicas inmediatas, y que consideraciones de otro tipo pueden hacerse a un lado. Ese inmediatismo malsano signa las actuaciones erráticas del gobierno salvadoreño. También es una parte indeseable de la cultura salvadoreña. Como país, carecemos de una visión a largo plazo de las situaciones. Optamos por remedios fáciles, pero efímeros, en vez de encarar los problemas radicalmente. Si el país pudiera compararse a un edificio que ha quedado dañado en cada terremoto, podría decirse que la mentalidad inmediatista predominante opta por hacerle repellos a las paredes agrietadas y en cambiar las ventanas que se han caído, en vez de renovar y hacer más seguros sus cimientos. En ese sentido, los fundamentos del país —como los de las casas de aquellos poblados que quedaron en el suelo— son endebles. Son endebles por esa visión inmediata de las cosas, que hace que la vida sea algo precario y las actuaciones sean de alcance provisional. Los fundamentos del país son débiles, porque el autoritarismo los ha permeado y los ha vuelto vulnerables. La casi virtual ausencia del debate, del disenso y de la discusión nos convierte en una colectividad que soslaya sus grandes problemas y ha creado una élite completamente sorda y ciega ante la desgracia de las mayorías.

El gobierno actual considera únicamente a la empresa privada como único interlocutor válido ante los problemas del país. Muestra de ello es la integración del llamado Comité Nacional de Solidaridad, encargado de manejar directamente la ayuda para los damnificados que procede del exterior. No estamos, en ningún momento, poniendo en duda la honradez de los empresarios que integran ese Comité, pero no puede soslayarse el hecho de que, por su misma composición, este gobierno solamente confía en los criterios de la empresa privada.

La mentalidad privatizadora invade, incluso, ámbitos humanitarios. Creemos que, por la relación estrecha que guardan —o deberían de guardar— con las comunidades, las decisiones sobre el manejo de esta ayuda también deberían haber incluido a los gobiernos municipales y a las organizaciones comunitarias. Lo que está detrás del llamado presidencial a los empresarios para crear la Comisión es una confianza a priori en la empresa privada, y una desconfianza, también dada a priori, en la ciudadanía. Al no confiar en las decisiones de ésta, los grupos gobernantes le niegan un estatuto de adultez. Por ello, es que se dan manipulaciones groseras por parte de estos mismos grupos.

No todo ha sido negativo. De nuevo, se ha puesto de manifiesto la solidaridad ante el dolor radical de la gente afectada. Es digno de encomio el papel que han asumido algunos medios de comunicación, poniéndose directamente en función de los acuciantes problemas que se han dado.
Se dice, ante hechos de esta gravedad, que no hay que perder la esperanza. Y se reitera esta aseveración tantas veces, que ha llegado a convertirse en un formulismo vacío, que sirve cuando no se tiene nada que decir. La esperanza, para que sea algo real, para que no sea un objeto de uso precario, debe fundamentarse. Se fundamenta en la solidaridad que se ha expresado para con las víctimas del desastre. Se debe fundamentar, también, en acciones y políticas visionarias por parte de quienes manejan el poder en este país. Y ello es un asunto que trasciende problemas candentes, como el de la administración de la ayuda, la atención médica y psicológica a las víctimas, el problema de la gente que ha quedado sin techo ni empleo, en fin, el problema de la reconstrucción nacional. Se trata de una reconstrucción, no solamente en términos de infraestructura, sino una re-construcción, o, mejor aún, un replanteamiento de los fundamentos de la vida de nuestra sociedad. En ningún modo, estos fundamentos pueden seguir descansando en prácticas autoritarias y excluyentes. Quienes manejan el poder, quienes toman decisiones en este país, deben superar la miopía de la inmediatez. Deben entender que sus cargos les obligan a ver el país como eso: como un país, y no como una mina de la cual se sacan privilegios económicos o políticos hasta dejarla completamente agotada. De lo contrario, otras catástrofes —de índole natural o social— terminarán por anular la poca resistencia de los cimientos del país, y este no se levantará del suelo tan fácilmente.

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Colaboración de Luis Alvarenga, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

El terremoto del pasado 13 de enero que sacudió fuertemente el territorio salvadoreño, debe llevarnos a reflexionar sobre las causas y efectos de la relación histórica y estructural entre el binomio economía-política y los recursos naturales. El Salvador se encuentra dentro de una región altamente sísmica y a pesar de contar con la experiencia empírica de sus efectos, lamentablemente la mayor parte de los asentamientos humanos se han construido al interior de ellas.

Bajo estas circunstancias, dos son las principales características de los ecosistemas humanos en el país. En primer lugar, el binomio economía-política ha orientado la construcción de aquéllos teniendo como base la desigualdad económica y sociopolítica entre sus habitantes y, a su vez subordinando a su servicio los ecosistemas naturales a través de la explotación sistemática de los recursos naturales. En segundo lugar, la constante presión de los ecosistemas humanos sobre los naturales está desencadenando terribles estragos ecológicos, los cuales salen a la vista cuando el país es sacudido por estos movimientos telúricos de gran magnitud en la escala de Richter.

Históricamente la combinación entre la economía política y los recursos naturales ha generado unas condiciones ecológicas en el país caracterizadas por su deterioro generalizado. No en vano la ONU ha declarado que El Salvador es el segundo país del continente con mayores índices de deterioro ecológico y medio ambiental. La explicación última de esta situación se encuentra al interior de los procesos sociales generados en el país, donde históricamente se han establecido, desde el punto de vista económico y político, unos modos y relaciones de producción que, además de generar pobreza y marginación para las mayorías sociales, ha venido socavando la calidad y cantidad de los recursos naturales disponibles y ha venido degradando el medio ambiente, provocando una severa crisis ecológica con manifestaciones severas.

No es producto de la casualidad que en la actualidad el país este siendo afectado con epidemias como el dengue y el rotavirus y que el panorama en el campo de la salud se observe sombrío. Tampoco se debe atribuir al reciente terremoto, el desastre nacional valuado por el gobierno en mil millones de dólares. Las consecuencias sociales y económicas que indudablemente agravan las condiciones materiales de los ecosistemas naturales y humanos tiene como principales responsables a la elite económica y política del país. De sus decisiones y de la implementación de sus políticas se deriva la actual crisis ecológica.

Bajo este panorama ¿qué podríamos esperar de un terremoto en un país con una profunda crisis ecológica? Obviamente, la muerte, la destrucción y el dolor humano. Pero el terremoto es sencillamente un fenómeno natural. Los efectos sobre los ecosistemas donde se produce se agudizan precisamente por la forma en que los seres humanos interactuamos con la naturaleza. En este sentido, los efectos generados por el terremoto son fundamentalmente responsabilidad humana. En países altamente sísmicos como el Japón, estos efectos no tienen la magnitud que han tenido en El Salvador ¿por qué? En términos ecológicos, aquel país ha logrado un mayor equilibrio entre sus ecosistemas.

En El Salvador, por el contrario lo que predomina es el desorden y el desequilibrio ecológico.
Situación que tiene como principal eje el sistema económico basado fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales. De hecho, el desarrollo económico alcanzado hasta el momento actual es el resultado de la combinación de los siguientes factores: el endeudamiento externo; la expoliación excesiva de los recursos naturales; el empobrecimiento y exclusión social de las mayorías populares; y la debilidad institucional del aparato estatal.

En estas condiciones económicas, sociales y políticas se explica la continua degradación de los ecosistemas humanos y consecuentemente la contaminación y destrucción de los ecosistemas naturales. Lamentablemente, los cambios cualitativos y cuantitativos causados por la actividad humana sobre los ecosistemas humanos y naturales tienen la cualidad de ocultarse debido a que sus efectos negativos no son visibles, sino a través de períodos relativamente prolongados o bien, bajo los efectos de una catástrofe natural, como los terremotos o los huracanes.

El reciente terremoto destruyó más de setenta mil viviendas y dañó las estructuras de un tanto más. Una y otra vez estos fenómenos nos dejan ver los errores que se cometen en la construcción del hábitat humano. Errores que a su vez son la consecuencia lógica de la relación inadecuada entre la economía-política y los recursos naturales. A manera de ejemplo, llama la atención las dos formas dominantes de construcción de viviendas.

En primer lugar, la mayor parte de la población en situación de pobreza tiene que vivir en espacios reducidos y en casas hechas de bahareque o adobe. Obviamente este tipo de vivienda no es adecuado ni para el desarrollo humano ni para vivir en una región altamente sísmica. Sin embargo, frente a la irresponsabilidad del Estado y ante la falta de una justa y adecuada distribución de la riqueza, es lógico que estos sectores sociales mayoritarios hagan uso de aquellos recursos y técnicas disponibles para construir su hábitat, con lo cual la presión sobre los ecosistemas naturales se intensifica.

Dadas estas condiciones, estos asentamientos humanos están condenados a sufrir los embates de la naturaleza y a pagar con creces los costos del montaje de un sistema socioeconómico antisolidario e inhumano. Después de este reciente terremoto, la vulnerabilidad de estos asentamientos que de suyo deterioran sistemáticamente la vida humana y natural, se hará más crítica y aguda; y lo peor es que en el horizonte no se vislumbra la existencia de un plan de nación que tenga como meta fundamental la superación sistemática de estas estructuras injustas.

En efecto, los gobiernos están acostumbrados a la improvisación y a autojustificar su inoperancia. Carentes de una política integral, prefieren jugar el rol de país pobre y dependiente y, en tal sentido, busca apoyar sus acciones a través de la ayuda internacional, ya sea por la vía de las donaciones o ensanchando la cuenta de la deuda externa. No obstante, vale aclarar que con lo dicho anteriormente no estamos diciendo que este tipo de ayuda no sea necesario. Todo lo contrario, valoramos los lazos de solidaridad de otros pueblos e instituciones y agradecemos sus aportes en materia de alimentos, medicamentos y ropa, además de facilitar recursos humanos, técnicos y financieros. Sin embargo, lamentamos la falta de un plan de nación que, por una parte, aglutine a todos los sectores sociales, políticos y económicos del país y que, por otra, aproveche al máximo esta ayuda en función de resolver las causas estructurales de la pobreza y miseria en la que vive el país.

Ciertamente, todos y todas tenemos la responsabilidad moral de responder a las necesidades inmediatas de los damnificados, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta labor es una parte de la solución y que, a la par de ella, la sociedad civil debe exigir al gobierno y a la Asamblea Legislativa la elaboración de un plan de nación que enfrente sus causas estructurales. Lo contrario provocará que la misma gente damnificada improvise la forma de solucionar sus problemas, con la agravante de acelerar la crisis ecológica que ya afecta al país. En resumidas cuentas, nos enfrentamos a un problema ecológico de dimensiones sociales, económicas y políticas profundas. Frente a esta amenaza preocupa que el gobierno se enfrasque en los acostumbrados problemas de falta de organización, corrupción e ineficiencia.

En segundo lugar, se encuentran las constructoras y los grupos promotores inmobiliarios que tienen como meta explotar al máximo el potencial rentable de antiguas fincas de café u otros productos. Sin respetar rigurosamente con todas las prescripciones técnicas y legales se han dado a la tarea de construir viviendas populares y lujosas, terraceando cerros, lomas y rellenando terrenos accidentados en lugares que aparentemente cuentan con una vista panorámica y clima agradable. Empero, la presión sobre los ecosistemas naturales donde se vienen construyendo estos complejos habitacionales, puede llegar a provocar desastres de tal magnitud como lo que ocurrió en Las Colinas.

Los riesgos para construir viviendas en una zona altamente peligrosa en este país no tienen ningún peso o consideración legal. Hasta donde se nos ha informado, la mayor parte de proyectos habitacionales construidos en el área metropolitana no contaron con serios estudios de impacto ambiental. Aquí lo que ha contado es este tipo de racionalidad económica basado en la obtención de jugosas ganancias en el menor tiempo posible. Invertir para hacer más seguro un complejo habitacional o simplemente desistir de hacerlo en aquellas zonas que representan un bien ecológico o un alto riesgo es algo que no se encuentra con suficiente claridad política en la agenda del sector público y privado. Cabe preguntarse ¿qué lugar ocupa la seguridad de los seres humanos y la conservación de los ecosistemas para estas empresas de la construcción? ¿Qué interés y capacidad tiene el Estado para garantizar la protección de la población y de los recursos naturales?

La Cordillera del Bálsamo, así como en la década anterior la Finca El Espino, es una ejemplo contundente de lo que de no se debe hacer. Ahora bien, el terremoto provocó en múltiples ecosistemas naturales y humanos severos daños y lejos de culpar exclusivamente a la naturaleza por lo sucedido se debe buscar a los principales agentes políticos y económicos responsables de la actual crisis ecológica. A manera de ejemplo, en el caso de Las Colinas los responsables inmediatos son las empresas constructoras y los funcionarios estatales que otorgaron permisos de construcción.
Los primeros por no haber tomado todas las medidas técnicas para evitar o enfrentar un eventual deslave de la Cordillera del Bálsamo. Los segundos por autorizar la construcción de complejos habitacionales en zonas de alto riesgo y con alto valor ecológico. Las utilidades obtenidas por la venta de este complejo habitacional no se comparan con las perdidas obtenidas después de este terremoto. Nada ni nadie podrá devolverle la vida a todas las personas que quedaron soterradas. Los ahorros de muchos años de aquellas familias propietarias se esfumaron. ¿Cuántas de estas familias pasaran a formar parte de los sectores pobres de nuestra sociedad? Recuperar la parte de la cordillera deslavada llevará muchísimos años y todo esto sin contar el impacto negativo que tendrá este accidente para la ecología nacional.

¿Cuántas catástrofes más debemos sufrir para que la clase política, los sectores económicos y el gobierno comprendan la alarmante crisis ecológica por la que atraviesa el país? El terremoto nos ha alertado dramáticamente sobre las condiciones ecológicas en las que se encuentra el país. Ciertamente, debemos acudir con prontitud frente a las necesidades inmediatas de los miles de damnificados. Urge que el COEN, el sector privado y la sociedad civil unifiquen esfuerzos para hacer efectiva la ayuda humanitaria; sin embargo, no hay que olvidar que estas medidas de carácter temporal deben dar paso a la ayuda para la reconstrucción.

Esta última actividad debe tener en consideración la necesidad de realizar serios estudios de impacto medioambiental, sobre todo en lo que al tipo de suelo se refiere. El país requiere de un plan de nación que vaya más allá de los intentos de reactivar la economía y fomentar el crecimiento económico. Es decir, requiere, en primer lugar, de unas políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales mayoritarios, superando los problemas de exclusión de los beneficios de la economía y del acceso a la propiedad privada y, en segundo lugar, de la constitución de verdaderos espacios de participación ciudadana en torno al manejo político del Estado. El país requiere de un plan de nación que parta de la problemática social y ecológica que le afectan. La crisis ecológica amenaza la misma vida humana y seguir ignorando esta situación puede traernos más muerte, dolor y destrucción. Un país que tenga que cargar con los costos de personas, familias y grupos permanentes de damnificados del sistema, no podrá pensar seriamente en las posibilidades de avanzar hacia un desarrollo humano sostenible.
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Sergio Bran, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

El pasado sábado 13 de enero, bajo una intensidad de 7.6 grados en la escala de Richter, sufrió otro duro golpe y quedó muy mal parado lo poco que le quedaba de “modelo” a este nuestro país; país que desde hace nueve años, cuando se firmó el acuerdo final de paz en Chapultepec, algunos lo etiquetaron como el escenario privilegiado donde se desarrollaba una experiencia exitosa en lo relativo a la vigencia de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional. Pero hace más de un año, el “Mitch” le había “corrido el rimmel” a ese rostro de coreografía maquillado por “expertos“ nacionales e internacionales que no se cansaban de promover las “maravillas” de un “nuevo El Salvador”, pese a la dura realidad que continuaba vigente; realidad que varios pretendieron esconder tras esa necesaria pero insuficiente intervención de la llamada “comunidad de naciones” en un lugar que, para llegar a ser realmente distinto, necesitaba algo más profundo que un tratamiento superficial como terminó siendo ese cuestionable ejercicio cosmetológico.

En ese marco, tras la confrontación armada, algunas formas cambiaron; sin embargo, el fondo de exclusión e impunidad permaneció inalterable. Así las cosas, los acuerdos entre las partes y las verificaciones de su cumplimiento junto a nuevo preceptos legales e instituciones estatales pasaron a ser ingredientes básicos de la retórica oficial, mientras la gente “común y corriente” —esa que estaba mal antes de la guerra y siguió peor después de ella— ha tenido y tiene que aguantar con una sonrisa las “gracias” de una decepcionante conducción gubernamental, política, social y económica que a final de cuentas está resultando ser el peor desastre nacional.

País, el nuestro, con una población mayoritaria perennemente damnificada por la injusticia en todas sus manifestaciones que —para colmo de males— ahora es víctima de un fenómeno natural cuyas consecuencias, al final de cuentas, quizás puedan ser buenas en la medida que apunten hacia la participación organizada de la gente para hacer valer sus derechos y que contribuyan a generar el surgimiento de liderazgo frescos, honestos, comprometidos y esperanzadores. Mientras eso no ocurra, tanto la vergonzante “partidocracia” nacional y la deshumanizada burocracia pública —sin descartar que existan algunas excepciones— continuarán actuando igual que siempre, independientemente de la precariedad y las penurias que abaten a una inmensa parte del pueblo salvadoreño.

Y esa indefensión, abandono y fragilidad bastante generalizadas no tiene que ver con la falta de regulaciones. Para el caso, tenemos que el primer artículo de nuestra Constitución establece la obligación estatal de “asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”; en el siguiente artículo se garantiza el derecho de toda persona “a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Así, pues, las normas constitucionales imponen al Estado la responsabilidad de traducir en acciones concretas, el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales que tienen las y los habitantes de El Salvador, sea en forma colectiva o individual, a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de la población. Nuestro máximo ordenamiento jurídico no delega estas atribuciones a organismos no gubernamentales ni privados, pese a que éticamente éstos están obligados a cooperar con el Estado.

Esa obligación fundamental es trasladada directamente al presidente de la República en la Carta Magna, tal como lo establece el primer numeral de su artículo 168; en él se determina como primera obligación del mandatario “cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales”. Sin embargo, en nuestro país, nos encontramos aún muy lejos de lograr que este imperativo constitucional se haga realidad. Muestra de ello la encontramos en el discurso oficial de las distintas administraciones gubernamentales, sobre todo desde el fin de la guerra; sus publicistas le han conferido múltiples calificativos al país —“de oportunidades para todos”, “nuevo”…— y a su gente —“alegre”, “no se rinde”…— cuando, cada vez más, la realidad nos va demostrando que por el momento lo objetivo y adecuado es reconocer que vivimos en un país vulnerable, donde la exclusión y la impunidad tienen a mucha de su población en la desgracia.

Esa es la vulnerabilidad que se palpa cuando contemplamos un porcentaje significativo de la población urbana que sobrevive en extensas comunidades asentadas a orillas de barrancos, ríos y quebradas; cuando vemos que colonias de habitantes de la clase media se encuentran construidas con serias deficiencias y pésimos materiales; cuando encontramos otras, ubicadas al pie de elevaciones naturales que están siendo socavadas en sus cimientos por la desnaturalizada mano humana del voraz empresario constructor; cuando observamos que la población rural permanece sin acceder a los servicios básicos de salud y educación, sigue sin poder realizar trabajos justamente remunerados y no se encuentra en condiciones de obtener créditos.

Así también, El Salvador continúa siendo vulnerable en materia de seguridad cuando el índice de criminalidad y la sensación ciudadana de peligro han crecido significativamente, pese a las ampulosas declaraciones de altos funcionarios fiscales, policiales y judiciales; criminalidad que se ha profesionalizado en la misma medida que esos encargados de investigar, detener y procesar a los delincuentes siguen siendo seriamente cuestionados por su evidente incapacidad, ineptitud y/o corrupción. De igual forma, nuestro país es vulnerable cuando la “inteligencia del Estado” —que debería estar orientada a obtener y estudiar elementos sobre hechos o situaciones determinadas con el fin de asesorar al presidente de la República para la toma de decisiones importantes en materia de Estado, entre las cuales se encuentran el respeto a los derechos humanos— centra su labor en oscuros objetivos para favorecer a un partido político determinado el aseguramiento del poder, contraviniendo en el camino garantías básicas de las y los habitantes de la República.

Nuestro país es vulnerable, además, cuando las autoridades obligadas a cumplir con los preceptos constitucionales demuestran una y otra vez —desde el deslave en la colonia Montebello en 1982 y pasando por el terremoto de 1986, los temporales de septiembre y octubre de todos los años, el huracán Mitch de 1998, hasta la catástrofe más reciente del sábado 13 de enero— su evidente incapacidad ante fenómenos naturales en aspectos fundamentales que se manifiestan, por lo menos, de tres maneras: anteponen los intereses particulares o de partido sobre los intereses colectivos o sociales, propiciando la insatisfacción de necesidades básicas y violentando la existencia digna para toda la población; no cuentan con mecanismos de prevención de desgracias naturales; y no poseen mecanismos de respuesta inmediata y efectiva a catástrofes. Con dolo o sin él, los resultados son esos.

Los fenómenos naturales, en muchas ocasiones, no se pueden predecir. Sin embargo, eso exime al Estado de contar un aparato técnico y eficaz con los recursos legales y operativos a la mano para establecer un sistema de gestión de riesgos, en aras de evitar que cada fenómeno natural se traduzca en desastre o catástrofes generalizadas. Esa es una obligación, máxime cuando se sabe que —por infortunio geográfico— el territorio donde se asienta nuestro país ha sido y seguirá siendo afectado por terremotos, inundaciones o actividades volcánicas ante las cuales, desde hace muchos años, deberían existir estrategias y políticas efectivas para minimizar sus estragos en la población y la infraestructura.

En el marco de la tragedia actual, ha sido interesante observar la presencia de voluntarios franceses expertos en rescate de víctimas de sismos y personas soterradas, pese a que en los últimos cincuenta años no se han registran terremotos considerables en su país. Lo contrario ocurre en El Salvador: pese a que en los últimos 15 años han habido dos catástrofes por movimientos telúricos, las autoridades estatales no han hecho lo necesario para prevenir los fenómenos y enfrentar con eficacia la emergencia.

Muchas ciudades, pueblos y cantones del interior del país sufrieron los estragos del siniestro más reciente, la cantidad de muertes se disparó con lo acontecido en la colonia Las Colinas, de Santa Tecla, la cual quedó prácticamente soterrada al derrumbarse una parte de la Cordillera del Bálsamo que se deslizó sobre las viviendas construidas en sus faldas. Quizás el deslave siempre se hubiera producido por la fuerza del sismo; pero, con seguridad, la cantidad de fallecidos no hubiera sido tan elevada si no se hubiera autorizado la construcción de esas viviendas en un lugar tan inseguro y sin las más elementales precauciones. Esa tragedia desnuda, en uno de los puntos más sensibles, la fragilidad de nuestra gente frente a las desatinadas políticas gubernamentales de vivienda y construcción.

Por otro lado, también somos vulnerables cuando —después de mucho tiempo y por negligencia de las y los diputados de la Asamblea Legislativa— no contamos con un verdadero “defensor del pueblo”: la persona que con su investidura oficial y su fuerza moral vele porque el Estado respete los derechos humanos de toda la población, obligándolo a cumplir la Constitución de la República en su artículo 1 así como los tratados y pactos internacionales que establecen como requisitos para vivir dignamente la existencia de un medio ambiente sano y el acceso a servicios públicos básicos, en el marco de un nivel de vida adecuado para cada persona y su familia que incluye alimentación, vestido y vivienda suficientes y decentes así como la mejora continua de las condiciones de existencia.

Lamentablemente, estos políticos nacionales no han tomado en serio el importante papel que le corresponde desempeñar a la o el procurador para la defensa de los derechos humanos, negándonos así la posibilidad de contar con una herramienta útil para reconstruir lo bueno y destruir lo malo que había antes del terremoto, en aras de construir de verdad un nuevo El Salvador.

No queremos desaprovechar este espacio para agradecer a nuestras amigas y amigos que se han comunicado para conocer nuestro estado tras el terremoto. Como dijimos en una carta que enviamos a algunas de esas personas: “La gente del IDHUCA con sus familias, estamos bien. El que sí está mal es el país, pero no por casualidad. Estos hechos trágicos desnudan las verdaderas causas de una vulnerabilidad que afecta a la mayoría de su gente y que no se cubre con el ‘maquillaje’ de los cosmetólogos nacionales e internacionales expertos en gobernabilidad, democracia, desarrollo humano y tantas aspiraciones no cumplidas en estas latitudes. Y es sencillo establecer esas causas: pobreza, injusticia, impunidad e insolidaridad que se posicionan sobre un poder egoísta, discrecional y autoritario. Por eso se vuelve más urgente tratar de convencer a los no convencidos; tratar de ayudar a que otras y otros, con miedo aún, se decidan a luchar; tratar de comenzar a sumar y multiplicar los esfuerzos para derrotar a quienes se empeñan en negar la humanidad del otro, para afirmar su inhumana prepotencia. No podemos ni debemos dejar que nos acostumbren a aceptar como un ‘fenómeno natural’ —junto a los terremotos y los huracanes— a la diarrea, el dengue, las niñas y los niños en la calle, la falta de oportunidades para las y los jóvenes, el desempleo y el sub empleo, la explotación en la maquila y las enfermedades que padecen quienes ahí trabajan, la impunidad que protege a los criminales, la corrupción gubernamental y particular, el dolor de las personas que no saben qué pasó con sus familiares desaparecidos durante la guerra y la represión política... Hay suficientes razones para la indignación; y también hay suficientes razones para erradicar las causas que la provocan.”

Es conveniente distinguir entre la gestión y el manejo y administración de desastres. Existen cuatro vertientes de la gestión del riesgo:

La gestión de amenazas. Busca reducir la probabilidad de amenazas físicas, incluyendo las capacidades de teledetección, telemetría, modelización y pronósticos. Supone un dominio de la información y su comunicación a agencias clave. La gestión del riesgo también implica articular escalas de análisis, definir niveles de intervención y horizontes en el tiempo.

La gestión de vulnerabilidades. Son las acciones tendientes a reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante amenazas físicas. Pasa por mejorar la gestión ambiental y el bienestar social y económico de la población, así como por el diseño y la construcción de infraestructura habitacional, vial y productiva adecuada a las amenazas.

La gestión de la emergencia. Se refiere a la capacidad de respuesta institucional ante un desastre, mediante mecanismo de alerta temprana, sistemas de comunicaciones e instancias de coordinación y mando tanto a nivel nacional como local para proteger vidas, evacuar poblaciones, desarrollar tareas de defensa civil.

La gestión de la rehabilitación y la reconstrucción. Comprende aquellas actividades que buscan restaurar, reactivar y garantizar condiciones para el bienestar social, la reorganización de la producción y la actividad económica en un marco territorial ordenado.

Fuente: Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, 1999, p.262