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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 938
febrero 7, 2001
ISSN 0259-9864
 

INDICE

Editorial  Unidad nacional
Economía  ¿Reconstrucción o desarrollo?
Región  Centroamérica ante el Grupo Consultivo de Madrid
Comentario  ARENA en los ojos
Derechos Humanos  El peligro de otra "peñatada"
 

EDITORIAL

    Politizar es un término que políticos y funcionarios usan con mucha frecuencia para descartar la crítica y ocultar responsabilidades. Cuando alguien critica a políticos o funcionarios o enjuicia la realidad nacional y ni sus críticas ni sus juicios son de su agrado, aquéllos suelen defenderse alegando que el debate se politiza. En cambio, en sus juicios y opiniones no cabe la politización como si el estar en el poder los liberara, por algún artificio mágico, de ese feo vicio que sólo achacan a los demás. Así pues, cuando funcionarios y políticos quieren evadir o evitar la crítica, exigen no politizar la discusión, es decir, no cuestionar sus acciones ni sus opiniones, porque ellos, en virtud del poder o del cargo que ocupan, sabrían cómo hacer las cosas y qué decir sobre ellas. Esto quiere decir que los demás debiéramos aceptar la posición oficial tal como ésta nos es presentada. Los funcionarios y los políticos no parecen caer en la cuenta de que los asuntos públicos o relacionados con el bien de la generalidad son, por su naturaleza, políticos y, por lo tanto, deben ser tratados políticamente.

    Bien entendida, la politización querría decir no perder la perspectiva social o general en los asuntos públicos o relacionados con el bien de la totalidad, es decir, no considerarlos desde una perspectiva particular, desde un solo sector u organización, o desde unos determinados intereses, como por ejemplo, no verlos desde la agenda de un determinado partido político o incluso desde el gobierno. En realidad, eso es lo que hacen funcionarios y políticos. Su visión estrecha y los intereses creados a los que suelen servir les impiden tener una perspectiva integral de la problemática nacional y de sus posibles soluciones. En este sentido, nadie politiza más que ellos.

    No es extraña, entonces, la politización que han hecho del terremoto. Todos los partidos políticos han adoptado una perspectiva partidaria y, por lo tanto, fragmentada. Sin embargo, unos lo han hecho más que otros y algunos de ellos tienen más responsabilidad que los otros. La derecha es la que más ha insistido en imponer su visión, su metodología y su discurso. La derecha también tiene la mayor responsabilidad en esta mala politización del terremoto, porque ella se encuentra en el gobierno y controla las instancias encargadas de disponer de la ayuda. En lugar de convertirse en factor de unidad política, se ha convertido en factor de división y conflicto. Y si la oposición la desafía o la cuestiona, debiera tener madurez política como para prescindir de esas provocaciones, colocando por encima de las pequeñas disputas partidarias el interés de la población damnificada.

    La primera politización partidaria del terremoto se dio en la forma cómo el presidente Flores organizó las instancias encargadas de atender la emergencia y asistir a los damnificados. En lugar de privilegiar la ayuda rápida y abundante y la unidad de la sociedad ante la crisis, dio prioridad a la lealtad a ARENA y a su gobierno. Así se explica el malestar que la independencia de la embajada española ha causado en sus filas. Pero los hechos demostraron pronto lo desacertado de esta decisión y la protesta popular se encargó de ventilarlo. Esto obligó al presidente Flores a tomar en cuenta a los municipios. Pero esto tampoco resolvió bien el problema principal, porque lo hizo desde arriba, desde el poder supremo, y dando instrucciones confusas e incluso contradictorias. Ello se hubiera evitado con un diálogo franco y directo con los representantes del poder local. En nada ha contribuido a la unidad que altos funcionarios del gobierno de ARENA, conocidos por sus posturas extremas, se exhiban entregando la ayuda prometida a las municipalidades. Algunos alcaldes, por su lado, también han contribuido a esta mala politización, al distribuir la ayuda de manera partidaria. En la Asamblea Legislativa, los asuntos nacionales continúan siendo tratados como siempre, de una manera estrecha, partidaria y muy poco informada.

    Ante las críticas y las protestas, la derecha salvadoreña responde proponiendo la unidad nacional. En una situación como la que El Salvador vive en la actualidad, la unidad nacional es clave para superar la tragedia. Pero la unidad que se necesita y se reclama no se da a partir de actos de voluntad de los sectores dominantes, ni de los creadores de opinión pública, sino a partir de hechos reales. La derecha presupone que la unidad nacional debe darse alrededor del Presidente de la República, a quien ella reconoce como su máximo dirigente. Pero este es un presupuesto gratuito. El que Francisco Flores sea Presidente de la República no lo hace automáticamente factor de unidad nacional. No sólo ni principalmente porque milita en uno de los partidos más conflictivos del país, ni porque representa los intereses del gran capital, sino sobre todo porque conduce los asuntos de la república de manera vacilante y porque no goza de credibilidad. En su último llamado a la unidad, hecho ante los sectores dominantes del país y el cuerpo diplomático, al mismo tiempo que propuso “la solidaridad para que estemos unidos”, declaró que “el recurso más valioso para rehabilitar el país es la iniciativa del individuo”. Asimismo, propuso “nacionalizar la tragedia, tenemos que sentirnos parte de la reconstrucción”, pero sin definir las líneas de dicha nacionalización o reconstrucción.

    El presidente Flores también quiere permitirle al país “digerir su dolor”, pero sin asumir el otro dolor, también nacional y trágico, causado por las violaciones de los derechos humanos.
La conducción que El Salvador necesita en estos momentos es una que esté afincada en la verdad, que signifique lo que dice, que no necesite de muchas explicaciones, porque su mensaje es claro y consistente, que cumple lo que promete y sobre todo que se deja afectar por la tragedia que está viviendo la mayoría de la población salvadoreña. Estas cualidades son las que harían la conducción creíble y factor real de unidad nacional. Pero el presidente Flores y su gobierno están lejos de poseer tales cualidades. Todavía no se han dejado afectar por lo más humano de la tragedia, configurada por el dolor y el desamparo de la mayoría de la población. En los tres años y medio que les quedan en el poder se proponen reconstruir El Salvador tal cual era, como si lo que había fuese una sociedad de bienestar y seguridad generalizados. Un estadista con visión de futuro no pensaría tanto en reconstruir lo antiguo, como en aprovechar la tragedia para levantar un El Salvador menos vulnerable y más equitativo.

    Sin unidad nacional, El Salvador con mucha dificultad podrá salir adelante. Sin unidad nacional, lo que se levante lo hará sobre una sociedad dividida por la riqueza de unos y la pobreza de la mayoría, por la impunidad de los que detentan el poder y el desamparo institucional de quienes no tienen protectores, por quienes violaron los derechos humanos durante y sus víctimas. Una construcción de este tipo es todo menos sólida y siempre estará expuesta a vientos huracanados, inundaciones y terremotos.

[Extracto]

     Uno de los aspectos más importantes revelados por el terremoto del pasado 13 de enero es el desconocimiento generalizado de la relación entre desarrollo y desastres, inclusive al nivel de los funcionarios encargados de la protección civil. Esto ha sido evidente en el pasado reciente, cuando —pese a que la década de 1990 estuvo plagada de sequías e inundaciones— no se adoptaron estrategias de readecuación del Estado para hacer frente a la realidad de los desastres.

    Sin embargo, sí  hubo promesas. En 1999, el presidente Flores presentó su programa de gobierno, "La nueva alianza", el cual contemplaba en el componente de seguridad ciudadana una serie de medidas para la "Seguridad a la población civil en caso de desastres": definir áreas de riesgo, fortalecer a las instancias encargadas del monitoreo de amenazas y de atención de la emergencia, promover la organización civil de la comunidad, dotar al país de una normativa que "facilite la acción de prevenir, controlar y reconstruir las comunidades en caso de desastre" y, finalmente, diseñar planes de simulación y acción frente a desastres. Lamentablemente, esto se quedó en una declaratoria de buenas intenciones, apadrinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), y  que apenas se tradujo en un anteproyecto de ley de protección civil que el Ministerio del Interior presentó a la Asamblea Legislativa —el cual ni siquiera ha sido discutido por los diputados— y un plan de mitigación de riesgos en el bajo Lempa.

Antecedentes

    Cuando en 1999 se celebró la reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, luego de los devastadores efectos del Mitch, se sentaron las bases de una nueva ronda de cooperación para el desarrollo regional a mediano y largo plazo. El encuentro, realizado en Estocolmo, Suecia, suscitó grandes expectativas, sobre todo, para los países receptores de la ayuda. Por otra parte, las naciones y organismos cooperantes (Comunidad Europea, Estados Unidos, España, Suecia, Japón, Canadá, Alemania, Holanda, BID y BM) se comprometieron a desembolsar US$ 9 mil millones, entre inversión real y condonaciones de deuda. Sin embargo, el proceso de reconstrucción y posterior “transformación” ha tenido que enfrentar, desde 1999, diversos obstáculos provenientes tanto de los países receptores como de los cooperantes.

    La actitud del Presidente de la República y de sus funcionarios preocupa cada vez más. No se aceptan críticas. Las personas que piensan distinto no son buenos salvadoreños y las decisiones que se toman son impecables, perfectas y por eso nadie puede dudar de ellas. Los que no están a su favor se convierten en traidores de la patria. Es fácil comprobar lo afirmado. Brevemente, se analizan algunas de las declaraciones y actitudes que tanto el Presidente Francisco Flores como el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, ofrecieron a los medios de comunicación social y a la población hace unos días.

1. “La iglesia Católica tiene dos voceros autorizados: el representante del Papa que es el Nuncio y Monseñor Sáenz Lacalle”.

    Las declaraciones del Presidente aparecen en nota publicada en La Prensa Gráfica, el día sábado 20 de enero. El periodista le había preguntado a Flores qué opinaba él de los señalamientos  que el Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, había hecho, pues éste había criticado el manejo inapropiado y deficiente de la ayuda internacional, demandado agilidad en la entrega de la misma a los damnificados, y cuestionado la integración de la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL) por presentar “una especie de COENA ampliado”, imagen que “no es buena para el país”.

    Vayamos por partes. Los señalamientos del obispo auxiliar ni eran nuevos, ni eran exclusivos. Cualquier ciudadano con un mínimo de objetividad había notado ya la deficiencia en el manejo de la ayuda internacional, la burocracia y lentitud con que se repartió la ayuda a los que la necesitaban y la correspondencia (con rostros, nombres y apellidos) entre el COENA (Comité Ejecutivo Nacional de ARENA) y CONASOL. Era un secreto a voces repetido por afectados, periodistas y personas que habían acudido a los distintos lugares a brindar ayuda: el gobierno tomó decisiones equivocadas, no actuó con la rapidez y eficacia necesarias, careció de un verdadero plan operativo de emergencia nacional y politizó la ayuda al marginar alcaldes y partidos políticos, concentrando el poder de decisión y reacción en su gabinete y miembros del partido que lo llevaron a ocupar la silla presidencial.

    Los señalamientos, sin embargo, adquirían relevancia, pues los sostenía Gregorio Rosa Chávez, líder religioso de un país aún mayoritariamente católico. Y Francisco Flores, tal y como lo demostró en aquella Cumbre Iberoamericana, una vez más se molestó, perdió el control y cometió un doble error.

    En primer lugar, no tuvo la lucidez necesaria para darse cuenta de un hecho bien sencillo: Rosa Chávez estaba expresando una opinión personal. Si bien es cierto que es obispo auxiliar, no todos los comentarios e ideas deben tomarse como “voz oficial de la iglesia”. Vocero, según el Diccionario Larousse, es el que habla a través de otro. En el momento en que Rosa Chávez emite una opinión, no necesariamente lo hace como representante de la iglesia.

    El mismo Monseñor Fernando Sáenz Lacalle lo aclaró en su habitual conferencia de todos los domingos. Ante la pregunta de un periodista que le pedía su opinión sobre lo sostenido por Flores, afirmó: “hay que puntualizar que somos voceros en cuanto a dar doctrina o aclarar puntos referentes a la misma. Puede haber opiniones personales que pueden ser compartidas o no por la gente (...) Considero que lo que Monseñor Rosa dijo son apreciaciones personales sobre el funcionamiento de tal o cual cuestión. No tiene nada que ver con la doctrina de la Iglesia, no es una declaración eclesiástica doctrinal, sino una opinión personal de acuerdo a la experiencia”

    El Presidente no supo distinguir entre una opinión personal y una declaración eclesial. Asimismo, hay un grave error de su parte al descalificar al Obispo Auxiliar como vocero. El Arzobispo Sáenz Lacalle lo aclaró sin dudar: “Monseñor Rosa es Vicario General de la diócesis y como tal también es vocero de la Iglesia Católica en San Salvador (...) Sí es vocero, porque al ser Vicario General de la diócesis trabaja conjuntamente y en comunicación con el arzobispo”.

    Francisco Flores pudo salir mejor parado ante la pregunta del periodista. Afirmar que respetaba lo dicho por el Obispo Auxiliar, pero que no lo compartía, y aclarar que era una opinión más y que en ningún momento representaba una posición oficial de la iglesia. Sin descalificar a nadie y sin afirmaciones temerarias. Pero no fue así. Más bien lo hizo todo al revés. Se complicó, demostró intolerancia ante la crítica y una falta de tacto y tino imperdonables en un Jefe de Estado, sobre todo de uno que se hace llamar a sí mismo estadista (estadista: hombre versado en negocios de Estado, de política, de sociedad, etc.).

    En segundo lugar, el Presidente afirmó que los únicos voceros son Monseñor y el Nuncio. Viniendo de un Jefe de Estado es un grave error que refleja una ignorancia pasmosa sobre la jerarquía eclesial. El Nuncio es el embajador del Papa: por eso se le llama nuncio apostólico. El embajador representa al Vaticano, como Estado constituido. Es un representante diplomático y no un vocero oficial de la iglesia.

    El arzobispo de San Salvador, Sáenz Lacalle, también le aclaró este punto al Presidente Flores, en la conferencia de prensa: “por otra parte, el Nuncio no es vocero de la iglesia local porque él es representante del Santo Padre ante la Iglesia Católica en El Salvador y ante el gobierno. Por tanto, el Obispo Metropolitano es el vocero, pero ayudado por sus vicarios generales”.

    No cabe duda que las declaraciones del Presidente preocupan por su ligereza e insensatez. Es importante que la población demande mayor cuidado, pues el Presidente Flores representa, de una u otra forma, a todo el país.

2. “Es una respuesta política”

    El sábado 27 de enero apareció la siguiente noticia: “productos vencidos desatan polémica en Santa Tecla”. Resulta que un total de mil 880 productos habían sido decomisados en El Cafetalón por el Ministerio de Salud y miembros del Comité de Emergencia Municipal de Santa Tecla. ¿El motivo? Más de doscientas botellas de aceite caducadas y 936 sin fecha de vencimiento; productos como leche, latas de atún, harina o conservas estaban en recipientes deformados y en mal estado.

    La pregunta caía por su propio peso: ¿quién había distribuido esos productos vencidos? Los víveres habían sido donados, según Manuel Calderón del Comité de Emergencia Municipal tecleño, por CONASOL, a través del Ministro del Interior, Acosta Oertel. Lo mismo sostenía el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz. El capitán Marco Antonio Palacios, comandante de abastecimientos del Comité de Emergencia Nacional (COEN) aseguraba que los víveres vencidos decomisados no provenían de las donaciones recibidas y revisadas en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, pues los filtros eran muy estrictos y el control de calidad muy fuerte. Tampoco podía culparse a la Embajada de México, pese a que los productos venían empacados en cajas con el logotipo de la Cruz Roja Mexicana, pues todas las donaciones eran canalizadas a través de la Embajada de El Salvador en México. Todo parecía indicar, entonces, que el error había sido cometido por el Ministerio del Interior.

    Así, el señor ministro tenía dos opciones:

    a) Reconocer la falta cometida. En verdad fue él quien entregó los víveres. Pero ante las muchas donaciones recibidas y la urgencia de la población que los necesita, se vuelve difícil tener un control perfecto. Lo importante, sin embargo, es que el mismo gobierno a través del Ministerio de Salud supervisa la entrega e inspecciona las donaciones. “La situación está controlada y la ayuda que el Ministerio del Interior brinda es fundamental”.

    b) Exigir una inmediata investigación sobre lo sucedido para deducir responsabilidades. En el acta de entrega firmada entre CONASOL y la alcaldía no se podía certificar que en realidad la donación correspondía a CONASOL ya que no se especifica ni el tipo de aceite, ni la fecha de fabricación, ni el número de lote. Por lo tanto, se debe investigar. Mientras tanto, “se están tomando las medidas necesarias para evitar que productos vencidos lleguen a los damnificados”.

    ¿Qué fue lo que hizo el señor Ministro? Nada de lo anterior, por supuesto. Más bien, sacar a relucir, una vez más, su intolerancia, terquedad y poca visión ante los problemas nacionales. Afirmó, que se trataba de “una respuesta política” del alcalde de Santa Tecla. Según él, la denuncia formaba parte de una serie de decisiones políticas de la alcaldía tecleña. Citaba como ejemplo la negativa a aceptar la ayuda económica del Gobierno para la remoción de escombros.

    La respuesta no se explica en lo absoluto y es inadmisible. Según La Prensa Gráfica, el alcalde de Santa Tecla había insistido en que los productos vencidos habían sido entregados el jueves por Acosta Oertel. También, el alcalde afirmó que “se supone que son productos de primera calidad, pero hay una importante cantidad de lo que nos llevó ayer el COEN que está vencido”. Y era cierto. Las dos afirmaciones hechas por el alcalde eran obvias y no sólo él podía hacerlas, pues varias personas estuvieron presentes el día en que el Ministro llegó a entregar los productos y varios también corroboraron el mal estado de los víveres.

    ¿Respuesta política?  ¿La respuesta forma parte de una serie de decisiones políticas de la alcaldía tecleña? Según el Ministro, los productos estaban vencidos por decisión política del alcalde de Santa Tecla y es esa la razón por la cual se niega a recibirlos. Inaceptable desde todo punto de vista. Refleja ignorancia, ataca sin lógica y contribuye a una polarización sin sentido y peligrosa.

    No es primera vez que el Ministro hace declaraciones tan anodinas como esta. Y por su actitud, todo parece indicar que tampoco será la última. Un hombre con un cargo como ese, en una cartera de Estado tan importante para el país como el Ministerio del Interior, debe tener mayor sensatez, tacto y mesura a la hora de verter opiniones.  Es muy probable que en otra ocasión se comenten más declaraciones y actitudes de este tipo. Arena en los ojos, lamentablemente, tenemos todos los días.
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Colaboración de Manuel Fernando Velasco, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

    Hace exactamente un año, el 8 de febrero del 2000, Eduardo Antonio Peñate Polanco renunció bajo presión al cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos; cargo que ocupó por más de 17 meses, debido a la irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa y para desgracia de la población salvadoreña en general. Así culminó lo que, en la práctica, constituyó uno de los disparates que más daño le han causado a la incipiente y cada vez más frágil institucionalidad del país. A esa renuncia forzada le siguió un pretendido proceso de “transición” cuya conducción le fue encargada a quien, hasta entonces, fungía como adjunto de Peñate Polanco: Marcos Alfredo Valladares Melgar. Un año después, esa “transición” —que nació sin porvenir, por ser también fruto de las “brillantes” decisiones parlamentarias— naufragó en medio de recientes protestas laborales y la deposición del cargo por parte del “procurador en funciones”. A estas alturas, de no ocurrir algo imprevisto, las señales provenientes del mal llamado “primer Órgano del Estado” apuntan hacia otro grave error en la elección del o la procuradora; error que, tal como están las cosas, equivaldría al “tiro de gracia” para la institución.

    La falta de una gestión democrática interna así como la incapacidad manifiesta para hacer realidad el mandato constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en cuanto a ser la entidad estatal responsable de promover y defender los derechos humanos, son la base de los señalamientos que hoy se hacen contra el mencionado “procurador en funciones”. El funcionario, por el contrario, alega que es imposible gobernarla debido a la actitud beligerante de cierta parte del personal.

    Para quienes hayan seguido de cerca estos acontecimientos, la actual manifestación de una prolongada crisis al interior de la Procuraduría es un claro indicador de algo que —atando cabos— puede responder a un propósito oculto: reducir a la ínfima expresión el perfil de la PDDH para hacer de ella otra institución “chatarra” del Estado, un escritorio más dentro del gobierno y una buena carta a jugar dentro de la negociación de la cosa pública por parte de la “clase política”.

    Acostumbrados como estamos a ser tildados de “pesimistas” o “exagerados”, “desestabilizadores” o “anti sistema”, por señalar lo que casi nadie señala y molestar a quienes se consideran “intocables”, debemos sustentar nuestra anterior afirmación. Y eso es, lástima grande, muy fácil de lograr si se toma como muestra un “botón” de innegable actualidad: el tema de las reformas a la legislación penal y procesal penal. Cuántas cuartillas han sido emborronadas, cuántos espacios de la televisión han sido consumidos y cuántas transmisiones radiofónicas se han referido al tema; pese a ello, la población se encuentra confundida, mal informada o desinformada porque cada cual —aunque siempre diga hablar en nombre del “pueblo salvadoreño”— opina según su propia conveniencia o, en el mejor de los casos, a partir de su muy particular experiencia.

    ¿Qué ocurriría en cambio —nos preguntamos— si en el país existiera un procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos con la suficiente solvencia moral y ética, la absoluta independencia y libertad para decidir por encima de las presiones de grupos políticos o económicos, el necesario conocimiento de la materia, el manejo de las relaciones con otras instituciones estatales y con las expresiones organizadas de la sociedad, la capacidad para “tender puentes” y acercar posiciones encontradas? Esa persona, sin poses protagónicas ni enfrentamientos traumáticos, estaría en total capacidad de cumplir con dos de las funciones que le corresponden al procurador y que se encuentran incluidas en los numerales 8 y 9 del artículo 194 constitucional. A la letra y por su orden, en dichos numerales se establecen las siguientes facultades: “Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos” y “Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos”.

    Para el caso (que estamos utilizando como ejemplo), una persona idónea en la titularidad de Procuraduría con seguridad habría elaborado y discutido ampliamente su análisis sobre la situación de la violencia en general y sus diversas manifestaciones en particular (familiar, abuso sexual contra la niñez y la mujer, delincuencia común, crimen organizado y peleas entre “maras”, por citar algunas), incluyendo en él sus causas y consecuencias; de igual forma, habría promovido las reformas necesarias y adecuadas a la normativa legal, como también habría apoyado o rechazado —según fuera el caso— las iniciativas en ese sentido provenientes de otras entidades gubernamentales u organizaciones sociales; también habría incentivado, iniciado e incluso hasta conducido los urgentes procesos de depuración dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial, cerrándole las puertas a cualquier posible “retoque cosmético” de las “auto depuraciones”. Todo ello, a partir del valor supremo que fundamenta la existencia y el reconocimiento jurídico de los derechos humanos: la dignidad de todas las personas sin distinción alguna.

    Desde la llegada de Peñate Polanco a la fecha no sólo se han perdido más de dos años y medio; se han perdido, también, muchas vidas por esa violencia que azota al país; violencia que, aunque lo nieguen, podría haberse reducido en alguna medida si hubiese existido en el país una conducción acertada del mismo y una manera de hacer política pensando en el bien común. Entre otras cosas, esa conducción distinta y esa elevada manera de impulsar el trabajo político nos podría haber colocado al menos cerca de un nivel de “primer mundo” en materia de derechos humanos: con un Ombudsman de verdad y no una caricatura del mismo, capaz de imponerse a la corrupción y otros males que nos abaten, algunas cosas estarían mejor en favor de la seguridad de la gente.

    En ese todavía utópico escenario —por citar algo— los titulares de la PNC, la FGR y el Órgano Judicial tendrían que enfrentarse a una auditoría real de su funcionamiento desde la perspectiva de los derechos humanos; así, no tendrían mayor margen de maniobra para seguir dándole “atol con el dedo” a la gente con sus publicitadas acciones espectaculares, cuyos resultados terminan siendo minucias que no disminuyen en nada la sensación generalizada de inseguridad y desamparo; minucias que, por el contrario, incrementan la frustración y el desencanto social.

     Pero no contamos con esa persona y las posibilidades de tenerla no se advierten en el horizonte. De esa manera, en el país se continuarán cometiendo las mismas barbaridades de siempre que en época reciente nos llegaron a colocar en medio de aberrantes expresiones de intolerancia, de una espiral de violencia política y del lamentable conflicto bélico. Quizás en la mente de algunos que impulsan el “modelo” económico actual, eso sea parte de sus peligrosos cálculos: una institucionalidad formalmente comprometida con los derechos humanos, pero que en la práctica responde a los intereses de un sistema excluyente que genera protestas sociales —si no, volvamos la mirada a Ecuador— las cuales deben ser neutralizadas echando mano de cualquier recurso en aras de proteger los intereses del grupo de poder que está imponiendo dicho “modelo”.

    Así las cosas, en nuestro país para quienes tienen “la sartén por el mando” y están acostumbrados a moverse en un marco donde se privilegia la coerción por encima de otras medidas más inteligentes y de fondo —con el pretexto de un “combate eficaz” a la delincuencia, que de eficaz no tiene nada (como quedó demostrado hace poco con una afamada “Ley de Emergencia”)— el o la procuradora para la defensa de los derechos humanos debe ser una persona sin autoridad moral y sin capacidad intelectual, imaginación y creatividad. De esa manera, se aseguran que no pueda cumplir con su mandato constitucional en favor de la gente y garantizan que no “moleste” al resto de la administración pública, sobre todo aquella que tiene que ver de forma directa con el combate real a la impunidad mediante la investigación de los delitos, la persecución y captura de los delincuentes —sin “cuello” o de “cuello blanco”, materiales o intelectuales, “gatos” o “bestias”—, la imposición del castigo y la reparación del daño causado a las víctimas.

    Quienes primero tratamos de contribuir a la construcción de la PDDH y ahora intentamos rescatarla, no dudamos de su potencial y de las grandes utilidades que le tuviera a la sociedad salvadoreña su buen funcionamiento. Recordemos que es una institución de carácter muy especial, cuyos orígenes se remontan a la figura del Ombudsman sueco en el siglo XIX. Se trata de un funcionario que, pese a ser parte del Estado, tiene el deber de proteger a las y los ciudadanos de los abusos por parte de la administración pública. Desde esta perspectiva, su misión es la de encausar la  actividad de los mandatarios como representantes y servidores de la gente “común y corriente”. Es una especie de vigilante y restaurador del balance en el pacto entre gobernantes y gobernados, dentro del marco constitucional. De ahí la necesidad de que, tanto orgánica como partidariamente, el Ombudsman deba ser independiente y con reconocida honorabilidad entre la ciudadanía. Su autoridad no es la de un juez, el cual puede hacer valer sus provisiones por medio de la fuerza; la autoridad del Ombudsman es moral y la fuerza que sus disposiciones puedan tener provienen del prestigio propio de la persona investida con el cargo.

    Es, pues, de la esencia de esta institución la calidad y el reconocimiento público que la persona elegida tenga. Sólo de esta forma, su misión de protección a favor de las y los ciudadanos puede ser efectiva. Es importante señalar que, por tan alta misión, en algunas sociedades se le conoce como el “Defensor del Pueblo”; ello nos lleva a considerar otro aspecto importante de esta institución: la identificación con la población. Dicha identificación le exige, en primer lugar, una constante y fluida comunicación con todos los sectores de la sociedad, en virtud de la cual se identifiquen sus problemas y demandas; en segundo lugar, le requiere una actuación concordante con esos problemas y demandas al tenor de su mandato.

    En el caso salvadoreño, tanto la PNC como la PDDH fueron dos de las instituciones totalmente nuevas creadas en virtud de los acuerdos de paz. A estas alturas, más de 9 años del fin de la guerra, ambas deberían ser pilares fundamentales para la construcción y el sostenimiento de un verdadero Estado democrático. Sin embargo, tristemente es otra la realidad. En el caso de la institución que nos ocupa, se observan los altibajos de una dinámica contradictoria y muy dañina: por un lado están los sectores interesados en mantenerla independiente, desarrollando una actividad positiva e identificada con la gente; por el otro, se encuentran aquellos que pretenden desnaturalizarla o anular del todo su incidencia.

    La importancia de la PDDH es tal que merece la atención de toda la población, organizada o no. Es nuestra obligación promover un espacio amplio de acción, que aglutine a la mayor cantidad de personas y organizaciones, para evitar que la “clase política” cometa otra “peñatada”. Sólo mediante un esfuerzo conjunto y decidido de todas y todos se alcanzara eso; sólo así, también, será posible el logro de una buena elección. Después, junto al nuevo o nueva procuradora, debemos hacer todo lo posible para sacar la institución del lugar donde la tienen colocada las y los irresponsables que —cada semana— levantan la mano como acto reflejo, obedeciendo los dictados de su grupo o patrocinador, sin pensar en  el bien común. Si no obramos así, la figura del Ombudsman en nuestro país pasará —en el mejor de los casos— a formar parte de la mitología cuzcatleca, junto con el Justo Juez de la Noche y el Estado democrático.