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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 939
febrero 14, 2001
ISSN 0259-9864
 
 

INDICE

Editorial  Legislación y criminalidad
Política  ¿Estado de derecho o Estado de sitio?
Economía  Los desastres y el reto del desarrollo local
Sociedad  Situación de desastres y educación
Comunicaciones  La cobertura televisiva del terremto del 13 de enero
Derechos Humanos  Soy piloto aviador retirado señora jueza... (I)
Documento  Tribunal ignora obligaciones internacionales en caso jesuitas
Noticias

EDITORIAL

     Las actividades del crimen organizado han puesto en jaque a las autoridades. Estas, prácticamente se han declarado incompetentes para desarticular las redes criminales que operan en el país, mismas que extienden sus tentáculos hacia otros países centroamericanos.  Entre los crímenes cometidos por estas bandas, son los secuestros los que más dolores de cabeza están dando a las autoridades: por más anuncios que se hacen sobre la captura de presuntos plagiarios, no deja de aumentar el número de víctimas de secuestro. Las gremiales empresariales han aumentado sus presiones para que el gobierno muestre una mayor contundencia en su lucha contra quienes tienen principalmente en su mira a los empresarios y sus familias.

     Tanto desde las filas empresariales como desde las filas gubernamentales se ha proclamado a viva voz que las deficiencias en la lucha contra el crimen tienen su raíz en el marco legal vigente, excesivamente "protector" de los derechos individuales de los sospechosos. Siendo este el diagnóstico, lo que se impone es una revisión y drástica modificación de los códigos Penal y Procesal Penal, a partir de las cuales se establezca un marco legal que no obstaculice el trabajo de las autoridades, sino más bien lo contrario. A la luz de esta visión de las cosas, se ha librado una fuerte batalla por la modificación de las leyes penales y procesales, batalla en la que han aunado esfuerzos el Organo Ejecutivo y la gran empresa privada. Los esfuerzos no han sido en vano: importantes reformas legales han sido aprobadas y otras  más están a la espera de serlo. Si se ha de dar crédito al diagnóstico arriba apuntado, con nuevas leyes, ahora sí, el combate contra el crimen marchará viento en popa, pues el principal obstáculo para ello ha sido sorteado.

     Ahora bien, no está claro que la situación sean tan simple, como pretenden los adalides de las reformas a las leyes penales y procesales. Si fuera absolutamente cierto que los fracasos en el combate de la criminalidad radican en las debilidades del marco legal —en la suavidad o el "garantismo" de sus procedimientos—, sería razonable apostarle a un endurecimiento del mismo como vía de solución al problema. El asunto es que en El Salvador no puede afirmarse con absoluta certeza que los fracasos en la lucha contra el crimen provengan exclusivamente de la suavidad de las leyes. Si ello es así, no se puede esperar que su endurecimiento sea la solución buscada.  Obviamente, hay quienes prefieren ver la realidad de otra forma, a lo mejor por ignorancia o a lo mejor por intereses inconfesables, pero por ambas vías se llega a salidas equivocadas.

     En El Salvador, el fracaso en la lucha contra el crimen va más allá de las meras debilidades legales y, por consiguiente, el remedio ante ese fracaso no consistiría exclusivamente en una superación de esas debilidades. Una de las fuentes de fracaso es, sin duda, la corrupción que prevalece en las instituciones responsables del combate al crimen. Ni los tribunales ni la policía son ajenos a la venta de favores, el chantaje y al tráfico de influencias. En el caso de la policía, la situación es más grave, pues en su interior han proliferado grupos criminales, articulados con redes más amplias de narcotraficantes, secuestradores y robacarros.

    El remedio contra la corrupción más que legal es institucional, cultural y económico. Con instituciones sometidas a la discrecionalidad de los funcionarios de alto nivel, en las que predomina una cultura de la prepotencia y el abuso, y en las que los privilegios se concentran abusivamente en manos de unos pocos, no es extraño que se desarrollen prácticas corruptas. Para el caso, la situación de extrema precariedad de buena parte de las delegaciones de la Policía Nacional Civil no es lo más propicio para alentar prácticas honestas en los agentes, como tampoco lo son los bajos salarios o el maltrato institucional del que son objeto.

     Otra de las fuentes del fracaso en la lucha contra el crimen —especialmente, el organizado— es la complicidad de delincuentes de altos vuelos con importantes grupos de poder político y económico. Cuáles son los nexos específicos del crimen organizado con empresarios y políticos es algo difícil de dilucidar. Al igual que es difícil determinar quiénes son esos empresarios y esos políticos. Ello no obsta para que tenga fundamento razonable la sospecha de que el poder desplegado por el crimen organizado cuenta con el respaldo de ciertos círculos empresariales y políticos de alto nivel. De ser cierta esta sospecha, se tendría una pista para explicar los continuos fracasos de las autoridades para dar con los principales jerarcas del crimen organizado.

    En todas partes del mundo donde las mafias han extendido sus tentáculos entre las élites de poder político y económico, la lucha en su contra ha fracasado de forma estrepitosa. El Salvador no tiene porqué ser la excepción a esa regla: si los gansters son amparados por —o cuentan con nichos propios en— los círculos de poder, poco se podrá hacer para erradicar sus actividades y penalizarlos como merecen.

     Finalmente, una fuente de fracaso en el combate del crimen es la incompetencia de quienes tienen responsabilidad en ello. No se trata de una incompetencia a propósito —motivada por intereses o por presiones—, sino de la que tiene su raíz en la ignorancia o en la falta de preparación técnica. A diario, policías, fiscales y jueces dejan rastros de su falta de preparación conceptual y procedimental: en el caso de jueces y fiscales, múltiples yerros en la interpretación y aplicación de las leyes; en el caso de policías, errores y equivocaciones de todo tipo a la hora de hacer frente a las diferentes actividades criminales.

     Como se ve, el fracaso de las autoridades en el combate del crimen tiene raíces distintas de las meramente legales. Quienes abogan por un endurecimiento de las leyes como solución, deberían saber que hay realidades que las leyes por sí mismas no pueden crear o erradicar. Después de la independencia de España, en América Latina se propagó una adoración por las constituciones como generadoras de un nuevo orden social. Se creía que, tras la proclamación de una constitución republicana, la democracia política echaría raíces. Los caudillismos y caciquismos dieron al traste con esos sueños. Con todo, los constitucionalistas continuaron con sus afanes; su apuesta por leyes que crearan realidades hasta entonces inexistentes no desfalleció. Quienes en la actualidad creen que el problema del crimen en El Salvador es un problema cuya solución es fundamentalmente legal son los herederos de aquellos ilusos del pasado.
 

POLÍTICA

[Extracto]

    Para una definición, un tanto caricaturesca, se puede presentar el Estado de Derecho como el lugar por excelencia  de manifestación del imperio de la ley. No se trata de una ley antojadiza, "coyuntural" o discriminatoria; se trata más bien de cobijar a todos los sectores e individuos de una nación bajo una legislación que tome en cuenta, en una relación armoniosa, las  diferentes facetas de su vida. De acuerdo a esta idea, en un Estado de derecho no hay lugar para la improvisación o la imposición de leyes según las necesidades y demandas de grupos particulares de la sociedad. Asimismo, la participación activa de los diferentes sectores de la vida nacional en la discusión de las leyes es de una importancia insoslayable.

     Es propio de todo "Estado de sitio", en cambio, el ser propicio para la adopción de "medidas especiales", por parte de las autoridades públicas, civiles o militares,  con el objetivo de hacer frente a situaciones que consideren que la legislación ordinaria no permite enfrentar con solvencia.

[Extracto]

    A casi un mes y medio de la vigencia de la integración monetaria o dolarización, muy poco puede decirse de sus efectos positivos, pues las tasas de interés cobradas a los préstamos (o tasas activas) no han experimentado movimientos significativos. En cambio, los efectos negativos no se han hecho esperar. Casi de inmediato, los bancos redujeron en dos puntos porcentuales las tasas de interés pagadas sobre los ahorros de los depositantes, las cuales ya eran de por sí bajas. Muy probablemente las tasas de interés activo disminuirán en los próximos meses, pero de ello no se sigue que podamos sentirnos confiados acerca del futuro de nuestra economía.

[Extracto]

    El sector educativo recibió un golpe bajo por el terremoto del pasado 13 de enero. Una vez más los niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por la falta de atención a algunos centros educativos que, desde hace un buen tiempo, pedían  a gritos una mejor infraestructura. En este análisis  se pretende reflexionar en torno a la problemática educativa en el marco de la situación de desastre que vive El Salvador ¿Cómo las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) están enfrentando la emergencia en el sector educativo?  ¿Ha presentado el gremio de maestros algunas propuestas constructivas para ayudar a sus alumnos?  No cabe duda de que las decisiones precipitadas nunca resultan y, casi siempre, son inadecuadas. En este contexto, finalmente, se hace una reflexión de las consecuencias que enfrentan los padres de familia y, específicamente, sus hijos, quienes se ven amenazados a perder un año lectivo, especialmente, para aquellos que aún no forman parte del sistema educativo.

    En este artículo, se analiza brevemente  la forma en que reaccionaron ante el sismo del 13 de enero los noticieros salvadoreños, la cobertura inicial y cómo esta fue derivando hacia esquemas sensacionalistas, descriptivos o críticos.

Las imágenes de la tragedia

    Aunque es justo reconocer la notable labor informativa que hizo la radio, sobre todo la YSKL, en los primeros momentos posteriores al sismo,  los salvadoreños se percataron de la dimensión del cataclismo hasta que vieron las dramáticas imágenes en televisión.
Un terremoto es una noticia que, por sus características, es aprovechada al máximo por los informativos televisivos. Las imágenes del terremoto registradas por una cámara cumplen los requisitos que el periodista y profesor catalán Xavier Obach señala como ventajas de la imagen en el plano informativo: credibilidad (creemos lo que vemos), expresividad (la imagen es una expresión en sí misma, no necesita el lenguaje verbal) y el impacto emocional. Esta última característica es vital para la televisión porque es la que permite “conectar” las emociones de la audiencia con los hechos registrados. Es precisamente el impacto emocional de la imagen lo que aprovechan los noticieros sensacionalistas, cuya frontera con los noticieros “serios” es cada vez más difusa.

    Si recordamos el postulado de que “noticia es lo que los medios deciden que sea”, entonces la noticia estaba en los lugares donde la televisión había concentrado su atención. El resto de lugares del país pasó a un segundo plano informativo. Esto podría explicar en parte por qué esos lugares no fueron atendidos de inmediato por las brigadas de asistencia del  gobierno y otros organismos. Seguramente, repartir víveres en un sitio remoto como Santa Elena, Usulután, no tendría el mismo efecto propagandístico que hacerlo en Santa Tecla, donde se había concentrado la prensa nacional e internacional.

Cuando pasó la novedad del terremoto

    Aún con los problemas logísticos, carencia de recursos y muchas veces, de formación e información sobre estos cataclismos, los periodistas de televisión cumplieron su función pública e informaron a la comunidad de un hecho relevante que le interesaba y afectaba directamente. Pero luego dejó de ser noticia el terremoto en sí mismo. La cobertura entonces derivó en tres grandes líneas de abordaje: la descriptiva, la sensacionalista y la crítica.

La línea descriptiva

    Esta fue una continuidad de la cobertura original, pero en nuevos escenarios, en lugares devastados que no habían sido reportados antes, donde los pobladores formulaban sus peticiones y los periodistas realizaban la cobertura como que si el terremoto acababa de ocurrir.

La línea sensacionalista

    Fue abundante en información. Anteponer la frase “les advertimos que la siguiente información tiene imágenes fuertes”, ya les daba autorización a los noticieros televisivos para mostrar cadáveres mutilados, explotar sin misericordia los sentimientos de las víctimas, o el drama que les tocaba vivir en los refugios de damnificados.

    Otros se dedicaron a simplificar las cosas y buscar símbolos. Para el caso, la trágica suerte del joven músico Sergio Moreno fue exprimida desde el momento en que se supo que se encontraba con vida entre los escombros de su casa en la colonia La Colina. Cuando fue rescatado en precarias condiciones vitales, estos periodistas lo identificaron como “el símbolo de la esperanza de una nación”. Siguiendo esta lógica, cuando lamentablemente se produjo la muerte del joven, estos noticieros debían haber dicho que “había muerto la esperanza de esta nación”.

    Entonces, la dimensión de la tragedia fue inferida a partir de los sitios emblemáticos escogidos por los medios para tal fin. Y aunque no cabe duda que en algunos lugares la catástrofe era mayor que en otros, los criterios de selección son cuestionables. Por ejemplo, nadie en su sano juicio pondría en duda la relevancia e impacto que tuvo el terremoto en la colonia La Colina, en Santa Tecla, pero concentrar la atención allí permanentemente, e incluso transmitir en vivo el entierro masivo de cadáveres sin identificar en una fosa común a las 10 de la noche, es sensacionalismo en su más pura expresión.

     Toda la cobertura fue aderezada con música empalagosa y a veces deprimente para crear una atmósfera que lejos de motivar sensibilidad, llegó a la sensiblería o cursilería, lo cual acaba siendo una burla al dolor ajeno, que es explotado con morbo por la prensa amarilla. En esto, la mayoría de noticieros televisivos, especialmente los de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), se acercaron mucho más (a veces superándolo en sensacionalismo) al estilo de los programas Ocurrió Así y Primer Impacto.

     Además de amarillos, parecían haber acrecentado sus vicios de superficialidad y desconocimiento de cómo sacarle lucro a la imagen. En una ocasión, una periodista le preguntó a una niña damnificada en Santa Tecla: “¿Tenés frío?”, cuando la respuesta era obvia, porque la niña estaba apenas vestida, durmiendo casi a la intemperie y, para colmo, el país era afectado en esos momentos por un frente frío.

La línea crítica

     En general, la línea crítica fue menos frecuente en la televisión. Desde el primer momento, casi todos los medios, unos más que otros, abrieron sus espacios al servicio social de la población, transmitieron mensajes de personas que buscaban familiares o que deseaban informar que estaban a salvo. Poco a poco, conforme pasaba el tiempo y el gobierno mostraba su ineficacia en administrar y distribuir la ayuda, el descontento entre la población fue aumentando y los mensajes dejaron de ser servicios sociales para convertirse en denuncias de mala, poca o ninguna distribución de ayuda y hasta de casos de corrupción. Los espacios entonces se fueron cerrando. Esto se vio especialmente en los noticieros del consorcio lidereado por el empresario Boris Eserski. La crítica en los canales 2,4 y 6 sólo apareció esporádicamente y sobresalió ensalzada especialmente la figura del gobierno (el presidente, la primera dama, los ministros y la CONASOL).

    Pero Canal 12 mantuvo la línea crítica concentrada en la figura de su director de noticias, que estuvo al aire en maratónicas jornadas de hasta 4 horas, luego del noticiero estelar. Sin duda, este espacio sirvió como válvula de escape para el descontento de la población y hasta sirvió, aunque tardíamente, para que el gobierno redefiniera su política de distribución de ayuda y la descentralizara para que fuera más rápida y eficiente.

    El trabajo de Canal 12 generó críticas  y descontento en sectores conservadores y afines al gobierno. Los medios son muy dados a las críticas, pero al mismo tiempo son intolerantes cuando son objeto de las mismas. Esto quedó comprobado con el agrio debate, tan apasionado como estéril, entre el director de Canal 12, Mauricio Funes y el director de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano. Ambos periodistas defendieron desde sus trincheras ideológicas lo que consideran que es la objetividad y la verdad y se acusaron mutuamente de realizar un trabajo antipatriótico, uno por denunciar el presunto manejo oscuro de la ayuda y el otro por no denunciarlo. El debate, que parece no terminar, no abona en nada a la necesaria despolarización del país ni a la búsqueda de consensos para impulsar los planes de reconstrucción nacional.

    Las líneas editoriales del canal 12 y El Diario de Hoy fueron radicalmente opuestas en dos temas: el desastre de La Colina y la distribución de la ayuda para los damnificados. De allí, surgió, en parte, la polémica. Funes promovió la discusión de las responsabilidades de las constructoras y de algunas autoridades gubernamentales en el derrumbe de la Cordillera del Bálsamo. Mientras, Altamirano repitió en muchos editoriales que “la construcción de casas, o la supuesta deforestación, nada tuvieron que ver con la tragedia”.

    A esto se agregaron los debates sobre los problemas que el gobierno y la CONASOL estaban teniendo en la atención de las necesidades de los damnificados en todo el país. El ingeniero Altamirano acusó al canal 12 y al periodista Funes de estar manipulando las protestas de la gente por ayuda y éste, al sentir atacado el profesionalismo de su noticiero, quiso limpiar su propio prestigio y el de su canal. Cualquier periodista se defendería ante semejantes acusaciones y es perfectamente comprensible que Funes haya intentado limpiar su imagen y la de Hechos por todos los medios a su alcance.

    Además de Altamirano, muchos funcionarios gubernamentales y dirigentes de la empresa privada desaprobaron implícitamente la labor de la prensa crítica, atacando a quienes “le estaban buscando problemas a las soluciones”. La referencia al Canal 12 estaba clara y los ataques fueron un signo muy preocupante, una amenaza vedada a la labor de los periodistas (incluidos los corresponsales extranjeros) que cuestionaron al gobierno y a su ineficiencia para responder ante el desastre.

    El periodista Funes también fue criticado por privilegiar el ataque y la agresividad a la reacción del gobierno, cuando apenas se tomaba conciencia del cataclismo que había asolado al país. Y es que, tal como señala Sartori, “el periodista televisivo se siente revestido de una función crítica y es por tanto un adversary, constitutivamente predispuesto a morder y pinchar al poder, a mantenerlo bajo sospecha y acusación. Esta agresividad se considera en Estados Unidos como una ética profesional, aunque después, un segundo objetivo menos noble es el de “crear público” y complacerlo”
Y para complacer al público creado, sean  estos televidentes o lectores, los periodistas recurren a todo lo que esté disponible y se olvidan de la precaria frontera que separa lo serio de lo amarillo. De acuerdo al periodista español José Manuel de Pablos, “no todo cruce de opiniones distintas es una polémica”. Porque cuando la discusión deriva en ofensas, en acusaciones de dudoso fundamento o falaces, entonces la polémica ya no tiene sentido.

Las barbas en remojo

    Momentos después de ocurrido el terremoto, un experimentado periodista de televisión recurrió a la línea abierta en la radio YSKL para comunicarse con sus compañeros de un noticiero, dado que las líneas habituales estaban interrumpidas. La necesidad es la madre del ingenio. Pero no todos los periodistas tienen tanto ingenio ni entrega. Y dado que el país entero es de alta vulnerabilidad, ya que si no ocurre un terremoto, es un huracán, una inundación o una epidemia, los periodistas en general bien harían en diseñar planes de contingencia para cubrir cualquier eventualidad. Es parte de su responsabilidad con la sociedad, porque, tal como señala Obach, “a través de la pantalla la mayoría de la sociedad se informa sobre lo que sucede, se conciencia, se motiva y al final toma una postura”. Y todos esperamos que la información sea de calidad suficiente para tomar una decisión correcta.

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Colaboración de Marcos Rivera, periodista y catedrático universitario

    Los que patrocinan, realizan y se benefician de la impunidad en nuestro país han tratado de seguir tejiendo su obra, pese a la tan cacareada historia del “nuevo El Salvador”. De esa manera, continúa siendo casi imposible el que las víctimas de la injusticia encuentren una respuesta satisfactoria cuando acuden a las autoridades correspondientes. Sin embargo, cada vez se torna más evidente el manoseo del que son víctimas las instituciones del sector justicia. Asimismo, es mayor y más notable el desesperado esfuerzo que realizan quienes se quieren mantener al margen de la ley sin recibir castigo; esto último los lleva a equivocarse constantemente y en público. Sin duda, es necesario aprovechar estas circunstancias para generar opiniones críticas y participación ciudadanía ante tales atropellos. En la medida que lo vayamos consiguiendo, será posible alcanzar un sueño: vivir en un país normal, la justicia se imponga sin distingos de ningún tipo y las víctimas sean tratadas con compasión al repararles el daño del que han sido objeto. Pero mientras tanto, insistimos, la resistencia de los protegidos de la impunidad sigue siendo grande.

     En ese marco, conviene hacer alusión al accidentado intento por impulsar una investigación para determinar quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, cuyos inicios se remontan más allá de los once años. Pero no vamos a ir tan atrás; centremos nuestra atención en la denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República en marzo de 1999. Desde un principio se detectó la falta de voluntad del titular para cumplir su mandato constitucional en un caso como éste. Sin lugar a dudas, desde el primer momento, la camiseta le quedó bastante grande a Belisario Artiga y sus actuaciones posteriores así lo confirmaron.

     Los vaivenes del caso —negativas de la entidad fiscal, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, intercambio de palabras entre las partes involucradas, aparentes iniciativas y luego sendas retractaciones de Artiga para llevar adelante la investigación, declaraciones anticipadas y tendenciosas de su principal asesor (quien al calor de los acontecimientos proclamaba a los cuatro vientos su amistad íntima con uno de los imputados)? corroboraban lo que ya era un secreto a voces: “el caso jesuitas no pasa”. Pero, además, semejantes hechos retrataban en su expresión más vulgar a los típicos funcionarios de la administración de justicia salvadoreña que, hoy por hoy, sólo producen vergüenza y desesperanza.

     De todos modos y pese a las fuertes resistencias de algunos sectores, el caso llegó a sede judicial, pero —como era de esperarse— la Fiscalía presentó un requerimiento defectuoso, apegado más a criterios políticos que jurídicos y desnaturalizando su principal función de dirigir la investigación del delito: se negó a buscar elementos para el esclarecimiento de los hechos y solicitó a una funcionaria judicial que exonerara a los acusados de los cargos que se les imputaban.

     A consecuencia de tan burdo requerimiento fiscal, el tribunal que recibió la petición tuvo que ordenar la celebración de la audiencia inicial. Ante tales acontecimientos, las víctimas nombraron un representante para que participara como querellante en la audiencia en aras de evitar —de esa manera— que defensa y acusación estatal en equipo sólo hicieran acto formal de presencia para montar una farsa: en medio de alabanzas mutuas y debates vacíos, mantener este caso en la impunidad.

     La audiencia inicial es el primer paso procesal que debe sortearse en un proceso penal y en ella, sin duda, la Fiscalía tiene un gran poder e influencia pues con base a sus argumentos y peticiones el juez tiene que pronunciarse. Resulta interesante en este caso, pues, que se haga una reseña de lo que ocurrió durante la referida audiencia de este controversial caso que —sin temor a equivocarnos— refleja lo que deben enfrentar todas las personas que han sufrido vejaciones en su vida, dignidad o integridad por parte de los considerados poderosos e intocables de El Salvador.

     Las condiciones físicas de la pequeña sala donde se realizó, estaban definidas: al centro del lugar y presidiendo la audiencia, Su Señoría, la honorable jueza tercero de paz; a su derecha —¿pura coincidencia o mensaje subliminal?— los defensores de los imputados en dos filas y entre ellos ?en la de atrás, al centro? imponente, el único de los acusados que tuvo el valor ?¿o el cinismo?? de acudir a la diligencia; finalmente, a la izquierda, sentados a la par los personeros de la Fiscalía y la querella.
 Esta última posición se asigna por costumbre, ya que casi siempre la parte fiscal y la querellante coinciden en sus pretensiones; sin embargo, en esta ocasión la situación era bastante incómoda: la Fiscalía no sólo estaba representada por un funcionario de dudosa capacidad, sino que además estaba de acuerdo con la defensa en no procesar a los imputados; en cambio, la querella –que equivaldría a la acusación particular, en el Código Procesal Penal anterior? reclamaba con sólidos argumentos legales el inicio del proceso para llegar a juicio.

     La audiencia comenzó con la introducción de rigor: la jueza, queriendo demostrar seguridad, leyó con tono firme el objeto de aquella reunión oficial; sin embargo, resultaba evidente que el sonido de sus palabras era diferente cuando mencionaba el nombre de los imputados y de los fallecidos. No era para menos; sin duda, jamás se imaginó esta funcionaria que un día tendría en sus manos el caso en el cual se involucraría al ex Presidente más poderoso de la República y al temido ex Alto Mando militar durante la guerra, acusados todos de  masacrar a seis sacerdotes reconocidos por su alta capacidad intelectual y dos humildes mujeres que representan, de manera emblemática, la sangre de muchas y muchos  salvadoreños víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

     La funcionaria judicial sabía que era un caso de gran trascendencia nacional e internacional; sabía, además, que en ese marco tenía que hacer todo lo posible para que la audiencia no se le escapara de las manos, sobre todo al tener sobre sí –por razones lógicas derivadas de lo anterior? los ojos de la opinión pública debido a la amplia cobertura que a este caso le estaban dando los medios de difusión masiva, desde cuando iniciaron las desacertadas actuaciones de la Fiscalía bajo la dirección de Belisario Artiga. Tratando de mostrar indiferencia, entre otras cosas, la jueza preguntó: “¿Va a declarar el imputado?”, refiriéndose al único presente. La respuesta al unísono de dos defensores fue: “¡No!”.

     De todas maneras, los procedimientos establecen un interrogatorio mínimo para los imputados presentes a fin de identificarlos correctamente en el juicio. Sin duda que el acusado –acostumbrado al poder y a los privilegios de antaño, propios de su cargo? no se imaginaba tener que verse en la obligación de contestar dichas preguntas rutinarias, ya que fue obvio lo incómodo que le resulto este trámite. “¿Su nombre, por favor? ¿Estado civil? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuánto gana al mes? ¿Adónde vive? ¿Cómo se llama su esposa?” y otras muchas preguntas que no parecían llegar a su fin.  En ese momento, tal vez pensó en las veces que hizo u ordenó hacer este tipo de preguntas a sus adversarios; sobre todo, si esta civilizada forma de indagar sobre la vida de un sospechoso de asesinato no se parecía en nada a las que utilizó directa o indirectamente para obtener información de “delincuentes-terroristas”, como eran conocidas determinadas personas dentro de los cuarteles militares y de “seguridad pública” en aquellos años.

     La verdad exacta sobre estas elucubraciones alrededor de tan superficial cuestionario realizado en sede judicial, sólo él las puede saber; lo cierto es que cuando fue preguntado sobre su profesión u oficio, causó sorpresa al no hacer mención de sus cargos y grados militares. Ciertamente, con su orgullo herido y como queriendo desviar el dedo acusador que en este caso pende sobre la institución castrense, dijo lacónicamente: “Soy piloto aviador retirado, señora jueza”.

     A la hora de los debates, inició –como siempre? la Fiscalía; en este caso, tratando de justificar su torcida y extraña petición: que se exonerara a los imputados de los crímenes que se les adjudicaban. Una exposición burda y sin fundamento, que sólo provocaba el  ansia de la defensa y la querella  para intervenir. Bostezos y risas reprimidas de los presentes adornaron la patética exposición del fiscal asignado al caso, que dicho sea de paso, nunca levantó su mirada al momento de exponer su alegato. Una especie de confusión y sobresalto se generó cuando ?¿sin quererlo?? el representante del Ministerio Público expresó: “Si ya sabemos que ellos fueron, pero el delito está amnistiado y ya prescribió”.

     Lo dijo, quizás, sin pensar en el trascendente significado de lo que esa frase representaba. En el fondo, tal vez, había dicho lo que él quería decir acompañado de lo que le habían dicho que dijera. La reacción del imputado que se apersonó a la audiencia no se hizo esperar y una expresión casi inaudible forzó a que los asistentes trataran de leerle los labios, quienes descifraron esas palabras que dirigió contra el fiscal y que —por razones obvias— no se pueden trasladar por este medio al conocimiento del público.

     Finalizada la pobre intervención del funcionario de la Fiscalía, iba a comenzar el verdadero debate. “He decidido admitir la querella presentada. Daré una copia de los poderes y del escrito del querellante a la defensa para que emitan las observaciones pertinentes”, fueron las palabras que pronunció la juzgadora. Como era de esperarse, los defensores alegaron las mil y una anomalías para tratar de impedir que el querellante participara en la audiencia: que una firma no se parecía a otra, que no se podía otorgar a un clérigo un poder (pese a que si bien es cierto que originalmente el poder se le dio a un sacerdote, éste lo sustituyó en legal forma para que un abogado interviniera), que faltaba una tilde y tantas otras banalidades. Al final, la jueza desechó todas y cada una de las objeciones de la defensa; así pues, pese a la insistencia de numerosos abogados de los imputados por tratar de cambiar el fallo, la audiencia continuó con el otorgamiento de la palabra al querellante.
 

    Amnistía Internacional deplora la decisión del Tribunal de Segunda Instancia de San Salvador que deja en la impunidad la ejecución extrajudicial en 1989 de seis sacerdotes Jesuitas, su asistente doméstica y la hija de ésta última.

    “Los crímenes contra la humanidad no prescriben de acuerdo a los instrumentos y leyes internacionales que las autoridades de El Salvador, incluyendo aquellas del poder judicial, deben respetar,” afirma Amnistía Internacional. “No cabe duda de que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en El Salvador durante el período 1980 y 1991, como las del presente caso, constituyen crímenes contra la humanidad,” añadió la organización.

    Mediante sentencia emitida el 31 de enero de 2001, el referido tribunal exonera a los autores intelectuales de las ejecuciones, quienes ocupaban altos cargos civiles y militares al momento de aquellas. Con esta decisión, se pretende poner fin a los esfuerzos judiciales de la Orden Jesuita, iniciados en marzo del 2000, después de que las autoridades se negaran a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última concluyó, en noviembre de 1999, que el Estado Salvadoreño había violado, entre otros, el derecho a la vida y no había cumplido con su obligación de investigar, identificar y castigar a los responsables de este crimen.

    Las recomendaciones de la Comisión Interamericana propusieron, por consiguiente, tanto el inicio de las investigaciones como la identificación y castigo de los autores materiales e intelectuales del delito. Lejos de ello, en diciembre del 2000, la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado de Paz de San Salvador el sobreseimiento definitivo del caso, aduciendo prescripción “...porque habían pasado más de diez años del crimen...”. El Juzgado resolvió admitiendo la prescripción, aunque señaló también que la Ley de Amnistía de 1993 no cubría a los acusados; no obstante, la impunidad para éstos se ha mantenido.

    “El poder judicial debe tener en cuenta las obligaciones internacionales de El Salvador en su quehacer general. Dichas obligaciones deben prevalecer al examinar cualquier apelación a la última decisión emitida, a fin de que casos de este tipo se puedan resolver dentro del país,” concluyó Amnistía Internacional.
 

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REFORMAS. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el 08.02 un paquete de reformas propuestas por el presidente Francisco Flores a través del Ministro de Seguridad Pública. Con el aval parlamentario se reformaron algunos artículos de los códigos Penal y Procesal Penal. Tras las enmiendas al primero se crearon los delitos de proposición y conspiración para privación de libertad, crimen organizado y daños a la confianza pública, entre otros. Asimismo, con las reformas al Código Procesal Penal no podrán conciliarse delitos cometidos por reincidentes, habituales o delitos dolosos; al mismo tiempo, se estipula que el crimen organizado será juzgado por jueces de cabeceras departamentales. Los diputados también discutieron reformas a la Ley de Transporte Terrestre y a la Ley de Electricidad y Comunicaciones. Las reacciones de los políticos fueron diversas. El diputado René Figueroa, jefe de fracción de ARENA, consideró que “los honrados nos vamos a defender de los delincuentes”, tras la aprobación de las enmiendas. Por otro lado, Jorge Villacorta, del CDU, tuvo una postura más prudente: “en la gran mayoría estamos de acuerdo, pero algunos artículos pueden generar violación al estado de derecho”, concluyó. Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel Melgar, arremetió contra el partido oficial. “ARENA: 12 años de gobierno y no supo hacerle frente a la situación delincuencial” (LPG, 09.02.01, p.4 y 5; EDH, 09.02.01, p.2 y 3).

TERREMOTO. Un nuevo terremoto sacudió a El Salvador, el pasado 13.02 con 6.6 grados de magnitud en la escala de Richter, cuyo epicentro fue localizado en Santiago Nonualco, departamento de La Paz. A un mes de haber vivido el terremoto del pasado 13.01, la angustia, el luto y el dolor se percibe en los rostros de los salvadoreños. No es para menos, los departamentos de San Vicente, Cuscatlán y La Paz fueron ahora los más afectados. Las casas han quedado, totalmente, en el suelo, las pérdidas humanas crecen cada día sin distinción de edad. En el kínder de Candelaria de Cuscatlán, un grupo de niños y niñas y su maestra murió al desplomarse el viejo inmueble. Hay miles y miles de damnificados, el panorama es bastante incierto, encima del dolor que los embarga, aún les quedan un poco de fuerza para seguir luchando por sobrevivir de esta mala experiencia que solo ha dejado resignación en la vida de los salvadoreños. Las necesidades son muchas para los departamentos y municipios que sufrieron el desastre, solo falta conocer que estrategias serán utilizadas para ayudar, inmediatamente, a nuestra gente. De tal modo, que el gobierno ya tuvo una primera experiencia con el anterior terremoto, solo falta esperar que hoy no vuelvan a cometer el mismo error de centralizar la ayuda para los damnificados. "La vez pasada tuvimos un tropiezo. Quisimos tener nuestras líneas de suministros en las bodegas de la Feria Internacional. Hoy no vamos a cometer ese error",  estas fueron las palabras del Presidente Flores ante la nueva emergencia que vivimos en el país. (EDH, 14.02.01, p.3 y 6; LPG, 14.02.01,  p. 3 y 4).

RECHAZO. “El único consenso que necesita el plan es la voz de los damnificados”, expresó el presidente Francisco Flores, tras la petición que le hiciera el FMLN de participar en la elaboración del plan de reconstrucción que se presentará en el Grupo Consultivo de Madrid el próximo mes. Los efemelenistas, a través del coordinador Fabio Castillo, incluso ofrecieron a Flores acompañarlo a Madrid y trabajar bajo la dirección gubernamental. Sin embargo, el rechazo del mandatario fue categórico. “Estas no son negociaciones políticas que deben convertirse en estira y empujes en la clase política”, sentenció Flores. Siguiendo el argumento presidencial, la exclusión se extiende hacia todas las fuerzas políticas del país. Las fracciones del FMLN, PCN, PDC, CDU, PAN e incluso de ARENA no han sido tomadas en cuenta. “Si el gobierno nos pide que participemos lo vamos a hacer con gusto. Si nos ignora, igual”, razonó el legislador pedecista, Agustín Díaz. Por su parte, el diputado del PCN, Francisco Merino, justificó la decisión del presidente Flores: “no tiene por qué pedirnos el consenso… es a los alcaldes, que conocen las necesidades” declaró. El FMLN lamentó la postura gubernamental y prepara por sus medios una delegación que los representará en el Grupo Consultivo de Madrid. “Nosotros vamos a participar…tenemos gran responsabilidad en la Asamblea y alcaldías”, concluyó el jefe de la bancada efemelenista, Salvador Sánchez Cerén (LPG, 13.02.01, p.8; 15.02.01, p.37).

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