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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 940
febrero 21, 2001
ISSN 0259-9864
 

ÍNDICE

Editorial  Nueva crisis de la idea de progreso
Política  Libertad de prensa en la actual situación de crisis
Economía  Los terremotos de enero y febrero: implicaciones económicas
Comunicaciones  La prensa escrita y el TLC con México
Comentario  ¿Líder? Por favor...
Derechos Humanos  Soy piloto retirado, señora jueza...(II)
 

EDITORIAL

    Es frecuente escuchar que El Salvador progresa siempre con independencia de lo que se haga o se deje de hacer. La idea de progreso indefinido y autónomo es una de las características del discurso de la clase dominante salvadoreña desde hace más de un siglo. El progreso tendría una fuerza no sólo inagotable, sino que, además, sería imparable. Así, El Salvador estaría progresando desde finales del siglo diecinueve, aunque con algunos obstáculos, los cuales habrían sido superados gracias a las virtualidades del progreso mismo. Estos obstáculos habrían sido la depresión de 1930 y el alzamiento rural de 1932, la crisis del petróleo de comienzos de la década de 1970 y la guerra civil de la década de 1980, incluida la alianza del ejército con la Democracia Cristiana y sus reformas. A esta lista hay que agregar ahora los terremotos.

    Esta idea de progreso de la clase dominante salvadoreña surgió en el contexto de la racionalización de la producción cafetalera, la cual luego se extendió a otros cultivos de agroexportación y a los primeros intentos de industrialización, al amparo del mercado común centroamericano. La elevada productividad y rentabilidad del café hizo creer a quienes lo explotaban que el progreso estaba asegurado. Pero cuando estaban a punto de conseguir su sueño, cayeron las reformas de la Democracia Cristiana y luego la guerra civil. Cristiani fue el encargado de encarrilar de nuevo el progreso con sus reformas de ajuste estructural, el mercado libre, las privatizaciones y la exaltación de la individualidad. Así, el progreso volvió a dominar el discurso, esta vez de la mano del neoliberalismo.

    Los terremotos se han encargado de exponer la verdad de este progreso, es decir, que sólo progresa la ciudad y no el campo, y en la ciudad sólo lo hace aquella porción que goza del ingreso más alto. Se equivocan quienes sostienen que la polarización es prioritariamente política. Antes que la polarización política está la económica y social. La otra es sólo una consecuencia de ésta. Hasta ahora, la contradicción implícita en este progreso, que, en lugar de ampliarse para incluir a más sectores sociales, se vuelve cada vez más exclusivo y excluyente, que mientras alaba las virtudes de la población salvadoreña, la explota de forma despiadada, se ha podido mantener con la ayuda del ejército, la guerra, la propaganda y una buena dosis de aguante y buena voluntad por parte de la población. Pero las circunstancias actuales con sus desafíos ensombrecen el futuro de esta ideología del progreso y las virtudes innatas de la población para el trabajo, la paciencia y la pobreza. Esta concepción no sólo es desafiada por los millones de damnificados, sino también por una economía entrampada, que sigue confiando ciegamente en el mercado libre y en su correspondiente expresión política autoritaria y represiva.

    Esta ideología del progreso exige silencio y olvido. Todo aquello que la cuestiona o contradice es desechado como cosa de poca monta, o motivado por resentimientos o ambiciones ilegítimas o, en último término, por fuerzas extrañas que perturban la felicidad y la prosperidad salvadoreñas. Por eso, la masacre de 1932 fue erradicada de las fuentes escritas del país. Sólo se habla de ella por necesidad y por lo general de manera distorsionada. La crisis de la década de 1970, que desembocó en la guerra civil en la década siguiente, también es tergiversada de tal manera que, aunque se reconoce su existencia, se le resta importancia y se intentan olvidar sus crueldades y asesinatos. El desafío que los terremotos plantean al modelo económico y social neoliberal muestra el mismo patrón. Sus responsables piden solidaridad y reclaman unidad nacional, pero siempre y cuando no se cuestione aquello que, en último término, mantiene a la mayor parte de la población salvadoreña expuesta a riesgos permanentes.

    El silencio y el olvido no son sólo un recurso, sino parte de una necesidad. El progreso en el que tanto cree la clase dominante salvadoreña ha dejado por el camino a varias decenas de miles de campesinos asesinados en 1932. En las décadas de 1970 y 1980, de nuevo tuvo que asesinar masivamente, primero a través de la represión estatal y luego a través de los escuadrones de la muerte. A comienzos de la década de 1980, los grandes cafetaleros hablaban abiertamente de que la solución para los problemas del país era asesinar a cien mil salvadoreños. No ofrecían más respuesta que la de 1932, pero magnificada. Aunque no se alcanzó esa cantidad, se estuvo cerca; pero, en la actualidad, se niegan a recordar y a pedir responsabilidades. Las muertes son minimizadas como un simple accidente de la guerra civil. Pedir responsabilidades llevaría a descubrir la criminalidad del sistema. Mientras tanto, éste sigue operando a costa del bienestar de millones de salvadoreños, quienes se ven obligados a huir al extranjero o a resignarse a vivir en pobreza e incluso miseria, tal como lo evidencian los terremotos. El silencio y el olvido son así elementales para ocultar las duras realidades de la vida salvadoreña. Por eso, ahora se enfatiza la colaboración y se pide no buscar responsables, porque la naturaleza sería la única responsable.

    La otra cara del silencio y del olvido es la insistencia en los avances del progreso, los cuales son magnificados, y en promesas de futuros prósperos, pero igualmente imprecisos y lejanos. Otra forma de ocultar la realidad consiste en levantar una fachada de prosperidad y bienestar, porque sólo unos pocos se benefician de ellas en la actualidad, mientras que a los demás se les pide mirar hacia delante para no fijarse en la vida en la cual se encuentran inmersos. Los pequeños logros del progreso y la certeza en un futuro promisorio vago contribuyen a suprimir las aristas de las contradicciones. Nada de esto se debe a falta de información. Hasta los más convencidos de la ideología del progreso conocen sus contradicciones, pero aquélla les ayuda a seguir viviendo con ellas y a continuar ocultándolas a la sociedad. Por eso, los peores enemigos de esta construcción ideológica son la información veraz y la crítica. Ellas descubren lo que hay de abstracción en el progreso neoliberal.

    Es dudoso que el engaño pueda mantenerse por mucho tiempo más. El sistema político está dando muestra de rigidez peligrosa. Cada vez satisface menos las demandas básicas de la población. Sus dirigentes carecen de ideas nuevas para responder a unas demandas que, aunque no son nuevas, sí se presentan con mayor fuerza y urgencia. La reacción natural de la población es la indiferencia y la hostilidad hacia el orden establecido y la pérdida de confianza en el progreso. Si esta grave contradicción no comienza a resolverse pronto, El Salvador podría entrar en una nueva crisis social, la cual, por otro lado, pudiera ser evitada si pronto se introdujeran cambios sociales radicales. La antigua idea de progreso está demasiada desgastada y desacreditada por la realidad como para impulsar un nuevo estadio sin cambios estructurales.

[EXTRACTO]

    Se ha analizado en varias ocasiones la calidad de las respuestas de las instituciones nacionales a los efectos de los terremotos que han asolado el país en los dos primeros meses del año. Las voces de descontento se han escuchado en todas partes, pese a que los resultados de una reciente encuesta de opinión pública parecieran  apuntar a que los salvadoreños, en su mayoría, están satisfechos con el manejo gubernamental de la crisis. Habría que esperar otras consultas de opinión ciudadana para hacerse una mejor idea del sentir de la población, puesto que el resultado de la última consulta de la CID-Gallup parece ir a contracorriente del malestar social prevaleciente. Como quiera que sea, en las líneas que siguen se propone un acercamiento a la capacidad del equipo gubernamental para asimilar las críticas y opiniones divergentes que han emitido diferentes sectores de la vida nacional sobre la manera como se debe enfrentar la crisis actual.
 
 

[EXTRACTO]
 

    A pocas horas de que se cumpliera un mes del terremoto del 13 de enero de 2001, un nuevo sismo sacudió la zona paracentral, provocando la muerte de 305 personas, lesiones en otras 3,000 y destrucción total de más de 36,600 viviendas. Este desastre ha venido a sumarse a los inmensos daños provocados por el primer terremoto, especialmente porque afectó zonas que habían resultado con pocos daños relativos en aquella oportunidad.  Las zonas más afectadas por el segundo terremoto se ubican en los departamentos de La Paz, San Vicente y Cuscatlán.
Por el momento, el gobierno estima que las pérdidas acumuladas por ambos terremotos estarían cercanas a los 3 mil millones de dólares, equivalentes a cerca de un 22% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2001. Sin lugar a Los terremotos de enero y febrero: implicaciones económicas

    Por el momento, el gobierno estima que las pérdidas acumuladas por ambos terremotos estarían cercanas a los 3 mil millones de dólares, equivalentes a cerca de un 22% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2001.

COMUNICACIONES

     Diez años atrás, El Salvador no conocía la existencia del periodismo económico. Los medios de prensa, absorbidos por la demanda de información sobre la posguerra y la delincuencia descuidaron temas tan importantes como los relacionados con la economía y su evolución. Con el tiempo, la realidad del país exigió de los reporteros, entre otras,  dos cosas: especialización para explicar asuntos relacionados con el poder económico y grandes dosis de astucia para sortear las presiones de los poderosos anunciantes. Unos periodistas (muy pocos, ciertamente) han logrado satisfacer esas exigencias. Otros (la mayoría) han optado por las vías fáciles e informan de los embrollos de la economía con mucha superficialidad.

    Es innegable que los medios de prensa salvadoreños han superado muchos de los problemas en la cobertura de esta materia, especialmente en la prensa escrita, que ha delimitado secciones específicas para ello. Las deficiencias, sin embargo, pueden verse, leerse y oírse todos los días en los medios noticiosos. Recientemente, un presentador de noticias de televisión (que dice ser periodista) atribuyó a la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) la función de informar sobre las redes de distribución de energía. Este periodista obviamente no se entera de que la CEL ya no regula lo concerniente a distribución de electricidad, porque este sector ya ha sido privatizado. La CEL únicamente controla las plantas de generación eléctrica, también en vías de privatización. Este es sólo un ejemplo que revela las inexactitudes que sobran en la prensa.

     Este artículo se propone analizar un tema económico concreto: el Tratado de Libre Comercio (TLC) de México con los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Veremos aquí qué dijeron La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la semana en que la Asamblea Legislativa ratificó dicho acuerdo comercial (5-11 de diciembre de 2000). Trataremos de evaluar el valor de la información difundida en estos días, las omisiones que quedaron para el archivo personal de los periodistas (ya sea por negligencia o por mandato de sus jefes), así como el nivel de análisis que alcanzaron ambos matutinos.

     Detengámonos primero en la información que difundieron los dos periódicos en el período analizado. Para empezar, existe una sospecha inicial: ¿habrán leído los periodistas al menos buena parte del texto del TLC? Queda la duda. Expertos en economía y algunos diputados del Congreso se quejaron de no haber tenido suficiente tiempo para leer los miles de páginas de que constaba el texto final del acuerdo. La cobertura periodística, por tanto, seguramente se limitó a informar sobre lo que interesaba a ciertas fuentes, tales como las gremiales de la empresa privada. En este sentido, no fue ninguna casualidad que los dos matutinos incluyeran el 7 de diciembre (día de la ratificación del tratado) sendos elogios que magnificaban los beneficios que traería el acuerdo comercial. Aparecían dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Coexport y de la Cámara de Comercio renovando su apoyo al TLC.

     Dice un manual de reporterismo del diario español El País y la Universidad Autónoma de Madrid que “la información económica fue durante muchos años una sucesión de historias contadas por empresarios o finacieros. Ellos hablaban y los periodistas económicos transcribían sus opiniones. Los medios informativos hoy piden algo más”. A continuación se aconseja a los reporteros hablar con los competidores, con fuentes independientes, con expertos imparciales; contrastar cada opinión y comprobar lo que oye. Hay muy poco esfuerzo en esta línea en los periódicos salvadoreños. Sólo La Prensa Gráfica incluyó en esta semana de TLC fuentes que podrían considerarse con cierto nivel de independencia: la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Estudio y la Aplicación del Derecho (FESPAD). A pesar de sus sesgos (todos los tienen), ambas organizaciones han demostrado cierto grado de especialización en temas económicos y legales, respectivamente. Por tanto, sus opiniones no eran despreciables en el tema del TLC.

     Con sus propias especificidades, ambos periódicos reflejaron en sus páginas la polémica que surgió entre los diputados por la ratificación de este acuerdo comercial con México. Hicieron cálculos de los votos con que se aprobaría el dictamen; publicaron los pros (desde el punto de vista de los diputados de ARENA y el Ministerio de Economía) y los contras (desde el ojo de la oposición, especialmente del FMLN). Analizando el tipo de fuentes consultadas, por tanto, se observa que tanto La Prensa Gráfica como El Diario de Hoy carecieron de una agenda propia en la cobertura de este tema. Se notó muy poco esfuerzo por explicar la trascendencia del TLC en la economía local y sí sobró información que simplemente era rebote de las fuentes, a pesar de que ya se sabe que “a nadie le gusta tirar piedras contra su propio tejado”.

     En los periódicos, se repitió muchas veces el hecho de que miles de productos del Triángulo Norte entrarían en México con arancel cero, pero no se dijo cuáles eran los rubros que seguirían protegidos en cada país y por qué se les daba ese privilegio. En el caso de El Salvador, al parecer, se justifica que queden excluidos del TLC los productos agropecuarios, pero no queda muy claro por qué quedan protegidas ciertas industrias con evidentes prácticas oligopólicas: la cerveza, las líneas aéreas y los autos livianos, entre otros. Detrás de estas empresas, hay importantes personajes de influyentes círculos políticos y económicos (Murray Meza, Borgo Bustamante y Poma). Ninguno de los dos matutinos se atrevió a dar explicaciones a este respecto.

     El manual de reporterismo arriba mencionado dice también que un periodista no debe conformarse en contar lo que pasa, pues “la gente necesita saber por qué, qué significa, cuáles son las consecuencias”. La Prensa Gráfica buscó cifras y estadísticas que  ilustraran el volumen del comercio entre México y los países del Triángulo Norte. Las cifras presentadas, la lista de bienes, los porcentajes y las exportaciones eran un buen aderezo para la explicación, pero se quedaron cortas porque faltó interpretación. Se hacía mención de la mejora que implicaría el TLC en comparación con el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) y no se explicaba qué era este último. En una noticia del 7 de diciembre, un periodista de La Prensa Gráfica recogió las declaraciones de un dirigente de la ANEP, quien opinaba que “el tratado no tiene todos los elementos para favorecer a todos los sectores”. Normalmente, se hubiera esperado que el periodista repreguntara o indagara sobre esos “sectores no beneficiados”. La repregunta y la indagación no aparecieron.

     Ninguno de los periódicos mencionó ni profundizó en la casi inexistente competitividad de la región centroamericana en comparación con México. Tampoco se analizaron las medidas internas que países como El Salvador deberían adoptar para prevenir un impacto negativo en la producción y el empleo nacional. Una corta búsqueda por Internet les habría dado abundantes insumos a los periodistas para ilustrar mejor el tema del TLC. Instituciones como FUNDE también cuentan con profesionales conocedores de este asunto y con documentos que seguramente habrían sido valiosos e iluminadores en una investigación seria.

     Las deficiencias de la cobertura periodística en las secciones económicas de la prensa escrita, según se ha visto, son grandes y obedecen a varias causas. Puede observarse, para comenzar, la necesidad de que los periodistas aprendan más sobre el funcionamiento de la economía nacional y todo lo que se le relaciona. Mientras más familiarizados estén con los términos económicos de uso común y mientras más conozcan del funcionamiento de las leyes del mercado, serán más competentes para trasladar a la población noticias de su interés. En esto no sólo influye la preparación del reportero, sino también la voluntad de los editores y jefes para permitir que se hagan investigaciones en plazos razonables. Lastimosamente, raras veces se le asigna tiempo suficiente a las investigaciones; pesan más el afán de las primicias y de rellenar con “noticias” el espacio que dejan disponible las agencias de publicidad.

     En el ámbito económico, además de las deficiencias profesionales y de las presiones internas en los medios, los periodistas también enfrentan un choque mayor con sectores influyentes, que detienen cualquier historia que afecte la rentabilidad de sus empresas. La investigación periodística, entonces, se convierte en algo mucho más difícil de ejercer. Abundan los ejemplos de noticias y reportajes que nunca han salido al aire y que sirven únicamente de tema de conversación en las terturlias ocasionales entre colegas (¿Cuándo se ha visto un reportaje que cuestione las prácticas oligopólicas de los Eserski en la industria televisiva, o de los Murray Meza, en la industria cervecera?). Conviene, de cualquier manera, recordarles a los periodistas que en el mundo económico, como en cualquier otra área, es importante tener en cuenta cuáles son los intereses del entrevistado para evitar, en lo posible, cualquier información parcial, tendenciosa, o para no dejarse utilizar, como aconsejan los expertos.
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Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

    Los líderes son aquellas personas que ejercen comparativamente una gran influencia en todas las opciones importantes que afectan a la vida de la comunidad o nación. Suele distinguirse entre líder y director: el director es quien dirige a un grupo en virtud de su posición solamente. El líder dirige al grupo en virtud de la cooperación voluntaria de los miembros del colectivo. Cabe también distinguir entre líder psicológico o informal, sin poderes reglamentados pero con influencia real más o menos efímera, y líder institucional, revestido de un estatus formal de representación de la población.

     El Presidente de la República ejerce o debería ejercer un liderazgo de tipo institucional. Su presencia debe agigantarse sobre todo ante situaciones de desastre. Es allí en donde puede medirse con exactitud el grado de aceptación que tiene entre la población y si tiene el temple necesario para dirigir un país. El Presidente debe ser, en momentos como los que vive un país como El Salvador, el individuo más atento, más activo, más prestigiado, el mejor informado. Aunque no basta con ser mejor informado, parte de su prestigio proviene de allí y de cómo maneja la información ante la opinión pública, controlando rumores, transmitiendo seguridad, identificándose con la ciudadanía.

     En situaciones de emergencia nacional, como la que tenemos en el país, después de sendos terremotos, el presidente debe ejercer un liderazgo firme y eficiente. Es él quien encarna la presión de los ciudadanos; representa o simboliza los valores colectivos de la comunidad. Por lo anterior, él también es presionado por los valores que definen a la población. El presidente es quien debe buscar mantener relaciones empáticas con las personas, cualquiera sea su denominación política, hayan estado de acuerdo o no con su elección. Debe hacer sentir que entiende las necesidades, que comparte los problemas, que se sensibiliza ante la dimensión humana de lo sucedido. No es que deba actuar como un superhombre. Simplemente, debe ser un ciudadano más, golpeado por la situación de desastre; alguien que con sus actitudes, gestos y decisiones transmite a la población solidaridad y anima a seguir adelante.

     ¿El presidente Flores se ha comportado como un verdadero líder, como un estadista como le gusta llamarse, como un jefe de estado capaz? Seguramente, más de alguno, al ir leyendo las líneas anteriores, ha contestado ya con un claro “no” a la pregunta. Hay muchos signos y actitudes que delatan los fallos del señor presidente. Muchos. Analicemos brevemente algunos de ellos.

     1. El sábado 13 de enero la población asistía, gracias a un Canal de televisión privado, a la primera aparición pública del presidente horas después del terremoto. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde. Llegó en helicóptero, con vestimenta informal, acompañado de su esposa (a quien en ningún momento le soltó la mano durante todo el recorrido) y de otros funcionarios.

     Al verlo, la gente, en un primer momento, reaccionó de forma positiva. Pero, inmediatamente, los pobladores notaron que llegaba con las manos vacías, sin herramientas para excavar (las personas tenían más de tres horas de estar moviendo tierra con las manos y con los pocos instrumentos que los mismos vecinos les prestaron) y sin personas que ayudaran a remover escombros. Nada ni nadie. Parecía que llegaba como un curioso más, a “constatar los hechos” para luego tomar medidas. Increíble, pero cierto.

     La reacción de las personas no se hizo esperar. Pese a la edición y a la supresión del audio que el medio televisivo hizo de las imágenes, era obvia la molestia (en algunos casos ira) y decepción de la gente. Varios le gritaron “necesitamos palas, piochas, lo que sea para excavar”, y más de alguno le reclamó en forma bastante airada, acusándolo incluso de la tragedia acaecida en el lugar, por autorizar la deforestación de la Cordillera  del Bálsamo.

     Más tarde el presidente se escudaría y justificaría su actitud afirmando que no se podía llevar soldados para que ayudaran a excavar por el peligro que eso significaba para personas que posiblemente aún se encontraban con vida bajo la tierra. Pero a las pocas horas no tuvo ningún reparo en llevar maquinaria pesada —como excavadoras mecánicas— que, como es obvio, terminó con la esperanza de encontrar cualquier sobreviviente. Los rescatistas de México y España contemplaron absortos y asombrados la decisión presidencial, y no les quedó más remedio que marcharse.

     2. Las conferencias de prensa ofrecidas en los días siguientes estuvieron plagadas de información deficiente y poco rigurosa. Por si fuera poco, periodistas nacionales e internacionales, Iglesia y población en general se dieron cuenta de la ineficacia con  que se enfrentaba la situación: creación de una estructura paralela al COEN, la CONASOL, que burocratizó y le restó rapidez de acción a la ayuda que necesitaban miles y miles de damnificados; conferencias de prensa mal organizadas y mal llevadas (recordemos que en una de ellas, Fermina Cárdenas, de la secretaría de información de la presidencia, calló abrupta y prepotentemente a la periodista Milagro Vallecillos, a quien luego siguieron y filmaron con una cámara de Canal 10; de nuevo: increíble, pero cierto); y un manejo inapropiado y deficiente de la ayuda internacional.

     3. En el colmo de los desaciertos, el presidente acusa públicamente al FMLN de politizar la crisis y al Canal 12 de boicotear la ayuda internacional y de desprestigiar al país.

     “Es un gravísimo error del FMLN salir a levantar la ira de la gente, perifoneándoles, montándolos en camiones, tratando de generar mayor descontento (...) Es una cosa que no debemos hacer en este momento porque termina impactando a los damnificados” (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, miércoles 14 de febrero).

     ¿Gravísimo error? ¿Una “cosa” que no se debe hacer? ¿”Impacta” a los damnificados? De nuevo, el presidente demuestra que no puede controlarse y que no mide las consecuencias de sus afirmaciones. De por sí, el país ha quedado ya más polarizado desde los terremotos, y obviamente declaraciones como éstas no contribuyen en nada a distensionar el ambiente, mucho más si provienen de un presidente.

     Lo del Canal 12 es igualmente vergonzoso: “desde el inicio del terremoto (Canal 12) se dedicó a desprestigiar al país, diciendo que no íbamos a utilizar bien la ayuda (...) Se sembró una duda sobre el país entero; hubo niños que no recibieron ayuda... por haber creado eso se detuvo la ayuda” (La Prensa Gráfica, miércoles 14 de febrero).

     ¿Desprestigiar al país desde el inicio del terremoto? ¿Una “duda” sobre el país “entero”? ¿Por ello los niños no recibieron ayuda y ésta se “detuvo”? No se puede decir más: vergonzoso.
 Es incluso cuestión de sentido común. La situación del país es grave; las heridas han alcanzado niveles mortales. Lo que ha sucedido no es ninguna gracia. Dos terremotos y más de cinco mil réplicas le botan el proyecto de vida a cualquiera. Los efectos psicológicos y emocionales, sobre todo en niños/as y mujeres, son más que evidentes y preocupantes. En momentos así, se espera que el presidente y su gobierno valoren en su justa medida la dimensión humana de la situación. Se necesita mesura, serenidad. Se necesitan afirmaciones útiles, información exacta y rigurosa, actitudes positivas, acciones que inviten a la concertación, al diálogo, a la unificación en todo nivel. Es, pues, más que lamentable lo que el presidente y su gobierno le están comunicando a la población.

     Se pueden analizar muchas otras acciones y actitudes. El resultado será siempre el mismo: Flores no se está desenvolviendo como el líder que se espera en situaciones así. Su tozudez es infranqueable. Parece olvidar que cuanto más prestigiado externamente aparezca, más prescindible como “negociador frente a otros” se convertirá para la población. Por el contrario, su solidez será mayor si consigue grandes beneficios no sólo para los miembros de su grupo, sino también para los que no simpatizan ni concuerdan en ideas y organización con él. Es con éstos con quienes debe mostrarse más tolerante, pues la cohesión de la población es uno de los determinantes de su capacidad de influencia.

     El presidente Flores parece desconocer que aunque no existe una personalidad de líder definida (muchos tipos de persona pueden llegar a ejercer de líderes con más o menos fortuna, dependiendo de las circunstancias), son mucho más decisivos los factores situacionales, y entre ellos, el factor del espacio ocupado en las redes de comunicación. No entiende o no quiere entender que las características de personalidad de un líder son más determinantes y eficientes en los aspectos “periféricos” de las acciones —su estilo, sus actitudes, su “liturgia” de llevar a cabo las acciones, sus declaraciones— que en los hechos “centrales”, es decir, que en los contenidos de las acciones.
 El capitán debe ser el último en abandonar el barco. Ello se da cuando la nave se está hundiendo y no hay otra salida. Pero si hay peligro de naufragio y el capitán se ve y se siente imposibilitado para hacerle frente a la situación, es su deber ético y moral entregarle el timón a otra persona que pueda conducir de forma más eficiente la nave.
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Colaboración de Manuel Fernando Velasco, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA
 

    Teórica y legalmente el asunto era sencillo para la querella. Había que explicarle a la funcionaria judicial que —según el derecho nacional e internacional, la doctrina y la jurisprudencia— la postura del representante del Ministerio Público era absolutamente ridícula, ilógica e ilegal dado que dicho cúmulo jurídico indica de manera clara lo contrario a su pretensión: los imputados de ser los autores intelectuales de semejante masacre deben ser investigados y procesados –y de ser encontrados culpables? deben ser condenados por las autoridades correspondientes.

    Luego del trivial pero riguroso saludo del querellante, la discusión de aquella mañana se tornó –al fin? interesante. Pluma y recado de escribir a disposición de cada uno de los defensores, que empezaron a consignar en sus papeles cada uno de los argumentos que esgrimía la parte acusadora. La verdad es que la lección les era sencilla de aprender pues sus alegatos eran lógicos, certeros e iban enumerados; además, eran evidentes las pausas del orador para que los oyentes –incluida la jueza? pudieran anotar sus planteamientos de una manera bastante fiel.

    La primera parte de la exposición de un querellante deber ser, sin duda, el relato de los hechos. Relato que, para este juicio, es conocido de sobra por quienes hemos seguido atentos el desenvolvimiento del caso desde el día en que asesinaron a los sacerdotes y a sus empleadas; en ese marco, se incluyen personas e instituciones del país y fuera de él. Posteriormente, corresponde presentar todos los alegatos jurídicos pertinentes que sirvan para fundamentar la pretensión y provoquen el pronunciamiento de la autoridad judicial.

    En esas condiciones de la audiencia, la polaridad estaba definida así: la representación fiscal había dejado muy clara su postura, en el sentido que se debía sobreseer a los imputados o, dicho de otra forma, exonerarlos de los cargos por dos “razones”: primero porque, según la “brillante” interpretación del funcionario del Ministerio Público, el delito ya habría prescrito –lo que significa la imposibilidad de impulsar su persecución? por haber pasado más de diez años desde la comisión del mismo; en segundo término, por el trillado argumento de la existencia de una Ley de Amnistía.

    Para la parte querellante, era evidente lo contrario. Entre los fundamentos básicos para sustentar su posición, que fueron expuestos ante la jueza e incluidos en el escrito que le fue presentada a la misma, destacan los siguientes:

    “La existencia de la ya mencionada Amnistía ha sido un argumento que en el pasado se ha esgrimido para impedir erróneamente el procesamiento penal de los autores intelectuales del presente caso. Sorpresivamente, en contra de la racionalidad y las leyes, la Fiscalía General de la República ha solicitado ante su Digna Autoridad que considere los hechos denunciados como amnistiables, cuando no lo son. Esto porque, tanto sobre la base de nuestra Constitución como por lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, así también por lo dispuesto en sentencias de carácter vinculante emitidas por la justicia internacional y, en particular, con base a la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia respecto a la Amnistía, es posible establecer la procedencia de una acción penal y civil contra los imputados relacionados en este escrito.”

    La primera base para sustentar lo anterior es el evidente conflicto entre la Amnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, los representantes de las víctimas enfatizaron en su documento lo siguiente: “El Estado de El Salvador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos –en adelante la Convención? el veintitrés de junio de mil novecientos setenta y ocho. De esa forma, ésta se convirtió en ley de la República; es decir, de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño, tanto por parte de sus autoridades como de sus habitantes.” A lo anterior, se agrega que: “Según la doctrina clásica, los tratados son obligatorios para los Estados Partes a partir de la fecha de su entrada en vigor o de la notificación por parte del Estado, conforme con las disposiciones correspondientes del tratado mismo”.

    Tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, por ser la Convención un tratado internacional ratificado internamente se debe considerar que ésta goza de un carácter de superioridad respecto de las leyes secundarias de la República, en caso de conflicto entre el primero con las segundas. La base constitucional de esta afirmación se encuentra en lo  encuentra determinado por el artículo 144 Cn., que a la letra reza: “La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre un tratado y la ley, prevalecerá el tratado.” Al respecto, también conviene retomar lo establecido en el Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución. Literalmente, éste señala que “los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes secundarias, sean éstas anteriores o posteriores a la vigencia del tratado”.

    En esas condiciones, conviene citar que la Convención reconoce –entre otros? los derechos a la vida (artículo 4) y a la justicia; además, establece la obligación indelegable por parte del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos (artículos 1.1, 8.1 y 25), así como su deber de adoptar disposiciones en el derecho interno para hacer efectivos los derechos y las libertades consagrados en la Convención (artículo 2). Sin embargo, tanto con el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras como por la precaria investigación realizada al respecto y la Amnistía, las disposiciones citadas han sido flagrantemente violentadas por el Estado salvadoreño.

    Independientemente de su desacuerdo con la Ley de Amnistía y sus consecuencias, la parte querellante nunca negó que con ella se decretó una “amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes, antes del 1 de enero de 1992, por un número de personas no menor de 20”. Sin embargo, le hizo notar a la autoridad judicial que la Fiscalía General de la República había obviado ?por ignorancia o con mala intención? que al momento de aprobarse dicha Ley de Amnistía, el 20 de marzo de 1993, la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta que estaba contraviniendo la Convención al violar ?como se afirmó antes? los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la misma.

    Por ello, ante el evidente conflicto surgido entre la Convención y la Amnistía, se hacía necesario aplicar las normas establecidas dentro de la Constitución de la República en caso de controversia entre un tratado internacional y una ley interna. Con base en el artículo 144 de la Constitución, el cual ofrece la salida correcta ante situaciones como éstas, se le demostró a la juzgadora que era posible y procedente concluir casi por simple observación que ?no obstante la existencia de esa Ley de Amnistía? era posible llevar ante la justicia salvadoreña a los militares y políticos que ordenaron el crimen de los seis sacerdotes y sus dos colaboradoras. Y es que, como ya se explicó, las autoridades judiciales deben atender –por encima de esa ley secundaria— lo dispuesto en la Convención y la Constitución.

    Dicho de otra forma: no atender lo dispuesto en la Convención equivaldría a romper el orden legal establecido; equivaldría, entonces, a socavar las bases de un Estado de Derecho que nos obliga a respetar las leyes de la República. Al respecto, resultó atinante citarles a los presentes en la audiencia ?la mayoría abogados? el conocido adagio jurídico que dice: legum omnes servi sumus, tu liberi esse possimus. Mientras, los defensores continuaban anotando sin que se sepa hasta ahora con qué objetivo, dado que no controvirtieron ninguno de estos argumentos al momento de intervenir a favor de sus clientes acusados por su responsabilidad en la masacre.

    Por otra parte –prosiguió la querella? también se había suscitado un conflicto entre la Amnistía y la Constitución, ya que el artículo 244 de la última prohibe de manera explícita que “se conceda esa gracia a funcionarios de una administración gubernamental por actos contrarios a lo establecido en la Carta Magna, que hayan ocurrido durante el mismo período presidencial en el que ejercieron su cargo”. De esa forma, aquellos funcionarios acusados de un crimen cometido en el ejercicio de su cargo no pueden resultar favorecidos con una Amnistía cuando ésta se haya decretado durante el mismo período presidencial en el cual ocurrió el ilícito. Así las cosas, por mandato constitucional, no pueden ser sujetos de la Amnistía ninguno de los funcionarios civiles o militares de la época del gobierno de Alfredo Cristiani  acusados de delitos cometidos en dicho lapso. Con ello, lo que se pretende evitar jurídicamente es la auto amnistía.

    Igualmente, se explicó que el delito es un crimen de guerra; por tanto. es imprescriptible. Y si, pese a ello, insistían en aplicar las reglas relativas a la prescripción de la acción penal tras diez años de ocurrido el hecho, el crimen por el cual se acusa a seis ex militares y un ex presidente de la República se escapaba a dicho ordenamiento por al menos dos cosas.

    En primer lugar, porque el delito en cuestión es un delito oficial pues fue planificado, ordenado y ejecutado por el ejército como una operación militar contra insurgente en medio de una ofensiva guerrillera de alto nivel, para lo cual se utilizaron las estructuras del Estado, sus medios, armas y personal. Considerando lo anterior, el período para la prescripción en este tipo de delitos comienza a correr desde la fecha en que los partícipes abandonaron sus cargos públicos, según se expresa en el artículo 244 de la Constitución. Entonces, se tiene que la mayoría de los imputados del Alto Mando militar enjuiciados abandonaron sus puestos en 1993 y el ex presidente Alfredo Cristiani en 1994; en consecuencia, para ellos la persecución de este delito prescribiría en los años 2003 y 2004 respectivamente.

    En segundo lugar, cabe señalar algo básico y elemental: desde que se aprobó la Ley de Amnistía en 1993, ha existido impedimento legal ?en virtud de la misma? para llevar a cabo la persecución penal respectiva, dado que –pese a su inconstitucionalidad? en su existencia se basó el argumento utilizado por la Fiscalía para no perseguir a los autores intelectuales de este crimen. Al respecto, el  Código Procesal Penal en su artículo 37 establece que en los casos que exista impedimento de promover la acción penal, por la existencia de alguna ley, el tiempo de la prescripción se entenderá suspendido mientras tal disposición legal haya obstaculizado el acceso a la justicia. En concreto, lo anterior significa que desde marzo de 1993 ?al entrar en vigor la Amnistía? se interrumpió la cuenta de la prescripción en este proceso y, por ello, falta mucho para que ésta se pueda aplicar.
Tras la exposición de todo lo anterior, en la audiencia sólo la señora jueza seguía anotando. Mientras, un silencio profundo y una mirada al vacío se apoderaba de los defensores y del único imputado presente. Quizás se interrogaban a sí mismos: “¿Fallarán nuestros cálculos?”. Entonces, se escuchó una escueta intervención de la funcionaria judicial: “Tiene la palabra la defensa”.