Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 21
número 943
marzo 15, 2001
ISSN 0259-9864
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Necesidad de cambios en El Salvador
Política:  Gobierno salvadoreño: entre el espejismo y la realidad
Economía:  Los "Elementos para la reconstrucción" de la Comisión Nacional de Desarrollo
Comunicaciones:  Medios de comunicación social (I)
Derechos Humanos:  Oportuna lección de vergüenza e integridad
Documento:  Reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
 
 
 

EDITORIAL

     El impacto de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero impone el desafío de efectuar una serie de cambios al modo cómo se ha venido gestionando el país en las últimas décadas. Todo parece indicar que se está fraguando un cierto consenso en torno a esa necesidad. El gobierno, al hacerse cargo de las tesis del documento Elementos para la reconstrucción y el desarrollo de El Salvador. Una contribución desde la sociedad civil, elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo,  prácticamente está avalando oficialmente la búsqueda de propuestas de reforma económica, social y medioambiental.  Este Editorial pretende contribuir a la discusión sobre los problemas fundamentales del país, así como a sus posibles vías de solución. Para la Comisión Nacional de Desarrollo, el documento mencionado constituye "el inicio de un proceso de diálogo". Proceso le toma la palabra, dando su contribución a ese diálogo.

     Para comenzar, es necesario arrancar la discusión examinando cuál era la situación de El Salvador antes de los dos terremotos. Una primera característica de esa situación es la desarticulación estructural entre sus tres ejes económicos fundamentales, es decir, entre la agricultura, la industria y el sector financiero. Del deterioro del sector agrícola se ha hablado hasta la saciedad, al igual que del rezago del aparato industrial. También se ha insistido en la expansión del sector financiero, misma que ha llevado a la concentración de millonarias sumas en manos de las familias que controlan los bancos, las compañías de seguros y las empresas de pensiones. Aquí conviene insistir en que la expansión del sector financiero ha sido a costa de los otros dos sectores económicos, ahogados por las deudas, las altas tasas de interés, la ausencia de inversiones y el atraso tecnológico.

     En segundo lugar, vinculado a lo anterior, está la precariedad social que afecta a la mayor parte de la población.  Esta precariedad guarda una estrecha relación con la incapacidad del aparato productivo para generar niveles adecuados de empleo, tanto en términos de puestos de trabajo como en términos de salarios acordes con las necesidades básicas de los salvadoreños. Desempleo, subempleo y salarios bajos se traducen en dificultades permanentes para tener acceso a una vivienda digna y segura, así como a niveles adecuados de salud y educación.

     En tercer lugar, se tiene el complejo problema de la violencia social, en sus diversas expresiones: crimen organizado, delincuencia común y violencia cotidiana de todo tipo. Quizás sea demasiado afirmar que la violencia es resultado directo de la precariedad social y la pobreza, pero lo que no puede ponerse en duda es que ambas son caldo de cultivo para el malestar y la agresividad sociales.

     En cuarto lugar, se tiene el problema de la ruptura entre la  sociedad, la política y el aparato estatal. Esta ruptura consiste en que las demandas sociales no encuentran la intermediación requerida en el sistema político, mientras que, por su lado, el Estado no tiene la capacidad y ni recursos idóneos para atender las demandas sociales fundamentales. Es por este "fracaso de la política" que se abren en el país las puertas al desencanto, la apatía y, en situaciones extremas, a la protesta violenta de quienes no encuentran eco estatal a sus demandas.

     Finalmente, resalta un uso "desordenado" de los recursos naturales y del espacio territorial. Las manifestaciones más notorias de ello son, por un lado, la lógica que predomina en la construcción de viviendas urbanas (aunque también rurales) y, por otro, la cultura generalizada del abuso sobre los recursos naturales.

     Los anteriores son los ejes que han caracterizado al país hasta antes del 13 de enero. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cómo es que llegó a configurarse un país con las características descritas?

     Una primera respuesta apunta a que pudo haberse dado porque las cosas son así, y no hay nada más que decir. Emparentada con ella, puede darse la respuesta de que se debió a la imposición de más reglas económicas cuya lógica no depende de la voluntad de nadie. Ambas ideas son sumamente peligrosas, pues que pueden traducirse en un peligroso fatalismo acerca de lo que le espera a El Salvador y acerca de lo que se puede hacer para cambiar un ordenamiento  social, económico y medioambiental excluyente de la mayor parte de la población y depredador de los recursos naturales.

     Se trata de buscar una respuesta más razonable a la anterior interrogante que permita hacer algo para cambiar el ordenamiento socio-económico y medioambiental prevaleciente en el país. La respuesta aludida es la siguiente: El Salvador llegó a configurarse con las características antes apuntadas debido a una inadecuada gestión económica, social y medioambiental.

     Esta gestión, que se podría calificar de "tradicional", ha girado en torno a los siguientes ejes: a) débil e ineficiente entramado institucional. Ello ha dado pie tanto a la discrecionalidad en la toma de decisiones como a la corrupción en la estructura del Estado; b) voracidad empresarial que no ha conocido límites y que se ha traducido en una explotación creciente de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales; c) fracaso de la clase política en su función de intermediación socio-política, lo que ha dado lugar a brotes de descontento social que amenazan la estabilidad del país; e) políticas públicas centralizadas y burocráticas que no sólo han sido ineficaces para responder a las necesidades ciudadanas, sino que además han estado orientadas casi exclusivamente a favorecer a determinados grupos de poder económico; f)) bajos niveles de organización y participación sociales, mismos que han llevado a la mayor parte de la población a ser mero receptor pasivo de las decisiones emanadas del aparato estatal, muchas veces bajo la presión de la gran empresa privada.

     Si algo no puede ponerse en duda es que los terremotos sacaron a luz estas debilidades en la gestión económico-social y medioambiental  vigente en el país. Su impacto plantea la necesidad y la oportunidad de un cambio en la misma. ¿Cuáles son las opciones que se presentan?

     Una de ellas es la propuesta elaborada por la Comisión Nacional de Desarrollo, la cual apunta, ante todo, a la descentralización y al ordenamiento territorial como mecanismos clave para el cambio. "Ahora es el tiempo de la descentralización —dice el documento de la mencionada Comisión—. "La articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales es un requisito para la reconstrucción". Asimismo, "la reconstrucción debe impulsarse con una visión de ordenamiento territorial y de reorganización política-administrativa que tienda a la integración de la geografía económica y humana".
Una segunda iniciativa es la del FMLN, titulada Estrategia de reconstrucción y de transición al desarrollo, la cual tiene como meta la creación de una "nueva sociedad", a partir de una "revolución moral" que es "necesaria para enfrentar la emergencia y para contrarrestar y superar el egoísmo, el endiosamiento del dinero a costa del hambre de los demás, los cuales son anti-valores para el ser humano, propios del capitalismo".

    Ambas propuestas, aunque interesantes, pecan, la una por defecto y la otra por exceso. Mientras que el documento de la Comisión Nacional de Desarrollo pretende contribuir a la "superación de algunos problemas estructurales del pasado" sin abordar el problema de la estructura de la propiedad y del deterioro institucional, el FMLN abandera una postura amarrada a un enfoque ideológico que irremediablemente hará que las élites empresariales —soliviantadas por las empresas mediáticas más poderosas— se pongan a la defensiva ante la posibilidad de cualquier cambio, por mínimo que sea.

     Más allá de las discusiones ideológicas, el país urge de cambios que vayan más allá de la descentralización y del ordenamiento territorial —con todo lo importante que ambas cosas puedan ser.  Estos cambios, aunque drásticos en algunas áreas, no tienen por qué inscribirse en un horizonte socialista o revolucionario. Simplemente, basta con una buena dosis de sentido común y de razonabilidad para entender que El Salvador no puede continuar como hasta ahora, pues, de seguir tal cual, las tan preciadas riquezas se verán amenazadas, como en el pasado, por desbordes sociales que darán al traste con las mejores expectativas.

     ¿Cuáles pueden ser los ejes básicos de un nuevo modelo de gestión para El Salvador? A modo de propuesta tentativa, se pueden apuntar los siguientes elementos:

    a) ese nuevo modelo de gestión debe contribuir a —y apoyarse en— una reforma en la estructura de la propiedad (empresas, bancos y tierras agrícolas);

    b) debe articular al sector financiero con la agricultura y la industria, fomentando las inversiones de mediano y largo plazo en esos sectores productivos;

    c) debe apoyarse en un sólido entramado institucional;

    d) debe concretarse en un conjunto de políticas públicas diseñadas para atender los desafíos de un país amenazado por "riesgos" naturales, económicos y sociales;

    e) debe dar paso a una "cultura del riesgo y de la seguridad", que suponga para todos los habitantes del país hacer lo que se pueda para no ser una "amenaza" para los demás, al tiempo que permita trabajar por erradicar las amenazas existentes;

    f) debe fomentar la organización y la participación sociales, con miras a potenciar las energías colectivas en el ámbito local; y

    g) debe contribuir a una renovación de la clase política, sin la cual las posibilidades de cambio en el país se verán obstaculizadas por las inercias y los vicios de unos partidos y líderes que no tiene más propósito que salvaguardar sus propios intereses
 

[EXTRACTO]

    Cuando se conoció el monto de los daños dejados por el terremoto del 13 de enero pasado, algunas de las primeras reacciones del Presidente Francisco Flores fueron solicitar ayuda urgente a la comunidad internacional para atender a las víctimas y pedir la condonación de la deuda externa salvadoreña.  Más de un observador nacional aprobó la pronta reacción gubernamental en esta situación, máxime cuando se había experimentado la lentitud del aparato estatal en otros temas o, lo que es más grave, sabiendo la inclinación oficial a ocultar hacia el exterior la verdadera realidad del país. Sin embargo, más tardó la noticia en ser digerida por la opinión pública que el gobierno en dar señales contrarias a lo que había sido visto como el inicio de la transición hacia la trasparencia y la honestidad por parte del equipo gubernamental.
 

[EXTRACTO]

     El pasado 7 de marzo la Comisión Nacional de Desarrollo, a petición del gobierno de la república presentó su propuesta Elementos para la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador. Una contribución desde la sociedad civil. Un primer aspecto que llama la atención es la pretensión de otorgar al documento la categoría de aporte "desde la sociedad civil", cuando es de dominio público que la citada Comisión fue creada por el gobierno de Armando Calderón Solo y, como tal, carece de la representatividad necesaria para hacer propuestas en nombre de la sociedad civil.

     Teóricamente, el documento citado sería presentado por el Presidente Francisco  Flores ante la comunidad internacional reunida en Madrid, en el contexto de un encuentro convocado para tratar el tema de la cooperación para el desarrollo pos terremotos de El Salvador. En la práctica, Flores presentó otro documento —Unidos por El Salvador— y la elaboración y presentación ante la opinión pública nacional (el mismo 7 de marzo) del los Elementos para la reconstrucción parecen no haber sido nada más que un truco publicitario para ganar legitimidad.

    Pese a la creciente profesionalización en las tareas informativas y a la intención de asumir un periodismo de carácter más cívico por parte de distintos medios impresos, no es tan infrecuente encontrar valoraciones apresuradas que empañan el trabajo periodístico riguroso e investigativo. El tratamiento informativo que se hace de ciertas notas está lleno de adjetivos y estigmatizaciones que fomentan y generan una opinión pública tendiente a justificar el clima de violencia policial y de constantes violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo claro de lo anterior puede apreciarse con la cobertura periodística surgida a raíz de una manifestación de damnificados sucedida el martes 27 de febrero. Analicemos brevemente los hechos.

– Miércoles 28 de febrero:

    La mañana de este día las portadas de los dos periódicos matutinos de mayor circulación mostraban fotografías similares: personas enfrentándose a policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) con niños de por medio. En El Diario de Hoy (EDH), el pie de página de la foto decía “Disturbios en la capital”, y se hablaba de campesinos del interior del país, que pretendían llegar hasta la Feria Internacional para recibir víveres, argumentando que no han recibido nada. Enseguida, en  la página 2, un enorme titular subrayaba lo noticia: “Violencia en la ciudad”. La nota, firmada por Francisco Mejía y Mario Martínez, inicia así: Era una protesta pacífica pero tuvo un desenlace violento. Más adelante cuenta con detalle cronológico los sucesos del día anterior: manifestantes organizados por el Comité Pro Defensa de Damnificados de El Salvador (COPRODES) permanecieron desde la mañana en el Parque Cuscatlán. Luego tomaron la decisión de dirigirse hacia la Feria Internacional para reclamar ayuda. Los policías bloquearon el paso.

    A la altura de la 49 Av. Sur, agentes de la UMO lanzan gas lacrimógeno, causando daños entre los manifestantes, sobre todo en niños y ancianos. Al final, se hace una breve referencia a la negociación. En la extensa nota de 18 párrafos no hay una sola mención sobre los “niños como escudo”. En la página siguiente, aparecen cuatro fotos y en ninguna de ellas se observa agentes forcejeando con personas con niños de por medio. Hay además una pequeña nota de Francisco Mejía titulada “De gritos y corridas”, que inicia así: Parecía una protesta que no trascendería, pero los campesinos se enfurecieron y salieron corriendo a lo largo de la Alameda Roosevelt. Sólo pensé en las corridas que se hacen en Pamplona, España. Sólo que en vez de que los siguieran toros, eran policías quienes pretendían cortarles el paso. La comparación es bastante inapropiada.

    La Prensa Gráfica (LPG) tuvo una cobertura similar, aunque más directa: fotografías en la portada, con el título “Niños de escudo”, en la que aseguraba que muchos niños fueron llevados a la marcha, la que pretendía supuestamente exigir al gobierno más ayuda. Afirma que los niños fueron utilizados como escudos por sus padres y personas desconocidas. En la página siguiente, no aparecen más fotos de ese tipo, aunque sí se afirma en un pie de foto: La PNC impidió el paso a los presuntos afectados por el terremoto, destacando en ambas lecturas palabras como supuestamente y presuntos afectados.

    La larga nota no se diferencia en mucho a la de EDH, con la excepción de dos hechos: a) hace eco de las peticiones de los damnificados: concederles 15 mil colones por familia más materiales de construcción y permiso para habitar tierras planas estatales que están ociosas; b) se intenta una descripción más narrativa de los sucesos: se afirma que ante la presión de la gente la muralla de agentes de la UMO empezó a retroceder, mientras los manifestantes continuaban devorando cuadras. Los adjetivos no parecen gratuitos: unos son una muralla de seres humanos impidiendo el paso para defenderse de la agresión de otros que devoran cuadras, que no parecen tan humanos, pues en general son los animales los que devoran algo o a alguien.

– Jueves 1 de marzo:

     Este día, LPG toma distancia completa de la noticia. La portada es “Aumenta consumo de droga en el país” y en las páginas siguientes le dedica una nota extensa al tema. No hay mención alguna de la manifestación del martes. En cambio, EDH  le dedica no sólo la portada, sino también dos páginas completas. El titular del periódico dice: “UNICEF condena uso de niños en protesta”, y abajo un sumario en letra más pequeña que afirma la sede local de esa organización mundial que protege los menores considera que los manifestantes del martes, que usaron niños como escudo ante los policías, los expusieron a graves daños.   La tendencia es clara: en letra grande sostienen que UNICEF ha condenado el hecho, pero en letra pequeña nos enteramos de que no es el organismo mundial, sino la sede local.

    En la página siguiente, al leer la nota —firmada únicamente como El Diario de Hoy— nos encontramos con una sorpresa más: nunca sabremos el nombre de la persona de UNICEF que brinda tales declaraciones: La sede local..., Para la UNICEF..., UNICEF reconoce..., Parte del comunicado oficial de la fundación..., Según la organización internacional... En ningún momento se menciona quién o quiénes hicieron la condena. ¿La hizo el presidente de la entidad? ¿Alguien de la junta directiva? ¿Una persona que labora en la institución?

     Por si fuera poco, en la página 3 encontramos una nota —también sin firma— titulada “Me da pena ver cómo somos los salvadoreños”. Se trata de un relato, en primera persona, de un agente de la UMO. El texto es impresionante: el “escudero” cuenta lo que vivió durante la manifestación, en una extensa nota de 16 párrafos. Resaltan afirmaciones como: cuando llegamos al lugar, la primera sorpresa me sacudió: entre la multitud estaban bastantes pequeños y abuelitos... Como si no se hubiese tratado de una inocente criatura, lo contraminó contra mi escudo. Una y otra vez, mientras me provocaba para que agrediera al niño: “Mátalo, mátalo, pues...”, me gritaba... Lloroso e impresionado, sus gritos se estrellaban en mi rostro... De pronto, el hombre retrocedió, soltó al niño y corrió detrás de otros manifestantes. No volví a ver más al pequeño... Sólo entonces, cuando llegué a mi barraca y me dispuse a descansar, la tristeza me arrastró hasta la vergüenza. Me da tanta pena ver cómo somos los salvadoreños... Por mi aturdida mente, volvieron a pasar esos momentos: el niño contraminado contra mi escudo, sus gritos... Entre tanto descalabro, apareció la imagen de mi hijo, quien apenas tiene cinco años. Nunca lo sacaría a semejante cosa.

    ...La primera sorpresa me sacudió... Bastantes pequeños y abuelitos... Inocente criatura... Lloroso e impresionado...La tristeza me arrastró hasta la vergüenza... Por mi aturdida mente... Aparte de tener sobradas razones para pensar que el agente no escribió la nota sin ayuda de terceros, la tendencia es bastante clara: hay una visión maniquea en donde el agente, la “fuerza del orden”, la policía, son los “buenos”, los justos, los sorprendidos; en cambio, los padres de familia, los manifestantes, los presuntos damnificados son los “malos”, inhumanos, insensibles.

    Un aspecto más: el editorial de EDH de ese día se titulaba “Usando niños como escudos”, y en el sumario podía leerse: El reclamo lo deberían hacer a los alcaldes a quienes entregaron dinero y ayuda, pero que no la distribuyen sino que la embodegan. La incitación al reclamo es peligrosa, por la violencia que pueden generar ese tipo de afirmaciones. Además, se sostiene que usaron a sus hijos, o los hijos de otros, para efectuar una marcha ilegítima, incitar el desorden e invitar a que les agredieran... ¡Invitar a que les agredieran! Increíble, pero cierto. Más adelante, el editorialista hace otra afirmación anodina y temeraria: Toca al “comité pro damnificados”, si es que existe, explicar cómo van a multiplicarse los panes y los peces, es decir, de dónde saldrán los alimentos, el dinero, los materiales, las medicinas, el agua y los equipos para solucionar por arte de magia, las penurias de los damnificados...

    Para la persona que escribió el editorial, el que unas personas protesten porque tienen hambre no sólo es ilegal, sino que es absurdo: ¿Cómo se les ocurre a ellos pedirle al gobierno víveres y materiales de construcción? ¿De dónde esperan que los saque? ¿Es que no se dan cuenta que el gobierno no tiene cómo ayudarles? ¿Qué se han creído, que Flores es mago o algo así? En otras palabras, tienen que seguir aguantando hambre, nadie les puede ayudar. Y por favor, que no anden protestando, incitando a la violencia, invitando a que los agredan. Después se quejan y encima andan enseñando a los niños, las mujeres y los ancianos para que se los golpeen... No por tanta ironía es menos indignante.

———
Colaboración de Manuel Velasco, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA
 

    Hace unos días apareció publicada en los diferentes medios nacionales de difusión una noticia que, sin lugar a dudas, debería convertirse en un serio llamado a la reflexión sobre un tema importante: la responsabilidad de quienes forman parte de la administración pública. Esa es la regla general en los países desarrollados. En ellos se toma muy en cuenta la seguridad que se debe proporcionar a sus habitantes para salvaguardar su vida, convivencia y desarrollo integral; una falla en estos ámbitos genera, de inmediato, la contrición del garante y la pública aceptación del error. A diferencia de lo que ocurre en otras  latitudes, en nuestra tierra las cosas son muy distintas en detrimento de la gente, sobre todo de la más desfavorecida.

    Veamos el acontecimiento que originó la nota en cuestión: el pasado domingo 4 de marzo, en Portugal, el puente sobre el río Duero —construido en 1886— sucumbió después que uno de sus pilares cedió a la presión de una crecida de las aguas, tras prolongadas lluvias. El accidente se convirtió en tragedia cuando al menos 70 personas que se conducían en un autobús y otros vehículos particulares sobre la plataforma, fallecieron ahogadas como consecuencia de la caída. Previo al lamentable percance, algunos vecinos del lugar habían advertido el peligro que representaba la estructura, dada su antigüedad y tipo de construcción.

    Con estos datos se concluye que las desgracias y tragedias ocurren y enlutan a infinidad de familias en el mundo entero, debiendo ser extensivos en nuestras condolencias —en la medida de lo posible— también con estas víctimas lejanas. Pero resulta interesante subrayar, además del drama humano, la actitud del Ministro de Infraestructuras de Portugal, Jorge Coelho. Al ocurrir la fatalidad, éste reconoció de inmediato que ya no podía seguir en el ejercicio del cargo. Debido a esa conciencia, presentó su renuncia de carácter irrevocable, la cual fue aceptada en el momento por el Primer Ministro portugués.

    Algunos preguntarán por qué era necesaria la renuncia del funcionario, cuando lo ocurrido “fue un accidente” y de ninguna forma se le podía responsabilizar directamente por el mismo. Sin embargo, ese acto encuentra su razón de ser en el profundo significado y el enorme privilegio que implica participar en el gobierno —es decir, estar al servicio del público— dentro de una sociedad democrática. Ahí se busca el bien común y el desarrollo de todos sus componentes; eso no le permite a nadie fallarle a una colectividad que le ha depositado su confianza. Tan esa así que los principios éticos que sustentan el ejercicio de la función, cualquiera que sea, obligan a asumir como propias las faltas de precaución, la poca diligencia o los actos de subalternos en detrimento de la seguridad individual o colectiva.

    Dicho de otra forma, el menor descuido dentro de una cartera de Estado que produzca el perjuicio de algún bien jurídico, significa que el titular de la misma ha fracasado en el diseño y la ejecución de sus políticas. Si en lugar de favorecer a la comunidad se le ocasionan daños, la salida es lógica: hay que dejar que sea otra la persona, más capacitada y eficiente, que busque y encuentre los medios para ello.

    La misión encomendada a un secretario estatal responde a un principio básico en la estructura orgánica de la administración gubernamental: ser garante del interés público. Lo anterior significa que responde, tanto institucional como personalmente, por todos aquellos acontecimientos que se desarrollen dentro de la esfera de sus facultades y obligaciones, sea por acción u omisión. En este punto, cabe señalar que la permanencia en el cargo de quienes asumen una responsabilidad de este tipo está supeditada a razones que van desde la probidad más alta hasta sus propias habilidades técnicas, incluyendo —por supuesto— el conocimiento que tengan de la materia que administran, la experiencia, la capacidad de decisión y los resultados.

    La sola circunstancia de no satisfacer necesidades básicas de la población o el no prevenir posibles perjuicios sociales, son hechos sencillamente intolerables para una nación medianamente normal. Ello, si consideramos los altos propósitos que en materia de protección y seguridad representa la actividad estatal. De ahí que no resulta ni ilógico ni difícil comprender que Coelho haya sentido vergüenza y culpa por el desplome del puente. Su delicado puesto le exigía haber estado pendiente de que situaciones como la ocurrida ese domingo no se produjeran; por ende, tuvo que responder por la omisión de no haber tomado las medidas necesarias para prevenir la desgracia ocurrida.

    Coelho debió haber garantizado el adecuado mantenimiento del puente, su reparación o la reconstrucción del mismo, en vista que la adopción de cualquiera de esas medidas era parte de sus obligaciones directas. Como no  hizo lo anterior, después hizo lo debido: renunciar. Así, el Ministro portugués no asumió una postura irresponsable e impune remitiendo la culpabilidad sobre los hechos a las “fuertes lluvias”, a lo “copioso del temporal” que dio origen a la crecida de la corriente del río, al mismo “Dios todopoderoso”, a la “impredecible e ingrata naturaleza” o, de perdida, a algún pobre subordinado. Si bien es cierto la lluvia se dio en cantidades considerables, la  desgracia se originó por el mal estado de la estructura. Ante tal realidad, por respeto al pueblo y a las víctimas, el titular de las estructuras de Portugal no esgrimió mil y un pretextos para “escabullir el bulto”. Simplemente asumió la responsabilidad del caso, entendió que era un mal Ministro e hizo mutis de la administración pública.

    Para el presente comentario tomamos como base la noticia periodística del trágico suceso en Portugal, con el propósito de evidenciar que este tipo de actitudes de las autoridades no son sueños de ilusos, ni leyendas o fantasías irrealizables; por el contrario, forman parte de lo cotidiano en otras latitudes. Tampoco está distante en el tiempo la información sobre la renuncia del presidente del Banco Central de Turquía, ante la crisis económica que ha envuelto últimamente a esa nación; así, podrían citarse abundantes casos en Japón, Italia y otros países. Todo ello es alentador para esos pueblos. Lo triste es que esa concepción tan noble de la administración pública, siga siendo una aspiración cuya concreción se encuentra muy lejana en nuestro país.

    A diferencia de los ejemplos mencionados, en El Salvador resultan impensables actitudes semejantes por parte de las personas que ejercen funciones en el gobierno; ni de forma voluntaria ni mediante la utilización de los mecanismos legales se puede procesar o separar de su cargo a un alto funcionario. Las sobredosis de indignidad y mediocridad de quienes dirigen los asuntos estatales, quedan evidenciadas al nombrar algunos pocos ejemplos entre los muchos existentes. Así, del año recién pasado podemos mencionar que una profetizada epidemia de dengue —que cobró la vida de muchos niños y niñas— junto a la intoxicación masiva de quienes consumieron cierta clase de bebidas embriagantes adulteradas, no hicieron ni “cosquillas” al Ministro de Salud; éste continúa en el cargo pese a no haber actuado pronta y oportunamente al respecto. Es más, parece ser que nunca se le ha cruzado por la mente abandonar su cargo, pese a sus constantes fracasos.

    Y qué decir de las y los funcionarios pasados y presentes que han otorgado los famosos permisos para urbanizar barrancos; de las y los funcionarios que  han autorizado construir viviendas y edificaciones al pie o en las entrañas de volcanes y cordilleras, a la orilla de ríos y hasta en el fondo de quebradas; de quienes sin inspeccionar o tras inspeccionar mal los tipos de construcción, los materiales utilizados y los suelos, propiciaron la muerte de tantas personas durante los recién pasados terremotos. ¿Aceptará alguien  responsabilidad alguna, aunque sea mínima? ¿Renunciará por ello a su cargo público? O será que tendremos que “tragarnos” sin más la mentira que pregonan y repiten a los cuatro vientos representantes gubernamentales o majaderos editorialistas de periódicos o radios, culpando de la desgracia sólo a los movimientos telúricos.

    Igual mención merece la Ministra de Educación, quien no se ha inmutado por haber autorizado que se impartieran clases en instituciones deterioradas por el primer terremoto y que sucumbieron en el segundo, ocasionando destrucción y muerte entre maestras y alumnos. Parece ser que las y los salvadoreños debemos reconfortarnos con homenajes y placas póstumas, sin aspirar a la realización de un ambiente pleno de seguridad colectiva, social y jurídica.

    Por si lo anterior no bastara, tal como ha venido ocurriendo con los permisos de construcción y habitación desde hace quince años, recientemente el Vice Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano declaró “habitable” la zona de Las Colinas, Residencial El Paraíso, Las Árdenas y Pinares de Suiza, todas ellas colonias ubicadas en Santa Tecla que resultaron destruidas o gravemente afectadas por el terremoto de enero. Este señor manifestó a los medios que la cartera estatal a su cargo no se responsabiliza por lo que pueda ocurrir en el futuro a sus habitantes; si regresaban a sus casas, dijo, lo hacían “bajo su propio riesgo”. Que conste: al declarar “habitable” la zona, este señor obliga a los moradores a continuar cancelando sus créditos bancarios, sin posibilidades de acceder a los pagos de las aseguradoras. Lo grave de la actitud de estos funcionarios no sólo radica en el hecho de no aceptar responsabilidades por sus errores pasados; además, no les importa que con sus decisiones generen nuevos riesgos y causen otros daños graves a la población.

    El señor que pretende ser el “mejor” Fiscal General en la historia del país, no se queda atrás. Hace unos meses, tras la impunidad resultante en el sonado caso de un accidente automovilístico en la Zona Rosa, manifestó que él “solamente responderá por los casos investigados bajo su gestión”. ¿No sabe tan alto funcionario que la labor de la institución que “dirige” no puede dividirse por períodos y que el reclamo de justicia de las víctimas de los delitos no prescribe con el nombramiento de un nuevo funcionario?. Con tal actitud, envía un mal y cruel mensaje a las víctimas que reclaman justicia por hechos tan graves como los asesinatos de Lorena Saravia, Ramón Mauricio García Prieto, Francisco Vélis y tantos otros ocurridos de noviembre de 1999 para atrás: sus casos no serán atendidos con la diligencia necesaria para lograr un triunfo. Esto sin perjuicio que la actuación fiscal, en la gran mayoría de casos durante su administración, ha sido un rotundo fracaso.

    También puede increparse a los encargados de la Seguridad Pública en nuestro país su incapacidad para enfrentar con éxito la delincuencia, sobre todo la “especial”. Sin embargo, ninguno de ellos muestra ni la delicadeza ni la ética necesaria para aceptar sus fallas y permitir la reorientación de tan malogradas gestiones. Así, la lista de casos y situaciones que afectan a la población, producto de malos funcionarios, es grande y puede seguir creciendo. En resumen: cuando se observan ciertas actitudes de las altas autoridades del gobierno, uno se imagina que son descendientes directos de Poncio Pilatos pues sostienen y defienden la política de la irresponsabilidad. “No es mi culpa”, “Es la herencia de mis antecesores” y otras frases similares son respuestas frecuentes que denotan una posición, además de absurda, inmoral. Posición que revela crudamente lo insignificante que resulta para nuestros políticos y funcionarios tanto la investidura de sus cargos como la honorabilidad y eficiencia necesarias para cumplir con semejantes responsabilidades.
 

I. Que de conformidad al Art. 9 de la Ley de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctronico es propiedad del Estado;

II. Que es necesaria la colaboración de los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones en el fortalecimiento de la capacidad del Estado de enfrentar las formas delincuenciales que se aprovechan del desarrollo experimentado en el sector de las telecomunicaciones para ejecutar sus actividades ilícitas;

III. Que dicha colaboración debe estar acorde a los preceptos constitucionales, permitiendo a las instituciones del sistema de justicia el uso de las herramientas necesarias para actuar de manera eficiente en la investigación de delitos graves.

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medico del Ministro de Seguridad Pública y Justicia,

Art. 1.-Agrégase en el Art.6 la siguiente definición:
"Encriptación: es el sistema mediante el cual, con la ayuda de técnicas o programas informáticos, se cifra o codifica determinada información con la finalidad de volverla inaccesible o ininteligible para alguien no autorizado a acceder a ella".

Art. 2.-Agrégase el siguiente Título V-Bis
"Título V-Bis:

Cooperación
Art.42.-a.-Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones están obligados a cooperar con las autoridades y a brindar las facilidades necesarias para investigar hechos punibles.

Información de identificación de llamadas
Art.42-b.-Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones brindan información relativa al origen, dirección, destino o terminación de la marcación o recepción de llamadas telefónicas de los números de sus usuarios que se encuentren bajo investigación, que se hayan generado o recibido por medio de equipo, facilidades o servicios de telecomunicación del operador de telefonía.

Acceso a información de resguardo
Art. 42-c.-Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones pondrán a disposición de las autoridades las bases de datos que contengan la información mencionada en el Artículo anterior, sin que esto afecte el manejo, control u operaciones de la red de telecomunicaciones del operador del servicio de telefonía.

Encriptación
Art. 42-d.-Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones deberán descriptar o asegurar que las autoridades puedan descriptar, cualquier comunicación de un suscriptor o cliente, con el propósito de obtener la información a que se refieren los dos Artículos anteriores, en los casos en que la encriptación haya sido proveída por el operador de servicio.

Autoridad competente
Art.42-e.-Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones se asegurarán que la solicitud de información de identificación de llamadas y de acceso a información de resguardo sea emitida mediante la correspondiente orden judicial o del Ministerio Público.

Multa
Art.42-f.-La falta de colaboración de los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones será sancionada con una multa igual a la establecida para las sanciones muy graves que regula la presente ley y será aplicada mediante el procedimiento administrativo de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra, no siendo aplicable lo dispuesto en el Art. 7, literal b), inciso 3?, de esta ley.

Obligaciones generales de los operadores de servicio de telefonía
Art.42-g.-Los operadores de servicio de telefonía deben establecer las políticas y procedimientos necesarios para tramitar las solicitudes de información de identificación de llamadas y de acceso a información de resguardo, prevenir que tal información sea obtenida sin la autorización correspondiente y mantener segura la información de resguardo.

Conformidad con disposiciones constitucionales
Art.42-h.-Las disposiciones legales anteriores, no facultan bajo ninguna circunstancia a las autoridades, para interferir o intervenir las comunicaciones telefónicas, en el sentido que dispone el Art. 24 de ka Constitución de la República.

Art.3.-La información obtenida con base en este Título será valorada por la autoridad judicial competente con base a lo dispuesto por el Art. 162 del Código Procesal Penal.

Art.4.-Las presentes disposiciones entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 477, de fecha 19 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial No.212, Tomo 329, de fecha 16 de noviembre del mismo año se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

II. Que debido a la falta de normativa sobre el polarizado de vehículos cuya práctica es generalizada en nuestro país, se produce un aprovechamiento de éste para perpetrar hechos delictivos, causando inseguridad para la ciudadanía y dificultando la labor policial;

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Señor Presidente de la República, por medio del Ministro de Seguridad Pública y Justicia,
 

Art.1.-Refórmase el numeral 3) del Art.3 de la siguiente manera:
"3) Los sistemas de señalización de las vías públicas y el grado de polarización de los parabrisas y vidrios vehiculares".

Art.2.- Agrégase un Art.14-A, de la siguiente manera:
"Art.14-A.-Los vehículos automotores podrán estar provistos en sus vidrios laterales y trasero, de una polarización de fábrica o instalada.

Dicha polarización deberá permitir un mínimo de 35% de paso de luz solar.
Se prohibe el polarizado de vidrio delantero en todo tipo de vehículo.
El incumplimiento a lo estipulado en el presente artículo será objeto de una multa de quinientos colones".

Art.3.-Se establece un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, para que los propietarios de vehículos polarizados efectúen los cambios necesarios para el cumplimiento de la presente disposición.

Atr.4.-El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.