Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 21
número 944
marzo 21, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Una doble inseguridad
Política:  Imagen de unión: ¿publicidad gubernamental?
Economía:  Nuevas presiones fiscales en el horizonte
Región:  ¿Unidos por El Salvador?
Comunicaciones:  Medios de comunicación social (II)
Derechos Humanos:  La hora de los premios (o "El diablo en el paraíso")
Noticias
 

EDITORIAL

    Sigue siendo bastante difícil comprender al presidente Francisco Flores, a pesar del tiempo que ya lleva en el cargo. A veces pareciera ser muy ingenuo, cosa nada recomendable en un gobernante de un país tan complejo como El Salvador; pero, en otras ocasiones, pareciera querer convencer de que la realidad es distinta a lo que aparece a simple vista y, entonces, entra en la esfera del encubrimiento y del engaño. Para no desanimar ante la complejidad de la realidad social, intenta ocultarla, pero como ésta es evidente, su discurso cae en el vacío y pierde credibilidad.

    Al volver de Madrid, en una de sus primeras declaraciones, el presidente Flores se mostró sorprendido por la continuidad de los secuestros. Tal vez porque pensó que éstos disminuirían o desaparecerían con los terremotos, que con su fuerza destructora también se habrían llevado de encuentro a las bandas de secuestradores, o porque éstas habrían decidido, quién sabe por qué conversión maravillosa, abandonar su abominable actividad para volverse abanderadas de virtudes cívicas y sociales. El presidente Flores esperaba delincuencia común y corriente, pero nunca secuestros. Quizás creyó en la promesa del director de la Policía Nacional Civil, quien adelantó que este año terminaba con esta actividad del crimen organizado, a juzgar por las nutridas capturas de presuntas bandas de secuestradores. Si pese a dichas capturas, los secuestros continúan como antes, esto significa que algo muy importante no funciona en la Policía Nacional Civil.

    El secuestro de la hija de un poderoso y muy rico empresario, que es el que ha motivado estas declaraciones del presidente y el que, probablemente, lo lleva a hablar de “ola” de secuestros, tuvo lugar en las mismas narices de la Policía Nacional Civil. En efecto, el hecho ocurrió en las inmediaciones de una de sus delegaciones, del local donde operan el gobierno central y el Comité de Emergencia Nacional, de la nueva casa presidencial, de las dependencias de defensa y del estado mayor y por donde circula mucho personal de seguridad.

    El hallazgo de la víctima, contrario a lo que la mayor parte de la prensa asegura, fue una mera casualidad y no se debió a que la Policía Nacional Civil haya desarrollado su capacidad para investigar y perseguir secuestradores. El vecino que dio la voz de alarma ni siquiera lo hizo para denunciar un secuestro, sino un delito común. El aviso llevó a dar con la víctima y, tras esto, a varias capturas con gran despliegue policial y mediático, pero es casi seguro que ninguno de los capturados pertenece a la dirección de la banda. La organización eficaz de estos grupos no debiera ya ser puesta en duda por la Policía Nacional Civil. No obstante ello, que los capturados sean sus responsables últimos, es una cuestión muy discutible. Las declaraciones de las autoridades de seguridad pública sobre los secuestradores y sobre el crimen organizado en general son, casi siempre, especulaciones, pues aquéllas carecen de información objetiva y veraz. En realidad, no saben a ciencia cierta contra quiénes están combatiendo –o si lo saben y no actúan contra ellos, son cómplices.

    La nueva solución que se le ha ocurrido al presidente Flores y a sus asesores de seguridad no presagia nada bueno. Siguiendo la lógica de su discurso, no debiera haber más secuestros o éstos debieran ir claramente en disminución, dado que ya está aprobada y vigente la última reforma hecha a los códigos penales. El argumento fundamental con el cual defendieron esa reforma era combatir esta clase de crímenes. Pero está sucediendo lo obvio. A los secuestradores no parece preocuparles el endurecimiento de los castigos –observa un Ministro de Seguridad asombrado. Y es que el crimen organizado no se combate con reformas legales –aun cuando la legislación puede prestar un apoyo muy importante. Ante este nuevo fracaso, el gobierno se apresta a combatir el crimen organizado aumentando la presencia del ejército en las calles.

    Los altos mandos militares, por su lado, se muestran ansiosos por participar en esta labor de seguridad, para la cual cuentan con una unidad especializada en rescatar rehenes. A gobernantes y militares se les olvida que no es misión constitucional de la Fuerza Armada combatir el crimen organizado, ni ninguna clase de delito; confunden rescatar rehenes, que es una intervención militar y puntual, con la labor policial, de mediano y largo plazo; pasan por alto la experiencia reciente, que demuestra que el secuestro no se combate aumentando la presencia militar y policial en el territorio; ignoran que el crimen organizado es un desafío eminentemente policial y no militar. Si algo había en el secuestro de la hija del millonario, era presencia policial y militar.

    De muy poco sirve que haya patrullas dando vueltas si no saben a quién están buscado, si desconocen a dónde dirigirse, si tampoco saben por qué los están buscando. El desconcierto de la policía y, en último término del gobierno, se comprueba en la nueva modalidad de irrumpir sorpresivamente en los bares y centros de diversión los fines de semana para controlar a los parroquianos y preguntarles por el paradero de los delincuentes más buscados. En uno de estos operativos nocturnos de fin de semana encontraron, con sus armas reglamentarias, a policías consumiendo licor. Dicho con otras palabras, no son grupos de tarea conjunta de soldados y policías lo que se necesita, sino inteligencia policial para investigar y voluntad política para perseguir.

    El aumento de la presencia del ejército en las calles de las ciudades se complementaría con la centralización, en teoría, del mando de la Policía Nacional Civil en el Presidente de la República, pero en la práctica en su director, con la salida de los civiles de la dirección de la Academia Nacional de Seguridad Pública y con el acuartelamiento de los policías. La tendencia a la militarización parece ser irresistible. La militarización es una opción política contraria a los Acuerdos de Paz, al concepto original de la policía y no ofrece ninguna solución seria a los graves problemas de seguridad que aquejan al país. Cabe recordar que la inseguridad se desarrolló en El Salvador cuando los militares estaban al frente de los cuerpos de seguridad. Una de las resistencias principales a una policía civil y democrática provino de ellos mismos, porque eso significaba perder el control de una área que consideraban suya, la cual, además, les permitía dedicarse de manera impune a actividad ilícitas e ilegales.

    Dado que a los funcionarios públicos y a la gran empresa privada lo que más les preocupa de los secuestros no es su naturaleza deshumanizante y deshumanizadora, sino su efecto negativo en las inversiones extranjeras, al menos sólo por eso debieran enfrentar el problema con mayor seriedad. En la prensa internacional, El Salvador es presentado en la actualidad como país de los terremotos y los secuestros, un país inseguro por el lado de la naturaleza y de la organización social. Pero los fenómenos naturales pueden ser mitigados con una buena organización social y, en la misma línea, una buena organización social dificulta la comisión de delitos.

[EXTRACTO]

    En un artículo del jueves 8 de marzo pasado, La Prensa Gráfica celebraba en estos términos ("imagen de unión") lo que consideraba "el gran éxito en la madre patria" conseguido por la delegación gubernamental, sociedad civil e Iglesia Católica ante el Grupo Consultivo, tras la presentación del documento oficial para la reconstrucción nacional. El articulista recordaba que la "inclusión de la Comisión Nacional de Desarrollo, de COMURES (Corporación de Municipalidades) y de la conferencia Episcopal conservó una larga tradición de imagen de nación conjunta en Grupos Consultivos". En el mismo sentido abundaron algunos representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo, quienes declararon que "hicimos una presentación congruente, gobierno, sociedad civil, alcaldes, Monseñor Rosa Chávez y otros actores. Vinimos a presentar una faz unida de país".

    Sin embargo, para la sorpresa y decepción de los diseñadores de la "imagen de unión",  la gran estrategia gubernamental, pese al apoyo de personalidades como el presidente del BID y de gobiernos como el español, no surtió los efectos deseados. Aunque se presentó una imagen de unidad, transparencia y ortodoxia capitalista, no se logró convencer a los principales países donantes para que apoyaran a este pequeño país capitalista, "democrático" y atribulado por la Madre Naturaleza. Los mismos periódicos que se habían encargado de vender la propaganda oficial de un país unido tuvieron que reconocer su desilusión con la falta de generosidad de la comunidad internacional.
 

[EXTRACTO]

     Si antes de los terremotos la situación de las finanzas públicas y de la deuda externa ya era precaria, ahora la situación parece que empeorará. Durante la década de 1990, los gobiernos de ARENA se propusieron, dentro de los programas de estabilización y la reorientación económica, la estabilización de las finanzas públicas; 11 años después, en 2000, se enfrentaba un déficit equivalente a un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor de los últimos cuatro años. Por otra parte, la deuda pública habría alcanzado los 2,794 millones de dólares para el mismo año, lo cual equivale a un 126% del presupuesto general de la nación para 2001 y a cerca de un 21% del PIB.

[EXTRACTO]

    Una de las principales preocupaciones de los actores nacionales, luego del impacto de los terremotos de enero y febrero, ha sido la elaboración de un plan nacional de reconstrucción, lo cual pasa por la participación en el debate generado en torno al tema. Sin embargo, las criticas surgidas en contra de los mecanismos gubernamentales utilizados durante la emergencia y la burda “politización” de la tragedia anunciaron la complejidad de la cuestión. La unidad nacional fue puesta a prueba, dando paso al encuentro de posiciones divergentes.

    Así, la nutrida discusión ha dejado como resultado algunas iniciativas, entre las que merecen atención la del FMLN, la de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) y el plan gubernamental Unidos por El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contribuyó al debate, proporcionando una evaluación del impacto socioeconómico y ambiental del desastre que viene a servir de base para identificar las áreas más afectadas y presentar una lista de necesidades ante la comunidad internacional.

Viernes 2 de marzo:

    El Diario de Hoy (EDH) le dedica otras cuatro páginas al hecho, con igual tono y adjetivos. Esta vez también se recoge la opinión del Ministro del Interior, quien afirma que la manifestación es una vieja estrategia de la izquierda, orquestada porque quieren arruinar la gira de Flores por Washington. Asegura Oertel que hay un plan del terror realizado por la izquierda, a quien responsabiliza del hecho: Vienen a exponer niños indefensos y con traumas, para que se exporte como noticia. Además de considerar “prudente” la acción de la policía, asegura que los políticos del partido FMLN han manipulado y jugado con la ayuda que han recibido en las diferentes municipalidades para crear un clima de insatisfacción contra el gobierno central. Asegura que tiene pruebas que lo demuestran. Al pedírsele que dé ejemplos específicos de manipulación de la ayuda, el señor Ministro responde: el día del segundo terremoto en la alcaldía de Santa Tecla llevaron ayuda en un pick up rojo que se había enviado al Cafetalón y la llevaron al local del FMLN en San Vicente.

    La tendencia es, de nuevo, la misma: la policía, el gobierno, los ministros, son los “buenos”, los que han llevado ayuda de manera responsable; los miembros del FMLN y los damnificados son los “malos”, los “vendepatria” manipuladores.

    Además de esta opinión, EDH recoge lo que dicen personas como Walter Araujo, presidente del COENA (Araujo, para variar, afirmó que era un pecado grave utilizar los niños para conseguir diferente tipo de ayuda); Ismael Rodríguez, del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM); Mario Salamanca, de la Fiscalía General de la República; y Orestes Posada, Magistrado de Menores. Todos critican la actitud de colocar niños como escudos. Orestes Posada también señala que la Policía debió platicar con los manifestantes y esa gente hubiese entendido. ¿Por qué no llevaron un camión con comida para ellos?, se preguntó, además, refiriéndose al punto central de la situación. Pero esta afirmación aparece al final de una nota en la página 14, al margen de la noticia más extensa, en el extremo inferior derecho, en donde con seguridad muy pocas personas lo habrán leído.

    Llama la atención que en la página 18 le da cobertura a una manifestación similar a la sucedida el martes, pero esta vez en los departamentos. La nota se titula “Protestas sin incidentes en el interior del país”, firmada por Margarita S. y Corresponsales. Se afirma que la marcha se llevó a cabo en completa calma, demandando lo mismo que los de San Salvador: alimentos y construcción de viviendas. Los damnificados de Cuscatlán, San Vicente, Usulután y Ahuachapán realizaron concentraciones pacíficas para protestar contra el manejo de recursos que realizan los gobiernos locales y el estado.

    Al final de la nota se lee: Al mediodía, los manifestantes regresaron a sus casas, junto con sus esposas e hijos, quienes les acompañaban para no quedarse solos. Y aparece, entre otras, la foto de una mujer con su hija, en cuyo pie puede leerse: Varias mujeres damnificadas llevaron a sus hijos a las concentraciones en Cojutepeque, pero no hubo incidentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta manifestación y la manifestación ocurrida tres días antes en San Salvador? La respuesta se adivina pronto: porque no se les impidió el paso ni fueron reprimidos por agentes de la UMO ni la policía. Ésta última se limitó a observar y a respetar la marcha. Recordemos cómo iniciaban las noticias del mismo EDH un día después de la manifestación en San Salvador: Era una protesta pacífica pero tuvo un desenlace violento... Parecía una protesta que no trascendería... Volveremos a referirnos a este punto más adelante.

    Por su parte, La Prensa Gráfica (LPG) este día se limita a una nota en página 8, en la que recoge la opinión del Presidente Flores desde Washington. La noticia se titula “Presidente Flores lamenta uso de niños en manifestación”, en la que Flores culpa a ex miembros del FMLN y a ex paramilitares de los incidentes: Es una práctica de la guerrilla. Un corazón militar armado se rodea de un escudo de familias y agreden a la Policía. Cuando ésta reacciona, levantan los niños porque les interesa la foto, afirmó. Luego añadió: Entre la gente armada iba una persona que fue parte de los paramilitares durante la guerra. Entonces creemos que puede haber una combinación bien perversa en esta manifestación. ¿Suena conocido? En efecto, es la misma tendencia maniquea: el gobierno es el “bueno”, pues hace todo lo posible por evitar el mal; los del Frente son los “malos”, los “perversos”, los manipuladores.

    La lectura del Presidente deja mucho que desear, por lo reducida, sesgada, tendenciosa y fuera de contexto. No contribuye más que a agudizar la polarización social y a justificar un clima de violencia. Pero deberíamos ya estar acostumbrados a afirmaciones tan deplorables.

    Esta fue la cobertura de los dos periódicos matutinos de mayor circulación durante los tres días que siguieron a la manifestación de los damnificados. Sólo resta mencionar un hecho más: a estas alturas, la sociedad salvadoreña tenía ya el nombre y apellido del “peligroso agitador de masas” detrás de la manifestación: Etelwaldo Guerrero, un desmovilizado de la Fuerza Armada, Presidente del Comité Pro damnificados de El Salvador (COPRODES). Los dos periódicos se han encargado de presentarlo ante la población y lo han juzgado de antemano. La Prensa Gráfica le ha llamado originalmente Oswaldo y ha afirmado que fue detenido el año pasado por la PNC, acusado de estafar a unos ex patrulleros. Luego quedó en libertad (LPG, miércoles 28 de febrero).

    El Diario de Hoy ha dado en cambio su nombre completo: Pablo Etelwaldo Guerrero Morales, llamándolo dirigente de los ex patrulleros. Afirma que fue detenido en agosto de 2000, bajo el delito de estafar una cuantiosa suma de dinero a la misma asociación de ex paramilitares. Según los informes, ha sido expulsado de dos asociaciones de ex patrulleros (EDH, miércoles 28 de febrero). Se le hace ver como “el más malo”, pues es el agitador  y manipulador. Encima, el veredicto es claro: es un estafador (en el mejor de los casos, la lectura que puede hacerse es que hay una fuerte sospecha de que sea así). No es sino hasta el sábado que LPG publica una entrevista, tomando en cuenta su opinión. En ella nos enteramos que es un desmovilizado de la Fuerza Armada, involucrado en manifestaciones de ex patrulleros y, en realidad, fue exonerado del delito de estafa que se le imputaba, por no existir pruebas en su contra.

    El domingo, en Enfoques, LPG publica una nueva entrevista, en la que Etelwaldo Guerrero si bien no es cierto no es un Salvador, no parece tan “malo” como se hizo creer en un primer momento. Pero la información salió a circulación hasta el domingo, y lo más probable es que no la haya leído la misma cantidad de gente que ha seguido la cobertura informativa desde el miércoles. Mientras, ¿cómo se sentirá la familia de esta persona? ¿Por ser damnificado y ex patrullero es menos ciudadano y más culpable?

    Varios aspectos pueden reflexionarse a partir de la cobertura que los periódicos matutinos de mayor circulación hicieron de la manifestación de damnificados sucedida el martes 27 de febrero:

    1. El tratamiento informativo no fue el más óptimo. Hubo tendencia a reducir los hechos a una visión simplista, sin profundizar en lo sucedido; en algunos casos, lo tendencioso se volvió evidente. Cuando las instituciones políticas están desprestigiadas –y en nuestro país ello se percibe con facilidad–, cuando la sociedad se siente asfixiada ante la imposibilidad de participación, es fácil que los medios dejen de ser precisamente eso, “medios”, y se conviertan peligrosamente en una especie de jueces, de árbitros, pues sus opiniones y puntos de vista sobre el acontecer nacional influyen con fuerza en los procesos sociales, como lo prueba el caso que hemos analizado.

    2. La decisión de levantar a los niños frente a las fuerzas de la UMO, exponiéndolos a golpes y, sobre todo, a traumas psicológicos, no se justifica desde ningún lado. Pero:

a) Los medios exageraron los hechos: por las fotografías, se podría pensar que eran muchos los niños que estuvieron en la manifestación, y no fue así; de hecho, las fotos son en varias ocasiones las mismas y la cantidad de niños no fue tanta, como puede constatarse al conversar con periodistas y como puede apreciarse al observar con mayor detenimiento las fotos.

b) La situación seguramente hubiera sido menos grave si los agentes policiales no hubieran reprimido con gases lacrimógenos una manifestación que, como dice el mismo EDH al día siguiente, antes de cambiar su discurso, se pintaba pacífica. El desenlace violento viene provocado por la actitud agresiva de las fuerzas de la UMO, ante una marcha que no puede considerarse ilegítima ni generadora de desorden, pues sus integrantes —al igual que lo hizo al día siguiente la población de los departamentos—, se habían congregado para proponer y obtener víveres, derechos perfectamente válidos para cualquier ser humano, más aún en las condiciones de los damnificados.
    Por otro lado, no vale la pena responder a argumentos tan anodinos como el esgrimido por el editorialista de EDH: los manifestantes mismos invitaron con su actitud a que la policía los agrediera. Jamás se había visto por escrito una justificación de la violencia tan peligrosa, ilógica e irresponsable.

c) Varias preguntas deberían saltar al ruedo al observar a los padres que levantan a sus hijos frente a la policía: ¿Qué hay detrás de esa actitud? ¿Por qué recurrir a una acción de esa naturaleza? La respuesta debe buscarse más allá de las simplistas y tendenciosas visiones maniqueas de los “malos” y los “buenos”, de los “padres desnaturalizados” y los pobres agentes a los que la tristeza los arrastra hasta la vergüenza. La cuestión en torno al asunto puede llevarnos a reflexiones pavorosas: el hambre y el miedo son los dos aspectos que llevan al ser humano a cometer acciones terminales, desesperantes, fuera de toda lógica. Los damnificados, que oficialmente se estiman en un millón, 532 mil, 919, tienen hambre y miedo de quedar todavía más expuestos al desamparo, más marginados de como están.

    En fin, con la cobertura periodística se refuerza el estigma que atribuye a los manifestantes (damnificados en este caso), a ex patrulleros y a toda persona que protesta contra el gobierno, el rol de “enemigo interno” (una persona “perversa” y dañina), a la que hay que reprimir a como dé lugar. Estamos ante una suerte de “transferencia” de responsabilidades: al tratar la violencia como algo necesario y oportuno, sin contextos sociopolíticos, se hace aparecer a los sectores marginales como los responsables directos de la inseguridad, caos y desorden de las ciudades. Ello, obviamente, favorece el clima de hostigamiento y represión, y justifica las medidas ilegales y violentas que se emprenden en contra de aquéllos.
_____
Colaboración de Manuel Velasco, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

    Un  famoso poeta salvadoreño dijo: “Una condecoración y un cigarrillo, no se le niegan a nadie”. El sarcasmo del bardo nos remite a la ligereza que prevalece en el país para ensalzar figuras, construir modelos, otorgar cargos, regalar títulos, entregar honores y distribuir premios. Muchas veces, eso se hace para favorecer al amigo o la amiga, al servil adulador y al que “en algo me ayudó”; además, es motivo de festejo. Pero más allá del “compadrazgo” y la afección por gallardetes, fanfarrias y petardos está la dura realidad. En ella, no pocas veces se han delegado y se siguen delegando atribuciones y responsabilidades a personas sin idoneidad, sobre todo cuando están asociadas —directa o indirectamente— con graves violaciones a los derechos humanos, cuyo impacto en la conciencia de la población ha sido notable.

    Los mismos autores intelectuales de la muerte de los jesuitas, señalados por la Comisión de la Verdad, tan pronto como se pudo recibieron un “baño de pureza” oficial para presentarlos como los próceres del “proceso de paz salvadoreño”. El connotado secuestrador conocido como “El Negociador”, por lo menos tuvo la originalidad de fabricarse él mismo su disfraz de “pastor evangélico”, hasta que fue capturado. Otros menos originales, obtienen sus títulos de abogados como quien compra un “cassette pirateado” en el centro de San Salvador; éstos —por circunstancias de la vida ajenas a su voluntad, por algún mal cálculo u, ojalá, porque cierto funcionario decente se tomó en serio el asunto— hoy son investigados por una Fiscalía General de la República (FGR) que a lo mejor pretende alcanzar así, sin merecerlo de verdad, el título de “eficaz”.  Dudamos de ella porque a eso nos han acostumbrado, tras los aspavientos de su cúpula para no hacer nada de fondo como en los casos B-9 y Jesuitas.

    En este marco, peculiar y preocupante, nada nos debe extrañar ciertos hechos recientes que giran alrededor del caso de nuestra querida Katya, violada y asesinada el 4 de abril de 1999 tras haber sido separada de un nutrido grupo de adultos dentro del cual había militares, policías y “cuidanderos”. El hecho ocurrió mientras supuestamente dormía junto a su padre, el flamante capitán Edwin Miranda, quien entonces ocupaba un alto cargo en la seguridad del presidente de la República, Armando Calderón Sol. Este oficial castrense fue acusado por la Fiscalía, junto a su padre y dos “mozos”, de tener responsabilidad en los condenables sucesos que acabaron con la vida de la niña.

    Posterior al sobreseimiento que favoreció a esos cuatro individuos —otorgado por la “célebre” jueza de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán— se supo que el capitán se incorporaría de nuevo a la milicia e iniciaría el curso de ascenso para aspirar al grado de mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). “La Fuerza Armada —reza al artículo 211 constitucional— tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio.” En buenas manos está la salvaguarda de la Patria: en las de gente que ni siquiera defendió a su hija ni reclamó justicia. Mientras, Hilda María Jiménez y su hija Marcelita, madre y hermana de Katya, sufren un virtual exilio debido —entre otras cosas— al temor por su seguridad.

    ¿Por qué se llegó a tal situación? Primero, porque las investigaciones sobre el caso fueron llevadas en forma deficiente desde el inicio, comenzando por el fatal tratamiento de la escena del crimen y la intervención del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), entonces conducido por el actual director de la Policía Nacional Civil (PNC); intervención, por cierto, injustificada y nunca aclarada. Así se perdieron posibilidades valiosas para el esclarecimiento del brutal asesinato, incluyendo las potenciales fuentes de información.

    Y segundo, por la evidente actitud parcializada de la funcionaria judicial, que no valoró ampliamente las evidencias; éstas, aunque pocas, se lograron recabar con muchas dificultades. Por su manifiesta falta de profesionalismo, la jueza —muy aficionada a la notoriedad y poco consistente en sus juicios, como se ha confirmado últimamente— fue recusada. Al final, esa acción no prosperó pues prevaleció el espíritu de cuerpo dentro del sistema judicial; lejos de cuestionar su actuación, fue premiada tras el sobreseimiento aludido con un reconocimiento del Consejo Nacional de la Judicatura, calificándola como la segunda mejor jueza del país. A propósito, por esa cuestionable actuación, la madre de Katya presentó una denuncia en la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia hace casi diez meses; a la fecha, aún no hay respuesta.

    Y si lo anterior no es suficiente, el 20 de marzo del 2001 se conoció una noticia insultante: a Godofredo Miranda, tío de Katya, lo nombraron jefe de la División Anti Narcóticos (DAN) de la PNC. Frente a eso, resulta legítimo preguntarse: Si siendo el segundo  jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC al momento del horrendo asesinato de Katya y estando a pocos metros de la víctima, antes de su muerte, no colaboró desde el principio para el esclarecimiento del caso, ¿cómo investigará el tráfico de drogas? ¿Podrá enfrentarse a los poderosos narcotraficantes, cuando no lo hizo con los asesinos de su sobrina? Un cargo de tal nivel requiere de absoluta solvencia, rectitud probada y desenvolvimiento profesional libre de cualquier clase de influencias.

    Entre la desdichada historia de la justicia en nuestro país, hay cosas que poca gente conoce. Y en el caso que nos ocupa, casi nadie sabe que en horas de la tarde del 8 de enero del 2000 se realizó una reunión a iniciativa de quien ahora es jefe de la DAN. En ella estuvieron presentes su esposa, su hermano, y otros dos parientes presentes en el lugar cuando ocurrió el asesinato de Katya. Querían hablar con la madre de la víctima. El encuentro se realizaría inicialmente en la UCA, pero por la presencia —quién sabe cómo y por qué— de periodistas, el mismo Godofredo Miranda ofreció su oficina; entonces se desempeñaba como jefe de la División de Logística de la PNC. No podía existir otra forma para que Hilda María y alguien del IDHUCA, pudiesen ingresar a ese sitio; sólo era posible si su encargado les abría las puertas.

    Fue un sábado en la tarde, sin la presencia del personal a cargo de esta oficina policial. Las mujeres lloraron y los hombres hablaron; y hablaron bastante. Quien más lo hizo fue, precisamente, Godofredo Miranda. Ahí, la madre de Katya conoció una versión de los hechos que tres días después la escuchó de nuevo, “corregida y aumentada”, en la Unidad Técnica Ejecutora del Sector Justicia. Pero ante la jueza, como “anticipo de prueba “ solicitado por la defensa de los imputados sin justificación legal para ello, tal versión fue cambiada; peor aún, Godofredo Miranda fue más atrevido: dijo que había recibido presión de la FGR.

    De nuevo, cabe interrogarnos: ¿Qué se puede esperar de Godofredo Miranda, si al declarar en el proceso judicial cambió la esencia de lo que había dicho antes en presencia de Hilda María, el Fiscal General, sus auxiliares y personeros del IDHUCA? ¿Qué criterios se han utilizado para promover a este individuo, cuando el director de la PNC y amigos que lo rodean proclaman a los cuatro vientos su gran satisfacción por la auto depuración que dicen haber realizado en la corporación? ¿Qué opina la Embajada de Estados Unidos al respecto, conociendo su inquietud por todo lo relacionado con la impartición de justicia, la erradicación de la impunidad y el combate al narcotráfico? ¿Son o no son capitales esos temas en su agenda? ¿Se apoyará el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, como funcionario responsable de conducir la investigación del delito e iniciar la acción penal, en alguien que no sólo lo engañó sino también dijo ser víctima de sus presiones? ¿Confiará Artiga en el auxilio de Miranda para ofrecerle resultados exitosos a la sociedad salvadoreña en la lucha contra las drogas?

    Hay entonces tres personajes claves asociados al caso Katya que, de una u otra forma, en los últimos seis meses han resultado beneficiados dentro de sus respectivos empleos. Aquí surgen otras preguntas sin respuesta. Todo lo que pasó desde el domingo 4 de abril de 1999 —la violación y el asesinato de la niña, junto al ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas— hasta el triunfo parcial de la impunidad con la resolución de la jueza, ¿tiene relación con algún poder oculto e intocable capaz de mover cielo y tierra para comprar voluntades, amenazar testigos y escapar de la justicia? De forma más clara y directa: ¿A quién se está protegiendo y por qué?

    Lamentablemente para la mayoría de la población, estas cosas ocurrieron en El Salvador de la guerra, como en el caso Jesuitas; pero más lamentable es que hayan seguido ocurriendo en el de a “pos guerra”, como en el caso García Prieto, y sigan ocurriendo en el de esta dudosa “paz”, como en el caso Katya. Se continúa premiando a los autores de los delitos, a sus cómplices y a los funcionarios que entorpecen las investigaciones o imparten injusticia. Mientras esta tragicómica “fiesta” continúa, eso que llamamos “comunidad internacional” cuenta con un Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 17de diciembre de 1979. En sus dos primeros artículos plantea principios importantes que, en la práctica salvadoreña son “letra muerta” para sus gobernantes a la hora de otorgar cargos y ascensos en la administración pública. Veamos que dice.

    Artículo 1:  señala lo siguiente:  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” Aquí lo que más bien encontramos en las actitudes del militar, la jueza y el policía “premiados” es —a todas luces— una disonancia brutal con el alto grado de responsabilidad que alude ese texto.

    Artículo 2: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” Lo anterior afirma la doble obligación que los agentes del Estado tienen respecto a los derechos de las personas. Por un lado, respetarlos; por el otro, protegerlos. ¿Qué pasa cuando, en sentido contrario, lejos de respetarlos y protegerlos se favorece la violación de los derechos humanos? En cualquier país civilizado, reciben el castigo que merecen; acá, hasta les organizan homenajes.

    Los resultados de las negociaciones y acuerdos que acabaron con la guerra, no acabaron con la impunidad. Acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos son temas  que quedan reducidos o nulificados ante casos como el de Katya. Los premios para quienes obstaculizan su esclarecimiento y favorecen a los hechores, desnudan el sistema de injusticia nacional. Mientras, las víctimas —como en las épocas oscuras de la guerra— buscan refugio en otras latitudes.

    Aun para quienes sólo les interesa la efectividad de la justicia como un atractivo para la inversión y el crecimiento económico, casos como el de Katya, García Prieto y tantos otros, no ayudan en nada para tales propósitos. Pero yendo mas allá de estas apreciaciones metálicas y retomando el hecho de que la ley debe apuntar hacia la promoción del ser humano, los funcionarios encargados de que ésta se cumpla deben —ante todo y por encima de cualquier cosa— ser coherentes y consecuentes. Deben, en definitiva, convertirse en verdaderos ejemplos de respeto y  protección de la legalidad, independientemente de que por esto sean agasajados con ascensos, medallas o rancheras.

 SECUESTROS. "Nosotros no le vemos que sea auge", expresó el Ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, el pasado 19.03, al descartar la ola de secuestros que afecta al país. "Mi perspectiva es que en la medida que se haga sentir que el negocio del secuestro, no es un negocio, veremos que la cuestión baja", agregó. Sin embargo, el sector del transporte colectivo se ha visto afectado por los plagiarios en los últimos días. En lo que va del mes, varios empresarios de autobuses y microbuses se han convertido en víctimas. El presidente de la Federación de Asociaciones de Cooperativas de Empresarios Transportistas (FECOATRANS), Catalino Ezequiel Miranda, declaró que el gobierno y la Policía Nacional Civil (PNC) no son capaces de detener este fenómeno que atenta en contra de empresarios y comerciantes de la clase media y alta. En ese sentido, Elizardo González Lovo, diputado del PCN y empresario de autobuses, aseguró que los legisladores deben sumar esfuerzos para combatir los plagios; además, manifestó que "las recién aprobadas reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal responden a un clamor ciudadano por erradicar los secuestros". Por su parte, el Obispo Auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, consideró que la ola de secuestros en el país es el reflejo de un "terremoto moral". "El terremoto moral se observa en que existe impunidad, corrupción, irrespeto al valor de la vida, a la persona, honradez y honestidad", concluyó el prelado (EDH, 19.03.01, p.3; 20.03.01, p.13; LPG, 20.03.01, p.4).
 

 TÍTULOS. El Fiscal General de la República, Belisario Artiga, eligió, el 16.03, al abogado Roberto Vidales, como fiscal especial para investigar la validez de los supuestos títulos falsos otorgados a jueces y a un buen número de abogados. Uno de los motivos que ha obligado al Fiscal General a realizar la investigación fue la graduación sin control de profesionales. "Desde hace años se conoce públicamente que con el cierre (temporal) de la Universidad de El Salvador (UES), surgieron pseudo universidades privadas, lo cual propició la graduación masiva de supuestos profesionales", declaró Artiga. Por su parte, el fiscal especial agregó que la base para llevar a cabo la investigación serán los casos presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). El trabajo de Vidales consistirá en examinar, exhaustivamente, cuáles son los títulos falsos (los no expedidos por ninguna universidad) y los títulos irregulares (otorgados ilegalmente). De acuerdo con los informes realizados por el CNJ, se documentó más de cien casos de títulos dudosos. Además, fuentes del Ministerio de Educación (MINED) informaron que las mayores sospechas recaían en 57 funcionarios. Según los informes del MINED, en estos casos hubo irregularidades que ameritaban una seria investigación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, anunció en noviembre del año pasado, que "cinco de ellos (jueces) serían suspendidos, por considerarse que las irregularidades encontradas en su graduación eran suficientes para proceder a aplicar esta medida"(LPG, 17.03.01, p.4 y 5; EDH, 20.03.01, p.10).
 

 MERINO. El jefe de fracción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Francisco Merino, ha sido investigado por varios hechos. El último se refiere a la supuesta compra irregular de terrenos municipales en San Luis Talpa, La Paz, con la ayuda de un "prestanombres". La jueza de Instrucción de esa localidad, Ana Marina Guzmán, denunció ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al diputado, quien le habría amenazado vía telefónica. Mario Salamanca, vocero oficial de la Fiscalía General, aseguró que Merino presentó una demanda en contra de varios periodistas quienes habían publicado la denuncia hecha por la jueza Guzmán.  Por su parte, Merino consideró que con lo publicado se ha dañado su honor y su imagen. Posteriormente, la jueza afirmó que ella no había demandado al legislador "Nunca demandé al diputado Merino", declaró. El ambiente en el PCN se tornó ambiguo. Los diputados, Elizardo González Lovo y Rafael Machuca manifestaron que Merino tenía todos los atributos que requiere un legislador y hace un buen papel como diputado. Contrario a lo anterior, un bloque de diputados manifestó su descontento ante las aventuras de su jefe de fracción. Para el diputado Noé González, Merino no es la persona adecuada para representar su partido. "No me siento bien representado con él", afirmó. Por su parte, Hernán Contreras aseveró que los incidentes  provocados por el legislador ameritan un análisis y evaluación. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa y Secretario General del PCN, Ciro Cruz Zepeda, dijo que mantendría su apoyo a la gestión de Merino, aunque se verá obligado a "decirle lo que estamos padeciendo" (LPG, 09.03.01, p.8 y 9; 16.03.01, p.22;19.03.01, p.14)

Envíenos sus comentarios y sugerencias

---

Mayor información:
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655

---