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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 947
Abril 18, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  De guerrillero a pastoralista
Política:  Peripecias de la justicia
Economía:  Dolarización y tasas de interés
Sociedad:  La Cordillera del Bálsamo
Derechos Humanos:  Estudiantes reflexionan sobre nuestra justicia

 NOTICIAS
 
 

EDITORIAL

    El mundo de la guerrilla salvadoreña ha resultado variopinto, aunque algo parecido puede decirse del mundo de la pastoral —la especialidad que se dedica al cultivo de la dimensión espiritual de las personas. En este campo proliferan las corrientes religiosas más curiosas, aun dentro de las iglesias históricas. Se habían visto guerrilleros convertidos en políticos, economistas, empresarios, consultores, asesores, licenciados, docentes, analistas, funcionarios públicos, pero todavía no se había visto uno pastoralista, hasta que llegó Joaquín Villalobos. Tan polifacético sólo se puede ser desde la distancia y desde un saber que nunca duda, ni sospecha de sí mismo. Por eso, se dirige a los demás con aires de superioridad y autosuficiencia. Al igual que algunos otros ex guerrilleros convertidos en pensadores de derecha, Villalobos reparte consejos periódicamente a los diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Ahora les toca el turno a los ministros y pastores, quienes, según su opinión, debieran dedicarse las veinticuatro horas del día a la atención espiritual.

    Mucho se podría decir sobre la solvencia de un ex comandante guerrillero como éste para hablar de pastoral, incluyendo su participación en actos de terrorismo y en asesinatos; pero no vale la pena detenerse en los antecedentes personales. En lugar de ello es más interesante analizar las ideas que este intelectual de nuevo cuño propone desde Oxford sobre la pastoral idónea para estos tiempos tan violentos y de abierto desprecio a los principios y valores humanos y morales.

    Al pastoralista le preocupa mucho que los templos católicos estén vacíos —afirmación, por otro lado, discutible—, mientras que las masas se aglutinan alrededor de los pastores de las diversas sectas, en busca de consuelo. La explicación que da es que los sacerdotes, en lugar de ocuparse de lo que llama la salvación de las almas, se dedican a hablar de política. Su consejo, por lo tanto, es dedicarse a la salvación de aquéllas, olvidándose de los cuerpos. Pero va más allá al exigir el derecho a la atención espiritual, aparte de advertirles que al concentrarse en lo material “se hacen daño ellos mismos”. La tesis, además de ser curiosa por partida doble, tiene presupuestos falsos.

    En primer lugar, porque considera el ministerio pastoral desde la perspectiva utilitaria, como un medio para recuperar unos valores que, según su autor, se habrían perdido, lo cual supone que, en otro tiempo no lejano, los hubo en abundancia. La lógica es impecable, las religiones que ponen más atención a los problemas del alma no sólo tienen más seguidores, sino que, además, ayudan más a los pobres y a la democracia. Sobre todo a esta última, tal como la entiende el orden establecido por el capitalismo, que es lo que más interesa a este nuevo pastoralista. El ministerio pastoral es mucho más que predicar valores para que el capitalismo y su democracia puedan funcionar sin los tropiezos de la delincuencia, el descontento social y la violencia. Si esto es lo que busca, Villalobos ha ido al lugar equivocado. Para eso es mejor pasarse a la tradición calvinista estadounidense con su austeridad de vida, su rigurosa disciplina personal y su respeto reverencial al orden establecido —pero ahí también estos valores han caído en desuso, víctimas del capitalismo neoliberal.

    En segundo lugar, porque Villalobos enjuicia la pastoral desde su situación particular. Cuando era guerrillero, el sacerdote y el pastor debían apoyar desde el púlpito y de manera incondicional el cambio revolucionario. Aunque cae en la cuenta de su incongruencia, sale al paso de la misma argumentando que, en ese entonces, era necesario, pero ahora ya no lo es. Así, no se atreve a desautorizar a Mons. Romero, ni a los jesuitas mártires. Ambos habrían sido víctimas de las represalias de un régimen autoritario, porque se negaron a aceptar el papel que éste les había asignado.

    Pero ahora, las cosas habrían cambiado; ahora habría que apoyar a la democracia y cuidar a los pobres. Es decir, como él ha cambiado de lado, todos los demás también debiéramos seguir sus pasos. Habiendo elecciones libres, partidos políticos de tendencias diferentes, libertad de expresión y una prensa muy crítica y una sociedad civil fiscalizadora, ya no es necesario ir a un templo a oír hablar de los derechos de la ciudadanía. Ahora, cuando un religioso da prioridad a la política, es la voz de los con voz, por lo tanto, uno más. El consejo pastoral es, en consecuencia, dedicarse al cuidado exclusivo de las almas. Pero este análisis de la realidad salvadoreña es muy discutible porque las elecciones son limpias para elegir a un empresario, los partidos representan a un sector social muy reducido, la expresión pública es controlada por el gobierno y las agencias de publicidad, la crítica de la prensa depende de la agenda de su propietario y la sociedad no tiene poder para fiscalizar a nadie.

    Los presupuestos de Villalobos son falsos; aparte de pecar por ignorancia. Cita a un sacerdote rural desconocido de su época de guerrillero, quien le habría dicho que como ellos hablaban mucho de la problemática nacional y de la necesidad de luchar, la gente se habría pasado a los cultos evangélicos, los cuales se ocupaban más de la espiritualidad. Aquellos piden sacrificios, pero éstos darían consuelo. La contraposición es falsa, porque no existe espiritualidad cristiana sin ocuparse de la propia realidad y de la realidad social, sin sacrificio para liberarse de los propios pecados para así ponerse al servicio de los demás. Villalobos no está lejos de proponer que se predique la resignación para adormecer las demandas populares. Mons. Romero sería una excepción, porque “era un religioso de verdad, ocupado de la espiritualidad y de ayudar a que la gente humilde sobrellevara sus problemas, los ricos eran para él una fuente de recursos para mitigar el dolor”. Curiosa interpretación del ministerio de Mons. Romero, que sólo pone en evidencia lo poco que su autor conoce la espiritualidad y la postura profética ante la riqueza y los ricos del arzobispo mártir.

    Tampoco entiende de dónde proviene el influjo social de la Iglesia católica. Si el sacerdote o el pastor hablan de política tal como lo hacen los políticos y los analistas de pacotilla, es, sin duda alguna, una voz más entre muchas; pero si habla en defensa de las víctimas de la violencia y la injusticia, entonces, es la voz de los sin voz, la voz que clama en el desierto. Cuando hay opresión e injusticia, la voz del pastor no es una voz más, sino la voz de las víctimas y su palabra quedará, como queda la de Mons. Romero e Ignacio Ellacuría y sus compañeros mártires, mientras que la de Villalobos, como a tantas otras, se la lleva el viento. Lo que molesta a nuestro pastoralista no es que los ministros de la palabra se hagan daño a sí mismos, sino que utilicen su credibilidad y su influjo social para cuestionar un orden injusto y, por lo tanto, empecatado, pero que él considera aceptable, porque se encuentra bien en él.
 

[EXTRACTO]

    Ultimamente, la justicia salvadoreña no le atina por ningún lado. Cada día, su ceguera se hace más patente. En efecto, la marcha del sistema judicial parece ser la de un ciego que anda estrellándose contra las paredes de la realidad nacional. En una palabra, la conflictividad social le queda grande al diseño y administración  del sistema judicial. Las demandas de transparencia y eficiencia en la administración de la justicia no compaginan con la actitud de buena parte de los responsables de esa institución.
 

[EXTRACTO]

    Después de casi cuatro meses de la vigencia de la denominada Ley de Integración Monetaria (o dolarización), aun no se perciben los ingentes beneficios que sus apologistas tanto pregonaron. La supuesta reducción de las tasas de interés activo bancario no se ha concretado; lejos de ello, el panorama sigue presentándose sin mayores cambios para los usuarios del sistema financiero. Esto no sería problema de no ser porque desde antes venían experimentándose restricciones al crecimiento económico derivadas del funcionamiento del sistema financiero.
 

    El modelo de desarrollo económico imperante en El Salvador, aunado a una elevada densidad poblacional, ha propiciado una alta concentración de población alrededor de las áreas urbanas. Este proceso —que se comenzó a evidenciar desde la reforma liberal de finales del siglo XIX— no generó mayores problemas sino hasta finales de los años sesenta y principios de los años setenta del siglo XX.

    La concentración poblacional en San Salvador, además de generar un agotamiento de los suelos destinados para la construcción de viviendas, generó también un éxodo de los estratos medios y altos de la capital hacia zonas de mayor privacidad y exclusividad, generándose como consecuencia de ello el desarrollo de complejos habitacionales en lugares con más de algún riesgo geológico debido a las características topográficas de los terrenos que se encuentran en o alrededor de cerros, volcanes y quebradas. Ello explica la construcción de casas y multifamiliares en barrios y colonias, realizada con base a normas urbanísticas para la población de regular, mediano y alto poder adquisitivo, así como también la construcción de "champas" en zonas marginales realizadas sin mayor criterio urbanístico para la población de escaso e ínfimo poder adquisitivo.

    La zona  de la Cordillera del Bálsamo en Santa Tecla, por su cercanía con la capital y por sus condiciones climáticas, se convirtió en  los últimos quince años en una zona exclusiva y de alta plusvalía, que atrajo a la población de regular, mediano y alto poder adquisitivo para residir en ella, con lo cual comenzó un acelerado y desordenado crecimiento urbanístico, donde los estudios y posiciones respecto al uso del suelo no constituían una preocupación muy sentida para la mayoría de la población.

    Luego de la vulnerabilidad evidenciada tras el sismo del 13 de enero, el interés sobre el estado y usos del suelo (que antes parecía preocupar sólo a los ambientalistas) pasa a ser tema a considerar por diversos actores gubernamentales y no-gubernamentales. En efecto, con los dos últimos terremotos, los lugares más afectados en términos de vidas humanas perdidas fueron las urbanizaciones ubicadas en torno a la Cordillera del Bálsamo (más concretamente las residenciales “La colina 1 y 2”, y, en menor medida, la residencial "Pinares de Suiza”).

    Por tanto, la Cordillera del Bálsamo cobra una importancia que va más allá de lo geológico, pues lo que aquí se decida incidirá en la forma en que se perfilará el ordenamiento territorial en el país y la consiguiente discusión sobre el uso de sus suelos. En tal sentido, la Cordillera del Bálsamo viene a ser el escenario en torno al cual se van a sentar los precedentes necesarios para definir y establecer qué actores gubernamentales inciden, cuáles son las competencias que les servirán de base para relacionarse entre sí, y cómo ellos deberán hacer partícipes a los actores no-gubernamentales en el proceso de toma de decisiones respecto al uso del espacio territorial.

    En otras palabras, tanto el crecimiento urbanístico como el revelador mapa de fallas geológicas en que está asentada la población del área metropolitana de San Salvador imponen el problema del ordenamiento territorial como tema necesario a discutir.
Si se parte de que ordenamiento territorial es un "proceso mediante el cual diferentes actores gubernamentales y no-gubernamentales toman las decisiones respecto al uso del suelo en un municipio o región determinada”, nos daremos cuenta que el ordenamiento territorial implica poner en común una serie de intereses que muchas veces son contrapuestos.

    La decisión respecto al uso de los suelos en un lugar determinado ciertamente es una facultad estatal contemplada en la Constitución de la República. No obstante, en la misma Carta Magna se dice que  el Estado está compuesto por los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que la autoridad máxima de un municipio la constituyen el consejo municipal precedido por el alcalde.

    Si profundizamos en cada una de esas consideraciones, rápidamente notaremos que dentro de las atribuciones contempladas en las leyes menores a veces existe dualidad de competencias. Entonces, al analizar el caso concreto del uso de los suelos en la Cordillera del Bálsamo en la zona de Santa Tecla, nos damos cuenta de que también participan otros actores en relación desigual de poder, con lógicas diferentes y en posiciones encontradas: por un lado los que promueven un ordenamiento territorial con uso racional y sustentable del suelo; y, por otro lado, los que promueven un ordenamiento territorial con uso discrecional del suelo y para  provecho privado.

    Así,  el ordenamiento territorial no se encamina por buen rumbo, en tanto que los actores que abanderan la  lógica del uso racional y sustentable del suelo no tienen el suficiente poder para  facilitar un acercamiento y entendimiento con los actores que sustentan la otra lógica respecto, es decir, la lógica del uso discrecional y privado.
Establecer un ordenamiento territorial sin antes haber definido las normas facilitadoras para el consenso de los intereses sustentados por los diferentes actores involucrados en ese proceso, dificultará alcanzar la plena “satisfacción de las necesidades para las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones venideras futuras”.

    Tomando en cuenta lo anterior, quizá sea importante generar una discusión a partir de las siguientes conclusiones:

    En primer lugar, hay que partir de que los  actores que inciden en la definición del uso de los suelos en la zona de la Cordillera del Bálsamo de Santa Tecla son, por un lado, las organizaciones  ecologistas, las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones afectadas por el terremoto, la OPAMSS y la Alcaldía de Santa Tecla; y, por otro lado, la CASALCO, el Ministerio del Medio Ambiente y el Vice-Ministerio de Vivienda

    En segundo lugar, la lógica del ordenamiento con uso racional y sustentable del suelo es defendida por los movimientos ecologistas, las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones afectadas por el terremoto, la OPAMSS  y la Alcaldía de Santa Tecla, y los que están en la lógica de un ordenamiento territorial de uso discrecional y de provecho sectorial son la CASALCO y los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente.

    Por último, es importante mencionar que entre las dificultades existentes para que los actores enfrentados respecto al uso del suelo en la Cordillera del Bálsamo se acerquen una de las más importantes es la ausencia de un conocimiento profundo de las implicaciones que conlleva cerrarse en unas lógicas que se excluyen mutuamente y que impiden un acercamiento básico entre ambas.

    A simple vista, la Cordillera del Bálsamo es sólo una montaña de regular tamaño, pero el terremoto la puso como el símbolo para avanzar, en la discusión del ordenamiento territorial, hacia la unidad o hacia una profundización en el deterioro de las relaciones sociales, lo cual depende de lo que decidamos los salvadoreños.

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Colaboración de Joaquín Aguilar, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA
 

    El pasado 30 de marzo, la Comisión de Cultura de la Corte Suprema de Justicia y el IDHUCA organizaron una jornada para reflexionar sobre un importante y candente tema para nuestra gente: “El acceso a la justicia en El Salvador”. Como parte de la actividad se realizó una mesa redonda efectuada en el Auditorium “Ignacio Ellacuría”; en ella, disertaron las siguientes personalidades: la doctora María Guadalupe Otero Morfin, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, México; el doctor Jorge Eduardo Tenorio, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el padre José María Tojeira, rector de la UCA.

    De las diversas exposiciones, destacó la necesidad de respetar y concretar en la realidad el derecho a la justicia que tenemos todas las personas, tanto para garantizar la paz social como para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho. Igualmente, se realizaron críticas profundas y radicales contra los rasgos culturales, sociales, políticos e institucionales que obstaculizan el verdadero acceso a la justicia para las y los habitantes del país. Además, para tener un panorama completo de la situación, también se abordó lo relativo al problema de la justicia desde la óptica “oficial”; no obstante lo que al parecer eran algunos intentos para justificar ciertas formas de proceder, desde esta óptica se establecieron importantes retos y desafíos estructurales y coyunturales que tiene el Estado para superar sus miserias en cuanto al acceso a la justicia.

    En definitiva, fue una actividad académicamente provechosa a la que asistieron muchos jóvenes estudiantes de Derecho de la UCA, quienes tuvieron la posibilidad de conocer el pensamiento y escuchar la palabra de las figuras antes mencionadas. Precisamente, la presencia de tantas personas de corta edad en el auditorio es algo que llamó mucho la atención de los ponentes y cualquiera pudiera —erróneamente— llegar a pensar que tan destacada participación de las y los alumnos era, simplemente, producto de un requisito formal exigido para obtener una nota. Lo anterior queda desvirtuado al leer algunos de los apuntes y conclusiones que los futuros abogados y abogadas escribieron, en ocasión de proporcionar un informe sobre la actividad.

    Queremos resaltar, en esta ocasión, algunos de los comentarios efectuados por bachilleres que actualmente cursan la materia de Derecho Penal III. Hablamos, pues, de alumnas y alumnos que están por finalizar su segundo año de la carrera de Ciencias Jurídicas o que están iniciando el tercer año de la misma. O sea, de salvadoreños y salvadoreñas que —debido a las reformas en las leyes de educación— a pesar de haber cursado algunos ciclos de la enseñanza superior, no sobrepasan los 20 ó 21 años de edad. Entre dichos comentarios, se encuentran los siguientes.

    Uno de los grandes problemas que enfrenta el país es el poco acceso que tiene la población a la Justicia, lo cual se debe no sólo a una cultura de impunidad, sino también a una política económica que ha agudizado la desigualdad social. Por lo que aquel sector más vulnerable, ve segada la posibilidad de tener acceso a una pronta y cumplida justicia.

    Teniendo presente que los acuerdos de paz están próximos en el tiempo y que es menester constituir un Estado Constitucional de Derecho, donde los diversos sectores sociales estén reconciliados, surge la apremiante necesidad del acceso a la justicia, visualizándola no sólo como necesaria sino como un derecho que dignificaría al salvadoreño, reconciliándolo y otorgando una sociedad más justa,.

    El Poder Judicial se convierte en el mecanismo idóneo para fortalecer una sociedad, ofreciéndole paz y justicia a sus habitantes. Siendo base para la democracia. Empero, al encontrarnos frente a un aparataje estatal donde la justicia no es más que una utopía y la corrupción, la indiferencia, la extrema pobreza son la realidad, no cabe más que revalorizar la estructura del Estado salvadoreño, tomando conciencia de lo imprescindible que es convertir la Constitución en eje vital del país. Creando de esta forma los cimientos para contar con un renovado Órgano Judicial, que le otorgue al salvadoreño los medios para accesar a la justicia y que éste recobre la confianza en los procesos judiciales, tribunales, etc.

    Importante es señalar que el poder reside en el pueblo y está a beneficio de él. Por lo tanto el acceso a la justicia debe enfocarse hacia el fortalecimiento social. No basta contar con una serie de Derechos Sustantivos, sino también, con un Órgano de Justicia, con un Estado que nos garanticen  el cumplimiento de ellos.

    En conclusión, no existe reconciliación sin justicia no se puede pensar en un nuevo El Salvador basado únicamente en el olvido, es fundamental terminar con la impunidad, lo cual sólo se obtendrá a través de un Órgano Judicial eficiente, independiente y consciente de su función” (Roxana Carolina Zeledón Cortez).

    Si bien es cierto el problema de acceso a la justicia en nuestro país se debe en parte a la cultura que poseemos, hay otros aspectos que pesan más como el económico y político que es lo que viene a influir al final en nuestra cultura. En otras palabras, mientras no exista un desarrollo sostenible y existan desigualdad económica o de cualquier otro tipo, tráfico de influencias, compra de voluntades, o cualquier acto ílicito o inmoral que contravenga las buenas costumbres y la inaplicabilidad de la ley, muy difícilmente se tendrá en el país un real derecho de acceso a la justicia. Lo más curioso de esta discusión es que los que tienen relación directa con el sistema de justicia se limpian las manos, acreditando estos obstáculos a los desastres naturales o al exceso de población o en última instancia a la cultura. Entonces porque no se empieza a dictar fallos ágiles y equitativos para reculturizar a la sociedad salvadoreña (Rolando Jamurabi Larín López).

    La doctora Morfin Otero, expositora en la conferencia, dijo: “La Justicia debe dejar de ser lejana y costosa para convertirse en cercana y posible”. Con ellas arranca Carolina Alicia Molina, para plantear lo siguiente:

    En una sociedad como la nuestra, en donde la justicia está al servicio de quien puede pagarla o en muchos casos comprarla, la afirmación anterior debería convertirse en el reto más grande y más buscado por el Sistema de Justicia. Para esto se necesita tanto el apoyo social como político, pues el acceso a la justicia, (según el Dr. Thompson) se relaciona más con la realidad que con la norma.

     Las razones sociales planteadas por el padre Tojeira, constituyen graves obstáculos que deben combatirse para que la justicia sea una realidad patente. En un país donde la brecha entre ricos y pobres es demasiada grande, y donde más de la mitad de la población se encuentra sumergida en la pobreza, el derecho humano a la justicia debe estar sustentado y dirigido hacia los más débiles, que al fin y al cabo constituyen la mayoría de la población. Debe ponerse fin al privilegio y la protección de los poderosos por parte de los mismos órganos del Estado, que ni siquiera se preocupan por ocultarlo. Un caso concreto pueden ser las reformas penales que ciertos sectores influyentes “propusieron”, lo cual evidencia que las leyes están al servicio de las minorías poderosas que ven afectados sus intereses. Como se ha dicho, además de ser visto desde los más débiles debe ser real, efectivo e imparcial, para que el acceso a la justicia sea una realidad.

     Además de esta realidad socio-económica, no cabe duda que el país sufre un momento difícil en cuanto al funcionamiento del Órgano Judicial y de las instituciones auxiliares de la Justicia.

     Tal es el caso de la PNC, atrapada por la corrupción e inoperatividad, además de la incompetencia e incapacidad notoria de algunos de los fiscales, sumándose el Órgano Judicial con sus jueces corruptos y los títulos fraudulentos de algunos de ellos. De esta manera, también la retardación de justicia ha provocado la falta de credibilidad de la población, la cual debe exigir una justicia imparcial, rápida y apegada a Derecho.

     Karen Azalia Mazariego Contreras, por su parte, opinó de la siguiente manera: Con el desarrollo de la mesa redonda denominada “El acceso a la justicia” se planteó la grave problemática que atraviesa en general la población salvadoreña, al tener un dificultoso, por no decir nulo, acceso al sistema de justicia en nuestro país.

     La justicia, definida como “aquella virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde y, en un sentido jurídico, lo que es conforme a Derecho”, representa uno de los valores más difíciles de alcanzar en nuestra sociedad, no solamente por factores culturales, económicos, sociales, etc., sino además por la inadecuada administración y manejo del sistema judicial que existe en nuestro país, la falta de cumplimiento de plazos en los procesos, la independencia mal interpretada de los jueces, que genera discrepancias en la resolución de situaciones similares por la aplicación desigual que se hace de las normas jurídicas entre tribunal y tribunal, la falta de capacitación tanto de algunos jueces para dirigir procesos como de fiscales y policías. inclusive, en la calificación e investigación de delitos, generan situaciones de impunidad e inseguridad jurídicas, que lo único que logran es desacreditar lo poco que pueda estarse realizando en forma adecuada, trayendo como consecuencia la falta de confianza de la población en las instituciones estatales, generándose un clima de inestabilidad social que conduce a los seres humanos a confiar más en su propia justicia, que en la justicia que pueda brindar el ordenamiento jurídico vigente.

     Ante todo ello, soluciones como el desarrollo de una cultura de diálogo, que permita establecer a ciencia cierta las fallas en que incurre el mecanismo de justicia a la hora de accesar a él, se hacen necesarias para lograr fundar sobre bases sólidas un verdadero Estado de Derecho, en el que las actuaciones sean transparentes y con la única finalidad de que las mayorías gocen de un estado de equidad y sobre todo de justicia que les corresponde. Con la salvedad de que hay que tratar como iguales a los iguales y desiguales a los desiguales, en la lucha por la defensa de sus derechos.

     Xiomara Verónica Contreras Cerna y Angela Carolina López Osorio, manifestaron lo siguiente: Con respecto a lo expuesto por el doctor Tenorio, creemos que tiene la idea central de lo que es el sistema de justicia, pero no del acceso a ella, ya que no la adecua a la realidad del país. Técnicamente se expresó muy bien, pero nuestro país no necesita de promesas si no de hechos concretos para que el pueblo tenga una eficaz y pronta justicia.

     El padre Tojeira se manifestó de una manera menos técnica pero más real, pues se apega al sistema de Derecho que lamentablemente tenemos en el país. No necesitamos grandes personalidades dentro del Órgano Judicial, sino ciudadanos justos que aspiren y que ayuden a encontrar el bien común para la gran mayoría de nuestro país y no sólo para aquellos pequeños sectores que cada día se enriquecen más ilícitamente a costa de nuestro pueblo. Por tanto, necesitamos dentro de nuestro sistema de justicia facilidades para acceder a los tribunales y así tener una pronta, justa y eficaz satisfacción de nuestras pretensiones.
 
 

VIOLENCIA. Las vacaciones de Semana Santa no sólo trajeron diversión y descanso en las familias salvadoreñas, sino también luto y dolor. El índice de violencia, accidentes de tránsito, fallecidos por diversas causas y, por si fuera poco, la escasez de agua, fueron algunos de los rubros que entorpecieron la tranquilidad de la población. No cabe duda de que El Salvador sigue siendo uno de los países de Centroamérica que presenta elevados niveles de inseguridad. Uno de los rubros que cobró realce en estas vacaciones fue la violencia. En efecto, la cifra pasó de 117 durante la semana santa del año pasado a 124 muertos, durante este año, lo que representa un incremento del 10.95 %. De los fallecidos, 79 fueron víctimas de lesiones por arma de fuego y blanca. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la actividad delincuencial disminuyó en un 36% en estas vacaciones. Lo sorpresivo sucedió con los secuestros,  de los cuales no se reportó ningún caso. Según el Coordinador de Operaciones de la PNC, Andrés Ramírez, "hubo una disminución en hurtos y robos de vehículos. Este año hubo 54 vehículos menos que el año pasado. En todos los delitos hubo una disminución considerable", dijo. Las carreteras del país, mantuvieron un flujo constante de vehículos y un control permanente de las unidades de antidopaje del Viceministerio de Transporte Terrestre. En este sentido, los accidentes de tránsito disminuyeron. El año pasado hubo un total de 484, mientras que este año la cifra bajó a 339; es decir, un 29.95 % menos que el año pasado (EDH,16.04.01, p.2 y 3; LPG,16.04.01, p.4).
 

DEPURACIÓN. El secretario general de la Fiscalía General de la República (FGR), Mario Salamanca, informó, el 02.04, que se ha dado por finiquitado el proceso de depuración dentro de la institución. Salamanca reveló que al final del proceso se investigó a 63 fiscales, de los cuales se acordó separar de sus cargos a 41 agentes auxiliares. De acuerdo a los resultados de la investigación, 15 fiscales fueron absueltos de todo tipo de sospechas, 7 casos están pendientes de resolverse y 28 apelaron la decisión. El segundo paso a seguir, según Salamanca, es determinar si hubo conductas delictivas en los casos que se depuraron; de comprobarse lo anterior, se abrirían procesos penales en contra de los presuntos responsables. “Se van a revisar todas las diligencias de cada expediente para ver en cuál hubo delito”, concluyó el jefe fiscal. Aunque el proceso de depuración interna ya concluyó para la FGR, el decreto que le permitió “limpiar la casa” a esa institución tendrá vigencia por 45 días más, en los cuales el Tribunal de Apelaciones —instancia independiente de la FGR— podrá escuchar a los fiscales “depurados” que hayan presentado apelación. En noviembre pasado, la Asamblea Legislativa, mediante el decreto 199, facultó por 180 días al Fiscal General de la República, Belisario Artiga, para realizar la depuración. Finalmente, Salamanca informó sobre la decisión del Fiscal General de fortalecer la Unidad de Auditoría Interna, con lo que se continuará vigilante de las acciones de los fiscales (LPG, 03.04.01, p.10).

PROCURADOR. Una vez más, el pleno legislativo se vio en aprietos para elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Sean los intereses que sean, los partidos políticos cuidan mucho el apoyo que puedan dar a un funcionario como se ha visto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Como se tenía previsto, la Doctora Beatrice de Carrillo era la candidata que asumiría el cargo de la institución. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles, puesto que ya se habla de un nuevo candidato, Roberto Orellana. Por su parte, los partidos de ARENA y FMLN se reunieron para poner las cartas sobre la mesa, pero este encuentro no rindió frutos. Por un lado, ARENA exige que antes de elegir al procurador se apruebe un decreto de depuración propuesto por sus diputados, el cual fue rechazado por el FMLN. Este partido no apoya la propuesta arenera, por considerar que ellos abanderan la tesis de que el nuevo titular de la Procuraduría será el indicado para hacer lo que ellos llaman reingeniería dentro de la institución. Entre tanto, algunos partidos tienen de nuevo en sus listas el nombre de Orellana y de Zoila de Inoccenti. De no encontrar acuerdos sobre el mecanismo de depuración, la elección del nuevo Procurador tendrá que esperar no se sabe por cuanto tiempo más (Radio YSUCA, 03.04.01).

ESCASEZ. La población salvadoreña permaneció tres días sin agua, tras un drástico corte del vital liquido que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) hizo en varias zonas de la capital e interior del país. ANDA se vio obligada a suspender el servicio de agua debido a los trabajos que se realizaron en las plantas de extracción de agua de Bocatoma y en las tuberías del reservorio de agua de la planta de tratamiento del Río Lempa. Según las previsiones de la institución, los trabajos que se realizarán a lo largo del presente año y principio del 2002 resolverán uno de los mayores problemas de los capitalinos: la falta de agua. Ante las dificultades suscitada por la medida,  muchos ciudadanos se mostraron indignados con la decisión de ANDA. El Presidente de ANDA, Carlos Perla, manifestó en conferencia de prensa que "en estos momentos la demanda de agua es mayor que la oferta, pero con estos trabajos se espera poder superar los requerimientos de la ciudad para los primeros meses del año 2002". Ante esta situación, diversos sectores se mostraron insatisfechos por la suspensión del agua. "Yo he tratado de llenar la pila, todos los huacales para que estas reservas me alcancen", expresó una ama de casa. Otro usuario opinó que "si la suspensión de agua ha sido para mejorar el servicio, entonces bien vale la pena el sacrificio". Pese al llamado realizado por la institución, decenas de familias no lograron abastecerse de agua. La suspensión del servicio afectó a más de un millón de residentes de San Salvador y su periferia. La falta de racionamiento de agua en diferentes zonas del país, no es una situación nueva. Las quejas van desde suspensión por semanas y meses, hasta cobros excesivos de un servicio que es deficiente (EDH, 07.04.01, p.2 y 3, LPG,12.04.01, p.4; 16.04.01, p.5).

CAFÉ. La cotización del quintal de café cayó, el 16.04, a la más baja en ocho años, alarmando a todos los países productores del grano. Con $56.65 por quintal de café, el producto se coloca en la escala de irrentabilidad, cuyos costos de producción en El Salvador ascienden a $57. La baja proviene de la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde los corredores del mercado cafetero especularon con la abundante existencia del grano para ofrecer precios más bajos. Como consecuencia de la baja, el director ejecutivo del Consejo Salvadoreño de Café (CSC), Ricardo Espitia explicó que la baja de los precios es normal, debido al exceso de grano por las recientes salidas de cosechas de Centroamérica y México. Asimismo, Espitia aclaró que la tendencia se mantendrá a largo plazo, “los productores deben estar conscientes de que la recuperación de los costos no será a corto plazo”, concluyó. La tendencia bajista continuó el 17.04, cuando el grano perdió otros 45 centavos de dólar. Hasta ese día, El Salvador vendió 1.1 millones de sacos de café (de café) por un valor de $74.5 correspondientes a la cosecha 2000/2001, según el CSC. Con respecto al período anterior se registró una baja de ventas de 600 mil sacos y $30.3 millones. Según estimaciones del CSC, la presente cosecha se ubicará en unos 2.3 millones de sacos de 46 kilos, de los cuales unos dos millones serán destinados a la exportación. El sector además tiene que lidiar con el impacto dejado por los terremotos que afectaron a unos 6 mil de los 21 mil productores nacionales (EDH, 17.04.01, p.22; 18.04.01, p.28; LPG, 19.04.01, p.23)

CUMBRE. Los presidentes de Centroamérica buscarán reunirse, el 20.04, con el mandatario estadounidense George W. Bush, durante la realización de la III Cumbre de las Américas, en Quebec, Canadá. Los mandatarios del área propondrán a Bush un Tratado de Libre Comercio, antes de la concreción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), programado para el 2005.  El ministro de Economía salvadoreño, Miguel Lacayo, adelantó que “en Argentina logramos la confirmación  por parte del embajador estadounidense de la voluntad de su presidente para impulsar un TLC entre Centroamérica y Estados Unidos en el corto plazo". El presidente salvadoreño, Francisco Flores, asistirá a Quebec acompañado de su esposa, Lourdes de Flores; la ministra de relaciones exteriores, María Brizuela de Avila; el ministro Miguel Lacayo; el embajador de El Salvador en Canadá, Mauricio Rosales, y Margarita Escobar, representante del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Salvador, por tener la secretaría pro témpore de los organismos del área, será el vocero de la región, cuya postura es adelantar la entrada en vigencia del ALCA para el 2003. Este será el tema privilegiado a tratar en la Cumbre que reunirá a todos los mandatarios del continente, excepto Cuba. De concretarse el ALCA se conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo y reunirá al 15% de la población del planeta con $2.7 billones anuales de intercambio comercial y un PIB total de $11,400 millones (LPG, 17.04.01, p.2b; EDH, 19.04.01, p.6; La Nación de Costa Rica, 19.04.01).

ASISTENCIA. El Banco Mundial (BM) presentó, el 18.04, el “Informe de las consultas sobre la estrategia de asistencia a El Salvador”, el cual contiene el programa de asistencia que la institución brindará al país. El programa tendrá como principales objetivos la lucha contra la pobreza y la generación de empleos. Los objetivos fueron identificados mediante una consulta que hizo el organismo a diferentes sectores nacionales: Asamblea Legislativa, empresa privada, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, alcaldes, comunidad internacional y el gabinete de gobierno. El informe señala, además, los problemas sociales más urgentes identificados por los consultados: el crimen, la violencia y el bajo nivel de inversión social. Las principales metas de la asistencia del BM son la reducción de la pobreza rural y urbana, la promoción de proyectos de generación de empleos al nivel nacional, la disminución de las vulnerabilidades de la población y los desastres naturales. Asimismo, propone que para que se ejecuten las metas se necesita un pacto fiscal y una nueva norma en materia de aprobación legal de los créditos. El representante del BM para el país, José Roberto López, confirmó que en Quebec, durante la III Cumbre de las Américas, el presidente Francisco Flores se reunirá con el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para lograr el avance en la formulación de las condiciones de los nuevos préstamos que la institución otorgará a la nación (EDH, 19.04.01, p.27 y 28).

 REFLEXION. "Es el domingo más grande de todo el año para la Iglesia Católica", "El pueblo salvadoreño ha sido asociado al padecimiento de Cristo... Pero Dios Padre se ha hecho presente en estos meses de calvario... Vamos a resucitar de los escombros", con estas palabras dio inicio a la homilía del domingo de Resurrección, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. La reflexión giró en torno a algunas citas del evangelio, en que el sepulcro de Jesús ya está vacío. Estas palabras sirvieron como punto de partida para que Sáenz Lacalle proclamara la victoria de Cristo y de sus seguidores. A pesar de que muchas iglesias carecen de infraestructura, la fervorosidad de la gente estuvo al pie del altar. Un claro ejemplo de ello fue la Catedral de San Vicente, donde la gente participó al aire libre de las celebraciones de Semana Santa. Otro pueblo fue Comasagua, donde no se escuchó el repique de las campanas para llamar a la misa de Resurrección. "Se nos calleron las paredes, no la gente", reflexionó el párroco del pueblo, Luis Amaya. Para él, el aumento en la asistencia a los templos católicos durante la Semana Santa es producto del amor que Dios nos da. Por su parte, Saenz Lacalle dijo que "no es por temor que la gente se acerca a Dios, sino por reflexión... Ha habido un aumento de fe...Primero Dios salgamos adelante", El arzobispo invitó a la población a creer en que Dios hará algo bueno y que El Salvador saldrá de los escombros, resucitado (Radio Paz,15.04.01; EDH,16.04.01, p.28; LPG,16.04.01, p.8).

OPINIONES. El Salvador salió mejor librado del total de emergencias registrado durante la Semana Santa en comparación con el año pasado. A  juicio del director del Comité de Emergencia Nacional (COEN), Mauricio Ferrer, las emergencias disminuyeron debido a los reajustes en los planes de todas las instituciones de socorro. "Iniciamos la semana preocupados por el aumento de las emergencias en los primeros días. La policía redobló sus controles vehiculares y las unidades antidopig ejercieron una acción coercitiva. Por primera vez en la historia del montaje del COEN, hemos reducido las emergencias en un 23.49 por ciento", explicó Ferrer. Por su parte, el vocero oficial de Cruz Roja Salvadoreña, Carlos López Mendoza, dijo que "el control de asistencia humanitaria en los 125 puestos en las carreteras y los 41 en las playas y balnearios fue suficiente". Esto significa que hubo disminución de un 41.59%. En el mismo orden, el Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, opinó que los delincuentes se habían dedicado a secuestrar en la víspera de Semana Santa para contar con dinero en sus vacaciones. "Las estadísticas policiales reflejan un aumento en la violencia social". Agregó que "del 6 al 4 de abril se contabilizaron 81 homicidios, de los cuales 69 se produjeron por rencillas personales, pasionales o de otro tipo que no tenía que ver con lo delictivo” (Radio YSUCA, 16.04.01; EDH, 16.04.01, p.4).
 

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