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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 948
Abril 25, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Optimismo autocomplaciente y nostalgia autoritaria
Política:  Divergencias en torno al ALCA (I)
Economía:  Desafíos y oportunidades del libre comercio
Región:  El ALCA: una inspiración prestada
Comunicaciones:  Los periodistas (casi) en el banquillo
Derechos Humanos:  ¿Hasta cuándo la elección del Procurador?

 NOTICIAS
 
 

EDITORIAL

    Que un país haya iniciado un proceso de democratización con más o menos éxito no garantiza que la democracia esté a la vuelta de la esquina como un resultado seguro. Los peligros de una reversión de dicho proceso son más inminentes cuanto más endebles sean las bases institucionales sobre las que el mismo se va edificando. En otras palabras, no hay mejor garantía para el avance de un proceso de democratización que la fortaleza de las instituciones que lo sostienen. La mayor o menor debilidad de esas instituciones marcará la pauta de los mayores o menores riesgos con los que tendrá que habérselas una sociedad en la construcción de un ordenamiento democrático.

    Decir que en El Salvador existe una democracia consolidada es pecar de un excesivo optimismo sin sostén en la realidad. A despecho de quienes no escatiman tinta y papel en cantar loas a las bondades, éxitos y virtudes de la “democracia salvadoreña”, quizás sea más sensato y realista no dejar de insistir en lo mucho que le falta al país para tener un ordenamiento político con las mínimas bondades, éxitos y virtudes de un modelo democrático.

    Desde la perspectiva del cambio político y de la concepción de la democracia como algo siempre perfectible, es mucho más pertinente hacer énfasis en lo que falta de democracia en un ordenamiento socio-político determinado que lo que le sobra, pues en este último caso se termina por asumir una postura autocomplaciente con los “logros” obtenidos. Demás está decir que ejemplos fehacientes de esta autocomplacencia abundan en los artículos de opinión que, a diario, divulgan los medios de prensa del país. En ellos, no se pierde oportunidad para insistir en un tópico común: en El Salvador, con la firma de la paz, se dio un paso decisivo en la democratización, de la cual —después de 11 años— se han terminado de construir sus componentes fundamentales. Por tanto, lo que queda ahora es vivir en democracia, conformándose con lo que ésta ofrece

    Con todo, si se acepta que a la “democracia salvadoreña” le falta mucho camino por recorrer para ser efectivamente democrática, es razonable suponer que el país aun está inserto en estos momentos en un proceso de democratización, lo cual plantea el problema de los riesgos propios del proceso político salvadoreño.

    El principal riesgo al que tiene que hacer frente la construcción de un ordenamiento democrático es el de la reversión autoritaria.  Como se apuntó antes, cuanto más débiles son las instituciones que sostienen el proceso de democratización más fuerte es la amenaza autoritaria. El Salvador, tras una transición democrática que muchos dan por terminada, acusa un déficit institucional que, por lo menos, mantiene abierto el espacio —y justifica— las expectativas autoritarias.

    Quizás es arriesgado sugerir que la debilidad institucional prevaleciente en el país es tal que las puertas para la reversión autoritaria están abiertas de par en par. No se puede ni debe  descartar absolutamente esa posibilidad, aunque sí tomar en cuenta las condiciones nacionales e internacionales que harían sumamente difícil su materialización. No es tan arriesgado sugerir que la debilidad del entramado institucional es un obstáculo para el avance de la democratización al punto de dar pie a la posibilidad de un peligroso “estancamiento” del mismo.

    Los déficits o el abierto fracaso en instituciones claves para la democratización —por ejemplo, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la defensa de los Derechos humanos— no sólo constituyen un obstáculo para el avance de la democracia, sino que, de persistir, pueden encerrar al proceso político en un círculo vicioso, del cual se puede pensar que es el mejor de los logros posibles (optimismo autocomplaciente) o que es mucho peor que lo que se tenía antes.

    Ambas posturas han comenzado a proliferar y a generar un clima de opinión que les es favorable. A la primera ya nos hemos referido antes: está representada por quienes creen que, aun con sus fallas y múltiples defectos, la “democracia salvadoreña” es un éxito, del cual todos tenemos que estar satisfechos. La segunda postura —la abanderada por quienes piensan que El Salvador está ahora en peores condiciones socio-políticas que en el pasado— merece una atención especial.

    En efecto, esta forma de ver la realidad está animada por una peligrosa añoranza autoritaria que encuentra su justificación en los déficits institucionales del presente. Los ejemplos son abundantes, pero hay uno de ellos que llama la atención por las implicaciones prácticas que podría tener de ser tomado en serio: los permanentes llamados a fortalecer el aparato policial según el modelo de los cuerpos de seguridad del pasado.

    Este clima de opinión —favorecido por las empresas mediáticas más poderosas—se ha venido gestando muy difusa, pero generalizadamente desde la firma de los Acuerdos de Paz, a los cuales se culpa de la crisis de la seguridad pública no sólo en el ámbito específico de la lucha antidelincuencial, sino de la proliferación de la violencia en los estadios. Ante esto, va ganando más adeptos la idea de que antes de los acuerdos de paz el país era más seguro, pues existía un aparato policial al cual los salvadoreños le temían.

    Esta añoranza por el pasado puede cobrar el carácter de una expresa nostalgia autoritaria cuando se sostiene que el problema de la seguridad pública se resolvería si el país contara de nuevo con una guardia rural como la de finales del siglo XIX, una Policía de Hacienda (PH), una Guardia Nacional (GN) y una Policía Nacional (PN). Es decir, si el país contara con el aparato represivo que carga en su haber con crímenes de la más variada naturaleza, desde asesinatos hasta desapariciones y tortura, de los que fueron víctimas miles de ciudadanos indefensos.

     Posturas como la descrita, por desatinadas que sean,  pueden abrirse espacio en la opinión pública, sobre todo si la institucionalidad del país continúa en la situación de naufragio que le es característica. De suceder esto, las opciones autoritarias  encontrarían un terreno propicio para imponerse como la solución idónea para resolver los problemas de la convivencia social, con lo cual el proceso de democratización se vería seriamente amenazado.

     En fin, mientras que la autocomplacencia democrática impide avanzar más en la radicalización de la democracia —puesto que se da por satisfecha con lo logrado—, la añoranza autoritaria propugna la vuelta a un pasado caracterizado por el control policial y militar de la sociedad. En la actualidad, ambas posturas constituyen un importante obstáculo para el avance de la democratización en El Salvador.
 

[EXTRACTO]
 

    Simultáneamente con la celebración de la "Cumbre de Quebec", se organizaba, en la misma ciudad, la "Cumbre de los pueblos", un foro alternativo de discusión, protesta y cuestionamiento de los intereses y objetivos de la reunión de los mandatarios.  En su tercer encuentro de esta índole, luego de las cumbres de Miami y de Santiago o, los jefes de Estado del continente americano, con la exclusión de Cuba —país considerado no democrático—, decidieron hacer del 2005 la fecha límite para poner en marcha el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Hay un optimismo casi generalizado acerca de las virtudes del mercado. Para la mayoría de los líderes presentes en la cita hemisférica, la única vía de solución a los problemas de pobreza, de exclusión social y económica que aquejan a los habitantes de la región pasa por un comercio fluido, sin trabas, con los diferentes países que conforman el área, especialmente con la venta de sus productos en los mercados estadounidense y canadiense.

[EXTRACTO]

     El libre comercio ha sido una de las quimeras más perseguidas por Latinoamérica durante los últimos cincuenta años. Los intentos de integrar económicamente a la región centroamericana en las décadas de 1950 y 1960 fueron pioneros en su campo; esos intentos se tradujeron en la adopción del libre comercio y la unión arancelaria entre los países centroamericanos (exceptuando Belice y Panamá). Más recientemente, los tratados de libre comercio entre los países de Norteamérica han dado continuidad y vigencia a la idea de que el libre comercio es la clave del desarrollo sostenible.

    Sin pretender negar lo anterior, vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que el libre comercio también pasa por una evaluación detallada de los costos y beneficios asociados y por la adopción de medidas preparatorias y compensatorias. Sin embargo, las últimas tendencias apuntan a que el proceso de liberación del comercio se adoptará de la misma forma arrolladora en que se adoptó la privatización o el ajuste estructural.
 
 

[EXTRACTO]

    Los presidentes y jefes de Estado de 34 naciones del continente consagraron la primacía de los asuntos comerciales sobre otros no menos importantes, durante la Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, Canadá. Desde la década anterior, las negociaciones comerciales se han perfilado como la condición sine qua non para la superación de los problemas que abaten a la mayoría de americanos. La discusión sobre los logros de las anteriores cumbres ha puesto de manifiesto muchas cosas. Se han descuidado las temáticas sociales, políticas y culturales que en, si mismas, son más incluyentes y participativas. Este proceso de integración, que privilegia lo económico-comercial de cara a la globalización, encuentra su fundamento en la ideología neoliberal, asumida por la mayoría de los mandatarios.
 

     Las palabras han obsesionado por mucho tiempo a grandes genios de distintas épocas. Muchos de ellos han dedicado mucho esfuerzo a su estudio y uso magistral. Gabriel García Márquez ha hablado del poder de las palabras, esas “inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de la publicidad; habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor”.

     Ese poder tan diverso de las palabras tiene consecuencias especialmente peligrosas para la prensa de cualquier país. En el caso de los periodistas, cualquier imprecisión o ambigüedad puede acarrearles graves problemas con la justicia. El peligro es mayor en países como los nuestros, donde hay leyes que penalizan los insultos y ofensas en contra de funcionarios públicos. De ese marco legal, quiso aprovecharse recientemente el diputado Francisco Merino cuando inició un juicio penal contra cinco periodistas (cuatro de La Prensa Gráfica y una de El Mundo).

     Merino, jefe de la fracción legislativa del PCN, argumentó ante la Fiscalía que dichos periodistas habían dañado su honor e imagen al publicar información sobre una amenaza, recibida el 28 de febrero, por la jueza de Instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán. En un principio (y así consta en un acta del tribunal), la jueza afirmó que había recibido amenazas de parte del diputado Merino, quien luego negó la acusación. Tras la publicación del hecho en La Prensa Gráfica y en El Mundo, la jueza rectificó su versión y dijo que la persona que la amenazó ‘se identificó’ como el diputado Merino, pero que ella no estaba segura de la identidad de la voz. Hay aquí ya un evidente juego de palabras, que terminó envolviendo a los periodistas que informaron del asunto.

     La jueza Guzmán había encontrado pruebas en contra de un grupo de ex directivos municipales de San Luis Talpa por ‘actos arbitrarios’ en la venta de varios terrenos comunales en 1994. Las propiedades fueron compradas ilegalmente por varios “prestanombres” y luego adquiridas por otras personas, entre ellas, el diputado Merino. Este señalamiento, entre otros, pesó mucho hace algunos años para que Merino perdiera la presidencia de la Corte de Cuentas. Cuando la jueza, el pasado 28 de febrero, se disponía a empezar la audiencia preliminar de la venta ilegal de terrenos, recibió la referida amenaza telefónica para que absolviera a los procesados. Luego vino la respuesta de Merino contra los reporteros (Alfredo Hernández, Mauricio Bolaños, Gregorio Morán, José Zometa y Camila Calles).

     Después de una petición de la Fiscalía General de la República, el Juzgado Sexto de Sentencia archivó la causa iniciada por el diputado Merino contra los periodistas, debido a que él no usó la instancia correspondiente para abrir el proceso. Las autoridades judiciales, sin embargo, han dejado abierta la posibilidad para que el parlamentario acuda a una instancia privada y, con un abogado, siga el juicio penal, pero por delitos que no tienen nada que ver con los cometidos por particulares contra funcionarios públicos.

     Distintas organizaciones que abogan por una prensa libre de ataduras políticas (porque de las económicas ni los mismos medios de comunicación se pueden librar) han criticado por años la existencia de las llamadas “leyes de desacato” en Latinoamérica. Un reciente estudio de una catedrática estadounidense señala que el resultado de leyes como esas (que hacen un crimen de los insultos y ofensas a un funcionario público) contradicen la teoría y la práctica democrática. “[Las leyes de desacato] son usadas para asfixiar y castigar cualquier discusión o discrepancia política, cualquier comentario y crítica, sátira e incluso una noticia que el gobierno preferiría mantener en secreto”, concluye en su análisis Ruth Walden, de la universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

     Merino intentó procesar a los cinco periodistas recurriendo al artículo 339 del código Penal, referido al “desacato” por ofensas al honor y al decoro de un funcionario público. De haber aceptado la acusación, los periodistas habrían enfrentado penas de hasta cinco años en prisión. Además del daño profesional y personal a este grupo de periodistas, el resto de sus colegas seguramente se habría sentido aludido y una profundización de la autocensura no habría sido rara en la prensa local. Walden, estudiosa de las comunicaciones, asegura que “las leyes de desacato son especialmente susceptibles de un amplio uso arbitrario por su naturaleza tan general y porque la supuesta injuria está definida por las mismas personas que se consideran ‘insultadas’”.

     Son tan perjudiciales estas normativas para la fiscalización del poder público que el incidente entre Merino y los periodistas llevó a un diputado de ARENA a decir que sería conveniente dictar normativas para que la prensa no se entere de lo que acontece dentro de los tribunales tan rápidamente (DH, 16 de marzo, 2001). La amenaza telefónica fue hecha el 28 de febrero y, un día después, ya aparecía en los periódicos. En términos periodísticos, se diría que los periodistas hicieron una buena labor de rastreo y de seguimiento de un caso de corrupción que se hizo público en 1997. En términos políticos, sin embargo, se entiende en forma muy distinta. De allí vino la sugerencia del diputado Walter Araujo de ARENA, que resulta totalmente contradictoria con un sistema que (al menos en su discurso) dice defender las libertades democráticas (y la de acceso a la información es solo una de ellas).

     Este incidente (que aún no termina) ha dejado muchas lecciones a la prensa, entre ellas, la de la necesidad de escribir sus textos siempre basados en fuentes identificables, a quienes debe atribuírsele toda la información recabada. En este sentido, La Prensa Gráfica no tiene nada de qué preocuparse. En este periódico, el 1 de marzo, se leyó el siguiente titular: “Jueza de San Luis Talpa denuncia amenazas de Merino”. Más adelante, se decía: “La jueza, por medio de su subalterno, dijo que ya había comunicado el incidente a la Corte Suprema de Justicia”.

     Las fuentes están claramente identificadas y más tarde incluso se publicó el acta en la que la jueza dice que recibió “una llamada telefónica por parte del diputado Francisco Merino...”.  Por ello, hasta hoy, la única que ha debido rectificar su postura ha sido la jueza Guzmán. Ella dijo recientemente: “No puedo asegurar que fue el diputado o que no fue él”. También ha dicho que fue error del secretario de su tribunal haber señalado directamente a Merino, pues ella le había indicado algo ligeramente distinto: la persona que la amenazó ‘se identificó’ como el diputado.

     Otro de los deberes profesionales de los periodistas era buscar la reacción de Merino y ellos aseguran haberlo intentado, a pesar de que el diputado argumenta lo contrario. Si Merino se consideraba inocente del señalamiento (la amenaza), se lo hubiera aclarado a la jueza o hubiera recurrido a las instancias judiciales correspondientes para limpiar su nombre. Tanto afán de este diputado por llevar a los periodistas al banquillo podría explicarse, si tomamos en cuenta el disgusto que le causó la inmensa cobertura que le dio la prensa al bochornoso incidente que él protagonizó, con un carro policial en agosto del año pasado, cuando conducía en estado de ebriedad. Fue tal su enfado que solicitó a los dueños de importantes medios locales que dejaran de utilizar las imágenes que lo mostraban ebrio, sucio y balbuciente tras su enfrentamiento a balazos con la policía.

     Este tipo de revanchismo de parte de los funcionarios públicos empaña aún más el ambiente político del país. No se trata aquí de defender a la prensa a capa y espada. Tampoco es conveniente dejar que la prensa ponga en sus páginas o en el aire lo que se le venga en gana. Es conveniente que los periodistas y los medios informativos, en general, reciban críticas y sean supervisados en su labor. Se han dado ya varios casos en los que algunos ciudadanos (sin rango de ningún tipo) han pedido derecho de respuesta a ciertos medios de prensa infructuosamente. La actitud de las empresas informativas para reconocer sus errores debería ser distinta y más transparente.

     En el caso que analiza este artículo, sin embargo, la pretendida denuncia contra los periodistas no tiene fundamento, al menos desde el punto de vista puramente informativo. Los periodistas no se inventaron nada: la amenaza se las confirmó el secretario del tribunal, Manuel de Jesús Vásquez, y quedó constancia en un acta.

     Esta acción penal contra los periodistas también generó una discusión (menos pública) sobre la falta de solidaridad en el gremio periodístico (al menos, así lo han dicho algunos de los reporteros acusados por Merino). Eso fue evidente incluso en la cobertura del caso, porque La Prensa Gráfica, por ejemplo, dedicó más espacio al asunto por estar directamente afectada, mientras el resto de medios tocó el tema muy superficialmente.

     Las lecciones han sido muchas y todavía falta ver qué otras piezas moverá el diputado Merino en contra de los periodistas que supuestamente dañaron su imagen. En esto, el análisis de las palabras utilizadas en las noticias referentes a la amenaza recibida por la jueza absuelve a la prensa de cualquier culpa.

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Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA
 

    El 18 y 19 de abril, tuvimos en nuestro país la visita del Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), Julio Arango; el Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO),  Leo Valladares; y a la responsable del Programa Ombudsman del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Lorena Gonzalez Volio, quienes preocupados por la crisis de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos(PDDH), decidieron reunirse con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y con algunos diputados de la honorable Asamblea Legislativa, para escuchar a los primeros y exigir a los segundos, la pronta elección del titular de la institución, pues consideran fundamental para la garantía y respeto de los Derechos Humanos en El Salvador, el  buen funcionamiento de la PDDH. Como resultado de esa visita, los antes mencionados, emitieron un pronunciamiento, que ahora transcribimos:

    “La Federación Iberoamericana de Ombudsman —FIO—; El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos —CCPDH— El Instituto Interamericano de Derechos Humanos  —IIDH— en su calidad de Secretaría Técnica de ambas instituciones.
PREOCUPADOS por la situación de acefalía y deterioro institucional que atraviesa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, han venido realizando gestiones ante autoridades parlamentarias y ante representantes de la sociedad civil, con el fin de apoyar la normalización y fortalecimiento de la institución, como miembro de nuestras asociaciones.

    Fue así como todos los miembros del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y su secretaría Técnica hicieron una visita en el mes de noviembre del año pasado a este país con el fin de conocer la situación que atravesaba la Procuraduría.
Con las informaciones recabadas y los estudios realizados por distintas instituciones nacionales e internacionales, se logró establecer la grave crisis que atraviesa esta institución, por lo que el Consejo Centroamericano, en su sesión ordinaria realizada en el mes de marzo en San José Costa Rica, tomó nota de ello y solicitó a los Presidentes de la FIO y del CCPDH que realizaran una misión, la cual se llevó a cabo los días 18 y 19 de abril del presente año.

    En esta misión nos reunimos con Diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la comunidad internacional, a quienes agradecemos su voluntad de escuchar nuestra opinión y recomendaciones.

    Luego de la visita realizada, manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

a) Que el fortalecimiento y buen desempeño de las instituciones democráticas, como los poderes judiciales, los tribunales electorales y las Defensorías del Pueblo, entre otras instituciones, son indispensables para la construcción y mantenimiento del Estado Democrático y Social de Derecho, que permita la construcción de una auténtica democracia.

b) Que la comunidad internacional vio con beneplácito la creación con rango constitucional, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, como producto de los Acuerdos de Paz.

c) Que actualmente la comunidad internacional ve con preocupación el deterioro que ha sufrido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los últimos años, agravados por el hecho de que la institución no cuenta con un titular desde hace más de un año, y que por lo tanto, no tiene presencia pública en las cuestiones fundamentales que demanda su mandato constitucional en el campo de los derechos humanos.

d) La figura del Defensor del Pueblo o Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, es una institución democrática que debe velar, ante todo, porque el funcionamiento de las instituciones del Estado en materia de derechos humanos esté apegado a la Constitución, a las leyes y los Convenios Internacionales suscritos por los Estados, a fin de promover y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes en un determinado país.

e) Que es necesario el nombramiento del titular de la Procuraduría, a quien debe dotársele de total independencia funcional, administrativa y presupuestaria, para que pueda ejercer su “magistratura de conciencia”, apegada a la ley y como lo manda la Constitución salvadoreña y el derecho internacional.

f) Que ante las nuevas realidades de la región, donde la inseguridad ciudadana, la impunidad, la vulnerabilidad social y el deterioro de la calidad de vida, han afectado tanto los derechos civiles como los derechos económicos y sociales de toda la población, es necesario que las Defensorías del Pueblo puedan contar con los medios necesarios para realizar su trabajo de manera ágil, efectiva, y con carácter propositivo y proactivo, de tal forma que ofrezca verdaderas alternativas de atención y solución a los problemas de derechos humanos de todos los habitantes.

g) Que ha constatado el interés de distintos sectores de la sociedad y de las instituciones salvadoreñas, así como de la comunidad internacional, por realizar los esfuerzos necesarios tendientes a revitalizar esta institución democrática.

h) Que tanto la Federación Iberoamericana de Ombudsman, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en su calidad de secretaría técnica de ambas instituciones, ofrecen todo el apoyo posible al proceso de reestructuración y fortalecimiento de tan importante institución para la vida democrática de El Salvador y de la región centroamericana.

    Por lo tanto, RECONOCEMOS el compromiso de solventar la situación actual de la institución, que en esta misión nos ha expresado la Asamblea Legislativa de El Salvador; y REAFIRMAMOS ante la opinión pública y las instituciones salvadoreñas, nuestro interés de que en el menor tiempo que sea posible, la Asamblea Legislativa acuerde nombrar a una persona que cumpla realmente con los requisitos que la ley salvadoreña exige para ser nombrado como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y pueda convertirse, con el apoyo de todos/as, en un auténtico defensor del pueblo salvadoreño.

    El Pronunciamiento anterior, deja en claro que la elección del Procurador o Procuradora de Derechos Humanos y el fortalecimiento de la institución, es un interés no sólo nacional, sino de la comunidad internacional, pues todo país que presuma de un real Estado de Derecho, debe ofrecer un verdadero ombudsman, defensor y promotor de los derechos humanos, que luche por la vigencia irrestricta de los mismos; a pesar de ello, los responsables directos de tan importante misión, poco interés muestran ante la destrucción de la institución; pues contrario a nombrar a la brevedad al titular de la institución y buscar el fortalecimiento de la misma, emiten un decreto de depuración del personal de la PDDH, el cual, de aplicarse, convertiría al nuevo Procurador o Procuradora en un violador de derechos humanos, ya que vulnera derechos reconocidos en la Constitución de la República, como la estabilidad laboral y el derecho a un proceso justo.

    La elección del titular de la PDDH fue postergada nuevamente por la Asamblea y quizá hasta el mes de junio sea la elección; pues ¿qué les importa a los políticos si hay o no Procurador de Derechos Humanos?.

    En el marco de la visita en mención, ciudadanos pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad, nos reunimos para proponer soluciones de rescate a la PDDH, entre éstas, la participación en la propuesta de nombres de personas idóneas para el cargo y que éstos sean tomados en cuenta por la Asamblea Legislativa; el conformar el Consejo Consultivo de la PDDH que apoye al Procurador o Procuradora en su gestión; y solicitar apoyo de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento institucional.

    Consideramos de fundamental importancia que la sociedad civil participe activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que a todos afectan, para contribuir a una transformación profunda del país y estar dispuestos a asumir con responsabilidad el compromiso de hacerlo salir de sus crisis.

    La paciencia se agota y el tiempo apremia. Por eso, se necesita empezar a actuar ya. Somos nosotros, los que conformamos la sociedad, la fuerza decisiva para sacar al país de su postración y construir nuevas formas de convivencia, basadas en el respeto a la dignidad de las personas. Somos la fuerza capaz de arrinconar a esa “clase política” y hacerle pagar las facturas por sus desatinos que tanto nos dañan. Somos la fuerza necesaria para que, en El Salvador, no se derrumbe la esperanza.
Exijamos a la Asamblea Legislativa, el pronto nombramiento del Procurador de Derechos Humanos, pero no de cualquier procurador, sino aquel capaz de defender y promover los derechos humanos, ya que el tiempo pasa y la Procuraduría sigue destruyéndose.

NOTICIAS

 CUMBRE PARALELA. Decenas de personas fueron arrestadas por la policía canadiense en la Ciudad de Quebec, Canadá, lugar donde se desarrolló la III Cumbre de las Américas. Desde la Cumbre de Miami, en 1994, los jefes de Estado y de gobierno acordaron fortalecer la democracia y los derechos humanos, apoyar la educación y reducir la pobreza en el continente. En una declaración, la Alianza Social Continental, conformada por organizaciones sindicales, populares, de medio ambiente, de mujeres, grupos de derechos humanos,  solidaridad internacional, asociaciones indígenas, entre otras, rechazaron el “proyecto neoliberal, racista, sexista, injusto y destructor del medio ambiente” abanderado por los presidentes y jefes de Estado. "Estamos aquí para protestar contra el Area Libre Comercio de las Américas (ALCA), no queremos perder nuestros empleos", dijo Nadine Brown, del Sindicato de Trabajadores del Acero de Nueva York. No es la primera vez que políticos y estadistas prometen un mundo mejor. Según sus críticos, este proyecto comercial es un estatuto de derechos y libertades para los inversionistas que consagra la superioridad del capital sobre el trabajo, transforma la vida y el mundo en mercancías, niega los derechos humanos y sabotea la democracia. Más aun, los gobiernos del llamado Tercer Mundo cubren su ineficiencia en la generación de empleos mediante la apertura de sus puertas a todas aquellas empresas que desean emplear mano de obra barata (Declaración de Quebec, Cumbre de los Pueblos, 19.04.01; LPG, 23.04.01, p.5).

 SECUESTROS. En vacaciones de Semana Santa, los secuestradores dejaron descansar a sus víctimas. En efecto, la  Policía Nacional Civil (PNC) informó que no se reportó ningún caso de secuestro durante ese período. Sin embargo, el 21.04, el Grupo Antisecuestro del cuerpo policial capturó a seis presuntos miembros de una banda de plagiarios que opera en la zona occidental del país. El jefe de la unidad antisecuestros, José Luis Tobar, calificó de peligrosa esta banda. "Estaba golpeando mucho en esta área (Ahuachapán)", expresó Tobar. Sobre los capturados pesa la acusación de haber secuestrado a una empresaria de 45 años y un menor de 12. El investigador del caso afirmó que las capturas de los seis implicados se hicieron de acuerdo a las pesquisas realizadas por la policía y los datos proporcionados por las mismas víctimas. En el primer trimestre de este año, la PNC ha  reportado 28 secuestros, la mayoría de ellos se cometieron en el Area Metropolitana de San Salvador. Las cifras policiales señalan un promedio de ocho secuestros mensuales. En el 2000, la fuerza policial recibió las denuncias de 114 plagios. Eso significa que se tuvo un promedio de 9 plagios mensuales. Según la PNC, entre enero y el 18 de abril de este año, a los secuestradores les fueron decomisados 187 mil colones y 12 autos (EDH, 22.04.01, p.4; LPG, 22.04.01, p.4 y 5; LPG, 24.04.01, p.6).

 NEGOCIACIÓN. "Hemos logrado el compromiso del Primer Ministro canadiense de entrar el 11 de junio a las negociaciones y finalizar posiblemente, este mismo año, un Tratado de Libre Comercio (TLC), con Canadá", afirmó el presidente Francisco Flores, luego de una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Jean Chértien, el fin de semana pasado. El inicio de negociaciones con Canadá y la posición del presidente de Estados Unidos, George W.Bush, para buscar también un acercamiento comercial con la región centroamericana fue una grata noticia para Flores. "Venimos a abrirle puertas a nuestro país y lo logramos. Esto significa una posibilidad real de poder combatir la pobreza", agregó. Por su parte, el mandatario estadunidense confirmó la disposición de su administración de buscar la posibilidad de Tratados de Libre Comercio directamente con países de Centro y Sur América. Bush dijo estar “abierto a la posibilidad de negociarlo (un acuerdo comercial con Centroamérica)". Al referirse a un futuro TLC con la región centroamericana, Bush sostuvo lo siguiente: "yo estoy abierto, si es una forma de describirlo, y yo creo que los líderes le dirán que tuvimos una discusión muy franca y es muy posible, que vamos a lograr un acuerdo". Al concluir la III Cumbre de las Américas (Quebec, Canadá), los presidentes expresaron su compromiso en los esfuerzos para alcanzar metas de desarrollo internacional, en especial, en la reducción en un 50% de la extrema pobreza para el año 2015 (Comunicado de Prensa, Casa Presidencial, 23.04.01; LPG, 23.04.01, p.4).
 

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