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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 950
mayo 9, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE 

Editorial:  Compromisos mediáticos
Política:  La Asamblea legislativa: ¿re (in) augurando males?
Economía:  Nuevos incrementos a la energía eléctrica
Sociedad:  El (des) enfoque de la marcha del 1 de mayo.
Comunicaciones:  La imagen de paz y de violencia en los Medios de Comunicación
Derechos Humanos:  Derechos de la niñez. La tarea pendiente

 NOTICIAS
 

EDITORIAL 

     Es un lugar común sostener que los medios de comunicación son claves para el avance de un proceso de democratización. Buena parte del debate público se filtra a través de ellos, por lo cual se convierten en foco de propagación no sólo de determinados problemas socio-políticos, sino de actitudes, creencias y preferencias en torno a los mismos. Ahora bien, que el aporte de los medios sea crucial para la potenciación de un proceso de democratización no quiere decir que éstos siempre e incondicionalmente estén dispuestos a defender los fueros de la democracia.

     En El Salvador, a partir de la última década, las empresas mediáticas más poderosas —que en el pasado reciente hicieron gala de un abierto compromiso con el autoritarismo— se han esforzado por presentarse como adalides de la democracia. Para eso han seguido dos vías: primero, han modernizado sus equipos de producción, lo cual se ha traducido en una mayor calidad de los textos y las imágenes; segundo, han ampliado sus círculos de colaboradores, dando cabida no sólo a las más disímiles figuras políticas e intelectuales, sino también a los más variados estilos. Si lo primero los ha hecho más eficaces y atractivos, lo segundo ha sido su credencial de compromiso democrático, sobre todo cuando los espacios abiertos han sido ocupados por ex líderes guerrilleros.

     Así las cosas, el compromiso democrático de los grandes medios de comunicación es algo que se da por establecido. A partir de este supuesto, las grandes empresas mediáticas han dado un paso más: se han constituido en baluartes de la democracia, en las instancias sobre cuya responsabilidad recae el dictaminar quien atenta o no contra ésta.

     Envalentonados por esta autoconcepción todopoderosa, los grandes medios de comunicación del país no han dudado en asumir el rol no sólo de "fiscalizadores del poder", sino de "fiscalizadores de la sociedad", para lo cual se han dotado de equipos de periodistas y comunicadores dispuestos a asumir la tarea sin escatimar esfuerzos. Curiosamente, casi nadie se ha atrevido a cuestionar públicamente la tesis de que los medios son los fiscalizadores del poder y de la sociedad; tampoco se ha lanzado la sospecha de si acaso no es necesario que el fiscalizador sea a su vez fiscalizado.

    Sobre lo primero, pese a lo que puedan apuntar los teóricos más connotados, hay mucha tela que cortar. Es cierto que en los tiempos que corren los medios de comunicación son grandes protagonistas en el debate público. También es cierto que su aporte ha sido crucial muchas veces para derribar gobiernos corruptos o autoritarios, o para mantener en jaque a quienes están tentados a abusar del poder depositado en sus manos.

    Pero no es menos verdad que en países como El Salvador los medios de comunicación tienen una historia de alianzas con gobernantes autoritarios que difícilmente se puede borrar de un plumazo. Esta historia está plagada de complicidades con el poder establecido, el cual lejos de ser fiscalizado fue justificado en sus desmanes. Amén de los abusos de poder cometidos por los mismos medios: no hay que olvidar que las grandes empresas mediáticas no escatimaron esfuerzos en denigrar —y con ello casi condenar a muerte— a quienes consideraban como enemigos políticos.

     Sobre lo segundo, existe una evidencia abundante acerca de lo peligroso que es para la sociedad tener instancias que pretenden controlarlo todo, pero no sujetas al control de nada ni de nadie.  El fiscalizador tiene que ser fiscalizado para evitar que abuse del poder que se la ha conferido. Esta máxima vale también para los medios de comunicación, no exentos en lo absoluto de cometer abusos no precisamente contra figuras políticas relevantes, sino contra ciudadanos comunes, casi siempre indefensos ante las embestidas mediáticas.

    En El Salvador no son infrecuentes los casos en los que periodistas y comunicadores violentan, so pretexto de ser los fiscalizadores de la sociedad, la dignidad de personas sin poder político alguno. Tampoco son infrecuentes los casos en los que los medios asumen, tanto en el plano editorial como en la selección e interpretación de las noticias, claros compromisos ideológicos y políticos, que los inclinan hacia el ataque artero contra quienes expresan posturas contrarias a las de ellos. El ejemplo más reciente ha sido la cobertura de la celebración del día del trabajo: sistemáticamente, en prensa y televisión, se destacaron los hechos violentos, asociando a sus responsables con el FMLN y poniendo en entredicho la labor edilicia de Héctor Silva. Poco o nada se dijo de lo sustantivo de la celebración; ni mucho menos se prestó atención a la difícil situación de los trabajadores en el país.

    ¿Es eso una expresión del compromiso democrático de los medios? ¿O es más bien expresión de los intereses inconfesables, económicos y políticos, de sus propietarios? Es difícil aceptar que la manipulación de los hechos y la descalificación amañada de personas e instituciones sean un apoyo para el avance de la democracia. Estas prácticas mediáticas, para nada excepcionales, deberían llevar a poner en duda el tan proclamado compromiso democrático de los medios de comunicación en El Salvador. Sus ataduras con el pasado todavía no han sido rotas; los compromisos políticos y económicos de sus dueños en el presente tienen prioridad sobre cualquier otro propósito, llámesele democracia, bienestar social o imperio de la ley.

     Así pues, es peligroso para el país que los medios de comunicación más poderosos se erijan en los guardianes de la moral pública. Sus agendas no están guiadas ni por los problemas del país ni por los desafíos de la democratización, por más que se esfuercen por vender esa imagen: están guiadas por fuertes intereses económicos y políticos anclados en una tradición de contubernios con el poder autoritario. Y esto no lo borran ni los sistemas de computación más sofisticados ni unos estilos de redacción centrados en el protagonismo subjetivo del periodista o comunicador.

     Los compromisos mediáticos con el poder económico y político siguen siendo determinantes en El Salvador. Quien se atreve a romper con ese poder debe estar dispuesto a sufrir las consecuencias; quien opta por el compromiso, sabe que le aguardan favores y privilegios.

[EXTRACTO]
 

        El pasado 1 de mayo la junta directiva de la Asamblea Legislativa cerró su primer año de gestión. Como establece el  reformado código de procedimientos internos, el presidente de dicho Órgano, Ciro Cruz Zepeda, diputado pecenista, tuvo que abandonar el cargo, para pasar a ocupar una vicepresidencia. La junta directiva encabezada por Zepeda ha sido, durante un año, blanco de críticas de toda índole. Temas como la corrupción, incapacidad administrativa, intransigencia y marginación política de los demás partidos en las decisiones tomadas por el primer órgano del Estado,  han estado presentes en la prensa nacional. Un primer balance de este año de gestión arroja mucha luz acerca de lo que es capaz el bloque de derecha, cuando controla todo el poder sin ningún contrapeso.

     En ese contexto, Walter Araujo, presidente del partido ARENA, ha sido juramentado como nuevo presidente de la Junta Directiva para el segundo año legislativo. El flamante nuevo presidente  promete un cambio de rumbo en la conducción de ese Órgano del Estado.

[EXTRACTO]
 

        Nuevamente el tema de las tarifas de los servicios telefónicos ha surgido como un de los ejes conflictivos más importantes entre consumidores y empresarios.  Desde enero de 2001, la empresa que adquirió los activos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) procedió a un alza de 15% en las tarifas del servicio. Aunque en un principio la medida no enfrentó mayor oposición —algo lógico en un contexto donde la opinión pública se encontraba abrumada con los impactos de los terremotos— a principios de mayo, hasta la misma Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) puso en tela de juicio la legitimidad del incremento tarifario. Por si fuera poco, los consumidores también están a punto de enfrentarse con una nueva alza de 8.6% en las tarifas de la energía eléctrica.

    [EXTRACTO]
 

    "Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha...", esta es una de las clásicas canciones que suenan en las marchas populares cuando se celebra el día del trabajo.

     Quema de llantas y casetas telefónicas, interrrupción del tráfico, pintas en las paredes, consignas y hechos de violencia, fueron algunos de los actos que marcaron la celebración del 115 aniversario del Día del Trabajo en San Salvador.  La Plaza de Las Américas, la Plaza Libertad, la Iglesia El Rosario y las calles de San Salvador se convirtieron en testigos de las protestas de centenares de trabajadores. Entre ellos, altos dirigentes y diputados del FMLN, sindicalistas y supuestos estudiantes de la Universidad Nacional.

    De nuevo, los medios de comunicación social hicieron una particular cobertura de una marcha. Ya lo habían hecho durante la última semana de febrero, con los damnificados del terremoto (Proceso, números 943 y 944). Ahora lo hicieron con la marcha realizada el 1 de mayo, Día del Trabajo. Ambas coberturas son importantes, por el tratamiento que en ellas se hace de la violencia y la paz.
 Para acercarse críticamente a las relaciones que puedan establecerse entre paz, violencia y medios de comunicación social, nos auxiliaremos de algunas tesis planteadas por Moragas Spa, en el Seminario de Investigación para la Paz, realizado en 1988 en Zaragoza. Sostiene Moragas que en el tratamiento informativo que de la violencia hacen los medios, se evidencian al menos un par de constantes:

    Por un lado, la configuración de la violencia como acción violenta siempre es proyectada desde los otros hacia nosotros, pero nunca a la inversa. Los sujetos que aparecen en los medios lo hacen siempre como víctimas de la violencia, nunca responsables directos o indirectos de esas acciones violentas. El peligro de tal lectura es obvio: si la violencia la hacen siempre los demás, si nuestros grupos de pertenencia no son nunca agentes de violencia, entonces la visión de la violencia no genera nunca compromiso, sino voluntad de venganza, la cual se justifica como acción represiva contra la violencia emanada de "los otros".

    Este tratamiento informativo, por lo demás muy común en nuestros países, origina la creación de ciertos estereotipos deformados en las imágenes de los pueblos: los blancos frente a los negros, los nórdicos frente a los marginados del tercer mundo, los burgueses frente a los malvados comunistas o viceversa, los gobernantes honestos y sacrificados frente a la oposición irresponsable y nefasta, la policía "buena" que cumple con su deber de mantener el orden frente a los huelguistas "malos" y mentirosos que provocan caos social, etcétera. Estos estereotipos, fruto de un desequilibrio informativo y político, constituyen una manipulación de la opinión pública destinada a justificar políticas punitivas, cuando no acciones violentas, afirma con certeza Moragas.

    Por otro lado, la otra constante que aparece en los medios de comunicación social es la tendencia de los medios a presentar la violencia como un espectáculo. El peligro de esta espectacularización de la violencia es enorme: se vuelve un agente que debilita la capacidad crítica y la racionalización de las informaciones. En palabras de Moragas: si no nos sentimos ni nos vemos afectados personalmente por la violencia, entonces podemos contemplar su ejercicio como un espectáculo que nos hacen llegar gratuitamente hasta nuestra butaca o sofá los medios audiovisuales.

    La tendencia a una crítica frágil y a un razonamiento endeble propiciados por la tendencia a la espectacularización de la violencia ha minado también el debate político, volviéndolo superficial, obsoleto y carente de sentido. Esta tendencia al reduccionismo debe reconocerse como una amenaza a la paz y a la misma democracia. La manipulación de las conciencias se vuelve así más fácil. La lectura discursiva que se hace sobre algunos hechos sociales y políticos es sesgada y tendenciosa; no contribuye en nada al fortalecimiento de la paz.

    La influencia potencial de los medios y la responsabilidad de los profesionales de la información

 Afirma Mattelart: el campo del saber y de la comunicación tecnológica es hoy el campo donde el poder trata de reforzar su aparato de hegemonía. Ese poder fabrica enemigos exteriores para consolidarse internamente y crea también potenciales enemigos interiores para aumentar el control social. Todo ello según una lógica que concibe la seguridad en términos de almacenamiento de violencia amenazante. Se establece así la paz como adormecimiento y no como saludable confrontación de ideas y proyectos.

     Ciertamente, la mayor repercusión social de los MCS en el tema de la violencia se da en el no cuestionamiento de conductas políticas y en no propiciar un debate inteligente, con sentido, que permita abordar el hecho en cuestión desde otros puntos de vista. Hay cierta tendencia en los medios de comunicación a "solapar" acciones violentas bajo el discurso de "es necesario para mantener el orden social", fomentando, además, la construcción de estereotipos que llevan a la visión maniqueísta de la que ya se ha hablado: para definir la bondad propia se diseña y proyecta la maldad del otro; la construcción del enemigo refuerza la defensa de la propia identidad y de los intereses particulares. Sobredimensionando las amenazas es fácil crear enemigos, aunque no existan en realidad y dar a este enemigo una categoría infrahumana mediante la manipulación de la información.

    Los MCS contribuyen a la formación de la opinión pública. Allí radica acaso una de sus mayores influencias. Se sabe que la construcción de la "opinión pública" siempre será una generalización derivada de una gran variedad de opiniones particulares. ¿Pero cómo es posible esa aglutinación? La suma de individuos —afirma Moragas—, la unificación de las opiniones en unos pocos segmentos de "opinión pública" es posible gracias a la unificación de las preguntas. Y son los medios de comunicación social los que tiran al ruedo los cuestionamientos que la sociedad debe hacerse sobre determinado tema. Así, en la cobertura que los medios hicieron sobre la marcha del primero de mayo, la pregunta que se lanzó no fue ¿cuántas personas participaron en la marcha? Ni ¿qué fue lo que dijeron, propusieron o exigieron?, sino ¿cómo es posible que aún ahora se den hechos violentos o se cometan "acciones vandálicas" que reflejan estrategias guerrilleras del pasado? O ¿cómo es posible que se dañe infraestructura que es para el servicio público? Es obvio que las respuestas cambian por completo, al igual que la lectura que sobre el hecho puede hacerse. La influencia potencial de los medios se aprecia con claridad.

     Se encuentra acá el principal peligro que puede atribuirse a los medios en relación con la cultura de paz,  la construcción de la democracia y la justicia social: su contribución a la pasividad, a la indeferencia, a la inmovilidad, a la completa apatía. En palabras de Moragas: es negativo para la paz imaginar un futuro en el que la gente crea estar muy informada, pero que su información cuantitativa crezca en la misma medida que disminuye su participación efectiva: que se consuma únicamente una información para la contemplación, y cada vez menos, una información para la participación, para el diálogo, para el debate, para la acción. La responsabilidad de los profesionales de la información es mayor de la que se cree.

     En ese sentido, los MCS deberían asumir la función de suministrar datos, informaciones, puntos de debate, para otros niveles sociales que no deben ser sustituidos por ellos. Moragas lo sostiene con acierto: estamos encaminándonos hacia una sociedad en la que los grupos activos y emisores son cada vez más reducidos y los sectores receptivos y pasivos son cada vez más numerosos. Ello nos obligaría a una reflexión más profunda sobre lo que es una política de comunicación en relación con una política de participación.

     Lo anterior implicaría un aporte en al menos tres sentidos: en primer lugar, un aumento de la capacidad de análisis, matización, razonamiento y serenidad; en segundo lugar, cuidar el lenguaje que se utiliza en la cobertura de noticias de hechos violentos; por ejemplo, la expresión "una vez más" (una vez más, grupo de manifestantes causaron desórdenes en el centro de la capital) transmite al público la sensación de algo ordinario, que muchas veces se refuerza adjuntando documentación sobre hechos ocurridos antes sobre el mismo tema (tendencia a afirmar que ciertas manifestaciones eran costumbres del pasado que ya no se estilan); en tercer lugar, erradicar la utilización de estereotipos y prejuicios que imposibilitan de raíz el diálogo y el debate y dejar de demonizar la realidad, como le llama Carlos Paris: para frenar el natural desarrollo de la democracia hacia horizontes pacíficos es preciso demonizar la realidad, presentar la imagen de un enemigo acechante, revestir la figura del "otro" de signos negativos... En el mundo actual, el acto de agresión, cuando es ejercido desde el poder y presentado, por ende, como "castigo", genera su propia justificación; al crear el enemigo lo envuelve en la condición de culpable: quien es enemigo en un mundo bien organizado es automáticamente culpable. Cuando ya se tiene una imagen del otro se crean abismos insalvables, ya no interesa conocer su punto de vista. Por el contrario, los MCS deberían favorecer el conocimiento de los puntos de vista diferentes, paso previo a cualquier posible comprensión de un hecho determinado.

    Ahora bien, no debe caerse en el error de "satanizar" los medios de comunicación social. No debe desmesurarse la influencia de los MCS cayendo en una mitificación de dichos medios. La influencia de los medios está en estrecha relación con la estructura de la sociedad y en parte depende de ella. Algunos aspectos que deben considerarse, siguiendo las tesis planteadas por Alemany, son los siguientes:

    1. La violencia social tiene sus raíces fuera de los medios de masas. Existe fuera de ellos, que en principio son reflejo de una realidad. Sin embargo, se da en los medios una "concentración artificial" de los hechos violentos por la implícita ley de que lo noticiable no es la paz sino la violencia, aquello que rompe la posible armonía o normalidad. Es decir, en los medios de masas hay una densidad mayor de violencia de la que se da en el ecosistema natural.

     2. Por su mismo carácter de buscar la primicia novedosa, no les es posible muchas veces a los medios de masas colocar un hecho en su contexto social, establecer la conexión entre la noticia y el entramado social en que se produce. Y como afirma Alemany, ello provoca a veces efectos contraproducentes. La violencia criminal produce una repulsa que, si no se hace un análisis serio, puede tener una contrapartida inconsciente el reforzamiento de supuesto orden social existente, de cualquier tipo que sea. Así, se presenta como alternativa "violencia criminal"/"orden establecido", sin más opciones, lo cual es sumamente peligroso.

     3. Debe reconocerse la función positiva de los medios de comunicación social como "contrapoder", como cauce de denuncia de la violencia institucional. La capacidad de neutralización de la violencia estructural es muy importante en la sociedad. Por otra parte, está claro que un medio es mucho más que un escaparate de la realidad, la está interpretando.

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Colaboración de Manuel Fernando Velasco. Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

    Ese es el título del libro que, el viernes 11 de mayo del año en curso, fue presentado públicamente. El mismo fue elaborado por un grupo de especialistas del IDHUCA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco de las actividades impulsadas por esta organización internacional y la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector Justicia. Tal como lo establecen sus autores, con este esfuerzo se busca identificar las tareas pendientes y los retos que éstas plantean para que en el país se cumplan los postulados que establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

    Como se advierte en su introducción, el trabajo realizado "va más allá de una simple reunión de textos legales relacionados con la niñez y la adolescencia", ya que su estructura se basa en el "análisis del desarrollo normativo de la protección integral en El Salvador".

     En el primer capítulo se describen las condiciones y características que debería tener el nuevo derecho de la infancia, las cuales se contrastan con el desarrollo normativo que en la actualidad existe en nuestro país. Tras eso, en el segundo capítulo se ofrece una clasificación de los derechos humanos de la niñez a partir de la finalidad de cada uno de ellos, considerando además su tratamiento en la legislación nacional. El tercer capítulo aborda lo relativo a la protección social de esta población, tomando en cuenta la relación que se debe establecer entre el derecho, las políticas públicas y la estructura institucional para hacer realidad los "buenos propósitos".

    Esto último se retoma en la cuarta parte del libro, al analizar en ella los distintos mecanismos jurídicos y la estructura institucional que determina el marco normativo interno. Al final, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones mediante las cuales se busca seguir apoyando los distintos esfuerzos que persigan favorecer a nuestras niñas, niños y adolescentes. A continuación ofrecemos, en esta ocasión, un resumen de ese quinto capítulo.

    A partir de la ratificación de la CDN, han tenido lugar importantes cambios dentro de la legislación salvadoreña; éstos han repercutido positivamente, tanto en el mundo jurídico y la institucionalidad como en la conciencia colectiva. Si bien dichos cambios representan avances significativos, los mismos distan de ser suficientes ya que se circunscriben —básicamente— a dos ramas del derecho: el penal y el de familia. En ese marco, cabe señalar que del conjunto de derechos reconocidos a la niñez y a la adolescencia sólo dos son los que alcanzan un mayor desarrollo legislativo en nuestro país: el derecho a la libertad y el derecho a regular las relaciones familiares.

    Como se destaca en el libro, en El Salvador no hemos logrado construir todavía el nuevo derecho para la infancia y la adolescencia que nos demanda la ratificación de la CDN, ni tampoco se ha podido desarrollar e implementar la protección integral de los derechos que les han sido reconocidos. El desarrollo y puesta en funcionamiento de la protección social y legal de los derechos constituyen, aún, parte de un proceso limitado e inconcluso. Las políticas públicas no reflejan de manera adecuada la prioridad que debe tener la niñez, al comprometer recursos de forma tímida y focalizarlas hacia la parte de ella que se encuentra en problemas. Asimismo, es fácil advertir en ellas la carencia de ideas creativas para viabilizar un nuevo derecho; un nuevo derecho para la niñez que se convierta, a la mayor brevedad posible, en material de primera mano para la transformación de esta realidad actual que tanto erosiona su dignidad.

    De igual forma, dichas políticas no se constituyen en ejes centrales que articulen la actuación de todo el Estado en su conjunto y que determinen, finalmente, la centralidad de la niñez y sus derechos en la actividad de las instituciones públicas y privadas del país. También son frágiles, por decirlo de la forma más suave, los mecanismos de protección legal de los derechos de la niñez. Son muchas, pues, las tareas pendientes y muchos los retos que conlleva la real puesta en marcha de la CDN. A fin de avanzar en el proceso de adecuación de la legislación interna a la CDN, en el libro se formulan las propuestas que a continuación presentamos.

    Lógicamente, éstas no pretenden ser recetas mágicas que den solución a todos los problemas vinculados, devenidos o asociados a la niñez; pero sí pueden ser asumidas como una aproximación a ciertas actividades puntuales que vemos necesarias realizar, a fin de proseguir con buen norte en el camino que iniciado hace 11 años para dar vigencia a los derechos de la niñez y de la adolescencia.

1. Grupo de trabajo conjunto

    En primer lugar, se plantea la creación de un grupo de trabajo conjunto integrado por representantes de diversos sectores, disciplinas y ciencias que tengan vinculación con la temática. Se habla, entonces de juristas, economistas, agentes del Estado, sector privado, organismos no gubernamentales, iglesias, asociaciones de jóvenes y de padres de familia, universidades y cooperación internacional, por citar algunos ejemplos.

    Se propone integrarlo con un máximo 12 representantes de sectores diversos, en un plazo no mayor de un año, convocado por el gobierno y respaldado técnica y financieramente por éste e instituciones de cooperación internacional, dentro de las cuales podrían jugar un importante rol las Naciones Unidas y —de manera más específica— UNICEF. Dicho grupo se establecería con el encargo expreso de entregar tres productos:

a) Construir las bases del nuevo Código de la Niñez y de la Adolescencia. Esto es, desarrollar los principios fundamentales del nuevo derecho de la infancia. y establecer los cimientos para el desarrollo de una propuesta jurídico-legislativa, que posibilite la adecuación del conjunto normativo nacional a las exigencias de la CDN. Desde este punto de vista, la codificación representa la mejor propuesta para lograr dotar de armonía y efectividad al mencionado derecho. En tal sentido, se deberán abordar los aspectos jurídicos, políticos y económicos que la formulación del nuevo Código y la  efectividad de los derechos demanda. Se habla entonces de la técnica legislativa, la política presupuestal, la estructura institucional, los mecanismos de protección social y legal y el papel de la cooperación internacional, entre lo más relevantes.

b) Sentar las bases para el desarrollo de una política de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. No se trata acá de suplantar la potestad legal respecto a la formulación de las políticas, sino —más bien— de generar una reflexión que abone a la elaboración consensuada de la misma y posibilite avanzar  en la búsqueda de la realización efectividad de los derechos de la niñez.

c) Formular un plan de trabajo y promover una discusión amplia sobre los temas tratados. Ha de entenderse esta discusión en su propio sentido; quiere decir, entonces, del intercambio de ideas para lograr forjar un pensamiento común enriquecido. No se trata, pues, de buscar adhesión o validación de las propuestas sobre política y derecho de la niñez, sino de construir una posición política y jurídica al respecto, en la búsqueda de un consenso. Esta discusión ha de ser amplia, democrática y participativa, que involucre a la mayor cantidad de personas y que procure desarrollarse lejos de cualquier pretensión publicitaria por parte de sus participantes. Además, tal discusión debe involucrar activamente a la niñez y a los padres de familia, no como simples avaladores sino como sujetos principales de la propuesta y, en cuanto tal, con las mayores garantías de participación. En suma se trata de desatar un proceso que permita construir, sobre el consenso, las bases de un Código de la Niñez y de la Adolescencia.

2. Desarrollo de un pensamiento jurídico

    Es menester generar un pensamiento jurídico propio que sostenga y potencie el impulso iniciado a partir de la ratificación de la CDN, y que —a la vez— brinde orientación y firmeza a las aproximaciones teóricas devenidas del primer esfuerzo. Para ello, se ha de partir de una revisión profunda —con toda la rigurosidad que la disciplina jurídica exige— de las reformas hechas hasta ahora, para plantear las mejoras que deben impulsarse y mostrar el camino por el cual se ha de seguir en la fundamentación y construcción de una especificidad del derecho: el derecho de la niñez.

    Eso tiene que ver con la necesaria apertura de espacios para la realización de estudios específicos y superiores sobre derechos humanos, a partir de la visión integral derivada de la CDN; es necesario, además, retomar dicha visión en la enseñanza y la producción teórica sobre los mismos. De cara a esta posibilidad, se podría pensar en una suerte de altos estudios especializados en derechos humanos, a través de un programa conjunto que permita la participación y el intercambio que enriquezcan la reflexión y motiven el surgimiento de un pensamiento propio.

    En tal sentido mediante un convenio entre instituciones académicas nacionales y la cooperación internacional se podría construir un programa de estudios de carácter multidisciplinario, fundado también en la lógica de la formación y de la actuación, de la investigación y de la acción.

3. Informe anual sobre la situación de la niñez

    Otra de las iniciativas propuestas es la elaboración de un informe anual sobre la situación de los derechos de la niñez en el país, a la luz de la CDN y de su aplicación. Se considera que dicho informe debe ser producido conjuntamente por instituciones encargadas de la protección de dichos derechos, la llamada "sociedad civil" y la cooperación internacional, a través de las Naciones Unidas.

    Dicho informe, ha de hacerse del conocimiento del público tanto nacional como internacional y tanto entre las instituciones como entre las personas particulares en general, de tal forma que se constituya en una suerte de reflexión colectiva sobre la situación de la niñez y sus derechos en nuestro país. Ello permitiría, además, dar a conocer de forma amplia los avances y los límites de un esfuerzo nacional en el proceso del verdadero cumplimiento de la CDN. La cooperación internacional, puede y debe jugar un papel decisivo en el apoyo técnico y financiero así como en la divulgación y promoción de dicho informe.

    Otras actividades afines que este informe puede contribuir a desarrollar son, precisamente, las relacionadas con la construcción de indicadores sobre el grado de cumplimiento de los derechos y el nivel de justicia —o de injusticia— que existe en nuestra sociedad, así como aquéllas relativas a la puesta en funcionamiento de un sistema de información sobre la situación de la infancia y el respeto —o irrespeto— a sus derechos.

    Todo lo expuesto también demanda cambios en la forma y desarrollo del trabajo de la cooperación internacional, especialmente en el de las Naciones Unidas, cambios que deben ser comprendidos por el Estado, las instituciones, la sociedad y la propia ONU. En tal sentido, junto al desarrollo de las iniciativas antes señaladas, se debe iniciar en el país un proceso de análisis y producción de propuestas sobre el papel de la cooperación internacional. Los gobiernos, las sociedades y los propios funcionarios del sistema universal de derechos humanos deben comprender que la organización y los países mismos no pueden abdicar de su compromiso moral, político y jurídico  por la transformación de las condiciones de vida de la infancia.

     Tomarse en serio los derechos de la infancia supone construir un nuevo derecho. Independientemente de nuestro optimismo o pesimismo frente al derecho, no existe otra respuesta a la crisis del derecho que el derecho mismo. Y no hay en este contexto, "alternativas posibles a la razón jurídica. Este es el único camino para responder a la complejidad social y para intentar salvar —con el futuro del derecho— también el futuro de la infancia, de la sociedad y de la democracia".
 

FEDEFUT. Juan José Torres Polanco y otros ex directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), aún continúan en el banquillo de los acusados. El pasado 05.05, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se procesara penalmente a los ex federativos, por la supuesta malversación de fondos en la entidad federativa. El fiscal específico del caso, Ulises Villatoro, aseguró que se tiene la prueba documental y testimonial que demuestra la posible participación de los imputados en los delitos señalados. Los indicios van desde la falsificación de firmas, desviación de fondos y negociaciones ilícitas que comprueban y justifican el faltante de más de 30 millones de colones ($3.43 millones). Sin embargo, la audiencia inicial del pasado fin de semana, no dejó conforme a la Fiscalía con la decisión de la jueza Paula Patricia Velásquez, de exonerar a varios acusados, entre ellos, Torres y Fredy Vega, "El daño ha sido duro, uno de los secuestradores de mi madre, durante las conversaciones de negociación me dijo que le diera parte del dinero que me había robado de la FEDEFUT", reveló Torres. Pero, el ex director negó haber invertido de manera fraudulenta el dinero. "Yo he puesto de mi bolsillo", afirmó al mismo tiempo que pidió a la Fiscalía desistir de la acusación. Los fiscales, por su parte, apelarán la resolución para que el caso pase a un tribunal superior. La audiencia se realizó  en el juzgado décimo primero de paz y demoró más de tres días en debates entre defensores y fiscales. (Noticiero Hechos, Canal Doce, 05.05.01; DM, 05.05.01, p.3; LPG, 06.05.01, p.3 y 4).

CONFERENCIA. En su acostumbrada conferencia de prensa, el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, opinó sobre la marcha realizada por los trabajadores el 1( de mayo. "Esta celebración debe ser democrática y después civil y se dieron casos de vandalismo lamentables", comentó. Lacalle además expresó, en cuanto a la problemática del trabajo en el país, que hay muchas cosas en las que se debe progresar. "El trabajador es parte de la empresa, es necesario que haya una remuneración considerable. Los trabajadores tienen derecho a buenas prestaciones", concluyó. A juicio de Lacalle, los hechos violentos suscitados ese día no tienen que ver con ningún partido político. Por otro lado, con relación a la postergada elección del procurador de derechos humanos, instó a que no haya tráfico de votos o componendas con los votos; agregó "que se busque el bien común del pueblo, a la persona idónea sin importar la ganancia de los partidos". Finalmente, el Arzobispo expresó su desacuerdo con las eucaristías oficiadas por manos femeninas. "Jesús escogió 12 hombres como discípulos. Lo de ayer no fue una misa de verdad", concluyó refiriéndose a la eucaristía celebrada por la reverenda Zoila Morena Manzano, de la Iglesia Episcopal Anglicana. En todo el mundo hay más de mil sacerdotes mujeres de las iglesias anglicanas y presbiterianas. La reverenda reveló que para ser sacerdote tuvo que salir de El Salvador "soy sacerdote porque me liberé de la cultura machista de Latinoamérica" puntualizó (Radio Paz, Conferencia de Prensa, 06.05.01; EDH, 07.05.01, p.18).

 ENCUESTA. El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló el resultado de su más reciente encuesta, sobre los terremotos ocurridos en enero y febrero. El objetivo del sondeo realizado entre el 5 y el 11 de abril, fue estudiar el impacto psicosocial de los desastres y evaluar las respuestas institucionales ante la emergencia. La encuesta indica que al menos la tercera parte de la población se sintió directamente afectada por el desastre. Según el sondeo, el 53% de los encuestados señaló algún daño en su vivienda aunque sólo el 10% dijo haber perdido por completo su hogar. Los ciudadanos respondieron que hizo falta ayuda psicológica. Un 40% de la población cree que los terremotos tienen su origen en la justicia divina y que la ayuda fue distribuida por criterios político-partidistas. Sin embargo, a pesar de que el gobierno fue visto por una parte de la población demasiado centralizador, dos de cada tres encuestados piensan que el presidente Flores condujo bien al país durante la crisis. Con respecto al futuro del país, dos terceras partes de la población opinaron que el país se encuentra trabajando unido para enfrentar la tragedia de los terremotos; la otra parte piensa que no hay unidad. Estos últimos argumentan que no existe unidad por las diferencias políticas, las pugnas entre los partidos y la falta de solidaridad que obstaculizan el trabajo en conjunto. La encuesta muestra "una opinión pública divida y en cierta forma, polarizada cuando se trata de evaluar las consecuencias sociopolíticas del terremoto" (Boletín de Prensa, IUDOP, 09.05.01, LPG, 10.05.01, p.40).

LEGISLACIÓN. El foro denominado Análisis Jurídico Nacional en Materia Migratoria concluyó, el 08.05, que el proyecto de Ley de Migración y Extranjería presentado por el Ministerio del Interior a la Asamblea Legislativa contiene sendos vacíos legales. El proyecto, que consta de 132 artículos, violaría los derechos del individuo e irrespetaría algunos de los tratados internacionales consignados por El Salvador. Por ejemplo, un ciudadano puede ser enjuiciado o expulsado del país si, de darse un cambio de gobierno, contrariare las nuevas políticas. Además, no podría identificarse con ninguna corriente política, lo cual atenta contra las libertades incluidas en tratados internacionales. El proyecto de ley no especifica nada sobre los salvadoreños residentes en el exterior ni toca la situación de los ciudadanos de los demás países de Centroamérica. "Todavía estamos analizando el proyecto y hemos descubierto muchos errores. Tenga la certeza de que la ley no será aprobada tal y como está", aseguró el legislador Julio Moreno Niños, del PCN y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. En ese marco, el recién nombrado presidente del Primer Órgano del Estado, Walter Araujo, se comprometió ante la embajadora estadounidense, Rose Linkins, a incorporar en la agenda de prioridades legislativas la aprobación de la Ley de Extranjería. Uno de los puntos fundamentales de la normativa sería tipificar el tráfico de ilegales como un crimen. Dicho delito debe tipificarse como "tráfico humano", según el fiscal general, Belisario Artiga (LPG, 08.05.01, p.12; EDH, 09.05.01, p.18)

TRATADOS. El pasado 09.05, el ministro de Economía, Miguel Lacayo, juramentó a la Comisión Nacional Administradora de Tratados Comerciales, cuyo objetivo será velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos comerciales de "forma transparente, imparcial, equitativa y oportuna", en palabras de Lacayo. La Comisión tiene tres niveles jerárquicos y está integrada por los ministros, viceministros y directores de Agricultura, Hacienda, Relaciones Exteriores y Economía, así como por representantes de gremiales empresariales. Los ministros revisarán las medidas de política comercial; los viceministros se encargarán de los aspectos técnicos, de política y estrategia comercial; mientras que los directores de ministerios y representantes de gremiales se ocuparán de los aspectos operativos relacionados con la administración de tratados. Adicionalmente, el ministro Lacayo explicó el plan denominado Programas Estratégicos en apoyo a la Reactivación y Generación de Empleo, el cual estima la creación de unos 400 mil empleos por los acuerdos comerciales que El Salvador negocia y los que ya ha suscrito. El plan incluye además el rescate del parque cafetero y la construcción y remodelación de infraestructura y viviendas dañadas por los terremotos de enero y febrero.  Por otra parte, el negociador del sector privado salvadoreño, Rigoberto Monge, aseguró que el próximo 15 de mayo los viceministros de Economía de Centroamérica esperan concluir la parte normativa de la negociación de un TLC con Panamá (LPG, 09.05.01, p. 58 y 59; EDH, 10.05.01, p.56)