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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El gobierno de ARENA y en especial sus diputados adoptan posturas contradictorias muy curiosas, que evidencian su poca preparación y su falta de pensamiento, lo cual les impide tratar los asuntos públicos con un mínimo de seriedad. Por un lado, hablan mucho de abrir el país o de insertarlo en las grandes corrientes del comercio mundial. Parecieran estar convencidos que de ello se derivará la solución de los graves problemas nacionales, aunque, en la práctica, sólo repiten el discurso oficial, sin detenerse a pensar en el por qué y el cómo.

Por otro lado y de manera sorprendente, los asalta la mentalidad provinciana contraria a estos grandes sueños mundiales y de la cual todavía no se han podido despojar. No es claro cómo es que piensan conseguir la apertura a las corrientes mundiales con su estrecha mentalidad pueblerina. Mientras no resuelvan estas contradicciones, lo más probable es que el país siga navegando sin rumbo, bastante lejos de los beneficios prometidos por la modernización y la internacionalización.

En el seno de la Asamblea Legislativa se discute una ley de extranjería muy curiosa. El texto es sumamente duro con los extranjeros, incluidos los centroamericanos, a quienes la Constitución salvadoreña da un tratamiento especial, que no está reconocido en la nueva ley. Esa dureza obedece a que el poder ejecutivo que propone la ley y los diputados que la aprueban ven a los extranjeros como una amenaza, exceptuando a aquellos que vienen al país cargados de dinero, que, en realidad, son más bien pocos. Estos tienen trato preferente, porque son vistos como posibles inversionistas.

El dinero es suficiente garantía de honradez y decencia. Antes, la amenaza de los extranjeros era de orden ideológico, eran los que corrompían la pureza original de campesinos y trabajadores; en la actualidad, es de orden social y económico. Al ver en el extranjero una amenaza y al tratarlo como sospechoso, el Poder Ejecutivo y los diputados de la derecha olvidan que ellos mismos están pidiendo continuamente al gobierno de Washington un trato humano e incluso especial para los emigrantes salvadoreños. En Estados Unidos, éstos también son vistos como una amenaza y son tratados como sospechosos, pues ahí son extranjeros.

En correspondencia con la centralización y el autoritarismo que caracteriza a los gobiernos de ARENA, la aplicación de la nueva ley queda a la discreción del Ministro del Interior, dejando a los extranjeros a merced de su voluntad. El legislador también renuncia a fijar los procedimientos, los cuales —diecisiete— deberán ser establecidos por un reglamento. De esta manera, los procedimientos salen del ámbito legislativo y quedan reservados al Poder Ejecutivo, sin ningún control, lo cual da más poder al Ministro del Interior, quien, sin duda, decidirá la aplicación de la ley de acuerdo a la medida de sus intereses y conveniencias. Pero el extranjero no sólo queda a la merced de este funcionario, sino que, además, la ley le vulnera derechos adquiridos en el ámbito familiar. En caso de divorcio, la parte extranjera pierde la nacionalidad salvadoreña y sus hijos quedan expuestos a la inseguridad jurídica.

No tiene, pues, mucha lógica que el poder ejecutivo y los diputados de la derecha salvadoreña soliciten para los emigrantes salvadoreños un tratamiento que ellos no están dispuestos a dar a los emigrantes de otros países, quienes los abandonan por las mismas razones de pobreza que los salvadoreños. El Salvador debiera ser mucho más comprensivo con los emigrantes, precisamente, porque ha experimentado en carne propia la tragedia que éstos llevan consigo y los riesgos que corren con tal de encontrar un modo de vida más digno y seguro y un trabajo más apreciado y mejor pagado, que la tierra que los vio nacer no les puede proporcionar. En vez de tolerancia y comprensión, la postura oficial lo que manifiesta es un egoísmo exagerado y una insensibilidad muy poco humana.

Pero las cosas no se quedan ahí. Los diputados de la derecha, tan abiertos en asuntos financieros y comerciales, se disponen a cerrar el país a los extranjeros portadores del virus del SIDA. Por un lado, hablan de promover el turismo y las inversiones, pero, por el otro, discuten restringir la libre circulación de las personas. Algunos de ellos incluso quisieran prohibir el retorno al país de los salvadoreños infectados con esta mortal enfermedad, lo cual equivaldría a imponerles de hecho la pena del destierro.

No es cerrando unas fronteras que de por sí ya están abiertas —incluso a toda clase de bienes y mercancías, que circulan sin ningún control por parte de unas autoridades superadas por el volumen del tráfico—, ni adoptando disposiciones represivas que se preservará la salud pública salvadoreña, sino reforzando las medidas para prevenir las enfermedades contagiosas en el interior del país, en particular en aquellos sectores más débiles. Por un lado, los gobernantes de ARENA se precian de ser muy modernos y de ir a la vanguardia de los cambios, pero, por el otro, lo primero que se les ocurre son medidas inaplicables por ser obsoletas.

Estados Unidos está muy interesada en esta ley de extranjería. Su representante en El Salvador cabildea con intensidad en la Asamblea Legislativa para conseguir su aprobación cuanto antes. Dos cosas le interesan, al parecer. La primera es incluir en el código penal el tráfico de migrantes y el cierre de las fronteras salvadoreñas con el norte para detener el flujo que corre imparable hacia el norte, a través de ellas. El resto de las disposiciones sobre los extranjeros no parece preocuparle mucho a la embajadora estadounidense. Su segundo interés es extraditar a los salvadoreños que, habiendo cometido crímenes en su territorio, han encontrado refugio seguro en El Salvador. Una ley de extranjería que incluya la extradición sería contraria a la legislación internacional, porque esta acción está regulada por tratados bilaterales, que además reconocen la reciprocidad, y no por leyes generales.

Pero esto tampoco preocupa mucho a Estados Unidos, con tal de conseguir lo que quiere. Dada su actitud de desprecio ante el derecho internacional y los derechos humanos, cuando éstos no forman parte de su política exterior, no debiera extrañarse de que no la elijan para formar parte de la comisión de Naciones Unidas que vela por tales derechos.

Estados Unidos tiene cómo conseguir que el gobierno de ARENA le entregue lo que quiere, aun a costa de renunciar a su concepción tradicional de soberanía, porque los gobernantes de ARENA no se atreverán a contrariar los deseos expresos de aquel de quien esperan un tratado de libre comercio y mientras éste llega, trato especial para las exportaciones salvadoreñas, incluidos los emigrantes. Mientras a Estados Unidos no le importe cómo consigue lo que quiere, la derecha salvadoreña podrá seguir con un pie en la esfera internacional y con otro en la de lo provinciano, pero lejos, muy lejos de dirigir el país por la ruta del desarrollo sostenible.

En los últimos meses se levantaron serias dudas sobre la capacidad y eficiencia de la Policía Nacional Civil para la persecución del crimen en el país. Para muchos sectores, los altos índices de delincuencia, crimen organizado y la implicación de miembros del cuerpo policial en algunos de estos crímenes, era señal palpable de la poca capacidad de esta institución para enfrentar esos problemas. Para remediar la situación, se propusieron el endurecimiento de las leyes en contra de la delincuencia y un mayor control del director de la policía sobre los miembros de la corporación.

No faltó quien insistiera en que el mal principal radicaba en la ausencia de una política nacional de seguridad, a lo que se añadía la falta de idoneidad del director del cuerpo policial. De la pugna pública entre las dos visiones del problema terminó triunfando, por lo menos hasta este día, la postura oficial. El director de la policía es actualmente una de las personas con mayor poder en el país; se inició el proceso de reformas de las leyes penal y procesal penal; y la policía parece estar resurgiendo de las cenizas del descrédito de meses anteriores.

Desde mediados de abril pasado ha surgido a la luz pública un intenso conflicto comercial entre los gobiernos de Honduras y El Salvador, debido a que el primero impuso restricciones para el ingreso de los productos avícolas salvadoreños y a que luego, el segundo, impuso restricciones la ingreso de productos lácteos hondureños. Esta disputa no es nueva, incluso recuerda mucho los conflictos comerciales surgidos en el marco del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), en las décadas de 1950 y 1960.

Mientras América gestiona la posibilidad del libre comercio en el continente, los países centroamericanos se ven envueltos en recurrentes conflictos comerciales, centenarios diferendos limítrofes y resquemores ante prácticas armamentistas descontextualizadas. No sólo eso, sino que este tipo de situaciones contradice algunos principios fundamentales que los mandatarios centroamericanos han querido presentar ante la comunidad internacional, tales como el respeto y soberanía de los Estados, la tolerancia diplomática, el “éxito” de las libertades económicas y una visión compartida de desarrollo hacia el futuro.

Recientemente, Honduras y El Salvador se vieron envueltos en un nuevo conflicto comercial por la existencia de la llamada “influenza aviar” en algunas granjas avícolas salvadoreñas. El temor de propagación de la enfermedad impulsó al gobierno de Honduras a cerrar sus fronteras a las exportaciones de El Salvador —principal proveedor de productos avícolas a ese país.

El 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero el gremio periodístico no tuvo nada de qué alegrarse. La prensa salvadoreña no está en su mejor momento en cuanto a sus libertades se refiere. No sólo este gremio debería tener derecho a celebrar ese día, sino también la gente que cotidianamente se informa por medio de lo que lee en los periódicos y revistas, oye en la radio o ve en la televisión. La situación del país, sin embargo, les impidió a ambos (medios noticiosos y su público) reconocer como propio el ejercicio de su derecho a la información.

Existen varios mecanismos que distintos sectores del país utilizan para controlar a la prensa. Últimamente se han visto dos formas en que los intereses de las fuentes han querido imponerse (muchas veces con éxito) en la cobertura periodística: por medio de la imposición de la agenda informativa que emana de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y, además, por medio de advertencias que han hecho algunos funcionarios públicos para amedrentar a la prensa cuando ésta reporta cuestiones relacionadas con posibles actos de corrupción.

Respecto a la propagación de las versiones oficiales (que entraña grandes dosis de complicidad empresarial), se tienen que mencionar sobre todo las ya tradicionales ‘reuniones’ que se convocan en Casa Presidencial con los representantes de los principales medios noticiosos del país. Estas son distintas de las periódicas ruedas de prensa que se preparan en ese lugar, puesto que los invitados especiales no son los reporteros asignados a la fuente presidencial, sino sus jefes. Los resultados de estas reuniones tampoco son presentados explícitamente en ningún periódico ni noticiero, como aparecería cualquier otra declaración. Todo se maneja con mucha privacidad.

De esta manera, altos personeros del gobierno trasladan sus ‘preocupaciones y sugerencias’ a los directivos de los medios. Esta modalidad no es una novedad de la administración del presidente Francisco Flores, sino una práctica que se veía ya en los ochenta. En los noventa, durante el gobierno del ex presidente Armando Calderón Sol se solía hacer lo mismo. En una ocasión, funcionarios gubernamentales conminaron a altos representantes de los dos matutinos más grandes del país a despedir a los ‘periodistas infiltrados y comunistas’. Uno de los periódicos acató la sugerencia.
La más reciente reunión de este tipo en Casa Presidencial se efectuó antes del 1 de mayo, con motivo de la protesta popular programada para el Día del Trabajo. Allí se les dijo a los representantes de los medios que hicieran todo lo posible por desvirtuar las motivaciones de la marcha y que resaltaran sobre todo los logros de las diferentes instituciones gubernamentales en sus áreas específicas. Los medio periodísticos así lo hicieron e incluso sobrepasaron las ‘órdenes’ recibidas.

Basta ver qué dijeron El Diario de Hoy (“Vandalismo en marcha de FMLN” fue su titular de portada el 2 de mayo) y Teledos (con notas exageradamente críticas hacia la suciedad, pintas y otros restos que habían dejado los marchantes a su paso). Algunos organizadores de la marcha les dieron ciertos argumentos para desprestigiar las motivaciones de los protestantes al quemar las casetas telefónicas y al atacar físicamente a algunos periodistas (actos de por sí condenables desde muchos puntos de vista). En esta cobertura, los medios noticiosos, en su mayoría, hicieron pocas referencias a otros aspectos de la manifestación tales como los sectores participantes y su número (nada despreciable), así como sus motivaciones. Cualquier periodista serio y profesional debía haber balanceado estos datos con los relativos a quemas, pintas y conexos.

Casa Presidencial también convocó a los jefes de los principales medios noticiosos durante los días de mayor emergencia, posterior a los terremotos de este año. En esta coyuntura, se les sugirió a los empresarios de la comunicación que evitaran hacer críticas en contra de las políticas gubernamentales de distribución de ayuda. Además, se les indicó que omitieran cualquier señalamiento en contra de las empresas constructoras en el desastre de Las Colinas y en otros, como el de la Cima IV, parte de los proyectos levantados por Inversiones Roble, de la influyente familia Poma. En este caso, basta un análisis de la cobertura periodística de los hechos pos terremoto para darse cuenta de que los temas antes señalados estuvieron fuera de las agendas de muchos medios, excluyendo al Canal 12.

¡Y qué costos debe pagar un medio de comunicación que no adopte como suyas las indicaciones que vienen de Casa Presidencial! La crítica le valió al Canal 12 la pérdida de entre dos y tres millones de colones en este año, según dijo a La Prensa Gráfica, el presidente de esa televisora, Jorge Zedán (28 de abril, p.13). El “poder oscuro de empresarios de ultraderecha” tiene mucha responsabilidad en la crisis económica de su canal, opinó Zedán. “Muchos de ellos quisieran ver a Canal 12 fuera del escenario”, subrayó.

Para Zedán, “el empresario que vive de tráfico de influencias trata de proteger al gobierno. Cuando el empresario se siente herido, reacciona atacando al medio”. Haciendo recaer más responsabilidad en Casa Presidencial, el periodista Mauricio Funes había preguntado el 20 de marzo pasado: “¿No es mordaza promover acciones concertadas con determinados grupos empresariales para asfixiar económicamente a aquellos medios de comunicación que ofrecen una visión alternativa al discurso oficial?”. El secretario de comunicaciones de la Presidencia ha negado que la administración Flores esté bloqueando publicitariamente a esta televisora.

Después de este paréntesis sobre el Canal 12 y sus problemas económicos, abordaremos aquí el segundo tipo de presión que han estado enfrentando los periodistas de parte de sectores interesados en mantener limpia su imagen pública. Un primer caso se vio con el ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien fue involucrado en diciembre pasado en un supuesto conflicto de interés por el uso de salvaguardias que le permiten importar insumos para la fabricación de baterías sin el pago de arancel. Lacayo es el presidente de la principal (¿o la única?) fabricante de baterías en El Salvador.

Las anomalías fueron encontradas por periodistas de La Prensa Gráfica. Lacayo los acusó de estarse buscando problemas y de querer hacerlo “quedar mal”, con una investigación que desde el punto de vista periodístico cumplía con los estándares de profesionalidad. En este caso, un funcionario público que se siente cuestionado, en lugar de aclarar las supuestas irregularidades, empieza a ver fantasmas y a buscar quién es el interesado en destruir su imagen, quién está detrás de la campaña de desprestigio.

Igual reacción ha tenido el diputado del PCN, Francisco Merino, cuando sus actuaciones violatorias de la ley aparecen en la prensa. Sucedió en agosto de 1999, cuando Merino, en estado de ebriedad, amenazó a un vigilante y luego se enfrentó a balazos con unos policías e hirió a una agente. Ciertos diputados protegieron al diputado Merino (y su impunidad) y cerraron la posibilidad de que fuera juzgado como cualquier otro ciudadano. Merino también se ensañó contra los periodistas y los acusó de tener oscuros móviles en la cobertura de su incidente con la policía. Tanto fue su ensañamiento que en abril pasado intentó iniciar una acción penal contra cinco periodistas por otro escándalo que lo hizo objeto de noticia nuevamente (ver Proceso, 948). La reacción de Merino fue atacar a la prensa y cuestionar su profesionalismo, como si los reporteros se inventaran los hechos y no se encontraran en sus textos las fuentes que respaldan la información.

Un último caso que señalaremos (aunque la lista es larga) es el de las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas en el Banco de Fomento Agropecuario, durante la administración de Raúl García Prieto (1995-1999). Las anomalías en el BFA constan en informes de la Corte de Cuentas y de la Superintendencia del Sistema Financiero. García Prieto, sin embargo, en sus apariciones en televisión especialmente, no ha podido desvanecer las dudas que hay sobre su gestión y se ha dedicado más bien a decir que la prensa es amarillista y poco profesional, y que de paso le han “mancillado su nombre”.

Seguramente los funcionarios y ex funcionarios públicos preferirían que la prensa no se ocupara de documentar, profundizar y publicar las historias que los relacionan con posibles casos de corrupción. Nadie puede esperar lo contrario. De hecho, los periodistas tienen serios problemas para cumplir (cuando se lo proponen) con esa función teórica que se les atribuye de fiscalizadores del poder. Por ello, se pudo ver a Lacayo, a Merino y a García Prieto seriamente disgustados con las publicaciones de algunos medios noticiosos. Se les ha visto buscando las ‘manos peludas’ detrás de los medios, acusando a la prensa de prestarse a intereses oscuros que quieren ‘destruir sus imágenes’, detectando campañas de desprestigio detrás del esfuerzo periodístico. En el fondo, se advierte su intención por acallar y controlar a la prensa atacándola verbalmente e incluso entablando acciones judiciales en su contra.

Tanto los controles que impone la Casa Presidencial sobre algunos medios que se prestan al juego, como los intentos de presión que vienen de personajes públicos involucrados en actos bajo sospecha de corrupción, han creado un escenario mucho más difícil para la existencia de una prensa realmente independiente en nuestro país. Dice un periodista y catedrático español que “ser tendencioso es infringir la norma de la profesionalidad, un modo de ser ‘injusto con los hechos’ para complacer o halagar, a despecho de la ‘imparcialidad profesional’”. Lo más sano sería que los medios noticiosos buscaran formas de resistir este y otro tipo de influencias, pero la realidad es otra, desafortunadamente.

Sin embargo, existen ejemplos que muestran que es posible la resistencia de los medios resistentes a cierto tipo de presiones económicas. La Nación, de Costa Rica, se negó hace algunos años a publicar una noticia que había sido sugerida por la línea aérea LACSA. Esta empresa canceló la pauta publicitaria en La Nación como represalia. LACSA tuvo que pautar nuevamente en el periódico después de once meses, porque sus ventas comenzaron a bajar. Solo medios tan fuertes económicamente como La Nación pueden resistir este tipo de presiones y en El Salvador tenemos periódicos y telenoticieros suficientemente solventes que podrían ofrecer cierta fortaleza ética ante las sugerencias de las fuentes interesadas.

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Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones

Hace unos días, exactamente el jueves 10 de mayo del año en curso, Amnistía Internacional envió una carta al recién estrenado presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo. Semejante misiva debería llenar de vergüenza a eso que llaman la “clase política” salvadoreña. Pero como en su actuar no se advierte ninguna “clase”, calidad u otro tipo de virtud que merezca algún reconocimiento, dudamos que sirva de algo para hacer reaccionar a quienes son los principales responsables del desastroso estado en que se encuentra hoy la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

De nada sirve que el presidente Francisco Flores se esmere en exagerar la retórica de sus escasos y poco fundados discursos, si sus compañeros de partido y el resto de grupos políticos que integran el Órgano Legislativo —no nos atrevemos a decirles, como algunos, “institutos”— se inventan una y mil formas para sumir en el absurdo a esa “democracia” que, según dicen, existe en el país. Eso sí, pobre de aquel que se atreva a cuestionar esa falsa imagen; se arriesga a ser víctima de los ataques provenientes de los nuevos voceros de ese poder de facto, que tanto daño le sigue haciendo al país.

“Anti sistema”, desestabilizador”, “nostálgico”, “retardarais” y tantos otros dardos verbales lanzan desde sus villas los lobos y sus compinches contra las personas u organismos que de verdad quieren hacer de El Salvador un país decente. Y los lanzan, por un lado, como parte de sus fallidos intentos por congraciarse con aquellos sectores que, hasta hace unos años, fueron víctimas de sus amenazas y hasta de sus proyectiles mortales. Piensan que su pretendida “autoridad moral” por haber pertenecido antes a algún grupo guerrillero, los coloca “por encima del bien y el mal”; así, se consideran capaces de neutralizar cualquier tipo de crítica dirigida a quienes manosean la institucionalizada del país y, de esa forma, tratan de “vender” su ansiada “redención”. Pero también lo hacen porque, por muy demócratas que quieran aparentar ser, ni antes ni ahora aceptaron opiniones distintas y siempre --antes y ahora-- han utilizado métodos sucios para callar a quien no comulga con sus veleidosas posiciones.

Pero ahora, la que habla es esa prestigiada organización que desde hace décadas, ha puesto el dedo en la llaga, señalando violaciones graves a los derechos humanos y a sus responsables a nivel mundial, independientemente del régimen que haya imperado en determinado país. Pese a su reconocida objetividad y su indoblegable compromiso con las víctimas, sin importar su ideología o creencia religiosa, también Amnistía Internacional se enfrenta al riesgo de ser atacada por esas voces. Ello no nos asombraría para nada, pues ya hicieron mucho para acabar con nuestra capacidad en ese sentido. De cualquier forma, a continuación ofrecemos el contenido de la mencionada carta.

Señor Walter Araujo, Presidente de la Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa, Centro de Gobierno, 8va. Planta
San Salvador, EL SALVADOR
Estimado Sr. Araujo:

Me dirijo a Ud. con el fin de expresar la gran preocupación de Amnistía Internacional ante la crisis institucional que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha estado experimentando, específicamente, en los últimos 15 meses. Esta crisis ha producido un vacío evidente al centro de los mecanismos de protección de los derechos humanos en El Salvador. Amenaza, además, con socavar la institución considerada como una piedra angular de los Acuerdos de Paz y fundamental para el desarrollo de la sociedad salvadoreña. La Asamblea Legislativa debe asumir su responsabilidad y actuar en forma urgente para asegurar la credibilidad y efectividad de la institución a largo plazo
.
Desde la creación de la PDDH en marzo de 1992 al final del conflicto armado en El Salvador, Amnistía Internacional (AI) la consideró como una de las instituciones más importantes que surgieron de los Acuerdos de Paz. Compartimos las grandes esperanzas para el futuro de la protección de los derechos humanos que surgieron de su creación.

Conscientes de que el Artículo 2 de la Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador define su objetivo como “velar por la protección, promoción y educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos”, consideramos que el funcionamiento de la institución bajo la dirección de los dos primeros Procuradores cumplió en forma creciente este cometido. Creció en estatura y credibilidad, llegando a ser la institución más respetada y que atraía el más alto nivel de confianza entre la población. A nivel internacional se reconocía también la seriedad y calidad de su trabajo.

Sin embargo, a partir de 1998 hemos observado problemas que, en nuestra opinión, han llevado a un deterioro del trabajo, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, y han perjudicado la percepción que la población tenía de la institución.

En la opinión de AI, la principal razón del deterioro de las actividades de la PDDH emana de las demoras experimentadas en el nombramiento de un titular al cargo, comenzando con el término del periodo de la Dra Victoria Marina de Avilés en 1998 . El observador externo, como AI, percibe el origen de gran parte de estas demoras en el alto nivel de politización que ha invadido el proceso de selección, lo cual va en contra de la letra y el espíritu de la ley de creación de la institución. Citamos como ejemplo, entre muchos, las demoras ocasionadas en diferentes momentos de los procedimientos en que consideraciones político partidistas han tenido precedencia a las necesidades de la PDDH o los atributos de los candidatos o candidatas al cargo.

En primer lugar, la fecha de término del mandato de la Dra. de Avilés era claro: a más tardar en marzo de 1998. A menos que hubiera sido reelegida para continuar en el cargo, su sucesor o sucesora debería haber estado ya seleccionado para asegurar la continuidad del trabajo de la institución. La Ley de la PDDH establece en su Artículo 15 que “El Procurador Adjunto ... ocupará dicho cargo [de Procurador] cuando quede vacante, mientras se elige al nuevo titular”. Sin embargo, en mayo de 1998 la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a dicha ley impulsada por el partido de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista, y apoyada por dos partidos de minoría, suprimiendo esta disposición y llevando a la eventual salida del cargo del entonces Procurador Adjunto. El Presidente Armando Calderón Sol no se opuso a la reforma de la ley por lo que la PDDH quedó acéfala desde comienzos de mayo.

Como es de su conocimiento solamente el 2 de julio de 1998 la Asamblea Legislativa llegó a elegir a Eduardo Peñate Polanco como titular del cargo, confirmando el nombramiento el 30 de julio de ese año. Su nombramiento enfrentó dificultades desde un comienzo debido a cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo. Durante los siguientes 19 meses la situación no mejoró sino que, al contrario, continuó deteriorándose llegando incluso a la suspensión de ayuda internacional a la Procuraduría. Después de un largo proceso, que incluyó peticiones de organizaciones de carácter civil para que se destituyera al procurador y una investigación de la Asamblea Legislativa, Eduardo Peñate dimitió el 8 de febrero del 2000. Desde entonces el Procurador Adjunto, Marcos Valladares, ha desempeñado el cargo en calidad de Procurador en funciones y la institución ha continuado enfrentando una situación de deterioro, estancamiento y pérdida de credibilidad.

AI considera que la Asamblea Legislativa ha fallado al pueblo salvadoreño, aquellos que tienen mayor necesidad de la ayuda y protección que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería brindar. Los legisladores no han logrado, en un plazo de 15 meses hasta el momento, llevar adelante la elección de un Procurador o Procuradora. La Asamblea Legislativa habría entonces, en nuestra opinión, malgastado tiempo y recursos en nombramiento de sub-comisiones, reuniones, discusiones y supuestos acuerdos que luego se desvanecen. Son de conocimiento general las extensas discusiones, por ejemplo, sobre cual sería el periodo en el cargo de la persona elegida: un año o tres años. Recordará que en septiembre del 2000 la Asamblea Legislativa inició un proceso de entrevistas a unos 25 candidatos y candidatas que en noviembre se habrían reducido a tres personas para la selección final. Sin embargo, han primado las divisiones dentro y entre partidos políticos y la elección continúa estancada.

-- a solucionar a la brevedad posible los problemas que aquejan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que parecen provenir en gran parte de la incertidumbre que rodea el nombramiento de un Procurador o Procuradora;

-- a buscar la cooperación de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la búsqueda de una solución para la crisis actual y de candidatos y candidatas apropiadas para el cargo;

-- a ceñirse a las disposiciones de la ley correspondiente, sobre todo en cuanto a los requisitos para el cargo y especialmente, desde nuestro punto de vista, que la persona elegida sea “de reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos o con amplios conocimientos en el campo, de moralidad y competencias notorias ...”;

-- a tomar en cuenta que la ley de la PDDH establece que “no podrán ser elegidos ... los integrantes de partidos políticos que desempeñan cargos en los órganos de dirección...”. Esto debería aplicarse incluso a quienes estén preparados para renunciar a tales posiciones a fin de obtener el cargo ya que el elemento político permanece;

-- a que, en vista de la extensa demora que ha sufrido la elección para este cargo, se fije y respete una fecha definitiva para la elección del Procurador o Procuradora, acatando siempre las reglas que garanticen la elección de la persona más idónea para este importante cargo.

Enviaremos copia de esta carta a los Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, al Dr. Leo Valladares, Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y a Organizaciones No-Gubernamentales de Derechos Humanos.

Sin otro particular le saluda atentamente,
Javier Zúñiga, Director regional para América

CONFERENCIA. Durante la acostumbrada rueda de prensa, el pasado 13.05, el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, expresó su convencimiento de que los fuertes golpes a las bandas de secuestradores han sido posibles gracias a la colaboración de la ciudadanía. Sáenz Lacalle estimó que la población debe mantener invariable ese espíritu de colaboración con las autoridades. "El apoyo de la población no es un problema de emergencia, sino de una actitud de civismo perpetua; por tanto, animo a que sean cuidadosos y super vigilantes para defender la sociedad, todos somos responsables", expresó el religioso. Las recientes capturas de supuestos secuestradores y la desarticulación de las bandas dedicadas al plagio han sido calificadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) como el más entero golpe al crimen organizado. Lacalle, elogiando el trabajo de la Policía y del Ministerio Público en el combate a las bandas de secuestradores, expresó que "indudablemente, si han tenido éxito es porque han estado trabajando. Les felicito y les animo a que sigan de pie". El jerarca católico, quien este 13.05 cumplió seis años de haber sido nombrado Arzobispo de San Salvador, instó a la población a contribuir con la denuncia. Además, dijo estar sorprendido por la existencia de "tantísimas bandas delictivas". Para el prelado, ese fenómeno demuestra que "la raíz del problema radica en el corazón de los hombres, lo que indica la necesidad de vivir en base al cristianismo" (Radio Paz, Conferencia de Prensa, 13.05.01).

INCREMENTO. El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) consideró necesario, el 14.05, que el Estado active los mecanismos efectivos de verificación de alzas en las tarifas de energía eléctrica. Según el CDC, el costo del kilovatio/hora ha registrado incrementos de entre el 6% y el 9%. También, la entidad estimó que un consumidor de bajos ingresos, cuyo consumo ronda entre 1 y 200 kilovatios/hora, paga proporcionalmente más que un consumidor que consume más de 200 kilovatios/hora y más del valor que paga cualquier industria y comercio del país. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) avaló un cambio en el método para medir los costos de la energía eléctrica, con el cual, la población pagaría, en este mes, $2 millones adicionales por el servicio. Este cambio fue rechazado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Economía. Para el director general de electricidad de dicha cartera de Estado, Jorge Rovira, la SIGET no consultó el cambio. "La nueva formula golpea a los consumidores y no fue consultada a esta cartera", expresó. Además, reveló que cuando analizaron las alzas pidieron explicaciones a la SIGET, institución que no respondió con satisfacción. Finalmente, se espera que la Asamblea Legislativa forme una comisión especial para estudiar el caso, aunque ya existen dos comisiones de este tipo: una que verifica supuestas anomalías en el cobro de tarifas telefónicas y otra en el abastecimiento de agua potable. (Noticiero Hechos, Canal Doce, 14.05.01; EDH, 16.05.01, p.2).

CONCILIACIÓN. El alcalde capitalino, Héctor Silva, y algunos miembros del concejo municipal de San Salvador lograron conciliar, el 15.05, en el Juzgado Séptimo de Instrucción, con los abogados de la empresa constructora CODE, S.A. que los acusaba de usurpar un terreno en la colonia Santa Marta, San Jacinto. Ambas partes acordaron establecer un plazo de cuatro meses para que la firma constructora presente la escritura pública inscrita en el Registro de Inmueble que la faculta como propietaria del terreno. Asimismo, la empresa deberá señalar el valor del inmueble, que será establecido por peritos del Ministerio de Hacienda. En representación de la constructora, Edgardo Acosta Oertel aceptó las propuestas y el tribunal avaló la conciliación. Por su parte, Ana Alas de Cativo, jueza Interina del Séptimo de Instrucción, decidió que se realizaría una audiencia especial de conciliación en vez de la preliminar. En apoyo al edil capitalino, los habitantes de la colonia Santa Marta esperaron afuera del tribunal para conocer los resultados de la audiencia. Los carteles apoyaban a Silva, puesto que indicaban que no querían perder el parque. Todos los habitantes se mostraron complacidos y advirtieron que continuarían su lucha para no perder el espacio de recreación. Finalmente, el alcalde Silva expresó que estaba complacido con la conciliación acordada. Además, en caso de que la empresa no compruebe su propiedad ante el tribunal, la alcaldía comprará el terreno y el proceso contra los acusados continuará (EDH, 16.05.01, p.19; Noticiero Hechos, Canal Doce, 15.05.01).