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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 952
mayo 23, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Doble confusión para el consumidor
Política:  Sigue la corrupción
Economía:  Desaciertos en la conducción económica
Comunicaciones:  No hay periodismo sin investigación
Derechos Humanos:  Derechos humanos de la niñez. La tarea pendiente
Documento: Posición de FESPAD ante las posibles reformas a la legislación penal y  procesal penal

 NOTICIAS
 
 
 

EDITORIAL

    Las tarifas eléctricas han subido en los últimos meses sin que ni las empresas distribuidoras, ni la superintendencia respectiva, ni el Ministerio de Economía, ni siquiera la prensa puedan dar razón de cómo es que se produce ese aumento, que representa dos millones de dólares adicionales para el consumidor final. La falta de claridad es importante, porque en el régimen de mercado libre se supone que el consumidor debe estar informado sobre estos asuntos.

    Las empresas distribuidoras de energía eléctrica aducen que las alzas sucesivas obedecen al mercado que llaman “regulador del sistema”, por lo tanto, en teoría, ellas no tendrían responsabilidad alguna, sino que ésta recaería sobre aquél, el mercado, un ente abstracto. En cambio, según el Ministerio de Economía, el alza se explicaría por la modificación de la fórmula para calcular dichas tarifas, la cual se habría efectuado sin consulta previa y con cuyo resultado se muestra insatisfecho.

    Pero las compañías distribuidoras le salen al paso, alegando que el aumento se hubiera dado de todas maneras, con o sin modificación de la fórmula. Si además resulta que las distribuidoras, tal como aseguran, se apegan de manera estricta a la legislación que rige el sector, entonces, cómo explicar la alza en el precio de la electricidad para el consumidor. El superintendente del sector da la razón a las distribuidoras. No es la fórmula la que ha cambiado, sino el método, pero ninguna de las dos tendría relación con el precio, el cual sería decidido por el llamado mercado regulador del sistema. Aquí está la primera confusión, ni el que distribuye el servicio, ni la autoridad responsable de supervisarlo explican lo que está sucediendo.

    De acuerdo al superintendente, el cambio de método era necesario, porque el anterior contradecía a la ley. Además, reconoció que las operaciones se llevaban a cabo a base de simples compromisos verbales. Es así cómo un servicio crucial habría estado siendo administrado de forma contraria a la ley y a partir de la buena voluntad de las grandes empresas que participan en el negocio, lo cual, como es obvio, se presta a toda clase de manipulaciones, a favor de aquéllas y en contra del consumidor. En su defensa, el superintendente alega que no había caído en la cuenta de que sus cálculos no reflejaban el comportamiento del mercado con la rigurosidad determinada por la legislación.

    El cambio de método, que no influiría de manera directa en el precio, respeta la ley, pero, según reconoce el mismo superintendente, no hace justicia al consumidor final, cuyos intereses ahora defiende el Ministro de Economía. De ahí sus diferencias con el superintendente. Así pues, uno de los servicios básicos para la población y la economía es administrado por medio de un instrumento que, de acuerdo al superintendente, podría ser injusto, pero que, según el Ministro de Economía, lo es, sin ninguna duda. Enderezar este desaguisado podría ser bastante sencillo. Basta con un decreto ejecutivo del presidente Flores. Sin embargo, es muy difícil que algo así suceda, porque, al final, todos prefieren el mercado a la justicia.

    El superintendente se libra a sí mismo de responsabilidad, aclarando que él es un técnico que cumple con todos los tecnicismos establecidos; ordenar el mercado y el servicio de la energía eléctrica, teniendo presente el interés del consumidor final, sería una decisión política, que no le competería. Pero, de hecho, optar por el mercado en detrimento de la justicia es ya una decisión política y ética. La misión del mercado consistiría en trasladar al consumidor el valor real de la energía, pero eso no es tan sencillo como parece, porque las distribuidoras se las arreglan para trasladar al consumidor final el precio más alto disponible en aquél, con lo cual aumentan sus ganancias de forma considerable.

    Al consumidor no sólo le trasladan el costo del servicio, sino también estas ganancias adicionales. No es cierto, pues, que la operación sea transparente, tal como el superintendente y las distribuidoras aseguran. La superintendencia, con sus tecnicismos, se coloca del lado de las grandes empresas y no de los consumidores, donde radica el interés nacional que, formalmente, debiera representar su supervisión. Es difícil llegar a la transparencia cuando es el mismo superintendente el que afirma que no tiene obligación de dar explicaciones sobre los cambios ocurridos.

    La segunda confusión proviene de la prensa, la cual tampoco sabe explicar el hecho. Para muestra un botón. Ninguno de los dos periódicos matutinos, donde aparece la noticia, en lugar muy destacado, aclara nada, puesto que ambos dan versiones diferentes del mismo hecho. En uno de ellos se lee que la superintendencia, sin consultar al Ministerio de Economía, habría modificado la fórmula para calcular el precio. Aparentemente, el superintendente habría dicho que con esa modificación pretendía “trasladar precios más competitivos a los consumidores”, afirmación que no tiene ningún sentido en este contexto. Ella demuestra que o el superintendente no sabe de qué está hablando o el periódico no entendió lo que aquél estaba diciendo y así, sin entender, publicó como verdadero algo que, al menos, no está en su contexto.

    En el otro matutino se lee otra cosa bastante diferente. Según esta versión, en efecto, la superintendencia habría modificado la fórmula de tal manera que sus tarifas no coincidirían con las de las distribuidoras y, por lo tanto, el Ministerio de Economía cree que el aumento se anula de manera automática. Para hacer más oscura las notas informativas, las distribuidoras aseguran que el método fue elaborado por la misma superintendencia y una consultora internacional, la cual, además, asesora al Ministerio de Economía. Si esto es así, qué sentido tienen las declaraciones del ministro o las explicaciones de la superintendencia. Ambos debieran saber cómo se calcula el precio de la energía para el consumidor final. Sin embargo, para la prensa escrita matutina, todo está muy claro.

     A partir de aquí, los dos periódicos se dedican a dar vueltas al tema y hablan de horas, subestaciones, cantidad de energía consumida, generación hídrica y térmica, fórmulas y cálculos, usando términos incomprensibles para el lector promedio como “mercado regulador del sistema” y “unidad de transacciones”, sin percatarse que sus versiones son diferentes y de que ellos tampoco pueden explicar a qué se debe la elevación drástica del precio de la electricidad. Lo que sí es evidente es que los consumidores, desde hace dos meses, pagan más sin saber exactamente por qué. Es por esta incapacidad para informar veraz y objetivamente que la prensa salvadoreña no tiene solvencia moral para fiscalizar la vida pública y mucho menos la privada, y muestra al mismo tiempo la urgente necesidad de fiscalizarla a ella. Ni durante la guerra ni ahora dijo ni dice verdad, o tal vez es que no sabe de lo que informa.
 

    Desde que se conoció el plan de gobierno del entonces candidato a la presidencia Francisco Flores, muchos observadores nacionales apuntaban a que a éste le faltaba una visión de la situación de corrupción que prevalece en la administración pública. Los simpatizantes del partido ARENA minizaban los señalamientos en torno al tema, reiterando el compromiso ético del presidente en contra de la corrupción. También el entonces candidato a la vicepresidencia Carlos Quintanilla en cierta ocasión manifestó su compromiso a luchar en contra de este mal endémico de las instituciones nacionales, proponiendo incluso un foro de discusión sobre el problema.

     A escasos días de cumplir su segundo año de gobierno, no sólo no se han visto señales claras en el combate de la corrupción, sino que ésta tiende a tornarse más inquietante, fortaleciendo sus raíces en las diferentes instituciones del Estado.
 

     Al iniciar su gestión, el Presidente de la República, Francisco Flores, anunció que en el terreno económico se propondría como principales objetivos la reactivación del sector agropecuario, la eliminación del riesgo cambiario, el fortalecimiento de las finanzas públicas y el fomento de la competitividad para la micro, pequeña y mediana empresa. Este primer ofrecimiento fue seguido luego de varias medidas concretas como la eliminación del IVA a los granos básicos, leche, verduras y medicamentos, líneas crediticias para el sector cafetalero y la dolarización.

    Decir “periodismo de investigación” es hablar de una de las facetas más veneradas de los medios de comunicación, generalmente vilipendiados y satanizados por muchos de los males que aquejan a las sociedades actuales. En Estados Unidos, es clásico el escándalo que periodistas del Washington Post destaparon en los setenta y que obligó al presidente Richard Nixon a renunciar. La contribución de la prensa le valió su propia reivindicación. En América Latina, la prensa también ha sentado en el banquillo de los acusados a varios funcionarios, incluyendo presidentes (Fernando Collor de Mello en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, por mencionar algunos ejemplos).

    Pese a muchos de sus logros, las unidades de periodismo investigativo creadas en algunos periódicos latinoamericanos entraron en crisis hace algunos años. Tienen problemas por los costos que produce pagar los salarios y gastos de operación de un grupo de reporteros que trabaja en un solo reportaje durante varios días. También son el blanco de recelos del resto de redactores que son obligados a producir historias a diario. A esto se suman las dificultades de la prensa en general para tener acceso a documentos gubernamentales, la ausencia de datos confiables, la inseguridad laboral y otras complicaciones, que a veces hacen imposible comprobar lo que se está investigando.

     Además de estos factores, en el panorama salvadoreño, aparecen otros aspectos que complican aún más el ejercicio del llamado ‘periodismo investigativo’. Ni las imposiciones políticas ni las presiones económicas constituyen la fuente única de la superficialidad y de las frecuentes omisiones en la prensa salvadoreña. Mucha responsabilidad de las ligerezas y trivialidades en la información resultan de las carencias e indiferencias propias de los reporteros. Al menos así lo admitieron algunos periodistas que participaron en un foro sobre periodismo de investigación el pasado 22 de mayo, en la UCA.

     Para el periodista Edwin Segura, de La Prensa Gráfica, cuando se habla de la censura en los medios noticiosos, se asume que los reporteros son “super habilidosos” y víctimas de las presiones de otros sectores. Sin embargo, Segura opina que el bloqueo directo de informaciones se ha dado en pocas ocasiones (al menos en la revista Enfoques del periódico, para la cual él trabaja). Las lagunas noticiosas y las historias mal investigadas que nunca debieron ser publicadas son, casi siempre, resultado de la falta de iniciativa y acuciosidad de los periodistas, aseguró.

     El editor de Vértice de El Diario de Hoy, José Luis Sanz, también sostiene que “la mayoría de errores y carencias son responsabilidad de los periodistas”. La censura entonces no constituye el principal enemigo de la prensa, según Sanz, pues la revista Vértice cuenta con un margen de maniobra bastante importante y con un espacio mayor del que se piensa para publicar buenas historias (excepto en la época de campañas electorales, seguramente).

     Las opiniones de estos dos periodistas resultan especialmente curiosas porque vienen de dos secciones de los principales matutinos del país que, en teoría, surgieron para dar cabida a la investigación de temas que, en la cobertura diaria, son casi siempre tratados escuetamente. Vértice y Enfoques representan dos esfuerzos de los periódicos salvadoreños por crear unidades dedicadas a investigaciones que requieren más tiempo para ser documentadas y que no están sometidas a la presión de la publicación diaria. Los avances en este sentido han sido notables en la prensa escrita salvadoreña, a diferencia de la mayoría de noticieros televisivos y radiofónicos.

    Han sido valiosas las historias que escribieron los periódicos sobre el conflicto de interés en el que se involucró al ministro de Economía, Miguel Lacayo, por el uso discrecional de las salvaguardias arancelarias o la del asesinato por policías del estudiante Adriano Vilanova a principios de los noventa, entre otras. Sin embargo, los retos que se le plantean al llamado ‘periodismo investigativo’ en El Salvador son muchos.

     El corresponsal alemán, Toni Keppeler, quien también participó en el reciente foro organizado en la UCA, considera que “el periodismo sin investigación no es periodismo” y, por tanto, el proceso de averiguar es indispensable no solo en los escándalos más sonados, sino en las notas cotidianas de accidentes o sucesos. Para Keppeler, los periódicos no brindan a sus periodistas las herramientas necesarias (como un archivo básico de datos) para llevar a cabo una investigación medianamente seria.

    Además, los dueños de los medios y algunos periodistas parecen ignorar que “el periodismo responsable siempre es independiente”. Keppeler citó el caso de una noticia publicada el domingo 20 de mayo en El Diario de Hoy sobre la denuncia que hizo el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle de que el ministerio de Salud estaba distribuyendo píldoras abortivas. El periodista que escribió esta nota solo retomó el tema sin consultar a otras fuentes y sin comprobar si la denuncia era cierta, por tanto se convirtió en “propagandista del arzobispo”, dice Keppeler. La independencia en este sentido consiste en que el reportero escriba solo sobre lo que esté totalmente convencido. En el caso de las píldoras abortivas, la noticia sería averiguar quién tiene la razón, el arzobispo o el ministerio de Salud, pero los periódicos aún no han hecho la investigación necesaria, señaló el corresponsal alemán.

     En el caso específico de las revistas Vértice y Enfoques, Keppeler observó que existen otras dificultades internas para fortalecer sus investigaciones: “saltan de un tema a otro” y “empiezan de cero con cada historia” cuando hay especialistas en el periódico para cada tema. Tendría que haber una mejor coordinación de estas revistas con el resto de los redactores para que las investigaciones fueran menos difíciles y quizá más abarcadoras. Es sabido, sin embargo, que raras veces estas revistas dominicales reciben la colaboración de sus colegas de las otras secciones.

    Otro problema que, según el editor de Vértice, afecta la consolidación de los equipos investigativos en los periódicos es el hecho de que los periodistas que despuntan en el terreno de la investigación pasan a ocupar puestos gerenciales en los medios o se van a oficinas de prensa del gobierno, antes de haber desarrollado todo su potencial y de haber creado la escuela que puede reproducir las técnicas investigativas. Algunos teóricos llaman a este fenómeno (que no es exclusivamente salvadoreño) “la yupificación del periodismo”, pues los periodistas se están ocupando de gestiones gerenciales, ajenas a su principal misión.

     No solo Vértice y Enfoques han reinvindicado la indispensabilidad de la investigación en el periodismo escrito, también otras secciones de los matutinos se han destacado en la publicación de temas que han requerido la búsqueda intensa de información. La investigación, de todas maneras, no debería ser algo extraordinario en el periodismo, sino una norma. Ya mencionaba el periodista Keppeler que hablar de ‘periodismo de investigación’ es una redundancia. Es importante, sin embargo, aprovechar la importancia que se le está dando al tema en nuestro país para hacer conciencia en la prensa que debe dejar de ser propagandista de sus fuentes y convertirse en la investigadora por excelencia.

     Hablando sobre el periodismo de investigación en Latinoamérica, el periodista Joel Simon observó que “hoy en día las pistas que deja el dinero son la manera más eficiente para llegar a los aspectos oscuros de la realidad” y recordaba los escándalos de Fernando Collor de Mello y de Carlos Andrés Pérez, así como los de Ernesto Samper en Colombia, Ernesto Pérez Valladares en Panamá y el de Vladimiro Montesinos en Perú. El reto está en que la prensa asuma su compromiso con el bienestar público y su responsabilidad en la fiscalización de los sectores de poder, que nunca rendirán cuentas voluntariamente y que más bien se empeñan en ocultar sus errores y abusos.

    Con motivo de la presentación del libro “Derechos humanos de la niñez. La tarea pendiente”, editado por el IDHUCA en coordinación con otras instituciones, la licenciada María Teresa Delgado de Mejía, de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, expuso sus comentarios, de los cuales ahora compartimos algunos fragmentos.

    Este libro constituye uno de los estudios más valiosos que se han escrito en nuestro país sobre el tema de la infancia. Incorpora al debate académico y técnico -con profundas reflexiones y extenso estudio de la legislación vigente- el tema de los Derechos Humanos y la deuda pendiente con nuestros niños y niñas salvadoreños.

    Los autores,  a fin de comprender y determinar la validez del derecho para la infancia y la adolescencia, se plantean 4 aspectos fundamentales de su existencia:

1.  Ser una estrategia para reducir el uso de la violencia en la sociedad.

2.  Proteger a los más débiles (niñez, adolescencia) frente a los más fuertes (los adultos, el mercado y la política).

3. Transformar la realidad de la infancia.

4. Ser un mecanismo para realizar una decisión política.

    Esta reflexión sustenta la base jurídica de la infancia contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); reconoce y explica el contenido jurídico-político de la Convención y legitima al niño como sujeto de derechos. Esto se confirma además cuando dicen "más que un concepto de niñez o de la adolescencia coherentemente construido, lo que existe es una decisión política de los Estados orientados a hacer todos los esfuerzos necesarios y convertir en prioridad la lucha para mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, los menores de 18 años de edad, cuya legitimidad nadie pone en cuestión".

    Para transformar la realidad, a través del nuevo derecho, proponen la creación de normas especificas que determinan:

1. El reconocimiento de los derechos

2. El establecimiento de mecanismos y procedimientos adecuados de tutela.

3. La constitución de instancias legales "que los hagan valer".

    Así como normas extrajurídicas que constituyan las garantías generales de ejercicio y goce de los derechos, incluyendo la actuación del Estado en términos organizativos.

    En el segundo capitulo al realizar un detallado y didáctico estudio de los derechos humanos de la niñez en El Salvador, abordando las tareas pendientes, aporta este libro insumos básicos para la construcción del nuevo derecho de la infancia en nuestro país.

    Me quisiera detener en dos de los principios rectores de más difícil comprensión.

I.  El interés superior

    El Art. 3 de la CDN dice "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". No lo define, sino lo establece.

    En el Art. 350 el Código de Familia, lo define como "todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad".

    Este es uno de los principios rectores de más difícil aplicación, en una sociedad estructurada bajo los paradigmas de la consideración de la niñez como objeto de derechos; la tendencia es la consideración de buscar el "interés superior del niño", desde la perspectiva del adulto. Para ilustrar, expondré dos casos concretos. En el tema de las adopciones, no podemos negar que la institución de la adopción es una forma legítima de consolidar el derecho del niño a tener una familia; pero tanto el Código de Familia, como la Convención Internacional sobre Adopciones de la Haya, han establecido principios básicos para su constitución; siendo éstos: a) de nuevo el interés superior del niño y b) el principio de subsidiaridad, que implica que la adopción internacional procede siempre y cuando: b1) se agoten las posibilidades familiares (biológicas) del niño, b2) se agoten las posibilidades nacionales y sólo en este entendido se dará la adopción internacional.

    El principio interés superior del niño, es usado en algunos casos para sustraer del seno familiar natural a los niños y niñas por motivos exclusivamente de pobreza. Otro ejemplo que no puedo dejar de mencionar es el caso de la petición de internamiento de los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, que constituye en nuestra sociedad un patrón de conducta hacia las personas menores de 18 años, es decir, se pretende “internar" al niño maltratado, abusado sexualmente, al niño de la calle, al trabajador. Esta medida se aplica como solución de los problemas que enfrenta la niñez. No se buscan las causas que motivaron la vulnerabilidad y la solución más práctica es el internamiento, lo cual constituye para el adulto la mejor decisión en base al interés superior del niño o la niña.

II. La Efectividad de los Derechos.

    El otro principio que deseo comentar es el de la efectividad de los derechos, que tiene relación con la protección social de los derechos de la niñez. Es una preocupación de los autores en todo el texto del documento, el tema de la efectividad de los derechos de la infancia, siendo éste, quizá, el reto más complejo e importante de la discusión jurídico política de los Derechos de la Infancia.

    No podemos negar que se ha dado un paso importante con la suscripción y ratificación de la CDN, se ha comenzado a abrir la brecha en el tema de los derechos humanos reconocidos nacionalmente y en la creación de instituciones que la sustentan, pero comparto con los autores que las normas jurídicas vigentes constituyen declaraciones de buena voluntad que distan mucho de lograr su materialización.

    Hablar de los derechos de la infancia es respetar auténticamente sus derechos, en calidad de sujetos, por parte del gobierno, la familia, la comunidad, la escuela. Querer defender los derechos de la niñez, implica invertir, descentralizar los programas de éstos a los últimos rincones del país, para ello es necesario crear estructuras nacionales y locales más eficientes. Debe construirse una verdadera política nacional de atención a la infancia y la juventud que regule los aspectos nacionales y de cada municipio, mediante un diagnóstico detallado de la situación de sus niños, niñas y adolescentes en relación al cumplimiento de sus derechos.

Del derecho a la vida, de vivir en familia y a una vida digna.

    Relacionando el derecho a la vida, con el derecho de vivir en familia y el derecho a una vida digna, cabe hacer la siguiente reflexión: celebramos el Derecho a la vida de todo ser humano especialmente cuando nos referimos al no nacido, al niño o la niña y particularmente lo compartimos; pero es de vital importancia enmarcar este derecho a la vida, de ingresar a este planeta, en el seno de una familia que proporcione amor y cuidados especiales que propicien el desarrollo integral de esta persona; en un ambiente seguro, sano, bajo un techo, con alimentación necesaria y con los cuidados médicos esenciales, es decir, a vivir una vida digna en el seno de una familia.

    Subsidiaridad versus complementariedad y solidaridad del Estado. Es oportuno en este espacio tratar el tema de la subsidiaridad del Estado en relación al cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud. No es posible negar el compromiso de "todos" en esta tarea, la del padre, la madre, parientes, responsables, la comunidad y el Estado, pero con un afán de involucrar a "todos" en la protección de los derechos de los niños, se ha querido señalar que frente a "todos" el papel del Estado es subsidiario. Se tendría que hacer mucho esfuerzo en explicar que no se trata de evadir de responsabilidades al Estado frente a la niñez, cuando hablamos de subsidiaridad. Hoy día es preciso hablar de complementariedad y solidaridad del Estado con la familia y la comunidad en la protección y atención de la infancia y juventud, como un paso en la ardua tarea de lograr la efectividad de esos derechos.

    Me sumo a los autores en advertir que la aplicación efectiva de los derechos clasificados por Derechos a la Persona y de la Personalidad, Derechos de Desarrollo, Derechos Familiares, Derechos de Libertad y Participación y Derechos de Protección Especial, existe una tarea pendiente que es imperiosa solventar. Entre ellos se encuentran algunos poco explorados y que causan grave daño al desarrollo integral de los niños, niñas y a la sociedad en general, tal es el derecho a la protección contra la explotación sexual, ya que en nuestro medio es abordado básicamente por la vía penal, no se profundiza en las causas y los efectos de esta práctica; se victimiza al niño y la niña en los procedimientos judiciales; no se sanciona al que demanda los servicios sexuales de personas menores de edad y con mucha dificultad se logra procesar a uno que otro proxeneta.

    En el derecho a la protección contra el maltrato y el abuso no existen mecanismos de control, atención y prevención adecuados para penetrar en el mundo del maltrato y abuso infantil, los esfuerzos son aislados y dispersos, más, sin embargo, existe la necesidad imperiosa de resolver estos problemas y de crear programas más eficientes de carácter preventivo, de atención y protección inmediata.

    En relación al derecho a la protección contra la explotación económica, que a pesar de haberse suscrito y ratificado convenios internacionales de la O.l.T., que regulan la edad mínima al empleo y la prohibición de realizar las peores formas de trabajo infantil —el Convenio 182 de reciente suscripción—, el fenómeno de la incorporación temprana al trabajo, sobre todo informal y aquellos altamente peligrosos tales como los que realizan los pepenadores de basura, curileros, coheteros, palilleros, todavía dista mucho de erradicar estas prácticas violatorias en El Salvador, comparto con los autores, que es una tarea pendiente.
Protección social de los derechos de la niñez; políticas públicas e institucionalidad.

    Unicamente quisiera retomar la necesidad de evaluar al ISPM, que fue creado en 1993, recién ratificada la CDN. En ese momento, se creó una estructura para tratar de dar respuesta a la poca importancia que en los gobiernos se les daba al tema de la niñez, pues se encontraban asignaciones presupuestarias pírricas, programas muy dispersos entre las instancias gubernamentales encargadas: el Consejo Salvadoreño de Menores, la Dirección General de Protección de Menores, el Ministerio de Educación y la naciente Secretaria Nacional de la Familia.

    Hoy vemos un ISPM con presupuesto insuficiente, desbordado en sus funciones y atribuciones; pues, con la vigencia de la legislación familiar y penal juvenil, se le asignaron más atribuciones de las consideradas originalmente. No puedo ni debo dejar de reconocer, que desde la fecha de su creación el gobierno central incrementó en un 100% la asignación presupuestaria que le dio nacimiento mediante la fusión de 4 instituciones. También, dentro de la protección social, valdrá la pena enfatizar en la creación del sistema nacional de atención a la niñez, mucho más amplio de lo que establece el Art. 400 del Código de Familia.

La protección legal

    No quisiera dejar de comentar brevemente la protección legal de los derechos de la niñez, los mecanismos de exigibilidad y las instituciones. Reconocida está la necesidad de crear un marco jurídico para la infancia eficaz con un sostén institucional igualmente eficiente.

    Exigibilidad es una palabra muy sencilla que conlleva una fórmula sumamente compleja, que debemos de entender a plenitud con el objeto de sortear progresivamente todos los obstáculos que el reto enfrenta. Y en este aspecto regresaría al planteamiento que en este documento se hace relativo a la tarea del nuevo derecho, de transformar la realidad, en el sentido de construir una norma jurídica base del nuevo derecho como un instrumento de cambio, con mecanismos que influyan en forma directa y determinante en las decisiones políticas y en todas las estructuras organizativas de la sociedad.

    Este documento constituye una base para un Código de la Niñez y de la Adolescencia, el cual sería una, tan solo una de las acciones encomendadas a consolidar la vigencia de los Derechos de la Niñez.

I. Compartimos la preocupación del Órgano Legislativo frente a la criminalidad que es uno de los principales problemas de toda población. Asimismo felicitamos tanto la iniciativa de buscar soluciones a este problema, como el mecanismo adoptado de escuchar a diversos sectores e instituciones de la sociedad salvadoreña.

II. Creemos que la Asamblea Legislativa puede contribuir a reducir la inseguridad de la población, pero en lo inmediato no debe hacerlo a través de más reformas a la legislación penal y procesal penal, hacerlo sería muy reduccionista. La problemática trasciende las meras fórmulas legislativas. Debe enfocar sus esfuerzos a revisar y  cambiar aquellas leyes que pueden contribuir a fortalecer las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la justicia penal. Ejemplos concretos de esta contribución son:

- Fortalecer la Fiscalía General de la República, trasladándole la dirección del Laboratorio Técnico de Investigación del Delito y de esta manera evitar graves problemas de retardación de informes o lo que es peor aún, prevenir la desaparición o nulidades de pruebas científicas por fallas en la cadena de custodia.

- Fortalecer la prevención y disuasión del delito que realiza la Policía Nacional Civil, a través de reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, en el sentido de prohibir la portación de armas de fuego a las personas particulares, dejando a salvo el derecho de poseerlas en el domicilio particular.

- Fortalecer al Órgano Judicial, promoviendo una legislación transitoria para acelerar la aplicación de la justicia a más de dos mil causas penales pendientes del anterior sistema penal, con lo que además de resolver en gran medida el problema de los presos sin condena, los jueces podrían dedicarse exclusivamente a la aplicación de la nueva normativa penal.

    Sobre el aspecto anterior hay que recalcar que existen casos de alta resonancia pública que corren el riesgo de caer en la total impunidad si no se acelera la aplicación de la justicia, dado que mientras más retardación exista más pronto podrían recobrar su libertad las personas involucradas por la conversión de los días de detención provisional en días de cumplimiento de pena, como puede ocurrir en el caso del señor Roberto Mathies Hill.

    Si no se acelera la justicia en casos como el mencionado, la liberación de los involucrados por los mecanismos que la ley establece, vendrían a incrementar la desconfianza ya elevada que la población tiene hacia la administración de justicia y nuevamente se dirá que es la nueva normativa la que no funciona, cuando el problema real sería la retardación en la aplicación de la ley cuya mayor responsabilidad recae en la Fiscalía General de la República y en el Órgano Judicial.

III. Insistimos en que no es prudente que de inmediato se siga reformando la nueva normativa penal, por las siguientes razones:

    1) Debe darse una oportunidad a la nueva legislación. Los nuevos códigos fueron reformados incluso antes de su aprobación y una vez entraron en vigencia han sido objeto de constantes reformas que no han permitido que esta legislación funcione en forma sistemática tal como se pretendía. Hay que dejar que el nuevo sistema eche raíces antes de seguir podándolo, de lo contrario tendremos un bonsai legislativo que muy poco podrá contribuir a contrarrestar la delincuencia.

    2) Hay buenos resultados con la nueva normativa. A pesar de la falta de su desarrollo completo, las nuevas leyes han dado resultados positivos. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, al hacer una evaluación del funcionamiento del nuevo proceso penal en el primer año de su vigencia, presentó estos datos: del total de procesos penales iniciado entre el 20 de abril de 1998 hasta el 31 de mayo de 1999, la administración de justicia había evacuado el 77.26%. El restante 22.74% lo constituían casos iniciados pocos meses o días antes del 31 de mayo de 1999 y que se encontraban en etapa de instrucción. Esta cifra hubiera sido impensable en el marco de las anteriores leyes penales, dado que la efectividad del sistema radica en la forma en como se estructura el nuevo proceso penal. Al revisar las estadísticas, cerca del 35% de los casos ingresados se resolvieron por el uso de salidas alternas, evitando congestionamiento en los tribunales y racionalizando los recursos en casos más importantes, que son los llevados hasta juicio.

    3) Las reformas realizadas han sido inútiles para detener la delincuencia. Por ejemplo, a raíz del asesinato de una subcomisionada  de la PNC, se reformó el Código Penal para incrementar las penas a quienes mataran policías. Sin embargo, los homicidios contra policías no se han detenido e incluso en 1999 fueron más de los que se cometieron en 1998 antes de esta reforma.

    4) La delincuencia es un problema social y no se resuelva solo con la ley. El problema de la delincuencia, como cualquier otro problema social no tiene respuesta ni solución exclusiva en la ley. La ley funciona como instrumento a las necesidades sociales, pero sus alcances son sumamente limitados, dado que su aplicación no le deviene por sí misma, sino por la capacidad de las agencias encargadas de aplicarla, así como la receptividad que de ella tenga el entorno social. Resulta ilusorio atacar un problema tan complejo sólo desde la ley, cuando ésta debería ser una de sus herramientas.

    5) Hay campos no explorados para reformas legislativas que ayuden a reducir la delincuencia, como la “Ley de Control de Armas”. Es un dato reconocido que los países con controles más restringidos o prohibitivos sobre el uso de las armas, tienen una cantidad menor de homicidios. Según estadísticas de instituciones especializadas, casi el 50% de las muertes violentas en el país se produce con armas de fuego.

    Datos más recientes indican que el 50% de las personas detenidas en centros penales acusados o condenados por el delito de secuestro, tenían armas cuya portación  estaba legalizada, también el 20% de los acusados o condenados por homicidio, admitieron que cometieron los hechos con su arma legal. Resulta contradictorio entonces que frente a esta realidad tengamos una legislación permisiva para la adquisición y portación de armas, incluso, de grueso calibre. Es urgente prohibir la portación de armas de fuego a los particulares y permitir solamente la tendencia en el domicilio.

    6) Las reformas constantes han producido confusión, inseguridad jurídica y vanalidad legislativa. La multiplicidad de cambios genera inseguridad jurídica y los operadores pierden capacidad de aprehensión de los cambios suscitados, es decir, es más difícil ponerse al día con las reformas. Por ejemplo, la “Evaluación anual sobre el grado de conocimiento que los miembros de la PNC tienen sobre derechos humanos” realizada por la Inspectoría General de la PNC en 1999, concluyó que los agentes no tenían total conocimiento de las reformas realizadas a la legislación penal, lo que podría repercutir en infracciones al debido proceso y anulación de pruebas. Pero además se produce falta de respeto a un texto legal que puede ser tan fácil y constantemente reformado.

    7) La inseguridad jurídica desfavorece las iniciativas de inversión extranjera. Un país que cambia constantemente las reglas del juego en una materia de tanta importancia como es la justicia penal, no es un país bueno para invertir y elimina las oportunidades de nuevos empleos y de desarrollo económico. Resulta contradictorio entonces que algunos sectores económicamente poderosos de nuestro país, promuevan cambios constantes a la legislación penal; hasta se podría pensar que dichas reformas sirven indirectamente como mecanismos para ahuyentar la competencia internacional y mantener así un proteccionismo de sus mercados cautivos.

    8) Las reformas pueden aumentar las capturas pero aumentar la impunidad por saturación de la administración de justicia. La reforma de la legislación para incrementar la capacidad de capturar sospechosos no soluciona la incapacidad estructural de resolución de la cantidad de casos recibidos en los tribunales de justicia. Ante la saturación, las vías institucionales de tratamiento crean válvulas de escape, que generan más impunidad, tal como sucedía en el sistema penal ya derogado. Las estadísticas de actividades judiciales del año 1995 reportaban que el 87.3% de los procesos penales terminaban en sobreseimientos, mientras que sólo el 12.7% iban a juicio, de los cuales el 6.4% eran sentencias absolutorias y sólo el 6.3% eran sentencias condenatorias [1]  . Como puede observarse, la incapacidad del sistema para procesar los casos recibidos funcionaba como un factor fundamental de impunidad.

    9) Se han producido reformas innecesarias  y contradictorias. Un peligro que se corre es el de crear normas innecesarias o contradictorias con otros cuerpos normativos. Nótese por ejemplo, la creación del delito de “Receptación” que fuera promovida por el Movimiento Unidos Contra la Delincuencia, es repetitivo en parte con el delito de “Encubrimiento” que forma parte del Código Penal originalmente aprobado. Véase la comparación:

    La redacción del artículo 214-A incisos 1°,2°  y 3° referida al delito de “Receptación”  es idéntica a la del artículo 308 referida a “Encubrimiento”.

    El delito de receptación, resulta innecesario, ya que originalmente, se había previsto, con mayor claridad la situación por el Código Penal. La elaboración de este tipo penal refleja la falta de asesoramiento técnico sobre la necesidad de crear esta figura, la cual solo crea contradicción en el ordenamiento jurídico.

    10) Reformas apresuradas además de inconvenientes también pueden violar principios y garantías constitucionales. Disposiciones como el artículo 92-A que forma parte de las más recientes reformas al Código Penal, y que prohibe la aplicación de beneficios penitenciarios para las personas que en determinadas circunstancias  cometan determinados delitos, atentan contra principios constitucionales, como la igualdad de las personas ante la ley, establecida en el artículo 3 de la Constitución. Además está en contra de los fines preventivos especiales de la pena que se establece en el artículo 27 de la Constitución, y al incorporar la reincidencia como factor que niega dichos beneficios, prácticamente obliga a los jueces de vigilancia penitenciaria a juzgar por segunda vez a una persona que ya cumplió su primera condena y con ello se viola el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma  causa (Ne Bis in Idem), establecido en el artículo 11 de la Constitución.

    I) Dirigir sus esfuerzos de reformas legislativas al fortalecimiento de las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia penal, principalmente por la Policía Nacional Civil, La Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial;

    II) No continuar con el proceso de reformas parciales a la nueva legislación penal y procesal penal, dado que, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, ha creado más debilidad en las instituciones por la confusión de los cambios y la inseguridad jurídica desatada;

    III) Proceder a la revisión integral de otros factores generadores o propiciadores de la criminalidad común y organizada que abate a nuestro país, como el control de las armas de fuego;

    IV) Mantener vigente el proceso iniciado de consulta a instituciones provenientes de diferentes sectores de la sociedad en el que FESPAD expresa desde ya su disposición de participar en todo momento y con mayor razón si a pesar de nuestra disposición se decide continuar con la revisión de la normativa penal.

Nota
 [1] Proyecto de Reforma Judicial II, Las nuevas realidades. Estadísticas sobre la Administración de Justicia 1995, San Salvador, 1995, pág. 11

CONFERENCIA. Durante la conferencia dominical del 20.05, el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, rechazó el uso de anticonceptivos y abortivos. "Las ayudas humanitarias que vienen de fuera vienen condicionadas a las exigencias de un control demográfico", expresó. Según el Arzobispo, estos son proyectos incluidos en convenios internacionales firmados por el gobierno, los cuales ponen como condición el control demográfico, incluyendo cláusulas que obligan a las autoridades salvadoreñas a aplicar planes anticonceptivos. Agregó que la iglesia tiene información de que al país ha ingresado un paquete de ayuda médica que incluye píldoras que provocan el aborto, aunque no reveló las fuentes que le proporcionaron dicha información. El jerarca católico dijo tener conocimiento de que esos métodos se aplican, sobre todo, a niñas que mantienen relaciones sexuales. "Esa planificación consiste en proporcionar a los niños, incluso sin conocimiento de los padres, dosis de medicinas que son antiimplantatorias, pero también abortivas", señaló. Hace unos meses, el Arzobispo logró que el gobierno retirara de las escuelas el "Manual de Adolescentes para Adolescentes". En esta oportunidad, atacó a algunas instituciones de cooperación internacional alertando sobre los "peligros" que implicaría una próxima edición del texto. "GTZ y UNICEF patrocinaron aquel proyecto, y parece que lo están revisando y lo quieren volver a imponer". "Estoy haciendo un llamamiento a que, si queremos paz, tiene que haber respeto […] a la persona recién nacida", concluyó (Radio Paz, Conferencia de Prensa, 20.05.01; LPG, 21.05.01, p.14; EDH, 21,05.01, p.4).

 REACCIONES. El ministro de Salud, José López Beltrán, aseveró que los programas impulsados por la cartera de Estado que representa van en dirección de orientar a las personas para evitar embarazos prematuros en adolescentes. "Estos embarazos dan problemas a la madre y al recién nacido", enfatizó. Beltrán reaccionó ante los señalamientos vertidos por el Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle,. Asimismo, el Viceministro de Salud, Herbert Betancourt, negó que se haya distribuido píldoras abortivas. No obstante, Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación "Sí a la vida" afirmó que la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) o "para el día después”, como es conocida, es abortiva. La funcionaria indicó que el consumo del producto es promovido por el Ministerio de Salud, a través del Manual Normas de Planificación Familiar. "Cualquier método que impida la creación viola el artículo 1 de la Constitución, que hace referencia al derecho a la vida; por tanto, la PAE viola la Constitución", enfatizó.  Por otro lado, el  Ministerio de Salud repartirá, próximamente, la nueva versión del  Manual de Educación Sexual.  “Ha sido revisado. Tenemos una versión depurada para evitar los elementos  escandalizantes  para algunos”,  comentó el Viceministro Betancourt El año pasado fueron retirados 800 ejemplares del mencionado manual que habían sido puestos en circulación, ante el malestar que causó en sectores como la Iglesia Católica (EDH, 21.05.01, p. 4; 22.05.01, p.4).

 CAMBIOS. El presidente de la República, Francisco Flores, movió varias piezas "clave" de su gabinete, el pasado 22.05, a nueve días de cumplir su segundo año de gestión. El funcionario reveló que Juan José Daboub, Secretario Técnico de la Presidencia sería el nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de José Luis Trigueros quien renunció a su cargo. Daboub continuará a cargo de la Secretaría Técnica. Además, los Ministerios del Interior y Seguridad Pública serán fusionados para dar vida al Ministerio de Gobernación. Este será encargado de impulsar la participación ciudadana en seguridad, a través de las alcaldías y gobernadores. Francisco Bertrand Galindo asumirá el cargo de Ministro del Interior, en reemplazo de Mario Acosta Oertel, quien renunció también a su cargo. La Policía Nacional Civil será independiente en operación y funcionalidad, dependiendo directamente del presidente Flores. El Seguro Social y la Feria Internacional también sufrieron sus cambios. Mauricio Ramos será el nuevo director de la Seguridad Social, en sustitución de Ana Vilma de Escobar. La Feria Internacional quedará a cargo de Manuel Arrieta, en reemplazo de José Carlos Lievano. Finalmente, Flores agregó que los cambios se dan luego de evaluaciones y decisiones personales de sus funcionarios, a raíz de los sismos. "El terremoto ha hecho que se perfilen muy claramente cuáles son las prioridades nacionales", apuntó. Además, planteó que buscará entrar a su tercer año de gestión con una organización efectiva, que permita enfrentar los retos nacionales (Radio YSUCA, 22.05; LPG, 23.05, p.4 y 5).

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