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Año 21
número 953
mayo 30, 2001
ISSN 0259-9864
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Los cambios de Flores
Política:  Segundo año de gestión gubernamental
Economía:  Prioridades económicas del gobierno
Región:  Necesaria revisión de la política exterior
Opinión Pública:  Los salvadoreños evalúan el segundo año del gobierno de Francisco Flores
Derechos Humanos:  Hay soldados buenos, pero... (I)

 NOTICIAS
 
 
 

EDITORIAL

     La semana recién pasada, el Presidente Francisco Flores hizo públicos una serie de cambios en su gabinete de gobierno. Aunque se podría pensar que se trata de cambios normales, exigidos por el inevitable desgaste tras dos años de gestión gubernamental, también hay indicios de que se trata de algo más serio, cuyos matices económicos y políticos hay que tomar en cuenta para entender la lógica del gobierno.

     El recambio, es cierto, se anuncia cuando está a punto de cerrarse el segundo año de gestión, es decir, en el momento en el cual se suele hacer un alto en el camino, para evaluar lo realizado hasta entonces y hacer los ajustes necesarios para el siguiente tramo por recorrer. En este marco, nadie debe mostrarse sorprendido por el relevo de funcionarios de alto rango que o bien ya cumplieron con la tarea encomendada o bien se quedaron cortos respecto de las metas que les fueron asignadas.

     Se ha hablado hasta la saciedad de la incapacidad mostrada por el aparato gubernamental para hacer frente a los desastres provocados por los dos terremotos. También se ha señalado con insistencia la ausencia de un plan de prevención y mitigación de desastres, talón de Aquiles de prácticamente todas las administraciones gubernamentales de El Salvador. Lo que casi no se ha abordado es el tema del duro golpe de los terremotos al esquema de conducción económica diseñado, mal que bien, por la administración del Presidente Francisco Flores.

     Desde este punto de vista, si la gestión de los desastres había sido un fracaso, nada parecía indicar que con la gestión  posterremotos las cosas iban a mejor. Las deficiencias mostradas en el cabildeo en Madrid pronto iban a encontrar su contrapartida en las deficiencias para responder con efectividad a las demandas de la población afectada por los desastres. El invierno llegó, los mecanismos de protección contra deslaves e inundaciones no aparecen por ninguna parte y las viviendas provisionales no sólo apuntan a convertirse en permanentes, sino que condenan a sus habitantes a una situación de mayor precariedad.

     Dicho de otro modo, el gobierno no cumplió con la doble promesa de, por un lado, dar prioridad a las víctimas de los dos terremotos y, por otro, ejecutar un plan de prevención ante la inminente llegada del invierno. Adicionalmente, el esquema económico diseñado antes de enero y febrero de 2001 debe ser reajustado y relanzado, puesto que, en caso contrario, amenaza con convertirse en el mayor fracaso de la gestión de Flores.

     Tal parece que al presidente no le importa mucho la situación de los damnificados ni la llegada del invierno, pero sí la amenaza de no ver cumplidos los compromisos económicos adquiridos por su gobierno a nivel nacional e internacional.  De aquí que Flores apueste por uno de sus hombres de confianza para abordar y resolver —de cara a los objetivos económicos del gobierno— el delicado tema de los ingresos fiscales. A la manera muy suya, Juan José Daboub —uno de los "superministros" de Flores— sabrá hacer frente de un modo "técnico" al problema de impulsar una recaudación fiscal que, sin gravar necesariamente a los grupos más ricos del país, lleve a las arcas del Estado el dinero que no se pudo conseguir en el exterior. Ya se habla del proyecto de extender el pago de IVA a los bienes y servicios ofrecidos por el sector informal, los cuales, como de suyo es evidente, no son adquiridos ni por los dueños de los bancos ni por los dueños de las grandes empresas comerciales e industriales. En otras palabras, con esta medida se estaría aumentando la recaudación fiscal por la vía de hacer que la población más pobre —la que adquiere sus bienes y servicios básicos en mercados, plazas y ventas ambulantes— pague impuestos por lo que consume, desde helados y refrescos hasta ropa de segunda mano.

     En materia económica, pues, las intensiones del Presidente Flores parecen ser bastante evidentes.  Menos evidentes son sus objetivos en otros de los cambios ministeriales, aunque ello no obsta para que se puedan lanzar algunas conjeturas al respecto. En este punto, el cambio más llamativo es el operado en el Ministerio del Interior, donde no sólo se ha relevado de su cargo a Mario Acosta Oertel, sino que se pondrá en marcha un proceso de disolución ministerial —específicamente de los ministerios de Seguridad Pública e Interior—, cuyo responsable será Francisco Bertrand Galindo, jefe de la nueva cartera de Gobernación.

     Aquí el presidente Flores mató dos pájaros de un tiro. Por una parte, avanza en sus propósitos de reestructuración ministerial, lo cual pasa por la concentración de atribuciones en instancias y personas más cercanas a su forma de gobernar. Ahora es más claro que nunca que Daboub y Bertrand Galindo son dos de sus hombres de confianza. Por otro lado, Flores logra deshacerse de Acosta Oertel, quien nunca dejó de desentonar con el estilo tecnocrático de gobierno que él quiso imprimir a su administración desde un principio. El ex Ministro del Interior irá a lo suyo, a la polémica ideológica y política, pero esta vez sin ampararse en su condición de funcionario de alto rango y sin ensombrecer la imagen de flexibilidad y apertura en la que los asesores de imagen en el gobierno tanto han trabajado.

      Flores y su gobierno tienen dos prioridades: creación de una imagen positiva entre los salvadoreños y cumplimiento de sus compromisos económicos (comerciales y financieros).  En lo primero, tras muchos esfuerzos de sus asesores, todo parece indicar que las cosas están mejorando. Sobre lo segundo, Flores no tiene más remedio que confiar en lo que puedan hacer sus ministros en Hacienda y Economía.

     ¿Y la precariedad en la que viven los damnificados por los dos terremotos? ¿ Y la situación de pobreza y marginalidad que cada vez se profundizan más y condenan a miles de salvadoreños a la miseria más asfixiante? ¿Y los incrementos de precios, el alza en la canasta básica, los bajos salarios y el desempleo? Pues hasta ahora, nada indica que estos problemas sean prioridad para el gobierno.
 

    El 1 de junio, la administración Flores cumple su segundo año de gestión. Aún resulta difícil identificar, de manera objetiva, lo que esos dos años han aportado de positivo para la vida de la mayoría de salvadoreños. Al contrario, las diferentes encuestas hablan de la percepción ciudadana de aumento en el desempleo, la pobreza y la delincuencia, entre otros problemas. La gran mayoría de salvadoreños dice no sentirse beneficiada por las acciones del gobierno de Flores.

    Consecuentemente, los esfuerzos por  insuflar patriotismo y sentido de pertenencia a la población no han surtido los efectos esperados. Incluso, buena parte de ésta sigue pensando en que la emigración, principalmente hacia los Estados Unidos, sería el mejor camino a tomar. El pesimismo en el futuro económico del país sigue su curso y los salvadoreños se muestran cada vez más desencantados con la política.

    El año pasado, por las mismas fechas, las evaluaciones del desempeño de la gestión del primer año del gobierno, luego de una mala calificación, dejaban entrever que la población deseaba que el presidente cambiara de rumbo en la conducción del país. De la misma manera, los diferentes balances recalcaban que si bien al término del primer año de gestión no había suficientes elementos como para hablar del fracaso absoluto de la tercera administración arenera, era urgente tomar en cuenta las sugerencias de la opinión pública que, entonces, demandaban una nueva orientación, tanto de la economía como de la política. En ese momento, un año hace, se hablaba de la necesidad de una apuesta real por la concertación y la necesidad de que los discursos de buenas intenciones se plasmaran en las decisiones concretas del Ejecutivo.

     Hoy, a un año de hacerse públicos aquellos deseos, es tiempo de evaluar en qué medida se ha dado respuesta a ellos. Hay que preguntarse hasta qué punto en este nuevo año la gestión del presidente Flores ha respondido con las inquietudes del año pasado y si ha aportado algún alivio para la mayoría de la población salvadoreña. Nuevamente, si se toma en cuenta el resultado de las diferentes encuestas de opinión pública, se puede concluir que la situación del país está más grave. Dicho de otro modo, el segundo año de gestión del gobierno arenero no aportó ninguna mejoría en la vida de la población.

     Y, sin embargo, cuando se revisa los discursos del presidente y de sus ministros, el TLC, la dolarización, el IVA a los granos básico y medicinas, los incentivos a los sectores cafetaleros, todo ello debería ser suficiente —desde la óptica gubernamental—  para resolver la crisis económica por la que atraviesa el país. Obviamente, en la práctica, las decisiones de los técnicos de Casa Presidencial siguen chocando contra la realidad nacional. Los terremotos de enero y febrero tuvieron, evidentemente, un impacto nada desdeñable sobre los sectores más pobres del país. Pero también, hay que reconocer que, incluso antes de los terremotos, la pobreza era alarmante. De aquí que se deba insistir en que la agudización de los problemas de desempleo, marginalidad y pobreza que actualmente aquejan la mayoría de los hogares salvadoreños tienen mucho que ver con el modelo económico impulsado por las administraciones de ARENA.

    Siendo así las cosas, la explicación de la diferencia en la evaluación del presidente por parte de los salvadoreños, respecto del año pasado, sólo se explica por medio de un cambio de estrategia en la política de comunicación de Casa Presidencial. La nueva coyuntura de crisis dejada por los terremotos ofreció el escenario propicio para que pudieran cambiar la imagen de un presidente ausente y desconectado de la realidad del país de la que hablaban los salvadoreños en su evaluación del desempeño presidencial del año pasado. Los estrategas de la oficina de comunicaciones del gobierno, al calor de los terremotos, han sabido vender la imagen de un presidente cercano y  paternal que escucha y entiende el dolor de los salvadoreños. Esa es la razón por la que se valoró positivamente el desempeño presidencial, mientras se reprobó sus políticas económicas y su conducción del país.

    Por otro lado, también respecto de la conducción política, las encuestas de opinión arrojan cifras alarmantes para la democracia y gobernabilidad del país. Nuevamente, la Asamblea Legislativa, junto con los partidos políticos que la conforman, ha sido reprobada por la población. La confrontación estéril, el aprovechamiento de los recursos estatales en beneficio propio, entre otros, aparecen como el principal talón de Aquiles de la clase política nacional.

    En este tema, la administración del presidente Flores no se ha destacado necesariamente por sus virtudes. Sus reiteradas acusaciones, muchas veces  infundadas, en contra de la oposición, no han contribuido a allanar el camino de la concertación. Al contrario, se ha destacado por su poco respeto por las demás fuerzas políticas. La visión política maniqueísta de sus asesores no le han permitido acercarse a la izquierda.

    En definitiva, tampoco es este tema, se tomó en cuenta la opinión de la población que demandaba una despolarización del ambiente político y un entendimiento entre los diferentes actores para resolver los problemas nacionales. Ni los desastres sirvieron para que el equipo gubernamental se diera cuenta de la necesidad de estimular una unidad nacional respetuosa de las opiniones divergentes y de la oposición política.

    Al contrario, el presidente no desaprovechó cuanta ocasión se le presentara para desprestigiar a sus detractores. En algunos casos, los críticos han sido acusados de traidores de la causa nacional. Un viejo nacionalismo trasnochado, ha alimetado la respuesta gubernamental a las denuncias en contra del mal manejo de la ayudas a las víctimas de los terremotos y de la excesiva burocratización de la entrega de ayuda y socorro a las víctimas. Tampoco la libertad de prensa, tantas veces reivindicada por los voceros oficialistas, como ejemplo palmario de la avanzada democracia salvadoreña, salió airosa de la furia de la derecha por controlar los espacios de poder. El presidente de la República, en una clara manifestación de intolerancia, acusó públicamente a un medio informativo crítico de la gestión de su gobierno de estar afectando la imagen del país, por el hecho de cuestionar el manejo de la ayuda internacional a los damnificados.

    En resumen, tal como se hizo evidente en la evaluación del primer año de gestión de Flores, la tolerancia y la apertura no entran todavía en el vocabulario oficialista. Así la despolarización de la vida política nacional a la que apuntaba el entonces candidato a la presidencia durante su campaña electoral ha quedado en el olvido. Finalmente el presidente ha demostrado ser de la misma casta que los políticos de su partido y de la mejor tradición de la derecha salvadoreña de la que pretendía demarcarse en sus discursos de campaña. A estas alturas, ya nadie espera un cambio en la manera de hacer política en el país, tal como se pensaba en los inicios de la actual administración.

    De esta suerte, si el año pasado se pensaba que no todo estaba perdido por lo que había que darle el beneficio de la duda al nuevo presidente, hoy, con el asentamiento de su proyecto de gobierno, hay suficiente razón para creer, tal como lo piensa la mayoría de la población, no habrá cambios en la política gubernamental en lo que resta de mandato a Flores

     Después de los cambios en el gabinete ejecutados por el Presidente Francisco Flores la tercera semana de mayo, surgen muchas dudas de la evaluación que la precedió, no solamente porque según el Flores se debió al descubrimiento "de formas más expeditas de trabajo después de los terremotos", sino también porque en ellos no se han incluido los ramos más altamente comprometidos: economía, medio ambiente y agricultura.

     Adicionalmente, al examinar los cambios en el gabinete llama fuertemente la atención la asignación del Secretario Técnico de la Presidencia, Juan José Daboub,  a la cartera de Hacienda. Esto no sólo porque Daboub deberá asumir dos cargos públicos simultáneamente, sino también porque es en el área de las finanzas públicas donde se encuentra una de las mayores debilidades de la política económica: su incapacidad de eliminar, o al menos reducir, el déficit fiscal. Por supuesto esto no niega la permanencia de otros problemas económicos como el creciente déficit de la balanza comercial y las bajas tasas de crecimiento de la producción que, sin embargo, no han sido considerados a la hora de hacer recambios en el gabinete.

     El gobierno actual heredó una economía con problemas fiscales, comerciales y de lento crecimiento --entre otras debilidades-- pero al mismo tiempo heredó las ventajas que se derivan del torrente de remesas familiares que envían los trabajadores migrantes. Así, aunque existen fuertes tendencias desequilibrantes, el gobierno sigue gozando de cierta holgura en el manejo de la política económica, como lo refleja la estabilidad de precios y el tipo de cambio.

     Las finanzas públicas, empero, presentan problemas que no se solucionan con la afluencia de remesas y requieren de que el Estado incurra en mayores niveles de endeudamiento. En lo que sigue, se contextualiza el cambio en la cartera de Hacienda, considerando brevemente la trayectoria y situación de las finanzas públicas, y se hacen algunas consideraciones sobre el desempeño de otras áreas económicas que sugieren que los cambios de gabinete debieron ser todavía más numerosos y de fondo.

     El problema de las finanzas públicas se remonta en realidad a períodos anteriores a la administración Flores, y prácticamente desde la administración Cristiani (1989-1994) se emprendió un amplio esfuerzo de reforma tributaria con el que se pretendía corregir la recurrente tendencia hacia el déficit en las finanzas públicas. Se eliminaron muchos impuestos (patrimonio, exportaciones, algunos aranceles), se redujeron otros (a la renta de las empresas)  y se creó uno solo que prácticamente vino a sustituir a los demás (el Impuesto al Valor Agregado). Sin embargo, hemos llegado a finales del año 2000 y el déficit de las finanzas públicas se incrementó de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1999 a 3% del PIB en la actualidad. Esto implica que la reforma tributaria no habría corregido el problema del déficit fiscal, ya sea por los elevados niveles de evasión, un mal diseño de la reforma, un incremento desproporcionado de los gastos fiscales o una combinación de todas las opciones mencionadas. Se esperaría entonces que con la llegada del nuevo ministro se solvente un problema más bien estructural y, por tanto, que requiere de medidas más sistemáticas y elaboradas que las presentadas por el Presidente al inicio de su gestión (Proceso, 952).

     Por lo tocante al desempeño de la economía, durante 2000 El Salvador experimentó una de las tasas de crecimiento más bajas de los últimos 7 u 8 años (2.4%), lo cual en realidad  no debería sorprender considerando que las tasas de crecimiento vienen decayendo prácticamente desde el último trimestre de 1995. Lo que sí llama la atención es que el gobierno de Flores se haya propuesto y ejecutado varias medidas —tendientes a reactivar la producción agropecuaria— que han fracasado rotundamente: aplicación del IVA a productos de la canasta básica y créditos blandos para la producción cafetalera. Paradójicamente, en el 2000 el sector agropecuario decreció en  -0.8%, lo cual refleja no solamente la larga crisis de rentabilidad del sector, sino también que las medidas adoptadas por el Presidente Flores no tuvieron el efecto deseado, pero sí se tradujeron en un incremento en los precios de productos agropecuarios (y hasta medicamentos). Es de justicia reconocer acá que, lamentablemente, el gobierno todavía no ha implementado dos importantes medidas destinadas que podrían haber cambiado el resultado: la reestructuración del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y  la reorientación del extensionismo agropecuario.

    Sin lugar a dudas, el comportamiento del agro durante 2000 compromete al gobierno de Flores y en especial al ramo de agricultura y ganadería. Por si fuera poco, otro elemento comprometedor surge del inadecuado manejo del viejo conflicto comercial con Honduras debido a la comercialización de productos avícolas y lácteos, en la cual el Ministro de la carterea señalada tuvo que aceptar la presencia de influenza aviar en el país y, con ello, revelar los deplorables controles zoosanitarios existentes. Así pues, una evaluación del trabajo en la rama de agricultura y ganadería habría apuntado más bien hacia un recambio de titular y hacia una redefinición de los planes de trabajo.

     Adicionalmente, el desempeño general de la economía muestra que aún se está muy lejos de una gestión económica exitosa, contrario a lo que se ha querido hacer creer a lo largo de más de diez años de administraciones del partido ARENA. El año recién pasado lo reveló con especial crudeza: las tasas de crecimiento económico fueron las más bajas de hace cuatro años (2.4%), el déficit fiscal se incremento ostensiblemente (de 3% a 3.9%) y la brecha comercial continuó profundizándose. Ante esta realidad el papel del Ministerio de Economía se ha reducido a una desaforada negociación de acuerdos de libre comercio. Los avances en esta materia se plasmarían en la concreción del Tratado de Libre Comercio con México, pero la  verdad es que éste se venía negociando desde hace diez años y, por tanto, no es exagerado decir que el que se firmara durante la actual administración económica ha sido mera casualidad. Además, un Tratado de Libre Comercio no es ninguna solución infalible a los problemas del subdesarrollo y pobreza.

     El área de la gestión ambiental es la que da las muestras más claras de gestión pública de poca efectividad. El papel del Ministerio del Ambiente durante la administración Flores ha caído en recurrentes omisiones, inercias y hasta violaciones a la Ley del Medio Ambiente. No han sido ajenos a la actual gestión ambiental los casos de intoxicaciones masivas, almacenamiento inadecuado de substancias tóxicas e, inclusive, el otorgamiento de permisos ambientales de dudoso criterio técnico.  Más aún, se han autorizado proyectos de construcción en zonas clave —desde la perspectiva de la prestación de servicios ambientales-- para el manejo sostenible de la cuenca del río Acelhuate, donde se ubica San Salvador —la principal aglomeración urbana del país—.

     La única razón que quizás explique que los cambios en el gabinete no hayan sido más drásticos es que se habría creado una crisis en el gobierno. Aparentemente, los cambios han sido priorizados en función de una elevación de la imagen conciliadora del gobierno (lo cual pasaba por la remoción del polémico Ministro del Interior) y de continuar con estrategias de reforma del Estado ya delineadas con anterioridad. La reforma del sector fiscal y la reestructuración del aparato burocrático son áreas de trabajo definidas con anterioridad a los actuales cambios en el gabinete, aunque no por ello se convierten en áreas prioritarias.

    La gira del presidente chino por varios países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador, y los resultados de la reciente cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Centroamérica, República Dominicana y Taiwan, realizada recientemente en San Salvador, han ofrecido una nueva oportunidad de revisar la política exterior de los gobiernos del área y apuntar las posibles líneas que han seguido en los últimos años dentro del contexto mundial.

    Más bien, los hechos recientes posibilitan concluir que las decisiones tomadas por los gobiernos aún están atadas a un trasnochado esquema político-ideológico de dependencia ante los grandes bloques dominantes en el plano mundial. Esta situación no les permite planificar, coordinar y ejecutar una política exterior propia que tome en cuenta los intereses de la población centroamericana. A esto habría que sumar el escaso apoyo financiero destinado a las carteras de Estado encargadas de elaborar tan importante función de cara al complejo y multiforme escenario mundial.

    En ese sentido, habría que determinar el grado de fortalecimiento institucional en materia de política exterior, para luego aproximarse a una valoración de las decisiones tomadas en este campo. Ello implica tener un panorama de los instrumentos teóricos y constitucionales que sustentan las relaciones internacionales, y los recursos con que se cuenta para ejecutarlas. Por otro lado, habría que caracterizar los ejes del escenario mundial, del cual es imposible sustraerse y hacia el cual debe orientarse inteligentemente la política de cada país centroamericano.

    En principio, es fácil sostener que la política exterior regional —y salvadoreña, en particular— sigue siendo condicionada por esquemas de dependencia marcados por los lineamientos de las naciones y organismos cooperantes; por intereses puramente comerciales y condicionantes de índole política. Todo parece indicar que las últimas gestiones gubernamentales han procurado fortalecer instrumentos y mecanismos que faciliten las relaciones comerciales, financieras y de cooperación, en detrimento de la elaboración de políticas propias que permitan integrarse al concierto mundial con un mayor grado de independencia. Abundan ejemplos de gestiones diplomáticas orientadas a la consecución de apoyo financiero y técnico ante organismos y naciones cooperantes o de cabildeo para obtener beneficios migratorios a los connacionales en el extranjero. De ahí que resulte obvio que la conducción de una política exterior propia no haya sido una de las prioridades de los gobiernos del área.

    El soporte teórico de la política exterior centroamericana adolece de elaboraciones ambiguas, descontextualizadas y muy generales. Por ejemplo, en el documento Hacia una nueva alianza internacional, elaborado por la administración del Presidente salvadoreño, Francisco Flores, se lee que "la política exterior de El Salvador está construida a partir del interés nacional constituyéndose en el referente externo del programa de gobierno", pero no se especifica cuál es ese interés nacional. ¿O más bien habría que entender que aquél obedece a los criterios ideológicos del gobierno de turno, lo cual explicaría la postura "nacional" en el conflicto árabe-israelí —en la que El Salvador se inclina por los intereses israelíes—, o la decisión de no establecer relaciones diplomáticas con China continental, Cuba y los países árabes?

    De este modo, el rumbo elegido por los gobiernos del área no parece ser congruente con los intereses de sus respectivas poblaciones, sino que más bien responde a criterios particulares guiados por asuntos de gobierno y conflictos internacionales ajenos al área, pero que funcionan como condicionantes. Otro ejemplo de ello puede ser la decisión de El Salvador de establecer su sede diplomática en Jerusalén, territorio objeto de la discordia milenaria entre palestinos e israelíes; o la misma decisión de reconocer a Taiwan como un Estado soberano e independiente, mientras que la ONU sólo reconoce a China continental. Inclinarse sobre la doctrina de "una sola China" —defendida por el gobierno de Pekín— o sobre las aspiraciones independentistas de Taiwan sería tomar partido en un conflicto impropio de la región que podría ser manejado de manera más inteligente.

    La postura de Estados Unidos es ambigua al respecto: a pesar de las fricciones diplomáticas, tiene a China como su principal socio comercial en el continente asiático; pero, por otro lado, la administración Bush anunció recientemente su apoyo a Taiwan en caso de una eventual agresión a la isla por parte de Pekín. En este caso, las diferencias políticas no han sido obstáculo para que ambas naciones mantengan prósperas relaciones comerciales. La economía no siempre coincide con la política.

    En otras palabras, resulta lógico preguntarse sobre las razones que impulsan a los gobiernos del área —y una veintena de naciones más— a dar su apoyo político al gobierno de Taiwan, reconociéndolo como un Estado pleno e independiente, mientras el resto del mundo sólo le reconoce al gobierno de Pekín tales atributos. Aquí aparecen las siguientes interrogantes: ¿es congruente la política exterior gubernamental con los intereses nacionales? O, más bien, ¿responde a intereses muy particulares? Además, ¿es la política exterior centroamericana como tal un elemento privilegiado en las asignaciones presupuestarias orientadas al fortalecimiento institucional? ¿Puede considerarse la política exterior independiente de los dictámenes de las naciones cooperantes como Estados Unidos o la Unión Europea?

    Al menos, la última pregunta puede ser respondida diciendo que mientras Estados Unidos haya concedido ingentes beneficios a los países de la región —como la ampliación de la Iniciativa del Caribe y, más recientemente, la aplicación de facilidades migratorias a salvadoreños, nicaragüenses y hondureños—, es casi imposible sustraerse de los intereses norteamericanos en el ámbito internacional.

    Con todo, la postura centroamericana adolece de miopía al desconocer al coloso asiático, pues podría revertirse la tradicional política la desventaja de la región ante la nación más poblada del mundo, cuya economía crece sostenidamente a tasas no menores de 10% del PIB anual. Más aún, si las relaciones diplomáticas serán establecidas con naciones que "respeten" los principios de la democracia y de la libertad económica, ¿por qué la relación Washington-Pekín, a pesar de la ambigüedad antes señalada?

     Finalmente, es innegable el interés del gobierno de Taiwan en garantizar el apoyo político necesario para que su gobierno sea reconocido plenamente por la comunidad internacional. Sin embargo, desde la última visita realizada en 1999 del entonces presidente chino Lee Teng-hui a Centroamérica, el espectro diplomático poco ha cambiado. En efecto, China continental aún sigue considerando a la República de China en Taiwán como una provincia rebelde. Por otro lado, la nueva administración Bush muestra su apoyo a Taiwan, pero mantiene fructíferas relaciones comerciales con el gigante continental. Lo que sí debería cambiar es el esquema de dependencia en la política exterior en el istmo centroamericano en orden a fortalecer financiera, técnica y profesionalmente la actividad consular y diplomática.

    Asimismo, esta tarea implica una actualización de la base teórica y constitucional que sustenta las decisiones de los gobiernos en la materia, de cara a las tendencias globalizantes del escenario mundial. La superación de los conflictos armados en la región lanzó un mensaje positivo al mundo; empero, las debilidades institucionales y la apatía gubernamental han suscitado un descrédito en la comunidad internacional, pendiente de los procesos de consolidación democrática en el área.
Mientras no se haya logrado esto, el mandatario chino puede contar con el apoyo político de Centroamérica; y ésta, a cambio, tiene asegurada más inversión de capital taiwanés, más cooperación técnica-financiera y un mayor flujo comercial que, en teoría, equilibraría la desfavorable balanza comercial. En este marco, la relación de Taiwan con Centroamérica está caracterizada más por el interés mutuo que por los meros lazos de amistad. Ellos ofrecen inversiones y los gobiernos del área les dan a cambio apoyo diplomático.

    Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 6.1 al gobierno de Francisco Flores por su desempeño al cumplir su segundo año de gestión, según revela la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. La pesquisa, realizada con el objeto de conocer la opinión de los ciudadanos sobre el trabajo que ha llevado a cabo el tercer gobierno de ARENA luego de dos años de labores, se llevó a cabo entre el 19 y el 26 de mayo del año en curso, con una muestra nacional de 1,225 adultos entre 18 y 85 años de edad, en los catorce departamentos del país y con un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.

     La encuesta muestra la evaluación general más alta del gobierno de Flores desde que éste tomó posesión hace dos años. Una revisión de las evaluaciones anteriores del gobierno muestra que el ascenso en la opinión pública se ha producido esencialmente a partir de diciembre del año pasado.
 Preguntados sobre la manera en que Francisco Flores está gobernando al país, la encuesta mostró una opinión dividida al respecto. El 36.5 por ciento de la gente piensa que el presidente ha conducido al país de manera regular, casi un 33 por ciento considera que ha gobernado bien y el 28.9 por ciento cree que el presidente ha conducido mal al país.

     En términos generales, el sondeo de la UCA muestra a una opinión dividida casi por la mitad con respecto al trabajo del gobierno. Mientras que un sector de los ciudadanos ve positivamente su trabajo, el otro sector lo ve de forma negativa. De hecho, el 54.6 por ciento de la gente no ha visto cambios positivos en el país desde que entró el actual gobierno, mientras que el 45.4 por ciento sí ha visto cambios positivos. Por el otro lado, la mitad de los ciudadanos, el 50.7 por ciento ha visto cambios negativos y un 47.6 por ciento no ha visto ese tipo de cambios.

     A  los salvadoreños se les pidió que de forma abierta y espontánea identificaran los logros y los fracasos del actual gobierno. Los resultados son interesantes porque en cierto modo, se desmarcan de los resultados de evaluaciones anteriores.

     En lo que respecta a los logros hay que decir que un importante porcentaje de los encuestados (el 42.4 por ciento) no señaló logro alguno. Sin embargo, el logro más frecuentemente señalado ha sido la reconstrucción luego de los terremotos (24 por ciento); otros ciudadanos señalaron en menor frecuencia el combate al crimen (7.3 por ciento), algunos logros de política económica (4.3 por ciento), las mejoras en el sistema educativo (4.2 por ciento) y la inversión en infraestructura (3 por ciento), entre otras.

     Preguntados sobre los fracasos del gobierno, los ciudadanos mostraron menos consenso y más diversidad en sus respuestas. Un poco más de la cuarta parte de la población no identificó fracaso alguno, en tanto que cerca del 20 por ciento señaló distintos aspectos económicos (pobreza, inflación, desempleo) y un 17.6 por ciento señaló a la dolarización como principal fracaso del gobierno de Flores. El resto de ciudadanos se dividieron en señalar diversos aspectos como fracasos: el auge de la delincuencia (7.9 por ciento), la corrupción (4.8 por ciento) y la preocupación por beneficiar sólo a un sector de la población (4.8 por ciento).
 
Economía y dolarización

    Los datos revelan que la valoración sobre el desempeño en la crisis de los terremotos le ha valido al gobierno el aumento en la imagen pública, pero cuando se evalúan los aspectos de economía y delincuencia, sobre todo el primero, el gobierno no sale muy bien parado. De hecho, más de la mitad de los ciudadanos piensan que la situación del país ha empeorado con la gestión del actual gobierno, en tanto que un 30.4 por ciento sostiene que la situación económica nacional se mantiene sin cambios y sólo un 14.9 por ciento cree que el país está mejor económicamente. A nivel personal, la tendencia de las opiniones es parecida, sólo que en este caso la gente que dice que su situación económica se mantiene igual es un poco mayor.

     Esto parece estar relacionado con el mayoritario rechazo de los ciudadanos a la política de integración económica impulsada por la administración Flores. Preguntados por su opinión acerca de esa política, casi tres de cada cuatro salvadoreños se mostraron en contra de la misma, y sólo uno de esos cuatro se mostró de acuerdo. En esta línea, más de la mitad de los ciudadanos consideran que la dolarización será negativa para la economía del país, mientras que el 25.6 por ciento piensa que la medida será positiva para la economía nacional. A nivel de impacto personal, sólo el 7 por ciento de la gente piensa que la medida le ha beneficiado, mientras que el resto se dividió diciendo que ha sido  negativa (48.1 por ciento) o que no ha sido ni negativa ni positiva (44.8 por ciento) para ellos.
 Entre las razones por las cuales se piensa que la dolarización será perjudicial para el país, se mencionó que todo va a ser más caro (30.1 por ciento) y que desaparecerá el colón (23.9 por ciento), entre otras. Por el otro lado, sobre los posibles beneficios de dólar, más del 60 por ciento dijo que no habrían beneficios, el 11 por ciento señaló la estabilidad de la moneda y el 10.3 por ciento se refirió a la disminución de las tasas de interés.

     La encuesta reveló que ocho de cada diez ciudadanos prefieren usar el colón en sus transacciones comerciales, mientras que dos de esos diez han optado o por el dólar o les da igual cualquiera de las monedas.

Delincuencia

    Sobre la delincuencia, más de la mitad de la población (53.9 por ciento) considera que la misma ha aumentado durante la gestión del actual gobierno, frente a un 25.5 por ciento que cree que ha disminuido y un 20.6 por ciento que considera que se mantiene igual. Relacionado con eso, más de la mitad de los ciudadanos piensa que el plan de seguridad pública impulsado por el gobierno está dando poco o ningún resultado; en cambio, el 28.1 por ciento considera que ha dado algunos resultados y el 15 por ciento  sostiene que ha dado muchos resultados.

     Sin embargo, cuando se preguntó sobre el combate de los secuestros por parte de la PNC, casi dos terceras partes de los ciudadanos opinaron que la institución los está combatiendo eficazmente, frente a una tercera parte que opina lo contrario.

Evaluación ministerial y retos del gobierno

    En otros temas, a los salvadoreños se les preguntó por el Ministerio que más se ha destacado en este último año de gobierno. Las respuestas favorecieron ampliamente a los de Educación y de Salud. El primero obtuvo el 31 por ciento de las menciones públicas, mientras que el segundo acumuló el 22.1 por ciento. Otros ministerios señalados fueron el de Obras Públicas con el 5.5 por ciento y el de Seguridad Pública y Justicia, con el 4.6 por ciento; el resto de secretarías obtuvieron menos del 2 por ciento.

     Finalmente, la encuesta trató el tema de la tarea fundamental del gobierno en lo que resta de la gestión. Las opiniones, aunque divididas, se concentraron en señalar aspectos relacionados con los problemas principales del país. El 30 por ciento señalo la creación de más fuentes de trabajo, casi un 20 por ciento dijo que el reto más importante es el combate a la delincuencia, el 10.5 por ciento dijo, por su parte, la lucha contra la pobreza, un 6.6 por ciento señaló la reconstrucción y un 5.3 por ciento dijo que el gobierno debería mejorar la economía entre otras cosas.

     Al final, la encuesta recogió la opinión de si la gente se ha sentido beneficiada por las acciones del actual gobierno. Las respuestas se decantaron mayoritariamente de forma negativa y sólo una pequeña porción de la ciudadanía dijo sentirse beneficiada por el gobierno de Flores.

El sentimiento sobre el estado del país

    Un poco más de la mitad de la gente piensa que, en términos generales, el país se encuentra igual que cuando asumió la presidencia el actual gobierno, un 23.3 por ciento considera que el país ha mejorado y que se encuentra en un proceso de democracia y libertad política y un porcentaje similar (21.8 por ciento) piensa lo contrario, que el país está peor.

     De hecho, la encuesta de la UCA revela que la gran mayoría de ciudadanos (el 83.5 por ciento) piensa que el país necesita un cambio y sólo el 14.7 por ciento cree que el país va por un buen camino. Cuando se pregunta a la gente por la situación del país en el futuro, las opiniones se dividen, pero indican que sólo una cuarta parte de la gente se siente optimista con respecto al futuro nacional. Un poco más del 60 por ciento de los salvadoreños creen que el país empeorará o seguirá igual, mientras que el 24.7 por ciento considera que el país mejorará.

Algunas opiniones sobre la Asamblea

    El sondeo de la UCA también recogió las opiniones de los ciudadanos sobre la Asamblea Legislativa. Entre esas opiniones se destaca que los salvadoreños calificaron al parlamento con una nota promedio de 5.27 por su desempeño. De hecho, el 83.6 por ciento de los salvadoreños dijeron sentirse poco o nada representados por la actual Asamblea Legislativa, frente a un 10.4 por ciento que se siente algo representado y sólo un 2.1 por ciento que se siente muy representado.

     Preguntados por el partido más destacado en la Asamblea Legislativa durante este primer año de gestión, el 30.6 por ciento señalo a ARENA, mientras que el 22.7 por ciento dijo que el FMLN; un 5 por ciento señaló a otros partidos y el 25 por ciento de la gente dijo que ningún partido se había destacado en este primer año de gestión parlamentaria.

     Por otro lado, cuando se preguntó por el partido que debería asumir la presidencia de la Asamblea, el 28.8 por ciento de los ciudadanos señaló al FMLN, mientras que el 25.6 por ciento lo hizo por ARENA; por su parte, el 4.2 por ciento se refirió al PCN y un porcentaje similar aludió al PDC. El resto de la gente no respondió a la pregunta o sostuvo que ningún partido debería presidir el congreso.

    En resumen, la más reciente encuesta de la UCA muestra que el gobierno del presidente Flores ha mejorado su imagen frente a la opinión pública, de hecho, es la primera vez que la actual administración resulta aprobada por el público desde que tomó posesión en junio de 1999. Sin embargo, este ascenso en la opinión pública no es cómodo, la nota promedio de evaluación indica que el gobierno obtuvo lo suficiente para aprobar, pero aún está lejos de alcanzar los niveles de popularidad que tuvo el proyecto de las alianzas en la etapa preelectoral. La percepción de los ciudadanos sobre la actuación gubernamental se encuentra dividida y polarizada entre dos grandes sectores: aquéllos que ven avances y logros y quienes ven sólo fracasos y retrocesos.

     A juzgar por los datos de la encuesta, el gobierno se ha visto favorecido por la percepción pública de su desempeño en la crisis nacional de los terremotos y eso ha servido de contrapeso al rechazo de la mayoría de la gente a la política de dolarización. De hecho, muchas personas ven esa política como un riesgo para la situación económica del país y la suya propia. Esto, a su vez, explicaría en parte la pobre evaluación que hacen los ciudadanos sobre las condiciones actuales del país, además de la opinión de la necesidad de cambio de rumbo y el poco optimismo que se muestra con respecto al futuro del país.

     Con todo, la posibilidad de que el gobierno fortalezca su imagen frente al público en el futuro cercano dependerá de su capacidad para responder efectivamente a las expectativas generadas de cara a la reconstrucción del país y de su capacidad para mejorar las condiciones económicas de la mayoría de la población, sea con dolarización o sin ella.

    Hace unas semanas, el pasado lunes 7 de mayo para ser exactos, se realizaron los tradicionales festejos oficiales mediante los cuales —año con año— se pretende homenajear a los hombres y mujeres que integran la milicia salvadoreña. Vale la pena hacer algunas consideraciones al respecto desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre todo en el marco de una realidad como la nuestra. Realidad que, digan lo que digan, se sigue caracterizando por los elevados niveles de injusticia que afectan a la mayoría de la población en diversos ámbitos. Eso es innegable, independientemente de los esfuerzos que se hayan hecho hasta ahora por transformarla. El resultado de nuestras reflexiones, muestra algunos avances innegables en el tema que ahora abordamos; sin embargo, también descubren lo que consideramos “deudas no saldadas” que, nos guste o no, pueden colocar en situación de riesgo el futuro de la institución armada.

    No vamos a enredarnos ahora en esa tan llevada y traída discusión acerca de la validez de su existencia en países como los nuestros, sin perspectivas ciertas de una lucha entre fuerzas armadas gubernamentales y cualquier clase de enemigo, sea éste interno o externo. Por de pronto, consideramos que el país no está preparado para resolver ese asunto y, debido a eso, preferimos no distraer ahora nuestros esfuerzos en ello. Además, no queremos exponernos a ser víctimas de furibundos ataques provenientes del otro tipo de "ortodoxias" que —al escuchar la más mínima insinuación de una posible desaparición de la Fuerza Armada— se lanzan contra la persona o la institución responsable de semejante atrevimiento, citando las palabras del prócer nacional que hace casi 200 años sentenció así: “El ejercito vivirá mientras viva la República”. Ahí acabó el debate y punto. Así las cosas, mejor ser más modestos en lo relativo al alcance de estas líneas.

    Que han habido avances en la materia, nadie lo pone en duda. Es cierto que llegaron algo tarde, pero llegaron. Con seguridad, lo deseable y feliz habría sido que éstos hubiesen comenzado a producirse —sin posibilidad de ser revertidos— allá por octubre de 1979, tras el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero provocado por la acción insurreccional de la entonces llamada “juventud militar”. En esa época, cuando comenzaba a hacer sus “pininos” la tristemente célebre “Tandona”, dentro y fuera del país era generalizado el conocimiento de la grave responsabilidad institucional de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en el desastre nacional que se vivía. Y entonces fue público, además, el reconocimiento que en su proclama inicial hizo dicha “juventud militar” sobre el desprestigio de la milicia, fruto de los fraudes electorales y los malos gobiernos al servicio de intereses económicas egoístas.

    En su primer llamado pastoral al nuevo gobierno —el de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida de esa insurrección militar— monseñor Romero dijo que había “estudiado atentamente” sus mensajes y que  reconocía en ellos “buena voluntad, claridad de ideas y conciencia clara de su responsabilidad”. Como en tantas cosas más, el poder real del país no le hizo caso al arzobispo y echó mano de todos sus recursos para revertir ese proceso que tal vez pudo haber influido para evitarnos tanto sufrimiento; ahora se llenan la boca alabando a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que también puso su cuota de sacrificio, por su actual desempeño profesionalismo que bien pudieron alcanzar antes.

    Otros, a diferencia de monseñor Romero, apuntaron sus armas en dirección de la Junta diciendo cosas como las siguientes: “Creemos que esta nueva maniobra golpista, es el intento de los militares más reaccionarios del Ejército por evadir el enfrentamiento con el pueblo, porque quieren seguir sosteniendo un régimen que les provea de beneficios, a través de la corrupción con que participan del poder político… Basta ya de que los militares mangoneen la voluntad de nuestro pueblo… Basta ya de que los civiles politiqueros oportunistas y cobardes se presten a jugar con la dignidad de nuestro pueblo, apareciendo como redentores de una lucha que no han sabido dar como hombres, cuando las circunstancias así lo han exigido…”

    Y continuaban diciendo: “Muchos oportunistas nos han llamado fanáticos, inmaduros, desesperados, porque no entendemos las componendas, los arreglos sucios, las discusiones y maniobras bajo el agua… Si ser inmaduros significa transar con los principios y la dignidad del pueblo, entonces somos inmaduros, desesperados y cansados del politiquerismo oportunista y sólo creemos en una real transformación que tenga a nuestro humilde y valiente pueblo como su propio artífice… “Por último, terminaba esta arenga advirtiéndole a la Junta que no creían en ella y reivindicando su “derecho junto a todo el pueblo de no creer y estar dispuestos a continuar haciendo valer los derechos del pueblo con las armas en la mano hasta la victoria final”.

    Quizás ni se imagine el lector cuál era la primera firma al final de semejante catilinaria; era, ni más ni menos, la de Joaquín Villalobos. ¿Qué habría ocurrido en el país esos días y cómo estaríamos ahora si Villalobos hubiese sido entonces siquiera una centésima parte de lo condescendiente —por utilizar un eufemismo— que es ahora? Que no se llene la boca ahora este señor, intentando quedar bien con quienes continúan negándole a ese pueblo —que tanto dijo defender antes— el respeto a sus derechos humanos. Porque es cierto que no se persigue a los políticos, pero también es cierto que se sigue impidiendo el desarrollo pleno de una vida digna para toda la gente.

    Bastante bien reflexiona, se pregunta y responde en escrito reciente uno de sus compañeros de aventuras pasadas —quien, según se comenta ahora, está  distanciado del ex comandante por líos poco éticos— cuando suponemos se refiere a tipos como Villalobos: “Los imagino en esas noches de luna llena con esa interrogante en la cabeza que molesta como una espina en el zapato: ¿Valieron la pena el muerterío y la devastación? Yo me la respondí hace rato. Definitivamente no”. Pero, como bien dice la gente, no vale la pena quedarse llorando sobre la leche derramada; mejor veamos lo que ha ocurrido desde hace casi 10 años.

    Se firmaron los acuerdos entre las partes beligerantes y se terminó el conflicto armado. De esa forma, la FAES se sometió a un interesante proceso. No se puede decir que éste haya sido enteramente exitoso, pero bastantes cosas buenas se lograron hacer y eso permite que, a estas alturas, la institución pueda jugar otro rol y la sociedad esté viéndola de otra manera. En síntesis, los aspectos relativos al papel de la Fuerza Armada después de la guerra tienen que ver con su completa desvinculación de las funciones de seguridad pública, sus nuevos principios doctrinarios de acuerdo a la función de garantizar de la soberanía nacional, su reducción a un nivel adecuado para un período de paz y  la disolución tanto de los batallones de reacción inmediata como de la Guardia Nacional, Policía Nacional y la Policía de Hacienda. A todo lo anterior, se agrega el traslado de los órganos de inteligencia del Estado a la Presidencia de la República.

    En lo que toca a esos aspectos, se puede decir con propiedad que las cosas avanzaron bastante bien. Pero no nos engañemos ni dejemos que nos engañen. Existieron otros compromisos que debían ser cumplidos y con los cuales ocurrió, más bien, todo lo contrario. Hablamos, en concreto, de dos temas: el de la depuración y el de la superación de la impunidad.

    En cuanto al primero, recordamos que el acuerdo suscrito establecía que las decisiones administrativas derivadas del informe elaborado por la llamada Comisión ad hoc debían adoptarse —sin dilación— durante los 30 días siguientes a la presentación del mismo. Pero es de amplio conocimiento que el entonces presidente Cristiani irrespetó del todo el compromiso adquirido, llegando incluso hasta premiar y despedir con honores al Alto Mando de la institución; sus integrantes dejaron los cargos correspondientes en una ceremonia muy publicitada, hasta que llegaron al tope de su tiempo en el servicio. El colmo de todo esto fue que uno de los miembros de la Comisión ad hoc, nuestro querido y siempre bien recordado don Eduardo Molina Olivares, tuvo que salir al exilio por las amenazas que recibió tras realizar un enorme servicio a la Patria.

    Sobre el segundo aspecto, el de la superación de la impunidad, hay mucha tela que cortar. Lo más importante de este compromiso tenía que ver con lo siguiente: había que esclarecer, sobre todo, los casos en los cuales aparecían involucrados oficiales de la FAES y que constituían violaciones a los derechos humanos. “A tal fin —rezaba el texto—, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. TODO ELLO, SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO, QUE LAS PARTES IGUALMENTE RECONOCEN, DE QUE HECHOS DE ESTA NATURALEZA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SECTOR AL QUE PERTENECIEREN SUS AUTORES, DEBEN SER OBJETO DE LA ACTUACIÓN EJEMPLARIZANTE DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, A FIN DE QUE SE APLIQUE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES LAS SANCIONES CONTEMPLADAS POR LA LEY”.

    Es obvio que resaltamos en letra mayúscula lo que no se cumplió, para mal del país y de su gente. La noche anterior a la presentación del informe elaborado por la mencionada Comisión de la Verdad, el entonces presidente Cristiani lanzó un pésimo mensaje a la Nación pidiendo amnistía amplia y absoluta para los criminales —de uno y otro bando— responsables de la violencia y de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante más de 15 años. Conocido públicamente dicho informe, el Alto Mando de la FAES apareció en televisión atacando e intentando descalificar ese esfuerzo. Similar actitud adoptó el señor Villalobos y sus amigos; el resto del frente ex guerrillero, entonces en proceso de conversión, no actuó así pero tampoco lideró un esfuerzo destacado para que se cumpliera a cabalidad lo pactado.

    Era de esperar que todo eso sucediera. Los responsables de tanto dolor no iban a aceptar ser investigados y juzgados, para después ser castigados conforme a lo escrito en la ley o perdonados conforme a la generosidad de sus víctimas, después de sentir éstas que el daño causado se les reparaba justamente. Rechazaron pues, de la manera más irresponsable, que acá ocurriera lo que  ha ocurrido con los criminales de la Segunda Guerra Mundial en Europa y los de Argentina, Chile, Perú y hasta Honduras en nuestro continente.

    Dijimos antes que el incumplimiento de todo esto resultó convirtiéndose en un mal para el país y su gente. ¿Por qué? Porque no se sentó un precedente en la lucha contra la impunidad. Por el contrario, de esta forma se alentó y se contribuyó a que El Salvador esté ahora como está: sumido en medio de una violencia insoportable que afecta, sobre todo, a los sectores menos favorecidos. Y, además, porque se corre el peligro de que esos sectores —bombardeados por la publicidad pública y privada— comiencen a pedir y aplaudir peligrosos métodos que, pretextando ser los únicos eficaces para la guerra contra la delincuencia, engolosinen a sus ejecutores y atropellen a personas inocentes. De esto último, ya empezamos a recibir señales claras en nuestra oficina.
 

ENCUESTAS. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) reveló, el 30.05, una encuesta en la que se presenta una muestra general del segundo año de gobierno del presidente Francisco Flores. El sondeo de la UCA muestra a una opinión divida casi por la mitad con respecto al trabajo del gobierno. Las personas estrevistadas calificaron al gobierno de Flores con una nota promedio de 6.1, por el desempeño en su segundo año de gestión. La opinión sobre personalidades públicas mostró que el mandatario obtuvo 6.47 de nota en una escala del 0 al 10. El alcalde capitalino, Héctor Silva, alcanzó una nota promedio de 6.54, por su desempeño. Por otra parte, la encuesta realizada por La Prensa Gráfica/Unimer reveló que la población le asignó una nota de 5 al presidente. Finalmente, las respuestas registradas por la empresa Cid-Gallup presentaron que el mandatario obtuvo un 60% de respuestas positivas sobre su personalidad y en su gestión presidencial un total de 43% favorable. En segundo lugar, se situó el alcalde Héctor Silva, con un total de 47%. Una buena parte de la población encuestada se mostró poco satisfecha. La nota promedio de evaluación indicó que al gobierno de Flores le hace falta cumplir el proyecto de las alianzas planteado en la etapa preelectoral. "La percepción de los ciudadanos sobre la actuación gubernamental se encuentra dividida y polarizada entre dos grandes sectores: aquéllos que ven avances y logros y quienes ven sólo fracasos y retrocesos", enfatizó, el IUDOP (Boletín Informativo IUDOP-UCA, 30.05.01; EDH, 29.05.01, p.2; LPG, 29.05.01, p.4 y 8).

 FISCO. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dio a conocer, el 30.05, el documento “es sostenible la política fiscal de El Salvador”, en el que afirma que actualmente el déficit fiscal es del 3% del PIB y para el 2004 podría llegar a más del 5%. Según FUSADES, desde mediados de la década de los 90, la situación fiscal ha entrado en un creciente deterioro. El documento reveló que aún se esperan las presiones fiscales de la carga financiera heredada por el sistema de pensiones, la reconstrucción luego de los terremotos y las posibles complicaciones de la Integración Monetaria. El estudio de FUSADES propuso la reducción del déficit a partir de la reestructuración de la administración pública, la reforma de la Ley de Pensiones, privatización de activos estatales, el combate de la evasión fiscal y la concesión a la inversión privada de algunos servicios públicos como la infraestructura vial. El viceministro de Hacienda, Luis Enrique Córdova, previó, entre otras cosas, una disminución del gasto público “Estamos diseñando el Presupuesto General del 2002, el cual llevará cambios radicales en las asignaciones, ya que el objetivo es racionalizar el gasto público”, comentó. Por su parte, el presidente Francisco Flores confió en que Juan José Dabou, el nuevo ministro de Hacienda, logre “ampliar la base tributaria, cerrar los huecos y modernizar los sistemas de recaudación”. Finalmente, el economista Francisco Molina propuso la elaboración de una nueva política fiscal, mejorar la fiscalización a las grandes empresas y una reforma legal orientada a evitar la evasión. (EM, 30.05.01, p.16;  LPG, 31.05.01, p.7 y 30; EDH, 30.05.01, p.30).

 REUNIONES. El presidente de la República de China en Taiwan, Chen Shui-bian, llegó a El Salvador, el 23.05, para asistir a la III Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de Centroamérica, República Dominicana y Taiwan. El mandatario chino y su comitiva provenían de Nueva York, en el marco de una gira por América que lo llevaría a Guatemala, Panamá y Paraguay. El 25.05 finalizó la cumbre de mandatarios con la firma de un comunicado conjunto en el que Taiwan se comprometió a cooperar en la integración centroamericana. Por otra parte, los países de la región manifestaron su apoyo al gobierno de Taipei para que éste logre su incorporación a las Naciones Unidas y a otras organizaciones. De la cumbre se consiguió apoyo financiero para la reconstrucción de El Salvador, facilidades crediticias, migratorias y apoyo técnico y tecnológico. Paralelo a la cumbre presidencial se realizó el duodécimo foro de presidentes de las Asambleas y Congresos nacionales y una reunión de viceministros de Economía y cancilleres del área. El vicepresidente salvadoreño, Carlos Quintanilla, aprovechó la oportunidad para dar a conocer las ventajas que ofrece el país para la inversión. “Queremos decirles que El Salvador tiene en estos momentos un clima favorable para los inversionistas”, resaltó Quintanilla. Sin embargo, ya en Guatemala, el ministro de Economía taiwanés, Lin Hsin-I señaló que “la distancia entre las regiones y las altas tasas de interés son dos de las cosas que impiden el desarrollo de las relaciones comerciales entre Taiwan y Centroamérica”. (EM, 25.05.01, p.3 y 4; 28.05.01, p.16)