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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
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Año 22
número 955
junio 13, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Otro fracaso de la Fiscalía
Política:  La hipocresía de la justicia
Economía:  La seguridad social en El Salvador
Región:  Ambiente electoral en Centroamérica (I)
Derechos Humanos:  El Fiscal General, ¿es un perdedor?
Documento:  Discurso del Presidente Francisco Flores (II)
 
 
 
 

EDITORIAL

     El 8 de junio pasado, un tribunal de conciencia emitió un veredicto absolutorio a favor de Roberto Mathies Hill, acusado de un fraude millonario a la economía pública. Así ha concluido, al menos por el momento, uno de los más graves casos de estafa sucedidos en el país en los últimos tiempos. Lo que viene ahora, por parte del ministerio público, son salidas de última hora —como abrir expedientes con nuevos cargos— que ni tienen visos de poder prosperar ni apuntan a desenredar los hilos del principal delito cometido. Porque esos millones que se perdieron en las instituciones INSEPRO y FINSEPRO no han desaparecido por arte de magia; alguien fue responsable de su desaparición, ya sea por la vía del lavado o por la vía de las inversiones fantasma.

     Conviene traer a cuenta que, inmediatamente después de que se destapó el caso, en julio de 1997, la Fiscalía General de la República no dudó en afirmar que "de conformidad a la auditoría practicada por la Superintendencia del Sistema Financiero en las sociedades financieras INSEPRO S. A. de C. V., y FINSEPRO S. A. de C. V., la Fiscalía General de la República ha instruido diligencias... determinándose que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones han cometido delito de defraudación de la economía pública". No se habló en esta ocasión otro tipo de delito, más que el de la mencionada defraudación. Con todo, se trataba de una acusación que parecía firme, siendo como era que los responsables directos del manejo de los varios millones de colones estafados no eran otros que Roberto Mathies Hill y algunos miembros de las Juntas Directivas de las dos sociedades financieras intervenidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

     Tan firme y segura como fue la acusación de la Fiscalía lo fue la postura de los principales medios de comunicación del país que no escatimaron esfuerzos por dejar establecida la culpabilidad de Mathies Hill y sus allegados en la millonaria estafa. Al respecto, El Diario de Hoy estableció la "ruta del fraude", es decir, las fases más importantes mediante las cuales no sólo los depósitos de los clientes eran captados ilegalmente en INSEPRO, sino la forma cómo esta última institución, al enfrentar problemas de liquidez, recibía fondos de FINSEPRO, a cambio de cheques pagaderos a otros bancos. En estos momentos, pues, no parecían existir dudas acerca de la responsabilidad de los administradores y presidente de FINSEPRO —los mismos de INSEPRO— en el fraude. Esta seguridad fue transmitida a la sociedad, cuyos sectores más críticos vieron renacer la esperanza de que por fin el poder económico y político no iba a ser obstáculo para la aplicación irrestricta de la ley.

     Cuatro años después, Roberto Mathies Hill ha sido declarado inocente de haber defraudado a la economía pública y los otros miembros de las Juntas Directivas de FINSEPRO e INSEPRO —a los que hace alusión el informe de la Fiscalía de julio 1997— nunca fueron procesados y, peor aún, casi nadie sabe sus nombres. ¿Qué decir, entonces, de la certeza de la Fiscalía cuando inició sus investigaciones en torno al caso? ¿Se tenían pruebas contundentes contra Mathies Hill y otros implicados, y hubo mala voluntad para llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso? ¿O, por el contrario, no existían tales pruebas y un inocente fue llevado a la cárcel, donde malgastó cuatro años de su vida?

     Por de pronto, se puede decir que la seguridad mostrada por la Fiscalía fue, en sí misma, un fraude para la sociedad. No es la primera vez que el ministerio público se compromete a hacer cumplir la ley y fracasa estrepitosamente. Más aun, son tantos y tan recurrentes los fracasos fiscales que cada vez cobra más visos de certidumbre la sospecha de que se trata de prácticas premeditadas encaminadas a liberar a determinados acusados. Sea cierta o no esta apreciación, lo que no puede ponerse en duda es que las razones para confiar en los compromisos del Fiscal General de República cada día son más escasas. En la misma línea, también va perdiendo significado la seguridad que manifiestan las autoridades judiciales en torno a la solución de delitos de primer orden, como secuestros, violaciones y asesinatos.

     A propósito del caso Mathies Hill se perfilan dos posibles lecturas, ninguna de ellas alentadoras para las instituciones de justicia del país. La primera es que se tenían las pruebas suficientes para que el principal involucrado en el caso fuera castigado merecidamente, pero que premeditadamente se fueron creando las condiciones —cuyo último elemento fue la selección del jurado— para que el mismo fuera exonerado. Es decir, que los fiscales voluntariamente no cumplieron con sus obligaciones técnicas y jurídicas. Preocupante situación que, de ser cierta, no augura nada bueno para los salvadoreños, puesto que siempre existirán quienes, en virtud de sus influencias, podrán evadir la justicia.

    La segunda es que ni se tenían las pruebas suficientes ni se tenía la capacidad para recabar otras que fueran probatorias de la responsabilidad del  acusado. En otras palabras, que se tenía un caso que, de antemano, estaba condenado al fracaso. Nuevamente, esto es grave porque, si es así, no sólo se envía a un inocente a la cárcel —previa denigración pública—, sino que se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ser acusado públicamente (quizás injustamente), sin que las autoridades tengan las pruebas suficientes para respaldar su postura.

     Las dos lecturas no tienen porqué ser excluyentes. La incompetencia nunca ha sido enemiga de la mala voluntad; y la mezcla de ambas suele ser explosiva. Este nuevo fracaso de la Fiscalía refuerza la percepción de que las cosas no se están haciendo bien en esa instancia del Estado. No es un buen mensaje el que se envía a la sociedad cuando delincuentes de altos vuelos salen libres por complicidad o por incompetencia de las autoridades judiciales. Tampoco es saludable levantar falsas expectativas con casos que, por muy importantes que sean para la opinión pública, de antemano están condenados al fracaso debido a deficiencias sustantivas en el proceso de investigación y recabación de pruebas.

     Los yerros de la Fiscalía General de la República están contribuyendo a que el "todo vale" encuentre nuevos adeptos entre los salvadoreños. "Si responsables de delitos graves salen libres, porqué a mí ve van querer fregar por esta pequeña falta que he cometido": esta filosofía de la vida es la que se promueve a partir de los desatinos de la Fiscalía, aunque sus responsables no se den por enterados.
 

[Extracto]

    El funcionamiento del sistema judicial salvadoreño deja mucho que desear. Recientemente, el mismo presidente de la República, Francisco Flores, con motivo de la celebración del juicio en el caso FINSEPRO-INSEPRO, reconocía tal estado de cosas. Luego de declararse solidario con las víctimas del millonario fraude, reconocía que este juicio ponía a prueba el sistema judicial. Por lo que, si nos atenemos a los resultados, se puede decir que el sistema no ha pasado la prueba. La mayor defraudación financiera que ha conocido el país amenaza con irse al olvido, sin que se haya logrado determinar la culpabilidad de los responsables, dejando perpleja a la sociedad con un mar de preguntas.

[Extracto]

    En El Salvador, la seguridad social surge como resultado de las influencias del movimiento internacional de los trabajadores, así como de una coyuntura política favorable a nivel nacional. Con la promulgación de iniciativas de ley y la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en 1949, se inicia el proceso de incorporación de la seguridad social en las relaciones obrero patronales, aunque las prestaciones de seguridad social se limitan, en un primer momento, a la salud, para luego incorporar pensiones por invalidez, vejez y muerte (IVM).
 

[Extracto]

    Dos países centroamericanos se preparan para celebrar elecciones presidenciales durante el presente año. Mientras en los demás se realizan cambios y reacomodos preelectorales que buscan, de una manera u otra, con mayor o menor eficiencia, legitimar los aparatos legales e institucionales que respalden la actividad electoral en la región. En términos generales, podría afirmarse que la tendencia regional en materia electoral va orientada hacia una especie de bipartidismo, la cual constituye una amenaza para la participación de fuerzas políticas alternativas. No obstante, los esfuerzos de modernización electoral pueden marcar un hito importante en el proceso de consolidación democrática en el área.
 

    Da la impresión que, a estas alturas de su mandato, el fiscal general de la República se encuentra perdido en su propio laberinto; un laberinto que empezó a montar él mismo, desde que llegó al cargo en noviembre de 1999. En esa época se quiso presentar ante la opinión pública como el único capaz, el más valiente, el inmaculado sin compromisos, el iluminado investigador, el “super héroe” en la lucha contra el delito… Pero su locuacidad desmedida y ese enorme afán propagandístico, que a leguas se le notaba desde entonces, se fueron convirtiendo en sus peores enemigos y terminaron rápidamente con la imagen que pretendió construirse.

    En la actualidad resulta difícil creer en él y en sus renovados intentos por figurar, hablando fuerte ante los medios sobre determinados casos o situaciones muy mal manejadas por la institución a su cargo. En la práctica y por encima de cualquier intento para ocultar los niveles de incompetencia, el resultado es uno: el incremento en el deterioro de nuestra maltrecha confianza ciudadana en las instituciones nacionales.

     Del caso Katya —el de la pequeña niña violada y asesinada en un rancho de playa, prácticamente a unos metros de su familia paterna— pretendió hacer su estandarte introductorio. Era su espectacular carta de presentación como el funcionario sin igual, ante una sociedad que en general se encontraba hastiada de tanta violencia e impunidad y que, en particular, repudiaba con indignación el brutal hecho que acabó con la vida de esta niña de apenas nueve años, ahora símbolo de denuncia frente a lo que le ha ocurrido y le sigue ocurriendo a tantos niños, niñas y adolescentes en El Salvador.

    Quiso entonces entrar con “pie derecho”, para congraciarse desde el principio con una población ansiosa de —al menos— un éxito concreto en la lucha contra la impunidad. Para tal fin, según parece, este caso se le antojó como el idóneo. Anunció que él, personalmente, dirigiría la investigación y al final no hizo nada más que bulla. Y ahí comenzamos a descubrir su verdadero rostro, que pretendió mantener oculto tras la imagen antes referida. Fue entonces cuando empezó a brotar el funcionario que no acepta sus fracasos y que, por el contrario, busca alguien que se descuide para echarle la culpa de los mismos.

    Otro desaguisado del fiscal Belisario Artiga lo constituye, sin ningún asomo de duda, el caso “jesuitas”. Con “piel de cordero”, en marzo del 2000 recibió denuncia concreta de las víctimas y se comprometió a analizarla cuidadosamente. A los pocos días, uno de sus principales asesores jurídicos e íntimo amigo de uno de los imputados vaticinaba —en una entrevista por televisión— que la denuncia hecha por las autoridades de la UCA no iba a prosperar.

    La versión de este subalterno nunca fue desmentida por el superior; lejos de eso, Artiga la ratificó varias semanas después —implícita, pero oficialmente— cuando emitió una “resolución” digna de ser revisada bajo la lupa de un antejuicio penal. “Me abstengo de conocer”, fue la respuesta lacónica del personaje que en la actualidad ocupa el despacho del fiscal general de la República. Dicho de forma más clara: se negó a cumplir cabalmente una de sus principales funciones y a actuar con estricto apego a la ley. De esa forma, se apartó de su mandato incurriendo en lo que penalmente se conoce como “omisión en la investigación”.

    Cabe decir que, pese a los continuos señalamientos que se le hicieron, a propósito de esta decisión ilegal, Artiga se mantuvo firme en su errada posición. Sin embargo, es importante también que se conozca lo que en privado manifestó al respecto: en caso de haber una resolución futura de la Corte Suprema de Justicia que modificase de manera sustancial el escenario de la amnistía —para él incólume— y le diera una salida para inaplicar la Ley que la estableció, en marzo de 1993, se comprometía a tramitar la denuncia y a procesar penalmente al ex presidente y a los militares retirados que se habían señalado como imputados por la masacre realizada en nuestra Universidad, en noviembre de 1989.

    Pero como bien dicen, del dicho al hecho… En el segundo semestre del 2000, la Corte Suprema de Justicia estableció dos excepciones para casos en los que no debía operar la amnistía; por múltiples razones, dentro de esas excepciones encaja el caso “jesuitas”. Después de algunos meses y casos de conocerlo, el fiscal general de la República no sorprendió a la parte denunciante. ¿Qué hizo? Iniciar una especie de teatro barato para completar su mutación a lobo. No sólo apareció públicamente ante los medios de prensa anunciando —en forma rebuscada y dramática— que iniciaría la “investigación del siglo”, refiriéndose al caso “jesuitas”, sino que se comunicó con las autoridades de la UCA para anticiparles semejante “determinación” y pedirles encarecidamente que —en caso de algún atentado en su contra por el “acto de valentía” que iba a realizar, según afirmaba— se comprometieran a velar por la seguridad y el futuro de su familia.

    Esta maniobra finalizó con la actuación concreta del malogrado fiscal general ante el Órgano estatal encargado de impartir justicia: impuso y dirigió una serie de acciones totalmente “defectuosas” en el caso. Cabe señalar que, jurídicamente, el término que hoy utilizamos para calificar las acciones de Artiga es de carácter muy peyorativo. Por último, este periplo de hipocresía e ignorancia concluyó con la solicitud de la Fiscalía ante un Juzgado de Paz, en el sentido que se sobreseyera definitivamente a los acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de la UCA.

    Pasado todo lo anterior y después de otros notables reveses —como el de la dama “roba furgones”, el espionaje telefónico o “B-9”, “Toño chiches”  y la “Fedefut”— el fiscal general se sumergió en un silencio relativo, interrumpido en contadas ocasiones y de manera breve. En esa etapa que podría calificarse como la de un “repliegue táctico”, se le ocurrió nombrar un “vocero”. Brillante salida, según él, para trasladar a la sociedad la opinión institucional en lo relativo a determinados casos y situaciones cuando así era requerido; pero en el fondo, más parecía una fórmula desesperada para sortear la andanada de críticas que le “llovían” y —en lo posible— recomponer su desgastada imagen.

    También intentó recomponer su maltrecha figura imitando al director de la Policía Nacional Civil: anunció que iba a “depurar” la Fiscalía. Pero en eso, tampoco tuvo éxito. Quiso aparecer muy valeroso, gritando a los cuatro vientos que había fiscales ligados al crimen organizado; al final, sólo consiguió un miserable resultado. ¿Qué pasó? ¿Había o no fiscales participando en alguna especie de “mafia”? ¿No pudo con ellos o era falso lo que afirmó antes? Como de costumbre, quiso achacar su nuevo fracaso a otro: al tribunal de apelaciones que él mismo formó.  Para colmo de males, en su intento por defender lo indefendible, reveló una ignorancia inadmisible en lo relativo al mandato de dicho tribunal según lo establecido dentro del decreto de depuración.

    Se debe hacer notar que también cometió el exabrupto de acusar, públicamente y sin fundamento, a los jueces de la República como agentes del crimen organizado. Fue emplazado por dichos funcionarios y, como siempre, intentó escabullirse sin dar respuesta. Asimismo, quiso emerger de las profundidades en que se encuentra su gestión nombrando a un “fiscal especial”, al estilo de Kenneth Star en el caso “Clinton-Lewinsky”, con el anunciado propósito de investigar la dudosa procedencia de algunos títulos universitarios dentro de la judicatura. Esta investigación tampoco ha ofrecido señales destacadas de éxito y con el tiempo se ha ido diluyendo, sobre todo después de que el propio ayudante del citado “fiscal especial” confesó en televisión que había obtenido su título en las universidades investigadas. En igual condición académica estaba el “vocero” de Artiga, quien por cierto ya se encuentra cesante.

    Pero, pese a todo lo que le ha ocurrido, se nota que el fiscal general no aprende. Sin su comunicador oficial, parece que ha vuelto a las andadas tras su último fracaso célebre: el del fraude financiero conocido como el caso “FINSEPRO-INSEPRO”. Tras el veredicto absolutorio del tribunal de conciencia en el caso, arremetió contra esta institución que independientemente de sus fallas —subsanables en buena medida, si hay voluntad para ello— es una forma concreta de la participación ciudadana en el ámbito de la justicia. Y fue sumamente atrevido en sus acusaciones, sobre todo cuando se percibió en él un tono incorrecto para referirse a los miembros del jurado, transmitiendo cierto grado de desprecio por razón de sexo y condición social.

    De esa forma, repite la historia. Sin aceptar responsabilidad alguna, señala para otro lado. En realidad, en un esfuerzo de humildad y deseo de enmienda, debería considerar que para el jurado de Mathies-Galdámez nombró con muy poco anticipación a dos fiscales. Eso, no cabe duda, complicaba el estudio profundo de las más de 130 piezas que integraban el expediente. Uno de los dos fiscales, el más joven, había desempeñado el rol principal en el caso de la “Fedefut”; en dicho proceso tuvo, pocas semanas antes, una audiencia de gran importancia que le exigió mucha concentración y esfuerzo. En esas condiciones, le resultaba muy difícil rendir a cabalidad en la mencionada vista pública que tanta indignación ha generado entre la gente.

    El otro que nombró, el de mayor edad, fue presentado como una especie de "fiscal estrella" por su supuesta experiencia —ha permanecido alrededor de treinta años en la Fiscalía— y facilidad de palabra. En la práctica, no fue tal; además, lo designó con aproximadamente dos semanas antes del jurado. Sin tener nada personal contra él, se debe considerar como dato interesante sobre ese "fiscal estrella" que, en nuestro país es muy difícil imaginar que alguien con gran capacidad permanezca tres décadas en la institución fiscal, sabiendo que fuera de la misma puede multiplicar con creces sus ingresos.

     Visto todo lo anterior, cabe preguntarnos si el actual fiscal general de la República es o no un perdedor. Antes de responder eso, se debe considerar un elemento fundamental: la existencia de un poder de facto en el país, que está adecuando el aparato estatal a sus intereses económicos. En materia de investigación del delito, impartición de justicia y mecanismos de control, hay instituciones en las cuales ya existían —o ese grupo ha colocado— “funcionarios” que se prestan para cualquier cosa; sin embargo, no las pueden controlar del todo porque hay verdaderos servidoras y servidores públicos que —en la medida de sus capacidades—  evitan la manipulación total. Un buen ejemplo es el de la Corte Suprema de Justicia.

    Hay otras instituciones en las que no han podido hacer eso, debido a la lucha librada desde la sociedad en su defensa. Es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Al no poder desaparecerla o controlarla del todo, la han reducido a su mínima expresión retrasando el nombramiento de un titular —lo que le significa un desgaste de consecuencias difíciles de reparar— para que al final no se escoja a la persona idónea y se estanque la “magistratura de conciencia” dentro de una ineficaz mediocridad.

    Pero hay otras instituciones en las que sí se han puesto firmes para ubicar sus “piezas claves”, sobre todo las relacionadas con la investigación del delito; en concreto, de la Policía y la Fiscalía. Ahí si no hay posibilidad de negociación. En ese marco, es posible inscribir la actuación del fiscal general. No parece haber otra explicación. Y desde esa perspectiva quizás no sea un permanente perdedor, sino todo lo contrario.

    A través de un bono de capacitación, estamos aumentando la capacidad productiva de 30 mil microempresarios.

    Hemos lanzado un programa que nos permitirá triplicar, en un período de dos años, el acceso a microfinanciamiento para este sector, tanto en el área productiva como de vivienda. Esto significa que, de 60 mil microempresarios que tienen acceso al crédito, pasaremos a 180 mil.

    Tenemos razones concretas para ver con optimismo el futuro de nuestra economía. El aumento de las remesas familiares, la duplicación de la inversión pública, los nuevos empleos generados por la iniciativa de la cuenca del Caribe y los tratados de libre comercio, la tendencia a la baja de las tasas de interés, el repunte de la industria de la construcción, y el apoyo al sector agrícola y a los micro y pequeños empresarios, son razones concretas para ver nuestro futuro con esperanza.

    Si bien el comportamiento de la economía nos interesa a todos, no existe prioridad más alta para un país que la calidad de vida y la formación de sus jóvenes.

    Hemos iniciado la rehabilitación de más de 2,500 escuelas que fueron dañadas total o parcialmente por los terremotos, involucrando activamente a las comunidades y a la empresa privada en el proceso. Como resultado de este esfuerzo conjunto, esperamos beneficiar directamente a más de 850 mil alumnos en todo el país.

    Promovemos de manera sostenida la asistencia escolar, basándonos en un apoyo real a la economía familiar. Con este esfuerzo estamos impulsando el acceso de los estudiantes a la educación, exigiendo que las contribuciones a las escuelas sean voluntarias y no excedan de una por familia, aunque ésta tenga varios hijos en un mismo centro educativo. Adicionalmente, hemos creado más de 2 mil nuevas secciones para sustituir aquellas que eran pagadas por las comunidades, beneficiando a más de 60 mil niños.

    Ya completamos el establecimiento de 41 centros de recursos de aprendizaje y hemos iniciado la integración de 30 más al sistema de institutos nacionales con que cuenta el país. A través de estos centros promoveremos la adopción de nuevas tecnologías al esfuerzo educativo, incluyendo los más sofisticados recursos informáticos.

    Se está trabajando con amplios sectores de la población para abrir oportunidades a la juventud. Durante este segundo año de gestión hemos alfabetizado a 100 mil personas, que representan una reducción del 1% en el índice de analfabetismo en El Salvador. Nuestra meta, desde hoy hasta el fin de nuestra administración, es reducir en 5 puntos porcentuales ese índice, a razón de un 1% por año. Si tenemos éxito, en el 2004 habremos reducido el índice del 17 al 12%.

    Este año, el Programa "Escuela Saludable", que ofrece alimentación diaria y servicios de salud, ha cubierto la totalidad de nuestras escuelas públicas, convirtiéndose en uno de los más importantes incentivos en nuestra batalla contra la deserción escolar.

    Este año implementamos exitosamente nuestro sistema de incentivos al desempeño docente. Este programa, ejecutado por la Universidad de El Salvador, evaluó un  total de 4,600 centros educativos públicos y favoreció a 20 mil maestros, mientras que 14 mil docentes más se vieron estimulados por la puesta en marcha del programa que incentiva la presencia del maestro en la zona rural.

    Nos hemos propuesto brindar a nuestros jóvenes más oportunidades de emplearse a corto plazo, y eso lo haremos apostando al mejoramiento de la calidad de la educación media técnica. Durante nuestro tercer año de gestión transformaremos 31 institutos nacionales en centros de innovación educativa, creándoles un sistema informático que los integre en equipos de investigación.

    Implementaremos el sistema de acreditación de las universidades este próximo año. Esto impulsará un proceso de mejora continua en la educación superior.

    A partir de este año, promoveremos modelos de calidad en la educación de 102 instituciones distribuidas en 11 municipios. Este programa, formado por seis modelos básicos de desempeño en la calidad educativa, involucra desde el inicio a la comunidad y le permite establecer nexos de identidad con las escuelas. Dentro de dos años habremos incorporado al menos 100 centros educativos más a este sistema.

    No sólo la mente es agente del conocimiento. El cuerpo y las emociones son también vehículos del desarrollo integral de todo joven. De aquí que consideremos el deporte como instrumento formador de nuestra juventud.

    Después de 30 años de abandono, reconstruiremos en la Universidad Nacional 42 edificaciones; construiremos un moderno complejo deportivo con estadio de fútbol, pista de atletismo, polideportivo, piscina olímpica y cancha de voleyball. Con una inversión mayor a los 30 millones de dólares, haremos de la Universidad Nacional la villa olímpica que albergará a los atletas que nos visitarán en los Juegos Panamericanos del 2002.

    Reconstruiremos los 20 escenarios deportivos más importantes que tiene el país, entre ellos el estadio Flor Blanca y el Gimnasio Nacional.

    Estamos desarrollando tres nuevos polideportivos que serán administrados por los sacerdotes salesianos en Santa Ana, Soyapango y San Miguel. Por primera vez en nuestra historia, esto facilitará el acceso de 100 mil niños, cada año, a una infraestructura deportiva de primera calidad, en las zonas occidental, central y oriental del país.

    La inversión en la Universidad Nacional, la recuperación de los 20 escenarios deportivos más importantes del país y la construcción de tres nuevos polideportivos en Santa Ana, Soyapango y San Miguel, representan, por mucho, la inversión más grande que se haya hecho en el deporte nacional. Los juegos del 2002 le dejarán a la juventud salvadoreña amplio acceso a la infraestructura deportiva que necesitan para su desarrollo integral.

    La zona metropolitana de San Salvador constituye el núcleo de mayor concentración humana y el de mayor movilidad productiva. Convencidos de que hacer respirar este núcleo productivo es una forma de crear progreso y compartirlo con el reto es lograr que la Capital sea una ciudad que beneficie integralmente a sus habitantes.

    Para este año tenemos previsto iniciar la reconstrucción del tramo San Martín-San Rafael Cedros, el empalme entre la carretera a Apopa y Sitio del Niño, y la apertura de rutas alternas entre Santa Tecla y Quezaltepeque, y entre Nejapa, Apopa y el bulevar Constitución. Esto conformará nuevas entradas a la capital y un anillo periferico norte que permita que todo el tráfico vehicular que transite por la Panamericana no necesite pasar por San Salvador para llegar a su destino.

    A partir del tercer año de nueva gestión, vamos a iniciar el descongestionamiento vehicular mediante la construcción de 6 pasos a desnivel en igual número de arterias, así como la apertura e interconexión de varios ejes importantes.

    Para conectar a nuestro país adecuadamente a Centroamérica, inauguramos el día de ayer la nueva carretera que de Santa Ana conduce a nuestra frontera con Guatemala en Las Chinamas. Dentro de un mes, inauguraremos la carretera que del desvío a Chalatenango conduce a nuestra frontera con Honduras en el Poy. En agosto, abriremos la licitación para la construcción del ferry que nos dará una alternativa para llegar directamente a Nicaragua. Con estas vías estaremos integrándonos a Centroamérica.

    Es necesario también integrarnos hacia adentro. Como una primera etapa de nuestro proyecto de la longitudinal del Norte, para el año próximo reconstruiremos la ruta que de Metapán conduce a Nueva Concepción, Chalatenango.

    Para diciembre de este año habremos cubierto la rehabilitación de 2 mil 200 kilómetros de la red vial prioritaria, mientras que la reconstrucción de 304 kilómetros de caminos rurales fortalecerá nuestra red vial no pavimentada.

    Nuestras carreteras empujan el desarrollo del país. De inmediato producen proyectos habitacionales y actividad económica. De aquí que sea necesario acompañar  este desarrollo con la ampliación de la distribución de energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable.

    La ejecución del proyecto de rehabilitación y mejoras del sistema de agua potable zona norte está permitiendo el abastecimiento del área metropolitana de San Salvador, beneficiando a 150 mil capitalinos. Con el mejoramiento del sistema río Lempa, garantizaremos que el suministro de agua potable al gran San Salvador satisfaga la demanda durante los próximos 15 años y nos permita concentrarnos en el problema de distribución.

    Continuaremos nuestros planes de descentralización de los servicios de agua en diversas zonas del país, y reconstruiremos 20 sistemas de agua potable que sufrieron daños por los sismos, mejorando la cobertura de este servicio básico para más de 100 mil habitantes de localidades urbanas en todo el país.

    Hemos aprovechado la rehabilitación completa de las centrales hidroeléctricas de Guajoyo y Cinco de Noviembre para incrementar su capacidad de generación de energía en 7.3 megavatios, garantizado así la producción de energía limpia y en armonía con el medio ambiente.

    Las líneas de transmisión de San Miguel a Ozatlán y a la 15 de septiembre, en la zona oriental; las líneas de Soyapango a Nejapa y de  San Martín a San Rafael Cedros y a Soyapango, en la zona central, y las líneas de Sonsonate a Ahuachapán en la zona occidental, han sido expandidas y completamente rehabilitadas.

    La línea de interconexión con Honduras será completada en diciembre de este año, consolidando así el mercado eléctrico centroamericano y proporcionándonos un suministro adicional de energía.
Históricamente hemos venido arrastrando un déficit habitacional que, luego de dos terremotos, se ha agudizado de manera alarmante. Cerca de 300 mil familias perdieron total o parcialmente su vivienda.

    Las 225 mil viviendas que hemos construido necesitan de una inversión adicional para convertirse en hogares permanentes. Hemos trasladado 30 millones de dólares al Fondo Nacional de Vivienda Popular para subsidiar su casa a familias de bajos recursos. La cuota del Fondo Social para la Vivienda se ha rebajado de cerca de mil colones a 737 colones. Esto le ha permitido a 100 mil familias incrementar sus ingresos y a otras 12 mil acceder por primera vez a un crédito del fondo.

    El esfuerzo que hicimos durante el terremoto para darle casa a los que la perdieron, hoy lo extenderemos para aquellas personas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Estamos acompañando una iniciativa ciudadana que le permite a los donantes y a los salvadoreños solidarios regalarle una vivienda a aquellos que no pueden procurársela. Esta es la Fundación Techo para un Hermano.

    Reducir el déficit habitacional se ha convertido, por el violento impacto de los terremotos, en prioridad para nuestro Gobierno.

    Hemos tomado la firme decisión de golpear al crimen en todas sus expresiones. Ya desarticulamos 42 bandas delincuenciales relacionadas a delitos como el robo y el homicidio. Se han capturado 466 personas vinculadas a setos mismos delitos. Hemos desarticulado 23 bandas relacionadas al delito del secuestro y 149 delincuentes pertenecientes a estas bandas han sido capturados. Gracias a la confianza que hoy ya tiene la ciudadanía en la efectividad policial, hemos capturado a 13 de los criminales más buscados de una lista actual de 35. Estas capturas se han verificado entre marzo y mayo de este año.

    Hemos efectuado 183 allanamientos exitosos, logrando el decomiso de vehículos, mercadería, armas y la captura de personas involucradas en diferentes delitos. A través de nuestro proyecto de bloqueo policial metropolitano, hemos capturado a ladrones vinculados al robo de bancos e instituciones. Así mismo, hemos logrado rescatar de sus captores a numerosas víctimas.

    Estas acciones son un comienzo en la lucha frontal contra el crimen. Falta mucho por hacer. La colaboración de la ciudadanía, el apoyo de asesores internacionales y la sede regional de la Interpol en el país, son todos instrumentos que fortalecen la labor policial.

    En este momento, considero  oportuno reducir un homenaje a los 25 agentes policiales que este año ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber. Estos 25 servidores públicos llegaron al último sacrificio en un batalla contra la delincuencia en la que todos, sin excepción, debemos sentirnos involucrados.

    A los familiares de estos agentes, a los que envío mi saludo y respeto, quiero decirles que todos los que estamos aquí reunidos, como servidores públicos que somos, estamos comprometidos a poner nuestra capacidad y nuestra buena voluntad, para que su sacrificio no haya sido en vano. ¡Esta lucha contra la delincuencia la vamos a ganar!

    Sólo una reflexión final:

    Al igual que muchos salvadoreños, debo admitir que el terremoto fue uno de los momentos más duros de mi vida. Cuando llegué a La Colina, a pocos minutos de deslave, una niña de once años con sus dos hermanitos se colgaron de mis brazos suplicándome que sacara a su madre de entre los escombros de su casa. No hay nada más duro que la total impotencia ante el dolor ajeno.

    Sin embargo, también debo admitir que el momento más emocionante de mi vida fue cuando nos unimos todos los salvadoreños, al pie de El Salvador del Mundo, a orar juntos. Sentí a mi alrededor el pulso vital y la fuerza indomable de un pueblo entero decidido a salir adelante.

    A mí me costará algún tiempo olvidarme de ese primer momento tan doloroso en La Colina. Pero esa fuerza de todos mis compatriotas unidos ante El Salvador del Mundo, eso me acompañará por el resto de mi vida.

    Al final, la vida triunfa; y nosotros, los salvadoreños, estamos destinados al triunfo.

Muchas gracias.