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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
Número 956
Junio 20, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Más Puebla que Panamá
Política:  En torno a las demandas de los ex paramilitares
Economía:  El desafío de la recuperación económica
Región:  Ambiente electoral en Centroamérica (II)
Derechos Humanos:  La división de DD.HH. de la PNC
Documento:  Plan Puebla-Panamá: fortalecer una región en el proceso de globalidad
 
 
 
 

EDITORIAL

    A juzgar por la reacción oficial, reproducida con fidelidad y sin el menor asomo de crítica o sospecha por la gran prensa nacional, el plan del presidente mexicano es la solución de los problemas económicos que aquejan a El Salvador y a Centroamérica en su conjunto, en el mediano plazo. Pero no hay que hacerse ilusiones. El plan que el presidente mexicano vino a lanzar en medio de sus colegas del sur, bien mirado, tiene mucho de Puebla y poco de Panamá. Los mexicanos han desarrollado muy bien lo que quieren hacer con el sureste de su país, una zona sumamente rica en recursos naturales, pero muy poco desarrollada y, por lo tanto, pobre y, además, con problemas graves de identidad nacional y rebeldía. Del resto, el plan dice muy poco.

    Más al sur de Chiapas, es decir, sobre la parte que corresponde a Centroamérica y Panamá, no se dice nada. Tal vez porque los siete gobiernos del sur no tienen ideas o tal vez porque están esperando que otros, es decir, los mexicanos y los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo les digan qué es lo que tienen que hacer o porque simplemente han creído ver una oportunidad en el plan de los mexicanos y se han sumado sin saber con exactitud hacia dónde quisieran dirigir sus respectivos países.

    A primera vista, el plan mexicano promete mucho. Los intelectuales de la derecha incluso han encontrado vinculaciones prehispánicas, en las cuales creen ver unos lazos de unidad histórica que garantizarían su éxito. El plan les ha recordado la Mesoamérica prehispánica e incluso maya, aunque estirando y encogiendo los conceptos, porque ni la primera comienza tan al sur ni comprende todo el istmo centroamericano, ni la segunda llega tan al sur ni tan al norte. El interés mexicano en el istmo les recordó la declaración franco-mexicana de comienzos de la guerra salvadoreña; en cambio, se olvidaron de las invasiones de los nahuats, de la influencia mexicana en la independencia y de la anexión al imperio de Iturbide. Así es la memoria de selectiva cuando pierde el principio de realidad, pero hay que disculpar estos deslices de la derecha, causados por el exceso de entusiasmo que en ella despierta el gobierno de México.

    Se pueden plantear dos hipótesis no necesariamente excluyentes. Con el plan, México busca resolver el problema que le plantea el sureste de su territorio. El norte está bien integrado y consolidado con el tratado de libre comercio con Estados Unidos. El sureste es otra cosa. Necesita otras salidas y Centroamérica y Panamá conformarían el área ideal para desarrollar sus potencialidades. De esta manera, los centroamericanos vendríamos a ser ahora el patio trasero de los mexicanos, quienes ya están experimentando el impacto del libre comercio con la primera potencia militar del mundo. Los gobiernos centroamericanos, por su lado, aceptarían gustosos servir de patio trasero, porque no tendrían mejor alternativa para hacer crecer sus economías y crear el empleo que necesitan desesperadamente. No sería extraño que en sus cálculos entrara también la posibilidad de llegar a Estados Unidos vía México.

    La otra hipótesis es que Estados Unidos, ante la imposibilidad de firmar un tratado de libre comercio con el istmo a corto plazo, tanto por los obstáculos que encuentra en su propio gobierno como por los que plantean los mismos gobiernos centroamericanos, esté utilizando a México como puente para disponer a su antojo de los mercados centroamericanos. El intermediario mexicano le permitiría intervenir de manera indirecta, pero no por eso menos eficaz, para “corregir vicios y errores del pasado, modernizar nuestros aparatos productivos, superar viejos atavismos y encontrar fórmulas novedosas de desarrollo”, según palabras del propio presidente mexicano.

    Las generalidades que circulan sobre el plan no sólo incluyen aspectos económicos y comerciales, sino también la modernización y el fortalecimiento institucional de los estados centroamericanos, a través de asesorías en las áreas tributaria, judicial, industrial, energía, hidrocarburos, agua, transporte, emigración, mitigación de riesgos, etc. El tema aparece en la agenda del Banco Mundial para México y el Banco Interamericano de Desarrollo está dispuesto a financiarlo generosamente, proporcionando unos cuatro mil millones de dólares, aunque los países centroamericanos deberán contribuir con aportes propios.

    En el caso de El Salvador, que no dispone de dinero para invertir en esta clase de proyectos, el aporte requerido saldría de nuevos préstamos y de la venta de las últimas propiedades estatales. La agenda del Banco Mundial asigna a México el papel de hermano mayor, un papel que algunos saludan como “la buena química del hermano mayor”; pero tal vez fuera más exacto decir que se trata de desempeñar la función de mayordomo en unas provincias centroamericanas del sur, subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas.

    Estas hipótesis no son excluyentes. México asume el papel asignado por Estados Unidos, el cual es aceptado sin titubear por los gobiernos centroamericanos, y al mismo tiempo busca la manera de desarrollar y pacificar el sureste de su territorio para así integrarlo al resto de la nación mexicana. Estados Unidos, por su lado, puede intervenir de forma más cómoda y libre, en una región que le preocupa en cuando fuente de una corriente imparable de emigrantes, aunque sin asumir la responsabilidad directa sobre la misma. Y a los gobiernos centroamericanos se les proporciona un plan de desarrollo que ellos mismos no han podido elaborar en los últimos años. El meollo del plan es la privatización y la trasnacionalización del territorio comprendido entre Puebla y Panamá, lo cual no significa necesariamente que los 38 millones de habitantes saldrán beneficiados.

    En realidad, el proyecto del corredor es bastante antiguo. Es un viejo proyecto imperial, que ha sido revisado antes de lanzarlo de nuevo. El plan comprende la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los habitantes de una vasta región con elevado desempleo. La meta es hacer de ella un polo de desarrollo mundial. Por lo que toca a México, por ejemplo, se busca concentrar a la población rural dispersa y descontenta, y ofrecerle trabajo en la construcción de infraestructura y maquiladoras. El capital acudiría atraído por los subsidios, la exención de impuestos, el bajo costo de la fuerza de trabajo y la promesa de ganancias elevadas.

    Por su lado, los participantes deberán armonizar su legislación, liberar los mercados, eliminar las restricciones a la competencia y permitir la libre circulación de mercancías, no así de personas, porque de lo que se trata es de detener la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. La derecha salvadoreña cree que con este plan El Salvador y el istmo al fin han sido incluidos en la dinámica de la globalización. Hablar de la regionalización del desarrollo sería prematuro y no deja de ser atrevido; es más apropiado hablar de la profundización del modelo neoliberal como respuesta al subdesarrollo, la pobreza y la violencia social.

[Extracto]
 

    La semana pasada, los ex paramilitares estuvieron a punto de aguar la gran fiesta preparada por Casa Presidencial para la recepción de los mandatarios de México y de Centroamérica, en el marco del lanzamiento oficial del Plan Puebla-Panamá. Otra vez, las reivindicaciones sociales insatisfechas entraron en contradicción con la imagen de un liderazgo internacional salvadoreño inusitado, que se esmera en proyectar el gobierno de Francisco Flores. Los ex paramilitares sitiaron las instalaciones de Cancillería, ocupada actualmente como sede de la presidencia, para llamar la atención sobre sus demandas de una indemnización por los servicios prestados al ejército durante la pasada guerra civil salvadoreña.

ECONOMÍA

[Extracto]

    A más de cinco meses del primer terremoto y desastre de 2001 y cuatro del segundo, algunos de los funcionarios públicos involucrados en el proceso de reconstrucción se presentaron ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para rendir un informe sobre las actividades realizadas y los fondos recibidos de la comunidad internacional. Lo primero que destaca del informe es que, como era de esperar, la afluencia de la cooperación internacional no ha sido tan ágil como lo hubiera esperado el gobierno. Después de tres meses de la denominada reunión del Grupo Consultivo para la reconstrucción de El Salvador (y modernización de Centroamérica), donde la comunidad internacional ofreció un monto de 404 millones de dólares en donaciones, se encuentran en ejecución únicamente 51.3  millones, los cuales representarían un 12.7% del total del monto ofrecido.

REGIÓN

[Extracto]

    La configuración de los sistemas electorales centroamericanos, ya desde hace algunos años, se ha visto matizada por iniciativas reformistas que han buscado actualizar el aparato electoral a las nuevas demandas. Tales mociones han acompañado, en algunos casos, a los eventos electorales más recientes y han sido promovidas por diferentes actores nacionales movidos por los intereses más dispares.

    El obstáculo más común que las iniciativas han encontrado ha sido la obstinación de los partidos políticos en el poder, muchas veces en alianzas estratégicas con partidos de oposición, para lograr, a toda costa, que prevalezcan sus intereses. Un obstáculo más grande y difícil de superar lo constituye la falta de independencia y transparencia en la gestión de los tribunales encargados de organizar los eventos electorales y de contabilizar el caudal de votos. Sin embargo, el intento de reformas y de modernización, tanto de las estructuras partidarias como de los mecanismos de elección popular, es un buen presagio para la consolidación democrática en la región.

DERECHOS HUMANOS

    El pasado viernes 15 de junio, en las instalaciones de la UCA, se clausuró un singular diplomado en derechos humanos. Un total de 36 integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron, en presencia de las máximas autoridades de la institución y de sus familiares, el certificado que acredita su participación en dicha actividad académica. Tras un mes completo de esfuerzos, ese grupo de mujeres y hombres policías de diverso rango forman ahora la división de derechos humanos de la corporación; y el citado acto debe entenderse como el último paso en lo relativo a su nacimiento y el primero en el desarrollo de sus actividades concretas. En adelante, estas personas deberán esforzarse por contribuir al cumplimiento del objetivo que se le ha planteado a la división: “Asegurar el respeto a la dignidad humana y la protección y promoción de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial, con el fin de mejorar los niveles de eficacia policial y de credibilidad en la Policía Nacional Civil”. A continuación publicamos las palabras del director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, en el marco de ese acto.

    En primer lugar, quiero agradecer su presencia en esta casa de estudios; en esta Universidad que con esfuerzo, sacrificio y mucha satisfacción también, es parte de la historia de El Salvador. Una historia sumamente compleja, por un lado,  pero igualmente prometedora. Una historia que tiene como uno de sus referentes recientes más importantes el acto mediante el cual —hace casi diez años— le puso fin a una larga y dolorosa situación que produjo demasiadas víctimas de todos los lados, de todos los puntos cardinales, de la administración pública y de la llamada “sociedad civil”.

    Hace casi diez años, pues, quedó formulado el deseo de paz de un pueblo en el “Acuerdo de Chapultepec”. En él también quedó plasmado uno de los grandes logros del sacrificio general, aún no valorado en su exacta dimensión, del pueblo salvadoreño: la creación de dos instituciones comprometidas, estructural y orgánicamente, con el respeto a los derechos humanos. Ambas surgieron después de un difícil y hasta vergonzoso trayecto. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nacida precisamente del grave trance por el que tuvo que pasar el país debido tanto a las prácticas sistemáticas y generalizadas de violación a la dignidad de las personas, como al irrespeto flagrante de las normas reconocidas en el derecho internacional humanitario por parte de los bandos que se enfrentaron en el conflicto armado.

    La Policía Nacional Civil también es fruto de esa misma etapa negra por la que pasó nuestra sociedad. Su creación es el resultado de una decisión clave en el proceso de negociación que puso fin a la guerra, en aras de evitar la repetición de esas repudiables prácticas contra los derechos humanos; prácticas en las que los anteriores cuerpos policiales se destacaron como instrumentos privilegiados para la represión oficial. Para evitar que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, nació la Policía Nacional Civil con una misión esencial muy clara y alentadora la cual ha quedado establecida en la Constitución de la República y en el primer artículo de su Ley Orgánica: ”Créase la Policía Nacional Civil de El Salvador —reza el citado artículo— que tendrá por objeto  proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como rural con estricto apego a los derechos humanos”.

    Pero tras el surgimiento de la institución, también tenemos que hablar de una historia difícil y dura en el marco de su desarrollo; desarrollo todavía tierno, pero no por ello exento de complicaciones. Y ha sido complicado por varias razones que, para ser justos, deben mencionarse. En primer lugar, porque era una experiencia única al desaparecer los cuerpos antiguos y, al mismo tiempo, empezar a formar una institución con la intención de que fuese diametralmente distinta a lo hasta entonces conocido en su diseño y funcionamiento. Eso, sin duda, dificultaba el camino.

    También se debe decir que parte de lo difícil de este sendero tiene que ver con la intervención extranjera. Y menciono eso con todo respeto, desde las siguientes perspectivas: primero, porque se trató de una intervención que no estaba libre de transmitir al cuerpo en formación algunos males que existen en  otras instituciones policiales que apoyaron el esfuerzo; en segundo lugar, porque en algunos momentos y circunstancias chocaron las distintas corrientes que al inicio de la PNC se conjugaron para asistirla, generándose así —en un marco de visiones y posiciones a veces encontradas— un clima que a veces no fue el más idóneo.

    Pero, sobre todo y sin pretender justificar otros aspectos, esta corta vida de la PNC ha sido dura y difícil por el entorno en el cual se ha tenido que desarrollar. Ya hacía alusión a eso el señor comisario de la Unión Europea, Jesús María Corral. Se trata de un “medio ambiente” bastante “contaminado”, que muestra como una de sus características más destacadas la violencia; ya no la violencia política, sino una violencia social bastante elevada.

    Otra característica de ese entono que ha dificultado el desarrollo de la institución es la corrupción. En una sociedad como la nuestra, donde a cada momento se observan señales claras de una descomposición que afecta el funcionamiento de las instituciones, la PNC no podía estar al margen ni convertirse en la excepción. Y eso tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de que el mal apareciera dentro de la institución, como ocurrió en muy corto tiempo; y, por el otro, tiene relación con el rol que le corresponde jugar en el enfrentamiento y la erradicación de esa lacra que corroe nuestra convivencia.

    Por último, me debo referir a otra característica de nuestra realidad que ha entorpecido el trabajo y la imagen de la Policía: la impunidad. Esa fue una de las causas que nos llevó a la guerra y también es uno de los factores que —pese a los esfuerzos grandes de las víctimas y, hasta ahora, pequeños de las autoridades estatales— sigue presente como una amenaza real para la estabilidad del país. En El Salvador todavía no estamos acostumbrados a tocar lo que siempre se ha considerado intocable, pese a que en el entorno regional esos pasos ya se empiezan a dar. Y eso ha influido negativamente en la Policía

    No obstante haber finalizado las graves violaciones a los derechos humanos con motivación política y haber terminado la guerra, en nuestro lado —el de la defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad— las cosas tampoco han sido fáciles. Veníamos de un ambiente sumamente ideologizado en cuanto a la concepción de los derechos humanos; por tanto, la visión sobre éstos tendía a ser muy distorsionada y negativa. En la actualidad, con grandes esfuerzos y no tan rápidamente, se ha comenzado a cambiar eso. Poco a poco, se está comenzando a lograr que se entienda cuál es nuestro deber como institución universitaria especializada en el tema. Así las cosas, tenemos claro que nuestra labor en esta etapa debe darle prioridad a los siguientes tres aspectos.

    En primer lugar, la promoción de los derechos humanos. Me refiero a continuar difundiendo su conocimiento y comprensión de la manera correcta, que va más allá de esa ideologización polarizante —derivada de todo lo ocurrido durante la dolorosa historia reciente del país antes del fin de la guerra— y que encuentra su sentido último en el compromiso con las víctimas.

    En segundo lugar nos corresponde, también, tender puentes. No es nuestra labor estar en una orilla señalado los errores de las entidades oficiales que se encuentran en la otra. Tenemos que buscar la manera de establecer comunicación y bases para el entendimiento, tanto entre las distintas instituciones del Estado para que colaboren entre sí para beneficio de la gente, como entre la población —organizada o no— y esas mismas instituciones estatales a su servicio.

    Y en tercer lugar nos corresponde la labor de denuncia. Debemos “poner el dedo en la llaga” cuando sea necesario, para indicar las violaciones a los derechos humanos. Pero en la medida que nosotros podamos trabajar de manera eficiente en las dos primeras prioridades planteadas antes, la promoción y el “tender puentes”, el trabajo en el ámbito de la denuncia se irá facilitando por dos razones básicas: porque de esa manara es posible reducir las violaciones a los derechos humanos y porque —cuando ocurran y se tengan que denunciar— las instituciones estatales señaladas van a recibirlas de forma distinta a la actual, no como un ataque sino como un apoyo a su fortalecimiento.

    Pero esa labor nuestra, que fue difícil durante la guerra y lo sigue siendo aun después, puede y debe facilitarse al recibir señales positivas como la de ahora. Tengo que decirlo con todas sus letras: felicito a la Policía Nacional Civil y a su conducción actual por impulsar este esfuerzo; felicito, además, a quienes ahora integran la división de derechos humanos, porque con el cumplimiento de su misión al promover dentro y fuera de la institución los derechos humanos, le van a aportar mucho a una población que espera, ansiosa, vivir en un país normal. A la vez, me siento honrado de ser parte de esta Universidad la cual recibe hoy con agrado a una fuerza policial que no viene a reprimir, como ocurrió antes, sino a aprender y a compartir. Ojalá esto suceda más seguido y sea menos difícil. Porque debo contarles que para la realización de este diplomado, tuvieron que pasar casi cuatro largos años en los cuales nos decían que sí un día y al siguiente aparecía una orden contraria. Ello, supongo, por el rechazo de alguien a nuestra ineludible labor de denuncia.

    Por último, quiero referirme a lo que —desde nuestra óptica— constituye uno de los desafíos más grandes para todo la sociedad y, dentro de ella, para nuestra Policía: no ceder ante la tentación de convertirse en un poder que se vuelva contra la gente, sino que esté siempre a su favor. Una experiencia reciente, cercana y muy dolorosa es la peruana. La he conocido en el terreno y por el contacto fraterno con el Instituto de Defensa Legal, al que debe reconocerse su enorme contribución a la causa de los derechos humanos dentro y fuera de ese país hermano.

    Ahí se construyó un estado policial —con altas dosis de corrupción y violencia oficial contra la población— argumentando el “todo se vale” en la lucha contra el terrorismo y para el mantenimiento del orden, en el marco de un proyecto económico excluyente. Creo que en El Salvador no está ocurriendo eso. Pero hay que estar alertas para que no suceda. No debemos permitir que, por acción u omisión, so pretexto del combate a la delincuencia, tengan lugar acá hechos tan lamentables como los que sumieron a Perú en el desgobierno. Mejor sumemos esfuerzos para vivir en un país tranquilo y normal en el cual —parafraseando a Hubert Lanssiers, cura belga y también peruano— podamos caminar por nuestra comunidad y entrar a una tienda donde esté Dios despachando, para pedirle que nos venda la paz y la armonía. Y que Él, sonriente,  nos conteste: "Te equivocaste hijo. Aquí no vendemos frutas, sólo distribuimos la semilla”.

    Agradezco mucho al INCEP (Instituto Centroamericano de Estudios Políticos) que me hayan hecho el enorme servicio de invitarme a platicar con ustedes en relación con esta iniciativa del Presidente mexicano Vicente Fox, conocida como el Plan Puebla-Panamá. Habida cuenta que me encuentro ante un grupo muy distinguido de dirigentes políticos, yo quisiera que en esta oportunidad me permitieran hacer una breve introducción como militante político que he sido toda mi vida y creyente de que el poder público tiene como principio y fin generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Eso es lo único que justifica la existencia del Estado, lo que da razón de ser a los partidos políticos, lo que explica las contiendas electorales y lo que se expresa en la pluralidad que viven las sociedades modernas.

    Estaremos de acuerdo en que la democracia por sí misma no resuelve los problemas de carácter económico y social, pero es la llave maestra para que podamos definir políticas públicas encaminadas a batir la desigualdad.

     México vivió el 2 de julio del año 2000 una trascendente jornada político electoral en la cual por primera vez después de 70 años de permanencia de un solo partido se dio la alternancia política, esta alternancia política generó una gran esperanza, una gran expectativa en mi país, la posibilidad de que con el cambio de régimen se abatieran viejas práctica nocivas, se restituyeran valores nacionales y desde luego fortaleciéramos nuestra capacidad para resolver nuestros mayores desafíos puesto que como deben estar ustedes enterados, en México ha habido un crecimiento asimétrico que el día de hoy nos lleva a reconocer que de los casi 100 millones de habitantes 40 millones viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema; ningún gobierno con una responsabilidad ética puede suponer que funciona de manera eficaz manteniendo tales grados de marginalidad y de falta de oportunidades.

    Esta fue la principal propuesta del Presidente Vicente Fox y ello constituyó el principal adhesivo para generar una amplísima coalición social más que política, que produjo que muchos mejicanos votáramos por la alternancia política el 2 de julio. En este sentido el Plan Puebla-Panamá es un compromiso eminentemente social con los más pobres de México.

    Nuestro país tiene una enorme brecha originada en el hecho de que tenemos una región centro- norte próspera, progresista que ha sabido insertarse en el proceso de globalidad, que tiene una amplísima relación económica con los Estados Unidos, que tiene cadenas industriales competitivas en cualquier parte del mundo y un sur-sudeste empobrecido en donde está el mayor número de la población indígena, los más altos grados de analfabetismo y desnutrición y consecuentemente la falta de oportunidades; en tanto que en la región centro-norte el ingreso per cápita es de 4000 Dólares, en el sur sudeste es de 2000 Dólares, en tanto que en la región centro-norte el promedio de ingreso es de dos salarios mínimos, digamos a precios actuales 80 Pesos diarios, en el sur-sudeste es de medio salario mínimo, es decir de 20 Pesos diarios.

    Estas razones hicieron al Presidente Vicente Fox proponer un Plan de Desarrollo Regional sustentable y sostenible que aprovechara las vocaciones económicas de los nueve Estados que comprenden este sur-sudeste de México desde Puebla hasta Quintana Roo, y consecuentemente que permitieran que su población tuviera mejores expectativas de vida.

    Lo paradójico de la brecha que existe en México entre el centro norte y el sur sudeste, es que en el sur sudeste en donde habita la población más pobre, es la región más rica; en el sur-sudeste se produce el 60 % de la energía eléctrica que existe en el país, el 80 % de los hidrocarburos que consume y que exporta México, hay biodiversidad, paisaje, litorales, plantaciones, recursos todos estos que sin embargo no han beneficiado a la población de los 27.5 millones que vivimos en esta parte del país.

    El Presidente Fox advirtió que el mandato que recibió el 2 de julio no era sólo por un proceso como lo fue el respeto a la voluntad ciudadana, no solamente un proceso de legitimidad política democrática, sino que conllevaba la enorme responsabilidad de dar alternativas a la población y en este sentido por primera vez en la historia de la administración pública mejicana se plantea una propuesta como el Plan Puebla-Panamá.

    Nosotros lo que pretendemos con esta propuesta es que en el sur-sudeste se construya la infraestructura física que permita que la población tenga acceso a bienes de consumo y que produzca artículos que le de valor agregado a su producción y que esta pueda ser consumida en los diferentes mercados del mundo, que pueda salir hacia Europa, por el Golfo de México, hacia Asia por el Océano Pacífico y que mediante ejes carreteros sobre todo de la Costa del Golfo, que es longitudinalmente hablando, la vía más corta entre el sur sudeste y la frontera norte, poder llegar a este mercado tan importante para todos nosotros, que son los Estados Unidos.

    Actualmente esta carretera es insuficiente, no existen suficientes medios de comunicación, personas y productos; si quieren llegar al norte del país tienen que pasar necesariamente por el centro de la república con lo cual se encarecen los fletes, se hacen más largos los tránsitos y consecuentemente dificulta la instalación de empresas que puedan generar empleos.

    Nuestra estrategia para el sur-sudeste consecuentemente es primero, crear la indispensable infraestructura física que bien sabemos por sí misma no genera el desarrollo económico, pero sin ella el desarrollo económico no es posible.

    Segundo, de manera paralela crear la infraestructura social porque nosotros pretendemos que para que haya un desarrollo económico y éste sea sostenible, necesitamos tener mano de obra calificada que sólo se obtiene a través de la educación de calidad y el acceso a la investigación tecnológica y científica.

    Tercero, que haya un ambiente de negocios que permita la instalación de empresas; hoy más que nunca en este proceso de globalidad sabemos que no es posible ningún desarrollo económico, que no es posible crear puestos de trabajo si no hay inversión privada, pero nosotros queremos que esta inversión privada esté asociada a los dueños de la riqueza, no queremos un sector privado que extraiga la riqueza de la región y empobrezca más a los pobres del sur de México. Y una cuarta estrategia es que todo este proceso de desarrollo económico genere un fortalecimiento de las instituciones políticas.

    De esta manera nosotros pretendemos en un largo plazo, puesto que un proyecto de desarrollo regional no puede tener una temporalidad corta, a 25 años, pero con un corte de los seis años de este gobierno crear estructuralmente las condiciones para el desarrollo pleno del sur-sudeste de México. Y decía que queremos cerrar el círculo porque actualmente queremos advertir que la sociedad civil se desarrolla y se genera con mayor ímpetu ahí donde no necesariamente la ciudadanía debe vivir de un cargo público, debe formar parte de la burocracia del Estado, tener arreglos comerciales o de negocios con el Gobierno, vivir de concesiones públicas porque cuando esto ocurre, entonces la opinión pública francamente es débil y los medios de comunicación frecuentemente están atados a los compromisos del gobierno.

    Cuando hay desarrollo económico, cuando los empleos mayoritariamente están fuera del gobierno entonces advertimos cómo la sociedad es mucho más activa, los medios mucho más independientes y consecuentemente los ciudadanos tienen una actitud mucho más participativa y vigilante del accionar del poder público. Este círculo de infraestructura física, infraestructura social, desarrollo económico y fortaleza de las instituciones públicas es lo que tenemos que lograr para que realmente nuestra región del sur-sudeste de México tenga un futuro que sea en efecto, sostenible.

    Desde luego nosotros hemos adquirido el compromiso, ya que ha sido la instrucción además del Presidente de la República, de que este proyecto de desarrollo que nos proponemos tiene que ser fundado en el respeto a la diversidad étnica, a los derechos y a la cultura de los pueblos indígenas, a que la sociedad sea consultada con relación a los proyectos a ejecutar y que, desde luego, en todo momento preservemos el medio ambiente.

    ¿Por qué el Plan Puebla Panamá se proyecta hacia la región centroamericana? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno de un país en este caso el de México habla de una propuesta que comprende a ocho países soberanos?

    Si en el centro-norte del país el ingreso per capita es de 4 mil dólares, en el sur-sudeste es de 2 mil Dólares, en Centro América es de un mil dólares, estamos hablando en números redondos, esto nos habla de que necesitamos generar las sinergias necesarias para que crezcamos como una región fortalecida en este proceso de globalidad y alcancemos los fines llamémosle justicia social, bien común, bienestar colectivo, en fin que la gente tenga realmente condiciones y oportunidades para vivir mejor.

    México y Centro América formamos una sola región, pero en este caso hablemos de la región mesoamericana lo que es el sur-sudeste de México y Centro América, una región que tiene un perfil muy similar, problemas muy parecidos, recursos naturales análogos y que se enfrenta a los mismos desafíos del mundo moderno.

    Cuando se habla de procesos de integración necesariamente tenemos que pensar que estamos actuando conforme a la dinámica del mundo contemporáneo, sin embargo estos procesos de integración, y ustedes lo saben muy bien, son sumamente complejos, no es fácil alinear a países que aunque tengan las mismas características socioculturales tienen frecuentemente diversos intereses políticos y económicos y que a veces el pasado nos mantiene atados a cuestiones que debían formar parte ya de la historia.

    Nosotros pensamos que la globalidad ciertamente es un gran desafío o si me permiten ustedes puede implicar incluso un tránsito crítico, si entendemos la crisis como la entienden los chinos, de que es un momento de oportunidad.

    Si nuestros países no tienen economías fortalecidas, empresas competitivas, agresividad para participar en el mercado internacional, si no tienen un sector privado comprometido con su país pero con una visión también global, si no tienen una sociedad que comprenda, y ésta es la tarea de los líderes políticos, que la globalidad no es una cuestión que está en nuestras manos aceptarla o desecharla, que vamos en ella, a pesar o a satisfacción nuestra, aprovecharla de tal manera que se beneficien nuestros propios países.

    Este proceso global exige hoy por ejemplo que no solamente seamos las víctimas de la globalidad, que no sólo de pronto amanezcamos con la noticia de que una maquiladora en alguna región de Mesoamérica cerró sus puertas para instalarse en Asia, no obstante que su mercado sigue siendo el mismo de los Estados Unidos o de que alguna de nuestras empresas quebró porque no pudo competir con los precios de los artículos chinos o de Taiwán.

    Hoy la competencia no está en el exterior solamente, está en el exterior pero también está en el interior, algún empresario local puede pensar que no le interesa tener una consideración de carácter global porque no piensa exportar y sin embargo debiera interesarle porque aunque él no exporte otro sí exporta y viene a competir con él en su propio mercado.

    Este proceso de globalidad exige consecuentemente que nosotros nos pongamos en las condiciones de hacer que nuestro desarrollo económico sea lo más uniforme posible, es decir de crecimiento consolidado para que podamos competir exitosamente en todos los mercados.

    El Plan Puebla Panamá en estas condiciones no propone hacia Centro América la iniciativa de una estrategia de carácter estrictamente económica, lo que propone es un programa de desarrollo regional que nos dé mejores condiciones para participar en la economía global, que cierre la disparidad en el crecimiento social, que aproveche de manera óptima nuestras vocaciones económicas, que genere condiciones de oportunidades para la población, que mantenga los recursos naturales y haga que el desarrollo sea sostenible y al apreciar el valor de la ecología lo haga sustentable, y que todo esto en su conjunto como lo planteamos nosotros para la parte mejicana, nos genere un mejor desarrollo político que fortalezca nuestra vida institucional.

    La democracia no puede agotarse de manera alguna en los procesos electorales, pobres de aquellas sociedades que solamente quedaran satisfechas con saber que ahora un grupo de hombres y mujeres fueron sustituidos por otro grupo de hombres y mujeres pero que las cosas no le cambian y le siguen igual de mal o a lo mejor empeoran.

    La tarea fundamental del hombre de gobierno, del hombre de Estado, de líder político es generar las estrategias y hacer lo posible para que se concreten y que la población viva mejor. La gente vota no sólo para que gane tal o cual partido o para que tal o cual persona ocupe un escaño, una curul, un cargo edilicio en los gobiernos de las provincias o al mando de las repúblicas, sino porque cree que las propuestas que cada partido tiene se van a volver realidad y está convencida, aunque en los últimos tiempos yo no creo que esté muy convencida, de que los políticos hacemos un esfuerzo por cumplir nuestras promesas y que las plataformas de los partidos se van a convertir en programas de gobierno y se vota por proyectos, se vota por programas y no solamente por personas.

    Aún cuando en los tiempos actuales hay un cambio que no podemos nosotros ignorar, que también los ciudadanos están empezando ya más a votar por las personas que por los partidos, y esto debe ser una cuestión que todos debemos reflexionar con la mayor seriedad posible, los partidos políticos a pesar de los muchos juicios adversos que tienen y que no son nuevos. A lo largo de la historia, los partidos políticos siempre han existido y siguen siendo el día de hoy las instituciones insustituibles de intermediación entre la voluntad ciudadana y la constitución del poder público.

    Sin embargo, la presencia cada vez más protagónica de los medios de comunicación de alguna manera amenazan con desplazar a los partidos políticos en esta función vinculatoria del ciudadano con la urna y esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar hasta dónde nuestros partidos como instituciones vivas se modernizan, y hasta dónde los políticos como personas sensibles con sentido común que conocen, o se supone que conocemos, los problemas sociales tenemos la capacidad de articular la demanda de pueblo y convertirla en política pública.

    Quisiera concluir estas breves palabras refiriendo una cuestión de orden personal, habrán escuchado en los datos curriculares que me hizo favor de leer el señor Director del INCEP don José Dávila, que durante muchos años mi militancia política fue en el Partido Revolucionario Institucional, prácticamente milité en el PRI 40 años, yo diría que casi toda mi vida, y debo confesarles que durante mucho tiempo yo asumí que había nacido priista, viviría priista y me iba a morir priista.

    Mi padre era del PRI, mi abuelo era del PRI, en mi familia todos han sido del PRI. ¿Por qué entonces un militante tanto tiempo renuncia a su partido y se suma a un proyecto diferente en este caso encabezado por Vicente Fox?, porque yo creo en primer lugar que las posiciones políticas inamovibles forman parte de los regímenes autoritarios; en la medida que se desenvuelven los sistemas democráticos los militantes políticos tenemos la oportunidad también de reflexionar sobre nuestra militancia. ¿Por qué la inamovilidad política está en los regímenes autoritarios?, porque tienen el monopolio del poder, el control de la sociedad y porque se crece en una cultura impositiva y esto lo tenemos que superar. Muy agradecido por su atención.