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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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ÍNDICE

Editorial:  ¿Una sociedad que tolera el crimen?
Política:  Flores en el exterior
Economía:  El Plan Puebla-Panamá y el desarrollo sostenible
Sociedad:  ¿Plan de Emergencia para el invierno?
Derechos Humanos:  Una vez más: la justicia frente al rostro del dolor
Documento:  Plan de emergencia para la temporada lluviosa 2001
 
 
 
 

EDITORIAL

     Los secuestros se han convertido en un problema endémico para la sociedad salvadoreña. En uno de los hechos más lamentables de los últimos meses, Gerardo Miguel Villeda Kattán —un menor de tan sólo 9 años de edad— resultó muerto, luego de que sus captores se enfrentaran a tiros con agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), de la Policía Nacional Civil (PNC) —dos de cuyos miembros también perdieron la vida en el mencionado enfrentamiento. Aunque todavía no ha sido plenamente establecida la situación en que fue  asesinado el niño, las autoridades fiscales y policiales insisten en que su muerte fue provocada por los secuestradores, uno de los cuales —Eduardo Enríquez, alias el "Gigio"— le habría disparado a corta distancia.

    Es muy probable que las cosas hayan sucedido así; pero también cabe sospechar, mientras no se demuestre fehacientemente  lo contrario, que Gerardo Miguel pudo haber muerto en el fuego cruzado en el que se liaron policías y delincuentes. De ser cierta esta presunción, se tendría que poner en la mira del escrutinio público el procedimiento policial seguido en este caso en particular, para determinar si el mismo fue el más adecuado para proteger la vida del menor asesinado.

     La muerte de un niño indefenso e inocente genera indignación en cualquiera que posea una mínima dosis de sensibilidad humana. Igual indignación provoca el saber del abandono, la soledad y el maltrato a los que iba a ser sometido Gerardo Miguel en manos de quienes lo habían secuestrado, de no haberse producido el trágico desenlace de su muerte. Desde todo punto de vista, es condenable el asesinato a sangre fría de un niño; en el mismo sentido, bajo ninguna circunstancia puede ser tolerado que se violenten sus derechos mediante el cautiverio forzado. Sólo un vacío humano muy hondo puede llevar a determinados adultos a pisotear la inocencia y la indefensión de un niño. Sólo una sociedad que ha perdido el sentido de la decencia puede quedarse con los brazos cruzados mientras algunos de sus miembros violentan los derechos de quienes entre sus miembros son  los más indefensos.

     No se trata de aplicar la justicia con las propias manos, clamar por la pena de muerte o pedir el endurecimiento de las leyes, sino de manifestarse públicamente a favor del respeto a la dignidad humana, en contra de la violencia y en contra de la impunidad. No hay que olvidar que los secuestros constituyen sólo una arista del complejo mundo del crimen, en el que narcotraficantes, robacarros, traficantes de armas, tratantes de blancas y blanqueadores de dinero se disputan la supremacía de cuál le saca mejor partido a la violación de los derechos de los demás.  No hay que olvidar tampoco que el crimen organizado tiene múltiples nexos con importantes grupos de poder político y económico, lo cual ha dificultado hasta ahora trascender en las investigaciones judiciales más allá de ciertos niveles en las estructuras de las bandas criminales. Es decir, la impunidad ha sido, hasta ahora, un obstáculo insalvable para combatir el crimen organizado, lo cual ha dado a sus principales cabecillas la seguridad de ser intocables.

     Llama la atención cómo hay quienes no desaprovechan la situación de crisis provocada por la delincuencia para pedir o el endurecimiento de las sanciones penales o la pena de muerte.
Sobre lo primero, es claro que antes de cualquier endurecimiento penal debe garantizarse la eficaz aplicación de las leyes existentes, aspecto este último que hoy por hoy deja mucho que desear. Sobre la segunda ya ha sido demostrado hasta la saciedad que no contribuye a erradicar el crimen, sino a deteriorar aun más los valores sociales básicos. El asesinato de un asesino siempre es un crimen, aunque sea legitimado por la ley. Amén de eso, cualquier error en una decisión de esta naturaleza es irreparable.

    Este último punto merece una atención especial, puesto que una de las cosas que más ha contribuido a la proliferación del crimen es la ineficacia mostrada por las autoridades en su combate. Eficacia que, evidentemente, no se consigue disparando balas por doquier, ofreciendo dinero a cambio de información, interviniendo los teléfonos o montando campañas en las que se hace alarde de los éxitos policiales. Estas apuestas se han traducido en los más estrepitosos fracasos, como lo muestran la persistencia de actividades criminales que publicitariamente ya se habían declarado erradicadas. Quizás sería bueno que, en materia policial, se le apostara más a la capacitación en técnicas de investigación, a las tareas de inteligencia, a la formación humanística básica y a la depuración institucional. El complemento necesario de esto es un sólido trabajo fiscal, regido por la transparencia y la honestidad a toda prueba.

     Los secuestradores son, sin ningún género de dudas, una de las peores lacras sociales. Su voracidad y su maldad, como vemos que sucede en El Salvador, no conocen límites. Si el llanto y la desesperación de sus víctimas no hacen mella en su conciencia, mucho menos lo harán los ruegos de sus familiares o los reclamos de los diferentes sectores sociales. Saberse a salvo por sus fechorías —por la inoperancia policial, la incompetencia fiscal o las relaciones con que cuentan— aumenta su disposición al delito. De aquí la necesidad de enfrentarlos drásticamente, pero sin violentar los principios de una convivencia social medianamente civilizada. Al mismo tiempo, se deben erradicar las condiciones que favorecen la impunidad, puesto que ésta es el mejor resguardo para los delincuentes y sus secuaces.

      En un país en el que reconocidos estafadores son declarados inocentes, en el que un ex director del Instituto Salvadoreño de Seguro Social se desaparece con varios millones en los bolsillos y en el que un diputado ebrio dispara su pistola contra la policía sin que nada le suceda es un lugar propicio para cometer las peores fechorías. En cierto modo, todos los que no dicen o hacen nada para corregir esos improperios y bajezas tienen algo de culpa por cómo es El Salvador en la actualidad. Más culpables son los que no sólo alaban esos comportamientos como expresión de la "viveza" del salvadoreño, sino que no pierden oportunidad para abusar de los más débiles. Así que ni vale la pena rasgarse las vestiduras: una buena parte de salvadoreños hacen lo suyo —por ejemplo, pisotear los derechos del vecino, abusar con sus vehículos de quienes caminan por calles y avenidas, maltratar a niños y mujeres— para que la vida en este país sea para muchos de sus habitantes una pesadilla.
 

[Extracto]

    "Ningún profeta es bien recibido en su patria". Con esta frase del evangelio de San Lucas, el presidente Francisco Flores despachaba el año pasado a un periodista que le preguntaba por el flagrante contraste entre la aparente aceptación de la que goza en el ámbito internacional y el escepticismo con que buena parte de la población percibía a su gobierno. Así como Jesús fue menospreciado por los habitantes de su propia aldea, Nazaret, Flores sentía que los salvadoreños no sabían apreciar el abnegado  trabajo que realiza junto a su gran equipo de tecnócratas.

    Desde entonces, para paliar las críticas que se hacía al presidente de estar desconectado de la  realidad nacional, se montó una nueva estrategia de publicidad para dar a conocer, en el ámbito nacional, las actividades y logros del gobierno de Flores. Tal iniciativa, al parecer, no tardó mucho en surtir los efectos deseados.
 

[Extracto]

     El pasado 15 de junio se celebró una nueva cumbre presidencial México-Centroamérica, en la ciudad de San Salvador. En esta ocasión, la agenda estuvo matizada por la presentación del denominado "Plan Puebla-Panamá" (PPP), una propuesta del gobierno de México para el desarrollo del sur mexicano y de los países centroamericanos. Este plan se enmarca en un proceso más amplio de cooperación entre ambas regiones, el cual tuvo su punto de inflexión en la "Declaración de Tuxtla Gutiérrez" suscrita en enero de 1991.
 

[Extracto]

    Los terremotos fueron los dos primeros golpes del año 2001. Ahora, las inundaciones constituyen otro de los problemas a los que se enfrentarán las familias que viven en zonas de alto riesgo en el país. El viernes 25 de mayo, tras las lluvias que azotaron el territorio nacional, dos personas perdieron la vida. Luis Humberto Molina, de 6 años, murió ahogado, cuando la quebrada que atraviesa la comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, aumentó su caudal debido a la tormenta. Otra de las víctimas, Julio César Aquino, de 50 años, falleció al ser arrastrado por la corriente, cuando trataba de rescatar a una mujer.
 

    Durante las primeras horas de la mañana del  22 de junio del corriente año, el niño Gerardo Miguel Villeda Kattán estaría  dirigiéndose, como miles de niños y niñas en el país, a su centro de estudios. Junto con ellos y ellas, el resto de habitantes de El Salvador, estaríamos rumbo a nuestras labores diarias; Esta cotidianeidad fue abruptamente interrumpida con el secuestro de Gerardo Miguel y el impresionante operativo policial que se desató. Unas horas después, como un todo orgánico, los todos los salvadoreños  estábamos paralizados; una vez más el dolor hizo un solo rostro para todos y las expresiones de sorpresa, pesar e indignación fueron un eco interminable.

    Los teléfonos de oficinas, casas y celulares se volvieron locos, y tras su repique la misma noticia desgarradora: “ya te enteraste que secuestraron y mataron a un niño de nueve años”, generalmente el receptor del mensaje se quedaba perplejo y sin palabras. Poco a poco, los medios de comunicación divulgaron los detalles de la amarga noticia, expresando que los secuestradores de Gerardo Miguel, al verse copados por las fuerzas policiales, decidieron batirse con sus armas de guerra contra la PNC y como resultado, se sumó de nuevo, otra inocente víctima, a la larga lista de acciones degradantes y superlativamente crueles que ocurren a diario en El Salvador. En el enfrentamiento murieron además dos agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y dos de los secuestradores. Asimismo, se capturó a varios de los delincuentes.

    No se hizo esperar que ese rostro de dolor y frustración de la ciudadanía ante la sangre inocente derramada, se transformara en el clamor por la pena de muerte, quizá como la respuesta más inmediata y casi instintiva (¿primitiva?) de la población ante el aberrante crimen. No faltaron tampoco los suspiros de los ciudadanos —que pese a no haber sido testigos presenciales— se manifestaron por revivir la época del General Martínez, cuando a los delincuentes se les amputaban las manos y se les imponían trabajos forzados, olvidándose que, durante ese mismo régimen, se escribieron también muchas páginas de injusticias y arbitrariedades atribuibles al polémico general. Alrededor del trágico acontecimiento con el niño Villeda, la discusión sobre la efectividad de nuestro sistema normativo jurídico, así como de las instancias encargadas de hacerlo cumplir, renació con un altísimo perfil tal y como ha sucedido muchas veces en el pasado, especialmente cuando sucedieron los casos de asesinato de García Prieto, Katya Miranda, la ola de asaltos a bancos,  secuestros, el reciente caso del Cadete Erick Peña y otros.

    El clamor por la pena de muerte, es en buena parte una primera reacción, hasta cierto punto natural y comprensible al conocer de sorpresa  una barbarie como la ocurrida. Porque aún las expresiones más enérgicas, entendibles frente al asesinato de un niño, son signo inequívoco de un gesto sumamente positivo: la indignación que todas y todos sentimos profundamente ante un crimen, lo cual evidencia que la indiferencia no tiene cabida en la inmensa mayoría de las y los salvadoreños.  Pero de ahí a que este acto reflejo de exigir la pena capital se convierta en la única y adecuada respuesta que el Estado pueda dar ante la criminalidad existe una distancia abismal. Es que diversos estudios han confirmado que la pena de muerte, nunca ha sido una medida efectiva contra la delincuencia, simplemente es la respuesta violenta de una sociedad en contra de la misma violencia a la que dice combatir.

    En otras palabras, tan asesino es el que mata a otro sin motivo, como el que lo hace para castigar al asesino, al final el resultado es el mismo: ambos matan y encuentran la solución a sus problemas como verdaderos seres bestiales. Los que defienden la pena de muerte  afirman que los asesinos del niño Gerardo no tenían derecho a matarlo y que por haberlo hecho son merecedores de una ejecución. En la primera parte de su discurso tienen totalmente la razón,  pero no en la segunda. Lo que no comprenden es que al responder “ojo por ojo” nos estamos convirtiendo en personas tan despreciables como las que mataron a Gerardito y que la sociedad que tiene la pena de muerte es tan criminal como el delincuente que ejecuta.

    Pero debe quedar también claro, que el hecho de que no compartamos la aplicación de la pena de muerte, no queremos decir que las víctimas no tengan derecho a ver sancionados a sus victimarios, mucho menos que deban existir penas blandas e ineficaces. De las discusiones públicas mucho se ha hablado de que, el problema no es de las penas sino de los procedimientos para llegar a éstas y aquí estamos hablando del proceso judicial en general donde se debe considerar:

1) que el ciudadano tenga conciencia de los derechos que posee y los exija, ya que el conocimiento de la normativa jurídica no es materia exclusiva de abogados y funcionarios judiciales;

2) que el ciudadano tenga acceso al sistema de justicia para  poder exigir sus derechos en una instancia judicial capacitada e imparcial, lo que incluye la posibilidad de ser representado digna y adecuadamente;

3) que el ciudadano tenga la posibilidad de probar sus pretensiones y reclamos de justicia en el marco de un debido proceso judicial, en el cual se respeten las reglas del juego previamente establecidas;

4) que dentro de este proceso, al ciudadano le reconozcan estos derechos y no sufra discriminaciones ni atropellos de ningún tipo; y

5) que estos derechos se le hagan efectivos en virtud de una sentencia emitida con justicia.  Si estos cinco factores se cumplieran realmente, el tema de la penalidad representaría un aspecto secundario, debido a que el sistema de justicia estaría realmente comprometido para garantizar la vigencia real de un estado democrático de derecho, lo que no quiere decir, en forma alguna, que el tema de la penalidad quede evadido. Pero de momento, el contexto en que ocurre el terrible asesinato de Gerardo Miguel, nos llama a reflexionar una vez más sobre la institucionalidad estatal por una parte, y sobre el papel de la sociedad civil por la otra.

    En primer lugar, debe analizarse la respuesta que la oficialidad ha dado a este penoso caso, tomando en cuenta por supuesto las diversas actuaciones de las autoridades en casos similares en el pasado. Por la misma experiencia vivida en los últimos años, el IDHUCA ha sido testigo de numerosas denuncias contra abusos perpetrados por la PNC, los cuales han ido desde asesinatos, acosos sexuales, negligencia en investigaciones, pasando por fraudes procesales y últimamente también han sido denunciadas importantes anomalías incluso en su proceso de depuración. Ello sin duda nos ha llevado a tener natural desconfianza —y con justa razón— hacia la PNC.

    No podemos ni debemos olvidar que por ejemplo en el caso García Prieto, la versión oficial de la Policía es que se trataba de un robo, cuando en investigaciones posteriores quedó  desvirtuada esta posibilidad; tampoco quedan en el olvido las declaraciones del anterior director de la Policía y del ex ministro de Seguridad Pública, quienes sin tapujos afirmaban que el joven Adriano Vilanova habría muerto atropellado por un vehículo, siendo la verdadera historia que su muerte se debió a una paliza que propinó la misma corporación policiaca; ¿y el fraude procesal en el caso Lorena Saravia? ¿y el encubrimiento en los casos Gaytán y Manzanares? ¿y la promesa del actual director de la PNC de resolver el caso Katya en 15 días? En esas circunstancias el trabajo policial debe verse con lupa.

    Por ello es que, sin caer en una actitud  confrontativa o excesivamente prejuiciada, creemos necesario que se analice profesional y objetivamente el procedimiento policial utilizado para “rescatar” al niño Villeda. Esto porque, si bien es cierto que el secuestro del niño tiene su origen en la voluntad malsana de los secuestradores, la reacción de la PNC tuvo como resultado en el “lado de los buenos” el fallecimiento del rehén y de dos agentes policiales.

    Visto operativamente, este procedimiento es un fracaso completo. El grupo élite de la PNC que intervino en el asalto, contaba con un entrenamiento suficiente para saber qué hacer en un escenario como el que se le planteó, además era obvia la abrumadora superioridad numérica con que contaba, la cual contrasta con el frío número de los resultados fatales para cada uno de los bandos. Y el fracaso más importante es que la pequeña víctima sólo pudo ser evacuada del lugar en las indeseables bolsas de plástico.

    En un país normal, este operativo ya le hubiera costado el cargo a más de un jefe policial, cuando no un enjuiciamiento político y penal. En varios círculos sociales del país se comenta también que para cualquier padre de familia hubiera sido preferible negociar y pagar un rescate, incluso bajo supervisión policial, que haber perdido a un hijo o hija en un operativo relámpago de rescate. De ahí la imperante necesidad que se revisen los manuales, instructivos y procedimientos que utiliza la corporación encargada de la seguridad pública para este tipo de eventos.

    Mucho se ha exaltado a través de los medios de comunicación la “justificación”de la acción policial y se diluye este tema —intencionalmente o no— subrayando la maldad de los bandidos y pidiendo la pena de muerte para los mismos. Por otra parte, muchos de los que públicamente se están rasgando las vestiduras o están rasgando los derechos constitucionales de todas las personas, no han dicho esta boca es mía en otros horrendos crímenes como la masacre de los jesuitas, la muerte de Katya Miranda, entre muchos otros casos.

    Además, parece ser que, en este caso, la Fiscalía General de la República no tendrá mayor problema para lograr la condena de los acusados, salvo que ocurriera algo extraordinario, sin embargo como institución encargada de la persecución del crimen, ha tenido también duras críticas, especialmente por no lograr buenos resultados en los casos de Katya Miranda, FEDEFUT,  FINSEPRO-INSEPRO, y otros donde la ciudadanía tenía muchas expectativas, lo cual lógicamente deja a dicha institución, acreedora de poca confianza entre los ciudadanos. Por tanto, no podemos dejar de mencionar que aunque se logre la condena en contra de esta banda de secuestradores, habrá que ver si valió la pena, dado que un simple caso de secuestro, ha tenido que ser tramitado como homicidio agravado.

    Con relación al Órgano Judicial, habrá que ver cómo se comporta en el trámite de este asesinato, debido a que muchas veces ha sido el arma de la que se han valido los criminales para perpetuar su impunidad, a tal grado que incluso el mismo departamento de estado de los Estados Unidos lo consideran como ineficiente y arbitrario.

    A ese sistema es al que debe enfrentarse esta nueva víctima, esperamos de todo corazón que al final de este calvario se logre sancionar y condenar enérgicamente a los responsables del delito en el niño Villeda y en los agentes policiales. La sociedad por su parte, debe pasar cada vez más de la indignación a la acción, pero a una acción positiva, propositiva dirigida a la exigencia de sus derechos ante las autoridades, pero ojalá que lo haga, dejando a un lado la simple reacción primaria, vengativa y sin imaginación, esperamos que no se contagie la alegría de algunos por el asesinato de “gigio”, ya que eso también nos deshumaniza y nos hace perder el valor por la vida. Otra vez tenemos a la justicia frente al dolor. Esperamos que ahora el sistema de justicia y la sociedad se comporten a la altura.

DOCUMENTO

Descripción de la estación lluviosa en El Salvador

     El Salvador, por estar situado en el cinturón climático tropical, muestra grandes oscilaciones en las precipitaciones atmosféricas durante el curso del año  y en la propia estación lluviosa.

     La estación seca principal ocurre durante el semestre invernal (en el hemisferio boreal, entre Noviembre y Abril).

     Típicos además son los máximos de la actividad lluviosa unas semanas después del paso del sol por el cenit.

     En El Salvador, desde el punto de vista meteorológico se dan dos estaciones y dos transiciones bien marcadas.
 
 

Epoca del año	Inicio	Final	Duración (días)
Estación seca	14 de Nov.	19 de Abril	157
Transición seca-lluviosa	20 de Abril	20 de Mayo	31
Estación lluviosa	21 de Mayo	16 de Oct.	149
Transición lluviosa-seca	17 de Oct.	13 de Nov.	28

    En el mes de Abril, en su segunda mitad, comienza normalmente la transición seca lluviosa, manifestándose lluvias intensas que ocasionan inundaciones principalmente  por la falta de limpieza de los tragantes.  En horas posteriores al mediodía el desarrollo nuboso, y en horas de la noche los primeros relámpagos al norte del país, señalando el inicio de la transición.

     El mes registra de cuatro a cinco días con lluvia, la variabilidad de la cantidad de lluvia caída durante el mes es muy grande.

     En la última fase del mes de Mayo comienza la estación lluviosa asociada a las ondas de los estes que se desplazan en el Mar Caribe, generando fuerte inestabilidad y tormentas eléctricas y lluvia en forma de chubascos.

     La estación lluviosa comienza al Norte, una semana después al Occidente central, tardándose más hacia la parte oriental. Esto tiene que ver con la disposición de los sistemas montañosos que favorecen las lluvias por ascenso orográfico.

     En los primeros quince días del mes las ondas de los estes aún no se presentan perfectamente definidas y toda la lluvia en ese período es marcadamente orográfica.

     En Junio se produce el primer máximo de la actividad lluviosa y son atribuibles a la influencia de las ondas de los estes; y la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) en el Pacífico (sistemas de bajas presiones). Esto permite tener la condición de un temporal con una duración promedio de dos a tres días

     Las lluvias en el mes de Julio comienzan a ser menos frecuentes durante las horas diurnas, concentrándose preferentemente en la noche y generalmente son menores que las ocurridas en el mes anterior.

     Ya en la segunda década (11-20) frecuentemente se manifiestan las canículas (períodos de días soleados, sofocantes y sin registro de lluvias).

     En el mes de Agosto las lluvias se concentran en la noche y las canículas se presentan en el transcurso del mes con periodos cortos.

     En Septiembre se esperan condiciones de lluvia copiosa y de mayor magnitud causantes de una sobresaturación del suelo, además de presentarse dos temporales durante este mes. Ya en Octubre se inicia la transición lluviosa-seca, pero se encuentra dentro de la temporada de huracanes para la región del Caribe con probabilidades de que cuando se presenta el evento de la niña ocurre por lo menos un temporal o el acercamiento de un sistema de ciclón tropical.

Probabilidad de ocurrencia de temporales en el 2001

     Dados los pronósticos previstos y que nos mantenemos fuera del evento El Niño, los temporales serán relevantes principalmente en los meses de Junio-Septiembre y Octubre. La posibilidad de que al menos dos se presenten y como máximo tres a cuatro, estarán dentro de un margen aceptable durante la estación lluviosa del presente año.
 

     Las anomalías de la precipitación en cada estación lluviosa están asociadas al comportamiento de la variabilidad climática, lo que se conoce como FENÓMENO EL NIÑO, LA NIÑA Y EL VIEJO. Las características principales del NIÑO, es en base a la condición de temperatura de la superficie del mar, con valores arriba del promedio, que sobrepasan los 27 grados Celsius, dándose en las costas pacíficas del hemisferio Sur de Ecuador y Perú.

     La masa de agua caliente genera circulaciones de viento que favorecen a reducir la producción de lluvia en El Salvador, hasta un 20 % abajo del promedio normal. Si la temperatura en las costas de Perú es más fría de lo normal, está indicando que habrá una incidencia del evento la NIÑA, lo cual nos hace prever un comportamiento cuantitativo mayor de las lluvias que el promedio anual en cada uno de los puntos del país. Además de eso el número de inundaciones aumenta de moderado a severo incurriendo en pérdidas económicas sustanciales y algunas veces de pérdidas de vidas.

     Cuando se menciona que el evento se le conoce como el VIEJO, nos indica que la temperatura de la superficie del mar en el hemisferio Sur costas pacíficas de Perú, se mantiene dentro del rango de temperatura del promedio. Esta fase indicará la predicción de una estación lluviosa normal.

     Bajo estas correlaciones se acercan los resultados cercano a la realidad, esperando que los movimientos termodinámicos de la troposfera media sean compatibles a las afirmaciones presentadas.
 Los análisis indican para este año, condiciones de un evento EL VIEJO, mostrando un comportamiento de lluvias normales oscilando las cantidades entre 1500 milímetros en la zona costera, 1800 en valles interiores y 2200 milímetros en zonas altas durante toda la estación lluviosa y con probabilidades de al menos de tener cuatro temporales en diferente meses, centrándose uno en el mes de Junio, otro en el mes de Agosto y dos en el mes de Septiembre.

     Otro de los aspectos fundamentales es la presión de la superficie sobre el Mar Caribe, que durante la estación del presente año será más baja y por lo tanto reforzará las condiciones planteadas anteriormente. La actividad es comparable con las estaciones de 1995, 1996 y 1998.
 Según la referencia, al menos un sistema de tormenta ingresa a la región de Centroamérica. Durante 1995, entre el 17 y el 20 de Junio, un sistema de baja presión generó una situación de temporal, ocasionando severos daños en la agricultura. Asimismo, en 1996, el Huracán César provocó incremento sustancial de las lluvias, siempre con daños en la agricultura. En 1998 se sufrieron los efectos más graves a consecuencia de la Tormenta Tropical Mitch.
 
 

NOTICIAS

 BORDAS. Los habitantes de la colonia Las Colinas, donde ocurrió un deslave causado por el terremoto del 13 de enero, manifestaron que las bordas construidas para prevenir nuevos deslaves no funcionaron tras las últimas lluvias. El 26.05, los habitantes denunciaron que los trabajos de mitigación de riesgos realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo los  lineamientos técnicos de Ministerio de Medio Ambiente, lejos de brindar seguridad, se han convertido en amenaza. Los vecinos de la comunidad mostraron su preocupación ante la amenaza  provocada por las lluvias. "Así como se han hecho esas bordas puedan convertirse en una represa que pueda explosionar, tirar esta cantidad de tierra con tanta fuerza que va a venir a causar más desgracia", expresó un habitante de la zona. Según fuentes del MOP, la construcción de estas bordas no es competencia directa de esa cartera de Estado, pero se tuvo que hacer por la emergencia del terremoto. La institución habría invertido más de 1 millón 600 mil colones en los trabajos de mitigación. En la colonia Utila, próxima a Las Colinas, las lluvias causaron deslizamientos de lodo que inundaron algunas viviendas. Los residentes de la zona aseguraron que el gobierno utilizó el deslave de Las Colinas para mover la conciencia de la comunidad Internacional y recoger fondos. Además, demandaron que el gobierno desarrolle verdaderas obras de mitigación (Noticiero Hechos, Canal Doce, 28.05.01; EDH, 29.05.01, p.17).