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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 958
julio 4, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Cuidado con la policía
Política:  Interrogantes sobre dos asesinatos
Economía:  La apuesta por la maquila
Sociedad:  ¿Y la ayuda para los damnificados?
Comunicaciones:  Los medios y el crimen contra Gerardo Villeda
Derechos Humanos:  Un sano ejercicio

EDITORIAL

    El secuestro y el asesinato de un niño de nueve años es un hecho repugnante, que debe ser condenado en los términos más enérgicos; así como también son lamentables las bajas sufridas por la Policía Nacional Civil. El secuestro es un crimen vil, que demuestra simultáneamente la degradación social que padecemos y la vulnerabilidad en la cual vivimos. Es necesario, pues, repudiar el secuestro y mostrar solidaridad con las víctimas y sus familiares, pero también hay que señalar que el procedimiento utilizado por el gobierno para combatirlo, modificando leyes cada vez que un nuevo crimen lo sobresalta, es inadecuado, tal como la experiencia vuelve a confirmarlo de una forma dramática y triste. Por eso, es indispensable tomar distancia del discurso gubernamental y del sensacionalismo de la gran prensa.

    Las reacciones, incluida una intervención en cadena nacional de radio y televisión del presidente Flores, no se han hecho esperar y, de paso, nos han defraudado. Exceptuando algunas voces más reflexivas, todas las demás se pronuncian por aumentar los controles sobre la población sospechosa, cualquier cosa que esto pueda significar, endurecer las penas, incluyendo la cadena perpetua, e incluso introducir la pena de muerte, para lo cual no sólo habría que cambiar la Constitución, sino que, además, habría que renunciar a una serie de tratados internacionales.

    La reforma de las leyes y los códigos es una constante de todo Estado democrático, pero hacerlo de manera improvisada, como reacción a acontecimientos que se salen fuera del control de las autoridades y sobre todo para no hacer lo que en realidad éstas debieran hacer, es atentar contra la estabilidad del Estado. Todas estas reacciones no son otra cosa que manifestaciones de impotencia, cuando no una pantalla para desviar la atención de los verdaderos problemas de la seguridad ciudadana.

    No obstante los esfuerzos de la dirección de la Policía Nacional Civil, los hechos no están claros. No es convincente la existencia de una llamada anónima alertando sobre el secuestro, ni que la policía no haya podido impedirlo, ni cómo ésta llega al lugar dónde los secuestradores retienen al niño. Tampoco hay claridad sobre las condiciones en las cuales los agentes de un cuerpo muy especializado entraron en la vivienda: cuando oyeron gritos, cuando oyeron disparos, cuando oyeron ambas cosas o cuando les dispararon. El caso es que la acción policial puso en grave peligro la vida del pequeño rehén y su resultado es desastroso: el niño muerto y dos policías especializados también muertos.

    La pregunta que cabe hacerse es por qué la policía no fue más cautelosa. Su director tiene una respuesta. No se trataba de un rescate. Si éste hubiera sido el caso, hubieran tomado muchas más precauciones para salvar la vida del niño. Aquí se trataba de lo que han dado en llamar un operativo de emergencia, dado que la policía habría sido atacada por los secuestradores. Pero de los informes de la prensa no se saca en claro si la policía atacó porque escuchó disparos dentro de la vivienda o porque los secuestradores le dispararon a ella.

    De nuevo, se puede volver a preguntar, por qué si la policía que rodeó a los secuestradores sabía que tenían en su poder a un rehén, no tomó distancia, cerró la zona, estableció un puesto de mando en el sitio e intentó negociar. El director también tiene respuesta para esto: la policía no negocia con secuestradores. Y agrega, a modo de explicación, que era innecesario que éstos asesinaran al niño, porque ya estaban copados, por consiguiente, tendrían que haberse entregado y respetado la vida del niño. A juzgar por estas declaraciones, el director de la policía sabe muy poco de secuestros. Cree que está jugando a policías y ladrones, quienes se rinden, poniendo fin al juego, cuando son rodeados.

    Una policía seria y responsable sabe que los secuestradores no están jugando, que tienen en sus manos la vida del rehén y que su supervivencia depende de la vida de éste. Sin embargo, el director insiste y alega que los secuestradores salvadoreños no son tan crueles como para quitar la vida a un niño. Si lo hicieron, fue por influencia de colegas guatemaltecos, quienes al verse en una situación tan apurada, por lo general asesinan a sus víctimas. Si ahora hay más violencia en los crímenes que se cometen en El Salvador, sería por la mala influencia de los guatemaltecos, según esta curiosa interpretación del director de la Policía Nacional Civil.

    El forense ha desautorizado las declaraciones del Fiscal General de la República, quien aseguró que el niño habría muerto de un disparo hecho a corta distancia. Más aún, el examen del cadáver muestra que las balas entraron y salieron del cuerpo del niño y que su trayectoria es recta. En buena teoría forense, esto significa que las siete balas que dieron en el niño fueron disparadas de lejos y no de cerca. Este hecho todavía no ha sido explicado por las autoridades.

    Para complicar más las cosas, el principal sospechoso de haber disparado contra el niño, según las autoridades, fue asesinado a las pocas horas de haber ingresado en la sección especial de una cárcel de máxima seguridad. El director del penal asegura que es cosa de magia, porque no sabe explicar cómo se produjo el asesinato, ni su falta de control sobre unos prisioneros considerados peligrosos. Mientras tanto, el director de la Policía Nacional Civil asegura que se trata de un ajuste de cuentas entre secuestradores y fundamenta su aseveración en historias sobre las rencillas de éstos.

     Con todo, debe ser cosa de magia, porque el ahora occiso, cuando ingresó a la prisión aparentemente no puso reparo en ser colocado en el mismo sitio donde estaban quienes lo asesinaron. Poco antes, había pedido que se hicieran experticias sobre las balas disparadas contra el niño. Además, llama mucho la atención la calma con la que las autoridades se han tomado el hecho, siendo que se trata de uno de los protagonistas principales del secuestro y posterior asesinato del niño. Las investigaciones no pueden proseguir como si nada hubiera pasado, tal como aseguró el director de la Policía Nacional Civil. Las amenazas de las cuales ha sido víctima la abogada encargada de la defensa de los acusados han sido recibidas con la misma tranquilidad y no han sido investigadas. Con toda seguridad, esas amenazas no provienen de otras bandas de secuestradores que se oponen a la defensa de sus colegas acusados.

    Para la Policía Nacional Civil lo más importante es ganar la guerra que cada vez adquiere más la forma de cruzada contra el crimen, no salvaguardar la vida de las víctimas. Si alguna de éstas cae, es algo que lamentar, pero nada más. Siendo esto así, lo mejor es mantener alejada a la policía, porque su director puede decidir aprovechar la ocasión para un despliegue publicitario. No estamos en buenas manos, puesto que la policía lleva su guerra sin preocuparse de las bajas.
 

[Extracto]

    A los múltiples rumores e interrogantes que circulan en el país desde la semana pasada acerca de las circunstancias que llevaron a la muerte del niño Gerardo Villeda, se añaden, en esta ocasión, otras tantas relacionadas con el motivo del misterioso asesinato del principal implicado en el secuestro y —según las autoridades— responsable directo de la muerte del menor. La población aún no se había repuesto de la conmoción provocada por el horrendo crimen cuando se anunciaba el asesinato por asfixia, al interior de su celda, de Eduardo Henríquez, alias "el Gigio", Este último habría sido ejecutado por miembros de otras bandas, con quienes mantenía rivalidades y rencillas personales. Con esta última explicación, las autoridades del centro penitenciario se lavaron las manos, dejando a la Fiscalía General de la República la tarea de encontrar a los culpables.

ECONOMÍA

[Extracto]

     Prácticamente, desde inicios de la década de los noventa las evaluaciones económicas gubernamentales han hecho de la estabilidad macroeconómica un sinónimo de éxito de la política económica. Así, cuando los miembros del gabinete económico evalúan su desempeño, toman como referencia datos como las tasas de crecimiento (las cuales hasta 1996 fueron considerablemente altas), la estabilización del tipo de cambio, la acumulación de reservas internacionales netas y la reducción de las tasas de inflación.

     La maquila textil se ha convertido, en este contexto de estancamiento de las empresas locales, en uno de los sectores económicos "domésticos" más pujantes. Según estimaciones oficiales, éste representa cerca de 60% de las exportaciones netas y en él se generan decenas de miles de  empleos. Dicho sector —a criterio del ministro de Economía, Miguel Lacayo— es una de las muestras más palpables de los beneficios de formar parte de los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). De hecho, se espera que para finales de 2001 las empresas maquileras generen otros 64,000 puestos de trabajo.
 
 

SOCIEDAD

[Extracto]

     Casi se han cumplido seis meses luego de la tragedia del primer terremoto de enero pasado y la sociedad salvadoreña prácticamente ya ha olvidado, deliberadamente o no, aquellos difíciles momentos para ocuparse de otros asuntos. En efecto, los secuestros, la delincuencia, los procesos judiciales en contra de estafadores, violadores y delincuentes, y la extraña pérdida de un paquete de donativos japoneses han ocupado la atención de la opinión pública en las últimas semanas.
 Precisamente, este último hecho, en el que un grupo de eminentes empresarios se quedó con la mayor parte del cargamento de fertilizantes —donados por el gobierno de Japón para beneficiar a campesinos de escasos recursos—, impone la necesidad de ejercer prontamente la contraloría social y fiscalizar la recepción y distribución de la ayuda recibida hasta el momento.
 
 

     En la película Wag the dog, un presidente estadounidense, desesperado por distraer la atención de la gente de un escándalo sexual en el que él estaba involucrado, se inventó una guerra en Albania. Por un momento, el asistente de la Casa Blanca (Robert de Niro) y un productor de Hollywood (Dustin Hoffman) cumplieron el deseo del presidente. Se contrataron actores y se crearon escenarios de guerra; hubo sangre y bombardeos. En la sátira de Barry Levinson, la distracción de la opinión pública triunfó por mucho tiempo, pero no fue eterna. Aunque con un alto grado de exageración, esta cinta retrató algunos vericuetos de la política estadounidense. Y eso no se le puede reprochar al cine, porque sino no es cine. Aquí está también retratado lo que los teóricos llaman manipulación de la información. La Casa Blanca, con su supuesta guerra en Albania, hizo uso de una de sus armas preferidas para controlar la opinión pública: los medios de comunicación. Y los norteamericanos tienen mucha experiencia en esto, sobre todo después de los problemas que tuvieron para continuar su guerra en Vietnam en los años sesenta.

     En los últimos años, la policía nos ha estado dando espectáculos similares al de la película Wag the dog. El caso más reciente fue el del secuestro y asesinato del niño Gerardo Villeda, ocurrido cuando la policía intentaba rescatarlo. Aunque la tragedia no fue inventada, pareciera que, de alguna manera, la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaba sacarle algún provecho publicitario al intento de rescate. Y eso no sería raro, porque lo ha estado haciendo desde hace varios meses y especialmente desde que Mauricio Sandoval empezó a dirigir la institución. Por ejemplo, en el programa Cuatrovisión (y algunos otros medios), frecuentemente presentan paso a paso cómo se desarrollan algunos operativos policiales. Los periodistas generalmente llegan al mismo tiempo que los policías a los lugares donde se efectuará algún cateo, una captura o un allanamiento. Tanta apertura de parte de la policía es sana sólo en parte, porque la información sobre criminales debería mantenerse con cierta confidencialidad para garantizar los procedimientos policiales y judiciales.

     En el caso de Gerardo Villeda, varios periodistas, que cubrieron el operativo montado por la PNC en la casa donde se habían ocultado los secuestradores del niño Villeda, dicen que sus ‘fuentes’ en el cuerpo policial les avisaron a tempranas horas sobre el hecho. “Es una vergüenza —dice el periodista Carlos Hermann Bruch— que (los policías) avisen a los medios informativos hasta un día antes de sus operativos”. Los periodistas esta vez no se enteraron con tanta anterioridad, pero sí tuvieron el tiempo suficiente para filmar el intento de rescate del secuestrado. Las cámaras grabaron, a distancia, todo lo que ocurrió antes y después de que los agentes del Grupo de Reacción Inmediata (GRP) entraran a la casa en donde permanecía el niño. Estos espectáculos se han hecho rutina en la institución. Después de todo, la dirección de la PNC sabe que el bombardeo publicitario sobre el ‘eficiente’ desempeño de los agentes le puede valer unos cuantos puntos arriba en las encuestas de opinión pública y, de paso, le quita un dolor de cabeza más al presidente Francisco Flores.

    El periodista Carlos Hermann Bruch dice que, para contrarrestar su mala imagen, el organismo policial ha destinado grandes esfuerzos en lo que los comunicólogos llaman “antipublicidad” (la misma de Wag the dog). En una de sus columnas de opinión, Bruch afirma que “la PNC, tras ser criticada con justos argumentos, por su clara inoperancia, debido a que la seguridad de un país entero se le ha ido de las manos, ha decidido sacarle al máximo las capacidades de publicista a su director” (El Diario de Hoy, 25 de junio, p.110).  En su artículo, este periodista critica duramente la actuación policial en el caso del niño Gerardo Villeda y lo compara con un espectáculo circense.

     La prensa, siguiendo algunas metas loables pero también la de inmediatez e interés por lo trágico, dio una abundante cobertura a este secuestro. Su papel fue muy importante en los primeros momentos. La televisión y la radio dieron la noticia con mucha rapidez, gracias a esas fuentes ‘confidenciales’ que los mantienen al tanto de cada movimiento de la policía. Los periódicos ( El Diario de Hoy y  La Prensa Gráfica), que han sido especialmente analizados para este artículo, incluyeron los puntos de vista de distintas personas, directa o indirectamente, relacionadas con este caso: los familiares de la víctima, los maestros y compañeros de colegio del niño, las autoridades judiciales y policiales, los capturados el día del secuestro y los habitantes del área donde ocurrió el crimen, entre otros.

    También consultaron fuentes especializadas, que aunque anónimamente, evaluaron los procedimientos policiales. En ambos periódicos, esas fuentes cuestionaron la actuación de la policía, que supuestamente no adoptó la negociación como eje principal para el rescate.

    Desafortunadamente, ninguno de los diarios profundizó en esta línea de análisis. La prensa escrita ha continuado con el seguimiento de las informaciones del caso y también de la discusión sobre las reformas penales que se ha reavivado tras el asesinato de Gerardo Villeda. La amplia cobertura de este caso ha alentado el debate del problema delincuencial y sus posibles soluciones. Lastimosamente, tal debate no se ha asumido con la seriedad que muchos desearían.

     Los medios noticiosos han sido responsables, en parte, de que la tragedia de la familia Villeda se haya quedado en tanta superficialidad. La mayoría de medios han estado promoviendo en la última semana medidas punitivas tan polémicas como la pena de muerte, la cadena perpetua y la castración. Las han promocionado como si fueran cualquier otro producto de mercado que va a satisfacer una necesidad de la población, sin la debida contextualización y análisis periodístico que esas medidas ameritarían para que la gente se forme un criterio juicioso al respecto. Por ejemplo, ningún matutino de los analizados incluyó en sus páginas una investigación bien documentada sobre la pena de muerte con las opiniones de sus partidarios y adversarios o con los estudios de sus resultados en los países donde es legal.

    La prensa se dedicó simplemente a exaltar la emotividad y la impotencia de la población. Los medios dieron espacio a sugerencias que iban desde la imposición del Estado de Sitio y el toque de queda, hasta los que eventualmente proponen la vuelta al tiempo del General Hernández Martínez. En palabras de Salvador Samayoa, “Que los pueblos puedan y deban expresar su reacción emocional o su angustia y desesperación es una cosa. Que se eleve la desesperación a política de Estado es otra cosa muy diferente” (El Diario de Hoy, 28 de junio, p.32). Los medios no han logrado ver esa diferencia a juzgar por el tratamiento de la información en los últimos días.

     Tampoco fueron cautelosos en la información que dieron al principio. Al inicio, insistieron en las versiones oficiales que eximían a la PNC del trágico desenlace del rescate de Gerardo Villeda. Hay una larga lista de suposiciones en las páginas de la prensa escrita. Esos supuestos prevalecieron en detrimento de datos concretos y versiones de más solidez. Por ejemplo, los periódicos repitieron en varias oportunidades que el principal sospechoso del asesinato había sido Eduardo Henríquez.

    Prácticamente lo condenaron. A pesar de la insistencia de los periodistas, Medicina Legal no pudo recoger la evidencia necesaria al respecto, pues no encontró tatuajes de pólvora en el cuerpo del niño. Los matutinos, sin embargo, habían reiterado las versiones de que sí los había, incluso antes de que fueran practicadas las autopsias del niño secuestrado, dos policías y dos de los captores que también fallecieron en la refriega. También resaltaron la actuación policial como un acto de heroismo, cuando estaban llanamente en el cumplimiento de su deber.

     Tuvo que pasar más de una semana para que los periodistas reflexionaran con más profundidad sobre lo ocurrido. Eso se notó al menos en la revista dominical Vértice de El Diario de Hoy en un análisis titulado “Crímenes de sociedad”. Hablando sobre la indignación social que se ha gestado y el debate de reformas legales, el periodista Rafael Menjívar Ochoa dice que “el clamor actual en pro de la pena capital proviene del conocimiento inexacto y parcial de lo ocurrido, y de declaraciones de altos funcionarios ahora desmentidas por los forenses”. Sobra  decir que precisamente esa información ‘inexacta y parcial’ apareció en la mayoría de medios, El Diario de Hoy incluido. Pese a las evidencias que se han ido acumulando, agrega Menjívar, “la versión inicial de los hechos sigue considerándose verdadera, e intenta utilizarse el furor social para endurecer un sistema legal que quizá no sea del todo eficaz, en buena medida debido a la demostrada falta de capacidad de las instituciones”. Este tipo de razonamientos debieron ser más comunes en los medios noticiosos.

     Otro aspecto importante señalado por el periodista de Vértice es el hecho de que en el grupo de victimarios (y sus similares) confluyeran personas que por problemas históricos (y a veces hasta personales) quedan en un limbo social y, al no encontrar mecanismos para reintegrarse a la sociedad, se convierten en los renegados, en una especie de hampa marginal. Este es el caso de dos de los secuestradores: Eduardo Henríquez (ex miembro de un batallón de reacción inmediata) y Rolando Bautista (un ex guerrillero); además, está el caso de Iván Cruz Cañada, un deportado con récord delincuencial en los Estados Unidos y principal sospechoso de haber asesinado a Henríquez dentro del Centro Penal de Gotera.

    La marginación que enfrentan estas personas (los ex combatientes al finalizar la guerra y los deportados al regresar a su patria) no justifica en absoluto sus acciones criminales, pero sí da el contexto para entender la complejidad que ha alcanzado la delincuencia en nuestros días. En ese sentido, esta contextualización también podría arrojar algunas luces sobre las causas que hay que atacar para mitigar el problema de violencia en nuestro país. Tal vez así algunos dejan de obstinarse en la simple búsqueda de los castigos más eficaces. En esta misma lógica, se sitúa Salvador Samayoa, quien ha opinado que “la pena de muerte puede satisfacer sicológicamente el clamor social de castigo a los criminales, pero definitivamente no es efectiva para reducir los homicidios u otras modalidades de graves delitos” (El Diario de Hoy, 28 de junio, p.32).

     En cuanto a las líneas editoriales de los dos matutinos, fueron bastante coherentes con sus líneas informativas. El Diario de Hoy reiteró su apoyo a la instauración de la pena de muerte. Apoyándose en la supuesta disminución de secuestros en Guatemala, donde existe la pena capital, este matutino abogó porque la medida también se adopte aquí. Trajo a cuenta nuevamente la pretendida impunidad que promueven las leyes salvadoreñas con el argumento de que favorecen más a los criminales que a las víctimas; señaló la falta de formación moral y el temor de los ciudadanos a denunciar a los delincuentes por la falta de protección de testigos (25 de junio, p.23). La Prensa Gráfica, por su lado, respaldó y alabó abiertamente el procedimiento de la PNC. La consumación total de la justicia en este caso se dejaba en manos del sistema judicial. Este discurso coincide con el del poder Ejecutivo y de las gremiales empresariales.

     Muchos han lamentado ya el hecho de que fatalidades como la de este niño tengan que ocurrir para que se retome la búsqueda de soluciones al problema de la violencia común y organizada en el país. Salvador Samayoa decía que la ira desatada por los secuestros en los últimos días ha sido, hasta cierto punto, sana, “terapéutica” y “catártica”. Ya los salvadoreños aparentamos estar muy acostumbrados a codearnos con la muerte, nada parecía indignarnos (aunque seguimos indiferentes ante la muerte de los niños por diarrea o por neumonía).

     Los medios han sido catalizadores de la indignación de los salvadoreños, pero también pueden convertirse (y algunos lo hicieron) en canales que propician una visión simplista de nuestros problemas. Por otro lado, también son cuestionables los intentos de la PNC por crearse una buena imagen al convertir los operativos policiales en una especie de espectáculo. En Wag the dog,  los personajes representados por Hoffman y De Niro no pudieron sostener su “fanstasía” por mucho tiempo. En la película, quedó comprobado que la difusión de una imagen basada únicamente en el juego de acción es pasajera, no puede sostenerse en el tiempo y tampoco solidifica el prestigio de nadie ni de nada.
 
 

Colaboración de Xiomara Peraza y Nátaly Guzmán. Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

DERECHOS HUMANOS

    En horas de la tarde del pasado miércoles 13 de junio, a pocas horas de la visita del presidente mexicano a nuestro país, los alrededores de la recién estrenada Casa Presidencial y de la Feria Internacional fueron ocupados por miles de campesinos que reclamaban la entrega de mil dólares a los llamados “ex patrulleros”. Como en ocasiones anteriores, el ambiente se fue enrareciendo poco a poco y comenzaron a “sonar los tambores de guerra”. Los ánimos de los reclamantes, encendidos más por un decreto emitido días antes por la Asamblea Legislativa, y la actitud gubernamental de rechazo a las demandas resultaban ser —a esas alturas— ingredientes suficientes para que el choque entre ambos bandos se produjera.

    Sólo era cuestión de tiempo. Sin embargo, el enfrentamiento no ocurrió y los acontecimientos tomaron otro rumbo. A continuación se ofrecen, para su conocimiento más amplio, los documentos que hasta la fecha han servido de base para refrescarnos la imaginación en la búsqueda de soluciones más inteligentes a los problemas. Son éstos los compromisos sobre los cuales, en este momento, se ha construido una posible salida pacífica y definitiva a este conflicto.

    El primero de ellos fue elaborado en la madrugada del jueves 14 de junio y su texto es el siguiente:
 

En las instalaciones de la Feria Internacional, ubicadas en la ciudad de San Salvador, a la una de la mañana del día catorce de junio del dos mil uno, los suscritos doctor Marcos Alfredo Valladares Melgar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones y licenciado Benjamín Cuéllar Martínez, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, por medio de la presente hacemos constar que estando reunidos en lugar, día y hora antes señalados con los señores representantes de las organizaciones de los ex-patrulleros, nos comprometemos a realizar las gestiones siguientes:  1. Integrar en lo inmediato una comisión amplia y plural con el objeto de buscar una solución razonable, justa y pacífica a las demandas de los ex-patrulleros aglutinados en las organizaciones antes mencionadas;  2. Con dicha comisión, buscar espacios de concertación con el sector gubernamental a efecto de establecer las vías más adecuadas para la solución de la problemática;  3. Notificar los resultados de las gestiones realizadas a los representantes de las citadas organizaciones a más tardar el lunes dieciocho de los corrientes; y  4. Comunicar posteriormente a la opinión pública la posición de la comisión sobre las alternativas de solución desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones. Lic. Benjamín Cuéllar Martínez Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

 Cuatro días después, sin obtener ninguna respuesta gubernamental pese a las gestiones realizadas y tras el veto presidencial al decreto legislativo mencionado al principio, se entregó el siguiente texto a las organizaciones demandantes:
 
 

San Salvador, 18 de junio del 2001. Señores  Agrupaciones de Ex Patrulleros Presente.  Los suscritos miembros de la Comisión para la búsqueda de una solución razonable, justa y pacífica de las demandas planteadas por la coordinadora de organizaciones de ex patrulleros, por este medio —en el marco de los compromisos asumidos la madrugada del día 14 de junio del corriente año— les informamos: a) Que hicimos los esfuerzos por integrar más miembros a la Comisión, habiéndose incorporado inmediatamente al licenciado Juan Héctor Vidal; de parte del Arzobispado de San Salvador, aún esta pendiente la designación de su representante. b) La Comisión se reunió con el señor Ministro de Gobernación y Justicia, Dr. Francisco Bertrand Galindo, con quien se abordó el tema en todas sus dimensiones.  Como resultado de las gestiones realizadas y del análisis de la situación, por este medio les comunicamos lo siguiente: 1. Que les expresamos nuestra confianza y reconocimiento por su disponibilidad y voluntad manifestada en la madrugada del día 14 de los corrientes, de realizar acciones racionales en momentos cruciales y de buscar la solución a sus demandas por la vía de la razón y la concertación.  2. Que el veto del Órgano Ejecutivo al Decreto Legislativo No.432, no debe verse como el fin de la lucha por sus demandas; más bien, debe tomarse como el inicio de una nueva etapa en las gestiones que se puedan ejecutar en el marco de la concertación, del diálogo y la negociación. 3. La Comisión, en ese contexto, está preparando una propuesta de solución integral a sus demandas, la cual será presentada a ambas partes; es decir, al gobierno y a ustedes como interesados directos. 4. Por ser integral, la preparación de dicha propuesta exige investigación y análisis. Debido a eso, para su definición necesitamos tiempo; por lo que les pedimos ocho días, hasta el lunes 25 de los corrientes, para presentarla. 5. Aprovechamos esta oportunidad para pedirles que no hagan uso de la violencia y continúen dando muestras al pueblo de su capacidad para concertar en forma pacífica y razonable. Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones Lic. Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA

 

Tras lo anterior y vencido el plazo establecido, sin tener mucho qué ofrecer pero con un miembro más integrado al esfuerzo, se planteó a las partes lo siguiente:
 
 

LA COMISION FORMADA EL JUEVES 14 DE JUNIO DEL 2001, PARA LA BUSQUEDA DE UNA SOLUCION AL CONFLICTO ENTRE EL SECTOR DE DESMOVILIZADOS DEL SERVICIO TERRITORIAL Y EL GOBIERNO SALVADOREÑO, CONSIDERANDO: I. Que las demandas formuladas por el sector de desmovilizados del desaparecido Servicio Territorial (conocido como “patrulleros”) quedaron fuera de los Acuerdos de Paz, pero son reclamos justos que deben ser atendidos por el Estado en la medida de sus posibilidades; II. Que la democracia que estamos construyendo nos impone hacer todos los esfuerzos que sean necesarios y agotar todos los mecanismos e instancias que surjan en la búsqueda de una solución integral, pacífica, concertada y definitiva del problema, a través del diálogo y la concertación; III. Que la Comisión formada para la búsqueda de una solución al problema, tiene como fundamento la atribución que la ley le concede al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de proponer medidas tendientes a prevenir violaciones a derechos humanos, así como crear nexos de comunicación y cooperación con organismos defensores de derechos humanos y con diversos sectores de la vida nacional; IV. Que para obtener mayores logros en la búsqueda de una solución concertada a la problemática, es necesario que dicha Comisión tenga una naturaleza mediadora y garante; V. Que en virtud de los espacios que se han abierto desde el jueves 14 de junio del año en curso y la buena voluntad de ambas partes, es posible encontrar una solución satisfactoria y definitiva al problema. Por tanto, propone al sector de desmovilizados y al Gobierno lo siguiente: PRIMERO Que de esta fecha en adelante, la naturaleza de la Comisión pase a ser mediadora en la búsqueda de una solución integral al problema y garante del cumplimiento de los compromisos que las partes asuman. Sobre este aspecto, a la mayor brevedad posible deberán pronunciarse públicamente ambas partes. SEGUNDO Que en la búsqueda de esa solución integral, pacífica, justa, racional, democrática y definitiva al problema es necesario —como primer paso— establecer cuántas y quiénes son todas las personas que podrían gozar de un beneficio. Para ello, se tomarán como base los 37, 681 nombres registrados por el Ministerio de la Defensa Nacional, de personas desmovilizadas del Servicio Territorial al momento de firmarse el Acuerdo de Paz del 16 de enero de 1992. San Salvador, a veinticinco días del mes de junio de dos mil uno. Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar Lic. Benjamín Cuéllar Martínez Lic. Juan Héctor Vidal Crnel. Antonio Almendáriz

 

Las organizaciones de “ex patrulleros” respondieron inmediatamente aceptando la propuesta; el gobierno, por su parte, tardó varios días para responder afimativamente. A continuación, ofrecemos dicha contestación:
 
 

San Salvador, 04 de julio del 2001. Señores:  Doctor Marcos Alfredo Valladares  Licenciado Benjamín Cuéllar Martínez Licenciado Juan Héctor Vidal          Coronel Antonio Almendáriz  Asunto: Tema Ex Patrulleros Estimados señores:     Con relación a la comunicación de buena disposición a colaborar en la solución final de los señores Ex Patrulleros, me es grato comunicarle que vemos tal gesto sumamente positivo en el acercamiento a una solución final y definitiva en esta problemática, razón por la cual le ofrecemos nuestra plena colaboración en la búsqueda de tal solución. Sin otro particular, me es grato reiterarle las muestras de mi consideración y estima, Atentamente, Francisco R. Bertrand Galindo.

 

    Así las cosas, estamos ante la posibilidad cierta de evitarle al país un enfrentamiento violento y de construir una buena solución ante un problema que debe solventarse sin mayor dilación. Eso depende de las partes. Y para quienes no entienden la utilidad de una buena Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esta experiencia debería iluminarles la mente. Pese a las serias dificultades que afectan gravemente a la institución en la actualidad, es una interesante herramienta que debe ser usada en beneficio del país. ¿O no?