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Año 22
número 959
julio 11, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Los retos de la nueva Procuradora
Política:  Mario Acosta: ¿en camino hacia el COENA?
Economía:  Impacto de las sequías
Derechos Humanos:  El programa “Pro-bono”
Documento:  Brechas y desafíos institucionales para el desarrollo humano

 NOTICIAS
 
 
 
 
 

EDITORIAL

    Después de interminables "negociaciones", los diputados por fin se pusieron de acuerdo sobre la persona que ocupará el importante cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Es curioso, pero no hay mayor sorpresa en lo que se refiere a la elección de la nueva Procuradora; su candidatura se fue perfilando con firmeza en las últimas semanas, de modo que su investidura en el cargo era altamente previsible.  Lo que llama la atención es el tiempo que les llevó a los diputados decidir el nombramiento de la persona que llenaría la vacante dejada, hace más de un año, por el tristemente célebre Eduardo Peñate Polanco.

    Más aun, es inexplicable que una vez que Beatrice de Carrillo —recién electa Procuradora— se perfilara como fuerte aspirante para el cargo, los diputados dieran largas a una decisión que después de todo terminarían por adoptar. ¿Por qué  no se decidieron de una buena vez por nombrar a de Carrillo para el cargo en vez de agotar la paciencia de los salvadoreños y socavar aun más la endeble legitimidad de las instituciones?  ¿Por qué postergar una decisión que tarde o temprano se iba a tomar?

    Tres pueden ser las posibles respuestas a esas interrogantes: la primera es que había razones de principio que impedían a los diputados ponerse de acuerdo; la segunda, que a los diputados —sobre todo a los de ARENA— les daba igual que se eligiera o no a un procurador de derechos humanos; y la tercera, que, para tomar una  decisión, los "padres de la patria" tenían antes que realizar una serie de componendas que se tradujeran en beneficios concretos para ellos y sus partidos.

    La primera respuesta —que es la que daría algún viso de seriedad al trabajo legislativo— no parece tener ningún asidero en la realidad. No se ve cuáles principios podían haber impedido que los tres partidos con mayor influjo legislativo —ARENA, FMLN y PCN— no se pusieran de acuerdo sobre quién ocuparía el cargo de Procurador de Derechos Humanos. Incluso, si era cuestión de principios, no se entiende por qué los diputados de ARENA de pronto cambiaron de parecer acerca de la idoneidad de Beatrice de Carrillo y decidieron —tras haber obstaculizado insistentemente su nombramiento— apoyar su elección.

    La segunda respuesta tiene —junto con la tercera— más visos de realidad.  En efecto, hay suficientes elementos de juicio para asumir que, por las largas innecesarias que se le dieron al asunto, a los diputados les daba igual que se eligiera o no al Procurador de Derechos Humanos. Esto es inocultable en los diputados de ARENA, no sólo por su filiación autoritaria —que los hace estar siempre temerosos de cualquier control que se puede ejercer sobre el poder estatal—, sino también por su inclinación a ver en la Procuraduría de Derechos Humanos un instrumento favorable a los intereses de la izquierda, concretamente del FMLN. Pero no sólo en ARENA ha habido negligencia para sacar adelante la elección del Procurador: en el FMLN no se hizo lo suficiente para que la institución saliera de la situación de anormalidad en la que se debate desde la salida de Peñate Polanco, sino que más bien se siguió el ritmo impuesto por ARENA. Así, unos y otros —aunque por razones distintas— se embarcaron en una dinámica en la cual lo que menos interesaba era el nombramiento de un procurador que, sin ser el funcionario ideal, iniciara la recuperación institucional de la Procuraduría.

    Lo anterior lleva a la tercera respuesta: lo que entrampó desde un inicio la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos fueron las negociaciones y tratos entre los diputados (y los partidos a que pertenecen). Nada de principios o compromisos con la democratización del país; puras componendas personales y partidarias de la más baja especie. Tanto como duraron las discusiones sobre cuánto o qué se iba a ganar o arriesgar, así fue el tiempo que se tuvo que esperar para que el nombre del nuevo Procurador se conociera. Así como la decisión se tomó en casi un año y medio, pudo haberse tomado en una semana o en dos años. Es decir, todo dependía —en este como en otros casos— de la discrecionalidad de los diputados, a quienes nadie pide cuentas por su incapacidad e irresponsabilidad.

    Como quiera que sea, la Procuraduría de Derechos Humanos ya no está acéfala, para usar una expresión acuñada por los periodistas guanacos. No obstante, son tales los daños sufridos por la institución que la nueva Procuradora tiene ante sí una ingente tarea por realizar. Ante todo, está el reto de reconstituir las relaciones laborales y el espíritu de compromiso que debe prevalecer en una instancia encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de los salvadoreños.

    En segundo lugar, la institución tiene que luchar por recuperar el espacio perdido durante el periodo oscuro que se inició con Peñate Polanco. Esto supone ganarse el respeto de la clase política, funcionarios de alto rango, empresarios y sociedad civil, pues mientras eso no suceda la institución estará condenada a la irrelevancia más absoluta. Y, en tercer lugar, está el reto de definir con claridad el perfil que deberá tener la defensa de los derechos humanos en el momento actual, de modo que la politiquería no pervierta un trabajo tan trascendental para la democratización del país.

     Como se ve, las cosas no serán fáciles para la nueva Procuradora. Si quiere cumplir a cabalidad con el mandato que le ha sido conferido, tendrá que hacer gala de un inmenso coraje, una enorme dosis de audacia y una no menor dosis de creatividad e imaginación. Ojalá sepa rodearse de colaboradores capaces y comprometidos con la justicia; ojalá que intereses mezquinos no interfieran en su desempeño y le permitan hacer su mejor esfuerzo. Es cierto que habrá que estar vigilantes de su trabajo, pero teniendo en la mira el fortalecimiento de una institución tan necesaria en estos tiempos de prepotencia, abusos y corrupción emanados del Estado.

    Y es que, en definitiva, a nadie debía interesar más que a la sociedad el contar con una sólida institución defensora de sus derechos humanos fundamentales. Se puede entender que eso sea irrelevante para el Presidente Francisco Flores o para los diputados, pero no se entiende que lo sea para quienes cotidianamente están a expensas de la prepotencia estatal.
 

[Extracto]

    Desde que se conocieron los resultados de las elecciones de marzo del año pasado, ARENA, el partido oficial, ha entrado en un estado de conmoción, comparable, en algunos momentos, a las experiencias más dramáticas de un alumbramiento doloroso. De Alfredo Cristiani a Walter Araujo, el partido nacionalista no parece haber encontrado el dirigente idóneo que lo lleve a superar sus crisis internas y que lo conduzca, sin  mayores sobresaltos y con esperanzas de éxito, a las próximas elecciones. Entre tanto, al parecer, las bases siguen descontentas, el movimiento de los fundadores no da su brazo a torcer; en fin, ARENA navega sin rumbo, hacia aguas profundas.

    En este contexto, surge la figura de Mario Acosta Oertel, el ex hombre fuerte del Ministerio del Interior. Ante las desavenencias del partido oficial, Acosta Oertel pretende postular su candidatura para dirigir el COENA, máxima instancia de decisión en dicho instituto político. Se presenta como la figura salvadora, capaz de insuflar dinamismo a las bases y reconquistar la confianza de la población salvadoreña para la causa de su partido.

[Extracto]

    A escasos meses de los desastres provocados por los terremotos de enero y febrero pasados, un nuevo desastre ha afectado nuevamente a los sectores sociales más vulnerables. Durante el mes de junio se ha reportado una nueva sequía que ha provocado ya considerables pérdidas en la producción de granos básicos, especialmente de maíz. Esto implica que las familias campesinas han sido nuevamente afectadas por daños y pérdidas en sus cosechas de alimentos que son dedicados, en lo fundamental, al autoconsumo.

     Las sequías no son nuevas en la historia salvadoreña; fueron especialmente severas en la década de 1950 y luego en las décadas subsiguientes. Pero, a partir de la década de los noventa, han sido especialmente frecuentes, al grado que se reportaron tres años con sequía severa: 1991, 1994 y 1997. En los dos últimos años, hubo sequía durante el mes de julio de 2000 y en el presente mes de junio de 2001 ya se han dejado sentir los impactos una nueva sequía.
 
 

    Desde hace algunos meses, en el IDHUCA comenzamos a buscarnos más “problemas”. A partir de la iniciativa lanzada por una querida colaboradora del Instituto, abogada estadounidense de lo más inquieta, se empezó a hablar de una posibilidad: echar a andar el primer proyecto “Pro-Bono” en El Salvador y, según parece, en América Latina. El nombre de este programa resulta ser una especie de abreviatura de la frase que, en latín, apunta a lo siguiente: “Por el bien del pueblo”. El mismo es muy común en aquellos países que se rigen por el Common law, como el Reino Unido y los Estados Unidos de América, por citar sólo dos.

    Cabe señalar que este sistema, por encima de la diversidad de manifestaciones que pueda adquirir debido a las distintas culturas y circunstancias políticas, incluye —tal como apuntan ciertos estudiosos del tema— a “las entidades políticas cuyo derecho se funda técnicamente sobre los conceptos y los modos de organización jurídica que concede una posición primordial a la jurisprudencia y no a la ley, como medio ordinario de expresión del derecho común”.

    Mediante el impulso del “Pro-Bono” se ofrecen servicios legales a personas de escasos recursos económicos. Así, distintas oficinas de asistencia legal gratuita refieren casos a prestigiosos bufetes de abogados para que éstos —al aceptar hacerse cargo de los mismos— representen legalmente y sin costo alguno a esta gente que reclama la solución a un conflicto jurídico, pero que no cuenta con el dinero suficiente para pagar los honorarios de un profesional. Los bufetes que deciden participar en el programa, asumen estos casos con el compromiso expreso de trabajarlos con la misma calidad que le imprimen a los de sus clientes habituales.

    Al respecto vale la pena destacar algunas reflexiones hechas por Stephen F. Hanlon, quien es el socio encargado del Equipo de Servicios a la Comunidad del bufete estadounidense “Holland y Knight”. Hanlon comenta que en 1989 su socio gerente, Bill Mc Bride, “tomó la decisión de institucionalizar y estructurar el compromiso del bufete con ´Pro-Bono’. Primero, hicimos un equipo de servicios a la comunidad para todo el bufete, con un presupuesto anual sustancial para llevar grandes casos ‘Pro Bono’. Después, el Comité de Directores del bufete elaboró un reglamento formal escrito”.

    “El reglamento de Pro-Bono del bufete —añade el abogado— contiene la expectativa del bufete a contribuir cada año con una cantidad de tiempo equivalente, de manera aproximada, al tres por ciento de horas lucrativas para el bufete. Esta expectativa se traduce a un promedio de 50 horas al año por cada abogado. Dicho en términos del valor del tiempo de ese trabajo, la contribución de este bufete de 800 abogados llega ahora a cerca de $6.5 millones cada año. El bufete tiene la expectativa de que la mayoría de los socios, igual que los abogados, participen personalmente cada año en trabajo ‘Pro-Bono’. Todo trabajo Pro Bono aprobado es considerado en decisiones de evaluación, promoción y compensación dentro del bufete.

    Hay un socio ‘Pro-Bono’ en cada uno de las 17 sucursales del bufete. Cada socio ‘Pro-Bono’ —además de sus casos normales— se encarga del proceso de aprobación, el presupuesto y administración de casos por el trabajo ‘Pro-Bono’ en esa oficina. Los socios ‘Pro-Bono’ apoyan un amplio rango de trabajos de este tipo, ‘particularizados para cada una de las 17 sucursales; además aseguran, en la medida de lo posible, que el trabajo ‘Pro-Bono’ sea distribuido en forma equitativa”.

    Hanlon se plantea una pregunta que él mismo se encarga de responder. “¿Por qué los abogados deben hacer trabajo ‘Pro-Bono’? Tradicionalmente contestamos a esta pregunta con varias respuestas muy buenas. Nos referimos a las necesidades críticas e insatisfechas de servicios legales para millones de americanos que viven en o bajo el nivel oficial de pobreza. Insistimos que su acceso al sistema judicial es esencial en un país que proclama un compromiso de igualdad de justicia frente a la ley. Le decimos, a quien quiera escucharnos, que el trabajo ‘Pro-Bono’ es un trabajo que brinda satisfacciones. Creemos que a través de este esfuerzo se puede restablecer la confianza en una profesión que esta bajo el ataque público constantemente”.

    “Todas estas razones para trabajar Pro Bono —continúa Hanlon— son buenas y hasta nobles. Pero hemos tenido la tendencia a enfocar bastante nuestro pensamiento sobre una respuesta a esta pregunta desde otra perspectiva. Creemos que tomando en cuenta algunas de las tendencias alarmantes del bufete moderno, este modelo capitalista puro, necesitamos sembrar nuestro bufete con personas que crean que hay aspectos de la profesión y aspectos de la práctica de ley que son más importantes que hacer dinero. Por esa razón, es importante para nosotros tener la máxima cantidad de abogados posible en nuestra firma haciendo trabajo ‘Pro-Bono’ y, en la medida de lo factible, ver a esos abogados ascender a posiciones de influencia dentro del bufete”.

    Para finalizar con lo dicho por Hanlon, vale la pena rescatar las siguientes palabras: “Si la cultura del bufete puede enfocar la atención de los abogados en la calidad de sus vidas profesionales —donde la compensación es sólo un aspecto, aunque sea un aspecto importante, en la vida del bufete— entonces podríamos domesticar esa bestia capitalista pura que llamamos el bufete legal moderno. Nuestra experiencia es que el trabajo ‘Pro-Bono’ puede ser una parte muy importante de esa revolución cultural. Entonces, les comento que el trabajo ‘Pro-Bono’ tiene la potencialidad de salvarnos de nosotros mismos y de algunos de los problemas más alarmantes del bufete legal moderno. Nos puede ayudar a formar la filosofía y misión del bufete, ayudarnos a hallar nuestros futuros líderes, ayudarnos a reclutar el tipo de hombre y mujer con quien nos gustaría pasar el resto de nuestra vida profesional, y lo más importante, ayudarnos a dejar algo detrás —más que una base activa de capital— cuando entregamos nuestra profesión y nuestros bufetes a la siguiente generación”.

    En El Salvador, la necesidad de servicios legales de calidad para las personas pobres es muy grande. El Estado, por medio de la Procuraduría General de la República, no alcanza a satisfacer el enorme volumen de tal demanda. Por otro lado, tampoco  existen suficientes oficinas de asistencia legal gratuita que logren suplir estas carencias. Debido a eso, con la modalidad del  “Pro-Bono” que se ha comenzado a impulsar desde el IDHUCA, se pretende que despachos privados de abogados contribuyan a mitigar esta problemática.

    En esta etapa inicial, se han seleccionado algunas de las firmas de abogados más conocidas en el país. Por medio de este programa, el IDHUCA ofrece una oportunidad para que las y los abogados salvadoreños puedan brindar un servicio a la comunidad y, de esa forma, darle mayor nivel de cumplimiento a su promesa o juramento profesional que hicieron al recibir  la autorización para ejercer la profesión.

    En esta nueva forma de asociatividad para el trabajo, se partirá de los servicios que el IDHUCA  proporciona a cientos de personas por año, en un amplio rango de áreas prácticas del derecho como las siguientes: laboral, administrativo, patrimonial, civil, familia, penal y mercantil. En el marco del proyecto “Pro-Bono”, las y los abogados del IDHUCA seleccionarán algunos de los casos que reciben para referirlos a las firmas legales privadas. Nuestro Instituto hará el contacto con el bufete para presentar el caso; si el bufete privado acepta el expediente referido, el caso comenzará a ser tramitado profesionalmente por dicha oficina hasta su finalización, siempre con el monitoreo desde el IDHUCA.

    Como un fuerte apoyo del proyecto, la embajada de los Estados Unidos de América efectuó contactos con grandes firmas de abogados en su país para que nos colaboraran en la motivación y puesta en marcha del plan en El Salvador. Fruto de estas gestiones, el mes pasado nos visitó el doctor Héctor González, abogado especialista en “Pro-Bono” del bufete “Mayer Brown & Platt”. González compartió su experiencia e intercambió opiniones con abogados salvadoreños, explicando además que la participación activa en proyectos como éste brinda a los bufetes mayor prestigio y confianza entre el público.

    Tanto por razones obvias que se desprenden de su mandato y de la realidad salvadoreña, pero también por el positivo y visionario liderazgo de su titular, otra institución que ha visto con muy buenos ojos esta iniciativa es la Procuraduría General de la República. El señor Procurador General, licenciado Miguel Ángel Cardoza, contribuyó grandemente en la motivación para hacer realidad el programa “Pro-Bono”, dirigiendo valiosas palabras a los miembros de los bufetes privados y haciendo conciencia que —pese a los grandes esfuerzos que la Procuraduría realiza— existen diversas y grandes limitaciones, como las presupuestarias, que impiden satisfacer a cabalidad todas las demandas que se reciben en la institución por parte de la población en general, sobre todo la más pobre.

      Para inaugurar esta ambiciosa iniciativa, ocho oficinas privadas han aceptado u ofrecido su participación. Más aún, hace unos días firmaron un convenio con el IDHUCA para echar a andar esta modalidad de asistencia legal. La firma de dicho convenio contó con la presencia de representantes de la Embajada de los Estados Unidos y del Procurador General de la República. Las oficinas o bufetes privados que se han incorporado en esta etapa inicial del proyecto “Pro-Bono” son las siguientes: Apóstolo-Amaya, Espino Nieto-Umaña y Asociados, F.A. Arias S.A. de C.V.,  García y García-Abogados Asociados, Girón-Girón y Morales, Ricardo Romero Guzmán y Asociados, Romero Pineda y Asociados, y Rusconi-Valdéz y Asociados, S.A. de C.V. Las mismas han aceptado recibir al menos dos casos anuales referidos por el IDHUCA y representar judicialmente a las personas afectadas y necesitadas de tener acceso al sistema de justicia.

    Este nuevo programa no sólo representa un beneficio para las personas pobres que vayan a ser favorecidas con el servicio legal. Además, con el mismo se va a destacar que la problemática del acceso a la justicia en El Salvador tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y que no es un tema que competa únicamente a las instituciones que velan por su respeto desde la sociedad o el Estado, sino que el mismo trasciende barreras o prejuicios políticos de izquierdas o derechas para convertirse en una realidad que debe preocupar a todas las personas, para que cada cual contribuya a su solución desde sus propias capacidades y alternativas.

    Felicitamos mucho a estos abogados y abogadas que, con gran compromiso y sensibilidad, han convenido colaborar con el IDHUCA en esta gran tarea: lograr que la población se apropie y utilice las instituciones estatales para dirimir y solucionar sus conflictos judiciales. Ello sin duda, favorecerá a disminuir —aunque sea en parte— la urgente y costosa necesidad de la gente más sencilla y pobre  de tener un intermediario capaz entre su propia vulnerabilidad y el sistema judicial salvadoreño.
 

    El Salvador pudo mejorar más de diez posiciones en la clasificación de 174 países que publica anualmente el PNUD, de acuerdo con el valor del Indice de Desarrollo Humano (IDH) en cada Estado. Aun así, al entrar en el nuevo siglo persisten varias brechas que se identifican a continuación, y que mientras se mantengan continuarán obstaculizando el logro de mayores niveles de desarrollo humano.

Visión de futuro

    A pesar de los Acuerdos de Paz persisten diferencias sustantivas entre las principales fuerzas políticas sobre el orden socioeconómico y político deseado. Este elemento constituye per se un factor que obstaculiza la consolidación de un sistema político basado en la  democracia y de un sistema económico basado en la eficiencia y la justicia social. La situación, sin embargo, se agrava, porque en el país no se han establecido o institucionalizado todavía mecanismos constructivos de resolución de conflictos, los cuales son fundamentales para reforzar la confianza de los ciudadanos hacia el futuro, el Estado, las instituciones y los partidos políticos.

Información, conocimiento e investigación

    En las materias abordadas en este informe hay referencias reiteradas a la falta de conocimientos. Sobre el agua, el territorio, la migración o los asentamientos humanos hace falta información. También se necesita de investigaciones científicas que exploren las potenciales ventajas y desafíos del país para enfrentar la globalización.

Representación y participación ciudadana

    El tema de la participación ciudadana se vuelve fundamental en un país de escasa cultura institucional y en proceso de consolidación democrática. En el caso de El Salvador, este tema adquiere aún mayor relevancia porque una parte muy considerable de su población, que constituye en forma determinante a la vida nacional, vive en el exterior. De hecho, esta población es la más afectada en cuanto al tema de falta de representación y participación. Con sus remesas, superiores al total de las exportaciones, esta gente ha contribuido a reducir la pobreza y a mantener estable el tipo de cambio. En cambio, no cuenta con ninguna representación en el sistema político, porque no participa en los procesos electorales.

    La brecha de representación también afecta, aunque en menor medida, a la población residente en el país. En la Asamblea Legislativa, con frecuencia, la ciudadanía no se siente representada, debido a que la elección se basa en un sistema de cocientes y residuos que convierte a las cúpulas partidarias en el gran elector. En el ámbito socioeconómico, esta brecha se manifiesta en la poca incidencia que, con excepción de la empresa privada, tiene la sociedad civil en la definición de las políticas públicas y en la todavía débil rendición de cuentas de la actividad gubernamental. La excesiva centralización de la actividad gubernamental y la reducida organización de la población acentúan esta brecha.

Exclusión social

    Esta brecha se refiere a los déficits sociales acumulados. Alrededor de la mitad de la población continúa percibiendo ingresos inferiores al costo de la canasta básica de consumo. También siguen siendo elevados los porcentajes de población que presentan carencias en salud y nutrición, educación, acceso a servicios de agua potable, saneamiento y vivienda digna.

Niveles de crecimiento

    Con una tasa anual de crecimiento promedio de menos de 3% en los últimos cinco años (2% en el último año) y una tasa de crecimiento demográfico de 2.1% son muy limitadas las posibilidades de continuar disminuyendo la pobreza y avanzando hacia mayores niveles de desarrollo humano. La disminución de la productividad aparente del trabajo y, en general, el deterioro de la competitividad son algunos de los aspectos que estarían incidiendo con fuerza en esta brecha. Esta brecha tiene también una dimensión sectorial que se expresa en un tremendo contraste entre las altas tasas de crecimiento registradas, aún en los últimos años, en la maquila y el sistema financiero, por un lado, y el pobre desempeño del sector agropecuario, por el otro. Otros sectores, como el comercio, la construcción y el transporte, han tenido también en los últimos años un comportamiento recesivo.

Distribución del ingreso

    El Salvador presenta una de las desigualdades más altas del mundo en la distribución del ingreso. El 20% más rico de la población percibe, en promedio, ingresos 18 veces más altos que el 20% más pobre. En los países de alto desarrollo humano, dicha relación es solamente de 5 veces.

La situación de la mujer

    Las mujeres continúan teniendo menores oportunidades que los hombres. Tienen una participación marginal en los espacios de poder, perciben ingresos sustancialmente más bajos que los hombres, enfrentan mayores dificultades para encontrar un empleo y desarrollan la mayoría de las actividades domésticas no remuneradas.

Los desequilibrios territoriales

    Estos desequilibrios se presentan tanto entre la población urbana y la rural, como entre los departamentos del país. En general, en las zonas rurales el acceso y la calidad de los servicios sociales básicos, el ingreso y las oportunidades de empleo son sustancialmente menores que en las zonas urbanas. La fuerte concentración geográfica de la población urbana hace que la brecha en desarrollo humano también se refleje entre los diferentes departamentos del país, desfavoreciendo a aquellos con mayores porcentajes de población rural.

La cuestión fiscal

    El componente más reconocido de esta brecha es la diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno. Esa diferencia amenaza con tener un crecimiento rápido en los próximos años. A ella debe agregarse otro componente; este es el constituido por los recursos que habría que obtener para atender los déficits sociales acumulados y agravados con los terremotos y para impulsar una nueva estrategia de crecimiento.

Medio ambiente

    Esta brecha se refiere al déficit cada vez mayor de la base de recursos naturales para sustentar necesidades humanas básicas y de desarrollo de nuestra población. Con solo 6 millones de habitantes, el agotamiento de nuestras reservas forestales, de las áreas naturales, del suelo, del agua, de la pesca y demás vida silvestre es una señal de mal manejo, más que de una pobreza de recursos naturales. Asimismo, las múltiples consecuencias de degradación ambiental, sobre todo los cuantiosos gastos innecesarios en salud, tratamiento de agua, pérdida de animales domésticos, mayores catástrofes por la creciente vulnerabilidad, etc. reducen drásticamente la capacidad de nuestro territorio de sustentar la vida humana en calidad además de cantidad.

    Los vacíos de investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas, de legislación, de medidas y de cultura efectiva de conservación de nuestro patrimonio natural constituye una barrera que afecta considerablemente nuestra capacidad de desarrollo, bienestar económico y social y, cada vez más, nuestra tranquilidad.
 

 REFORMAS. El presidente de la República, Francisco Flores opinó, el 06.01, que la legislación penal, vigente desde 1998, fue “una equivocación”. Con ello, el mandatario apoyó el paquete de reformas a la Constitución y a los códigos Penal y Procesal Penal que fuera presentado por el ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, ante la Asamblea Legislativa el pasado 28.06. En aquella oportunidad, el ministro aclaró a los diputados que se solicitaba 25 reformas en total. Con respecto a las reformas constitucionales se solicita la interceptación de llamadas telefónicas y la posibilidad de que se regule la pena de cadena perpetua. Para el caso de las reformas penales se plantea el incremento de las penas, la determinación de nuevos delitos y más apoyo al combate del crimen organizado. El pliego de reformas fue impulsado luego del asesinato del niño Gerardo Villeda, secuestrado y asesinado, el pasado 21.06. en la capital. Flores aseguró que con la normativa penal vigente se beneficia a los delincuentes. “Hemos tenido un paraíso para delincuentes desde que se aprobaron esos códigos”, acotó el mandatario. Flores aprovechó para apoyar la aprobación de la pena de muerte. “Si consiguen los 43 votos, yo no me voy a oponer a eso y vamos a poner la pena de muerte en nuestro país”, concluyó. (DL, 28.06.01, p. 2; LPG, 29.06.01, p. 4 y 5; 07.07.01, p. 8; 10.07.01, p. 4 y 5).

 ENFERMEDADES. Desde principios del año, la población infantil ha sido duramente atacada por males respiratorios y de tipo gastrointestinal. La red de hospitales y clínicas del país se ha visto saturada en las últimas semanas, a causa de un repunte en los casos de niños con los síntomas de dichas enfermedades. De acuerdo a un informe del Hospital de Niños Benjamín Bloom, desde enero hasta el pasado 28.06, han fallecido 31 niños menores de un año, a causa de neumonía; mientras que 24 niños murieron por enfermedades diarreicas. Por su parte, el departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud reportó que en todo el país se han atendido más de 132 mil 215 casos de diarreas y más de 626 mil 269 consultas por enfermedades respiratorias.. La situación crítica se refleja también en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Nacional Saldaña, ex Neumológico, se ha estado atendiendo un promedio de 180 niños con problemas gastrointestinales o respiratorios. El director de dicho nosocomio, Jorge Edwin Montoya, aseguró que se tuvo que dar respuesta a la demanda de otros hospitales. “El Hospital Benjamín Bloom y el Zacamil nos han estado enviando pacientes porque la capacidad instalada de ellos sobrepasó”, comentó (LPG, 29.06.01, p. 14; 07.07.01, p. 15; 09.07.01, p. 4y 5; 10.07.01, p. 16).

 INFORMES. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó, el 05.07, el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2001, que señala un retroceso de tres años en el país, a causa de los terremotos de enero y febrero. Aunque en los Departamento de La Paz, San Vicente y Usulután, el retroceso alcanzaría los 10 años, debido a la concentración de daños. El Salvador habría descendido siete escalones en su nivel de desarrollo humano, obteniendo un Índice de Desarrollo Humano (IDH) equivalente a 0.69, es decir, dentro del rango de los países con desarrollo medio. El PNUD reveló alarmantes datos; por ejemplo, para reducir el déficit habitacional, al ritmo con que se trabaja actualmente, se necesitarían 89 años. Además, reveló que 225 mil personas pasaron a ser pobres, luego de los terremotos, ampliando al 51.2% la proporción de la pobreza en el país. El informe señala también el retroceso en las áreas de Salud, Educación y servicios básicos. Finalmente, se reseñan los más grandes desafíos de los salvadoreños: la reducción de la exclusión social; el crecimiento económico, ante la disminución de la productividad y competitividad; y la gran brecha en la distribución del ingreso que es de las más altas del mundo: el 20% más rico de la población recibe, en promedio, ingresos 18 veces más altos que el 20% más pobre (DL, 05.07.01, p. 3; EDH, 06.07.01, p. 32, 33, 34, 35, 36 y 37; 11.07.01, p. 33).

 SEQUÍA. El ministro de Agricultura y Ganadería, Salvador Urrutia expresó, el pasado 29.06, su preocupación por el futuro del sector de persistir la escasez de lluvia que ha afectado al país, durante las últimas semanas. El Centro Nacional de Meteorología explicó que la sequía se debe a la presencia de un “anticiclón” en el Caribe, el cual ha desviado las lluvias que deberían caer en el país. Urrutia señaló que los agricultores que cultivan maíz, maicillo, frijol y arroz podrían tener grandes pérdidas si no se normaliza la situación. “No podemos dimensionar si ya ha habido perdidas, porque muchos de los cereales y granos se encuentran en grado de crecimiento”, opinó el ministro. Posteriormente, datos del Ministerio de Agricultura revelaron que ya se habían perdido 2 millones 440 mil quintales de maíz (16.6% de la cosecha) y 101 mil 600 quintales de frijol, es decir, el 5.7% de la producción anual. La Zona Oriental del país ha sido de las más afectadas. Con todo, los problemas de sequía no son ajenos al resto de países vecinos. En Honduras, se ha temido por la existencia de hambruna en algunas regiones del interior, debido a la escasez de alimentos. Para ello, el gobierno hondureño anunció un plan de ayuda alimentaria para atender a unos 317 mil pequeños y medianos productores de granos básicos. Nicaragua ha perdido casi el 70% de su producción de granos básicos; y en Guatemala, la falta de lluvias ha causado el aumento de precios de los granos (LPG, 02.07.01, p. 4; 10.07.01, p. 1b y 2b).

 CUMBRE. La próxima Cumbre del Grupo G-8, a realizarse en Génova, Italia, del 20.07 al 22.07, contará con la presencia del presidente de la República, Francisco Flores, como invitado especial. El G-8 que reúne a las naciones más industrializadas del mundo (Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia) discutirán la reducción de la deuda exterior, la lucha contra la pobreza, el SIDA,  y la apertura de los mercados occidentales a los productores de países pobres. De estos últimos fueron invitados, además de Flores, los presidentes de Sudáfrica, Thabo Mbeki; de Nigeria, Olusegun Obasango; de Argelia, Abdelaziz Buteflika; de Malí, Alpha Oumar Hasina; y de Bangladesh, Sheik Hasina. El secretario general de la ONU, Kofi Annan los acompañará. A propósito de la reunión, el embajador salvadoreño en Washington, René León, comentó que el presidente Flores aprovechará la oportunidad para solicitar a las grandes economías que abran sus mercados a las pequeñas economías de América Latina. La participación de Flores en la cumbre se debe a una recomendación que hiciera el presidente estadounidense George W. Bush a los jefes de Estado de los otros países. El mandatario salvadoreño aprovechará la reunión para hacer una visita de Estado al principado de Mónaco, en donde expondrá las oportunidades económicas que ofrece el país para los inversionistas (EDH, 07.07.01, p. 4; 11.07.01, p. 10; DL, 11.07.01, p. 4).