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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 961
julio 25, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  ¿Renovadores?
Política:   La otra globalización
Economía:  La economía salvadoreña y la globalización
Región:  Flores en el G-8
Derechos Humanos:  Derechos laborales en un mundo globalizado
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL

     En el ambiente político salvadoreño —aunque no sólo en él— las palabras suelen perder sus acepciones más básicas, llegando a significar algo totalmente opuesto a su sentido original. El paso siguiente, en este proceso de deformación conceptual, es la pérdida total de significado: las palabras se usan a diestra y siniestra, pero no quieren decir nada —son una pura emisión mecánica de sonidos— o quieren significar lo opuesto a lo que se dice. Un ejemplo de esto fue el ofrecimiento de Armando Calderón Sol de trabajar para que quien naciera pobre en El Salvador no estuviera condenado a morir pobre. Al examinar los resultados de su gestión, es claro que lo que él quiso decir fue que su gobierno iba a condenar a los pobres a seguir siendo pobres.

    En la misma línea —es decir, en un sentido opuesto— deben entenderse las promesas de Francisco Flores de luchar contra la pobreza y la exclusión social de la mayor parte de salvadoreños: en lo que va de su mandato presidencial, la pobreza y la exclusión social han aumentado como consecuencia de las políticas económicas impulsadas por su gobierno.

     Desde hace un tiempo para acá, el término "renovador"  ha sufrido los efectos perversos de la deformación semántica. Manuel Seco y Gabino Ramos, en su Diccionario del español actual, recuerdan que renovador es aquel que renueva, es decir, aquel que asume la tarea de reemplazar una cosa vieja por otra nueva. Por extrapolación al ámbito político, se puede presumir que un renovador es aquel que, insatisfecho con un proyecto político (ideológico)  viejo, propone un proyecto distinto, con el fin de reemplazarlo. Así, en un primer momento, en un proceso de renovación política lo que cuenta es la contraposición de proyectos —viejos y nuevos— claramente delineados. En segundo lugar, también cuentan las personas que abanderan esos proyectos: no se trata tanto de edades —aunque es posible que los más jóvenes se adscriban a la renovación y los más viejos a la defensa de lo tradicionalmente establecido—, sino de trayectorias y perfiles intelectuales y políticos bien definidos.

     Sobre esto último, hay que decir que no basta con autoproclamarse renovador para serlo. Se tiene que contar con unas ciertas credenciales —que no son necesariamente las de la edad— que avalen esa adscripción personal: lucidez, audacia, creatividad y compromiso con los nuevos ideales. Cuando esas credenciales no existen, la filiación renovadora no es más que una excusa para sacar adelante ambiciones personales o para reconquistar un protagonismo que se cree perdido.
 Hasta qué punto bastante de esto sucede en el FMLN y ARENA es algo que puede ser discutido.

    Pero la sospecha de que los abanderados de la reforma político-institucional en ambos partidos tienen trayectorias que sólo con grandes reservas pueden ser consideradas renovadoras es algo relativamente fácil de aceptar. Ni por su talante, formación ideológico-política o trayectoria, Facundo Guardado y Gloria Salguero Gross —por mencionar dos nombres emblemáticos en el debate interno de ambos partidos— tienen credenciales renovadoras, sino todo lo contrario. Si a eso se suma el desplazamiento del que fueron objeto por otros de sus compañeros de barco, entonces se hace algo de luz acerca de sus afanes de protagonismo. No es que no puedan ser unos renovadores a carta cabal; lo que sucede es que si, a su procedencia, talante y resentimientos, se añade lo confuso o poco original de sus planteamientos, la presunta capacidad de renovación de la que hacen gala queda sin sostén alguno.

      En efecto, para renovar políticamente en el seno de un partido se requiere de un proyecto que sea alternativo al proyecto vigente. No se trata sólo de oponerse o de lanzar acusaciones a diestra y siniestra, sino de diseñar una propuesta que, nítidamente diferenciada del proyecto predominante, lo supere cualitativamente.

     En ARENA, no es para nada clara la propuesta de los fundadores para la reforma del partido. Lo más novedoso que han hecho es defender la participación de las bases en la selección de los candidatos a cargos de elección popular.  Pero esa iniciativa se ha diluido en un mar de exigencias de signo claramente conservador que, antes que a una renovación, apuntan a una vuelta al formato partidario tradicional. Siendo así las cosas, se entiende a la perfección el súbito lanzamiento de Mario Acosta Oertel —un hombre que hasta ahora ha sido todo lo opuesto a un renovador— como figura predilecta de un sector de los fundadores.

     En el FMLN —donde más ruido ha hecho la pugna entre presuntos renovadores y presuntos ortodoxos— tampoco hay mucha claridad acerca de lo que significa adscribirse a una u otra tendencia. Para muestra un botón: en un comunicado suscrito por los renovadores se dice, entre otras cosas, que "las renovadoras y renovadores somos partidarios de la libre competencia en el marco de una economía social de mercado; pero la libre competencia sólo es posible garantizarla por medio de un estado fuerte, eficiente, adecuado a nuestras necesidades como país, en una sociedad altamente organizada y bien informada".

     Pues bien, ese planteamiento no es distinto del asumido por la cúpula efemelenista en su Programa legislativo 2000-2003, en el apartado en el que se abordan los componentes del modelo alternativo. Concretamente, en el numeral 1 se habla de "mecanismos que garanticen un funcionamiento del Mercado que preserve los intereses sociales", mientras que de los numerales 9 al 12 se señala la importancia del Estado como dinamizador del desarrollo sustentable, promotor de la educación, garante de servicios públicos, facilitador de la seguridad social y protector del sistema ecológico.
 
    Entonces, en materia económica, ¿qué es lo nuevo que ofrecen los renovadores del FMLN? Nada distinto de lo que ya fue ofrecido por el partido y que, como programa legislativo, debería de estar normando las actividades de los alcaldes y diputados electos. Es decir, no están ofreciendo nada nuevo; por tanto, no son en absoluto renovadores. Tienen eso sí mucho afán de protagonismo y unos deseos inocultables de ganar espacio en los medios de comunicación. Lo mismo que sus pares de refriega en ARENA. Pero ni unos ni otros reúnen los requisitos suficientes para aportar a sus respectivas instituciones partidarias las energías y la creatividad de la que tanto urgen para ganarse la confianza de los ciudadanos.
 

[Extracto]

    Los militantes antimundialización suelen denunciar el carácter economicista, neoliberal y antiecológico de la globalización. Ante el avasallamiento de los estados por los intereses mezquinos de las empresas multinacionales,  se aboga por el derecho a la audeterminación de los pueblos. Ante el racismo internacional encubridor de las más graves violaciones a los derechos económicos y culturales de los pueblos, se defiende una especie de ciudadanía mundial. Lo que, en definitiva, repudian los manifestantes antiglobalización es la "mundialización sin representación". Por lo que proponen un control global de los ciudadanos sobre los intereses del mercado, con el fin de rescatar el ideal de la política como gestión de la cosa pública.

    Así, de lo que se trata es de discutir el proyecto de la "otra globalización" que proponen los militantes antimundialización. Temas como justicia global, ciudadanía global  o derechos humanos globales deberían ser la preocupación de los líderes políticos. De lo contrario, no sólo seguirán actuando a espaldas de las demandas ciudadanas, sino que continuarán contradiciendo los principios políticos democráticos que suelen profesar en los foros públicos. Deben demostrar que es posible compaginar la globalización económica con la democracia política. Esa es la principal demanda de los manifestantes, misma que los líderes políticos siguen ignorando valiéndose de subterfugios o ciudades amuralladas defendidas por policías y militares agresivos.
 

[Extracto]

     En la actualidad, la globalización se presenta como un avance más en la línea de la integración económica. La diferencia con otros procesos integradores del pasado es que ahora el proceso no solamente supone vínculos entre países afines (geográfica, económica y socialmente), sino también entre países sumamente disímiles. Muestra de ello es la reciente reunión del autodenominado grupo de las ocho naciones más industrializadas (G-8) donde concurrieron también presidentes de otras naciones no tan afortunadas de Africa y América Latina. El Salvador fue uno de los escogidos para asistir a la mencionada reunión, la cual se desarrolló en el marco de las ya tradicionales y airadas protestas de grupos antiglobalización.
 
     En este contexto, el gobierno de El Salvador debe tomar con suma cautela el proceso de globalización, no solamente por la ambigüedad de las posturas de países del G-8, sino también porque la globalización ya ha empezado a tener un impacto a través de dos procesos muy concretos: la proliferación de la maquila y la eliminación de barreras arancelarias al libre comercio. Aparejado a este fenómeno, se ha reportado también una creciente dependencia de las remesas familiares de los trabajadores residentes en Estados Unidos y una clara postración del aparato productivo salvadoreño, el cual ni siquiera puede abastecer la demanda interna de bienes y servicios. El examen de cada uno de estos elementos permite afirmar que la globalización ya impactó a El Salvador, pero todavía no han capitalizado los beneficios potenciales de ese impacto.

[Extracto]

          Para el mandatario salvadoreño, Francisco Flores, podría ser un triunfo diplomático el que se le haya tomado en cuenta a la reunión de los gobernantes más poderosos del mundo. Por otro lado, es muy posible que en la arena internacional se siga considerando al país como un ejemplo digno de imitar, tras los Acuerdos de Paz; además, en tanto que las medidas económicas y sociales impulsadas por los últimos gobiernos en El Salvador —especialmente el de Flores— son acordes al discurso del G-8, es posible inferir que Génova será un lugar de reafirmación de las políticas gubernamentales salvadoreñas, en una especie de “espaldarazo” internacional a las habilidades del presidente salvadoreño.

    La pregunta más lógica para cualquier salvadoreño posiblemente sea qué es lo que gana El Salvador con que su optimista y airoso presidente se haya paseado al lado de los gobernantes más poderosos del planeta. Los más derrotistas podrán decir que nada. Los más optimistas le apostarán a una posición más privilegiada de la economía salvadoreña en el concierto del mercado mundial. Como sea, lo cierto es que, de continuar el rumbo impreso a la marcha del país, El Salvador jugará un papel ambiguo en el proceso de globalización: irá con un triunfante sector financiero y empresarial de punta, mientras en el traspatio esconderá la cruda realidad de la exclusión y la inequidad.
 

    Tradicionalmente, las reivindicaciones laborales han sido un terreno reservado y guardado por y para los sindicatos. Los sindicatos serían los representantes genuinos de la clase obrera, el cuerpo en el que se plasma una de las fuerzas motoras de la sociedad industrial y los actores laborales por excelencia. Sin embargo, la encarnación de esas fuerzas motoras de la sociedad industrial no es automática. Pasa por las mediaciones estructurales de las sociedades en que esos actores tomarían cuerpo, está limitada por el curso del sistema político de esa misma sociedad y se deja influir por la coyuntura particular en que se desarrollan los acontecimientos relevantes, así como por la interacción con otros actores dentro del contexto del cual deberían surgir. Cuando todos estos elementos son apropiados a la formación de organizaciones sindicales, es posible ver surgir sindicatos fuertes, autónomos, constituidos en actores influyentes dentro de los espacios políticos.

    Los sindicatos latinoamericanos no han contado con tal suerte de coincidencias. Mucho menos los centroamericanos. Si los acontecimientos de los últimos años han debilitado a los que aparecían como los sindicatos más fuertes de la región, las consecuencias sobre las posibilidades de organización sindical en nuevos sectores económicos tales como la maquila, son aún menores. La maquila centroamericana reúne al menos a 250,000 trabajadores y trabajadoras, pero el número de sindicatos en la región —con excepción de Honduras— difícilmente llega a 10; fuera de Honduras, sólo encontramos un sindicato con contrato colectivo firmado. Los intentos fallidos de organización sindical terminan casi todos en despidos y quienes se quedan sin su trabajo por intentar organizar un sindicato deben renunciar, además, a la posibilidad de un nuevo empleo en la maquila, ya que su nombre queda apuntado dentro de las llamadas “listas negras”.

    Frente a las dificultades de los sindicatos para organizarse y fortalecerse, otras organizaciones de la llamada “sociedad civil” han tomado un papel más activo en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y, fundamentalmente, en la  defensa de la libertad de organización sindical. Dentro de las acciones emprendidas por estas entidades no sindicales en los países centroamericanos encontramos al monitoreo independiente.

    El monitoreo independiente se refiere a la participación social en la vigilancia de las condiciones de trabajo dentro de establecimientos específicos. Este concepto no fue inventado en el Sur. Por el contrario, desde principios de la década de los años noventa muchas empresas de los EE.UU., especialmente en la industria del vestuario, comenzaron a solicitar los servicios de compañías auditoras para inspeccionar las condiciones de trabajo dentro de las fábricas donde elaboraban sus prendas, principalmente en la ciudad de Los Angeles. Para 1998, cerca del 77% del total de maquiladoras del vestuario en esta ciudad habían sido monitoreadas bajo este sistema y la verificación privada era ya un gran negocio para ciertas firmas auditoras, que en promedio realizaban unas 10,000 auditorias por año.

    Sin embargo, el monitoreo de condiciones de trabajo impulsado por organizaciones sociales locales relacionadas con temas de derechos humanos, derechos de las mujeres y asuntos sindicales, sí resultó una novedad en el panorama de las reivindicaciones de los derechos laborales y sindicales. Luego de marzo de 1996, cuando la primera de estas experiencias se instaló en una maquila localizada en El Salvador, inició una nueva etapa en el movimiento "antisweatshop" en cuyas discusiones destacaron el papel de las organizaciones no sindicales locales en asuntos laborales y sindicales, la vigilancia de los códigos de conducta corporativos y el papel de las empresas transnacionales en la garantía del respeto de los derechos de la agente que elaboraba sus productos.
Asimismo, en el Sur, este acontecimiento marcó una nueva fase en el involucramiento de     organizaciones sociales en asuntos laborales, implicando la necesidad de una redefinición de las fronteras y del tipo de alianzas que podrían establecerse entre estos actores.

     La respuesta empresarial no se hizo esperar. Para el mismo 1996, la Casa Blanca convocó a una comisión cuatripartita entre altos empresarios de la industria de la indumentaria en los EE.UU., sindicatos, organizaciones sociales y representantes del gobierno. Ello, con el fin de discutir la elaboración de un código de conducta único para toda la industria estadounidense del vestuario, así como el mecanismo de monitoreo de tal código. Poco a poco, las organizaciones sociales más beligerantes y los sindicatos se retiraron de esa iniciativa ante la imposibilidad de incorporar dentro del código tanto el tema del "salario digno" como lo relativo a un monitoreo independiente. Para 1998, la comisión se transforma en la Fair Labor Asociation (FLA), que cuenta con su propio código de conducta y sistema de monitoreo. La tendencia que se impone desde las empresas transnacionales de la ropa, a partir de entonces, es la de monitorear a sus proveedores por compañías auditoras y no por  organizaciones sociales locales.

     Por su parte, los sindicatos —especialmente de los estadounidenses— también comienzan a protestar contra el monitoreo independiente. Desde su óptica, representaba una competencia directa a la organización sindical. Los sindicatos locales, en muchos casos, hicieron eco de tales protestas y dificultaron bastante el crecimiento de nuevas experiencias de monitoreo.

    Pese a estas dificultades, para junio del año 2000 se puede dar cuenta de varios casos de monitoreo independiente en la región centroamericana. Además del realizado por el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) en Mandarin International, la fábrica en la que todo esto inició, se registra el trabajo del Equipo de Monitoreo Independiente en Honduras (EMI) en la fábrica Kimi y el manejado por la Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (COVERCO) en Guatemala.

    Cada uno de estos casos ha sido diferente en cuanto a su origen, desarrollo y resultados; sin embargo, para todos ellos pueden mencionarse algunos elementos comunes: a) han contado con aliados internacionales, especialmente organizaciones sociales de los EE.UU. que, bajo diversas formas, han influenciado a las compañías internacionales para aceptar monitoreo independiente en algunos de sus proveedores en Centroamérica; b) no siempre se ha partido de una violación a los derechos laborales, pero en todos los casos la preocupación manifiesta de los monitoreadores ha sido la garantía de la libertad de organización sindical; c) las monitoreadoras han sido organizaciones no sindicales locales; y d) en todos los casos se intenta invocar a la responsabilidad de las empresas, sobre todo de las transnacionales, en las condiciones de trabajo de sus proveedores.

    El monitoreo independiente puede conceptualizarse como un esfuerzo de ciertas organizaciones sociales de los países maquiladores para vigilar el cumplimiento del respeto de los derechos humanos, las leyes laborales nacionales y el código de conducta de la empresa contratante. Los elementos básicos del monitoreo incluyen la independencia real que las organizaciones monitoreadoras tengan respecto de las partes involucradas, así como la credibilidad y trayectoria de las mismas en materia de defensa de los derechos humanos y relaciones laborales justas.

      El monitoreo desde las organizaciones sociales tiene su primera expresión en el conflicto de Mandarin Internacional. Mandarín era una fábrica “taiwanesa” de ropa localizada en El Salvador, que en junio de 1995 despidió a más de trescientas personas por razones sindicales. Las acciones de protesta y denuncia contra la fábrica impulsadas por actores nacionales exigiendo la intervención eficaz del gobierno para la solución del conflicto no rindieron frutos, pese a la tremenda publicidad que alcanzó el caso a lo largo del segundo semestre de 1995. Posteriormente, estas acciones encontraron respaldo en una amplia e intensa campaña dentro de los EE.UU., emprendida por activistas “antisweatshop” contra la marca Gap, principal clienta de Mandarin. Grupos de sindicalistas, estudiantes y religiosos de los EE.UU. se congregaron frente a las tiendas de Gap para reclamarle una actuación más decidida, en el sentido de convencer a su proveedor para el reinstalo de los y las despedidas.

    En un principio, Gap se resistía a dar crédito a las denuncias de los activistas estadounidenses argumentando que los y las despedidas no habían sido contratadas por Gap sino por Mandarin; desde esa particular perspectiva, Gap asumía que quedaba sin responsabilidad. Posteriormente, Gap ofreció los resultados de sus propias investigaciones y las del Ministerio de Trabajo salvadoreño, en las que no se revelaba ningún problema. Finalmente, ante la insistencia de las denuncias y las acciones frente a sus tiendas en los EE.UU., junto a la contundencia de las declaraciones de los activistas salvadoreños, Gap decidió rectificar y comenzó a negociar la solución al problema.

    Después de convencer a Gap de su responsabilidad en el caso e, inclusive, luego de la firma de los acuerdos de marzo de 1996 que establecían que las y los sindicalistas debían regresar a la fábrica y que la misma debía admitir monitoreo independiente, Gap se resistía a comportarse decididamente a favor del cumplimiento de los acuerdos. Hubo necesidad, entonces, de presionar con la posibilidad de una nueva campaña para que Gap se decidiera a actuar en serio. El reinstalo de las personas despedidas se inició en octubre de 1996. Un año después del regreso de éstas, el GMIES reportó que en la fábrica ya no se encontraban violaciones graves a los derechos laborales y que la mayor parte de las denuncias de malas condiciones de trabajo, previas a los despidos, habían dejado de escucharse.

     En resumen, el monitoreo independiente se origina en respuesta a una grave violación al derecho de libre organización sindical, como fruto de una campaña nacional e internacional contra una firma transnacional, con la anuencia de ésta y la aceptación de la maquila local. Los grupos monitoreadores no organizan sindicatos, no negocian contratos colectivos y no representan ni a los trabajadores, ni a la empresa, ni a la compañía transnacional. En este sentido, no reemplazan a ninguno de los actores involucrados. Los mejores monitoreadores son los mismos sindicatos, pero la triste realidad es que a la población trabajadora se le niega, a menudo, la posibilidad de organizarse y exigir sus derechos.

    La mayor parte de los esfuerzos de organización terminan en despidos. Hasta junio del 2001, en Guatemala no había ni un solo sindicato en maquilas. En El Salvador, los únicos sindicatos de empresa en las maquilas —desde 1996 a mayo del 2001— existían en fábricas que estaban siendo monitoreadas en forma independiente. Así, el monitoreo coexiste con sindicatos en tres de las cinco empresas que se monitorean. Desde ese punto de vista, es posible decir que el monitoreo sí ha tenido un importante protagonismo en la creación de espacios para el ejercicio de la organización sindical.