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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 962
agosto 8, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Otras vacaciones violentas
Política:  Del alcohol y otros demonios
Economía:  Difícil situación de las finanzas públicas
Región:  Adversa situación económica y social
Comentario:  Visiones y dilemas explicativos de la realidad
Derechos Humanos:  La Carta Democrática Interamericana (I)
Comunicado:  Crisis de alimentos
 
 
 

EDITORIAL

     Recién acaban de finalizar las vacaciones de agosto y, como en otras festividades semejantes, los medios de prensa ofrecen cifras preocupantes de muertos y lesionados. Y, al igual que en otras ocasiones, son los accidentes de tránsito y los disparos con arma de fuego los rubros que sobresalen como principales factores causales tanto de lesiones como de homicidios.  Con todo y lo alarmante que puedan ser las cifras de estas festividades agostinas en concreto —738 lesionados y 56 muertos—, mucho más alarmante es, por un lado, la constante de violencia que se va perfilando en los distintos periodos vacacionales y, por otro, la aceptación social de esa violencia que, obviamente, va más allá de los mencionados periodos.

     Para caer en la cuenta de la "constante de violencia" aludida no hay que irse muy lejos en el tiempo, sino que basta con remitirse a la dos últimas celebraciones de semana santa, al penúltimo feriado agostino y a la última celebración de navidad y año nuevo. Estos son, según la prensa nacional, los datos más gruesos: mientras que la vacación de semana santa de este año —que siguió inmediatamente a los terremotos de enero y febrero— dejó un total de 90 muertos y 328 lesionados, la misma temporada festiva dejó, el año pasado, un saldo de 110 muertos y 1,663 lesionados.  Mientras tanto, las fiestas de agosto del año pasado dejaron como resultado un total de 35 muertos y 138 lesionados, en tanto que la misma celebración en el presente año dejó —como ya se señaló antes— un total de 738 lesionados y 56 muertos.  Por último, las fiestas de navidad y año nuevo del 2000 dejaron un saldo de 36 muertos y 280 lesionados.

     El lapso de tiempo  escogido es demasiado corto como para apresurar conclusiones acerca de cuáles celebraciones son más violentas —semana santa, agosto o navidad y año nuevo—, pero no para afirmar que, cuando menos en 2000 y 2001, las festividades de semana santa han sido más violentas que otras festividades: 200 muertos y 1,991 lesionados. Como contrapartida, las fiestas agostinas en ambos años dejaron 91 muertos y 876 lesionados.  Con todo, la diferencia no es para alegrarse, pues las pérdidas de vidas humanas o el dolor de las víctimas y sus familias siempre están presentes como una realidad inobjetable.

     Precisamente, los datos globales —sumados para ambos años— permiten hacerse una idea de los enormes niveles de violencia que prevalecen en la sociedad salvadoreña, así como de la grave situación de inseguridad que enfrentan sus ciudadanos. En efecto, sólo en las temporadas festivas más importantes sucedidas en el año 2000 y en lo que va de 2001 —que suman alrededor de 35 días— se tuvieron un total de 327 muertos y 3,147 lesionados —lo cual arroja un promedio de 9.34 muertes violentas y 89.91 lesionados por día—, cifras en sí mismas alarmantes, pero que lo son más si se sitúan en el contexto de la violencia social que se extiende más allá de las fiestas y celebraciones señaladas.

      Esto último hay que tomarlo muy en serio, so pena de caer en burdas interpretaciones del fenómeno de la violencia en el país. Una de estas interpretaciones burdas consiste, precisamente, en pretender vender la tesis —lo cual se hace por ignorancia, mala fe o una mezcla de ambas cosas— de que la violencia que se genera durante las celebraciones de semana santa, agosto o fin de año no sólo es algo aislado y excepcional, sino que obedece a factores meramente incidentales y hasta cierto punto fuera del control de las autoridades e incluso de los individuos que los protagonizan.

    Siendo así las cosas —parecen querer decir quienes suscriben esta lectura— no queda más que o bien esperar que termine la temporada de vacaciones, para contar a los muertos y a los lesionados, o bien tomar determinadas precauciones expresamente diseñadas para la excepcionalidad que representan las épocas de vacación con sus secuelas de violencia. Una vez que la situación de excepción ha pasado, los dispositivos montados para la ocasión —casi siempre ineficaces— pueden ser desarticulados, pues la vuelta a la normalidad ya no los requiere.

     Este modo de ver la realidad tiene que ser sometido a un fuerte cuestionamiento, sobre todo porque opera de espaldas a ella. Esta —con sus elevados niveles de secuestros, violencia intrafamiliar, violaciones, asesinatos con armas de fuego, robos y riñas callejeras que se suceden cotidianamente, en periodos festivos y fuera de ellos—, indica que los muertos y lesionados dejados por las vacaciones no son algo excepcional, sino una expresión más de la crítica situación de inseguridad en la que permanentemente viven los salvadoreños.

    Es decir, en El Salvador la "normalidad" es la violencia y la inseguridad ciudadana. Y si por algo hay que tomarse en serio el problema de la violencia en los días feriados —además del dolor y luto que dejan entre las víctimas que sobreviven y los familiares de los fallecidos— es por estar articulada con un contexto más amplio de violencia del cual se nutre y al cual contribuye a agudizar.  Es esta normalidad de violencia e inseguridad la que tiene que ser atendida con urgencia, creatividad y eficiencia, puesto que de lo contrario seguirá dejando pérdidas irreparables por doquier.

    Las medidas de emergencia, puramente coyunturales, deben  ceder su puesto a una estrategia de prevención y tratamiento del problema de la violencia fundada en la comprensión de sus diversas manifestaciones y consecuencias. Una estrategia de esa naturaleza no podrá ponerse en marcha mientras persistan en los círculos oficiales y mediáticos visiones simplificadas del problema de la violencia; tampoco podrá surtir efectos positivos mientras los ciudadanos no estén dispuestos a renunciar a estilos de vida que dan por supuesto que en El Salvador lo normal es la agresividad y el abuso de todos contra todos.

    Aceptar que la convivencia social en el país no puede ser de otra forma de como es actualmente significa aceptar que ni nos importa nuestra propia felicidad y seguridad ni la seguridad y felicidad de los nuestros. Es posible que la deshumanización de la sociedad salvadoreña haya echado raíces tan hondas como para dar pie a una actitud de desprecio radical a la vida propia y a la ajena. Es posible también que sólo se trate de un desenfoque temporal acerca de lo que es verdaderamente importante. Ojalá que este sea el caso, pues de lo contrario el país estará condenado a un mayor deterioro humano y social.
 

[Extracto]

    Que la sociedad salvadoreña es presa fácil del abuso de alcohol, la delincuencia, la corrupción, entre otros demonios, es un hecho innegable.  Más aún, el tributo pagado por la sociedad a la delincuencia común u organizada, o la corrupción del sistema político y judicial, es tema harto debatido en el ambiente nacional. Por lo que, al final, hablar de alcohólicos, delincuencia o políticos y jueces corruptos no entraña novedad alguna.

    Pero sí surge la curiosidad cuando alguna institución intenta atacar los problemas antes mencionados. Tal es el caso de la reciente ordenanza de la Alcaldía de San Salvador que prohibe la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes y su consumo en lugares públicos, pasadas las doce de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente. Tal decisión ha tenido un efecto de cascada en los demás municipios del área metropolitana. Ya varios han anunciado su decisión de avanzar en la misma línea que la alcaldía de la ciudad capital.
 
 

[Extracto]

    La crisis de las finanzas públicas es una realidad que ha venido siendo señalada desde 1996 por diferentes sectores y estudiosos de la problemática económica. Asimismo, ha aparecido prácticamente en todos los análisis de coyuntura y ha venido adquiriendo dimensiones alarmantes. Las perspectivas de las finanzas públicas han empeorado tras el impacto de los terremotos, los costos fiscales de la reforma del sistema de pensiones y de la dolarización. Considérese, por ejemplo, que datos recientes estiman que el déficit fiscal podría pasar de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2000 a 5% para el presente año.

     Este es el contexto que explica la asignación de Juan José Daboub —hombre de confianza del presidente Flores— a la cartera de Hacienda y, más recientemente, el anuncio de una reducción de 15% de los gastos corrientes de todas las dependencias del Estado para el año 2002. Según Daboub, esta reducción en el gasto corriente podría dar paso a un incremento a la inversión pública.
 

[Extracto]

    La primera mitad del presente año ha dejado tras de sí una difícil situación económica y social para miles de centroamericanos. Sumado a la tragedia causada por los terremotos en El Salvador y a los todavía palpables efectos de la Tormenta Tropical Mith, ahora la región se enfrenta a por lo menos dos grandes problemas de considerables implicaciones socioeconómicas: primero, la inseguridad alimentaria, a causa de la prolongada sequía; y, seguidamente, el desempleo, como consecuencia del cierre de plantaciones de café y de fabricas de capital extranjero. Asociado a lo anterior, emerge la amenaza del crecimiento de los movimientos migratorios —ya sea flujos de carácter nacional como internacional— hacia zonas menos vulnerables o con mayores facilidades de empleo.
 

    Dicen algunos que nada es verdad ni “nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira”; la realidad en  y por sí misma no es mala ni buena, todo dependerá desde donde la observemos, así será diferente nuestra perspectiva de la misma si la observamos desde una posición económica de privilegio que si la observamos desde una posición económica de limitaciones. También dependerá del porqué de nuestra existencia en ella, así será diferente si consideramos que la sociedad debe de brindarnos las condiciones para el placer y la satisfacción que si la observamos como una oportunidad para el servicio a los demás, enfatizando en los más necesitados; y, finalmente, dependerá del para qué la concibamos, así será diferente si nuestra razón de ser en ella es para transformarla o para conservarla.

    Si partimos de explicar la realidad desde una posición económico-social determinada, para muchos El Salvador es un país de oportunidades y alternativas como nunca antes lo fue; y para otros será todo lo contrario, es decir, un país con las más mínimas posibilidades para que las personas salgan de donde están y puedan progresar

    Si partimos de explicar la realidad desde el porqué de nuestra existencia en ella, para muchos la sociedad salvadoreña es un lugar donde no se puede vivir, puesto que en él las posibilidades para la recreación y el placer son muy escasas, y para otros será una gran oportunidad de servir a la cada vez mayor cantidad de necesitados que existen.

    Si partimos de explicar la realidad desde el para qué concebimos a la sociedad, para unos la sociedad salvadoreña será un lugar donde no hay mucho que transformar y para otros un lugar donde la transformación debe hacerse (independientemente de cómo se haga) en todos los ámbitos de acción persona y social.

    La realidad salvadoreña da mucho de sí para poder ser explicada siguiendo los tres puntos de vista que hemos señalado. De hecho, esto se hace patente en muchas actitudes y acciones que tanto individual como colectivamente se manifiestan, desde aquellos que dedican su mejor esfuerzo e ímpetu al enriquecimiento y crecimiento económico (independientemente de la actividad de la cual provenga), pasando por quienes en el día a día se juegan su supervivencia en las calles, parques y esquinas de la capital, hasta aquellos que buscan en el extranjero las oportunidades que en esta sociedad no encuentran; desde aquellos que se aprovechan del desorden organizado y la anarquía que impera en el país, hasta aquellos que desde el asistencialismo o la búsqueda “ortodoxa” o “renovadora” del cambio pretenden transformar la desigual sociedad que tenemos en una sociedad más equitativa.

    Es importante destacar que todos y cada uno de los fenómenos antes descritos se enmarcan dentro del esquema de tres dilemas sociales, tres dilemas que además le estarían  dando razón de ser a las diferentes explicaciones que las teorías sociológicas hacen de la realidad  tal y como afirma Anthony Giddens en su Sociología  (Alianza Editores, Madrid 1993) y que de alguna forma son asumidas por diferentes instituciones y personas, estos son:

    El  primer dilema  es aquel que intenta responder a la pregunta de cuál es el factor determinante en última instancia de la vida social: ¿son las estructuras las que determinan al individuo o son las personas las que configuran a la sociedad?

    Si el dilema se inclina al hecho de que son las estructuras las que determinan al individuo, esto conlleva a plantear las tres visiones de la realidad de la siguiente manera: si se observa al individuo  desde la posición socioeconómica se estaría dando por sentado que todos aquellos que nacieron en un estrato bajo son proclives a vivir en la desgracia y a engrosar las filas de las diferentes formas de desviación social existentes; visto desde el porqué de la sociedad las posibilidades de ascenso o de servicio a los demás estarían mediatizadas por la configuración que la estructura hace del individuo; es decir, las personas asumirán su papel en la sociedad de un modo contemplativo o altruista si la socialización y los diferentes condicionantes empujan a una o a otra cosa;  y visto desde el para qué de la sociedad el cambio o transformación de la sociedad no estará en manos de las personas sino que dependerá de los factores y condiciones que puedan estarlo favoreciendo o desfavoreciendo.

    La realidad salvadoreña es aleccionadora en esto. Basta con ver los periódicos para darse cuenta como a  los delincuentes (exceptuando los de cuello blanco) se les califica como personas desviadas antisociales (aunque sociológicamente el término desviado se le atribuye a todo aquel que actúa fuera de las normas y leyes establecidas) y victimarios del ciudadano honrado; es ante ello que los medios inducen a la opinión pública a pedir leyes más duras. De igual forma, es notoria la sublimación del altruismo y la filantropía de muchos que son promocionados como los sujetos ejemplares ya que su entorno los ha fa favorecido ha realizar dichas obras, con lo cual además se está vendiendo un modelo de vida y de solidaridad.

     Si el dilema se inclina por la segunda opción —es decir, que son las personas quienes configuran a la sociedad—, los desviados sociales no tienen razón de ser, puesto que no todos los que han nacido en situaciones similares han llegado a ello, en tal sentido deben ser castigados con severidad pues en ningún caso son una justificación las condicionantes económicas y sociales. De igual forma, el individuo debe ser el mejor ejemplo de servicio y entrega para construir una sociedad mejor, de ahí que se difunda en los medios de comunicación que la sociedad es el resultado de lo que todos y cada uno de los salvadoreños hagan de ella, esto más allá de las condiciones en que nos encontremos. Y, finalmente, losl cambios que deben buscarse bajo este modelo son más de forma más que de fondo, es decir, cambios que no tocan las estructuras que definen a la sociedad. El mensaje es que la sociedad cambiará y será mejor en la medida en que con nuestras acciones  individuales la mejoremos.

    El segundo dilema es el que intenta responder al comportamiento de las sociedades desde la lógica o bien del consenso o bien del conflicto. Si la sociedad es observada en función de una posición socioeconómica satisfactoria, probablemente consideraremos el conflicto innecesario, en tanto que  no  veremos razones para alterar el orden que por naturaleza debería de reinar. En nuestra realidad salvadoreña abundan voces que enfatizan en ello y califican de "antisistema" a todo aquel que exprese una opinión diferente a la imperante, con lo cual se reduce además el conflicto a confrontación física y se  considera que el mismo debe resolverse con mano dura. Así, en esta óptica, la sociedad se funda en el consenso y este sólo es roto por los antisistema.

    Visto desde el porqué las personas intentan vivir en la sociedad de tal forma que su accionar no contribuya al conflicto —sino que por el contrario a reproducir el orden—, aquí se enmarcan todas aquellas voces que invitan a manifestarse pacíficamente y a no ceder ante aquellas posturas que no contribuyan al mantenimiento del orden en la sociedad. Los lemas conocidos son, por ejemplo: “no haga huelgas que dejen a los asegurados sin salud” y "no se tome las calles que son para el libre transito de las personas”. Así, finalmente, bajo esta marco también se debe de tratar de mantener (sobre todo con una dosis alta de conformismo) el orden establecido, y sólo tratar de buscar aquellos cambios que son parte del orden y que por tanto contribuyen a su mantenimiento.

    El tercer dilema es aquel que se refiere a si es lo económico lo que determina las esferas social, política y cultural o es la forma en que social, política y culturalmente estamos configurados el que determina el tipo de avance económico que tenemos y queremos. Si se ve desde una posición económico-social satisfactoria lo que se podría afirmar es que lo económico es producto de la forma en que se organiza la sociedad política y culturalmente; de ahí que haya personas que promuevan y aboguen por el servicio, solidaridad  y cambios en las esferas políticas y culturales, sin pretender tocar muchas veces la estructura económica imperante.

    Aquí se enmarcan las manifestaciones que loablemente hay que aplaudir y que abogan por un “si a la vida” en el vientre, pero que contrasta con otras actitudes de un “no a la vida" desde el modelo económico imperante (tal y como lo constata el Informe sobre desarrollo humano El Salvador 2001). De igual forma, se enmarcan aquí también todos aquellos que pretenden detener la delincuencia brindando materias de moral urbanidad y cívica sin ir más al fondo en el examen del problema de la violencia.

    Lo importante de todos estos dilemas, según afirma Anhony Giddens, es que desde el análisis académico de la realidad no es posible inclinarse parcialmente por un dilema, o por uno de los tres dilemas en particular, porque la realidad no existe seccionadamente, sino como un todo. Por tanto, un enfoque analítico serio que compete a académicos, así como también a todos aquellos que de una u otra forma inciden en la opinión pública, debe de considerar estas visiones y dilemas explicativos para no caer en el reduccionismo irresponsable que confunde e inclina las voluntades y acciones de muchos.
 
 

Colaboración de Joaquín Aguilar, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

    La Tercera Cumbre de las Américas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la preparación de una Carta Democrática Interamericana, con el objeto de robustecer la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones concretas en las cuales la democracia —dentro del algún país del continente— se encuentre en peligro. Así, entre el 3 y 5 de junio del 2001, durante la Asamblea General del organismo citado realizada en Costa Rica, se elaboró un borrador que ha circulado ampliamente para conocer las observaciones de diversos actores, a fin de lograr que el texto definitivo esté completado a más tardar el 10 de septiembre del año en curso. Cabe señalar que  el plazo para enviar dichas observaciones vencía el 10 de agosto.

    Dentro de ese marco, en lo que podría interpretarse como una muestra evidente de la falta de voluntad o de capacidad política para manejar este tipo de asuntos, ha última hora el Órgano Ejecutivo salvadoreño —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y, quizás, “empujado” por algunas organizaciones sociales— invitó a un foro público para “dar a conocer el proyecto de texto” de la mencionada Carta y para conocer “opiniones”, el cual tendría lugar el jueves 9 de agosto.

    Al menos al IDHUCA, la convocatoria llegó hasta el miércoles 8 de agosto; ese “pequeño detalle” nos ha impedido participar en el foro oficial dentro de nuestro país. Sin embargo, ello no nos ocasiona ningún problema pues —debido a la vinculación que mantenemos con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y con otros organismos de derechos humanos fuera de El Salvador— hemos conocido el borrador de la Carta, participado en el debate y enviado nuestras observaciones.

    No obstante nos surgen algunas interrogantes que a continuación compartimos. ¿Logrará Cancillería reunir una cantidad significativa de personas e instituciones en el foro? ¿Tendrá el público asistente al mismo la capacidad para asimilar el contenido del documento y formular, en el momento, observaciones fundamentadas? ¿Alcanzará a procesar Cancillería las observaciones, si se dan, para enviarlas a tiempo al Consejo Permanente de la OEA? ¿O será ésta otra manifestación concreta de lo que el actual presidente de la República entiende por “participación ciudadana”?

    Porque hasta la fecha, en lo que va de su mandato, lo que se percibe del licenciado Francisco Flores, cuando habla de eso, no es más que pura y simple apariencia. En la práctica, no se ponen las condiciones reales y sólidas para generar e incluir la opinión de la gente, organizada o no, en los asuntos decisivos que le conciernen. Y eso, sin duda, no contribuye a la verdadera democratización en nuestro país.   Por lo anterior, en esta ocasión, ofrecemos el contenido sustancial del borrador de la Carta Democrática Interamericana; además, incluimos algunas de las observaciones surgidas en otros países y las nuestras.

    Reunida el 5 de junio del año en curso en San José, Costa Rica, la Asamblea General de la OEA aprobó —después de varios considerandos para el caso— el siguiente articulado que ha servido de base para la discusión en todos los países del continente, con escasas excepciones como la del nuestro.

I. La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia.

Artículo 2. La democracia representativa es el sistema político de los Estados de la Organización de los Estados Americanos, en el que se sustentan sus regímenes constitucionales y el Estado de Derecho.

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa la celebración de elecciones libres y justas como expresión de la soberanía popular, el acceso al poder por medios constitucionales, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 4. El fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público, respeto por los derechos sociales, libertad de prensa, así como del desarrollo económico y social.

Artículo 5. La solidaridad y el fortalecimiento de la cooperación interamericana para el desarrollo integral, y especialmente la lucha contra la pobreza crítica son partes fundamentales de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituyen una responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos.

Artículo 6. La participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo, constituye una condición fundamental para un ejercicio eficaz y legítimo de la democracia. Promover y perfeccionar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II. La democracia y los derechos humanos

Artículo 7. La democracia es condición para el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 8.  El ejercicio de la democracia debe asegurar a todas las personas el goce de sus libertades fundamentales y los derechos humanos tal como aquellos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales y los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.

Artículo 9. Las mujeres y los hombres cuyos derechos civiles y políticos sean violados están habilitados para interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

III. Mecanismo de fortalecimiento y defensa de la democracia

Artículo 10. Cuando el Gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legitimo ejercicio del poder, podrá recurrir a la Organización a fin de solicitar la asistencia oportuna y necesaria para la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 11. Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Cláusula Democrática

Artículo 12.  En concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de Quebec, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado Miembro de la OEA constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado dentro de la OEA, con sujeción a lo establecido en la Carta de la OEA [así como del proceso de las Cumbres de las Américas].

Artículo 13. En caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legitimo ejercicio del poder de un gobierno democrático, el Estado afectado, un Estado Miembro o el Secretario General solicitarán la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación. El Consejo Permanente convocará, según la situación, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en un plazo de diez días, para adoptar las decisiones que estime apropiadas, conforme a la Carta de la Organización, al derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Artículo 14. Cuando la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General determinen que se ha producido una ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado Miembro, conforme a la Carta de la OEA, lo harán por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los Estados Miembros. Esta determinación conlleva la suspensión de dicho Estado en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA. [Esta situación conlleva la suspensión de la participación del proceso de Cumbres de las Américas]. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización, en particular sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Artículo 15. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 16. Cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros de acuerdo con la Carta de la OEA.

IV. La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 17. La OEA enviará misiones de observación electoral con el alcance y la cobertura que se determine en el Convenio que para ese efecto se suscriba con el Estado Miembro interesado y si en el país se den las condiciones de seguridad y de acceso libre a la información. Las misiones de observación electoral se realizarán siempre y cuando el Estado Miembro que las solicite garantice el carácter libre y justo del proceso electoral y el correcto funcionamiento de las instituciones electorales. El Secretario General podrá enviar misiones preliminares con el objetivo de evaluar la existencia de dichas condiciones.

Artículo 18.  Si no existiesen garantías mínimas para la realización de elecciones libres y justas, con el consentimiento o a solicitud del gobierno interesado, la OEA podrá enviar misiones técnicas previas a fin de presentar sugerencias para crear o mejorar dichas condiciones.

    Roma- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) proveerá alimentos a 405, 000 personas que han perdido entre el 50 y 100 por ciento de sus cosechas, debido a una severa sequía que afecta actualmente Centroamérica.

     El PMA y los gobiernos de la región están elaborando una evaluación de campo en cada uno de los países afectados para determinar las poblaciones más vulnerables que necesitan ser asistidas. Se estima que cerca de 1.4 millones de personas son afectadas por la sequía en la región, de las cuales, 775, 798 están en una situación crítica respecto de su seguridad alimentaria.

    "Por el momento solamente podemos asistir un poco más de la mitad de la población más vulnerable afectada por esta crisis alimentaria", según Francisco Roque Castro, el director regional del PMA para América Latina y el Caribe. "Nuestras manos están atadas porque no tenemos los recursos requeridos para ayudar al resto de la población vulnerable que requiere urgentemente de asistencia".

    El PMA necesita, por lo menos 16,500 toneladas métricas de alimentos, lo cual se estima costará unos 7,5 millones de dólares estadounidenses, para proveer una asistencia alimentaria de tres meses a las personas más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños. Los donantes podrán aportar fondos adicionales a la agencia  [Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO)] para víctimas del huracán Mitch.

    EN Honduras, el PMA está asistiendo a 91,000 personas en 12 de los departamentos del país, pero hay reservas de alimentos solamente para un mes. La distribución de los mismos empezó el 23 de julio.

    En Nicaragua, 1200 toneladas métricas de alimentos han sido enviadas hoy para 6,480 indígenas Miskito, personas que viven a lo largo del río Prinzapolka que perdieron sus cosechas, debido a inundaciones que afectaron el área caribeña hace tres meses.

    También, se han distribuido alimentos en las áreas noreste y noroeste de la región que han sido afectadas por la sequía por medio de programas de desarrollo y otras operaciones que ya han sido implementadas. Junto a ello, la asistencia deberá ser expandida a 44,025 personas seriamente afectadas por el mismo fenómeno  a partir de  la segunda mitad de agosto.

    En El Salvador, 200,000 personas son igualmente afectadas en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión; recibirán alimentos a partir del 15 de agosto. Sin embargo, la cantidad de alimentos existente podrá cubrir la necesidad de esas personas solamente por un mes.

     En Guatemala, el PMA asistirá a 63,510 de la población más vulnerable en los departamentos del este y sureste del país; son los que han tenido mayores pérdidas en sus cosechas.

    Los beneficiarios centroamericanos del PMA, por la sequía, son pequeños productores que siembran frijoles y maíz para consumo familiar, lo cual constituye su dieta básica. Las reservas de alimentos de los campesinos han sido destruidas en los últimos 5 años; en primer lugar por la sequía que resultó del fenómeno meteorológico conocido como el Niño, seguido por las inundaciones producidas por el Huracán Mitch y también por sequías en los últimos dos años.

    El PMA ha acelerado la distribución de alimentos a los beneficiarios en sus diferentes proyectos de desarrollo y en otras operaciones en los cuatro países más afectados; también, desde que muchos de ellos han sido afectados por la sequía.

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