proc963

Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Algunos alegan que es contrario a la Constitución y a la libertad de culto que ella garantiza; otros, que es una medida muy poco práctica por una serie de razones válidas y así, entre unos y otros, el proyecto de decreto que obligaría a leer la Biblia en el sistema educativo nacional, al menos durante diez minutos diarios, y sin comentario ni explicación, se fue, por segunda vez, al archivo. El debate sobre este tema se centró en lo constitucional y en lo práctico. Y aunque ambos aspectos deben ser considerados en una decisión de esta naturaleza, la cuestión de fondo no es ninguna de las dos, sino si esa es la respuesta adecuada para los fines que se buscan.

Es evidente que existe una enorme inmoralidad en la sociedad salvadoreña, la cual no sólo se limita al ámbito individual y familiar, sino que pervade, con gran escándalo, el ámbito de lo público. Tampoco cabe duda alguna de que es necesario hacer algo —y pronto— para revertir esta grave situación de inmoralidad pública, en la cual ya no se distingue entre lo permisible, lo lícito y lo que no se debe hacer, ni entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, lo justo y lo injusto. En estos días, para no ir más lejos, un vehículo de la Corte Suprema de Justicia fue cogido con contrabando de queso, sin que aquélla haya podido dar una explicación convincente. El Fiscal General de la República, por otro lado, anuncia que cerrará el caso de la niña Katya Miranda por falta de pruebas y aunque reconoce que éstas desaparecieron porque la escena del crimen fue contaminada, no se muestra interesado en investigar quiénes y por qué las hicieron desaparecer.

El mismo patrón se utilizó para liberar de cargos a los policías que atentaron contra la vida de un médico. En este caso, el Ministerio Público tampoco pudo encontrar pruebas y tampoco está interesado en averiguar por qué no las hay. Un millonario donativo japonés de abono destinado a los pequeños productores acabó en manos de comerciantes y grandes productores sin que ninguna autoridad gubernamental pueda explicarlo. Y así, la lista podría alargarse. En todos estos actos de inmoralidad pública concurren dos hechos: uno, el cometido por los funcionarios públicos o los particulares, y el otro, el de las autoridades que, teniendo la obligación de velar por el bienestar de la sociedad, no lo hacen.

Es obvio que con la lectura obligatoria de la Biblia no será posible superar estas inmoralidades, si no, ¿por qué no comienzan leyéndosela a aquellas personas o en aquellas instituciones más propensas a ellas? En este sentido, los diputados de la derecha que proponen y apoyan esta medida, bien podrían comenzar dando el ejemplo, cosa que, en estos casos, es muy recomendable. Siendo esto así, debieran obligarse a escuchar la lectura de la Biblia antes de iniciar las sesiones de la Asamblea Legislativa. Mal no les haría y así, además, irían cayendo en la cuenta de lo lejos que está su conducta de la voluntad de Dios. Hay que reconocer, sin embargo, que los fundamentalistas creen que la palabra de Dios opera de manera mecánica y confían tanto en su poder absoluto que, con sólo leerla o escucharla, pondría remedio a la inmoralidad reinante.

La propuesta de lectura obligatoria en el sistema educativo nacional la hizo un diputado converso al evangelismo, y con seguridad apoyado por grupos fundamentalistas y pentecostalistas. La idea fue apoyada de inmediato por los otros diputados de la derecha y parecía que tenía la mayoría, pero los de ARENA se echaron para atrás, cuando el presidente Flores objetó razones de orden práctico. Este es un caso típico de cómo legisla la derecha salvadoreña. Un buen día, al diputado converso se le ocurre la idea o en su congregación le dicen que era algo digno de ser promovido. Así, presenta un proyecto de decreto bastante deficiente, porque adolece de rigor y claridad. Sin caer en la cuenta de esto último y sin consultar a nadie más, la derecha se alineó detrás de la propuesta con entusiasmo.

Fue la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos la primera que se atrevió a cuestionar la constitucionalidad de la medida. Después siguieron otros cuestionamientos. Los diputados que apoyaron la medida son los mismos que apoyan la pena de muerte, los que quisieran despojar a los acusados de sus derechos, los que están en contra de restringir el consumo de alcohol en lugares públicos y los que no se atreven a controlar la circulación de armas de fuego, ni las abultadas ganancias de las multinacionales que compraron los servicios públicos. Estos diputados, por lo general, no se detienen a reflexionar sus decisiones, ni mucho menos se les ocurre consultar a los entendidos o a los afectados. Pareciera que se consideran investidos de un poder absoluto, que les permitiría decidir sobre la vida de los demás a su antojo.

No sólo la izquierda salvadoreña tiene dificultades para definir su identidad de posguerra, la derecha también las tiene. Por eso, se apodera de manera irreflexiva de propuestas como la pena de muerte o la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas o de cualquier causa que sea lo suficientemente llamativa, pero que no implique compromiso para introducir cambios importantes en las estructuras sociales. De causas como estas deriva una identidad que no tiene. Qué distinto sería si los diputados y los políticos comenzaran por confesar públicamente sus vicios y se propusieran la conversión de sus inmoralidades más graves, en corto tiempo.

Este sí que sería un medio eficaz para iniciar la moralización de la sociedad y para comenzar a exigir a las otras instituciones públicas que cumplan con su obligación de velar por el bienestar público, ya que, en la medida en que no lo hacen, escandalizan y no sólo se vuelven inmorales, sino en causa de mayor inmoralidad. Pero, en vez de ello, los diputados de la derecha vuelven a la carga con otra iniciativa parecida, la de obligar a estudiar moral y cívica en las aulas, incluso en las universitarias –olvidándose de que la universidad es autónoma.

No cabe duda de que es necesario enseñar moral en las aulas, pero no tal como se hacía antes. La derecha no parece caer en la cuenta que la sociedad y el mundo han cambiado y que, por lo que toca a El Salvador, ella ha sido parte determinante de ese cambio. Por lo tanto, el pasado que hoy añora, se perdió, en parte, por su causa. Quiere mantener los cambios actuales, pero recuperando la moral del pasado. El Salvador de ARENA no puede si no ser inmoral. Un pequeño grupo no puede acumular riqueza libremente a costa del resto de la población y al mismo tiempo hablar de equidad, solidaridad, verdad y justicia. No se puede enseñar moral cuando se practica el libertinaje y cuando no hay quién la enseñe, ni, sobre todo, quién dé ejemplo egregio de moralidad. La derecha salvadoreña está desbordada por los cambios que ella misma ha introducido y busca ahora contener las fuerzas maléficas que ella misma ha desatado, pero sin arrepentimiento, ni conversión.

Al igual que el caso del déficit fiscal, la crisis e involución de sector agropecuario es una realidad palpable desde hace ya bastante tiempo. Dos de los principales indicadores de esta situación son, ante todo, la reducción de la importancia del Producto Interno Bruto agropecuario y, segundo, la persistente caída de las tasas promedio de crecimiento del sector. Las causas de estas dinámicas tienen orígenes tanto nacionales como internacionales y, sin lugar a dudas, configuran un panorama que vuelve urgente un verdadero golpe de timón en la conducción económica.

En este contexto, el impacto de fenómenos climatológicos rutinarios (como la sequía) ha llegado a adquirir dimensiones dramáticas, no sólo porque reduce la disponibilidad alimentaria, sino también porque ocurre en un momento en que la producción y el empleo rural se encuentran deprimidos.

Estamos en plena compulsión quirúrgica que tiende a amputar
las cosas de sus rasgos negativos y a remodelarlas idealmente
mediante una operación de síntesis.

Jean Baudrillard

Cuantitativamente hablando, por tanto, la noticia apenas llamó la atención de los medios y, en cuanto a calidad, la información revelada fue explicada suficientemente, pero faltó análisis e interpretación. Los datos decían que la energía subiría un promedio de 3.49 por ciento en agosto, dependiendo de los ajustes que hubiera hecho cada distribuidora. CAESS aplicaría un alza promedio de 4.23 por ciento, Delsur, 3.57, Clesa, 3.24, y EEO, 2.93.

Solo El Diario de Hoy se preocupó por explicar a sus lectores que “los consumidores no deben perder de vista que los anteriores porcentajes son solo promedios de incremento, ya que la subida real puede ser superior o inferior, dependiendo de la cantidad de consumo de energía” (10 de agosto). Por ejemplo, el 4.23 por ciento de CAESS significaba, de hecho, 5.6 por ciento de aumento en el pago de energía de una persona que consumiera entre 0 y 200 Kv/h, decía la nota de El Diario de Hoy. Aunque se quedó corto, este periódico siguió el consejo que se da en el manual de Reporterismo y Redacción del diario español El País: “No te conformes con contar lo que pasa. La gente necesita saber por qué, qué significa, cuáles son las consecuencias”.

La sugerencia que no siguió ninguno de los periódicos salvadoreños fue la de no escribir e informar pensando en los expertos, siguiendo su discurso y usando su jerga. Esto se vio en la ausencia de explicaciones sobre la relación entre el Mercado Regulador del Sistema (MRS), la fijación de los precios de la energía y la Unidad de Transacciones (UT). Esa es una relación bien complicada que, de seguro, fue muy difícil de entender para los reporteros de las fuentes económicas y será algo peor que un acertijo para el lector normal de un diario.

Tanto los textos de La Prensa Gráfica como los de El Diario de Hoy siguieron casi al pie de la letra el discurso de sus fuentes y no se vieron otras más que las oficiales (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones-SIGET, las distribuidoras, UT y MRS), como si nadie más tuviera algo qué decir al respecto. Habría sido útil que los periodistas que trabajaron este tema recordaran otra sugerencia: “Cuando hables con alguien en el mundo económico debes tener claro cuáles son los intereses de tu entrevistado para no caer en una información parcial o tendenciosa, para no dejarte utilizar” (Manual de Reporterismo y Redacción, El País-España). De una lectura rápida de las notas aparecidas en ambos matutinos, se observa cierto afán por justificar y legitimar la última y las anteriores alzas tarifarias de la energía eléctrica.

Fue muy atinada la iniciativa de El Diario de Hoy de incluir en una de sus páginas algunos consejos para disminuir el gasto de energía (10 de agosto, p.28). Con ello, este matutino mostró la voluntad de servicio y de orientación de la población que deberían asumir con más frecuencia los medios de prensa en situaciones como esta, relacionada con los hábitos de consumo de la gente. La Prensa Gráfica, por su lado, hizo un esfuerzo por mostrar las alzas y las bajas de las tarifas de energía desde enero pasado y su trabajo gráfico al respecto fue bastante ilustrativo. Lo que faltó, como ya se ha dicho, fue análisis e interpretación.

Sobre las causas del alza, por ejemplo, quedó claro que a la SIGET y a las distribuidoras les interesaba que la gente se conformara con la explicación de la sequía y la insuficiente generación hidroeléctrica. Tal insuficiencia, según las razones expuestas en los periódicos, hicieron que se usara más que antes la energía térmica, cuyo costo de generación es más elevado. Ni La Prensa Gráfica ni El Diario de Hoy, sin embargo, buscaron análisis que le explicara a los lectores cómo se establecen los nuevos precios, quién dice cuándo hay que aumentar y en qué criterios se basan. Un campo pagado de la SIGET (13 de agosto, 2001) consigna que “el mercado de generación no está regulado, por tanto, los generadores tienen libertad para fijar sus precios”.

Ningún medio de prensa se ha preocupado por mostrar cómo es esa fijación de precios y si se hace, como mínimo, con base a costos. Quizá alguna fuente de las empresas generadoras (autónomas y privadas), además de alguna otra independiente y conocedora del mercado energético, podría arrojar algunas luces al respecto y explicar mejor el asunto. En el periodismo profesional, se dice que “la información económica fue durante muchos años una sucesión de historias contadas por empresarios o financieros. Ellos hablaban y nosotros, los periodistas económicos, transcribíamos sus opiniones. Los medios informativos hoy piden algo más” (Manual de Reporterismo y Redacción, El País-España). Ojalá así fuera en la prensa local. Los tiempos en que los periodistas eran simples “antenas repetidoras” deberían haber sido superados.

En el análisis de los precios de la electricidad, se ha dicho poco sobre los rubros que tiene que pagar la población y que aparecen en los recibos mensuales (tan difíciles de leer como si estuvieran escritos en arameo antiguo): el uso de la red, el precio de la energía y la atención al cliente. En la prensa, ha estado ausente el análisis de por qué el precio del primero de esos rubros —uso de red— se mantiene estable, sin que hasta ahora se haya hecho público ningún estudio de cómo se estableció su precio y de cuántos años les habría bastado a las distribuidoras para recuperar su inversión.

El análisis, como se ha visto, daba para más, pero la prensa no quiso complicarse la vida investigando y documentando mejor la noticia. Esta indiferencia que prevaleció en los medios escritos más grandes del país se dio paralelamente al abundante espacio que recibieron temas como los estragos que causó la sequía en el oriente salvadoreño (una cobertura ciertamente justificable), la ordenanza municipal que regula el consumo de bebidas alcohólicas y la polémica por la (fallida) propuesta de ley para que se leyera la Biblia en las escuelas públicas.

Este último tema recibió una atención excesiva, especialmente en La Prensa Gráfica. A ratos, la insistencia en la iniciativa de ley parecía más una cortina de humo que supieron aprovechar los representantes del gobierno para no entrar en la discusión de asuntos más importantes, como la falta de mecanismos de control de los precios de la energía eléctrica y su alza. No sólo los medios escritos, sino también los electrónicos gastaron varias horas y mucho esfuerzo en hablar de temas menos complicados que el del funcionamiento del mercado energético en el país.

Ha sido esperanzador ver, en los últimos años, cómo los matutinos (más que el resto de la prensa local) se han esmerado en conservar en su plana de redacción reporteros especializados en distintas áreas, entre ellas, la judicial y la económica (en lo cultural aún la prensa está en pañales). Seguro que muchas fuentes privadas y públicas de economía respetan hoy más que antes a los periodistas que muestran mejor preparación y conocimiento de los temas que están investigando. Sin embargo, faltan todavía más esfuerzos por evitar lo que el manual de reporterismo de El País de España señala como el “peligro principal” para un redactor de asuntos económicos: “caer en la jerga de los especialistas e informar sólo a los expertos o trivializar las cuestiones económicas más complejas para que todo el mundo las comprenda y desvirtuar el contenido de las informaciones”.

Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA.

Cuando andamos por las calles de nuestra ciudad, o nos detenemos a hablar con una persona, casi al instante surge el tema de la caótica situación social que nos rodea, sin importar si nuestro interlocutor es de un estrato económico alto, medio o bajo, de una ideología política de izquierda o de derecha, o de una fe religiosa católica o no católica.

Es importante hacer notar que, aunque el sentimiento es negativo, negativa es también la visualización del futuro, que se reviste de una desesperanza de magnitudes gigantes con riesgos que pueden llegar a ser peligrosos. Se trata de una desesperanza que pasa, entre otras cosas, por la falta de confianza en un sistema político donde la representatividad de las bases no se da; la falta de confianza en un sistema judicial donde parece estar estratificada la aplicación de la ley, por citar solamente dos aspectos y no ahondar en un mar de desilusiones que muchas personas sienten ante la situación actual del país.

La desesperanza se acentúa más cuando las personas no perciben o visualizan opciones alternativas, no tanto porque en la realidad no existan personas, grupos o instituciones sociales que se muevan en esa línea, sino porque los métodos que ellos plantean para llevar adelante sus propuestas no generan mucho atractivo y credibilidad.

Ya sea que se hable de ofertas electorales, de ofertas gremiales o de propuestas de cualquier otro tipo, lo que salta a la vista es una incredulidad pasmosa que lleva a las personas a elegir el escape y aislamiento de la realidad, radicando precisamente ahí el peligro.

Una sociedad desesperanzada de la realidad tangible que la circunda, que ha optado por escapar de ella es presa fácil de ofertas demagógicas (sean de la naturaleza que sean). Por tanto, aquellas instituciones y grupos sociales que pretenden ser alternativos deben de trascender y salir del esquema de la denuncia pura y sin más, para pasar a buscar que la gente los perciba como opción viable a la situación de desesperanza vigente. En definitiva, deben de cuidarse de que la denuncia del status quo no los promueva como entes que ven la sociedad desde el odio y resentimiento (que dicho sea de paso es la imagen que la mayoría de los medios de comunicación les adscriben), sino como entes que mediante la denuncia del estado de cosas imperante logren presentar alternativas viables y operativas par salir de la crisis.

El punto medular está entonces en entrar a la lucha del "posicionamiento" (término acuñado por Al Ries y Jack Trout para referirse a la tendencia a ver como real aquello que en nuestra mente se concibe como tal), es decir, buscar que la denuncia y la oferta se perciban como una alternativa viable, más que en sí mismos, en la mente de las personas. Y esto no porque la realidad no sea más importante que la apariencia, sino porque, a efecto de lograr adeptos, la realidad (es decir lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo) está en cómo las personas lo perciban en su mente y no tanto en la realidad en cuanto tal.

Todas aquellas opciones de cambio social que centran y definen su accionar y existencia en aras del establecimiento de un estado de cosas donde el acceso a los recursos que posibilitan un desarrollo humano (en este punto hay que mencionar el Informe sobre Desarrollo Humano 2001 en El Salvador para conocer cual es el estado actual del desarrollo humano en el país) esté al alcance de las mayorías, deben cambiar su estrategia promocional con miras a que sus demandas y propuestas tengan más eco en la sociedad y no sean fácilmente desfiguradas por aquellas instancias que no están interesadas en el establecimiento de una sociedad con desarrollo humano y equidad.

Nada más para citar algunas organizaciones y luchas, vale la pena mencionar la lucha por un mejor sistema de salud que ha emprendido en Colegio Médico, el compromiso por la preservación de los recursos naturales que mantiene las organizaciones ambientalistas, la lucha por el respeto a los derechos del consumidor que promueve el Centro para la Defensa del Consumidor, la lucha por el establecimiento de una sociedad con equidad de género que promueven varias organizaciones y movimientos feministas, la lucha por las reformas al sistema electoral que promueven organizaciones como el Movimiento independiente para la reforma electoral, la lucha que sostienen organizaciones de derechos humanos para la vigencia de los derechos humanos, la lucha que sostienen varios movimientos sindicales por la defensa de los derechos de los trabajadores, por citar solo algunos de los movimientos más significativos. Todos ellos son casos concretos de movimientos alternativos que muchas veces y quizá de manera injusta son rechazados por personas que podrían beneficiarse de sus acciones y objetivos.

Debido entre otras cosas al avance de la tecnología y la informática y a la cada vez mayor presencia de los medios de comunicación en los hogares salvadoreños, se ha llegado al predominio de la imagen, lo que autores como Román Gubern en su libro El eros electrónico (México, Taurus, 2000) llaman iconocracia; es decir el poder de la imagen, donde de la misma forma en que compiten los envoltorios de los jabones entre sí, compiten las figuras políticas y de la opinión pública, llegando así a la mercatilización de la política y de lo político.

En el mundo globalizado en el que hoy nos encontramos —en el que como manifiesta el sociólogo inglés Anthony Giddens en su libro Un mundo desbocado (Madrid, Taurus, 2000) se trastocan nuestras vidas internas y nuestra cotidianidad de muchas formas, siendo una de ellas la comunicación electrónica—, ningún sector social, ningún movimiento, ninguna ideología o acción social será capaz de existir fuera del poder que tienen los medios de comunicación electrónica, fuera de la influencia de ellos. Esto es aún más importante si tomamos en cuenta a movimientos en pos del cambio y de la transformación del status quo.

Quizá para finalizar sólo falte insistir que no se trata de dejar de hacer denuncia y evitar así la confrontación con el sistema imperante, si ello es inevitable. Se trata fundamentalmente de poner toda la imaginación creativa necesaria para seguir siendo todo lo que se ha mencionado aquí, pero orientado a la conquista de adeptos que puedan no sólo ver con buenos ojos la propuesta planteada, sino que además se conviertan en agentes reproductores del mensaje.

Colaboración de Joaquín Aguilar, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

Artículo 19. La OEA continuara desarrollando diversas actividades y programas dirigidos a la promoción de la democracia y sus valores.

Artículo 20. Los programas y acciones tendrán por objetivo promover la gobernabilidad, estabilidad, buena gestión y calidad de la democracia dando una atención preferencial al fortalecimiento de la institucionalidad política y la amplia gama de organizaciones sociales que componen la sociedad civil. Al mismo tiempo, y atento a que la democracia no es solamente una estructura jurídica y un régimen político sino un sistema de vida fundado en la libertad y el constante mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos, dichos programas prestarán atención igualmente prioritaria a fortalecer la cultura democrática y fomentar principios y prácticas democráticas y los valores de la libertad y la justicia social en la educación de la niñez y la juventud.

Artículo 21. La creación de una cultura democrática y la educación de los niños y de los jóvenes en los principios y prácticas de una sociedad basada en la libertad y la justicia social, requiere programas y recursos para fortalecer las instituciones democráticas y promover valores democráticos. Es una prioridad promover el vinculo entre cuerpos políticos elegidos y la sociedad civil.

Artículo 22. Los partidos y otras organizaciones políticas son componentes esenciales de la democracia. Es un interés prioritario de la comunidad democrática interamericana promover la participación creciente y representativa del pueblo en los partidos políticos para el fortalecimiento de la vida democrática, prestando especial atención a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales [y la influencia inapropiada que puede ser ejercida por los grandes donantes].

Hasta acá llegan los artículos incorporados al borrador de la Carta Democrática Interamericana que circuló ampliamente, para su discusión, por todo el continente. Una de las contribuciones más importantes a ese debate lo ha brindado un extenso grupo de organizaciones sociales que, en cada uno de sus países, trabajan desde hace mucho en la promoción y defensa de los derechos humanos. Algunos aspectos básicos de sus sugerencias al texto de la Carta, que el IDHUCA también asume, son los que se ofrecen a continuación.

En lo relativo a la democracia y el sistema interamericano, dentro del segundo artículo se propone agregar lo fundamental de la democracia para el desarrollo social, político y económico de nuestros pueblos. De igual forma, se plantea reconocer que la democracia debe sustentarse en la plena vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como en la promoción sistemática de la participación de la sociedad civil —de forma individual u organizada— en los procesos para la toma de decisiones.

El grupo continental no acepta el texto propuesto para el tercer artículo y sugiere que se incorporen los siguientes aspectos como “elementos esenciales de la democracia”: el respeto de los derechos humanos y su plena vigencia; el desarrollo de procesos políticos institucionales justos y transparentes, con particular atención en la realización de elecciones libres, en un régimen plural de partidos y de organizaciones políticas, y en el desarrollo de sistemas institucionales de diálogo y concertación entre el gobierno y la sociedad civil; el equilibrio de poderes, la independencia del Órgano Judicial y el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido; el desarrollo económico y social.

Enseguida, la iniciativa de estas organizaciones sociales incorpora un nuevo artículo cuyo texto es el siguiente “Los elementos esenciales de la democracia representativa cuya alteración es inaceptable para la comunidad hemisférica, son:

a) La violación masiva o sistemática de los derechos humanos, especialmente cuando impliquen imposibilidad de ejercicio de los derechos políticos, tales como la libertad de expresión.

b) La interrupción o alteración de los procesos políticos institucionales u órganos estatales, con particular atención a procesos electorales fraudulentos, al desconocimiento de elecciones libres y justas; la supresión del sistema de partidos y las oportunidades de alternancia en el poder, y el silenciamiento o las amenazas sistemáticas a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil.

c) La desnaturalización del Estado de Derecho, con particular atención a la disolución inconstitucional del Congreso, al recorte de la autonomía e independencia del Poder Judicial y a la acción deliberante de las Fuerzas Armadas”.

En lo relativo al tema de los derechos humanos y el sistema democrático, cabe señalar que —en el octavo artículo de la propuesta— las organizaciones de derechos humanos de América recalcamos lo indispensable de la democracia para que los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la población tengan una verdadera vigencia. De igual forma, sostenemos que el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales resulta ser condición indispensable para la democracia. Así queda, pues, establecida una relación de interdependencia y fortalecimiento mutuo entre democracia, desarrollo y respeto a los derechos humanos. Se destaca en este punto, además, la necesidad de reforzar las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, así como el esfuerzo por garantizar las actividades de la sociedad civil orientadas a ese propósito.

A lo anterior se agregan, dentro del resto de artículos del borrador de Carta, otras sugerencias de nuestras organizaciones entre las cuales destacan las siguientes: rendición de cuentas; promoción de los derechos humanos; erradicación de la pobreza crítica y de toda forma de discriminación; distribución equitativa de la riqueza y del ingreso; participación sin discriminación alguna, como forma privilegiada para fortalecer la democracia.

Otro de los aportes importantes a este debate continental es el del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Para éste, resulta de suma importancia “que la Carta Democrática se detenga en los elementos constitutivos de la democracia para evitar imprecisiones o lagunas que pudieran atentar contra los objetivos que la iniciativa persigue”.

En esa línea, el Instituto platea que “los artículos 1, 2 y 3 del proyecto en consideración son especialmente importantes pero presentan, en su redacción propuesta, carencias y ambigüedades que deben evitarse”. Entre ellas, se encuentran las siguientes: la referencia a la democracia como un "derecho de los pueblos" en el primer artículo, “se presta a confusiones en torno al titular y al contenido de la democracia”; en el segundo artículo se debería postular la democracia, “como sistema político al que abrazan los Miembros de la OEA”, de forma “más enfática”; la definición de las elecciones en el artículo 3, “debería correr pareja con la que otros instrumentos interamericanos postulan: auténticas, periódicas, con sufragio universal y voto secreto (artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), e incluso bajo el concepto doctrinario de "competitivas"; es poca la “referencia a la institucionalidad democrática” y no se mencionan para nada los organismos electorales, los órganos de control y la importancia de los poderes (sería “pertinente” rescatar el tema sobre la importancia de la autonomía e independencia funcional y presupuestaria de que debieran gozar dichas entidades); el concepto de rendición de cuentas va más allá de la simple “transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

Para el Instituto, además, en el proyecto de Carta se le debería otorgar especial importancia a “la relación entre derechos humanos y democracia”. Al respecto, afirma lo siguiente: “Desde su inicio, el IIDH ha sostenido que existe una relación ineludible entre ambos, que corre en doble vía. El régimen democrático es una exigencia de los instrumentos de derechos humanos, como lo demuestran expresamente disposiciones tales como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

De igual forma, se asegura que “la vigencia de la democracia requiere el respeto por y el ejercicio de derechos humanos específicos: el voto y la capacidad de ejercer puestos públicos. Pero también otros tales como la libertad de expresión, que ha sido calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la “piedra angular de la democracia”, son condiciones esenciales para que pueda hablarse de un verdadero régimen democrático”.

Se recomienda “que la Carta Democrática, en todo caso, tenga como punto de partida los estándares ya alcanzados por los instrumentos interamericanos de derechos humanos vigentes. Por ello, son importantes pero incompletas las referencias que los artículos 3, 4, 5 y 7 hacen a los derechos humanos y su vinculación con la democracia. Habría que recordar al menos lo siguiente:

a. La libertad de expresión incluye más que la libertad de prensa y merece un lugar destacado en cualquier tratamiento sobre la democracia.

b. La mención a derechos sociales no puede excluir la debida a derechos económicos y culturales (artículo 4) ni la afirmación de que los casos por violaciones a los derechos humanos pueden ser planteados ante el sistema puede omitir los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 9).

c. Es preferible unificar la nomenclatura y hablar solamente de "derechos humanos" sin crear una categoría como la de "libertades fundamentales" (artículos 7 y 8) que puede generar interpretaciones en detrimento de la integridad de los derechos humanos.

d. Más que destacar en derechos humanos que la "democracia es condición para el goce…" (artículo 7), pareciera pertinente reforzar la idea de que la democracia existe como sistema de gobierno capaz de generar las condiciones para la vigencia de los derechos humanos y debe ser evaluada en función de su cumplimiento de esta expectativa.

e. En materia de participación política y participación ciudadana, el proyecto de Carta recoge un concepto importante al resaltar la participación ciudadana en el artículo 6, pero una participación integral tiene que ver con aspectos varios que incluyen, además, el organizarse en partidos políticos o movimientos políticos o comunitarios, influir en la definición de legislación y políticas públicas y tener acceso a formas para exigir rendición de cuentas de sus representantes.

f. El proyecto de Carta en examen subraya que las obligaciones en el tema de derechos humanos no se suspenderán si se da la suspensión del Estado en que se ha quebrantado el orden democrático en aplicación de la cláusula prevista en los artículos 10-16. Esta es una importante precisión para la conservación de las obligaciones internacionales.

Aunque el tema de la cultura de paz para nuestras sociedades no es nuevo (la historia centroamericana ha sido muy pródiga en mantener este tema como una urgencia cotidiana), siempre es importante detener el tiempo y reflexionar sobre el significado de eso que podría parecer tan abstracto si no se le carga de sentidos. No sólo interesa el significado interesa, sino también qué implicaciones tiene el tema para la vida institucional de nuestros países. El Salvador tiene una riqueza muy grande en materia de cultura de la violencia y del riesgo. Según un estudio comparativo del BID publicado en el año 2000 este país centroamericano es el segundo país más violento de América Latina, después de Colombia. Me atrevería a afirmar que podríamos ser privilegiados en el sentido de las propuestas que podríamos dar al tema de la paz, cuando lo que más queremos es vivir tranquilos y en armonía.

Sobre este tema se centra este comentario; de las búsquedas personales e institucionales de caminos plausibles que puedan consolidar una mejor sociedad. Experiencias extremas nos ponen en un lugar interesante para poder decir algo. Está reflexión abordará un marco general de conceptos relacionados con la Cultura de Paz; situaré el tema de la Paz y sus implicaciones en una sociedad, la nuestra, que se está reconstruyendo, es decir, volviendo a nacer —literal y figurativamente—; presentaré algunas reflexiones que se derivan del análisis comparativo de tres propuestas de reconstrucción que se presentaron como respuesta a la crisis y tocan, de alguna manera el tema de la paz; y, a manera de cierre, retomaré algunos elementos que quedan abiertos en la reflexión e intentan interpelar al lector y constructor de está sociedad en la que se necesita concretar de una manera real una cultura de paz.

En la finalización del siglo XX e inicios del XXI la preocupación del mundo intelectual ha sido la de repensar el pensamiento con el que pensamos (Ibáñez, 1994) y ese pensar el pensamiento incluye pensar los conceptos con los que nombramos. En el último siglo, además de avanzar como humanidad en diversos campo científicos y culturales, descubrimos lo que es capaz de hacer el ser humano en el campo de la destrucción, del individualismo y la competencia. Los conceptos desarrollo, cultura, paz, fueron pensados y nombrados desde muchos y distintos lugares, dotándolos de un sentido en un momento y dándole el contrario en otro. Esta polisemia nos obliga ahora a revisarlos de nuevo para que desde un horizonte común los llenemos de significado.

Esta tarea —la de pensar los conceptos con los que nombramos— es aún más urgente cuando los conceptos que sustentan nuestra acción humana son tan abstractos, como al hablar de cultura de paz.
Primero empecemos por ubicar en nuestro diálogo lo que entenderemos por cultura, y por ella diremos que es el lugar donde se modelan y adquieren sentido los comportamientos, los hábitos y las inercias (Martín Barbero, 1996). Cultura, además de reconocer que es toda actividad humana que se ejecuta para satisfacer necesidades materiales, cumple una función, acaso más importante, que es la de dar forma a nuestro universo simbólico. La urgencia, precisamente, de definir conceptos parte de una necesidad cultural porque damos sentido a nuestra vida (incluido los conceptos) desde nuestro particular mundo simbólico. Este mundo simbólico está conformado de valores morales, intelectuales y estéticos que nos sirven de lente y herramienta para leer y hacernos la vida.

Cultura es entonces ese complejo entramado en el que producimos y reproducimos sentidos. Martín Barbero va un poco más allá al apuntar que la cultura es la dimensión expresiva y creativa de la vida cotidiana. La vida cotidiana es donde resolvemos nuestro quehacer diariamente, es donde respondemos a la necesidad primaria de, sencillamente, vivir. La vida cotidiana dirá Reguillo (1998) es el espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras del escenario social de la reproducción y, simultáneamente, de la innovación social. Es precisamente en la vida cotidiana donde se pueden activar distintas prácticas, encaminadas todas a mejorar las relaciones interpersonales que nos permitirían construir una mejor sociedad.

Por otra parte, en este momento nos ocupa especialmente una práctica humana que siempre se ha definido por su contrario: la paz. Práctica que puede dotarse de sentido desde la vida cotidiana.
Los diccionarios nos ofrecen, como primer concepto, al hablar de paz, una definición en la que se centra la ausencia de guerra. Pero esta visión de paz nos queda insuficiente cuando, por experiencia centroamericana, podemos afirmar que no son sólo uno Acuerdos, llamados comúnmente de Paz, los que devuelven la tranquilidad y armonía social.

Son necesarias otras condiciones que van desde la generación y apropiación de valores hasta el respeto y defensa de los derechos humanos para todos los que conformamos la sociedad. La Naciones Unidas (1999), en su Declaración y Programa para la Acción sobre una Cultura de Paz enfatiza que “paz no es sólo ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”. No es una preocupación nueva esta, la de consolidar la paz. Podemos reconocer antecedentes de este concepto a través de toda la historia, algunos con miles y cientos de años de antigüedad, a través de culturas orientales, el judaísmo, el cristianismo, etc.

En la época del renacimiento y los siglos siguientes aparecen aportes importantes a la construcción social de este concepto: filosofía, literatura y religión han sido algunos de los lugares desde donde lo hemos intentado volver inteligible. Pero es en la época actual en la que aparecen antecedentes directos a través de las primeras concertaciones internacionales de países en el camino de la solución pacífica de los conflictos. Es la segunda guerra mundial la que nos ofrece un marco más fuerte de referencia en el tema de la paz. Aparecen grandes instrumentos universales, como la Organización de las Naciones Unidas y todas las dependencias que de ella nacen (UNESCO, PNUD, etc.)

Si decimos pues que cultura es el lugar donde se modelan y adquieren sentido los comportamientos, los hábitos y las inercias y aclaramos que paz no es solo lo opuesto a la guerra, hablar de cultura de paz es un compromiso muy grande. Compromiso porque lograr que la paz (en su sentido amplio) dé forma o se constituya a partir de comportamientos, hábitos e inercias sociales y que a su vez la paz sea una de esas matrices desde donde le damos sentido a nuestro mundo requiere del trabajo permanente y tesonero de todos los sectores sociales. Sobre todo cuando queremos que ese trabajo sea recuperado y revitalizado en el lugar donde se reproduce e innova socialmente: la vida cotidiana.

De este trabajo dan cuenta las diversas instituciones nacionales e internacionales que han encabezado acciones para consolidarla. En el plano internacional está la Organización de las Naciones Unidas quienes en 1997 proclamaron el año 2000 como el “Año Internacional de la cultura de Paz” y en 1998 proclamaron el período 2000-2010 “Decenio Internacional de la cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”. A partir de este compromiso adquirido por los países miembros de la Organización, se han hecho una serie de esfuerzos que vienen desde las diversas instituciones y organizaciones sociales.

Los gobiernos nacionales tienen, por razones obvias de servicio público, una gran responsabilidad en la preparación de condiciones que permitan la promoción e instauración de esta cultura de paz.
El Salvador no es la excepción. Aunque hay instituciones privadas y públicas que están trabajando con alguna sistematicidad desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, aún los esfuerzos no son suficientes ni de mayor incidencia social. Como ejemplos de estas instituciones podríamos citar, en el sector privado a ONG, universidades, organismos civiles. En el sector público, es el Ministerio de Educación la institución que trabaja esta línea ya que desde la Reforma Educativa de 1994 han hecho de la promoción de valores un eje transversal de la educación nacional.

La necesidad de consolidar esta cultura de paz en El Salvador es más evidente en los momentos en que las crisis sociales visibilizan los problemas de intolerancia, angustia y desconfianza a todas aquellas personas que no pertenecen a nuestro círculo de conocidos. Nuevamente es en la vida cotidiana donde podemos ver la eficacia de las instituciones que trabajan en la promoción de paz como fundante de la cultura. Un momento especial para el país, en muchos aspectos fue el propiciado por los terremotos ocurridos los pasados 13 de enero y 13 de febrero. Éstos marcaron un Estado de excepción en la dinámica social y cultural salvadoreña.

En un momento en que la desesperanza, el temor y la incertidumbre de un mañana se vuelven lo cotidiano sale lo mejor y lo peor de lo que cada uno de nosotros guardamos. Pese a estos sentimientos producidos por el momento de ruptura originado por los terremotos, las posibilidades de reconstruir desde los escombros —en el sentido literal y simbólico de la frase— se vuelven un desafío importante en términos de trabajar por la consolidación de una nueva cultura en la que valores como los enunciados por las Naciones Unidas sean el entramado principal.

El terremoto, como se dijo anteriormente activó prácticas sociales interesantes, en términos de relaciones interpersonales y generación de cultura. El clima social y político de los días anteriores al 13 de enero eran los característicos de una sociedad latinoamericana: grandes desajustes estructurales y económicos, alto costo de la vida, precarias condiciones en salud y educación, ensayos de una dolarización que no termina de entenderse, etc. Todo esto y la presencia de lo que Martín Barbero (1992) llama angustia cultura eran los ingredientes de un país en donde las prácticas sociales de lo que menos hablaban era de cultura de paz.

El terremoto desveló estos problemas de una manera más profunda, ahora aunado a la constatación de la vulnerabilidad social y natural a la que estamos expuestos. Este tema se ha vuelto importante, a nivel social —y quiero hacer aquí un énfasis especial— porque fue TODO el país el afectado. El 25% de la población perdió sus viviendas y afectó un alto porcentaje de la producción agrícola ya que las zonas más afectadas son las que se dedican a esta actividad.

Como se dijo antes, la posibilidad de reconstruir desde los escombros nos permite visualizar y trabajar por nuevas y mejores cosas. Sectores sociales se pronunciaron a favor de esta oportunidad. La promesa presidencial de “volver al país justo al lugar donde estabamos antes del terremoto”, no alienta mucho el camino por reconstruir, con todos los riesgos que esto pueda tener en estos momentos de urgencias, esta sociedad fragmentada social, cultural y políticamente. Aún con este poco aliento, se diseñaron tres propuestas de Planes de reconstrucción desde tres “lugares” distintos.

2. La Comisión Nacional de Desarrollo: comisión conformada por representantes de la sociedad civil en 1996

3. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido político de oposición- izquierda.

Intentaré ahora hacer una lectura comparativa, muy general, de las principales similitudes y diferencias relacionados con elementos de la cultura de paz.

[Continuará en el siguiente número]