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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
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Año 22
Número 964
Agosto 22, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Cambios importantes en ARENA
Política:  En torno a la renuncia de Araujo
Economía:  Coyuntura económica: los dos primeros trimestres de 2001
Comentario:  Los europeos desaprueban la política exterior de G. W. Bush
Derechos Humanos:  Un vistazo a la religión
Documento:  Culturas y comunicaciones para la paz (II)
 
 
 
 

EDITORIAL

    Los cambios que ARENA ha hecho en la cúpula del partido son importantes. Casi se puede decir que son sorprendentes, porque no había señales externas de que estuviera moviéndose en esa dirección. Es más, todo apuntaba a que estaba moviéndose en sentido contrario. Walter Araujo parecía seguro al frente de la dirección del partido, aun cuando su gestión estaba creando un descontento creciente; parecía estar dispuesto a pelear su reelección, la cual ya le había sido contestada, desde los sectores tradicionales del partido, y no parecía dispuesto a abandonar los patrones antiguos de hacer política, aun cuando colocó el aparato de ARENA en la esfera del presidente Flores.

    En lugar de dejar la suerte del partido abandonada a los vaivenes de las facciones que se disputaban el poder en su interior, optó por una alternativa con potencial para poner fin a dichas luchas y para unificar a los diferentes grupos alrededor de un propósito común, más allá de las aspiraciones electorales. La elección de Roberto Murray Meza como presidente provisional del partido, con posibilidades para ser elegido en el cargo de forma permanente y para aceptar por fin la candidatura presidencial, coloca a ARENA ante unas perspectivas novedosas.

    Con la nueva dirección, el partido tiene una oportunidad única para abandonar sus viejas ideas y prácticas y para transformarse en una institución conservadora más racional e ilustrada y con una mayor capacidad para gestionar bastante mejor los asuntos públicos. Nada de esto es fácil, pero si la nueva dirección mantiene una visión de largo alcance y cuenta con el apoyo político necesario dentro de ARENA, al menos podrá colocarlo en esa dirección.

    Nada más anunciarse el cambio, los jefes de algunas de las facciones descontentas con la dirección de Araujo cambiaron el discurso. Algunos de los más tradicionalistas incluso ya hablan de abandonar los antiguos lemas que dieron identidad y bandera de lucha a ARENA, en las décadas pasadas. Es difícil predecir si el partido está dispuesto a ir más allá de los cambios cosméticos, porque la reforma necesaria va más allá de abandonar uno que otro lema. Por el bien del país, esto debiera llegar a significar una revisión seria de su trasnochada ideología anticomunista y de sus prácticas usuales, tan reñidas con las buenas costumbres y la moral. Existen posibilidades reales para eso. Porque la nueva dirección podría abrir las ventanas del partido para dejar salir el aire rancio dejado por las viejas luchas anticomunistas y permitir que entre un poco del aire fresco de la postguerra fría. Cierto tedio e incluso cansancio que se observan en algunos sectores tradicionales de ARENA podría facilitar esta apertura.

    La nueva dirección cuenta con recursos para ello. Tiene la solvencia económica para dirigir un partido como ARENA, al pertenecer a uno de los bloques más sólidos del poder económico salvadoreño, sin cuya venia no se pueden ocupar cargos públicos elevados. Cuenta, al menos de momento, con suficiente respaldo dentro del partido como para impulsar un plan de reformas de largo plazo. Pero para ello es indispensable comenzar a reemplazar las caras conocidas por colaboradores con nuevas ideas sobre la política y la realidad nacional. Cuenta también con una formación esmerada de la cual carece la mayoría de los dirigentes de ARENA y también de otros partidos, la cual le proporciona las herramientas para analizar los problemas nacionales y regionales desde unas perspectivas más amplias y racionales.

    Sin embargo, para poner ARENA al día hacen falta mucha audacia y creatividad. La nueva dirección, finalmente, es próxima a los círculos de poder de Washington, lo cual es una ventaja, porque cuenta con su confianza, lo cual es una ventaja, dada la situación crítica por la que atraviesan el partido y El Salvador; pero también es un peligro, porque puede inclinarse demasiado hacia los deseos de los funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, hasta el punto de llegar a perder la independencia de criterio.

    En el campo contrario, estos cambios no debieran ser minusvalorados. Hacerlo sería cometer un grave error estratégico. Al contrario, debieran ser considerados de manera objetiva y debieran ser aprovechados como una nueva oportunidad para poner en orden la propia casa. El FMLN puede ver reflejada su situación en ARENA. Ambos partidos experimentan desgastantes crisis internas. El paso dado por éste debiera ser un estímulo para aquél. El que ARENA se le haya adelantado, no debiera ser impedimento para no hacer otro tanto. Seguir el ejemplo de ARENA no debiera hacer que el FMLN se sintiera inferior. Debe reconocer otra vez que la derecha tiene más visión política y más habilidad para maniobrar que la izquierda.

    En esto no está mal aprender de ella. Mantenerse en sus trece y continuar con la división que, por otro lado, tiene mucho de artificial, sería condenar el partido al fracaso no sólo electoral, sino, lo que es más importante, como referente fundamental para las aspiraciones populares. Mientras su rival se recompone, adoptando la mejor alternativa que tiene a su alcance, el FMLN no puede continuar con las desautorizaciones mutuas, con los celos que debilitan a su dirección, con las ambiciones de poder y la falta de sentido político que han caracterizado hasta ahora a sus dirigentes y con los exagerados protagonismos personales. Además, los cambios que se anuncian en la derecha, vuelven innecesaria la coquetería de los así llamados renovadores con ella.

    El desafío principal del FMLN está en su interior, en unos dirigentes atrapados en su pasado y deslumbrados por el poder y su oropel. No sólo están atados a viejos esquemas ideológicos, sino sobre todo por divisiones que se remontan a los orígenes del movimiento revolucionario, las cuales no han podido superar a pesar de la guerra, la negociación y la transición. La raíz de dichas divisiones es más personal que social. No son divisiones que tengan origen en el desvivirse por prestar un mayor y mejor servicio a la gente, sino en viejas y nuevas rencillas y ambiciones personales. Por otro lado, el poder y su oropel se han vuelto una tentación casi irresistible.

    Pareciera que de lo que se trata es de obtener el poder con la idea, muy antigua por cierto, que, desde él, se pueden impulsar los cambios deseados. Dados las condicionantes existentes en la actualidad, tanto las impuestas por el bloque económico hegemónico, como por las realidades internacionales, habría que discutir cuánto es lo que se podría cambiar desde el poder, si es que se llegara a él. Lo más seguro es que mucho menos de lo que se cree. Si en lugar de poner sus aspiraciones de poder en primer lugar, colocaran el servicio a la gente y sobre todo a las mayorías empobrecidas, las cosas podrían comenzar a cambiar.

[Extracto]

    "Es un acto de valentía que denota una gran madurez política y un desprendimiento personal fuera de lo común": de este tenor son algunas de las explicaciones que las autoridades areneras ofrecieron a la opinión pública ante la renuncia (¿sorpresiva?) de Walter Araujo al cargo de presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA). El día anterior a la renuncia —15 de agosto—, El Diario de Hoy había publicado una nota  acerca de la lucha interna en ARENA por la presidencia del COENA. Entre todos los aspirantes, Araujo parecía tener la mayor posibilidad de seguir al frente del COENA en las elecciones de septiembre, dada la gran confianza de la que gozaba, decía la nota de prensa, entre los directores departamentales.

     La gran sorpresa fue, un día después, que el supuestamente muy bien respaldado candidato a la reelección anuncia su renuncia irrevocable, en beneficio de Roberto Murray Meza, el empresario cervecero, uno de los personajes más queridos por los areneros de todos los colores y ascendencias.

[Extracto]

    Si desde hace cinco años resultaba evidente el carácter "cosmético" de la estabilidad macroeconómica salvadoreña, con los terremotos ha quedado demostrado de nueva cuenta que el país no es viable, en el mediano y largo plazo, bajo un esquema de desarrollo fundamentado en las maquilas transnacionales y la "exportación" de mano de obra hacia los Estados Unidos. Mucho menos si dentro de la estrategia gubernamental ni siquiera se visualiza la importancia de capitalizar el mayor consumo que generan las remesas familiares para estimular la producción doméstica.

     La mayor parte de la demanda adicional generada por las remesas familiares ha sido satisfecha con importaciones y muy poco con producción nacional; de hecho, ni siquiera en materia alimentaria existe capacidad de satisfacer la demanda local. La dependencia de las importaciones se ha profundizado en la medida que los dos pasados gobiernos de ARENA han promovido la desgravación arancelaria de productos sensibles, sin pedir reciprocidad de sus socios comerciales.

    En la reciente cumbre del G-7/8 en Génova, 20-22 de julio, George W. Bush dejó la ingrata imagen del unilateralismo de Washington. Se negó, en solitario, a ratificar el protocolo de Kyoto, firmado por Clinton, porque "es fundamentalmente defectuoso" y porque la ecología es mala para la salud de la economía norteamericana, que enfrenta una seria crisis energética. Tampoco recibió el beneplácito de los delegados europeos el costoso programa del escudo antibalístico, propuesto por Bush contra los "estados terroristas". Varios países, incluidos Rusia y China, ven en este programa un relanzamiento de la guerra fría, que motivaría a otros países, India y Paquistán entre ellos, a retroalimentar su carrera nuclear. Y no podía faltar una referencia a los productos transgénicos como punto de agenda en la próxima reunión de la OMC en Qatar, noviembre 2001.

    Con fecha 16 de agosto la encuesta del diario International Herald Tribune y del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia "demuestra que Bush es enormemente impopular, especialmente entre los alemanes, y que su antecesor Bill Clinton era mucho más apreciado". Esta encuesta se realiza luego de las dos visitas de Bush a Europa. La cosa es tan grave, agrega El País, que, por un ligero margen, británicos e italianos dicen fiarse más de Vladimir Putin que George W. Bush. (17,08,01) ¿Cuáles son las razones de esta mayoritaria reprobación?.

    La decisión más criticada es el rechazo de Bush a ratificar el protocolo de Kyoto, sobre gases de efecto invernadero: 87% en Alemania, 85% en Francia, 83% en el Reino Unido y 80% en Italia se oponen a esta decisión de Bush. Los norteamericanos son mayoritariamente críticos: 44% frente a un 29% que la aprueban. Otro punto de desacuerdo es el programa del "escudo antibalístico", que anularía el tratado sobre misiles balísticos, firmado en 1972 por Estados Unidos y la URSS. En contra de este programa se pronuncian el 83% de los alemanes, el 75% de los franceses, el 66% de los británicos y el 65% de los italianos. Incluso dentro de los norteamericanos 42% se manifiesta en contra, 39% a favor y 19% no opinan.

    El representante norteamericano para el control de armamento, John Bolton, dijo que "debemos aceptar el hecho de que este tratado (Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972) está fundamentalmente en conflicto con la estrategia de la administración para desarrollar una defensa antimisiles". El general Ronald Radisk, del Pentágono, dijo que no podía adelantar el costo del escudo antimisiles, pero anticipó: "va a ser muy costoso". El expresidente Jimmy Carter criticó a Bush por este proyecto, que violaría el ABM de 1972, y “provocaría una nueva escalada en la carrera armamentística nuclear".

    Dejando otros puntos de desacuerdo, como la pena de muerte...,la encuesta del International Herald Tribune muestra que el 65% de los alemanes, el 59% de los franceses, el 49% de los británicos y el 46% de los italianos desaprueban la política exterior de G.W.Bush. Tres de cuatro europeos (73% en Alemania y 85% en Francia) juzgan que Bush fundamenta sus decisiones "totalmente en base a los intereses norteamericanos", sin preocuparse del resto del mundo. Estas respuestas contrastan con las abrumadoras apreciaciones positivas sobre la diplomacia desarrollada por Bill Clinton: 86% en Alemania, 71% en Italia, 68% en el Reino Unido". (Le Monde, 16,08,01; El País, 17,08,01)

    La gota que rebalsa el vaso y que desconcierta a la opinión internacional es la propuesta de "ley de protección del personal militar norteamericano" ("The American Service Members Protection Act"), "en virtud de la cual los soldados norteamericanos no participarían en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a menos que gocen de inmunidad ante la Corte Penal Internacional". Como dice Le Monde, "los republicanos opuestos a la Corte Penal Internacional han tomado como rehén la deuda norteamericana a las Naciones Unidas". Bush se opone a este tribunal o Corte Penal Internacional y busca toda clase de fórmulas para desligarse del tratado firmado por Clinton en la últimas semanas de su mandato.

    En la reunión del Milenio, Nueva York, septiembre 2000, Bill Clinton dijo: "Aquellos que en mi país, o en cualquier otra parte, creen que podemos prescindir de las Naciones Unidas o imponer nuestra voluntad sobre ella, malinterpretan la historia y no comprenden el futuro. Nos guste o no, somos cada ves más interdependientes. Debemos buscar soluciones en las que todas las partes implicadas puedan sentirse parcialmente victoriosas y alejarnos de aquellas opciones en que se exige la total derrota de alguien... La lucha por la paz, el bienestar y la salud en la aldea global tiene una etiqueta y un precio, y todos los países, incluidos Estados Unidos, deben pagarlo". (ECA, 2000; p. 907).

    Unos 86 países miembros están retrasados en sus pagos y los Estado Unidos arrastran un débito cercano a los 2.000 millones de dólares. En diciembre  de 2000 Washington se comprometió a desembolsar esta deuda en tres plazos, a condición de que se le disminuya su aporte anual (otros países ahora ricos deben colaborar más), siendo $582 millones el desembolso del presente año 2001. El gobierno de Washington se comprometería a pagar el total de la deuda si se acepta que los militares norteamericanos queden exentos de la jurisdicción de la futura Corte Penal Internacional.

    "En virtud de esta ley los soldados norteamericanos no participarían en misiones de la paz de las Naciones Unidas a menos de beneficiar de una inmunidad ante la Corte Penal Internacional". Además, impediría que Estados Unidos prestara ayuda militar a todo país ajeno a la OTAN que ratificara el tratado de la Corte Penal Internacional, y autorizaría al presidente de Estados Unidos a utilizar la fuerza para liberar a todo militar estadounidense, o militar de un país aliado, que fuera detenido por orden del tribunal. Bush quiere que los $528 millones sean pagados antes de su viaje a la ONU el 24 de septiembre, al mismo tiempo que el proyecto de ley, según The Washington Post, cuenta con una mayoría de 282 votos contra 137.

    Algunas ONG califican este proyecto de ley como "un vergonzoso chantaje"; los Estados Unidos han defraudado a sus aliados". Esta ley sería "la invasión de La Haya". Expertos internacionales agregan que es previsible un conflicto legal: hace falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse a la cláusula de retirada prevista en el mismo. La convención de Viena sobre tratados internacionales es muy clara sobre este punto. Si el proceso de ratificación no se completa, lo cual parece muy difícil, es legalmente imposible la retirada. Aún más graves pueden ser las consecuencias diplomáticas si EEUU sienta ese precedente. "Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado y otros países firmantes todavía no. Si nosotros rehusamos asumir nuestros compromisos, otros países considerarán que eso es aceptable y harán lo mismo", declaró Michael Glennon, especialista en derecho internacional. (El País, 17,08,01; Le Monde, 18,08,01).

    Si en la cumbre del Grupo de Río, tenida en Chile, los mandatarios acordaron acudir con una sola voz a las próximas reuniones del FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio y Conferencia sobre Financiación de la ONU, sería conveniente que no se dejaran en el tintero al actual gobierno de Washington, que a través de todas esas organizaciones busca defender sus propios intereses, aun dejando malparados a sus llamados aliados. George Bush ha enviado un mensaje de apoyo a los colegas de América Latina, reunidos en Santiago de Chile, asegurando que el G-8 comprende la necesidad de mantener abiertos los flujos de capital en los mercados del sur del continente.

    Los presidentes reunidos en Chile pidieron a los organismos financieros internacionales apoyo para Argentina. Al mismo tiempo que Bush habla de los flujos abiertos de capital, el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, en declaraciones a la cadena de televisión CNN, calificó la situación de la economía argentina de "muy resbaladiza" y afirmó que había tenido poco efecto el préstamo de casi $40.000 millones entregados a Argentina en diciembre pasado. Una de cal y otra de canto. No es éste el mejor testimonio para que las bolsas internacionales ayuden a reflotar esa economía. Si nuestros presidentes oyeron algo de esto comprenderán que no nos podemos confiar mucho en las palabras y en el unilateralismo del "hermano mayor".
 
 

Colaboración de Francisco Javier Ibisate, profesor del Departamento de Economía de la UCA.

    Muy entusiasmados por los tratados de libre comercio, en un mundo globalizado, los gobernantes de América Latina no se cansan de expresar su optimismo. Y parece que quisieran transmitir a la población entera ese estado en que se encuentran, que en algunos momentos casi llega hasta la euforia. Pero la realidad en la que viven nuestros pueblos es dura y ello, sin duda, impide que los retóricos discursos del poder encuentren algún eco entre la gente. Una rápida mirada a ciertos hechos y situaciones que están teniendo lugar en esta parte del mundo, nos sirven para entender por qué no convencen los mensajes presidenciales y por qué —en algunas ocasiones— esos “vendedores de ilusiones” se han visto obligados a salir de los países donde nacieron, a disfrutar de “dorados exilios”.

    En México tenemos que Héctor Valer Pinto, director general de la Asociación Solidaridad Española con Latinoamérica, solicitó —en carta dirigida a las autoridades de ese país— respeto a los derechos humanos de cuatro jóvenes universitarios detenidos el 14 de agosto del año en curso. La detención tiene que ver, según la versión oficial, con su supuesta participación en actos de terrorismo realizados hace unas semanas en el Distrito Federal. Ese mismo día, el presidente Vicente Fox publicó la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, hecho ante el cual reaccionó en contra la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y Global Exchange.

    En conferencia de prensa, estos tres organismos pusieron “en duda la voluntad del Gobierno Federal de avanzar hacia la construcción de la paz en el país”. Y agregaron lo siguiente: “A finales del mes de abril del presente año el Congreso de la Unión aprobó la contrarreforma sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena, denominada “Ley Bartlett-Cevallos” (legisladores plurinominales del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional). Posteriormente, durante los meses de mayo a julio se llevaron a cabo las respectivas consultas en los Congresos Locales, consultas plagadas de irregularidades.

    Desde entonces hasta la fecha se han registrado en la entidad (Chiapas) al menos 104 operativos militares en por lo menos 16 municipios, además de acciones paramilitares y policiacas. Las acciones militares han consistido en hostigamientos, retenes permanentes e intermitentes, patrullajes, sobrevuelos, reposicionamientos militares, entrenamientos en comunidades indígenas e interrogatorios a la población, entre otras. Cabe mencionar que durante el periodo señalado se han reinstalado por lo menos 12 retenes en Chiapas”.

    En ese marco, los organismos han exigido —entre otras cosas— cesar los hostigamientos y las violaciones de los derechos humanos contra comunidades indígenas, organizaciones sociales y campesinas, por parte del Ejercito y de los cuerpos policiacos estatales y federales; solución al problema de la población indígena desplazada en el Estado de Chiapas; inmediata aplicación de la justicia a los grupos paramilitares en Chiapas; realización de una verdadera consulta informada a la población sobre los planes gubernamentales, entre ellos el Plan Puebla-Panamá y otros proyectos de desarrollo que afectan a la población, respetando la decisión de dichos pueblos.

    Saltemos a Honduras, país que recientemente recibió la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, a partir del esfuerzo realizado por Casa Alianza Honduras y una invitación oficial del gobierno. En el informe final a la prensa, la relatora especial —señora Asma Jahangir— compartió sus observaciones preliminares entre las cuales destaca una profunda preocupación por la fragilidad de las instituciones, que identificó como “la causa primordial de impunidad y crímenes extra judiciales” sobre todo entre “niños marginalizados”.

    Además, agregó lo siguiente: “Durante mi visita, mi atención fue dirigida constantemente hacia la negación de los derechos económicos y sociales, los cuales yo considero como la raíz del problema de las ejecuciones extrajudiciales de los niños y niñas. Respetuosamente, estoy en vehemente desacuerdo. Las condiciones socio-económicas de los niños y niñas en Honduras no pueden ser una razón, mucho menos una justificación, para los asesinatos extrajudiciales de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que el empoderamiento de los niños y niñas es esencial con el fin de darles mejores opciones para que se protejan a ellos mismos y a sus derechos fundamentales”.

    Mientras tanto, el Capítulo Venezuela de la Asociación Americana de Juristas y Humanas Dignitas expresaron su "temor de que reaparezcan escuadrones de la muerte", cuyas acciones son realizadas con el pretexto del combate a la delincuencia. Por su parte, la Asamblea Nacional (Parlamento) instaló la mesa de diálogo contra la inseguridad, mediante la cual se pretende realizar una consulta social amplia para “contrastar las distintas posturas y alternativas relativas al tema de la inseguridad y la reforma del Poder Judicial, con el fin de diseñar líneas para una política de seguridad ciudadana”.

    Desde la óptica de los derechos humanos, Juan Navarrete —ex director de la Defensoría del Pueblo— ofreció algunas propuestas para el plan de seguridad ciudadana que se discute en ese foro. Para él, un plan de esta naturaleza supone "una enorme pedagogía de la paz y de la democracia que conduzcan a la edición de nuevos pactos entre ciudadanos y las instituciones del Estado de Derecho, en los que no medie el extremo de la violencia como agresión social y como forma de resolución de conflictos".

    Como siempre, no faltó la propuesta de una Ley de Emergencia Penal. Al respecto, fue consultada la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol León, quien afirmó que "aumentar las penas no resuelve el problema de la delincuencia, como se ha demostrado en otros países. Y, en cuanto a la suspensión del juzgamiento en libertad, este tipo de proyecto incurre en un exceso para enfrentar un problema derivado del cabalgamiento de beneficios de libertad anticipada, a través de la aplicación simultánea de normas establecidas en el Copp (Código Procesal Penal) y en varias leyes que rigen el régimen penitenciario". La magistrada expresó sus dudas acerca de la funcionalidad de una ley que pretende resolver, en 90 días, los problemas estructurales que aquejan al sistema judicial y penitenciario.

    En ese marco, con el fin de analizar y plantear recomendaciones acerca de la situación actual de la administración de justicia, la inseguridad ciudadana y el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) envió una misión investigadora a ese país. En sus reacciones iniciales, la citada misión expresó su preocupación por la "opinión publica que se está generando, desde distintos sectores, que promueven que sólo es posible la lucha por la seguridad ciudadana desde planteamientos efectistas y transgresores de los derechos humanos, ya que esto a mediano plazo ha generado históricamente una inseguridad ciudadana muy superior a la que se pretende resolver".

     En la sufrida Colombia, un grupo de organizaciones sociales ha expresado públicamente su repudio a una decisión judicial reciente a favor del ex brigadier general Rito Alejo del Río Rojas, quien era investigado por organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. “A todas luces —señalan las organizaciones— nos encontramos ante un ardid que mediante la interpretación de unas normas del Código de Procedimiento Penal y de sus procedimientos, está distorsionando el sentido del debido  proceso y los derechos de los procesados”.

    Y por algunos municipios al sur de la provincia de Bolívar, se paseó una Caravana Nacional e Internacional por la Vida. El propósito prioritario de este esfuerzo integrado por más de un centenar de personalidades colombianas y de otros países, era “brindar ayuda para enfrentar los graves problemas que aquejan a las comunidades en resistencia del Sur de Bolívar, tales como los bloqueos alimentarios, de medicamentos, la imposibilidad de salir a los cascos urbanos, las fumigaciones indiscriminadas a los cultivos ilícitos, que afectan las siembras, la salud de humanos y animales”. No obstante las amenazas en el camino, la iniciativa siguió adelante.

     Sobre Argentina, sumida en una grave crisis, destaca la posición gubernamental de rechazo a la extradición del ex marino Alfredo Astiz, detenido desde principios de julio en instalaciones de la Prefectura Naval por orden judicial, a pedido de la justicia italiana. En ese país europeo se intenta juzgar a Astiz por la desaparición, durante la dictadura militar, de tres personas nacidas en Italia. Cabe señalar que una de las víctimas estaba embarazada al momento de su detención y que un militar se quedó con el bebé. Precisamente en el caso de la menor, no se aplican las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas para favorecer a los responsables de la represión.

    Se debe destacar que, hace poco, el presidente Fernando de la Rúa recibió una carta del sacerdote Eduardo de la Serna. Entre otras cosas, el presbítero le dice al mandatario lo siguiente: “Desde los llamados ’10 mandamientos’ el robo es considerado un pecado. Robar es no dar a alguien lo que le pertenece; algo agravado por quien lo hace abusando de su poder. Es robo que se les niegue a los ancianos lo que ellos mismos han aportado. No es un derecho que el Estado puede dar o no, sino un deber que no puede negar.

    Esto es triplemente agravado cuando a los ancianos se les niega lo que les pertenece para dar a los poderosos lo que no se les debe (vulgarmente llamado ‘deuda externa’), que ni se debe (porque no se prestó, y porque —además— ya se pagó) ni se puede pagar con hambre y muerte (además que todavía los poderosos no han pagado todo lo que han robado del Tercer Mundo, en vidas negras del África, en oro, plata y estaño de América Latina, por ejemplo). No pagar lo que se debe para pagar lo que no se debe no sólo es violación del  mandato ‘no robar’, sino que se aproxima bastante a la violación del ‘no matar’”.

    “La paz —continúa el sacerdote— es un fruto de la presencia de Dios y su proyecto entre los hombres. Es el ‘shalom’ bíblico. Es que todo ‘anda bien’. Pero la violencia es el fruto cotidiano en los barrios y las calles de nuestros pueblos, es la violencia de la desesperanza, de la droga, de los robos, del sin sentido... de que para muchos ciertamente ‘nada anda bien’. Si no hay verdadera paz es porque hay otros frutos, es porque otra cosa se ha sembrado, y no ciertamente el proyecto de Dios.

    La justicia es la lealtad a los caminos de Dios. Caminos que nos hacen hermanos con los miembros de nuestro mismo pueblo. La lealtad es fidelidad, es reconocer el paso de Dios entre nosotros. Pero la impunidad, la corrupción, la falta de fraternidad son signos evidentes de la injusticia. Injusticia que lleva a cada vez menos fraternidad, cada vez menos paz, cada vez menos vida. Si no hay verdadera justicia, es porque no hay lealtad a los caminos de Dios”.

Y en El Salvador, ¿cómo estamos?

A. Similitudes

1. Participación ciudadana.

    Las tres propuestas parten de un tema que en El Salvador está adquiriendo cada vez más fuerza: el papel de la participación ciudadana o social, como dirían algunos, en la construcción de la sociedad que se quiere. El tema de la participación social nos lleva a reconocer un elemento importante en la cultura de la paz y en el tipo de comunicaciones o relaciones interpersonales que deben establecerse.

    Es un reconocimiento del otro. Es reconocer su poder y sus necesidades. Que este tema sea parte del discurso político es interesante porque posibilita la incorporación de otros discursos antes no tomados en cuenta. Los movimientos sociales, organizaciones que antes no encontraban lugar en el discurso público, ahora son tomados en cuenta como garantes de procesos más sostenibles.

    No solo es el reconocimiento del otro, lo que permite cruzar este tema con la cultura de paz. También la posibilidad de que desde esta participación pueda garantizarse la transparencia y regulación de cuentas en la gestión de los asuntos públicos (uno de los 14 puntos del programa de Acción para una Cultura de Paz) puede volverse instrumento para consolidar una cultura de paz llena de sentido.

    Enfatizar estos elementos como un avance en lo que podría ser la consolidación de una cultura de paz desde lo cotidiano debe también matizarse. Si bien es cierto es importante el reconocimiento de su importancia en las tres propuestas de reconstrucción, esto no se traduce, necesaria e inmediatamente, en un proceso automático. Una sociedad en la que por décadas se vivió una fuerte represión política, donde la transición democrática no dejó de ser eso, transición, por la debilidad institucional en la que se insertaba, necesita de una intervención densa en los procesos de participación ciudadana.

    De nuevo el tema de la cultura, como entramado principal en las relaciones, y el tema de la comunicación en su amplia conceptualización de propiciar la construcción de sentidos se vuelven urgentes. Hay que reconocer también que la incorporación de diversos actores sociales a los planes de reconstrucción se debe en parte a “requisitos” puestos por organismos y países donantes. Aún con esto, parece importante tomar la palabra a las propuestas y exigir, como ciudadanos, desde el sector al que se pertenezca, una verdadera operativización de los mismos.

2. Reconocimiento de la necesidad de gestionar el riesgo

    Las tres propuestas reconocen la vulnerabilidad social y económica que tiene El Salvador como sociedad. Este reconocimiento lleva a plantear temas como la posibilidad y urgencia de gestionar el riesgo (CND, 2001). Riesgo entendido éste como la situación de permanente emergencia en la que nos encontramos los salvadoreños. Por primera vez, tres propuestas originadas de sectores totalmente distintos —incluido el Gobierno con los riesgos políticos que esto supone— hacen énfasis en un punto del que todos sabemos y vivimos, pero nadie lo vuelve público.

    Este reconocimiento lleva, tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de Desarrollo y al FMLN a proponer mecanismos y respuestas para minimizar lo más posible esta situación. Son estas formas y mecanismos donde se marca un divorcio, pero, en principio, el reconocimiento es innegable. Este tema nos lleva entonces a reconocer —con más honestidad— la necesidad de promover la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales (otro principio del Plan de Acción propuesto por la ONU) desde aspectos concretos en los que cada uno de los salvadoreños podemos dar fe.

3. Reconstrucción desde lo local

    Las tres propuestas enfatizan el potencial que tienen los gobiernos locales de cobrar un protagonismo importante —hasta ahora minusvalorado— en los procesos de reconstrucción. Este elemento parece importante en el tema que nos preocupa porque se está reconociendo el poder de “lo cercano”. Las posibilidades de construir una sociedad más humana, más inclusiva son más grande si lo pensamos desde las municipios. Las relaciones cercanas son las que primamos en la vida cotidiana. Estas relaciones son las que nos dan sentido. Hablar de cultura de paz, se vuelve entonces más factible también desde lo local.

B. Diferencias

    Son muchas las diferencias que saltan al leer las tres propuestas de reconstrucción. Estas van desde las maneras de abordar el tema, hasta las medidas más concretas paliativas a la crisis. En este momento sólo nos interesa resaltar aquellas que aporten o no al tema de la cultura de paz. Es por esto que sin detenerme mucho en las diferencias, quisiera resaltar una que preocupa al momento de analizar el tipo de país que se quiere “reconstruir” después de una experiencia como la del terremoto para El Salvador.

    Las tres propuestas fueron presentadas para el mismo fin: construir soluciones integrales a un país cuya situación estaba en “calamidad” (nombrada así por Decreto Ejecutivo). Cada una de las propuestas presenta su visión de abordar el problema. La propuesta de la CND intenta ser la más conciliadora, pero sin reflejar la complejidad del problema social con el que se está queriendo reconstruir. El FMLN, por su parte, desarrolla su propuesta dejando escasos puntos a partir de los que se puede llegar a un acuerdo. Su discurso es de oposición extrema al Gobierno e intenta ser el protagonista de cualquier tipo de plan.

    La propuesta del Gobierno adolece de algo parecido a la propuesta del partido de izquierda: es casi imposible llegar a acuerdos mínimos en las formas en que se quiere desarrollar una propuesta de reconstrucción. Ante esta complejidad de discursos, pareciera ser que la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad (elementos que destaca también el Plan de Acción de la ONU) es la práctica más obviada en el diseño de los planes. No es posible estar hablando de participación ciudadana, de diálogos, de consensos cuando en los principios mismos de las propuestas no se ofrecen condiciones para lograrlos.

1. Dejemos abierto el diálogo…

    Ante esta complejidad de propuestas, en un país que urge de soñar y transitar nuevos caminos, surge la pregunta ¿podemos consolidar una cultura de paz en una sociedad en la que hay pocas intenciones reales —desde las instituciones oficiales— capaces de ofrecer caminos plausibles? Yo estoy segura de que sí, pero para esto serán necesarios los aportes de todos los sectores sociales; el hombre y mujer que padecemos diariamente este El Salvador de Los Sustos somos los que debemos dar forma a esa tan anunciada Cultura de Paz..

    Este esfuerzo de consolidar una “nueva cultura” —más allá de la retórica— debe ser encabezado por el Gobierno Salvadoreño. Este debe propiciar ciertas condiciones de convivencia digna para los ciudadanos desde la aplicación y el seguimiento de políticas públicas efectivas. Las políticas necesitan de un entramado institucional sólido, que garantice la gobernabilidad y respete el Estado de Derecho.

    Los Gobiernos Locales, como ya se dijo, también tienen una cuota importante de responsabilidad y posibilidad de realizar acciones concretas desde “lo cercano”. No es nuevo ni difícil sumar posibles “competencias” para las alcaldías, el problema —y me adelanto a la respuesta gremial— es con qué recursos hacer algo. Debe haber, como en cada una de las necesidades que urgen de ser respondidas desde lo local, una dialogo real entre el gobierno central y el municipal. También debe trabajarse el tema y sus posibilidades, desde lo municipal, con una perspectiva regional. El tema de las mancomunidades para solucionar problemas que atañen varias regiones no es nuevo, pero sí que a través de está perspectiva se puedan dar pasos concretos en la construcción de una cultura de paz.

    Además de una protección “desde arriba y local” de una cultura de paz, la mejor forma de concretar desde la vida cotidiana este término —que se nos aparece tan abstracto— es practicando en nuestra “praxis diaria” valores que nos ayuden a comunicarnos con el otro, que nos ayuden a tender puentes y no construir muros. Valores que tengan como referente mejores formas de convivencia. Estas formas de convivencia urgen de ser practicadas en los espacios privados y públicos en los que nos movemos. Formas de convivencia que deben practicarse no sólo a nivel personal, sino institucional. Este tema no es sencillo y es demasiado importante como para que solo una persona opine sobre él; dejemos abierto el diálogo para poder construir puentes que aporten a la construcción de una cultura de paz en El Salvador.