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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 965
agosto 29, 2001
ISSN 0259-9865
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Falta de pruebas
Política:  Escándalo judicial
Economía:  Situación de las finanzas públicas
Región:  Nuevo altercado diplomático
Comentario:  Entierro de la tercera vía versus voto cruzado
Derechos Humanos:  Víctimas en busca de justicia
Documento:  Los Estados Unidos están solos

 NOTICIAS
 
 
 

EDITORIAL

    El asunto es sencillo. El juez dice que sólo le presentaron una prueba, que es la propiedad del inmueble donde retuvieron a las personas secuestradas y, por lo tanto, con tan poca evidencia, no puede mantener a nadie en prisión, ni mucho menos mandarlo a juicio. La decisión judicial ha causado estupor en ciertos círculos, porque se trata de varios acusados de secuestro y porque las víctimas son personajes vinculados al partido gobernante o al poder. Según los voceros de estos últimos, abundan las pruebas sólidas. Sin embargo, a partir de la sentencia del juez y por las reacciones que ésta ha provocado, parece que el caso ha sido construido más en términos políticos que judiciales, porque todo apunta, según la gran empresa privada, la empresa mediática y el gobierno, incluido el mismo presidente Flores, al Partido Comunista.

    Una prueba que para estos sectores es contundente es una declaración de Joaquín Villalobos, a quien el máximo dirigente de ese partido le habría dicho que ellos eran responsables de uno de los secuestros en cuestión, afirmación que no ha podido ser confirmada por el juez. El mismo Villalobos sostiene ahora que “es una vinculación que se puede establecer con relación a cierta base política” y “es que se trataba de militantes del Partido Comunista”. Pero Villalobos acepta la inexistencia de pruebas. Por lo tanto, el problema no radica en el juez, porque su sentencia está fundamentada en la falta de pruebas.

    Las pruebas deben ser aportadas por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. En consecuencia, la responsabilidad recae en sus directores, por no haber cumplido con diligencia su trabajo o, en cualquier caso, no sólo en el juez. Curiosamente, tanto la fiscalía como la policía se han unido a las airadas protestas de la gran empresa mediática y privada como si ninguna de las dos tuviera parte en el asunto. Más aún, sus alegatos son tan políticos como los de los grandes empresarios y los grandes medios de comunicación, pues tampoco pueden presentar hechos concretos que vinculen de forma suficiente a los acusados. De hecho, la Fiscalía General de la República sólo ha apelado la libertad provisional de uno de los acusados, aceptando la sentencia judicial en los otros casos. Entonces no hay que emprenderla contra el juez, sino contra el ministerio público y la policía.

    Sin duda hay jueces ignorantes y venales, y también, como lo señala Mons. Rosa Chávez, cobardes, pero muchos casos quedan en la impunidad, más de lo que se reconoce, por la falta de pruebas, la incapacidad y la indiferencia de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil. Sumarse a la alharaca de la gran empresa privada y de los grandes medios es una buena manera de desviar la atención de dónde están los verdaderos problemas. Por eso, mal hace el presidente Flores en condenar al juez con palabras airadas. Mal hace porque debiera respetar la independencia de poderes, porque la falta de pruebas es responsabilidad de una policía que depende directamente de él, porque no se indigna de la misma manera con todas las víctimas cuyos derechos son violados por la impunidad y porque, en cualquier caso, debiera moderar sus emociones en un asunto que es competencia judicial.

    Los secuestros son repugnantes, pero también lo es la impunidad, que predomina en el sistema judicial. Sin embargo, los derechos de las víctimas no pueden ser defendidos a costa de los derechos de los acusados. Es tarea de la policía y del ministerio público probar las acusaciones con evidencia judicial. No obstante, en este caso, la gran empresa privada y los grandes medios de comunicación social, que se han arrogado la representación de la opinión pública, han realizado su juicio particular y han dictado su propia sentencia condenatoria. Pero eso es precisamente lo que le corresponde al juez. Este no puede dejarse llevar por lo que aseguren los medios, ni por los deseos de revancha de la gran empresa privada, ni siquiera por la opinión del Presidente de la República, sino por lo que dice la evidencia presentada, la ley y la sana crítica.

    De nuevo, una de las enormes deficiencias del sistema judicial estriba en que los organismos encargados de reunir la evidencia judicial son incapaces de ello. De todas maneras, en este caso, aquellos que se sienten ofendidos por la sentencia del juez, pueden apelar, porque el proceso no ha concluido aún. Al presidente de la gran empresa privada le preocupa que el fallo ahuyente la inversión, pero mucho más debiera inquietarlo la falta de investigación judicial. No está mal investigar la actuación del juez. Más aún, debiera ser una investigación rápida y clara para despejar cualquier duda que hubiera sobre su actuación.

    Pero ¿quién investiga la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil? Si se hiciera y no sólo en este caso, sino en todos los otros que han quedado en la impunidad por falta de pruebas, saldrían complicidades de toda clase. Nunca se han pedido responsabilidades por la perdida de las pruebas, por la contaminación de la escena del crimen, por la investigación que no lleva a ningún lado, por la negativa a investigar. Todo ello niega el derecho a la justicia. Al haber hecho excepciones en cuanto a qué casos pueden ser investigados y juzgados, el poder ha contribuido a destruir al sistema judicial salvadoreño.

    Es cierto que predomina una sensación de impunidad, pero, al menos en este caso –y en otros muchos–, no es el juez la fuente de la misma, sino la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. En este caso había un testigo cuyas declaraciones hubieran dado, con toda seguridad, un giro muy distinto a las acusaciones hechas, pero no se le permitió rendir su declaración. Fue asesinado antes de que pudiera hacerlo ante el juez. Lo asesinaron en su propia casa, en circunstancias no explicadas, ni investigadas.

    No obstante haberse especializado en artes marciales, tener experiencia militar y haber sido guardaespaldas de diputados, fue degollado mientras veía televisión. El ministerio público y la policía perdieron un testigo a quien no brindaron la protección debida sin inmutarse. Este testimonio hubiera sido demasiado incomodo para quienes detentan el poder real, hubiera desautorizado la versión oficial que ahora defienden con tanta obcecación la gran empresa privada y mediática y hubiera planteado cuestiones a las cuales le hubiera resultado muy difícil responder.

    La reacción a la sentencia judicial pone el peso de su argumentación en valoraciones políticas y en prejuicios sociales y se olvida de la verdad, porque ésta pondría al desnudo la brutalidad de un poder que no reconoce valores humanos ni cristianos.

[Extracto]

    El aparato judicial está en la picota en estos días. Primero el coro de reclamos de la Asociación de la Empresa Privada junto con el presidente de la República que desaprobaban el fallo del juez de Instrucción Posada Vidaurreta liberando a varios de los acusados en sonados casos de secuestro; luego, el caso de los títulos adquiridos de forma fraudulenta por algunos jueces y abogados del sistema judicial. Definitivamente, los funcionarios del órgano judicial se han convertido en la sensación del momento. Pero, en una y otra situación, la máxima institución del sistema ha respondido de manera titubeante, falta de claridad y, lo más grave, con una actitud que hace dudar de la robustez moral de algunos de sus miembros más visibles.

    En cuanto a las declaraciones del presidente Flores sobre la decisión del juez Vidaurreta de liberar a algunos acusados en los secuestros de Andrés Súster, Guillermo Sol Bang, entre otros, es realmente preocupante la tibia reacción que ha tenido el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

[Extracto]

     Dentro de las interpretaciones de la problemática fiscal salvadoreña pueden detectarse dos grandes tendencias: aquella que plantea la existencia de una crisis fiscal y otra que plantea que el déficit fiscal se encuentra en niveles manejables y hasta adecuados. Ambas tienen sus propios puntos a favor en tanto que efectivamente hay una tendencia creciente del déficit fiscal desde hace casi cinco años, pero también en tanto que éste ha logrado ser cubierto a través del endeudamiento externo e interno, gracias a la relativamente buena posición financiera de El Salvador.

     Pero, más allá de cualquier precisión conceptual derivada de cualquiera de las dos posturas, lo cierto es que las finanzas públicas de El Salvador revelan situaciones y tendencias insostenibles. Además de la ya señalada tendencia hacia la profundización del déficit fiscal, se detecta una clara incoherencia económica: se necesita incrementar ostensiblemente la inversión pública y el gasto social, pero a la vez existen fuertes restricciones para incrementar las recaudaciones fiscales y la carga tributaria.

[Extracto]

     La reacción más lógica que puede esperarse ante los nuevos señalamientos hondureños en la presente coyuntura electoral centroamericana es sospechar sobre la existencia de intereses ocultos y mal intencionados que buscarían desviar la atención de los problemas internos o ganar protagonismo a toda costa. Este tipo de acciones no es algo nuevo en la agitada historia centroamericana, máxime cuando han ocurrido momentos críticos en algunas de las naciones del istmo.

    Mientras tanto, la región en su conjunto atraviesa un difícil momento, como consecuencia de factores económicos, sociales y naturales. En ese contexto, el último altercado diplomático entre los gobiernos de Honduras y El Salvador se da en un momento clave para la historia de ambos países. Por un lado, las expectativas de los salvadoreños para lograr la reconstrucción y el desatino del gobierno para satisfacer las ingentes demandas de la ciudadanía; por otro, una débil institucionalidad hondureña que ha puesto en jaque la sana convivencia social y la seguridad jurídica en el marco de las elecciones generales.

COMENTARIO

     El 18 de julio, con la renuncia de la fórmula presidencial del Partido Conservador (Noel Vidaurre-Carlos Tünermann) y de su jefe de campaña José Antonio Alvarado, se dio por cancelada la posibilidad de que el Partido Conservador cobijara bajo su vieja bandera verde una nueva alianza pluralista de centro izquierda y centro derecha para enfrentar a los dos arrogantes partidos del pacto: FSLN y PLC.

    La candidatura del académico sandinista Carlos Tünermann creó expectativas sobre un giro del PC hacia el centro-izquierda. Pero esas esperanzas apenas duraron dos semanas. Ingenuidad, convicción y oportunismo se expresaron en la renuncia del conservador Vidaurre, del liberal Alvarado y del sandinista Tünermann. En el trío de los renunciantes, Tünermann —quien se lanzó a la empresa sin medir las débiles bases de esa propuesta— puso la dosis de ingenuidad-vanidad propias del intelectual metido a político.

    En la renuncia de Alvarado, que venía poniéndole al proyecto de la tercera vía convicción y empeño, se expresan las dificultades que encuentra en Nicaragua un político con convicciones no provincianas y con visión de largo plazo. Vidaurre, un político que nunca apostó por un proyecto de centro-izquierda, vio en esta opción la única oportunidad de recuperar espacios dentro de un partido que siempre lo consideró un advenedizo. A pesar de su marcada vocación a aspirar al cargo presidencial, tuvo que rendirse ante una correlación de fuerzas adversas que escapaba cada vez más de su control.

    Aun con una alianza de tercera vía abierta a la izquierda y a la derecha, el PC no tenía ninguna posibilidad real de ganar la Presidencia. Pero, de ser realmente una tercera vía, sí hubiera podido captar el voto de abstencionistas, indecisos y derechas e izquierdas hartas del danielismo y del alemanismo, pudiendo alcanzar así una cantidad y calidad de diputados que hubieran actuado de bisagra política e intelectual en una Asamblea Nacional que se perfila hoy como un terreno de desastres,  donde continuarán actuando las dos bandas pactistas. Esta opción hubiera servido de freno al pacto y, sobre todo, hubiera abonado el camino para una tercera opción mejor situada para las elecciones del 2006.

    Tras las disputas y confusiones públicas protagonizadas por los dirigentes conservadores y sus frustrados aliados, con su nueva fórmula presidencial (Alberto Saborío-Consuelo Sequeira), totalmente conservadora, y con sus listas de diputados —conservadores junto a liberales del Partido Liberal Democrático y del Partido Liberal Independiente— es muy probable que el PC quede reducido a una mínima expresión de diputados en la Asamblea, quienes difícilmente serán esa necesaria bisagra entre liberales y sandinistas.

    Sin embargo, todavía se habla entre los simpatizantes más honestos del PC de promover el voto cruzado: voto cautivo en la boleta presidencial y voto verde en la boleta de diputados, para así restar fuerza a los partidos del pacto en el Legislativo, y especialmente —en caso de ganar el PLC— darle más margen de maniobra al Vicepresidente Bolaños frente a Arnoldo Alemán.

    La cultura de los electores, que mayoritariamente votan “en cascada” —marcan igual las cuatro boletas— es el principal obstáculo para hacer realidad esta opción, que más parece ya una quimera política. En la última encuesta, el 72.8% de quienes decidieron ya su voto dijo que votaría en cascada o “en fila india”.

    En la debacle del PC jugó un papel determinante la presión política y económica que el gobierno de Estados Unidos ejerció con la intención de que el PC se uniera al PLC para asegurar así la derrota del FSLN. Las señales indican que esta presión se mantendrá hasta el último momento y no puede descartarse que los directivos del PC llamados “lilas” —los responsables de debilitar la posición de Vidaurre dentro del PC— fuercen la renuncia del Partido Conservador en los momentos finales de la campaña, provocando así que los dos partidos del pacto midan fuerzas solos en la arena electoral, escenario que favorece claramente a Bolaños, ya que el 45% de la población reafirma en las encuestas no querer bajo ninguna circunstancia que Daniel Ortega gane la Presidencia de la República.
 

Colaboración de Ramón Eugenio Rodríguez, redactor de la Revista Envío de Nicaragua.

 

DERECHOS HUMANOS

    “En El Salvador de la pos guerra se han incrementado los niveles de violencia social e impunidad, sin que las instituciones y los funcionarios competentes hayan logrado enfrentar con éxito esta problemática. Lo anterior, pese a diversos esfuerzos realizados entre los cuales destacan tanto lo establecido en los acuerdos de paz, como la creación —a partir de ellos— de herramientas útiles para garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos de la población salvadoreña y construir así, con fuerza, el andamiaje para la transición hacia la democracia”. Estas fueron las palabras iniciales de la invitación que el IDHUCA envió, hace unos días, a un selecto número de personas. ¿Para qué las invitamos?, ¿a quiénes invitamos? y ¿cuáles fueron los resultados de esta iniciativa? Estas son las tres preguntas que, a continuación,  intentaremos responder.

    Hasta hace unos años, no eran muchas las opiniones críticas hacia el famoso “proceso de paz”; pero ahora ya son varias, bastantes, las que señalan que la población salvadoreña ha sido víctima de un enorme fraude. Desde las alturas nos prometieron que —tras el fin de la guerra, con el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en los acuerdos que firmaron y la verificación especializada de las Naciones Unidas— El Salvador sería distinto y mejor, decente y normal, “amable y besable”.  Pero no; las cosas no han marchado tan bien.

    Sangrientos asesinatos, secuestros, violaciones, robos y defraudaciones millonarias son sólo algunos de los hechos que a diario reportan los medios de comunicación social en sus ediciones, con la que —en la mayoría de los casos— los verdaderos responsables de estos crímenes no son llevados ante la justicia. Cuando en alguna ocasión eso se logra, se vuelve sumamente difícil que se obtenga una sentencia condenatoria de los responsables y una indemnización para las víctimas. Lo anterior se evidencia, aún más, cuando el señalado como imputado proviene de sectores económicamente pudientes y/o vinculados con el poder político gubernamental; o bien, cuando el crimen es orquestado y perpetrado con la participación de agentes estatales.

    Esta situación ha generado, sin duda, una grave desprotección para las víctimas de ese tipo de acontecimientos lamentables que —en la mayoría de los casos— se convierten en doblemente víctimas. En primer lugar, por la tragedia que implica ser el sujeto pasivo de un delito; en segundo término, porque acaban siendo atropelladas también por un sistema que es incapaz de reivindicar su dignidad y reprochar penalmente las infracciones a los responsables.

    En ese marco, poco a poco, la sociedad salvadoreña ha ido pronunciándose, cada vez con mayor fuerza, contra semejantes anomalías. Sin embargo —y pese a la brutalidad de algunos hechos— las manifestaciones de la gente, organizada o no, en su mayoría no han pasado de ser una simple expresión de su indignación, sin que de ella se deriven compromisos y acciones oficiales concretas. Esto, sin duda, propone como tema prioritario de discusión el papel que deben jugar las víctimas de tantos atropellos para impactar al resto de la población y contribuir, así, a detener este oleaje de injusticia e inseguridad jurídica.

    Por todo lo anterior, el IDHUCA —por su mismo carácter dual (académico y de proyección social— ha considerado que es una de sus obligaciones prioritarias el promover la discusión sobre los derechos de las víctimas ante el sistema de justicia. De esa manera se puede, por un lado, coadyuvar al “empoderamiento” de las mismas y, por el otro, contribuir a canalizar la indignación ciudadana hacia una acción transformadora más concreta y efectiva. Dicho de otra manera: se debe efectuar un necesario proceso de discusión, difusión y aprendizaje de la lucha titánica de quienes ya iniciaron la desafiante tarea de hacer funcionar el sistema y lograr que, finalmente, se haga conciencia entre funcionarios del Sector Justicia y en la llamada “sociedad civil.

    En ese marco, desde su lugar en la sociedad y después de varios años de servir como “herramienta” para las víctimas en su desigual lucha, el IDHUCA consideró de particular importancia el dirigir este esfuerzo hacia la población, priorizando la discusión y el análisis acerca de los impostergables retos que le plantea a ésta el compromiso de apoyo a las personas, individuales o agrupadas, que han sido maltratadas por el poder pero que rebosan dignidad. Si queremos tener futuro como país, esa es una de las tareas más urgentes para encontrar el verdadero camino hacia la democracia. Así las cosas, se nos ocurrió organizar el Seminario ?Taller denominado “Víctimas en busca de justicia”, el cual se realizó el pasado viernes 24 de septiembre y cuyos detalles se brindan a continuación.

 Sus objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Que las personas participantes conocieran e identificaran, por medio de casos concretos, el papel de las víctimas para hacer avanzar sus procesos judiciales.

2. Que se identificara el papel que, según la Constitución y las leyes de la República, le corresponde a las diversas instancias del Sector Justicia en la tramitación de los casos concretos.

3. Identificar en dichos casos el funcionamiento de las instituciones que integran el Sector Justicia.

4. Rescatar las experiencias positivas ejemplarizantes, logradas mediante la participación de las víctimas y/o el funcionamiento correcto de las instituciones del Sector Justicia, a fin de incentivar a otras personas y grupos sociales para que activen el sistema en su lucha por obtener resultados exitosos.

    Fueron varios los sectores de la población hacia los cuales dirigió su mirada el IDHUCA, desde que se planteó la realización de este Seminario-Taller. Entre ellos se encontraban, en primer lugar, el universitario; específicamente se convocó estudiantes de las carreras de Ciencias Jurídicas, Psicología y Comunicaciones, tanto de la UCA como de otras universidades. Además, se curso invitación al personal que labora en instituciones estatales y sociales que brindan un servicio de promoción y defensa de los derechos humanos. Finalmente, se publicó una convocatoria amplia para quien quisiera acudir.

    En cuanto a la metodología, cabe decir que toda la actividad se llevó a cabo ese día en dos jornadas: una en la mañana y la otra en la tarde. En la primera, participaron víctimas que han jugado un papel dinámico en el transcurso de sus procesos judiciales. Con su testimonio vivo e impactante, respondieron a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue su proceso de participación en el caso?, ¿cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron y cómo los superaron?, ¿cuáles fueron los logros de su esfuerzo?, ¿cómo contribuyó su involucramiento en el funcionamiento eficiente de las instituciones estatales?, ¿qué apoyo recibió de los medios de comunicación social?, ¿cuál fue la respuesta de la población? y ¿con qué frase puede definir su experiencia?

    Entre las más conocidas de las víctimas que brindaron su testimonio se encuentran Morena Carmona de Canales y Misael Canales, madre y padre del cadete Erick Peña Carmona, quien fue asesinado por otros cadetes de mayor nivel hace unos meses, en las instalaciones de la Escuela de Aviación. También participaron Gloria Giralt de García Prieto y Mauricio García Prieto, madre y padre de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, quien fue ejecutado por un “escuadrón de la muerte” el 10 de junio de 1994. El caso de Katya Natalia —la niña violada y asesinada el 4 de abril de 1999, cuando dormía junto a su padre, el capitán Edwin Miranda, entre un grupo de casi veinte personas—  lo expuso Pedro Cruz, abogado del IDHUCA que en algún momento acompañó a la madre de Katya; ésta, por motivos de fuerza mayor, se encuentra fuera del país desde octubre del año pasado. Jon Cortina, jesuita y miembro de la  Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en la guerra (PRO-BÚSQUEDA), se encargó de relatar esta tragedia y las victorias alcanzadas por sus víctimas.

    Además, se contó con la excelente intervención de Rosa Lenuria Álvarez y Mario Gilberto Chacón, la primera representante de un numeroso grupo de delegados de transporte (“despachadores de buses”) despedidos y el segundo como víctima de una moderna forma de esclavitud que —aunque resulte difícil de creer— se practica en El Salvador.

    Tras la intervención de las víctimas, se formaron grupos de trabajo. Dichos grupos recibieron la síntesis de un caso y una guía, con el objetivo planteado para su ejercicio y las preguntas que les ayudaría a centrar el debate. Como de costumbre, cada grupo nombró una persona para la coordinación y otra para la relatoría; fueron éstas las responsables de hacer una síntesis de la discusión de su grupo y exponerla en el plenario. Resulta importante destacar que las víctimas, tras ofrecer su testimonio, se incorporaron a los grupos de trabajo; dentro de ellos, aportaron mayor información que enriqueció el análisis. Al finalizar su labor, cada uno de los grupos que se formaron entregó los resultados de la misma; la documentación recibida de éstos se reprodujo y quedó para ser utilizada por la tarde.

    A diferencia de otras actividades semejantes, en este Seminario?Taller fueron las víctimas quienes se llevaron los mayores créditos. Su protagonismo era lo fundamental para el cumplimiento de los objetivos planteados. Por eso, durante la segunda jornada se contó con la presencia de representantes del Sector Justicia y de la sociedad, quienes —en lugar de llegar a ofrecer sus “magistrales” intervenciones—  durante más de noventa minutos tuvieron que escuchar pacientemente los resultados del trabajo realizado por los nueve grupos que se formaron; nueve grupos integrados, cada uno de ellos,  por un promedio de siete personas. Tras las exposiciones de los grupos, estos invitados expusieron sus comentarios sobre las mismas.

    Los “comentaristas”, por orden de intervención, fueron los siguientes: David Morales, Procurador Adjunto para los Derechos Individuales y Cívicos, representando a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice Alamanni de Carrillo; Miguel Ángel Cardoza, Procurador General de la  República; José Napoleón Rodríguez Ruiz, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Pedro Ávalos Laguardia, Fiscal Adjunto para los Derechos Humanos, representando al titular de la Fiscalía General de la República, Belisario Amadeo Artiga; y el ya citado Jon Cortina.

     Al hablar de los resultados, comencemos por la parte cuantitativa. El público que acudió a escuchar el testimonio de las víctimas, sumó un total de 142 personas. De ellas,  77 fueron mujeres y 65 hombres; 107 estudiantes, 3 docentes y  32 personas de instituciones estatales, organizaciones sociales y particulares.

    Para el asombro y, algunas veces, enojo de sus aliados, los Estados Unidos de América recientemente se han quedado solos cuando un gran número de naciones llegó a acuerdos sobre algunos temas como son el cambio climático y el control de las armas. Utilizando su peso como la nación más poderosa, con la más rica economía, los Estados Unidos se negaron a suscribir los tratados o hicieron todo lo posible para desviarlos hacia sus objetivos. Algunos de estos acuerdos incluyen:

Entendimiento sobre el calentamiento global

    178 naciones se pusieron de acuerdo la semana pasada sobre los detalles de un acuerdo llamado el protocolo de Kyoto en el cual los países desarrollados aceptaron  bajar la emisión de dióxido de carbono, el gas que más influye en el calentamiento global.

Los Estado Unidos

    Se negaron a firmar el acuerdo, el cual ha  sido adoptado sin los Estados Unidos. El Gobierno de Bush dice que la iniciativa de bajar las emisiones de carbono afectará negativamente la economía estadounidense y que el protocolo es imperfecto porque excluye a los países en desarrollo.

Acuerdo sobre la guerra bacteriológica

    Seis años de negociación para reforzar la convención de 1972 sobre las armas biológicas han sido suspendidas recientemente porque los Estados Unidos han abandonado las negociaciones.

Los Estados Unidos

    Se negaron a seguir en las negociaciones, alegando que el pacto no tiene suficientes dientes para prevenir las trampas, por lo que pone en riesgo la seguridad nacional, negocios confidenciales y las investigaciones

Pacto sobre las armas cortas

    El mes pasado, más de 170 países han adoptado un acuerdo, bastante moderado, de las Naciones Unidas para detener el tráfico de armas cortas.

Los Estados Unidos

    Aprobaron el pacto solamente cuando se adoptaron medidas para restringir la venta de armas a movimientos rebeldes y han sido eliminadas cláusulas sobre la propiedad privada de las armas.

Tratado sobre Misiles anti-balísticos
 
    El tratado de 1972, un pacto en la Guerra Fría, obliga a los signatarios a limitar los misiles defensivos.

Los Estados Unidos

    Anunciaron en mayo que quieren obviar las limitaciones del tratado. Así, Washington puede desarrollar un sistema de defensa de misiles contra ciertos ataques de misiles.

Evasión Fiscal

    Los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico acordaron una serie de medidas para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero en los 35 paraísos fiscales.

Los Estados Unidos

    Se unieron al pacto solamente después de que han sido adoptados cambios que estipulan que la información restringida de los bancos "offshore" será dada en los casos específicos de sospechas de invasión fiscal, y provisiones que permiten a las naciones ofrecer ventajas impositivas a las inversiones extrajeras.

Conferencia Contra el racismo

    La Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Xenofobia e Intolerancia que se desarrolla en Durban, Sur Africa, empieza el 31 de agosto

Los Estados Unidos

    Dicen que no participarán hasta que la conferencia elimine en su agenda las discusiones sobre las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo.

 ACUERDOS. En el marco de los altercados entre Honduras y sus vecinos Nicaragua y El Salvador, los presidentes de los dos últimos países, Arnoldo Alemán y Francisco Flores, respectivamente, se reunieron, el 27.08, en la ciudad de Managua para firmar el Acuerdo de Conservación y Protección de los productos Pesqueros en el Golfo de Fonseca. Los mandatarios aprovecharon la oportunidad para invitar a su similar hondureño, Carlos Flores Facussé, a adherirse al tratado. Aunque la agenda de la reunión entre ambos presidentes no incluía el tema del altercado con Honduras, fue éste precisamente el que primó en los medios de comunicación. El presidente salvadoreño se encargó de recordar el conflicto. “Yo comprendo que a un país que tenga aspiraciones de expansión de sus límites pueda no gustarle (el acuerdo pesquero), pero es que las aspiraciones de expansión de los límites pueden ser un atropello a la nación (El Salvador)”. Por otro lado, el gobernante nicaragüense, apeló a la integración regional. “Centroamérica no  puede seguir siendo una parcela dividida, hay que hacer esfuerzos para establecer un diálogo directo y sincero para que todos los presidentes de la región podamos encontrar soluciones viables para resolver nuestros escollos”, comentó Alemán. Finalmente, el presidente Francisco Flores anunció la reunión con su homólogo hondureño, a realizarse en Guatemala, en la que se discutiría las acusaciones de espionaje hechas a dos diplomáticos salvadoreños acreditados en Honduras (EDH, 28.08.01, p. 13; LPG, 28.08.01, p. 14; DL, 28.08.01, p. 4).