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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El destape del caso de los títulos universitarios mal habidos ha hecho de las delicias de la prensa escrita, cuya avidez para aprovecharse de situaciones escandalosas —a las que ella misma contribuye— no conoce límites. Pero, más allá de la malicia mediática, está el problema de fondo: que algunos jueces y abogados obtuvieron fraudulentamente unos títulos que no se merecían y que ello les ha permitido ejercer unas funciones para las que ni estaban autorizados ni estaban debidamente preparados. ¿Cómo fue que pudo suceder eso? ¿Quiénes son los responsables de semejante burla no sólo académica, sino social y cultural?

Pues bien, lo primero que hay que decir es que la alteración de requisitos para la obtención de grados académicos —sobre todo del grado de licenciatura— no es ni nueva ni tampoco ha sido un secreto, del cual sólo hasta ahora muchos parecieran estarse enterando. La proliferación de las universidades de “garage”, en la década de los años ochenta, no sólo alentó ese tipo de prácticas, sino que las hizo ver como algo “normal” y, lo que es peor, como algo “legal”. Y eso sucedía a la vista de todos, medios de comunicación, autoridades de educación, políticos, empresarios y ciudadanía, sin que nadie mostrara mayores señales de alarma.

Es cierto que en los últimos años las autoridades de educación tomaron cartas en el asunto y han tratado de corregir los males que se incubaron en la enseñanza universitaria durante la década pasada. Pero, o bien las medidas tomadas han sido insuficientes para eliminar de raíz vicios administrativos y académicos del pasado o bien el mal que pretenden remediar —la graduación de profesionales que no reúnen los requisitos necesarios para ostentar un grado académico—, por no ser nuevo, ya ha dejado unas secuelas a las cuales se tiene que hacer frente a partir de una visión integral del problema.

En efecto, el asunto es que no sólo se trata de jueces y abogados que han obtenido un título sin reunir los requisitos para ello, sino de otros profesionales —ingenieros, economistas, politólogos, etc.— que siguieron las mismas vías que aquéllos para hacerse de un pergamino con el cual mejorar su prestigio y sus ingresos. Asimismo, no se trata sólo de una generación de profesionales universitarios, sino de al menos dos generaciones más: la formada por quienes culminaron (o dijeron culminar) sus estudios a mitad de la década de los años ochenta y la formada por quienes lo hcieron al final de esa misma década o a principios de la siguiente. Si tiene visos de ser cierta esta conjetura, ¿por qué centrar la atención exclusivamente en los jueces y abogados actualmente en la mira de la Fiscalía y no ir más atrás en el tiempo y no abarcar a otras profesiones?

Obviamente, se trataría de una caza de brujas con mucho trabajo por delante, porque habría que hurgar en las trayectorias de todos los que han pasado por las aulas de las universidades sospechosas de no haber llevado bien sus asuntos administrativos y legales. Los más puristas dirán que no importa; que lo único que interesa es hacer pagar por sus errores a todos los que han obtenido fraudulentamente sus títulos universitarios. Puede que tengan razón; quizás haya que sancionar a todos los que cometieron fraude en la obtención de sus grados académicos. Pero eso sí: no debe haber excepciones, por muy encumbrados que se encuentren algunos de los que inmerecidamente ostentan un título universitario.

Asimismo, no debe fijarse la atención sólo en los que recibieron indebidamente un título, sino en quienes se los otorgaron —previo el pago correspondiente. Es decir, hay que determinar con suficiente claridad la responsabilidad de los dueños de las universidades involucradas en el trasiego de grados académicos, así como en las personas que ejercían puestos de autoridad y que firmaron los pergaminos.

Bastante se ha hecho ya en este sentido, pero todavía no está claro hasta qué punto dueños y autoridades de las mencionadas universidades manipularon o incluso engañaron a sus estudiantes con ofertas académicas que rayaban en la ilegalidad. Si bien cabe sospechar que muchos “graduados” sabían de lo fraudulento del proceso que los convertía en profesionales universitarios, cabe también la sospecha de que otros, quizás la mayoría, no supieran del fraude del que eran objeto y del que se hacía objeto a la sociedad.

A la par de lo anterior, debe atenderse con bastante detenimiento el papel jugado por el Ministerio de Educación y sus autoridades en estas dos décadas de debacle universitaria, en el marco de la cual el otorgamiento indebido de títulos es sólo una arista. Lavarse las manos o declararse inocente de antemano no sirve más que para eximir de responsabilidades a quienes toleraron la aparición de universidades que no lo eran y la compra-venta de grados académicos.

¿Quiénes verificaron y avalaron carreras y programas en las universidades de “garage”? ¿Quiénes verificaron que los profesionales graduados de ellas cumplían con los requisitos académicos mínimos? ¿Están exentos de responsabilidad estos funcionarios? ¿Son ellos menos responsables que quienes recibieron, con su aprobación directa o indirecta, un título académico sin cumplir a cabalidad los requisitos exigidos para ello? No se está hablando sólo de lo que ha ocurrido ahora, con el caso de los jueces y abogados, sino de lo sucedido en la década pasada y de otras profesiones y carreras.

Por último, en el caso concreto de los jueces y abogados en ejercicio, está la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, no tanto en el otorgamiento de los grados académicos o en la revisión de los programas de estudio —asuntos fuera de su competencia—, sino en su falta de tino para aprobar —y peor aun, incorporar al sistema de justicia— a personas cuya endeble trayectoria académica les impediría —de ser rigurosos los mecanismos de control— el ejercicio privado de su profesión o su incorporación al sistema judicial.

Como se ve, en el asunto de los títulos fraudulentos hay más responsables de lo que se está dispuesto a aceptar. Si se quiere ir hasta las últimas consecuencias, muy bien. Pero a muchos seguramente no les va a gustar lo que se va a encontrar.

El sábado de la semana pasada se culminó la reunión empresarial más importante del país. En su segundo año de celebración, el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2001) tuvo como uno de sus objetivos, tal como reconocieran sus principales organizadores, el de presentar a la nación algunas propuestas de reactivación económica. Consecuentemente, los empresarios proponen una serie de medidas tales como políticas agrícola, eléctrica o de aumento de la inversión social del Estado.

La historia reciente muestra que, en lo fundamental, la viabilidad a largo plazo de un país depende de una articulación coherente y consistente entre los diferentes actores sociales que lo componen: empresarios, trabajadores y gobierno. Cada actor desempeña un papel importante en los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, pero por sí solo un actor social no puede impulsar procesos de desarrollo sostenible. A lo sumo, puede crear formas autoritarias de ejercer el poder, como ha ocurrido en El Salvador, prácticamente desde la época de la Colonia. Aun en la actualidad, tanto el gobierno como la empresa privada siguen sosteniendo que el desarrollo puede lograrse sin necesidad de concertar.

Desde su fundación, el partido ARENA se ha caracterizado por aglutinar a la mayor parte del sector empresarial salvadoreño; de hecho, los funcionarios públicos de más alto nivel en los tres últimos gobiernos han sido —y son— básicamente empresarios. Pese a ello, para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) —principal gremial empresarial del país— el gobierno no ha hecho lo suficiente para estimular el crecimiento económico de las empresas nacionales. Al menos eso se desprende de los principales planteamientos contenidos en sus diferentes propuestas de desarrollo, de las cuales la más reciente es la “Propuesta para la reconstrucción de un nuevo El Salvador”, presentada públicamente a finales de agosto.

Uno de los mayores problemas que dan cuenta de la realidad de muchos centroamericanos es, actualmente, el desempleo y subempleo. En efecto, la prolongación de la sequía en vastas áreas del territorio, el cierre de plantaciones de café y banano como consecuencia de la poca rentabilidad de dichos sectores y la clausura de empresas maquileras en la región no han sido sino agravantes de los problemas mencionados. En otras palabras, el desempleo y el subempleo revisten un carácter estructural que, por lo tanto, presupone la implementación de medidas extensibles a mediano y largo plazo.

Es imposible encontrar estimaciones exactas sobre este tópico en Centroamérica, debido a la poca disponibilidad de datos continuos y comparables; aun así, es posible señalar su tendencia en los últimos años. En términos generales, si bien los niveles de desempleo disminuyeron en la primera mitad de la década de los 90, los fenómenos naturales, las políticas gubernamentales mal orientadas y las crisis económicas de finales de la década y principios de siglo han venido a complicar el panorama. Cabe mencionar además que, en general, las tasas de subempleo —entiéndase como la realización de actividades en condiciones inadecuadas o con salarios por debajo de lo digno—, han registrado un mayor crecimiento que las de desempleo abierto.

No hay, pues, desinterés o desgano de las fuerzas
para proporcionar información.

Julio del Río Reynaga

El caso más reciente de filtración de información se conoció con la publicación que hizo El Diario de Hoy de una lista de 169 abogados con títulos, que, según el fiscal especial, Roberto Vidales, mostraban ciertas irregularidades. Los medios noticiosos y, en especial, la prensa escrita, fueron los principales canales que divulgaron detalles sobre la investigación hecha por Vidales. Lo que dijeron los medios (en teoría, ‘constructores’ y ‘mediadores’ de realidad) se convirtió en parte esencial de lo que mucha gente entendió sobre este asunto. Desde el 23 de agosto y por más de una semana, los dos principales matutinos del país dedicaron al menos dos de sus primeras páginas y al menos tres ‘maderas’ (titulares de portada) a este tema. Desde entonces, han marcado los ejes de debate del problema, que está indiscutiblemente ligado con el sistema salvadoreño de aplicación de justicia.

En la cobertura periodística de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, se observaron ciertas tendencias y énfasis. En primer lugar, insistieron en la publicación de nombres completos y actuales cargos de los abogados investigados por la Fiscalía. La Prensa Gráfica fue más cautelosa a la hora de mencionar personas; esto pudo deberse a que no tuvo acceso a la lista completa elaborada por el fiscal especial. Cuando incluyeron nombres, lo hicieron aclarando que esas personas “podrían ser procesadas”.

En El Diario de Hoy, sin embargo, se daba a entender que un abogado quedaba descalificado académicamente por el solo hecho de aparecer en la lista de investigados. Ninguno de estos dos matutinos aclaró desde el primer momento que el informe especial era el primer paso dentro del proceso de depuración. Hasta cuando la noticia había aparecido por tres o cuatro días consecutivos, ambos diarios explicaron que la Fiscalía no presentaría requerimientos penales en los 169 casos, pues en algunos no se podían comprobar las sospechas de ilegalidad.

Hasta ahora, ningún periodista ha dado el contexto suficiente y los antecedentes sobre la investigación de la Fiscalía y el proceso que había seguido: cómo nació la idea de nombrar un fiscal especial y en qué momento, cuál es su mandato, qué procedimiento siguió, cómo definió a los ‘investigables’, entre otros vacíos que se pueden señalar.

Con esa ligereza y con ese afán de primicia, los diarios afectaron no solo la investigación de la Fiscalía (LPG, 27.08.01, p.6), sino la imagen personal y profesional de algunos de los señalados. La mayoría de estos ya fueron condenados por la opinión pública luego de la filtración del informe, con una rapidez que sobrepasa la velocidad con la que serán resueltas las demandas judiciales que han comenzado a presentarse ante los jueces de paz. Publicar los nombres de los abogados cuyos títulos presentan irregularidades satisface sólo en parte la necesidad de información de la gente, pero siempre y cuando se aclare que las investigaciones no concluyen con la divulgación del informe o con la sospecha. Eso fue solo la parte inicial. Desde el 29 de agosto, la cobertura periodística ha sido distinta: ahora sí se justifica la publicación de nombres y apellidos, pues son casos en los que la Fiscalía ha considerado que existe prueba para la apertura de un proceso penal.

La actuación de la prensa escrita estuvo muy cercana a lo que Silvio Waisbord, un investigador de la comunicación, describe como la “espada de doble filo” en manos de los periodistas: “el reportaje de fechorías llama la atención del público a supuestos delitos, pero también puede llevar a juicios precipitados sobre la responsabilidad de los individuos sin que medien las instituciones constitucionalmente designadas para investigar y llegar a un veredicto legal. En este caso la responsabilidad ética, una vez más, es en extremo importante: las acusaciones no respaldadas que hace la prensa pueden tener efectos perjudiciales para la reputación de individuos e instituciones”.

En segundo lugar, otra tendencia que se observó en los dos matutinos analizados aquí fue la explotación del escándalo para sostener el interés del lector. Esto no es nada nuevo dentro de la prensa, desde hace más de un siglo los medios de masas le han sacado provecho a situaciones que despiertan el morbo de los demás. En este caso de los títulos investigados, la información noticiosa, si nos atenemos a los conceptos tradicionales, se agotaba en unos cuantos días. Lo novedoso solo era: la presentación oficial del informe confidencial, luego la publicación de la lista de los abogados cuestionados y finalmente la presentación formal de cargos en los juzgados de paz.

La prensa escrita le sacó provecho al tema y no dejó que se agotara tan fácilmente. Insistió principalmente en la confrontación entre el fiscal especial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como en la indagación de los perfiles profesionales y personales de los mencionados en el informe. Se centraron en los efectos y no en las causas. Esto hizo que los periodistas dejaran de lado otro aspecto no menos importante: los graves problemas que atraviesa el sistema judicial y el educativo.

Hasta ahora no se sabe exactamente quiénes son los funcionarios ni las instituciones directamente responsables por este desorden. Si nos apegamos a las insistencias de los medios escritos, la más señalada ha sido la Corte Suprema, pero un análisis más serio revelaría que hay otros igualmente involucrados.

Al seguir el juego de quien reveló el informe confidencial, la prensa escrita contribuyó a que su fuente alcanzara su objetivo y esta pudo haber estado motivada por distintos intereses (y aquí cabe muchas hipótesis): rencillas personales, diferencias políticas, afán de desprestigiar el informe y desgastarlo o afán de desacreditar al sistema judicial, entre otras.

A partir del tratamiento periodístico, se puede concluir que el Órgano Judicial ha sido el más desprestigiado, porque se ha insistido en que no está interesado en depurar sus filas (EDH, 29-08-01; LPG, 24-08-01). En la búsqueda de los culpables de que haya tanta gente incompetente ejerciendo la abogacía, los periódicos subrayaron la “pasividad”, la “desidia”, de la Corte Suprema de Justicia. Esta desacreditación del Órgano Judicial se da en momentos en que se publicitan con mayor insistencia los supuestos éxitos de la policía en el combate delincuencial (EDH, 26-08-01, p.7). A este clima contrario a la Corte, contribuyó el fallo del juez David Posada Vidaurreta en el caso de los secuestros de Andrés Súster, Guillermo Sol Bang, Eduardo Salume y otros. Unos días después de este fallo, se filtró el informe del fiscal especial, quien fue nombrado unos meses atrás, cuando el trabajo de la Fiscalía General de la República estaba siendo más cuestionado por la investigación de casos como el de Kattya Miranda y el de la FEDEFUT.

La investigación periodística dejó muchos cabos sueltos en el tema de los títulos con supuestas irregularidades. No se profundizó en las causas del problema, en el porqué la emisión de los títulos se convirtió en un negocio (y quizá lo siga siendo). Los diarios tampoco midieron las consecuencias de publicar nombres y apellidos. Los periodistas están en todo su derecho de proteger la identidad de la fuente que les reveló información confidencial. Eso no está en cuestión aquí. Sin embargo, cada medio debía haber hecho sus valoraciones éticas sobre la importancia de divulgar lo que, oficialmente, no era público.

Hay ocasiones en las que se justifica escudriñar y sacar a la luz cosas que los funcionarios quieren mantener como secreto, pero en otras ocasiones hay que tomar algunas precauciones para su divulgación. En este caso, habría sido recomendable, que los periodistas se preguntaran qué intereses movían a la o las personas que desclasificaron la información. A los periodistas del diario español El País les dan el siguiente consejo: “Por el peligro que supone ser utilizados, conviene evitar, siempre que sea posible, la información no atribuible y confidencial”.

Colaboración de Xiomara Peraza y Nataly Guzmán, del Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA.

Los grupos de trabajo procedieron a responder las siete preguntas ya citadas, con base a una guía de discusión dividida en dos partes. La primera contemplaba los siguientes aspectos: por un Iado, identificar en el caso concreto la participación que han tenido la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Órgano Judicial, la Policía Nacional Civil, los medios de comunicación, las organizaciones sociales de derechos humanos y cualquier otra entidad involucrada; por el otro, valorar la actuación de cada una de las instituciones antes mencionadas, considerando aspectos negativos y positivos, críticas, sugerencias y demandas. La segunda parte de la guía para la discusión también incluía el identificar la participación y la valoración, pero desde el lado de las víctimas; de igual manera, este segmento sirvió como un espacio propicio para las criticas y sugerencias de los grupos en lo relativo al involucramiento de las víctimas en sus casos.

El resultado del análisis realizado por la gente fue abundante y rico. Por eso, es bastante difícil reseñarlo todo en este medio. Sin embargo, algo se puede ofrecer. Comencemos, pues, con la síntesis de algunas criticas acerca del funcionamiento de las instituciones estatales en los diferentes casos:

- Investigaciones ineficientes e inútiles. Sólo cuando existe algún tipo de presión pública, es asumido un protagonismo mayor que —en muchas ocasiones— no pasa de ser superficial.

- Falta de ética de cara a las víctimas, que sufren por atención negligente, irrespeto y/o maltrato.

- Involucramiento ilegal en ámbitos que no corresponden, con el fin de obstaculizar el descubrimiento de la verdad y el acceso a la justicia.

También se hicieron señalamientos positivos, de la actividad institucional, entre los cuales destacan —de manera puntual— los siguientes:

- Un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia favorable a las víctimas, en el caso de los delegados de transporte, junto a una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos determinando violación al derecho al trabajo

- Disposición de los funcionarios de la Procuraduría General de la República para buscar y encontrar justicia, en el caso de las “modernas formas de esclavitud” que aún se practican en El Salvador.

- Resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, durante la administración de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, en el caso García Prieto. En ella se estableció la participación de un “escuadrón de la muerte”; eso, junto a otros señalamientos acerca de la impunidad imperante, provocó ataques de diverso tipo contra la funcionaria.

Se recogieron, del trabajo de los grupos, sugerencias y demandas importantes dirigidas a las instituciones del Estado. Veamos algunas:

- Que existan en todas ellas personal comprometido con el respeto a los derechos humanos y que, sobre esa base, se realice la depuración de las mismas, principalmente en el caso del Órgano Judicial.

- Mayor preparación técnica y científica para la realización eficaz de su trabajo.

- Que, en lo posible, se propicie y concrete el trabajo conjunto con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad.

- Que sean imparciales y que no permitan que queden en la impunidad tantos casos.

- Despolitizar las instituciones estatales y exigir transparencia en su actuación, para facilitar el acceso a la justicia.

- Se debe crear un sistema de apoyo y protección a las víctimas, que permita darle un soporte real y de calidad a estas personas para que continúen su lucha en aras de obtener justicia. Eso tiene que ver con diverso tipo de elementos; entre ellos se cita lo relacionado con la situación psicosocial y su integridad física, para evitar abandonen el país a causa de las amenazas que sufren o que se lleguen a concretar dichas amenazas, como ya ha ocurrido en varios casos.

En cuanto al papel que a estas últimas les corresponde cumplir en el escenario de una realidad como la nuestra, sobra decir lo difícil que les resulta reclamar justicia en el país cuando van surgiendo ante ellas impedimentos de todo tipo. Desde los “normales”, relacionados con la incapacidad y la corrupción oficial, hasta los “extraordinarios” que tiene que ver con la confabulación institucional organizada para proteger a los responsables, cuando éstos tienen algún tipo de poder y lo ejercen para someter —cansar, frustrar, desalentar, atemorizar…— a quienes se “atreven” a denunciarlos.

En el evento, durante el trabajo de los grupos, se escucharon las voces dolientes y valientes de las víctimas diciendo cosas como las que aparecen a continuación: “Los obstáculos que enfrentamos fueron muchos e incluyeron hasta la tergiversación de los hechos y la difamación intencional. También es necesario mencionar que siempre estaban presentes las amenazas y la presión para que desistiéramos de nuestra intención de conseguir justicia. Pero lo superamos con nuestra fe en Dios y la firme decisión de luchar. A ello se sumó el apoyo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.

“Algunos funcionarios —sostuvieron estas víctimas— se identificaron con nuestro esfuerzo y nos apoyaron cumpliendo con su deber. Y, definitivamente, sin el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación del país no hubiéramos avanzado nada. Nos brindaron solidaridad y amplia cobertura del caso. Aunque siempre hubo prensa comprometida o simpatizante con la actividad de esos grupos armados irregulares, que minimizó o no informó las cosas como eran. La respuesta de la población no se hizo esperar. Veían en nuestra lucha el deseo de justicia de toda la Nación. Siempre hemos sentido el calor de su solidaridad y su identificación plena con nuestras demandas”.

Las reacciones de David Morales, representante de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, fueron contundentes. “No puede —sostuvo el funcionario— concebirse la aplicación de justicia sin el irrestricto respeto a los derechos de las víctimas. Por lo tanto, tampoco se puede concebir la construcción de un Estado de Derecho ni el avance de los procesos democráticos, sin el irrestricto respeto de tales derechos.

La historia reciente de nuestro país, nos ofreció una importante oportunidad para refundar el Estado de Derecho en El Salvador. Eso ocurrió al finalizar el conflicto armado, con los acuerdos de paz; y el eje temático fue, precisamente, la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, el proceso ulterior se ha caracterizado por una tendencia del Estado a negar este aspecto fundamental. Si bien los derechos humanos se han reconocido de forma concreta, incluso mediante el desarrollo legislativo de preceptos constitucionales y avances garantistas en la materia, en la práctica han sido violados”.

Además, Morales afirmó lo siguiente: “Varios casos ilustrativos de graves violaciones a los derechos humanos —dentro de los cuales destacan el de Ramón Mauricio García Prieto y el del joven Adriano Vilanova Velver— generaron una especie de nuevo marco para la lucha de las víctimas. Las familias de estos jóvenes asesinados fueron capaces de enfrentar ese ambiente generalizado de impunidad permitida por el Estado y, con su lucha, han evidenciado la posibilidad de replantear el sentido de la justicia en función de las víctimas así como el derecho a saber, el cual incluye dentro de sí el conocimiento de la verdad.

Esto último tiene que ver con descubrir los hechos fácticos en que se cometió la violación, pero también conlleva la obligación estatal de preservar la memoria. Todo esto ha sido puesto de manifiesto y exigido por las víctimas, para que además sea cumplido su derecho a reclamaciones justas y adecuadas, dentro de las cuales se comprende la no repetición de actos semejantes”

El representante de la Procuradora finalizó así su intervención: “Los casos que aquí han sido presentados nos ilustran sobre las disfunciones gravísimas en la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia. Por tanto, nos están evidenciando la preocupante incapacidad del Estado para cumplir, adecuada y plenamente, con su deber de garantía; si no hay capacidad para eso, mucho menos la habrá para brindar reparaciones justas y adecuadas a las víctimas. En ese marco, el papel de los organismos de derechos humanos apoyando a las víctimas, cobra una importancia sin precedente en las décadas anteriores y puede permitir un cambio positivo en el ámbito de la justicia”.

De todas las intervenciones que escuchamos en el transcurso del evento, podemos concluir que existió una coincidencia plena en un aspecto importante: se hace necesario sostener un esfuerzo coordinado entre instituciones y sociedad civil, para que se genere y desarrolle una conciencia ciudadana que promueva y garantice el respeto a los derechos individuales y colectivos. A eso se refirió Gloria de García Prieto, símbolo ya de la lucha contra la impunidad, cuando pronunció las palabras que se le ocurrieron para sintetizar su calvario: “Hemos sufrido una experiencia espantosa, pero hemos cumplido con nuestro deber de padres y de ciudadanos. Sentimos la satisfacción de que nuestra lucha, en alguna medida, ha impulsado a otros a exigir justicia hasta que sea una realidad para todos”.

Como plateó en sus conclusiones uno de los grupos participantes, “todos juntos empujamos con más fuerza”. Ese mismo grupo lanzó la siguiente invitación a la concurrencia: “Con el escudo de la memoria y con la lanza de la palabra, libremos esta batalla por la justicia”. Todo lo anterior se resume en las últimas frases de Ernesto Sábato dentro de sus memorias tituladas ”Antes del fin”, dedicadas a una juventud desesperanzada y a las víctimas de la injusticia.
También yo quise huir del mundo. Ustedes me lo impidieron con sus cartas, con sus palabras por las calles, con su desamparo.

Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso: salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizás ya lo está haciendo, de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido.

MAQUILA. “Lamentablemente, la entrada en vigencia de la ICC coincidió con el inicio de la desaceleración en E.U.A., de manera que la perspectiva de generar más empleo no se cumplió”, expresó el director ejecutivo de la Fundación de Industrias Textiles (FUNDATEX), Alfredo Milián. El ejecutivo resumió así la situación del sector textil en el programa radial Actualidad Empresarial transmitido el 31.08. Milián junto con Luis Anleu, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), aseguraron que unos 7 mil trabajadores de las industrias maquileras han dejado de trabajar temporalmente, como consecuencia de la suspención de órdenes de trabajo por parte de grandes importadores estadounidenses. No obstante, ambos ejecutivos descartaron el cierre de empresas como ha ocurrido en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Anleu puso toda la confianza del sector en la recuperación de la economía estadounidense. “Una vez empiece a levantarse la economía de Estados Unidos, el trabajo va a regresar a la región y especialmente en nuestro país”, expresó. Posteriormente, el 04.09, Anleu vaticinó que si para octubre la situación no tendía a mejorar habría cierre de empresas. “Un 10% de las 225 empresas de maquila peligra con cerrar operaciones debido a la poca demanda de ropa en Estados Unidos”, señaló. Finalmente, el ejecutivo propuso como salida la suscripción de contratos con Canadá (LPG, 01.09.01, p. 34; 05.09.01, p. 23).