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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 967
septiembre 12, 2001
ISSN-0259
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  El FMLN que la derecha quiere
Política: En torno a la renuncia de Ernesto Lima Mena
Economía:  El problema del agua
Región:  Aproximación a la coyuntura política centroamericana
Comentario:  Después del pacto: ¿hay salidas?
Derechos Humanos:  Justicia para las víctimas

 NOTICIAS
 
 
 
 

EDITORIAL

    En no pocas ocasiones, en el plano socio-político, se da la confluencia de situaciones que se refuerzan entre sí. Durante los últimos días se ha suscitado una situación de este tipo en el país: por un lado, las celebraciones de septiembre —el mes cívico— se han convertido de nuevo en el espacio propicio para que el nacionalismo más rancio, aderezado con unas cuantas gotas de anticomunismo, se haga presente en la gran prensa nacional y en el discurso oficial. Lo mejor —o lo peor, dependiendo del punto de vista de cada cual— está por venir: banderas azul y blanco por todos lados, junto con los tradicionales juramentos de amor a los símbolos patrios proferidos por los funcionarios públicos más encumbrados.

    Días atrás, con el tema del espionaje salvadoreño en Honduras, se creó otro foco de atracción nacionalista para la imaginación popular. Ello, junto con las permanentes tensiones fronterizas entre El Salvador y Honduras, pone en manos de los "verdaderos salvadoreños" argumentos en pro de la defensa del territorio nacional que pueden ser esgrimidos —como sucede en Honduras en la actualidad— cuando, por necesidades electorales o de otro tipo, se quiera manipular a los ciudadanos. Celebraciones patrias y tensiones con un país con el que ya se tuvo una guerra: qué oportuna coincidencia para quienes conciben la nación como una hacienda de su exclusiva propiedad y en cuya defensa están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.

    Por si fuera poco, este nacionalismo de derecha ha tenido otro golpe de suerte, esta vez facilitado por su perenne enemigo: el FMLN.  Como se sabe, la derecha salvadoreña se ha nutrido desde siempre de la "amenaza comunista". El partido ARENA lo ha hecho mejor que ningún otro. Tan fuerte y amenazadora como ha sido concebida la amenaza efemelenista así ha sido de fuerte y amenazadora la respuesta arenera. Es decir, ARENA se ha fortalecido teniendo en la mira el desempeño, primero militar y luego político, del FMLN. Entre más peligroso ha sido concebido éste, más fuerte ha sido la cohesión ideológica y política en las filas de aquél. Por lo mismo, el consenso de derecha —en torno a temas claves de la agenda económica y política— ha sido más fácil de lograr en momentos de "ascenso izquierdista", esto es, en momentos en los que la amenaza comunista se ha visto más cercana o con más posibilidades de éxito.

    Es de notar que la tal amenaza no necesariamente tiene que ser una amenaza real, aunque puede serlo. Por ejemplo, los logros electorales del FMLN en las elecciones pasadas fueron logros efectivos, ante los cuales la dirigencia de ARENA tuvo que responder con una serie de readecuaciones cupulares todavía inconclusas. Pero la bandera de la amenaza comunista puede ser alzada más por razones de estrategia publicitaria que por representar una amenaza objetiva. En este sentido, puede ser alzada, para fortalecer una cohesión interna que se ve mermada por pugnas de poder entre sectores partidarios que han perdido de vista al "enemigo común".

    Curiosamente, en ARENA, el debilitamiento del FMLN —motivado por sus interminables fricciones internas— ha relajado la disciplina y la unidad partidarias, lo cual hace necesario un llamado de atención —expresado en la gran prensa de derecha— para que no se olviden del "peligro" que tiene ante sí.

    Obviamente, si ese peligro no es real habrá que darle visos de realidad: el FMLN —informan los medios a los cuatro vientos— está recibiendo lineamientos de Cuba, concretamente de Ramiro Abreu, jefe del Departamento de América del Partido Comunista Cubano. Lo cual quiere decir —en la interpretación sesgada que la prensa de derecha trasluce— que la Cuba castrista no ceja en sus esfuerzos expansionistas en Centroamérica. La amenaza que ello representa no es para quedarse con los brazos cruzados, pues el Departamento de América —recuerda El Diario de Hoy— es "un organismo que apoya a grupos insurgentes, narcotraficantes y mantiene relaciones diplomáticas no oficiales".

    Por tanto, para ciertos sectores de la derecha, el anticomunismo sigue teniendo vigencia como factor aglutinador de unos intereses políticos y empresariales que a veces parecen olvidarse de su verdadero enemigo. Poco importan —en esta perspectiva— las opciones reales del FMLN en materia electoral, la capacidad efectiva de Cuba para apoyar financieramente a partido de izquierda salvadoreña o que la alternativa insurgente haya sido descartada por el Frente con la firma de los Acuerdos de Paz: ARENA y la derecha nacionalista necesitan del anticomunismo para sentirse seguros de lo que son y para limar asperezas que no anuncian más que rupturas violentas.

    De lo que se trata es imaginar a un FMLN amenazante, conspirativo, siempre listo para dar el zarpazo final. Poco importa abundar —aunque se conozca—  la situación de crisis por la que atraviesa el FMLN, la cual lo ha llevado precisamente a lanzar un grito de auxilio al gobierno cubano. Un FMLN débil, sin rumbo, atravesado por disputas que no parecen tener fin, sirve de poco a una derecha ansiosa de recuperar un perfil ideológico que a ratos se diluye en pleitos menores. Sirve de poco, claro está, en materia de propaganda y de publicidad, puesto que en términos políticos nada es más conveniente que un Frente incapaz de dar un paso al frente.

    El FMLN que la derecha quiere para sus usos publicitarios es, pues, un FMLN que no ha renunciado a sus propósitos socialistas y comunistas. Cualquier cosa que abone en esta dirección va a ser de gran utilidad. Para sus cálculos electorales, nada mejor que un FMLN carcomido internamente, con escasa claridad acerca de la marcha del país e ingenuo a más no poder. En el mes cívico, la derecha nacionalista puede darse por satisfecha: además de su amor a la patria, puede preciarse de haber librado —de estar librando— una batalla más contra su enemigo de siempre —el comunismo— y sus aliados en El Salvador.

[Extracto]

    Un deseo manifiesto de la derecha gobernante es hacer de El Salvador el "paraíso de los empresarios". Cuántas veces no se ha oído a los principales actores políticos areneros expresarse en estos términos. En algunas ocasiones se ha llegado a decir que el surgimiento de ARENA y su "compromiso con la paz", se debe a la firme convicción de los fundadores del partido oficial de que el estado de guerra fratricida en el que se encontraba el país no era propicio para el desarrollo de las actividades empresariales.

    En este contexto es que se ubica la discusión sobre la regulación y el respeto a los derechos de los consumidores en nuestro país. Prueba de ello es la renuncia obligada en fecha pasada del superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Ernesto Lima Mena. Éste anunció la semana pasada que había presentado su renuncia irrevocable al presidente de la República, Francisco Flores, por lo que calificó como descontento de los grupos económicos con su actuación como jefe de esa dependencia estatal.

[Extracto]

     Desde hace más de tres décadas, el abastecimiento de agua se ha presentado como uno de los desafíos más formidables para los modelos de desarrollo. Esto no solamente por la necesidad de abastecer una población creciente y concentrada geográficamente, sino también por la necesidad de garantizar un adecuado funcionamiento del ciclo hidrológico y, por tanto, una adecuada renovación de fuentes subterráneas y superficiales. La suspensión del suministro de agua al Gran San Salvador (una ciudad de millón y medio de habitantes) por casi una semana (del 9 al 14 de septiembre de 2001) es precisamente resultado de una inadecuada gestión del recurso agua que, por cierto, no es atribuible exclusivamente a la actual Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
 

[Extracto]

     En términos generales, la actual coyuntura política centroamericana puede enmarcarse, por un lado, dentro de un escenario electoral de suma importancia y, por otro, en una serie de dinámicas sociopolíticas orientadas a la consolidación del proceso de transición democrática. Honduras y Nicaragua se encuentran en plena campaña electoral, de cara a los comicios generales de fin de año. En el caso de Costa Rica, prácticamente está preparado el escenario para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de 2002. Mientras tanto, en Guatemala, El Salvador y Panamá se operan una serie de reestructuraciones a diferente nivel, de las cuales puede señalarse como elemento común las iniciativas de los poderes ejecutivos para echar a andar sus respectivos programas de gobierno.

    En este contexto, la corrupción se presenta como uno de los estigmas de mayor preocupación para los centroamericanos. Precisamente, el Ejecutivo guatemalteco, nicaragüense y panameño enfrentan las mayores acusaciones de corrupción en el área, mientras que los poderes judiciales salvadoreño y hondureño atraviesan por difíciles momentos.

     Es obvio: en el terreno electoral, el pacto Alemán-Ortega —consumado legalmente en enero del año 2000— ha conseguido plenamente sus objetivos. Haciendo primero reformas antidemocráticas a la Ley Electoral para después aplicar esa ley de forma arbitraria, fue eliminada la suscripción popular —y con ella el surgimiento de nuevos líderes locales—, les fue cancelada la personería jurídica a varios partidos políticos, fueron eliminadas varias nuevas opciones políticas y fueron inhibidos varios candidatos. Todos los inhibidos, excluidos, cancelados y liquidados tenían posibilidades de alcanzar cuotas de poder. La filosofía del pacto no era pluralista, concebía a los pequeños como enanos y aspiraba a un poder sólo repartido entre dos.

    En unos meses, con la fuerza del poder aunque siempre “en estricto apego a la ley”, el pacto despejó el camino para colocar a toda la ciudadanía ante dos únicas opciones: PLC o FSLN. Una tercera opción —llamada sucesivamente tercera vía, casilla universal, alianza amplia, etc.— fue sistemáticamente torpedeada por los dos partidos del pacto. La única opción que sobrevivió al pacto, la del Partido Conservador —propiciada inicialmente por el FSLN y boicoteada por el PLC, aunque ahora hay matices— se ha ido debilitando, como era de esperar.

    Actualmente, las incertidumbres más pesadas las genera la situación económica. Estructuralmente, Nicaragua es un país con rezagos históricos impresionantes en todos los terrenos. El sector rural está abandonado a su suerte. No existe industria y la que hay desaparece. Para convertirnos en un país de servicios requerimos de muchísimos años al carecer de infraestructura y de una población mayoritariamente educada y sana. Y la clase dirigente —políticos y empresarios de todas las familias ideológicas— no superan el amiguismo, el cortoplacismo y la concepción de que el Estado es un botín que saquear para su enriquecimiento personal. La república es el reino de la impunidad.

    Nicaragua necesitaría crecer el 5% en su Producto Interno Bruto durante 50 años para situarse en los niveles productivos del año 1978, en vísperas de que la guerra patrocinada por Estados Unidos para destruir la revolución, el alud de cambios económicos de la “democracia económica y globalizante” de los 90 y la plaga de la corrupción alemanista profundizaran al extremo los problemas de nuestro subdesarrollo histórico. Hoy dependemos totalmente de las remesas de nuestros emigrantes y de los créditos, las donaciones y los proyectos de la cooperación internacional, mientras la deuda externa —por más reestructuraciones y condonaciones de la iniciativa HIPC— sigue creciendo y se mantiene insostenible.

    A este sombrío telón de fondo se ha sumado en vísperas electorales, una bancarrota económica en ascenso e inocultable. Tras la quiebra de ocho bancos en cadena, tres de ellos grandes y en los últimos doce meses (INTERBANK, BANCAFÉ Y BANIC), el país no ha podido detener la espiral recesiva. La producción se ha contraído. Las reservas internacionales reducidas a su nivel más bajo en estos últimos cinco años. La recaudación de impuestos debilitada. Los desembolsos de los organismos internacionales congelados. La deuda interna disparada. Una nación insolvente. Más de la mitad de los municipios del país en quiebra. Una nación en venta a precios de saldo. Un Estado ya sin activos que privatizar. Aguda iliquidez en las arcas estatales. Las instituciones estatales sin poder pagar a sus proveedores ni a los empleados públicos. Retraso en el pago de salarios, incumplimiento de contratos.

    La crisis provocada por la caída internacional de los precios del café y la sequía se combinaron para añadir dramatismo a esta situación, con la aparición en amplias zonas campesinas de la hambruna de miles de familias. La crisis del café es profunda y va para largo. Y el hambre campesina es crónica. Ni Bolaños ni Ortega hablan de todo lo que todo esto significa. Dejan volar la imaginación de los electores con promesas que camuflan la tragedia o la achacan simplistamente a lo que hizo o dejó de hacer el adversario. No informa Ortega que a “la tierra prometida” se llega después de 40 años —toda una generación— de ardua y austera marcha por el desierto. No comenta Bolaños las injusticias estructurales que a lo largo de la historia la clase social que él tan bien representa ha generado con “el trato” que hace con la población pobre.
 

Colaboración de Ramón Eugenio Rodríguez, miembro del equipo  Nitlapán-Envío, de Nicaragua.

    Guardar silencio o pronunciarse de forma ambigua ante hechos tan terribles como los ocurridos en Estados Unidos de América el pasado martes 11 de septiembre, resulta imposible para cualquier persona o institución con un mínimo de sensibilidad. Congoja, indignación e impotencia fueron sólo algunas de las sensaciones que —atropellándose entre sí— se agolparon en nuestros corazones y nuestras mentes, al observar las dantescas escenas que ese día recorrieron el mundo entero a través de la televisión.

    Pero también brotó y se desbordó un enorme sentimiento de solidaridad hacia las víctimas directas, sus familiares y el pueblo estadounidense. Y sin ningún esfuerzo surgió, además, la condena para los autores materiales e intelectuales de la masacre. Ahora, después de la conmoción, se nos plantea además una interrogante básica: ¿Qué sigue a la muerte de tantas personas inocentes, al enorme daño moral causado a ese pueblo y a toda la destrucción material tras el infame operativo terrorista?

    Ya comenzaron a sonar algunos “tambores de guerra”. De inmediato, los gritos reclamando venganza se hicieron oír. Eso no debe extraña a nadie. Es lógico que ocurra entre la gente que, dentro y fuera de los Estados Unidos de América, siente rabia y se siente sin posibilidades para hacer algo que impida la repetición de semejantes atrocidades.

    Y más lógico resulta que sea esa la reacción de quienes, desde sus propios fundamentalismos, acostumbran responder a la violencia con más violencia. Tanto una posibilidad como la otra, derivan en actitudes impulsivas de palabra y obra para darle salida a cóleras coyunturales, a problemas estructurales o a resentimientos históricos.  De cierta forma, es comprensible que se produzcan  ese tipo de manifestaciones.

    Lo que angustia es que tales posiciones ganen terreno dentro de los sectores políticos y gubernamentales, para convertirse en un hecho consumado la determinación de actuar de forma arrebatada, sin contemplación, con todo y contra quien sea. “No busco quién me la hizo sino quién me la pague”, dice un refrán que —en ocasiones— se ha convertido en política oficial de más de algún Estado. Eso es inadmisible, por injusto y peligroso.

    Peligroso porque, de aventurarse a tomar una decisión en ese sentido, la administración del presidente George W. Bush tendría que estar dispuesta a asumir costos y consecuencias  que —con toda seguridad— resultarían fatales para su pueblo y para toda la humanidad. Situados en ese escenario, la espiral de violencia podría alcanzar alturas inimaginables, en un mundo donde una confrontación bélica generalizada no tendría similitud alguna con las grandes guerras del pasado siglo. Sin enemigo fijo a combatir, con la posibilidad cierta de utilizar armamento nuclear y bacteriológico, en medio de grupos terroristas que han demostrado capacidad y disposición para realizar cualquier cosa… De verdad, quién sabe qué pasaría.

    Apostarle a eso, señalamos antes, resultaría además injusto. Injusto sobre todo para las víctimas que deben recibir una respuesta seria, fruto de una investigación mediante la cual se establezca la verdad y con la cual se brinden los insumos suficientes para castigar, con el peso íntegro de la ley, a todos los responsables de semejantes barbaridades. Y cuando decimos “todos”, hablamos de quienes secuestraron los aviones y los impactaron contra los edificios colapsados, de quienes los entrenaron sabiendo lo que iban a hacer, de quienes proporcionaron información para planificar el operativo, de quienes lo planificaron, de quienes lo financiaron y de quienes —a estas alturas— puedan estar encubriendo y protegiendo a los partícipes en cualquiera de sus niveles.

    Injusto resultaría también para las personas inocentes que seguramente morirían y para las que sufrirían otras calamidades, de realizarse operaciones militares de castigo indiscriminado contra objetivos civiles en otras partes del mundo. Las familias de las niñas y los niños, de las mujeres y ancianos que fallecieron el pasado martes 11 de septiembre en territorio estadounidense no se sentirán bien, ni con sus víctimas ni consigo mismas, si por sus difuntos se producen otras víctimas y si los verdaderos responsables de su dolor quedan impunes.

    Afortunadamente, fuera de algunas excepciones, se ha advertido cierta prudencia en la reacción oficial del gobierno estadounidense. Se debe continuar así. El daño a cualquier inocente por satisfacer una —quizás explicable, pero no justificable— sed de venganza colectiva, equipara a quienes realizan esa acción con los que la provocaron. Se debe tener presente, en todo momento y lugar, que la verdad y la justicia van de la mano.

    En ese marco, cabe señalar que desde hace varios años el sistema de las Naciones Unidas viene haciendo algunos esfuerzos por enfrentar —en la medida de sus posibilidades— el problema del terrorismo. Para desgracia de la humanidad, éstos no se han traducido en resultados positivos concretos. La tragedia del martes 11 de septiembre corrobora tal aseveración. Y el poco o nulo éxito en este ámbito tiene que ver con la falta de apoyo que brindan a ese tipo de iniciativas sus Estados Miembros. Sin temor a errar, nos atrevemos a sostener que en nuestro país y el mundo deben ser muy pocas las personas que conocen el contenido de la Resolución 48/122, emitida por la Asamblea General de dicho organismo el 20 de diciembre de 1993, sobre derechos humanos y terrorismo.

    Tras lamentar “profundamente” el incremento de “personas inocentes, incluidas mujeres, niños y personas de edad, asesinadas, masacradas y mutiladas por terroristas en actos indiscriminados y arbitrarios de violencia y terror que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia”, dicha Asamblea condenó en esa ocasión —de forma inequívoca— “todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que se cometan y quienquiera que los cometa, por tratarse de actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia y que constituyen una amenaza para la integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizan los gobiernos legítimamente constituidos, socavan la sociedad civil pluralista y tienen consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los Estados”.

    Asimismo, ese órgano de las Naciones Unidas lanzó a los Estados una exhortación clara: adoptar, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, “todas las medidas necesarias y efectivas para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”. También instó “a la comunidad internacional a aumentar la cooperación en la lucha contra la amenaza del terrorismo en los planos nacional, regional e internacional.”

    El siguiente año, la Asamblea General emitió la Resolución 1994/185. Entre las novedades de ésta, al compararla con la anterior, destaca en primer lugar su expresión explícita de “solidaridad con las víctimas del terrorismo”.  Es importante considerar, además, la solicitud dirigida al Secretario General para que “recabe las opiniones de los Estados Miembros sobre el posible establecimiento de un fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas del terrorismo y que le presente, para examinarla en el quincuagésimo período de sesiones, un informe con las observaciones formuladas por los Estados Miembros sobre este tema”.

    El secretario General cumplió su parte, pero no hubo ninguna reacción de los Estados Miembros. Por eso, presentó un informe dentro del cual —entre otras cosas— dejó bien claro lo siguiente: “Como los Estados Miembros no respondieron al párrafo 4 de la resolución 49/185 de la Asamblea General mediante la expresión de sus opiniones sobre el posible establecimiento de un fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas del terrorismo, el 6 de septiembre de 1995 el Secretario General envió otra nota verbal en la que concretamente pidió a los gobiernos que comunicaran sus opiniones en relación con el párrafo 4 de la resolución 49/185 de la Asamblea General, a más tardar el 10 de octubre de 1995”.  Y agregó: “Al tiempo de prepararse el presente informe, se habían recibido las respuestas de los Gobiernos de Etiopía, Francia, Grecia, el Iraq, el Japón, el Líbano, la República Árabe Siria y Suecia, que se reproducen infra”.

    De éstos, Iraq dijo mucho pero no se pronunció sobre el tema sustantivo. Los países restantes apoyaron la idea a excepción de Francia, Japón y Suecia. En el caso de Francia, por citar un ejemplo, la respuesta fue la siguiente: "En el plano nacional, Francia cuenta ya con un fondo de garantía para las víctimas del terrorismo, financiado mediante la tributación de un porcentaje sobre los contratos de seguro. Francia considera que la creación de un mecanismo de ese tipo en el plano internacional plantearía problemas, especialmente de naturaleza práctica y jurídica, que podrían hacer difícil poner en práctica esa iniciativa. Además, en general Francia se opone al establecimiento de nuevos fondos de contribuciones voluntarias en el seno del sistema de las Naciones Unidas."

    Tras esa interesante pero frustrada iniciativa, no pasó mayor cosa hasta que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías —en su resolución 1998/29 del 26 de agosto de 1998— solicitó a la Relatora Especial sobre los derechos humanos y el terrorismo la presentación de un informe preliminar. Al año siguiente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la Resolución 1999/27. De ésta, se rescatan dos aspectos: uno, la solicitud a la mencionada Relatora Especial para que, en su informe preliminar sobre el tema, “preste atención a la cuestión de la impunidad; y dos, la exhortación para que —"según proceda”— “todos los mecanismos y procedimientos competentes de derechos humanos, aborden las consecuencias de los actos, métodos y prácticas de los grupos terroristas” en sus siguientes informes dirigidos a dicha Comisión.

    Y en su resolución de este año, la 2001/37, esa Comisión plateó las siguientes “novedades”: una  exhortación “a todos los Estados a que, en particular en sus respectivos marcos nacionales y de conformidad con los compromisos contraídos a nivel internacional en materia de derechos humanos, intensifiquen su cooperación para llevar a los terroristas a la justicia”; otra para “que adopten medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, antes de otorgar la condición de refugiado, con objeto de asegurar que el solicitante de asilo no haya participado en actos terroristas, incluidos asesinatos”; finalmente instó “a que, según proceda, todos los mecanismos y procedimientos competentes de derechos humanos aborden, en sus próximos informes a la Comisión, las consecuencias de los actos, los métodos y las prácticas de los grupos terroristas”

    Esta es la realidad en la que ahora trata de sobrevivir la especie humana: innumerables hechos atroces que se intentan enfrentar, desde eso que llaman “la comunidad internacional”, mediante declaraciones anuales de preocupación y buenas intenciones no cumplidas. Así viene ocurriendo desde Hiroshima y Nagasaki —cerca de un cuarto de millón de víctimas oficiales, entre personas muertas y heridas al momento de las dos explosiones— pasando por Panamá y Kosovo, entre otras tantas tragedias, hasta llegar a la que ahora lamentamos y condenamos. Y las víctimas sin justicia son cada vez más. ¿Será ésta la “racionalidad” de un mundo globalizado a la que debemos acostumbrarnos, donde no cabe ni la dignidad de las víctimas ni la compasión hacia ellas?

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