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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 22
número 970
octubre  3, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Condenas y condolencias hipócritas
Política:  Los empresarios toman el control de ARENA
Economía:  Propuesta presupuestaria para 2002
Comentario:  Ignorancia y mala intención
Comentario:  La ocasión de Caín
Comentario:  El Salvador: un paisito patas arriba
Derechos Humanos:  La falta de inteligencia estatal y otros asuntos (I)

 NOTICIAS
 
 
 
 

EDITORIAL

    Los dos partidos grandes cometen errores por igual a raíz de la coyuntura internacional abierta por los ataques terroristas contra Estados Unidos, aunque se hace creer que el FMLN es el que se equivoca y que ARENA es el que se comporta correctamente. Ninguno de los dos ha estado a la altura de esta circunstancia y, contrario a las apariencias, tal vez sea ARENA el más irrespetuoso con el dolor del pueblo estadounidense. El FMLN, además de condenar el ataque y presentar sus condolencias, ha manifestado sus ideas sobre el imperialismo estadounidense, pero en un mal momento y de una manera inadecuada. Aquí no hay nada nuevo y tiene la ventaja de que ya se sabe lo que este partido piensa, así como también se constata su falta de sensibilidad humana, política y diplomática. En cambio, ARENA aparentando solidaridad con las víctimas y fidelidad a las políticas del norte, aprovecha la ocasión para sacar adelante sus intereses políticos locales.

    El FMLN ha cometido una serie de errores al no saber cómo enfrentar, desde una perspectiva humana, política y ética, lo sucedido el 11 de septiembre. Así se manifestó en las calles de San Salvador al lado de quienes avalan el terrorismo, escribió a la embajadora estadounidense en términos inapropiados, en un momento muy poco oportuno, y todavía no ha encontrado cómo expresar sus ideas sobre estos hechos de una manera consistente. Para empeorar las cosas, en lugar de enmendar estos errores, éstos están siendo aprovechados para ahondar sus divisiones internas, las cuales siguen siendo alimentadas desde fuera por intereses ajenos al partido. Sus propias divisiones no le permiten mirar y analizar con objetividad lo que sucede a su alrededor. En el mejor de los casos, mira hacia fuera desde lo que ocurre en sus filas. Esto explica los errores cometidos y la parálisis interna, que no le permite actuar con determinación ante la problemática nacional, en concreto sobre la militarización de algunas áreas públicas, el presupuesto del año próximo y en particular el peligroso endeudamiento del Estado.

    ARENA tampoco ha sabido comportarse. Se ha hecho eco del discurso oficial de Estados Unidos y de la gran empresa mediática, que está a su servicio, pero ello es un simple pretexto para atacar a su adversario político tradicional. Es una mera manipulación del dolor de las víctimas y de la política exterior estadounidense. Así se explica que, sin inmutarse, asocie al FMLN con el terrorismo. Esta fue una asociación muy utilizada en el pasado. Entonces como ahora, obvia que más actos de terrorismo cometieron el Estado y los escuadrones de la muerte, vinculados al ejército, al partido mismo y a grandes capitales que el FMLN, tal como lo demuestran el informe de la Comisión de la verdad y muchos otros informes.

    ARENA está tan ideologizado que no puede actuar sin atacar a su adversario político más importante. Puede que esto sea ventajoso desde el punto de vista electoral, pero no lo es desde la perspectiva del país como un todo. Hay temas que no pueden ni deben ser tratados desde la perspectiva partidaria y electoral. El terrorismo es uno de ellos. El presupuesto nacional y su déficit es otro.  Quizás ahora que el gran capital se ha apoderado de la dirección de ARENA, desplazando a los políticos con poco sentido de la realidad y más dados a las reacciones emotivas, que responden a ideologías trasnochadas y a una buena dosis de ignorancia, las cosas cambien algo en el partido principal de la derecha.

    En el oportunismo, los dos partidos son bastante parecidos, aunque uno lo es más que el otro; pero ninguno de ellos obtendrá grandes ventajas con esta postura tan absurda. Una vez reunidos en la plenaria de la Asamblea Legislativa, los dos dedicaron muchas horas y energías a insultarse, llamándose mutuamente, con total irresponsabilidad, talibán y escuadroneros. Pueden hacerlo porque la verdad sobre lo sucedido en El Salvador todavía no ha sido dicha en su totalidad. Al insultarse de esta manera, mostraron su poca madurez política para enfrentar la realidad nacional e internacional. En medio de los insultos propusieron integrar una comisión para investigar las posibles relaciones terroristas de las organizaciones políticas salvadoreñas. Esta es una propuesta tan característica de los diputados, como inútil. Siempre quieren investigar.

    Todavía no se han convencido que sus investigaciones hasta ahora no han conducido a ninguna parte. Es más pérdida de tiempo a costa de los contribuyentes. Mejor harían en investigar por qué la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no investigan. Estas dos instituciones que, por ley, son las encargadas de la investigación, hasta ahora han sido tan deficientes como la misma Asamblea Legislativa; pero con una diferencia importante, a ésta no le corresponde este menester, sino legislar; pero para aquéllas, es una de sus funciones más importantes.

    Los comunicados de la derecha, los cuales no se han hecho esperar, condenando los actos de terrorismo en Estados Unidos y al FMLN en El Salvador, todos escritos siguiendo un patrón idéntico, no son más que pretextos para condenar a éste bajo el paraguas de la condena al terrorismo internacional y las condolencias a la embajada estadounidense. Dicho de otra manera, esto no es más que hipocresía. Si tan sólo los grandes empresarios que han asumido la dirección de ARENA comprendieran que su principal amenaza no proviene del FMLN, sino de las políticas del gobierno que tan ciegamente apoyan, las cosas podrían cambiar. Sus inversiones locales estarán más seguras y serán más rentables a largo plazo, si el país mejora sustancialmente su desempeño económico, social y político. La amenaza principal para sus capitales radicados en El Salvador proviene de la pobreza, de la vulnerabilidad económica y medio ambiental, de la inestabilidad social y de la falta de una razón humana y ética.

    La gran empresa mediática ha contribuido de manera activa y consciente en esta doble campaña de excluir al FMLN por ser terrorista y de presentar a ARENA como la única opción democrática. En este afán, El Diario de Hoy “corrigió” el pronunciamiento del FMLN, añadiendo una palabra para que en lugar de “Estados” —plural del sustantivo Estado— dijera “Estados Unidos”. De esta manera, el FMLN resultaba diciendo lo que la dirección de ese periódico quería que dijera. Y para que no quedase duda, repitió la misma operación en otro pasaje del texto. Por otro lado, estos medios presentan, en grandes desplegados, a los salvadoreños que están siendo mencionados en las investigaciones que realizan las autoridades estadounidenses como contra héroes. Es hipócrita, entonces, escandalizarse porque en un desfile escolar apareció un niño disfrazado de terrorista —quien además fue “fusilado” por las fuerzas del bien, representadas por Estados Unidos— cuando eso es lo que difunde la gran empresa mediática.

[Extracto]

    Pocos ponen en duda que ARENA es un partido político cuyo objetivo principal consiste en conquistar el poder para garantizar los negocios de sus  principales integrantes, los grandes empresarios nacionales. Por sobre el objetivo de llegar al poder político, la discusión se torna es un asunto baladí. Si se logra a través de elecciones libres, transparentes, democráticas y competitivas, nadie objeta las aspiraciones de los partidos políticos. En cambio, una vez conquistado el poder ya no hay tanta unanimidad a la hora de contestar preguntas tales como en beneficio de quién y los intereses de qué grupo se privilegia en el ejercicio de dicho poder.  A partir de este momento, entra en línea de  discusión el tema de  la ética de los gobernantes.

    El pasado fin de semana, un grupo de hombres de negocios, a cuya cabeza se sitúa Roberto Murray Meza, un empresario cervecero, se hizo del  control del COENA, la máxima instancia de decisión en el partido oficial. El proceso de gestación de la llegada del primer designado a la Presidencia de la República a dirigir los destinos de ARENA es un asunto largo y complejo de explicar, pero cuyo momento más importante se ha de situar en la renuncia de Walter Araujo, el mes de julio pasado, a seguir en la lucha por conservar la presidencia del partido. Desde entonces, cesaron las especulaciones y la división que amenazaba con hacer mella en las estructuras de la Alianza Republicana Nacionalista cedió ante la figura del empresario. Tanto fundadores como Mario Acosta Oertel aceptaron el liderazgo del "recién llegado", para resaltar su voluntad de colaborar con el partido oficial.

[Extracto]

     En los últimos meses se han suscitado dos situaciones destacables en el ámbito de las finanzas públicas: primero, el llamado del ministro de hacienda, Juan José Daboub, a las instituciones públicas en el sentido de reducir en un 15% sus gastos corrientes y, segundo, el impasse en que se encuentra la aprobación de nuevos empréstitos y emisión de bonos para financiar el déficit fiscal. Aunque todavía podría resultar discutible el planteamiento de que El Salvador se encuentra en una crisis fiscal —pues el nivel de déficit todavía es financiable—, lo cierto es que las tendencias recientes y los escenarios futuros apuntan a que el país está cada vez más cerca de esa situación.

     El nombramiento de Daboub como Ministro de Hacienda se suscitó en un momento en que el déficit fiscal ya acumulaba fuertes incrementos y en el que —como resultado de los desastres provocados por los terremotos— se esperaba un incremento todavía mayor para finales de 2001. De hecho, el objetivo de reducción de gastos corrientes y de transformación de deuda de corto plazo en deuda de largo plazo en los que se empeña el gobierno, es el reflejo de que las finanzas públicas no andan bien.

        La UCA ha sido mezclada gratuitamente por las autoridades salvadoreñas y de la llamada Policía Internacional en un lamentable caso de difusión de pornografía. El asunto se origina en una carta de esta última, dirigida a aquéllas, en la cual les informa que ha recibido quejas de personas de España y Alemania porque recibieron textos y fotografías pornográficas. Les indica además que las dos direcciones desde las cuales fue enviado ese material corresponden a SV Net, radicada en El Salvador y en la UCA.

    Como las autoridades salvadoreñas no dieron importancia al asunto, la Policía Internacional recurrió a la Asamblea Legislativa y señaló que una universidad privada posee una página web desde la que difunde pornografía infantil con fines de lucro y que, además, las autoridades de dicha institución no le han permitido investigar el problema.

    SV Net es una organización sin fines de lucro que existe desde hace muchos años. Su propósito es otorgar las direcciones que permiten conectarse con Internet. Los fundadores de esta organización fueron, además de la UCA, la Universidad de El Salvador, la Universidad Don Bosco, FUSADES y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. SV Net tiene asignadas 60 mil direcciones a disposición de quien lo solicite. Sin ellas no se puede entrar en Internet. De esas 60 mil direcciones ha otorgado unas 20 mil, entre otros a Casa Presidencial, a varios ministerios y autónomas, empresas de todo tamaño, compañías telefónicas y personas particulares. La única función de SV Net es asignar esos registros y mantener una páginas web con información sobre El Salvador. La computadora desde la cual se administra esta última se encuentra en la UCA, pero no es propiedad suya. En la actualidad, la secretaría de SV Net se encuentra en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y su dirección, en la UCA. El trabajo de otorgar las direcciones a quienes quieren entrar en Internet es gratuito.

         Las dos direcciones desde las cuales fue enviada la pornografía fueron, en efecto, asignados por SV Net. En la actualidad, dichos direcciones se encuentran en el bloque que fue asignado a Telecom. Por lo tanto, la UCA no tiene ninguna relación con dichos registros, ni en cómo éstos fueron utilizados. Tampoco se ha utilizado computadora alguna de la institución para enviar esos mensajes. La tarea que realiza SV Net es similar a la de asignar las placas para que los vehículos puedan circular. Existe una institución que las registra y las distribuye, pero luego, el usuario es responsable de la forma como conduce el vehículo autorizado. De la misma manera, para navegar en Internet es necesario tener una dirección y es SV Net la que las registra y las distribuye. El uso que sus propietarios hagan de dicha dirección es responsabilidad de ellos únicamente. Todo esto es público, por lo tanto, si las autoridades hubieran preguntado antes de lanzarse a hacer acusaciones temerarias, hubieran sido informadas como era debido. No tenía, pues, ningún sentido negarse a proporcionarles una información que es del dominio público.

        Entonces, por qué el Fiscal General de la República, el director de la Policía Nacional Civil y la Policía Internacional han vinculado a la UCA con las denuncias recibidas de España y Alemania. La respuesta es sencilla, por ignorancia y por malicia. En sus declaraciones, tanto los policías como el fiscal demuestran desconocer los aspectos técnicos básicos del problema. Aparentemente desconocen la diferencia entre una página web y el correo electrónico, el funcionamiento de Internet y de sus técnicas. Sin embargo, esta ignorancia es superable, porque un entendido pudiera habérselos explicado, pero es inexcusable, porque la autoridad no puede permitirse lanzar acusaciones en público sin fundamento. Y aquí entra la malicia: la vinculación de la UCA con SV Net era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar sin relacionar a la universidad con la difusión de pornografía infantil. No obstante estar informadas sobre los hechos, estas autoridades persisten en vincular a la UCA, haciendo afirmaciones falsas, que demuestran su desconocimiento de las nuevas tecnologías y su mala intención.

        La UCA considera, además, que ha sido víctima de la ligereza y la irresponsabilidad con la que suelen proceder en materia penal estas autoridades. Es norma en estas autoridades hacer afirmaciones sin fundamento, acusar sin pruebas y volver sus prejuicios en verdad, de lo cual la gran prensa se hace eco de manera acrítica. La UCA es una más en su lista de irresponsabilidades. La autoridad fiscal y policial no puede permitirse, en ninguna circunstancia, hacer señalamientos y mucho menos acusaciones sin fundamento. La Policía Internacional no ha demostrado ser diferente a sus colegas de la Policía Nacional Civil salvadoreña. Supuestamente fue invitada al país por su profesionalismo y para reforzar a la policía local, pero, por lo visto, no es mejor que ésta. Así como han tratado a la UCA, con criterios ajenos a la investigación policial y a la norma fiscal, tratan la mayoría de los casos que caen en sus manos. No es extraño, entonces, su poca eficacia en la persecución del delito.

    Nadie, que no sea un perverso, puede ver algún beneficio en los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre en suelo estadounidense. Pero quizá es la perversidad la que ha permeado la política partidaria. La trágica colisión de dos aviones comerciales en el Centro Mundial de Comercio en Nueva York y un tercero en el Pentágono le ha servido a la derecha para renovar las imputaciones de terrorismo en contra de la izquierda. Pero también ha servido para alimentar la pugna en el seno del FMLN. Veamos los hechos.

    El quince de septiembre un grupo de sindicatos, organizaciones sociales y algunos diputados pertenecientes a la llamada Corriente Revolucionaria Socialista —conocidos como los ortodoxos— del FMLN, participaron en una marcha contra las medidas económicas del gobierno. Entre los diputados, se encontraba el actual jefe de fracción, Salvador Sánchez Cerén.

    Un grupo de presuntos estudiantes universitarios aprovechó la marcha para protagonizar un incidente lamentable. Quemaron banderas de los Estados Unidos e Israel y pintaron consignas en apoyo al millonario saudí Osama Bin Laden, al que se le acusa de haber dirigido los atentados terroristas.

    Los medios de comunicación afines al partido en el poder manejaron los desórdenes como incitados por el FMLN y por Sánchez Cerén. A éste también se le responsabiliza por una controvertida carta dirigida a la Embajada norteamericana en El Salvador. Controvertida, porque, a la par de expresar las condolencias hacia el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, también señala la gravedad de las políticas económicas imperialistas hacia el bienestar de los países pobres.

    La falta de inteligencia política le ha impedido a los llamados ortodoxos emitir un pronunciamiento coherente alrededor de los desórdenes citados. Eso alimenta aún más las calumnias de la derecha. Con lo que respecta a la carta,  no podemos menos que decir que, aunque no deja de ser cierto el señalamiento sobre las medidas económicas impuestas por los poderes económicos mundiales, era evidente que su contenido causaría cierta irritación en la diplomacia norteamericana. Al parecer, las consecuencias del acto no fueron lo suficientemente sopesadas y provocaron sorpresa entre quienes redactaron la misiva.

    Evidentemente, los renovadores se han desmarcado públicamente de los hechos, lo que les ha permitido pedir la cabeza de Sánchez Cerén, acusándolo de alentar a los simpatizantes criollos de Bin Laden.  Como se ve, el signo de la intolerancia no es exclusivo de la derecha, sino que, desafortunadamente, anida también en quienes se proclaman ajenos a los dogmas y las ortodoxias de toda especie. Por supuesto que la reacción de los ortodoxos no se ha hecho esperar: esta semana hicieron expulsar del partido al líder renovador, Facundo Guardado. Esta decisión ha sido justificada en virtud de las actuaciones públicas de Guardado: por ejemplo, su apoyo público a la dolarización, medida adversada por el partido de izquierda.

     Hay una implicación bastante rastrera en la campaña contra Sánchez Cerén. Se ha utilizado el clima provocado por el ataque terrorista para justificar un nuevo episodio en la pugna interna del FMLN. Porque eso es: no es una simple discordancia entre tendencias ideológicas: es una guerra abierta entre grupos partidarios. Es la ocasión de Caín: aprovecharse de hechos tan dolorosos como los del 11 de septiembre en beneficio propio.

    La izquierda sigue entrampada en un pleito que no conduce a ningún lado. Ortodoxos y renovadores persisten en atacarse de la manera más desleal posible. Los llamados terceristas nadan en arenas movedizas. A estos últimos les pasa lo que ocurrió al huevo llamado Humpty Dumpty, después de caer del muro: ni todos los hombres del rey, ni todos sus corceles, pudieron juntar de nuevo sus pedacitos.

    El enfrentamiento interno entre los grupos del FMLN les impide articular propuestas coherentes ante los problemas nacionales. Los pleitos impiden al partido de izquierda avizorar un peligro supremo: la reversión de las libertades políticas logradas con los Acuerdos de Paz 1992. La lucha antiterrorista a escala mundial puede dar pie para robustecer las medidas de control político, militar y policial, haciendo retroceder al país en una etapa que ya se daba por superada. La izquierda debe recuperar su razón de ser y no ahogarse en una dinámica donde sólo ha prevalecido la mezquindad legitimada con argumentos ideológicos.
 
 

Colaboración de Luis Alvarenga, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

    En un país como El Salvador, donde los puentes se caen antes de ser inaugurados y donde "La Esperanza" es el nombre del principal centro penitenciario, no resulta raro de nominar "cajeros amigos" a máquinas dispensadoras de dinero, aunque éstos muchas veces nos roben sin que nadie haga algo al respecto. A pocos extraña la construcción de "carreteras de oro", mientras la Corte de Cuentas de la República no logra entender el por qué del "dorado" mote y menos que tome cartas en el asunto; quizás falte un ente controlador del ente controlador.

    En esta tierra patas arriba también se presencian complicados actos de magia, destacan la desaparición de treinta y una rastras cargadas de abono donado por el gobierno japonés de las bodegas de un banco del Estado; millones de colones en droga requisada a narcotraficantes que se esfuman ante los ojos de jueces y autoridades; conocidos personajes que "se tornan invisibles" después de haber defraudado a la economía pública desde sus bancos; peligrosos criminales que "se transforman en sillones, en roperos  o en ancianitas" para desaparecerse de los penales en que han sido recluidos. Siendo así, a nadie le sorprende que la ayuda o los donativos enviados por la cooperación internacional para las víctimas del Huracán Mitch y de los terremotos aparezcan en las góndolas de los supermercados, que los alimentos donados se arruinen en alguna bodega y menos, que las autoridades gubernamentales de la Dirección de Protección al Consumidor avalen la entrega de latas de aceite de oliva español con fecha de vencimiento caducado a las víctimas más pobres del terremoto.

    En este contexto de contrasentidos, el Estado subsidia algunas empresas mientras que las familias más pobres no reciben subsidios; los monopolios son promovidos y premiados por la legislación; el ente supervisor del sistema financiero es financiado por las instituciones supervisadas. Aunque la pobreza es la enfermedad crónica que padece el sistema nacional de salud, las autoridades se obstinan en tratar a este paciente con "medicamentos caducados" y adquiridos en licitaciones obscuras; la aprobación de la "Ley de Dolarización" se logra a través de un canje de votos entre partidos de derecha para evitar el dasafuero de un diputado ebrio y pistolero; los "sabios médicos de la economía salvadoreña" recomiendan dolarizar cuando las cuentas fiscales están ingresadas desde hace varios años en la Unidad de Cuidados Intensivos, y encima nos quieren convencer con que la dolarización será "buena para ti y buena para todos".

    Sólo desde esta lógica al revés, se entiende que el principal partido político de oposición, haga todo lo necesario para perder la posibilidad de llegar al poder, cuando habría que hacer muy poco para ganar. En este paisito patas arriba, cientos de familias desfilan durante los fines de semana frente a los escaparates de Metrocentro en un acto de masoquismo nacional, observando ante los cristales los muchos artículos que sus salarios no les permitirán comprar. Los salarios del campo son casi la mitad de los salarios urbanos, pese a los mayores niveles de pobreza rural; las familias que tienen la "suerte" de recibir un salario mínimo califican como pobres extremos, por Decreto Ejecutivo. Pese a que los salarios mínimos son incapaces de cubrir el costo de los requerimientos mínimos calóricos familiares, algunas veces se alzan para justificar la contratación por horas y la supresión del salario mínimo.

     En este paisito prevalece el reino de la impunidad, quienes roban una gallina van presos; sin embargo, los que asaltan los bienes públicos son señores que no van a la cárcel, ellos tienen las llaves de las cárceles. En este pequeño mundo al revés, que es prioridad de muy pocos, se paga por servicios nunca recibidos: facturas por el aire que conducen los gritos de agua, llamadas telefónicas nunca realizadas y servicios de recolección de basura inexistentes. A juzgar por lo que se observa en la Honorable Asamblea Legislativa, la mayoría de "representantes del pueblo" mantienen con disciplina los ejercicios físicos que les permiten levantar la mano con enorme facilidad. Los conflictos de intereses de algunos funcionarios públicos campean a diestra y siniestra, personajes demandados y cuestionados "dirigen" instituciones públicas; se hacen transferencias millonarias pagadas por el pueblo para saldar las cuentas pendientes entre bancos y se opta por el financiamiento público de las cuentas privadas de sus amigos.

    La economía de este solarcito al revés tiene que expulsar anualmente a miles de ciudadanos hacia Estados Unidos para mantenerse a flote. Las autoridades encargadas de aplicar la política económica pretenden convencer a cuatro millones de personas que la pobreza en que viven es una ficción, argumentando que la realidad se dibuja en los cuadros de indicadores macroeconómicos preparados por ellos y que exponen una economía salvadoreña sana, estable y creciente. Las autoridades económicas nacionales defienden con uñas y dientes un modelo reconocido como fracaso por aquellos extranjeros que lo engendraron; la puesta del gobierno en materia de política económica está centrada en posibles concesiones que nos otorgarían otros países o en ventajas derivadas de situaciones que no controlamos  habrá entonces que comprar muchas veladoras y orar por los favores y las ventajas esperadas. Resulta increíble saber cómo una decisión puede ser favorable sin antes haber realizado un solo estudio de impacto; así, la firma del TLC con México se presenta como la mejor noticia económica desde la llegada de Cristóbal Colón, la clave del progreso y la mejor política nacional de empleo —poco y malo es mejor que nada—.

    Es curioso escuchar las voces de quienes con sus letanías sacralizan el mercado y satanizan las acciones del Estado, porque son ellos quienes han recibido y continúan recibiendo muletas, favores y beneficios concedidos por un Estado que tienen privatizado. Esas mismas voces encargaron en los noventa la intervención del Banco Central de Reserva para sanear la carretera morosa de los bancos y luego repartirla entre unos cuantos banqueros; años más tarde encargaron la dolarización de la economía y la consecuente fijación del precio de la divisa —más no de las tasas de interés y menos de los precios de los productos  de la canasta básica—; y algunos todavía continúan recibiendo incentivos y beneficios del Estado a través de la devolución del seis por ciento del valor de las exportaciones de los productos no tradicionales, el subsidio al gas licuado y al diesel, la dispensa discrecional en el pago de aranceles y el tratamiento preferencial en las negociaciones comerciales. No cabe duda que pervive una doble moral entre estas letanías, no existe coherencia entre el "decir" y el "hacer" de los "santos varones del mercado".

    Esta lógica al revés también ha terminado imponiéndose en el proceso de "transición hacia la democracia", el bálsamo que supuso la creación de instituciones y espacios de participación política y ciudadana después de los Acuerdos de Paz va perdiendo progresivamente su poder curativo; y es que con los años, los pocos espacios de participación ciudadana se han ido cerrando en el país; aunque vale decir que en materia económica la participación democrática nunca estuvo abierta.

    En este paisito con un orden de cosas invertido, merece la pena enderezarlas y poner las patas en el suelo, este debería ser nuestro reto. Desde los zapatos de quienes soportamos los costes de las decisiones de otros, vale preguntarnos: ¿quién facultado al gobierno para asumir decisiones trascendentales en perjuicio de la ciudadanía, siendo que la mayoría ni siquiera ha votado por ellos?, ¿acaso el voto recibido por los presidentes electos es un cheque en blanco para que puedan recetarnos las medidas que convienen y deciden un reducido grupo de personas?, ¿cuándo nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la venta y el uso que le han dado a los activos de nuestra propiedad, como ANTEL, las distribuidoras de electricidad, los ingenieros, los fondos de pensión, y ahora la distribución del agua potable?, ¿quién asume las responsabilidades frente a los fracasos?, ¿a quién o a quiénes vamos a juzgar por las decisiones erróneas que se han asumido y siguen asumiendo?, ¿podremos ver y escuchar a quienes han sacralizado y promovido la dolarización de la economía a la vuelta de unos años, asumiendo con la misma vehemencia la responsabilidad por sus decisiones cuando las secuelas de tal medida demuestren la ficción de sus promesas?. Ante este torbellino de contrasentidos, el verbo es concertar, una acción cuya conjugación lamentablemente aun no ha sido aprendida por el gobierno, y que los actos sociales desde una posición propositiva deberíamos empujar.
 

Colaboración de Raul Moreno, de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE).

    Cuando cada siete días nos sentamos ante el teclado de la máquina para escribir el “Reporte IDHUCA”, casi siempre sentimos algún grado de frustración cuyo origen tiene que ver con la realidad actual del país. Hace casi diez años se acabó la guerra y entonces —no obstante ciertos temores que, por lógica, surgieron en quienes algo conocíamos sobre los cuestionables niveles de honradez y ética que caracterizaban a las partes firmantes de los acuerdos de paz— pensamos que el contendido de nuestros comentarios semanales sería distinto a lo que ha sido, en su mayoría, a lo largo del período.

    Pero fuera de algunas excepciones, que sobre todo tienen que ver con acciones ciudadanas de     defensa y promoción de sus derechos, la generalidad de nuestros modestos aportes al Boletín Proceso cuestiona el liderazgo del país y el funcionamiento institucional, en la medida que incrementan el deterioro de la calidad de vida a todo nivel para mucha gente.

     Desde nuestro ámbito de trabajo, con sólo observar la abundancia de errores que caracterizan muchas iniciativas gubernamentales y las barbaridades que comete la ”clase política” vernácula, tenemos —cada semana— diversos temas para escoger como centro del comentario de turno. Eso nos dificulta decir algo positivo, pero además se convierte en un problema práctico pues —de forma casi permanente— debemos decidir sobre qué vamos hablar, habiendo tantos asuntos para ello.

     Y ahora no es la excepción. Con franqueza, es difícil decidir entre —por ejemplo— abordar la situación de la niñez salvadoreña en general, en el marco de las celebraciones formales del 1 de octubre, o centrarse en el caso de tres niños de entre 13 y 14 años de edad asesinados en San Miguel, el pasado sábado 29 de    septiembre. O se podría hablar sobre la situación de las personas que —hasta hace poco— trabajaban en las instalaciones del Puerto de Acajutla o en las del Aeropuerto Internacional de Comalapa, quienes ahora se encuentran prácticamente “en el aire”; pero darle prioridad a eso y no censurar los despidos en el sector de la maquila, es otra muestra del problema al que nos enfrentamos casi siempre.

    Igualmente complicado resulta referirnos al reciente, grande y oneroso evento oficial —porque oficiales son las posturas del ex comandante guerrillero que ahora se avergüenza de su pasada militancia, pero no de sus crímenes— sobre seguridad ciudadana, realizado en un hotel capitalino hace unos días, e ignorar la dramática nota que recién publicó en un periódico matutino Jaime Eduardo García. Hasta hace poco, el señor García era una persona “común y corriente”, entusiasmada con su país; ahora es alguien con un profundo dolor, que se refiere a El Salvador como un lugar donde ya no se puede vivir. Ello, después del asesinato de su padre cometido por delincuentes mientras descansaba en su rancho de playa.

    Desde la perspectiva del derecho humano a la participación política, cuya concreción real en El Salvador —según nuestro criterio— continúa siendo una aspiración no cumplida, pudimos inclinarnos a comentar los últimos acontecimientos ocurridos dentro de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De haber abordado ese tema, considerando el daño que estos partidos le ocasionan a la confianza y la credibilidad del pueblo, con toda seguridad el espacio que nos permiten ocupar en este Boletín habría sido demasiado corto.

    También pudimos hablar sobre el peculiar caso de un Ministro de Gobernación como el salvadoreño, quien resulta ser “más papista que el Papa” con esto de las medidas de seguridad en el país después de los terribles hechos ocurridos en Nueva York y Washington, el pasado martes 11 de septiembre. Funcionario éste que —al menos formalmente— controla desde el Órgano Ejecutivo todo lo relativo a migración, gobiernos departamentales, prisiones, justicia y seguridad pública; funcionario público que, además, aparece ahora como el “ideólogo” de ARENA. ¿Quién sabe cómo hará para desempeñarse en tantos cargos y con tantas responsabilidades? ¿Será él una especie de caricatura “montesinesca” o existirá, detrás de su figura, un “Vladimircito” en versión local? Como sea, mucho habría que decir sobre este señor y otros que están cerca de él, medio escondidos entre las sombras, desde la perspectiva de los derechos humanos.

    Pero había que tomar una decisión frente a tan variado “menú” y lo hicimos: optamos por analizar el caso del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). ¿Por qué? En principio porque hace unos días, de nuevo, fuimos testigos de los pintorescos vaivenes judiciales y políticos de nuestro país alrededor de este tema. De manera sorpresiva, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anunció —en las vísperas del día de la “independencia patria”— una sentencia mediante la cual declaró que la creación del misterioso OIE era inconstitucional. ¿El motivo de semejante atrevimiento por parte del Órgano Judicial? Que dicho ente había nacido a la vida jurídica del país por medio de un decreto de la Presidencia de la República, cuando lo correcto es que su creación emane de una “ley”; es decir, a partir de un decreto legislativo.

    Quedaba claro desde el anuncio de la citada resolución, que sus observaciones de inconstitucionalidad se referían a “vicios de forma” del OIE. En ningún momento, el tribunal constitucional entró al análisis —siquiera superficialmente— de aspectos de fondo tales como el funcionamiento del organismo al margen de la legalidad, sus mecanismos, su posible injerencia y violación de derechos individuales de la población, así como las implicaciones penales de algunas de sus actuaciones. En definitiva, el examen que hizo la máxima sala en materia de interpretación y protección de la Constitución, se limitó a cuestionar al aparato de inteligencia estatal por un aspecto meramente formal, que podía ser fácilmente subsanable.

    Y así ocurrió en la realidad cuando, de manera apresurada, en la Asamblea Legislativa se aprobó lo mismo de antes para dar paso a la existencia de un OIE ya sin problemas formales, pero con los mismos vicios de fondo que permitieron en el pasado reciente —entre otras cosas— su intervención ilegal en el caso de la violación y el asesinato de la niña de 9 años, Katya Natalia Miranda Jiménez. Sobre dicho involucramiento, vale la pena recordar lo que determinó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su resolución sobre el caso.

    En relación a la presunta investigación realizada por el Organismo de Inteligencia del Estado en torno al caso relacionado, —afirmó textualmente el entonces procurador en funciones, Marcos Alfredo Valladares Melgar— en distintos medios de comunicación se ha difundido la supuesta intervención de dicho Organismo en la investigación sobre la muerta de la menor Katya Miranda. Al respecto, existen deposiciones de testigos ante la Fiscalía y esta Procuraduría; no obstante, tanto el señor Presidente de la República, como el señor Mauricio Sandoval, actual Director General de la Policía Nacional Civil y quien fungió como Director de dicho Organismo, cuando ocurrió el homicidio de la menor, han negado la intervención del Organismo de Inteligencia del Estado en el caso. Por su parte, el suscrito Procurador considera que existen elementos de juicio para presumir que ducho Organismo prestó un polígrafo para realizar pruebas a implicados en los hechos y miembros de su personal estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Estos elementos aun cuando se hayan producido en otro contexto y para otros fines, no se puede negar que forman parte de una investigación y es precisamente que en este sentido sí se estaría invadiendo la competencia de la Fiscalía General de la República, que por mandato constitucional es la única Institución facultada para dirigir la investigación del delito, con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Situación que es oportuna hacer ver a dicho Organismo.

    Independientemente de que el vicio señalado por la Sala de la Corte es real, no deja de preocupar la forma de actuar —superficial y evasiva— por parte de las autoridades, cuando se trata de regular y evaluar las funciones de un ente tan importante para el desarrollo del Estado de Derecho y la vida nacional, como lo es el OIE. Tras la difusión pública de la sentencia del máximo tribunal del país, casi de inmediato se comenzaron a escuchar distintas voces que la comentaban. En ese marco, luego de un breve silencio, el Presidente de la República aseguró que el OIE no desaparecería; al mismo tiempo, expresó su respeto por el fallo pronunciado y afirmó que la anomalía señalada sería enmendada a la brevedad posible.

    En términos similares se pronunció el antes citado Ministro de Gobernación. Pero a éste, además, “le costaba creer” que la Sala de lo Constitucional se hubiera pronunciado en tales términos sobre “un organismo creado en la Constitución”. No podía faltar la postura de Mauricio Sandoval, quien durante siete años dirigió al OIE. “No es que la OIE va a desaparecer, —dijo el ahora funcionario policial— no es que ya no podrá operar. Va a seguir. La resolución de la Corte Suprema de Justicia es nada más que hay que cambiar la forma de creación del Organismo”.

    Otras personas mostraron su complacencia con la resolución y comenzaron a especular sobre los efectos legales que la citada sentencia causaría, sobre todo enfocándose en el hecho que —con ella— el OIE debía dejar de funcionar en lo  inmediato, debido a su “inexistencia jurídica”. Cualquier actividad ulterior del  servicio secreto de inteligencia a cargo del Presidente de la República constituiría, según este criterio, un verdadero desacato a lo pronunciado por la Corte Suprema. También se escucharon las voces de personas que abogaban por que este fallo se convirtiera en el precedente para estudiar —detenidamente y de una vez por todas— la procedencia, constitución y funcionamiento del OIE. Ello, en aras de lograr que su actuación futura fuese más cristalina y que la misma pudiera ser escrutada por el Órgano Legislativo.

    Más aún, hasta un jefe de redacción de un importante periódico nacional —al referirse a la ley que la Asamblea Legislativa debía emitir para crear al OIE— antes que ocurriera su apresurada aprobación afirmó, quizás ingenuamente, lo siguiente: “…tendrán que escribir, con letra clara y precisa, las atribuciones que cumplirán los funcionarios de la OIE. Esas tareas no quedarán  al antojo de nadie, ni siquiera de quien ocupe la Presidencia de la República”. Nada más alejado de la realidad. Tan rápido como pudo, el primer mandatario a través de su “hombre de confianza” —el célebre Ministro de Gobernación— envió un proyecto de “ley de creación del OIE” a la Asamblea Legislativa y ésta, sin mayor estudio y prescindiendo del debate, la aprobó.