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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
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Año 22
número 971
octubre 9, 2001
ISSNN 0259-9864
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Los señores de la guerra
Política:  FMLN: hacia la ruptura definitiva
Economía:  Visión empresarial en ARENA
Sociedad:  El Salvador ante la represalia militar aliada
Comunicaciones:  Los partidos políticos y la prensa escrita
Derechos Humanos:  La falta de inteligencia estatal y otros asuntos (II)
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL

     Los atentados terroristas en Estados Unidos mantuvieron en vilo al mundo acerca de su desenlace militar. Inmediatamente después del 11 de septiembre, comenzaron los preparativos para un ataque militar de gran envergadura sobre quienes fueron identificados —desde un primer momento— como los principales sospechosos de haber planificado la acción terrorista en territorio norteamericano.  Todo era cuestión de tiempo. Por un lado, del tiempo que le llevara a Estados Unidos hacer las alianzas mínimas para legitimar una escalada militar de cuya contundencia no quedaran dudas ante la comunidad internacional. Por otro lado, del tiempo que llevará el despliegue del poderío militar estadounidense y sus aliados, principalmente Gran Bretaña, hacia los objetivos a ser destruidos, una vez que estos hubieran sido fijados con la suficiente precisión.

     Todo parece indicar que para el domingo 7 de octubre ambos propósitos ya se habían cumplido, pues ese día Afganistán —identificado como país de resguardo de Osama Bin Laden y su ejército— fue objeto de una violenta ofensiva militar por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. En los días siguientes, otros ataques de gran magnitud se han sucedido en territorio afgano, con lo cual se ha creado una situación de guerra abierta entre Afganistán, Estados Unidos y sus aliados.

     Se trata de una guerra sumamente compleja. En primer lugar, por la peculiaridad del terreno en el que se librarán las batallas entre las fuerzas militares contendientes: zonas desérticas, sin agua suficiente y calurosas. Aquí las tropas occidentales tendrán que sortear innumerables obstáculos a la hora de enfrentarse a unos combatientes acostumbrados a deambular por el desierto y a resguardarse en cuevas que sólo ellos conocen.

    En segundo lugar, por la identidad religiosa de los miembros del ejército de los talibanes, la cual los hace verse a sí mismos como llamados por Dios (Alá) a combatir a las fuerzas del mal. Como los mandos militares de la ex URSS se dieron cuenta en su momento, tarde o temprano los mandos militares occidentales se darán cuenta de que no es fácil someter a un ejército cuyos miembros no temen morir, sino todo lo contrario.

    Finalmente, por el peligro de que los ataques a Afganistán, si no son llevados con el tacto suficiente, sean vistos por quienes profesan el islamismo como un ataque a su cultura y a su religión. Este peligro es más latente en tanto que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que tiene en la mira objetivos militares ubicados en otros países árabes. De hacerse realidad estas pretensiones estadounidenses, se estaría a las puertas de un conflicto bélico de incalculables consecuencias, puesto que cabría esperar un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados en el mundo árabe, así como presiones incontrolables de la población en estos países para romper cualquier alianza de sus gobiernos con los enemigos de su fe.

    La complejidad de la guerra que se ha iniciado hace presumir que su final no está cerca. No se sabe cuánto durará ni tampoco las formas que irá adquiriendo a medida que los bombardeos y los ataques a distancia cedan su paso al combate en el terreno.  Lo que sí es cierto es que, dada la magnitud del diseño militar estadounidense —sostenido por lo mejor de su tecnología de guerra— y dada la disposición de los talibanes y de Bin Laden a librar una "guerra santa" en contra de "Satán" (Estados Unidos), el sufrimiento de niños, mujeres y ancianos indefensos será incalculable. Hasta ahora, las guerras no han dejado más que dolor y luto en las poblaciones civiles que no tenían ni cómo defenderse ni donde resguardarse.  No será distinto en la guerra que recién se ha iniciado, donde, como siempre, los que tienen los fusiles, los tanques, los aviones, los barcos y los misiles estarán en mejores condiciones para defenderse (y atacar) que los civiles que por necesidad viven en las zonas en conflicto.

     Obviamente, a los señores de la guerra —sean del bando que sean— poco les importa el sufrimiento de inocentes. Estos no son más que parte del costo bien sea de la "cruzada por la libertad" o bien sea de la "cruzada por la fe". Después, cuando la guerra termine, estos señores de la guerra volverán a sus negocios, mientras que las poblaciones arrasadas por sus armas quedarán más sumidas en la miseria de cómo estaban antes de aquélla. No sería de extrañar, en este sentido, que se repita la historia de la guerra del golfo, donde los ataques de la alianza militar encabezada por Estados Unidos provocaron terror y destrucción en Irak, pero dejaron incólume el poder de Saddam Hussein quien todavía rige los destinos del pueblo iraquí con el despotismo de siempre.

     Afganistán está sufriendo una embestida militar que dejará al país sin aliento. Es posible que las acciones militares estadounidenses (y sus aliados) desalojen del poder a los talibanes y permitan la captura (o muerte) de Bin Laden y sus secuaces de la organización Al Qaeda. Con todo, ello no sucederá sin costos humanos irreparables, los cuales debieron servir de llamada de atención para quienes se inclinaron sin mayores consideraciones por las medidas de fuerza para responder a las asechanzas del terrorismo internacional.  Asimismo, el desalojo de los talibanes y la captura (o muerte) de Bin Laden no aseguran un futuro promisorio para el pueblo afgano. Es cierto que Kofi Annan se ha comprometido a trabajar por la creación de un Estado afgano representativo y multiénico, pero es muy probable que algunos de los líderes de la Alianza del Norte —respaldados por Estados Unidos en su lucha contra los talibanes— seguramente van a objetar esta iniciativa del Secretario General de la ONU.

     En consecuencia, nadie puede garantizar —ni aun Estados Unidos— cuál va a ser el futuro de Afganistán después de la guerra. Tampoco esa parece ser una de las preocupaciones importantes en estos momentos, cuando lo prioritario es destruir a los "enemigos de la libertad". Por ahora, pues, los señores de la guerra tienen la palabra; las voces a favor de la paz y la civilización han perdido una vez más la batalla ante las voces de la barbarie. Mientras estas voces sigan imponiéndose nadie estará seguro en el mundo; los pobres menos que nadie, pero también los ricos y poderosos, sobre quienes también van a disparar los fusiles, aviones y barcos fabricados en sus complejos industriales.

[Extracto]

    Las expectativas electorales de la izquierda andan algo alicaídas en estos días. De un discurso triunfalista, seguro de ganar las próximas elecciones del 2003 y 2004, algunos de sus líderes empiezan a hablar ya de "regalo electoral al enemigo", "miedo a gobernar" para explicar el comportamiento de otros líderes. Están insinuando su disposición a aceptar las implicaciones electorales que probablemente tendrán sus berrinches y movimientos de sedición interna. Pero quizá la pregunta más importante que deberían hacerse los militantes efemelenistas sería la que les permitiera ir a las raíces del problema. En otro sentido, en vez de resignarse a la derrota anunciada y maldecir a la corriente que eligen como responsable de la prevista debacle, deberían de preguntarse si aún sigue siendo viable el proyecto de una frente de corrientes izquierdistas. Porque, a estas alturas, ninguno de los bandos en conflicto ha hecho demasiado para resolver los problemas internos, en beneficio de un supuesto objetivo común, más importante, que consistiría en desbancar a la derecha del poder.

[Extracto]

     En El Salvador, el ejercicio de la política ha estado invariablemente en manos de sectores sociales minoritarios, pero poseedores de la mayor parte de la riqueza y de los medios de producción. Comenzando con el momento mismo de la independencia, hasta llegar al momento actual caracterizado por la hegemonía política de ARENA —el partido de los empresarios—,  la historia revela que, en el largo plazo, el predominio de los dueños del capital en la conducción e instrumentalización del aparato estatal y las políticas públicas parece haberse convertido en una constante.

     La reciente elección del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) ha sido la muestra más reciente de esta hegemonía empresarial: resultaron electos representantes de la gran empresa privada (quizás de la más rica del país). Esto es significativo inclusive en un partido como ARENA, surgido desde y para el sector empresarial, porque hasta antes de la elección del último COENA éste incluía activistas y políticos de profesión, más que grandes empresarios. Esto no niega, empero, que los empresarios hayan estado en la primera línea de fuego: los ex presidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol son empresarios, mientras que la composición de los diferentes gabinetes económicos siempre ha evidenciado fuerte presencia del sector empresarial.

[Extracto]

     Los salvadoreños, como ocurrió con los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, han seguido de cerca el desenlace de la respuesta militar aliada en territorio afgano. Tanto la prensa como la radio y televisión nacionales saturaron espacios para cubrir, desde el domingo 7 de octubre, el inicio de la esperada represalia militar en contra del régimen talibán que controla Afganistán desde 1996 mediante la ejecución de un “sistema islámico total” y que resguarda a Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo.

    Los sectores gubernamentales y del partido oficial justificaron las acciones militares, fieles al discurso de “defensa de la libertad y la democracia”, abanderado por los Estados Unidos y, en general, los gobernantes occidentales. Una línea más moderada condenaba el terrorismo, pero, a la vez, señalaba la necesidad de garantizar la integridad física y moral de miles de personas inocentes que fácilmente podrían convertirse en blancos indirectos de los ataques aliados, de los desenfrenos xenofóbicos o de la misma represalia ideológica-religiosa.

    En términos generales, en El Salvador se ha seguido manteniendo una postura ideológica peligrosa ante la situación actual, a saber, una injusta identificación entre musulmán y terrorista, de la cual se ha apropiado casi todo individuo occidental “civilizado”, y que además se inspira en una lectura maniquea de la realidad. Frases como la del diputado Walter Araujo de ARENA, para quien “esperamos que las verdaderas fuerzas democráticas que amamos la libertad, logremos esa victoria contra el terrorismo. Las fuerzas del bien se impondrán a las fuerzas del mal”, son prueba de ello.

     Los medios de comunicación son en nuestros días uno de los mejores instrumentos para construir o para destruir la imagen de personas, instituciones y gobiernos, entre otros. La industria noticiosa, en particular, controla y usa de acuerdo a sus intereses la información que publica (u omite) sobre sus aliados y sus adversarios. A veces, no tiene que esforzarse mucho por destruir a quienes considera ‘los malos de la película’, otras veces sí tiene que ingeniárselas (como lo hizo El Diario de Hoy recientemente cuando ‘levantó’ el tema de la supuesta ilegalidad en la que funcionaba el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, en medio del debate por la ordenanza que controla el consumo de alcohol en la capital).

    Varios hechos ocurridos en la última semana de septiembre y en los primeros días de octubre crearon oportunidades adecuadas para que los dos matutinos más grandes del país transparentaran nuevamente su posición en la política salvadoreña. Tales oportunidades se abrieron cuando los dos partidos mayoritarios de El Salvador estuvieron envueltos en momentos decisivos para su futuro. ARENA tuvo sus días de definición con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (COENA), mientras el FMLN se vio sacudido por rumores (inflados hasta cierto punto) de su supuesto apoyo a los ataques terroristas contra Estados Unidos y, luego, por la expulsión de Facundo Guardado.

     Para aproximarnos a las ideas que llegaron a los lectores de El Diario de Hoy y de La Prensa Gráfica, revisaremos la cobertura periodística que recibieron los temas antes señalados. Un análisis de este tipo es necesario, debido a que “la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras creencias sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones que leemos o escuchamos a diario”, según dice el experto en el estudio del discurso periodístico, Teun van Dijk. Este holandés sostiene que “es muy probable que no exista ninguna otra práctica discursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia y por tanta gente como son el seguimiento de noticias en prensa y televisión”.

     Un análisis meramente cuantitativo de la cobertura periodística entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre arrojó los siguientes resultados: ARENA estuvo en la portada de ambos diarios en tres ocasiones, que revelaron la imagen de un partido que atravesaba una situación ciertamente normal en medio de la elección de sus dirigentes. Ningún atisbo de debates internos se reflejó en esas tres portadas, más bien predominó la idea de ‘renovación’ y de apertura a un sector (el de los grandes empresarios), que antes no participaba tan abiertamente en el COENA.

    El FMLN, por su lado, estuvo en la primera página en seis ocasiones, con titulares que evidenciaron sus diferencias internas. Numéricamente, al FMLN se le asignaron más portadas, pero la imagen plasmada no le benefició en ningún sentido. En esta ocasión, fueron los mismos miembros del FMLN quienes crearon las condiciones para su desgaste, pues,  a excepción de la portada en que se leía “FBI investiga marcha de apoyo a terroristas” (LPG), el resto de ‘maderas’ fue producto de problemas endémicos en la ex guerrilla, de los cuales la prensa simplemente extrajo un máximo provecho para descalificar a la izquierda.
 
 

Portadas	ARENA	FMLN
LPG	Empresarios dirigen Arena (01.10.01) En una nueva ARENA (Enfoques, 07.10.01)	FBI investiga marcha de apoyo a terroristas (28.09.01) Fmln expulsa a Facundo Guardado (02.10.01) Ruptura en el Fmln (03.10.01)
EDH	Empresarios se integran al nuevo COENA (30.09.01) Renuevan dirección de ARENA (01.10.01)	FMLN purga a Guardado (02.10.01) Alianza contra los ortodoxos (03.10.01) Renovadores votan lejos de ortodoxos (05.10.01) Yihad en el FMLN (Vértice, 07.10.01)

 
     En las dos semanas de publicaciones analizadas para este artículo, El Diario de Hoy asignó 20 páginas a la información sobre la asamblea general de ARENA, mientras lo relacionado con el FMLN (sobre el supuesto apoyo al terrorismo y sobre la expulsión de Facundo Guardado) apareció en 25 páginas. En La Prensa Gráfica, lo referente al COENA ocupó 23 páginas y lo del FMLN, 20. La suma de ambos diarios indica que los asuntos del FMLN recibieron una atención ligeramente mayor que los de ARENA, pero lo dicho no fue favorable para los ex guerrilleros.
 En el análisis de los titulares de los periódicos también se observó que la balanza favoreció la imagen de ARENA. Según van Dijk, “los titulares son el elemento más prominente de cualquier informativo y definen subjetivamente una situación”, además son los más recordados por los lectores que se fijan en una noticia.

    De un total de 64 titulares que hacían referencia a la elección de autoridades en el partido de derecha, únicamente 20 (menos de la tercera parte) revelaban la existencia de algunas dificultades internas entre los dirigentes areneros. Cuando los diarios presentaron explícitamente versiones sobre grupos descontentos dentro de la derecha, terminaron cerrando el tema publicando aclaraciones que desvanecían los ‘rumores’ por inexistentes. Ese fue el caso con las denuncias sobre una supuesta rebelión en contra del jefe de fracción, René Figueroa (LPG, 2 y 3.10; EDH, 2 y 3.10).

    En El Diario de Hoy, los titulares hablaban de “Seis empresarios exitosos al COENA” (30.09), de “La nueva maquinaria de ARENA” (01.10) y de “Una amplia alianza para ganar” (01.10). La línea editorial de este matutino fue bastante coherente con la informativa. En La Prensa Gráfica, los elogios al nuevo COENA sólo se vieron en los editoriales: “Es un equipo de extraordinaria prestancia, que no podría darse el lujo de funcionar de otra manera. Podemos decir que la derecha salvadoreña está poniendo en juego algunas de sus mejores cartas” (02.10).

    De los 76 titulares dedicados al FMLN, 69 lo mostraban claramente como un partido vinculado al terrorismo e incapaz de unificar sus bases. La Prensa Gráfica insistió varios días en que autoridades estadounidenses (FAA y FBI) estaban investigando a los grupos que participaron en la marcha del 15 de septiembre y respaldaron los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Esta información se publicó incluso cuando se evidenciaron serias contradicciones: un día CEPA decía que las investigaciones de la FAA se relacionaban con el FMLN (LPG, 24.09.01) y un día después otra fuente afirmaba que no había ninguna relación (25.09.01). La cobertura evidenció la intención de la prensa por abultar la importancia de un comunicado del FMLN y de las muestras de apoyo que dieron algunos grupos a las acciones de Osama Bin Laden en la marcha del 15 de septiembre. Según Salvador Samayoa, la repercusión de este asunto fue ‘agrandada’ y ‘sacada de contexto’ (29.09.01, p.20).

    Cuando se supo de la expulsión de Facundo Guardado, la cobertura periodística se centró en subrayar la crisis interna del FMLN. Se habló de conspiraciones, intolerancia, amenazas, motines, fraudes, purgas, rebelión, imposición, votación dividida. De esta manera, se presentaba al FMLN como una fuerza en decadencia, que estaba cavando su propia tumba y con problemas prácticamente imposibles de resolver.

    De acuerdo al español Armando Sanz de la Tajada, estudioso de la imagen organizacional, existen dos tipos de imagen institucional: la natural y la controlada. La imagen natural es aquella espontánea, proyectada por las instituciones a través de su conducta y de su contacto cotidiano con sus interlocutores. La imagen controlada, en cambio, es aquella institucional planificada (no inventada) para afectar positivamente la percepción de los interlocutores. Cuando una institución no planifica su imagen, cuando no maneja una estrategia concreta de proyección hacia los públicos, frecuentemente se cae en malentendidos, discrepancias y conflictos privados que se tornan públicos, y se deteriora en última instancia la imagen misma de cualquier institución.

     En las notas sobre ARENA predominó una proyección de la imagen controlada. Con Roberto Murray Meza, ARENA ha conseguido nuevamente poner a la cabeza a un líder que le da cierto carácter y prestigio al partido y al COENA. A partir de las notas que aparecieron de ARENA-COENA, se puede percibir, en primer lugar, que predominaron las notas en las que ARENA aparece como una institución preocupada por  proyectar características de renovación, solidez, madurez y seriedad a través de una gestión para modernizarlo y dejar atrás una imagen de crisis y de conflicto de personalidades. Por supuesto que ARENA recibió la contribución de los medios de prensaescrita para destacar su lado positivo.

    En segundo lugar, a pesar de las obvias discrepancias y exclusiones (de miembros más antiguos o aspirantes que dieron la impresión de sentirse marginados: Salguero Gross, D’abuisson, Araujo, Acosta Oertel, etc.) que existieron en ARENA a la hora de reestructurar la dirección, este partido se ha cuidado de no hacer comentarios hostiles que distorsionaran la imagen de armonía que quería proyectar.

    Por otra parte, para el caso del FMLN la situación ha sido completamente contraria. Además de la ya conocida campaña (directa e indirecta) de desprestigio político que la izquierda de este país ha sobrellevado desde sus orígenes, en las últimas semanas, predominó una proyección negativa de la imagen del FMLN en los dos matutinos aquí analizados.

    Es aquí donde se puede ver el contraste entre una imagen natural y la imagen controlada. Definitivamente, el FMLN no ha controlado una planificación mínima de su imagen. En las notas aparecidas, predominaron las discrepancias, hostilidades, desacuerdos, resentimientos y contradicciones al interior de ese partido. Mientras que en las notas sobre ARENA, los miembros del COENA se abstuvieron de hacer comentarios que sonaran hostiles; los miembros del FMLN abiertamente profirieron duras críticas hacia el interior de su mismo partido. Por ello, mientras que ARENA se proyecta en los medios como el artífice de nuevos líderes, el FMLN se proyecta como el partido en crisis que no cambia ni de líderes.
 

Colaboración de Xiomara Peraza y Nataly Guzmán, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA.

    Por lo que ha generado —elaboración teórica sobre la materia por parte de la Corte Suprema de Justicia y algún asomo, al menos, de discusión pública— vale la pena conocer lo que se demandó ante el máximo tribunal del país y lo que éste resolvió al respecto. Antes, cabe decir que la inconstitucionalidad fue solicitada por un estudiante de Ciencias Jurídicas, el señor Guido Miguel Arturo Castro Duarte, quien alegó vicio de forma del Decreto Ejecutivo No.34, emitido el 28 de junio de 1992 por el entonces presidente Alfredo Cristiani.

    El fundamento del recurso se centró, literalmente, en que “según lo establecido en la Constitución de la República, en el tercer inciso del art.86, ‘los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley’; en ese sentido, el Presidente de la República debe limitarse estrictamente a las facultades que la Constitución le otorga, especialmente las establecidas en el art. 168 Cn., en las que el ord.18 le faculta a ‘organizar, conducir y mantener el Organismo de Inteligencia del Estado’”.

    A lo anterior, Castro Duarte agregó que la Constitución de la República no faculta al Presidente de la República para crear el OIE, según lo establece el artículo 1 del decreto impugnado por el señor Castro Duarte. Tal como aparece publicado en el Diario Oficial No78, Tomo 311, del 30 de junio de 1992, dicho artículo decía así: “Créase el Organismo de Inteligencia del Estado, bajo la autoridad directa y dirección funcional del Presidente de la República”.

    Hasta hace poco, pues, con la existencia del OIE se estaba violando el principio de legalidad que —según el planteamiento de Castro Duarte— “postula que la Administración se someta en todo momento a lo que la ley establezca, principalmente lo determinado por la Constitución de la República, comprendiendo todas esas normas de carácter obligatorio para gobernantes y  gobernados”. De ahí, su categórica solicitud en el sentido de declarar inconstitucional el citado Decreto Ejecutivo.

    La respuesta presidencial a la demanda, no fue muy feliz. En ella, el Presidente de la República concluyó afirmando que “la sola configuración del OIE en el texto o normativa constitucional, es suficiente para determinar y concluir que dicha entidad no necesita de ningún acto de creación propiamente dicho, pues es la misma Constitución la que la ha dotado de existencia propia y la ha situado específicamente dentro del ámbito o esfera del control del Órgano Ejecutivo a través del Presidente de la República, por lo que no es cierto que por el hecho que el Órgano Legislativo no haya ‘emitido un decreto de creación de tal organismo’, ello resulte en una transgresión al ordenamiento constitucional, sino todo lo contrario, debe partirse del hecho que la Constitución ha reservado todo el aparato de inteligencia del Estado al  Presidente de la República. El decreto que ahora se impugna, además de reafirmar la creación del OIE, creado por la Constitución, establece los principios fundamentales sobre los cuales deberá descansar el mismo”.

    Por falta de espacio, no transcribimos la opinión que necesariamente —para cumplir lo establecido en la Ley de Procedimientos Constitucionales— emitió en este caso la Fiscalía General de la República. Lástima, porque es otra de las “piezas de antología” a las cuales nos tiene acostumbrados. Eso sí, podemos asegurar que con ella en la mano se confirman varias cosas, entre las que destacan: la absoluta falta de independencia que caracteriza a su actual titular, cuando se trata de enfrentar cierto tipo de intereses; la absoluta falta de capacidad para al menos “maquillar” con algunos argumentos sus aberrantes decisiones y permitirnos de esa manera, siquiera, un mínimo de debate; y la absoluta falta de conocimiento de la lógica más elemental y de las técnicas básicas de redacción, lo que le impide presentar escritos decentes siquiera en su forma. Pero para qué nos complicamos la vida; lo pusieron ahí para que “no hiciera olas” y, fiel a eso, pidió declarar “improcedente” el recurso de Castro Duarte.

    Contrario a lo planteado por el primer mandatario y la parte fiscal, la Corte expresó en su resolución lo siguiente: “La Ley Suprema, cuando establece la figura del OIE, no está haciendo otra cosa que dándole un respaldo constitucional a la materia referida a la inteligencia del Estado, la cual, es evidente, será canalizada y ejecutada por el organismo señalado ab initio.” Sobre eso no debería haber mayor discusión, como tampoco debería haberla sobre el “hecho de que la misma Constitución establece quién organizará, conducirá y mantendrá al OIE una vez creado formalmente”.

    Pero el decreto —dice la Corte— “no establece la competencia normativa para su creación. Por tanto, para solventar este problema forzosamente habrá que partir de la materia relacionada: siendo la inteligencia del Estado un aspecto vinculado estrechamente a los conceptos de seguridad y defensa de la sociedad, y estando éstos dentro de los ámbitos sometidos a la reserva de ley por poseer una trascendencia tal que obligan a cumplir con los principios democráticos, pluralista, libre debate y publicidad para su formulación normativa, es indudable que, para el caso salvadoreño, la inteligencia del Estado es una materia sometida a la reserva del Órgano Legislativo, pues es el depositario por excelencia de aquellos principios”.

    Eso significa que, “al igual que en supuestos análogos como lo es el tema de seguridad pública y la Policía Nacional Civil como institución responsable de la misma, la creación infraconstitucional y estructuración básica del estatuto jurídico del órgano encargado de la inteligencia del Estado, el OIE, debe necesariamente estar en manos de la Asamblea Legislativa, puesto que los objetivos y finalidades de la inteligencia deben responder exclusivamente a los intereses comunes de la población gobernada, especialmente en lo relativo a su seguridad y defensa colectiva, no pudiendo surgir de un órgano que no comparte los principios rectores del que ostenta en su máxima expresión la representación popular”.

    “En efecto, —continúa la Corte— no es lógico, por la naturaleza de la materia, que únicamente sea, por ejemplo, el Ejecutivo del momento el que determine los objetivos, fines y ámbitos de la realidad sobre los cuales recaerá la actividad del OIE, pues la labor de ésta será permanente y debe ser matizada por el órgano que formalmente sí representa al pueblo entero. También, a título conclusivo, no puede ser que el Ejecutivo establezca unilateralmente la norma infraconstitucional marco del OIE, si será aquél el que hará uso de este organismo, pues constitucionalmente posee la facultad de organizarlo y dirigirlo”.

    Sobre esa base, el máximo tribunal del país decidió que el cuestionado Decreto Ejecutivo “es inconstitucional por adolecer de un vicio de forma, puesto que dentro de las competencias que el art. 168 ord. 18º Cn. le otorga al Presidente de la República no se encuentra la potestad normativa para emitir un decreto que regule la materia de la inteligencia del Estado; por lo que hay una extralimitación de conformidad al inc. final del art. 86 Cn.; en consecuencia, tal vicio acarrea la inconstitucionalidad, por conexidad, del Reglamento del Organismo de Inteligencia del Estado, emitido por medio de D. E. no 60, de 19-VI-1992, publicado en el D.O. no 120, tomo 316, de fecha 1-VI-1992”.

    Eso resolvió la Corte. Por el momento y el espacio, el IDHUCA no va a agregar más ahora. En otro momento y espacio, sobre todo al encontrarnos inmersos en lo que para nosotros constituye el “nuevo des-orden mundial” después del 11 de septiembre del 2001, habrá que reflexionar con mayor profundidad acerca de este tema. Y debe hacerse, de forma prioritaria, desde la perspectiva de los necesarios controles que deben tener este tipo de servicios y de su actuación respetuosa de los derechos humanos. Porque de no hacer nada, en El Salvador pueden ocurrir dentro de muy poco —si es que no están ocurriendo ya— cosas tan graves como las que ocurrieron en el Perú.

    “¿Te das cuenta de lo que representa Fujimori? Has visto a su mamá y cómo vive?… Si los militares se dan cuenta de lo que realmente es ‘el chino’ y de su incapacidad para manejar para manejar el país, pueden fácilmente ser tentados a un golpe. Debemos convencerlo de que nosotros sí podemos armarle un gobierno…” Así se expresó Vladimiro Lenin Montesinos, tras las elecciones presidenciales que ganó Alberto Fujimori en 1990.

    Oswaldo de Rivero, actual Embajador del Perú ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, describe a Montesinos como “un Rasputín peligroso y corrupto hasta lo novelesco, que tuvo la oreja y el alma de Alberto Fujimori durante los10 años que fue Presidente del Perú”. Y además cuenta que, “cuando el humilde ‘chinito’ Fujimori llega al poder gracias a las torpezas de la campana electoral de Vargas Llosa y en medio de los mortíferos atentados terroristas de Sendero Luminoso, Vladimiro Montesinos y el Servicio de Inteligencia del Perú (SIN) le ofrecen su ayuda y lo envuelven con los argumentos del ‘Plan Verde’ (Plan de Gobierno dictatorial del Ejército para salvar al Perú de Sendero). Así, Montesinos se convierte en asesor, espía y socio de Fujimori. Luego ambos ejecutan parte del Plan Verde y dan juntos el golpe contra el Parlamento del 5 de abril de 1992, después del cual, Montesinos se convierte en un verdadero co-presidente oculto del Perú”.

    Hace muy poco, al pronunciar su discurso ante el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, durante el 57 período de sesiones de la misma, nuestro conocido Diego García-Sayán —en ese momento Ministro de Justicia del Perú y ahora Canciller del gobierno de Alejandro Toledo— expresó lo siguiente:

    “La siniestra maquinaria de un omnímodo Servicio de Inteligencia Nacional se convirtió en el centro del poder del Estado. Desde allí la red criminal de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos controlaba todo: el Poder Judicial, el Congreso, los procesos electorales y los medios de comunicación. Valiéndose del poder absoluto que detentaba este grupo mafioso, atacaron los derechos humanos a través de la intervención a los medios de comunicación elecciones fraudulentas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y hostigamiento permanente a quienes pugnaban por hacer prevalecer el Estado de Derecho y los estándares internacionales de derechos humanos. Esa misma maquinaria les permitió apropiarse ilícitamente de centenares de millones de dólares a través del tráfico de armas y de drogas”.

     En El Salvador ya vivimos eso. Y no estamos seguros si lo ocurrido acá fue más grave que la tragedia peruana. No viene al caso entrar en esa discusión; no vale la pena. Lo que sí interesa y urge, es que en nuestra sociedad se le dé respuesta seria a ciertas interrogantes básicas: ¿Se logró con el fin de la guerra, hace casi una década, iniciar de verdad una nueva y mejor etapa en la historia nacional? ¿En estos casi diez años de “paz”, hemos aprendido la lección o estaremos a punto de cometer los mismos u otros errores peores? ¿Se encuentran amenazadas nuestras débiles instituciones por algunas versiones salvadoreñas de Fujimori y Montesinos? ¿Podrá más la lucidez del pueblo salvadoreño frente a la falta de inteligencia que caracteriza a las autoridades del Estado? Respondamos y actuemos, antes de que sea demasiado tarde.