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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

Editorial:  Firma equivocada
Política:  Entuertos de la Asamblea Legislativa
Economía:  Alarmante desempeño macroeconómico
Opinión pública:  La opinión pública sobre los atentados del 11 de septiembre y sus repercusiones políticas
Comentario:  ¿Terror con terror se paga? (II)
Derechos Humanos:  El caso Velis (I)
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL

    La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República ha hecho circular un boletín informando acerca del nuevo plan de seguridad, orientado, según sus propias palabras, a “redoblar la protección a los salvadoreños” y a “evitar que el territorio nacional sea utilizado por grupos terroristas”. El plan incluye reforzar la vigilancia en los puestos fronterizos. De ésta han sido encargados “grupos especializados” de la policía y del ejército. Su actividad se concentra en un control migratorio y aduanal más estricto, hasta el punto de entorpecer el flujo de viajeros y de carga.

    Las autoridades alegan que todo ello está orientado a brindar una mayor seguridad a la población, pero en realidad lo que están buscando es contener el contrabando, lo cual, en sí mismo, es legítimo, pero lo están haciendo con métodos bastante primitivos. Tan es así que la gran empresa privada que es la más afectada por esta actividad ilegal ha sido la primera en aprobar la medida gubernamental.

    El gobierno confunde aquí seguridad con contrabando. A no ser que se entienda éste en sentido amplio y, en cuanto atenta contra los ingresos del Estado, sería también un atentado contra la seguridad nacional. Pero aun así, es dudoso que policías y soldados tengan la formación requerida para la tarea asignada. La presencia de soldados y policías no ofrece más garantías que el funcionario civil, porque lo más probable es que, al cabo del tiempo, los contrabandistas también se entiendan con los jefes policiales y militares y puedan así continuar con su tráfico ilegal sin dificultad. Entonces, las dos instituciones se verán de nuevo implicadas en actividades ilegales.

    Por otro lado, el gobierno salvadoreño tiene que encontrar pronto la manera para equilibrar su apertura con controles engorrosos y burocráticos. A no ser que se tome en serio que “los estándares de seguridad han cambiado por siempre en todo el mundo”, aun a costa de sacrificar la apertura. Pero ésta sigue siendo crucial en sus planes económicos, sobre todo en unos momentos en que la economía nacional está en franca recesión. De todas maneras, Casa Presidencial asegura que el propósito es llevar “mayor tranquilidad a los salvadoreños que viven fuera y dentro del país, así como a los países con los que estamos directamente conectados a través del comercio y el flujo de personas”.

    A juzgar por esta declaración, la población salvadoreña habría estado intranquila hasta que el gobierno adoptó las medidas anunciadas en el boletín. En realidad, la vida del país transcurre con toda normalidad, a no ser por la irrupción de militares y policías fuertemente armados en los puestos fronterizos, lo cual no sólo rompe con la normalidad, sino que es fuente de protestas y malestares por los inconvenientes que causan. Es muy discutible que un soldado o un policía armado para el combate de infantería pueda revisar con más eficacia un furgón lleno de carga que un civil bien formado y bien pagado, para que no sea fácil sobornarlo.

    No son fusiles de alto poder los que se requieren en los puestos migratorios, sino personas educadas y formadas en las tareas que ejecutan. Al terrorista y al narcotraficante semejantes despliegues no lo asuntan, pero sí atemorizan al ciudadano corriente que hace uso de esas instalaciones. Está demostrado que el narcotraficante puede circular por el territorio salvadoreño pese a esos despliegues militares, los cuales ni siquiera están dirigidos en su contra, ni para garantizar la seguridad de nadie, sino simplemente para atemorizar a la población.

    El pretexto es la seguridad, pero el propósito real es avanzar el Estado policíaco y en todo caso atemorizar a la población para que no se organice ni proteste por el deterioro que están experimentando sus condiciones de vida. Las explicaciones que dan las autoridades son confusas, lo cual indicaría que ni ellas mismas tienen claridad sobre las disposiciones que adoptan o que crean confusión obedeciendo algún designio no revelado aún, como por ejemplo la consolidación de un Estado policíaco, dirigido por civiles. En efecto, las autoridades salvadoreñas hablan de aumentar los controles y la vigilancia para aumentar la seguridad contra los terroristas, pero al mismo tiempo alegan la necesidad de detener el contrabando.

    Por un lado dicen estar a la caza de terroristas internacionales, pero al mismo tiempo acusan de terroristas a unos desmovilizados que reclaman sus derechos en las calles de San Salvador o al principal partido de la oposición. Al manipular de manera tan burda el término terrorista, las autoridades salvadoreñas lo han despojado de su contenido y, en poco tiempo, no significará más que otro término para descalificar a los adversarios políticos. Lo menos que se puede decir es que si las autoridades encargadas de la seguridad nacional no tienen claridad en cuanto al objetivo que persiguen con sus medidas, lo normal es que éstas resulten ineficaces.

    Intranquilidad sí ha habido, pero la de siempre, la causada por la crisis económica, el desempleo, la pobreza, el poco poder adquisitivo, los ex patrulleros y sus protestas callejeras, los secuestros, las bandas de delincuentes, los homicidios impunes, la fiscalía que no asume los intereses de las víctimas, los buseros y sus abusos, y un largo etcétera. Es la intranquilidad causada por aquellos desórdenes que los gobiernos de ARENA no han querido enfrentar y con los cuales hay que aprender a convivir.

    Ahora bien, una población atemorizada no se moviliza. El terror es eficaz para paralizar cualquier protesta social que pueda surgir por las intranquilidades de siempre. A la inmensa mayoría de los salvadoreños no le preocupan mucho los terroristas internacionales, así como tampoco le han preocupado los narcotraficantes. Ninguno de ellos es causa de intranquilidad o de inseguridad para la población. Sus preocupaciones son otras. A diario debe encontrar la manera para superar los obstáculos que amenazan más su sobrevivencia que los terroristas y los narcotraficantes. Estos son preocupación del gobierno y de los políticos de derecha, quienes vibran más con el gobierno de Washington que con la realidad salvadoreña.

    A eso se debe que en lugar de prestar más atención a la inseguridad en la que se tiene que desarrollar la vida de la mayor parte de los salvadoreños por las amenazas que representan la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, la economía en franca recesión y la violencia, se preocupen por la seguridad de Estados Unidos. Los únicos que tienen razones para sentirse intranquilos son aquellos a los que el boletín llama “países con los que estamos directamente conectados a través del comercio y el flujo de personas” y países como éste sólo hay uno y éste es Estados Unidos. La Presidencia de la República ha tenido pudor para no mencionarlo por su nombre, pero no hacía falta tampoco. Por eso es que el boletín parece estar calzado con la firma equivocada. En vez de estar firmado por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República debiera haber sido firmado por la Embajada de Estados Unidos de América en El Salvador.

[Extracto]

    A los múltiples señalamientos sobre el desprestigio creciente en el que va cayendo el primer órgano del Estado, algunos legisladores suelen contestar evocando la incomprensión de la ciudadanía o la exacerbación, en formas caricaturescas, que suelen hacer muchos medios de prensa nacional de las discusiones en la Asamblea Legislativa. Es lo que se conoce, en lenguaje de diputados, como la famosa "agenda de los medios". Los legisladores nacionales serían algo así como víctimas de la necesidad de información controversial que anima a los medios locales. De esta manera, las malas notas con las que buena parte de la población califica el desempeño de los diputados —según algunas encuestas de opinión—, no estarían en correlación con la realidad de su desempeño y posturas defendidas en su trabajo.

     A decir verdad, bastante de "agenda de los medios" hay en el seguimiento que muchos medios locales dan a los sucesos en torno a la Asamblea Legislativa. Demasiadas veces, se busca "satanizar" a los diputados, presentado exclusivamente sus discusiones, desacuerdos y desatinos. Se olvida con demasiada ligereza que es un cuerpo colegiado, donde es normal que haya sensibilidad política distinta y que la discusión, el desacuerdo o las negociaciones son inherentes al funcionamiento de este Órgano de Estado.
 

[Extracto]

    Una vez transcurrido el tercer trimestre de 2001 el entorno macroeconómico no refleja mejorías; por el contrario, las tendencias desequilibrantes continúan profundizándose como resultado del impacto de la descomunal caída de los precios del café y de los terremotos de enero y febrero pasados. El impacto de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos todavía es difícil de distinguir en la información disponible, pues esta incluye apenas hasta el último día de septiembre, es decir sólo hasta 19 días de aquéllos.

     Pero aun sin considerar el posible impacto efectivo (o potencial) de los atentados terroristas, la situación macroeconómica no es nada halagüeña. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas en un 1.5% en el segundo trimestre; exceptuando la industria, la construcción y el financiero, todos los sectores económicos disminuyeron su volumen de producción; el déficit de la balanza comercial escaló hasta los 1,612 millones de dólares en septiembre; y el déficit fiscal fue de 292 millones de dólares. Al menos la inflación sí se ha mantenido en niveles bajos y estables: 3.3% de variación anual y 0% de variación mensual para el mes de septiembre.

    Luego de casi dos meses de los atentados que echaron por tierra las torres del World Trade Center y la confianza pública norteamericana de su invulnerabilidad, no puede negarse que los mismos han tenido un enorme impacto en la opinión pública. Y esto no sólo en términos de establecer una nueva agenda mediática y nueva fuente de preocupación ciudadana sobre el estado del orden mundial, sino también en términos de redefinir las percepciones sobre lo político en el ámbito doméstico.

    Una encuesta del IUDOP realizada durante el mes de octubre del año en curso exploró la manera en que los ciudadanos salvadoreños han percibido estos sucesos y su impacto en la política local. Este artículo constituye una pequeña reseña de sus resultados, los cuales se presentan divididos en tres bloques: las opiniones sobre los hechos en Estados Unidos; los juicios sobre las actuaciones y/o declaraciones de algunas fuerzas políticas en torno a esos hechos; y, finalmente, algo que está indirectamente relacionado, la situación de las tendencias partidarias a mediados de octubre.

Las opiniones sobre los atentados

    Un poco más de la mitad de los salvadoreños consultados, esto es el 55.4 por ciento, piensan que los ataques sufridos por Estados Unidos son algo condenable desde cualquier punto de vista y que los mismos no tienen razón ni justificación alguna de ser; en cambio, casi un 38 por ciento considera que los ataques son en sí mismos condenables debido a las miles de víctimas ocasionadas, pero al mismo tiempo piensan que los ataques son una reacción a la política exterior norteamericana.

    Sólo una minoría de los encuestados, el 4 por ciento, sostuvo la postura aplaudir los ataques diciendo que los mismos eran algo que se merecían los Estados Unidos a causa de su política imperialista en el mundo. En otro orden de opiniones, la mayoría de salvadoreños calificó a los autores de los atentados como terroristas que sólo buscaban provocar sufrimiento a los norteamericanos; sin embargo, un 16.7 por ciento prefirió calificar a los autores de los mismos como grupos o organizaciones que luchan contra el imperialismo norteamericano.

     Respecto a la respuesta que debería tener la nación norteamericana en relación a los atentados, la mayoría de los salvadoreños se decantaron por una respuesta relativamente precavida. El 58 por ciento de los consultados dijo que los Estados Unidos debería de investigar exhaustivamente y castigar militarmente sólo a los responsables directos de los atentados, una tercera parte de los salvadoreños fue de la opinión de que se capture a todos los sospechosos para juzgarlos y castigarlos bajo el mandato de un tribunal internacional. Solamente el 7 por ciento de los encuestados sostuvo que debería castigar a todos los países que promueven y albergan a los grupos terroristas.

     En resumidas cuentas, la mayoría de salvadoreños comparte la opinión de que los atentados son algo condenable, pero algunos se separan al señalar que en todo caso esos han sido producto del comportamiento norteamericano en el pasado. Al mismo tiempo, la gente parece decantarse más por una respuesta más comedida por parte de los norteamericanos en represalia por los ataques.

Las opiniones sobre las respuestas locales

    Dos aspectos fueron evaluados localmente con respecto a los atentados. En primer lugar, el ofrecimiento del gobierno de apoyar a los Estados Unidos en la lucha en contra del terrorismo, y en segundo lugar, las acciones llevadas a cabo por el FMLN en torno al mismo.

     En el primer caso, preguntados sobre cuál debería ser la respuesta de colaboración del gobierno salvadoreño ante el gobierno norteamericano, un poco más de la mitad de los salvadoreños, el 53.5 por ciento, dijo que la postura del gobierno salvadoreño debería ser la de solidarizarse y la de ofrecer cooperación para la seguridad de sus ciudadanos residentes en El Salvador; casi una tercera parte de la gente sostuvo que el gobierno salvadoreño no debería hacer nada porque Estados Unidos no necesita ayuda, y un 14.5 por ciento señaló que el gobierno de Flores debería prestar toda la ayuda posible, inclusive el uso de tropas para apoyar las acciones en contra de Afganistán.

    En esa línea, se preguntó a los salvadoreños si estaban de acuerdo con el ofrecimiento de tropas por parte del presidente salvadoreño para apoyar las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos. Seis de cada diez ciudadanos se mostraron abiertamente en desacuerdo con la oferta del gobierno salvadoreño, mientras que tres de esos diez la respaldaron y uno de cada diez no supo dar una respuesta.

     Los ciudadanos salvadoreños también fueron consultados sobre la decisión de la fracción del FMLN de enviar una carta a la embajada norteamericana condenando los atentados pero sugiriendo la responsabilidad indirecta de la política exterior norteamericana. El 67.5 por ciento estuvo en desacuerdo con el Frente, mientras que casi el 21 por ciento consideró que hizo bien al enviar esa misiva a la misión norteamericana. Más aún, casi el 88 por ciento de los salvadoreños criticó la conducta de algunos dirigentes del Frente de acompañar la manifestación del 15 de septiembre en la cual se quemó la bandera estadounidense y se celebró el atentado contra Estados Unidos; en este caso, sólo un 2.5 por ciento de los encuestados consideró que los dirigentes efemelenistas hicieron bien y un 10 por ciento dijo que eso le era completamente indiferente.

     En suma, los datos indican que una parte importante de los salvadoreños criticó la postura gubernamental salvadoreña de ofrecer tropas al gobierno estadounidense, al tiempo que la mayoría de ciudadanos piensa que este país centroamericano no debería involucrarse en las acciones más allá de ofrecer cooperación para la seguridad de los americanos en territorio salvadoreño. Al mismo tiempo, la mayoría de salvadoreños criticaron las acciones del partido de izquierda de cara a los atentados; el conflicto con la Embajada y las conductas alrededor de las manifestaciones del 15 de septiembre dejaron muy mal parado al Frente.

Las repercusiones políticas locales

    Frente a los ataques, seis de cada diez salvadoreños piensan que este pequeño país centroamericano también está en riesgo de sufrir un atentado terrorista; en contraposición, una tercera parte, tres de cada diez, piensa que El Salvador no corre riesgo alguno. Preguntados si en el país existen grupos que apoyan el terrorismo, el 75 por ciento de los consultados contestó afirmativamente, mientras que el 25 por ciento respondió de forma negativa. A los que contestaron que sí hay terroristas en el país se les pidió de forma abierta que los identificaran, estos se dividieron de la siguiente forma:  el 30 por ciento identificó como tales al FMLN, mientras que otro 30 por ciento dijo no saber quiénes conformaban tales grupos y un 15 por ciento identificó a otros grupos (delincuentes, maras,  excombatientes del ejército y de la guerrilla, otros partidos políticos, etc.).

Las preferencias políticas

    En la encuesta también se incluyó la pregunta usual para determinar el estado de las preferencias político partidarias en la actualidad. Aunque dentro de la estructura de la encuesta, la pregunta fue realizada antes de abordar toda la temática de los atentados y el terrorismo, los resultados sugieren que tales temáticas, entre otras cosas, han tenido un impacto en la declaración de simpatías políticas de los ciudadanos. Los datos muestran en primer lugar que la mayoría de los ciudadanos prefiere quedarse al margen de las simpatías partidarias: el 42.1 por ciento dijo que si “las elecciones fueran el próximo domingo” no votaría por partido alguno; además, el 31.4 por ciento dijo que no sabría por quién votar. Esto significa que el 73 por ciento de los ciudadanos no escogió partido a mediados de octubre del 2001. Entre los que sí lo hicieron destaca ARENA con el 16.5 por ciento de las intenciones de voto, seguida a distancia del FMLN con el 7.3 por ciento. El resto de partidos acumulan sólo el 2.6 por ciento de las intenciones de voto nacionales.

     Una comparación de estos resultados con los correspondientes a la encuesta del IUDOP de junio de este mismo año pone en perspectiva el movimiento de las simpatías ciudadanas hacia los partidos políticos. En junio de este año, el porcentaje de personas que se abstenían de declarar simpatía sumaba un poco menos del 50 por ciento, mientras que el FMLN ocupaba la primera posición partidaria con el 26.6 por ciento de las intenciones de voto, estableciendo una brecha importante con respecto de ARENA que en esos meses acumulaba el 20.3 por ciento de las simpatías. Lo anterior significa que en el transcurso de cuatro meses el FMLN habría perdido casi el 20 por ciento del apoyo electoral con el que contaba a mediados de año, en tanto que ARENA habría bajado cuatro puntos porcentuales.

    La explicación a estos movimientos drásticos en las opiniones del electorado habría que buscarlas en parte en las percepciones generadas por los atentados del 11 de septiembre, en el comportamiento político del Frente en torno a esos sucesos, pero también, en parte, habría que atribuírselos al comportamiento del partido de izquierda con respecto a sus propios conflictos internos, algo que no llegó a ser medido en la encuesta, pero que sucedió mientras la misma era aplicada en el territorio nacional. Resulta interesante también notar que la erosión no es privativa del FMLN; aunque no es de manera alguna comparable, ARENA habría sufrido también una erosión del respaldo electoral, probablemente como producto de la gestión gubernamental que sigue perdiendo imagen popular y de la elección de un COENA que no parece ser bien visto por la mayoría de ciudadanos. En el fondo, lo que está sucediendo en el escenario político nacional es que la ventaja de ARENA sobre el FMLN se debe más a un hundimiento de la imagen pública de este último y no a un repunte de la imagen del gobierno como sugiere la interpretación de la encuesta de CID-Gallup que hace El Diario de Hoy.

     Los resultados de la encuesta de junio y su conocimiento por parte de los liderazgos políticos de cada uno de los partidos, por otro lado, explicarían muchas de las acciones llevadas a cabo por los partidos políticos en los últimos meses: la reconstitución de un COENA a manos del empresariado más poderoso para enfrentar la amenaza del FMLN, y la displicencia de este último en medir las consecuencias de sus propias acciones. En otras palabras, ARENA integró su Comité Ejecutivo Nacional en respuesta a la amenaza percibida de avance del Frente; mientras que alguna gente del Frente, segura de su posicionamiento frente al electorado, decidieron llevar a cabo algunas acciones sin medir exactamente sus consecuencias políticas.

     La encuesta que se ha expuesto fue realizada a una muestra nacional de 1, 220 entrevistas a adultos de los catorce departamentos del país, con un error muestral de más/menos el 2.8 por ciento. La recolección de información se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre del año en curso.

    Sin dudas que los EE.UU. en su vorágine de violencia contra los que todavía no ha definido explícitamente que sean sus enemigos, aunque genéricamente los haya ubicado en el mundo islámico, es seguro que han de usar los más modernos y sofisticados misiles —y hasta armas atómicas si lo creen necesario para exterminar al enemigo— como instrumentos de disuasión y eliminación contundentes. Sin embargo, la falta de reflexión intelectiva, no los ha hecho prever que estos terroristas no son torpes ni tontos, sino que tienen la inteligencia suficiente como para sacar partido de tales acciones y que luego que sean sacrificadas víctimas inocentes las consecuencias serán de más odio acumulado contra los dirigentes y el pueblo norteamericano. Y, hasta el momento en que se escriben estas líneas, la respuesta prevista al ataque terrorista no parece que haya sido suficientemente calibrada en sus posibles alcances y consecuencias; más aún, da la impresión de que quisieran entrar en el juego propuesto por el agresor.

    Lo que los terroristas desean es lograr una respuesta psicótica por parte de los Estados Unidos, una reacción que provoque más daño a más personas. Eso les servirá para acrecentar el odio que se vislumbra en el fanatismo con el que producen sus actos criminales que, justo es decirlo, todo acto terrorista es deleznable en sí mismo. Pese a todo, desde la conducción política norteamericana no se ha considerado con frialdad los porqué de tanto odio y, ni siquiera, se tienen datos de que estén previendo los alcances desastrosos que podrán producir con sus respuestas futuras violentas.

    El Presidente Bush, como vocero máximo de su país, ha demostrado una voluntad maniquea ostensible; no solamente separó al mundo entre los "buenos" —ellos— y los "malos" —sus enemigos terroristas—, sino que en discurso a la Nación del 20 de septiembre llegó a afirmar que "... o están con nosotros o están con el terrorismo". Tan tajante afirmación en un discurso presidencial es grave y demuestra nuevamente la falta de inteligencia con que está operando el Gobierno norteamericano.

    El mundo no puede ser dividido maniqueamente en buenos y malos, entre los que están conmigo y los que no lo están, los que automáticamente pasan a ser mis enemigos. Eso es disparatado, ya que deja todos los matices del espectro de colores que va del blanco al negro afuera de cualquier consideración y, en este caso, el que no es amigo de ellos pasa de modo inmediato a convertirse en su enemigo, con todo lo de peligroso que arrastra tal condición cuando viene dicho por parte de un "halcón" de la política.

    En el mismo discurso, Bush dio por tierra con las aspiraciones británicas y españolas de que la lucha contra el terrorismo se iba a volcar contra toda expresión de tal, al afirmar que la guerra contra el terror comienza contra la organización "La Base", de Osama bin Laden; a lo cual agregó que "Pero sólo terminará cuando todo grupo de alcance global sea encontrado, detenido y derrotado".

    En este breve párrafo hay dos cosas por resaltar: a) ni la ETA vasca ni el IRA irlandés entran dentro de tal categoría, ya que sus alcances no son "globales" en tanto y cuanto se refieren a atentados dentro de otros territorios nacionales y por ende no alcanzan a los EE.UU., que son el centro del globo; y b) no se entiende como alguien puede ser detenido y derrotado, sin hacer mención a la justicia que deberá hallarlo culpable, caso contrario volvemos a la aplicación de la ley por propia mano y a la voluntad del comisario.Y Justicia significa el castigo de los culpables de este crimen horrendo, del mismo modo que se reclama que se haga con Videla, Pinochet, Castro y, porqué no, con los propios Clinton y Blair que fueron los responsables de un genocidio en el Golfo Pérsico. Para ello es preciso que se ponga en marcha el Tribunal Penal Internacional —al que los EE.UU. se han opuesto denodadamente— ya que sería el único organismo que daría garantías de una justicia ecuánime.

    Pero la búsqueda de los culpables y las tareas de desmantelar sus estructuras políticas y militares no debe convertirse en una agresión militar azarosa e indiscriminada sobre la población civil islámica, ya que esto sería una forma primitiva de devolver el terror con el terror. Y no se trata solamente de una cuestión ética —que debiera ser insoslayable— sino también de un asunto de Estado en cuanto a política internacional, ya que con tal conducta violenta sólo se incrementará el número de adeptos del fundamentalismo; elemento este que pareciera no ser tenido en cuanta en los discursos vengativos de Bush.

    Asimismo, en dicho discurso hubieron afirmaciones que si bien alientan el ánimo patriótico de la población, sin embargo su contrastación con los hechos las lleva a considerarlas, al menos, exóticas. ¿De qué manera se compadece su evocación al "heroísmo y el coraje" con que su pueblo enfrentó el ataque, con los reiterados casos de saqueos de comercios en los pisos inferiores de la Torres destruidas?. Y el tan mentado coraje pareciera que se hubiera venido abajo —valga el juego verbal— con la caída en picada de las acciones de las compañías aéreas, la reducción drástica del turismo interior y el aumento de un cien por ciento en la venta de pasajes en buses en reemplazo de las aeronaves.

    Asimismo, el coraje de los norteamericanos parece que se termina cuando les tocan la fibra más sensible de su cuerpo: el bolsillo. Simultáneamente con la exposición del discurso de marras, el Gobierno norteamericano —tan partidario él de la política de libre mercado y la no intervención estatal en asuntos comerciales para recomendárselas a otros países— estaba anunciando el lanzamiento de una subvención —o ayuda— de 15 mil millones de dólares a las empresas de aviación, que con sumo patriotismo y ante la merma en la venta de pasajes, no tuvieron mejor idea que comenzar a echar empleados de las mismas. Se calcula que en la primera semana, por causa de los ataques terroristas y la recesión económica consecuente, han quedado desocupados más de cien mil trabajadores. Es que "negocios son negocios" y en esa materia no se mide el patriotismo, ni el coraje o el heroísmo.

    Del mismo modo, otros operadores políticos del Gobierno hubieron de apelar al patriotismo para que la población continuara con sus hábitos de consumo, con el fin de evitar el ahondamiento recesivo en que viene sostenidamente entrando la economía del país desde que asumió la actual administración. Pero "la gente" ha preferido recluirse en la seguridad de sus casas y no gastar sus dineros ante perspectivas aún peores.

    Retomando el tema de la reflexión acerca de porqué el odio hacia ellos, a fuer de verdad, el Presidente se lo preguntó, pero no dio respuesta alguna. ¡Parece que el tema no lo merecía!. La respuesta obedece al puro capricho de quiénes odian "... nuestra civilización,... el pluralismo, la tolerancia y la libertad", a las que ellos creen que representan.

    Da la impresión de que el Presidente estaba haciendo referencia al pluralismo y la tolerancia de aquellos pasajeros que hicieron detener la partida de un avión de cabotaje a causa de que no querían viajar con tres viajeros que parecían ser árabes, ya que "llevaban un pañal en la cabeza", tal como lo señaló en un exceso de tolerancia el congresista J. Cooksey, cuando dijo que "Si veo a alguien con un pañal en la cabeza y una correa de ventilador alrededor de ese pañal, ese tipo tiene que ser detenido e interrogado". ¡Vaya con la concepción de libertad y tolerancia!. Más este no es el único caso de respuestas agresivas contra la comunidad árabe residente en los EE.UU., las mismas se están reproduciendo por doquier en todo el territorio y a ellas se han unido los fanáticos ultraderechistas del KKK. Es decir, un resurgimiento del racismo y la xenofobia, cosa que a ellos no les cuesta mucho retrotraer.
 

Colaboración del Dr. Angel Rodríguez Kauth, profesor de Psicología social y Director del Proyecto de Investigación de "Psicología Política", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

    Darol Francisco Velis Castellanos, quien en la clandestinidad era conocido como Manuel Hernández, no logró vivir más allá de los treinta y cinco años. Su existencia terminó de forma abrupta, al momento de entrar al “Centro de Desarrollo Infantil” para dejar en él a su pequeña hija. En ese 25 de octubre de 1993, un solo disparo en la cabeza bastó para acabar con sueños y esperanzas personales y políticas de este joven. En el suelo, asustada y sin tener idea sobre lo qué ocurría, la niña quedó cubierta de sangre y en completo estado de shock.

    El hecho ocurrió aproximadamente a las siete horas con cuarenta minutos de la mañana, cuando dos sujetos armados se le acercaron y, sin mediar palabra, lo ejecutaron. Ocurrió ante numerosas personas, en una zona de intenso trafico vehicular y con dos elementos de la extinta Policía Nacional ubicados a una distancia relativamente corta del sitio. Los disparos fueron hechos con arma corta dotada de silenciador. Desde el primer momento se supo que no eran delincuentes comunes, pues sus autores materiales no le robaron nada a la víctima.

    Al igual que la pequeña hija de Velis Castellanos, la sociedad salvadoreña —en medio de una etapa singular por la que atravesaba el país, al ser presentado ante el mundo como un “modelo de pacificación y construcción de la democracia” y con la presencia de una misión internacional de observación— también fue duramente conmocionada por el crimen. Hubo quienes pensaron que la investigación del hecho, el conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables se lograría pronto; imaginaron, además, que el éxito en ese sentido sería una muy buena “carta de presentación” para eso que algunos llamaban —sin un mínimo de cautela— “el nuevo El Salvador”. Pero no pasó así. Hubo que esperar casi ocho años para lograr la condena de los dos individuos encargados de su ejecución, los autores materiales, luego de que su anciana madre tuvo que sufrir el calvario similar al de cualquier persona que en nuestro país —antes, durante y después de la guerra— haya decidido reclamar lo más lógico y normal en otras latitudes: justicia.

    Al momento de su asesinato, Velis Castellanos era candidato suplente para una diputación en San Salvador. Las elecciones tendrían lugar dentro de unos meses; en mayo del siguiente año, para ser exactos. Su militancia política, la causa más probable para que alguien haya decidido su muerte, era abierta y clara: miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), una de las cinco organizaciones entonces integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    Las indagaciones policiales estuvieron a cargo de la ahora desaparecida Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), que en un primer momento estuvo dentro de la antigua Policía Nacional y luego pasó a formar parte del Ministerio de Justicia. Los pasos iniciales de la citada Comisión en el caso estuvieron plagados de irregularidades. De ello, sobran los ejemplos: alteración de la escena del crimen, pruebas “científicas” confusas y pérdida de evidencias claves, por citar sólo algunos.

    Las primeras dudas sobre la investigación, iniciada el 25 de octubre de 1993, surgieron de inmediato cuando se encargó la misma a Ramón Arístides Díaz Ramos, quien pasó de investigador a sospechoso cuando más adelante un “testigo” —que antes había sido informante de la misma CIHD— lo involucró como partícipe del hecho. Posteriormente, el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) de la nueva corporación surgida de los acuerdos de paz —la Policía Nacional Civil (PNC)— nombró a dos detectives para reiniciar las pesquisas. Fue esta dependencia —que lamentablemente ya fue desmantelada— la que logró un avance importante: obtuvo el testimonio de una mujer que aseguró haber presenciado la planificación y posterior evaluación del asesinato de Velis Castellanos, por parte de unos detectives de la extinta Policía Nacional. La testigo sostuvo que conocía a dos de ellos: René Díaz Ortiz, que al parecer era el mencionado investigador Díaz Ramos, y a Carlos Romero Alfaro o “Sargento Zaldaña”. A este  último, afirmó la testigo, le faltaban varios dedos de la mano.

    Las diligencias de investigación fueron trasladadas al Juzgado Segundo de lo Penal de San Salvador y ahí se decretó —el 15 de marzo de 1995— la detención de Romero Alfaro por la autoría mediata en el asesinato de Velis Castellanos. En esa época, Romero Alfaro ocupaba un importante cargo en la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil —la “nueva” institución— y no fue capturado. Rápidamente supo de las órdenes de captura que se habían librado en su contra y no perdió tiempo; sin que nadie se lo impidiera, abandonó las instalaciones policiales donde se encontraba en ese momento y se fugó hacia los Estados Unidos de América.

    La evasión de la justicia por parte de Carlos Romero Alfaro constituyó, sin lugar a dudas, uno de los puntos más controversiales en la investigación de este caso. Al parecer, existió una maliciosa “falta de coordinación” entre las autoridades de la “nueva” Policía. Se dice que eso le costó caro a quien, antes, había sido Fiscal General de la República y en ese momento se desempeñaba como jefe de la DIC. No obstante, en nada le afectó a la carrera ascendente de un oscuro asesor jurídico quien se presume facilitó la fuga; por el contrario, éste se vio favorecido aún más y ahora se encuentra ocupando un alto cargo en el Ministerio Público, relacionado precisamente con la investigación de los delitos y el combate a la impunidad.

    La versión de la mujer antes mencionada fue confirmada por un testigo quien aseguró, además, que los policías le propusieron que los acompañara en la ejecución del asesinato. El testigo agregó otros nombres de elementos policiales involucrados. Afirmó también que el día del crimen llegó tarde a la cita propuesta y pactada; por eso, ya no encontró en la sede de la CIHD a ninguno de los que ejecutarían el crimen. Entonces, verificó el libro de entradas y salidas comprobando que éstos no habían anotado su salida de la base policial. En su testimonio manifestó, asimismo, que esos cuatro sujetos regresaron “con mucho nerviosismo” en un vehículo Toyota, rojo, perteneciente a la CIHD. Días después, al ser asignada la investigación del caso, observó que estos policías se miraban con complicidad; fue entonces cuando uno de ellos, Díaz Ramos, le confirmó la responsabilidad del grupo en el hecho y le pidió que no dijera nada al respecto.

    Romero Alfaro fue detenido en la ciudad de Houston, EE.UU., el 14 de septiembre de 1995 y deportado hacia nuestro país el 6 de marzo de 1996. Elementos del DICO lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, de El Salvador, y lo remitieron ante el Juez de la causa. Fue reconocido en “rueda de reos” por uno de los testigos presenciales del hecho —el más cercano al lugar donde sucedió— como el sujeto que acompañaba al individuo que le disparó en la cabeza a Velis Castellanos.

    Con la detención de Romero Alfaro finalizó la intervención policial en el caso pues, según se dijo, ya no existían más elementos por investigar. Del lado judicial, el proceso continuó lentamente en medio de apelaciones, quejas por retardación de justicia, recursos de exhibición personal y hasta alguna solicitud de recusación del Juez para que no conociera en la vista pública. Todas esas situaciones llevaron el caso al inicio del presente año, sin una resolución definitiva. Fue hasta septiembre del 2001 que se logró realizar el Plenario ante un tribunal de jurado, el cual condenó a Carlos Romero Alfaro y Arnoldo Martín Martínez González como los responsables de la muerte del señor Darol Francisco Velis Castellanos.
 

 

CIDH REPUDIA EL ASESINATO DE DIGNA OCHOA EN MÉXICO     El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Decano Claudio Grossman, manifestó su repudio por el asesinato de la abogada y activista de derechos humanos Digna Ochoa el viernes 19 de octubre de 2001, mientras se encontraba en su oficina en el Distrito Federal de México.     Su trabajo le había valido amenazas y ataques en varias ocasiones, por lo que la CIDH y la Corte Interamericana habían otorgado medidas cautelares y provisionales, respectivamente, a favor de la abogada Ochoa y de varias personas que trabajan en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) en México. Las medidas de protección mencionadas están previstas, respectivamente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la CIDH para casos de extrema gravedad y urgencia, con el fin de evitar daños irreparables a las personas. El Decano Grossman manifestó:     “Este tipo de actos es completamente inaceptable, y merece el más enérgico repudio de los órganos de protección de derechos humanos y de toda la sociedad. Digna Ochoa trabajó con convicción por construir una sociedad democrática con respeto irrestricto por las garantías individuales, por lo que su muerte nos llena de pesar e indignación personal. Hago llegar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Digna Ochoa y les anticipo que, como Relator a cargo de México, seguiré muy de cerca la investigación de estos gravísimos hechos por las autoridades de dicho país”.     La CIDH recuerda que los Estados miembros de la OEA adoptaron en su Asamblea General de Costa Rica en junio de 2001 la Resolución AG/RES. 1818 en la que acordaron, entre otras cosas:     *  Condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificulten las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas;     *  Exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente;      * Instruir al Consejo Permanente que dé seguimiento a la presente resolución y presente a la Asamblea General un informe sobre su cumplimiento en ocasión de su trigésimo segundo período ordinario de sesiones.     La Comisión Interamericana ha puesto en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA la ejecución extrajudicial de Digna Ochoa.     El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Dr. Santiago A. Canton, manifestó asimismo su categórico rechazo al asesinato de la activista mexicana: “El asesinato de Digna Ochoa ofende a toda la comunidad interamericana. Cuando los defensores de derechos humanos se convierten en víctimas, se está agrediendo a la sociedad democrática en su conjunto. No debemos permitir que este crimen quede impune”. Washington, D.C., 22 de octubre de 2001.

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