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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 975
noviembre 7, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Contra la clase media y los sectores populares
Política:  Reacciones en El Salvador en torno a la derrota sandinista
Economía:  A propósito del FOVIAL
Región:  Desafíos nicaragüenses
Comentario:  ¿Terror con terror se paga? (III)
Derechos Humanos:  Más sobre Digna Ochoa
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL

     Para nadie es un secreto que el Estado salvadoreño no cuenta con los recursos necesarios para sacar adelante sus diferentes compromisos presupuestarios. Economistas progubernamentales y funcionarios de alto nivel han insistido, como ha sido la norma en la década de los años noventa, en lo urgente de paliar la sequía financiera del Estado del modo más rápido y menos problemático. En la  mira se ha tenido tanto a los sectores medios como a los sectores populares, destinados a cargar sobre sus espaldas, por mandato burocrático, con las necesidades fiscales del aparato estatal. La última embestida contra los sectores medios y populares son la aplicación del pago del impuesto sobre la renta al sector informal y el impuesto aplicado al galón de gasolina consumido —al famoso FOVIAL—, cuyo propósito es generar recursos para el mejoramiento de las carreteras del país.

     La situación no es nueva. La reforma tributaria y el incremento al Impuesto al Valor Agregado, surgido al calor del tristemente célebre "Pacto de San Andrés" —suscrito por el ex presidente Armando Calderón Sol y sus aliados del momento, los líderes del extinto Partido Demócrata— se situó en la misma línea de hacer que los sectores medios y populares asumieran la mayor parte de los costos de la gestión pública. La dinámica es preocupante si se la examina en el marco de las medidas de privatización tomadas por las administraciones de ARENA y los subsecuentes incrementos a las tarifas de energía eléctrica, teléfonos y servicios sociales en general. O el golpe bajo que supuso para los salvadoreños la creación de las AFPs, las cuales hacen un pingüe negocio sólo por administrar el dinero ganado por otros.

    A lo largo de la década de los años noventa, el conjunto de estas medidas ha golpeado sistemática y sostenidamente a la clase medida y a los sectores populares, lo cual se ha traducido en un empeoramiento de sus condiciones de vida y, por ende, en sus posibilidades para vivir  decente y dignamente. La tendencia no parece revertirse, sino más bien todo lo contrario: las nuevas decisiones tributarias están orientadas a expoliar más a quienes lo han venido siendo durante una década.

     Así pues, el carácter regresivo del sistema tributario salvadoreño no da señales de ser abandonado por la actual administración gubernamental. En virtud de ello, los que ganan menos están condenados a pagar más impuestos —en proporción a sus ingresos— que quienes ganan más. Obviamente, estos últimos —o sus voceros desde la economía y la política— dirán que ellos pagan impuestos, como el IVA o el FOVIAL, al igual que todos los demás consumidores, lo cual es cierto.

    El asunto, sin embargo, es que se trata en ambos casos de una carga impositiva igual para ciudadanos desiguales en ingresos y riqueza. Por ejemplo, pagar $ 0.20 centavos por galón de combustible en concepto de FOVIAL no tiene el mismo impacto en el presupuesto familiar para el accionista de un banco que para quien se gana la vida individualmente transportando carga en su vehículo y que día a día va ganándose su sustento.

    El mismo criterio se aplica al pago de Impuesto sobre la Renta: las empresas, personas o sociedades que ganan más —aquí hay que hablar no de miles, sino de millones de dólares— son menos impactadas porcentualmente que quienes ganan menos, aunque el gran empresario insista en que, al comparar lo que paga él con lo que paga el cajero de un banco, su aportación al fisco sea mayor. Lo único que se le olvida decir es que él, como gran empresario, tiene un ingreso muy superior a quien lo atiende en la ventanilla del banco cuando va a efectuar sus depósitos y que, proporcionalmente a sus ingresos, tiene el privilegio de pagar menos impuestos que el amable cajero, cuyos ingresos quizás ronden los 3 mil o 4 mil colones mensuales.

     Es cierto que el Estado debe obtener recursos para financiar sus compromisos nacionales e internacionales. Pero convertir a los sectores medios y populares en el foco principal para la obtención de esos recursos es algo que no puede ser aceptado sin más, pese a los llamados populistas de que "todos debemos contribuir a la reconstrucción del país". Qué duda cabe que todos los salvadoreños deben aportar su esfuerzo para que el país salga del marasmo en el que se encuentra; pero, a este esfuerzo, algunos —los que tienen más riqueza y beneficios económicos— deben y pueden aportar más que otros. A una sociedad desigual —y la salvadoreña lo es en grado extremo, a juzgar por sus polos de concentración de la riqueza y la pobreza— deben corresponder esfuerzos desiguales, no hacia el lado de los que están en la base de la sociedad —como ha sido hasta ahora—, sino hacia los que están ubicados en la pirámide de ella.

     Se trata de un asunto de justicia y de equidad, pero también de viabilidad socio-política. Las sociedades estables de nuestro tiempo se caracterizan por haber consolidado una clase media relativamente próspera, lo cual supone, por una parte, una ampliación de las oportunidades de educación, empleo y salud para los más desfavorecidos socio-económicamente; y, por otra, un control de la riqueza y los ingresos excesivos, de modo que estos no se concentren escandalosamente en pocas manos y a expensas del bienestar de la mayor parte de los miembros de la sociedad. En otras palabras, difícilmente se pueden construir sociedades estables ahí donde la miseria golpea a la mayoría de la población y donde los grandes empresarios, en maridaje con el Estado, no conocen límites a su voracidad mercantilista.

     En El Salvador, los gobiernos de ARENA han ido a contracorriente de las exigencias básicas para lograr una estabilidad social mínima. Lejos de favorecer la ampliación de los sectores medios, los han venido ahogando con decisiones que han tenido como mira favorecer a un grupo de poder económico en detrimento del resto de salvadoreños. De paso, al ahogar a la clase media, se han puesto obstáculos casi infranqueables al crecimiento económico y al desarrollo y bienestar de los sectores sociales más pobres, lo cual se convierte en una peligrosa bomba de tiempo que, de explotar, va a desencadenar conflictos sociales de gran envergadura.

     Por ahora, los sectores medios y populares han soportado con bastante pasividad los embates estatales. Impuestos, alzas de precios y dolarización han sido asimilados sin ninguna muestra abierta de descontento. Abusando de esta pasividad social, así como de la falta de mecanismos de expresión del malestar ciudadano —expresado por lo general a media voz— los gobiernos de ARENA siguen (y quizás seguirán) haciendo de las suyas con el bolsillo de quienes no forman parte de la élite de poder económico.
 

POLÍTICA

[Extracto]

    El pasado de revolucionario del candidato sandinista y la suspicacia del diabólico "triángulo La Habana-Managua-Caracas" que se aprestaba a instaurar, es motivo suficiente —sin considerar el siempre presente fantasma de la "piñata"— para explicar y celebrar su derrota. En eso, tal como se lee en las notas de felicitación diplomática al  presidenteelecto, "el pueblo nicaragüense se ha mostrado a la altura de las circunstancias".

    En esa línea, se sitúan las reacciones de la derecha salvadoreña en torno a los resultados electorales en Nicaragua. Según el Presidente de la República, Francisco Flores, la época del sandinismo es uno de los ejemplos más dramáticos del abuso de poder, [...] es lo que ha rechazado el pueblo nicaragüense". Por otro lado, la derrota electoral de Ortega tendría un significado más importante: se trata del rechazo centroamericano al comunismo. Decisivamente, según la convicción del mandatario salvadoreño, "un proyecto a la cubana, un proyecto comunista, un proyecto que busque restringir las libertades ya no va a tener cabida en Centro América".

    En el partido de izquierda nacional, en cambio, la noticia de la derrota sandinista no ha sido muy bien digerida. Desde comentarios cautelosos hasta declaraciones de cierta decepción, los dirigentes izquierdistas no ocultaron los posibles efectos que puedan tener los resultados electorales de Nicaragua sobre el electorado salvadoreño. Para unos, el problema se sitúa en la "no renovación de candidatos". Otros, por otro lado, valoran el hecho de que "el triunfo sandinista hubiera brindado la posibilidad de que se experimentara algo diferente al proyecto neoliberal". Y unos terceros, creyendo torpes a los nicaragüenses, han dicho que éstos fueron confundidos por el rosado y amarillo de la propaganda sandinista.
 

ECONOMÍA

[Extracto]

    Después de una aparente paralización del proyecto de establecimiento del Fondo Vial (FOVIAL), éste fue finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa, en la sesión plenaria del 31 de octubre pasado. Como se ha hecho cada vez más frecuente, la iniciativa de ley fue aprobada sin mayor discusión y como resultado de una propuesta del Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Con el FOVIAL, el gobierno pretende crear un fondo para mantenimiento y reparación de carreteras, a partir de un recargo de veinte centavos de dólar (1.75 colones), por cada galón de gasolina consumida. De entrada, el proyecto ha encontrado detractores no solamente en los partidos de oposición, sino también entre sectores de la sociedad civil por diversas razones: por sus efectos inflacionarios o —como afirman representantes de la empresa privada— porque fue aprobado sin agotar otras opciones de obtención de ingresos (como por ejemplo la reorientación de los más de 800 millones de colones que han sido recortados del presupuesto del MOP).

    Pero, más allá de la medida en sí misma, es de resaltar que la actual coyuntura se enmarca dentro de una estrategia más amplia de desmantelamiento del Estado y de apertura de nuevas actividades económicas para la empresa privada. Además, no dejan de llamar la atención las posturas ambiguas del actual gobierno frente al mercado de hidrocarburos: en ocasiones propugna por rebajas en los precios de los combustibles (aún a costa de los márgenes de intermediación de las petroleras), pero con el FOVIAL parece estar dispuesto a incrementarlos sin ningún miramiento.

[Extracto]

    Los últimos recuentos electorales en Nicaragua dan la victoria al candidato oficialista, Enrique Bolaños, actual vicepresidente de la República, con un amplio margen sobre su rival, Daniel Ortega. Los nicaragüenses habrían dicho "no" al proyecto sandinista que se había alzado como la opción frente al gobierno de turno, marcado por graves problemas de corrupción y discrecionalidad en todo el aparato estatal y partidario. Pero, lejos de indagar sobre las razones de la victoria liberal y la derrota de Ortega —bien haya sido por el temor de volver a la época más oscura del sandinismo o por la percepción de que Bolaños fuera el candidato "menos malo" para Washington—, habría más bien que analizar los retos y desafíos con los que el nuevo gobierno tendrá que lidiar en la actual coyuntura nacional, regional y global.

    Aparentemente, Ortega no logró convencer al electorado sobre su proyecto político alternativo al de Alemán y los nicaragüenses optaron por la esperanza en que, si bien Bolaños no ha hecho gran esfuerzo para detener los niveles de corrupción en las estructuras estatales-partidaristas, ha mostrado su deseo de distanciarse radicalmente de Alemán y de sus seguidores. Como quiera que sea, una de las principales batallas de Bolaños la tendrá que sortear al interior de su mismo instituto político; el cual, dominado por una inveterada tradición alemanista, se levantaría como la principal piedra de tropiezo en el camino. De ahí que Bolaños tuviere que pactar, por un lado, con la línea alemanista dentro de la estructura partidaria y, por otro, con la ya abultada bancada legislativa liberal —controlada por el mismo Alemán— en la nueva Asamblea Nacional.
 

    La falta de reflexión pública, de alguna manera, explica la razón de porqué el Presidente Bush convocó al mundo a ser acompañado en su "cruzada" guerrera, aunque sin definir de manera precisa al enemigo a enfrentar. El uso del término "cruzada", no ha hecho más que colocarlo en la misma posición fanáticamente religiosa de a quienes dice que pretende combatir —que según sus propios dichos estarían enquistados en el islamismo o en algún lugar árabe islámico— haciendo retroceder el curso de la historia en casi un milenio.

    No olvidemos que las guerras religiosas son tan antiguas como las mismas religiones y que a finales del Siglo XI, los cristianos "papistas" emprendieron sus famosas cruzadas para reconquistar el santo lugar que es Jerusalén y que estaba en poder de, precisamente, los musulmanes. No debe olvidarse que el término cruzada fue aplicado, durante el Siglo XIII, a los embates bélicos contra los pueblos dominados por el paganismo, sobre los propios cristianos que cayeron en la herejía —fundamento del Tribunal de la Santa Inquisición— y en contra de quienes eran considerados los enemigos del papado. Es como si en el hoy, el Vaticano se hubiese trasladado a Washington.

    Por otra parte, la historia no puede olvidar que el vocablo "cruzada" fue utilizado recientemente, en 1936 en España, por quienes se levantaron en contra de los republicanos españoles —que nada tenían que ver con los republicanos que hoy gobiernan en los EE.UU. luego de las elecciones más tramposas que recuerde la historia del país que pretende erigirse como el adalid de la democracia ante el resto del mundo "bananero"— ya que consideraron a tal alzamiento como una forma de combatir al ateísmo que significaban y traían consigo los comunistas, socialistas, anarquistas o el solo hecho de estar en oposición a la monarquía.

    No debemos llamarnos a engaño y es preciso interpretar la historia en sus alcances; las Cruzadas de hace un milenio tuvieron un objetivo político y económico imperial, alentado desde el papado. La contemporánea cruzada contra el mal que representa el fundamentalismo islámico es tan fundamentalista como las de aquellas cruzadas religiosas y mantiene en forma encubierta un objetivo semejante: las riquezas petrolíferas y gasíferas del Cercano y Medio Oriente, especialmente para imponer su control en las ex repúblicas soviéticas musulmanas. Antes fue la búsqueda del oro, hoy lo es la del "oro negro".

    También en aquellas antiguas cruzadas existió un objetivo geopolítico, cual era la alarma producida por las invasiones islámicas sobre Siria, Palestina y el Imperio Bizantino, la actual se instala ante el avance de los islamitas sobre los países árabes. Probablemente la misma se inició con la derrota de la monarquía persa en Irán y se va a extendiendo paulatinamente a zonas aliadas, como la Arabia Saudita y los Emiratos que son gobernados con mano férrea por jeques que tienen fuertes intereses económicos y financieros con la banca norteamericana, mientras sus pueblos viven en la más absoluta hambruna y miseria primitiva bajo economías precapitalistas.

    En este punto es necesario hacer una diferenciación elemental entre gobernantes y pueblos de los países musulmanes. Mientras los primeros viven en una opulencia milyunochesca rayana con la obscenidad, los segundos viven en la miseria, en condiciones indignas para un ser humano. De tal suerte, no es extraño que quienes tienen las riendas del poder público apoyen verbalmente la "cruzada" de los norteamericanos, aunque esto signifique traicionar sus convicciones religiosas. Pero la población ha encontrado en el refugio de la religión una suerte de esperanza a sus males terrenales en la vida después de la vida; Alá los recompensará eternamente si luchan en su nombre.

    Esto hace que los analistas políticos internacionales muchas veces se confundan —no por ingenuidad, sino por alineamientos de conveniencia— respecto a la palabra oficial de los jeques y príncipes y crean que los pueblos los acompañan en la intención de aquellas. La realidad no es así, el pueblo de a pie continúa —desde la derrota del Sha y su gobierno despótico hace más de dos décadas, que no solamente fue un levantamiento religioso, sino que también estuvo impregnado de un fuerte sentimiento antinorteamericano— en un avance sostenido de oposición a los monarcas que han traicionado su fe.

    Pero, los supuestos culpables —aunque tal suposición no deja de ser verosímil— de estas matanzas no resultan ser el testimonio de la rebelión de los pueblos oprimidos, por el contrario, se trata de individuos con un alto poderío económico que a sabiendas de lo que ocurre en las bases populares se han trepado a las mismas y ellos llevan consigo una voluntad política de dominación reaccionaria, haciendo de la opresión su instrumento, ya que son contrarios a cualquier forma de liberación. Ellos también aspiran a someter una región —la que viven— a su arbitrio autoritario, el cual está sostenido por principios teocráticos, aunque la mayoría de ellos —como Bin Laden— hayan recibido educación superior en los grandes centros universitarios de la metrópoli imperial.

    Son los mismos que en su momento apoyaron la resistencia afgana contra el invasor soviético —donde Bin Laden fue un protagonista esencial que trabajó para la CIA desde 1979 en la resistencia contra los invasores que eran enemigos comunes a los fundamentalistas y a los yanquis— e instaló a los talibanes en el poder, a la vez que subvencionaron económicamente a los rebeldes bosnios durante la crisis de los Balcanes.

    La convocatoria a "la primera guerra del Siglo XXI", hecha por Bush, puede tener costos incalculables para los intereses yanquis, no solamente en Asia y Noráfrica, sino también en sus propias entrañas. Por un lado, ya no se trata de una guerra al estilo de la del Golfo Pérsico en la cual se combatió a la distancia sin peligro de perder soldados más allá de lo esperable  sino también en la víscera que más les duele, es decir, la económica. No hay que olvidar que a más de los costos logísticos que implica la movilización de grandes contingentes de tropas, pertrechos y de un arsenal marítimo y aeronáutico parafernálico de toda guerra, los capitales islámicos que se mueven en el mundo de las finanzas occidentales rondan la friolera de los 250 mil millones de dólares, esto sin tener en cuenta las inversiones en bienes de capital hechas en el corazón mismo de la metrópoli. Sin dudas que el retiro sigiloso de tales capitales pondrán en jaque al sistema capitalista, cosa que no va ser del agrado de sus patrióticos inversores bursátiles.

    El texto de los discursos de Bush, en ésta materia, pareciera incuestionable, que en los mismos no hubiesen dudas algunas y, en este punto, no puedo menos que recordar unas palabras de Jorge L. Borges: "No puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio".

    Para finalizar, traigo a la memoria unas palabras del ensayista norteamericano, J. Baldwin, cuando decía que "No podemos cambiar todo lo que enfrentamos, pero mientras no lo enfrentamos no podemos cambiar nada". No se me escapa que con éstas notas no he de ser yo el que ha de modificar el curso de la historia, pero al menos me permito la posibilidad de recordar que no es de un buen humanitario pagar con la misma moneda lo que se ha recibido. El terror no se puede pagar con más terror. Al respecto, en estos momentos corremos el serio riesgo de que se cumpla la profecía del más grande pacifista del Siglo XX, M. Ghandi, cuando advirtió que "ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego".
 
 

Colaboración del Dr. Angel Rodríguez Kauth, profesor de Psicología social y Director del Proyecto de Investigación de "Psicología Política", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

 

DERECHOS HUMANOS

    La comunidad defensora de los derechos humanos en el mundo entero, continúa haciendo homenaje póstumo a una de sus mejores integrantes, la abogada mexicana Digna Ochoa, víctima de la bala de la intolerancia, de la injusticia y del odio.  Diversas manifestaciones de solidaridad, actos religiosos, declaraciones y muestras de aprecio, demuestran que ahora más que nunca, el mensaje que dejó  Digna con su muerte sigue siendo de lucha por la justicia y por el respeto irrestricto de los derechos humanos.

    En ese marco, transcribimos a continuación algunos fragmentos importantes de diversas  resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con sucesos que rodearon al trabajo comprometido de Digna Ochoa y que desembocaron en el trágico crimen. Consideramos de suma importancia hacerlas de su conocimiento para su reflexión análisis.
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos RESPECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 25 DE OCTUBRE DE 2001)

Vistos:

I. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "la Corte Interamericana") dictada el 17 de noviembre de 1999 mediante la cual resolvió:

1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad de los señores Digna Ochoa y Plácido, Edgar Cortéz Morales, Mario Patrón Sánchez y Jorge Fernández Mendiburu, miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

2. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas que trabajan o que acuden a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez puedan ejercer sus funciones o gestiones sin peligro a su vida o integridad personal.

3. Requerir al Estado que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.

4. Requerir al Estado que, dentro de 15 días a partir de la notificación de la presente resolución, informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma.

5. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.

II. El informe de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado" o "México") de 31 de mayo de 2001 en el cual señaló que: las medidas adoptadas por el Gobierno se dirigieron, en cumplimiento de la resolución de la Corte, por una parte a garantizar la vida e integridad de [...Digna] Ochoa y custodiar las instalaciones del Centro [de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez], a efecto de brindar protección a las personas que en él laboran y, por la otra, a investigar las amenazas, hostigamiento y agresiones que refieren haber sufrido.

Asimismo, el Estado indicó que [...] atendiendo a que el propósito de las medidas cautelares es prevenir la afectación irreparable a bienes jurídicos como la vida e integridad de las personas, y que en el presente la situación de hostigamiento y amenazas no se ha vuelto a presentar, el Gobierno de México se permite solicitar a esta [...] Corte Interamericana lo siguiente:

Decrete la cesación de la vigencia de las medidas provisionales otorgadas a favor de Digna Ochoa y otros. Sin que esto sea óbice para que las instancias nacionales de protección de los derechos humanos puedan actuar en caso de que los actos de amenaza u hostigamiento se volvieran a presentar y las investigaciones continúen de hallarse nuevos elementos.

III. El informe del Estado de 13 de agosto de 2001 en el cual reiteró lo indicado en el informe anterior sobre la solicitud del levantamiento de las medidas provisionales y además, señaló que:

IV. El Gobierno de México llama la atención de la [...] Corte a que el fin último de las medidas precautorias es el de evitar daños irreparables a las personas y poseen un carácter transitorio por estar dirigidas a hacer frente a las situaciones de extrema urgencia. En el caso que nos ocupa, las acciones de las instituciones nacionales han satisfecho el objetivo primordial de las medidas dictadas por la Corte.

Esto significa que la naturaleza de las medidas precautorias se desvirtúa si éstas son utilizadas como una vía substituta de facto, para la tramitación de un caso que debiera, de tener mérito suficientes, ser ventilado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

V. El escrito de observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") de 22 de agosto de 2001 en el cual manifestó que con base en la información disponible, particularmente en la comunicación de los peticionarios de 21 de agosto de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos] no tiene objeción al levantamiento de las presentes medidas provisionales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Interamericana seguirá el trámite de la respectiva petición conforme a la Convención Americana, su Reglamento y disposiciones aplicables y, en caso de que resultara necesario, volverá a solicitar medidas provisionales a esta Corte.

VI. La Resolución de la Corte Interamericana dictada el 28 de agosto de 2001 mediante la cual, en consideración de las argumentaciones del Estado y de la Comisión, resolvió:

1. Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución de 17 de noviembre de 1999 a favor de Digna Ochoa y Plácido, Edgar Cortéz Morales, Mario Patrón Sánchez y Jorge Fernández Mendiburu, miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

2. Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la mencionada Resolución a favor de las personas que trabajan o que acuden a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

3. Comunicar la presente Resolución al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4. Archivar este expediente.

VII. El escrito de 22 de octubre de 2001 y sus anexos, mediante el cual la Comisión Interamericana sometió a la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y 74 del Reglamento de la Comisión, una solicitud de medidas provisionales en favor de los integrantes de la organización no gubernamental de derechos humanos denominada Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (en adelante "Centro PRODH") y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez, relativas a la petición P12.229 respecto a México, en trámite ante la Comisión. En dicho escrito, la Comisión solicitó a la Corte:

a. Adoptar de inmediato medidas de seguridad efectivas para garantizar la vida e integridad personal de los integrantes del Centro PRODH y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez.

b. Concertar las medidas de protección expuestas en el literal "a" supra con el acuerdo de las personas a ser protegidas, de manera a asegurar la efectividad y pertinencia de tales medidas.

c. Adoptar, como elemento esencial del deber de protección, medidas eficaces para investigar los hechos que motivan estas medidas, a fin de individualizar y sancionar a los responsables de tales actos con arreglo al debido proceso.

d. Informar a la Honorable Corte en un plazo breve acerca de las medidas concretas y efectivas adoptadas para proteger a los integrantes del Centro PRODH y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez; y, subsecuentemente, informar a la Honorable Corte cada dos meses sobre el estado de las medidas provisionales.

Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó que la Corte fije una audiencia pública a fin de exponer detalladamente la situación relacionada con este asunto.

VIII. La Comisión fundamentó la solicitud de medidas provisionales en los siguientes hechos:

a) que el 19 de octubre de 2001 de la señora Digna Ochoa fue asesinada. Dicha profesional fue atacada por una o más personas no identificadas en la oficina de su colega Pilar Noriega García en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Según información hecha pública por el Director del Servicio Médico Forense del Distrito Federal, José Ramón Fernández Cáceres, los hechos habrían ocurrido entre la 1:00 y 3:00 p.m. del 19 de octubre de 2001. En el cuerpo de la señora Digna Ochoa se encontraron tres lesiones y un disparo en la cabeza, éste último, de los llamados "golpe de mina" porque el arma se hace detonar a no más de 2 centímetros de la cabeza, le provocó su muerte;

b) junto al cuerpo de la víctima, se encontró un mensaje conteniendo una amenaza expresa a los integrantes del Centro PRODH;

c) diferentes autoridades de México, incluido el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Bernardo Bátiz, manifestaron públicamente que la ejecución extrajudicial de la abogada se trataría de una represalia por sus actividades profesionales de defensa de derechos humanos. Digna Ochoa desarrollaba tales tareas en directa y estrecha colaboración con los abogados Bárbara Zamora, Pilar Noriega García y Leonel Rivero Rodríguez.
Además, la Comisión señaló que:

a) los hechos revelan que se encuentran en peligro grave e inminente la vida y la integridad personal de los integrantes del Centro PRODH y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez;

b) el Estado es responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos y, en particular, de las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos; estas medidas incluyen la investigación del origen de las amenazas y hostigamientos;

c) el peligro que afecta a los integrantes del Centro PRODH es evidente por la amenaza concreta y directa emitida el 19 de octubre de 2001 y tres de los profesionales identificados en la presente solicitud se encuentran en una situación en extremo preocupante porque compartían la defensa de casos con Digna Ochoa y la Comisión ha recibido información de que dichos profesionales recibieron amenazas en el pasado;

d) el asesinato es el hecho culminante de esta serie de intimidaciones contra el Centro PRODH y de los abogados Bárbara Zamora, Pilar Noriega García y Leonel Rivero Rodríguez; y

e) la presente solicitud de medidas provisionales no prejuzga sobre la decisión, que en la etapa procesal oportuna, adoptará la Comisión sobre la admisibilidad o el fondo de la cuestión denunciada en el asunto P12.229.
 

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