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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 976
noviembre 14, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

XII Aniversario de los mártires de la UCA Número monográfico

 

ÍNDICE

Editorial:  Memoria e ideas subversivas
Política:  La izquierda política y los mártires
Economía:  Vigencia de Ellacuría y Montes
Comentario:  Algunas tesis filosóficas de Ellacuría y el neoliberalismo
Comentario:  Segundo Montes y la investigación sobre los movimientos migratorios en El Salvador
Derechos Humanos:  El caso Velis (II)
 
 
 
 
 

EDITORIAL

    Los que hace diez años hablaban de paz y de cultura de paz con mucho entusiasmo, ahora hablan de guerra; los que desde entonces se proponen como modelo para resolver los conflictos por el diálogo y la negociación, ahora está a favor de las operaciones militares de castigo; los que entonces hablaron con vehemencia de perdonar y olvidar, ahora piden venganza y apoyan los bombardeos masivos e indiscriminados; los que entonces hablaban de democracia y democratización, ahora hablan de aumentar los controles sobre la población y de seguridad. A quienes así hablan les falla la memoria, son desmemoriados, y son débiles en el concepto, casi no tienen ideas y las pocas que tienen son inconsistentes. Esto es lo que les permite con tanta facilidad pasar de un lado a otro, pues ni recuerdan su posición anterior, ni saben con exactitud dónde estaban colocados antes, ni tampoco lo saben ahora muy bien. Sus vaivenes son posibles porque carecen de conceptos básicos, de principios y de juicio.

    Se mueven según sus conveniencias, pero siempre del lado del poder y del capital. En esto no fallan, aun cuando para ello tengan que renegar de los principios que antes defendieron con aparente convicción y aun cuando tengan que sacrificar el bien general por el de unos cuantos privilegiados. Pese a todo ello, hablan de solidaridad y de fraternidad, de transparencia y honradez. Son los mismos que hace diez años hablaron con mucha facilidad de cultura de paz, de democratización y de un nuevo país.

    Diez años después, lo que predomina es la cultura de la violencia con su trágico saldo de asesinatos, secuestros, violaciones sexuales, agresiones e impunidad. Es cada vez más claro qué intereses son los que en realidad dirigen las decisiones importantes del país. Ciertamente, no los de las mayorías que se tienen que conformar con un poco más del 3 por ciento del producto interno bruto. La libertad es cosa del pasado. De nuevo volvieron los tiempos de la seguridad, la sospecha y la vigilancia. La crisis de la economía salvadoreña es ya inocultable, tanto por el lado de la producción, el empleo y las exportaciones, como del lado del déficit fiscal. El Salvador de diez años después no sólo no es nuevo, sino que es el mismo de siempre, pero más envejecido, con menos recursos, con menos energías, más desencantado y frustrado.

    No es el ataque del terrorismo internacional al que temen, puesto que El Salvador no está en su mira, tampoco le temen al narcotraficante, a quien saben cómo buscarlo y dónde encontrarlo, si quisieran. Temen al malestar generalizado de la población por lo que han dejado de hacer en estos diez años, en los cuales han permitido que El Salvador retrocediera a un ritmo acelerado, al deteriorarse rápidamente sus condiciones de vida, porque se dedicaron a promover la acumulación sin límites de unos cuantos y la libertad irrestricta de esos pocos. Temen que ese malestar estalle en violencia callejera como la de los ex patrulleros.

    En el fondo, temen perder el poder de un Estado al que ya consideran patrimonial. Por eso buscan controlar antes de que sea demasiado tarde y sus promesas cargadas de optimismo sin fundamento se diluyan y surja la protesta organizada y haya que reprimirla, al igual que antes. Buscan atemorizar para paralizar cualquier acción organizada de las mayorías populares, a las cuales ellos llaman pueblo y a las cuales temen, pero a las cuales dicen servir de todo corazón, mientras aumentan sus cuentas bancarias, sus propiedades y sus privilegios. No combaten el miedo que crea el terror, sino que usan el terror para crear más miedo.

    Su falta de memoria para recordar el pasado reciente y el lejano y su ignorancia les permiten seguir adelante, sin cuestionar la racionalidad, ni la moralidad de sus vidas y acciones. Aunque son los primeros en proclamar su amor a la patria, su clarividencia política y su compromiso con los valores, de hecho, están cegados por la ambición. Sus olvidos y sus ignorancias se explican por la concupiscencia del poder y del dinero que los abrasa.
Por eso, cuando se les recuerda su pasado reciente y remoto, lo que han hecho y lo que han dicho, la memoria se vuelve subversiva. El recuerdo que trae la memoria impide que puedan consumar el olvido. Aunque no pueden ser acusados ante un juez, recordar es señalarlos por sus injusticias y sus violencias. Por eso, la memoria se vuelve incómoda cuando recuerda y celebra con gozo a las víctimas que ellos con tanta crueldad despreciaron. Primero les quitaron la vida y después les negaron la justicia.

    Pero lo que ellos despreciaron, otros lo hemos recogido y guardado con cariño y admiración. De esta manera, la tradición martirial del pueblo salvadoreño es más profunda que la tradición democrática de ellos. Aquélla es verdadera, ésta tiene mucho de falsedad. Aquélla está fundamentada en la vida entregada sin reservas por el bien de los demás, ésta no es creíble. Aquélla sabe de valores humanos y cristianos, de la verdad y de la justicia, de la solidaridad y la compasión, mientras que ésta no sabe más que del poder y del dinero, revestidos de falsos discursos. El recuerdo de las víctimas de las injusticias y violencias, y el saber sobre ellas desenmascaran su hipocresía y ninguno de los dos descansa hasta no dar con la verdad.

    La conmemoración del 16 de noviembre de los mártires de la UCA tiende a ser subversiva porque no olvida y, por lo tanto, se resiste a aceptar la versión oficial de los hechos ocurridos hace once años. En este sentido es un recuerdo de lo mucho de viejo que todavía persiste en El Salvador de hoy. Por eso, no podía dejar fuera del recuerdo a las víctimas de los terremotos. Aunque en circunstancias diversas, todas son víctimas de la injusticia. Esta es la que unifica a todas las víctimas de la humanidad, incluidas las del terrorismo y la de las guerras. Tiende a ser subversiva porque esa resistencia es activa y no ceja en su empeño por encontrar la verdad.

    Agotadas las instancias establecidas por la ley, ahora se prepara para acusar por denegar justicia a las víctimas, en los tribunales nacionales e internacionales. Está convencida que no puede haber justicia sin verdad y de que ésta es una de las barreras más eficaces para impedir los excesos de la concupiscencia del poder y del dinero y, por consiguiente, para poner fin a esos deslizamientos de la paz a la guerra, del olvido a la venganza. Ellos exigen ahora venganza con las armas en la mano, nosotros pedimos justicia, apoyados en la ley salvadoreña y el derecho internacional. La conmemoración del 16 de noviembre tiende a ser subversiva por lo que tiene de fiesta. El recuerdo tiene mucho de agradecimiento y eso despierta gozo. Es el triunfo de la víctima sobre sus verdugos. Frente a la diversión de los insensatos opone la celebración gozosa de la vida entregada y compartida, que anima al compromiso y suscita esperanza. En estas circunstancias, la alegría es rebeldía.
 

    El terror oficial, instaurado como forma de contención social, antes y durante el conflicto armado, cobró la vida de decenas de miles de salvadoreños. Estas personas, asesinadas por su convicción de que otra sociedad, solidaria, justa e igual era posible, son mártires de la guerra civil de nuestro país.
Los decisores políticos y militares de esos años de locura violenta apelaban al calificativo de izquierdistas o comunistas para legitimar la desaparición de los inocentes.  Los izquierdistas o guerrilleros eran una amenaza, un peligro inminente contra el que los defensores de la sociedad capitalista civilizada tenían que reaccionar, valiéndose, inclusive, de la eliminación física de los sospechosos. La condición de izquierdista era incompatible con el proyecto de nación en construcción. La simple presunción o sospecha de ser tal era suficiente motivo para perder a un ser querido. Algo que unía a todas las víctimas de los que se sentían con la responsabilidad de defender las "Libertades en El Salvador" fue la etiqueta —puesta con razón o sin ella— de ser simpatizantes o militantes de los entonces alzados en armas.

    Ahora bien, nueve años después del fin de la guerra, muchas cosas han cambiado en El Salvador. Los comunistas, enemigos del capitalismo de entonces, se han incorporado a la dinámica política institucional del país. Se codean actualmente con sus antiguos enemigos. La violencia política institucionalizada ha dado paso a una sociedad con vocación democrática, en cuya consolidación están empeñadas las energías sociales. Muchos dirán, y con mucha razón, que el sacrificio de tantas vidas inocentes —si bien innecesariamente—, por lo menos sirvió para detener la espiral de violencia política. En este sentido, se suele afirmar que con la paz pactada, las víctimas no murieron en vano. Sería, al fin, el consuelo de los familiares y amigos de los desaparecidos; sus seres queridos han contribuido, con su vida, a la pacificación y la instauración de la democracia que estamos disfrutando.

    Es un discurso al que se suelen adherir los actuales dirigentes del partido de izquierda. Ellos, los antiguos guerrilleros, en cuyo lugar se sacrificaba a la gente de entonces, serían algo así como los representantes políticos de los desaparecidos. Es muy probable que, por ejemplo, con la celebración del duodécimo aniversario de la masacre de la UCA, se hagan presentes algunos líderes de esa izquierda para manifestar su solidaridad con la comunidad universitaria. Ello simbolizaría también el sentimiento de cierta responsabilidad en seguir la lucha de las víctimas por la dignidad, justicia e igualdad en El Salvador.

    Lo anterior, sería la contribución política de los ex guerrilleros, comprometidos en un nuevo escenario; pero, en fin, tendría que interpretarse como la continuación de las reivindicaciones de los caídos. Sin embargo, en la práctica, ¿es así que los dirigentes actuales de la izquierda están continuando con la lucha de los mártires? ¿Qué dirían las víctimas al ver el desempeño y trabajo político de los que dicen ser sus brazos políticos? Es decir, ¿el deber de honrar la memoria de los desaparecidos ocupa un espacio importante en la agenda de los actuales dirigentes izquierdistas?

    Es muy probable que, a las preguntas anteriores, la respuesta de los dirigentes del principal partido de oposición sea afirmativa. Convencidos como están de su combate a favor los más desfavorecidos, no dudarían en achacar su falta de resultados, en el mejor de los casos, a la incomprensión de los ciudadanos o, en el peor de los escenarios, a sus opositores, la derecha gobernante. Sería esta derecha, con sus recursos y medios de propaganda, la responsable del descontento de buena parte de la población con el desempeño de su partido.

    Pero, es evidente que nadie se traga entero ese cuento. Se sabe muy bien que los ex guerrilleros, convertidos hoy en políticos de carrera, se están alejando de esa lucha de los mártires por la igualdad y la justicia en El Salvador. Y ello no se debe precisamente a su discurso —pocos de ellos lo aceptarían públicamente—, sino, entre otras cosas, por su desfase en renovar sus ideas políticas, las ambiciones personales, su ingenuidad, su desconexión de la población, o su mismo afán de ser potables para las elites económicas.

    Ya se llamaba la atención, en el transcurso del año pasado, sobre una declaración del FMLN con motivo del juicio que inició la Compañía de Jesús en contra de los autores intelectuales de los asesinados en la UCA. En ese entonces, los dirigentes del partido de izquierda afirmaban su respaldo a las demandas de justicia de los jesuitas, pero también pedían que éstos se disculparan en caso de que la justicia declarara inocentes a los acusados. Es evidente que más allá de una búsqueda de aceptación por parte de las elites dirigentes, no se puede entender esa absurda petición. Muchos de los miembros del partido de izquierda se mueven en esa dicotomía. Por un lado, buscan legitimidad de parte de los poderosos, pero, por otro lado, al menos en su discurso, tienen que hablar de su simpatía por las víctimas. Al final, terminan traicionando la causa de estas últimas. Se convierten, entonces, en cómplices de la impunidad y de la injusticia.

    Algo así se palpa en la presente pugna por el control de las estructuras de decisión en el partido de izquierda. La lucha cerrada entre ciertos personajes, cristalizada en la guerra de las tendencias, no es más que un reflejo de este desdibujo de la "Causa de los Mártires". En esta nueva fase de la lucha política, cuentan más las ambiciones personales, el control del poder que un pretendido compromiso con la justicia. Por lo menos, no es la lógica que prima en las decisiones y las estrategias de los dirigentes políticos de la izquierda actual. Por lo que el heroísmo, la capacidad de comprometerse en la lucha por la causa de otros que animaban a los revolucionarios de aquel momento, se ha desvanecido en el aire.

    Por otro lado, respecto de las divergencias en la izquierda en torno a la pregunta por la viabilidad de un proyecto alternativo al sistema económico actual, son de mucha ayuda unas palabras de Ellacuría, dichas en otro contexto pero aplicables en este tema. Decía el rector mártir de la UCA, en uno de sus análisis sobre los caminos posibles para solucionar el problema salvadoreño, que había que evitar la estéril discusión entre el "principismo y el pragmatismo". Porque uno tiende a ser instransigente y el otro suele ser acomodaticio y errático. Son dos males que constituyen un freno a todo intento de solución a un determinado problema social. Renovadores y ortodoxos deberían de meditar sobre estas palabras para ver sus posibles aplicaciones, en cada caso concreto. Porque, de lo que hay que preocuparse es de encontrar una solución verdadera que resuelva los problemas de los salvadoreños, respondiendo a sus raíces y sus causas.

    En fin, ante el creciente alejamiento de la izquierda política de la causa de los mártires, la izquierda social tiene un gran trabajo por delante. No sólo hay que educar a las nuevas generaciones para que no se olviden de quienes fueron cobardemente asesinados, sino también para que se valore sus contribuciones y el ejemplo de solidaridad que supieron dar comprometiendo sus propias vidas.
 

     Pese a que el conflicto armado salvadoreño se solucionó por la vía del diálogo-negociación, el panorama de la sociedad salvadoreña continúa presentando contradicciones fundamentales que no lograron ser acometidas por los Acuerdos de Paz, pese a sus buenas intenciones iniciales. La transferencia de tierras, el foro de concertación económico-social y la mitigación de los impactos del ajuste estructural, son algunos de los temas más olvidados pero, a la vez, más importantes de esos históricos documentos.

     Con todo, no puede negarse que el planteamiento de Ignacio Ellacuría a favor de la concertación y la transformación social fue validado por la misma historia. El cese de las hostilidades a partir de 1992 y el posterior proceso de reconstrucción dieron paso a un inusitado período de vigoroso crecimiento económico y de ampliación de la participación política, mostrando con ello las bondades de la pacificación.

    Sin embargo —y en el marco del doceavo aniversario del asesinato de los jesuitas de la UCA y de Elba y Celina Ramos—, vale la pena reflexionar hasta qué punto planteamientos fundamentales de los mártires jesuitas Ignacio Ellacuría y Segundo Montes continúan teniendo validez para interpretar la realidad nacional en los albores del siglo XXI. Los factores "endógenos" de la crisis —tal como los llamó Ellacuría—, la problemática de la propiedad (concentración) de la tierra  y el papel preponderante de la población migrante y sus remesas son tres temas de vigente actualidad en el país.

     En sus escritos de 1986, Ellacuría planteaba que el subdesarrollo en Centroamérica se debía "al régimen económico imperante durante decenios en la zona, enlazado a su vez con el orden internacional, el cual, sin haber podido superar la pobreza, antes bien profundizándola y extendiéndola, ha originado la creación de una mínima franja de población que se ha aprovechado de manera absolutamente desigual de la distribución del ingreso y de la propiedad del capital en todas sus manifestaciones".

    Una vez transcurridos quince años desde aquel planteamiento, no puede negarse que la situación ha cambiado notablemente, aunque no tanto porque se haya desconcentrado la distribución del ingreso, sino más bien porque la pobreza ha logrado ser paliada a partir de procesos migratorios y de flujos de remesas internacionales. En efecto, la pobreza ha disminuido, pero no porque el régimen económico haya generado el empleo e ingresos necesarios para ello, sino más bien porque la población ha preferido huir de la pobreza y buscar nuevos horizontes en otros países, especialmente Estados Unidos.

     En la base de este proceso migratorio ha estado la misma condición de subdesarrollo estructural de El Salvador, notable especialmente en la problemática del sector rural. No es casualidad que la problemática de la tierra y del sector rural haya sido, desde siempre, una de las mayores preocupaciones de la UCA, como lo demuestran la organización de eventos de amplía participación social para discutir la problemática rural a principios de los años setenta, los diversos planteamientos institucionales sobre el proyecto de "transformación agraria" del ex presidente Arturo Molina y las diferentes investigaciones de Segundo Montes sobre la tierra, considerada por él mismo como el "epicentro de la crisis".  Los Acuerdos de Paz reivindicaron la importancia de este problema con la inclusión del Programa de Transferencia de Tierras, con el cual se pretendía otorgar tierras a excombatientes tanto del FMLN como de la Fuerza Armada.

    Aunque el citado programa no incluyó una importante cantidad de campesinos sin tierra, ha permitido quitar presión de la problemática agraria, al menos en cuanto a la distribución de la tierra respecta. Fuera de algunos reclamos esporádicos de continuar con los procesos de transferencia de propiedades con una extensión superior a las 245 hectáreas; poco o nada hay que comentar sobre conflictos por la tenencia de la tierra.  Aun así no puede negarse que el agro continúa siendo el "epicentro de la crisis". La caída de los precios internacionales del café y la indefinición de gobierno y productores sobre opciones de agroexportación, amenazan con convertirse en una fuente de conflictividad en el siglo XXI.

     Una muestra clara y reciente, es la reducción del precio internacional del café por debajo de los 50 dólares por quintal. Esto implica que la actividad cafetalera ha caído a niveles de irrentabilidad que ya están incidiendo sobre el empleo y los salarios de trabajadores temporales. Para paliar la crisis y garantizar la recolección del grano y el empleo temporal que genera, el gobierno ha creado ya una nueva línea de financiamiento para el sector cafetalero. Pese a ello, la dependencia del empleo generado por esta actividad de  agroexportación continúa representando una importante debilidad del modelo económico salvadoreño, mucho más con el desfavorable contexto internacional.

     Pero de todos los planteamientos de los mártires jesuitas, probablemente el más actual es el que el padre Segundo Montes desarrollara sobre la creciente importancia que iría adquiriendo la migración y las remesas familiares. Para finales de los ochenta, Montes señalaba ya la importancia creciente de la migración y las remesas familiares, lo cual más de una década después se convierte en una vigente realidad. Se estima que cerca de 1.5 millones de salvadoreños residen en el extranjero y envían anualmente más de 1,900 millones de dólares en remesas que equilibran el maltrecho sector externo del país, combaten la pobreza de las familias que los reciben, mantienen estable el tipo de cambio, controlan la inflación y, en general, sostienen la tan publicitada "estabilidad macroeconómica".

     El régimen económico que reproduce la pobreza, el agro como generador de crisis y las remesas como bastión del régimen continúan presentes en la actualidad, y con muchas más razones para ser considerados como temáticas dignas de atención. Aunque en la década de 1990 se ha generado una importante reducción en la pobreza (desde 59.7% en 1991-92 hasta 41.4% en 1999), a nadie escapa que en lo fundamental la economía salvadoreña funciona gracias el flujo de remesas y de la inversión internacional.

    La economía no tiene las fortalezas necesarias para generar procesos de crecimiento autosostenido y, por tanto, tampoco puede esperarse que pueda superar los retos de la pobreza y la marginación social. Mucho menos en un contexto donde el agro está abatido no sólo por la crisis de los precios internacionales del café (un problema derivado del "orden internacional", diría Ellacuría), sino también por una profundización de la sempiterna crisis de la economía campesina, abatida por los bajos precios de los productos y el impacto de desastres socionaturales provocados por recurrentes sequías e inundaciones.

     Sin duda, la pacificación del país y el efecto positivo de las remesas sobre la estabilidad macroeconómica y el alivio de la pobreza han dado una mínima dosis de viabilidad a la economía y sociedad salvadoreña; pero ello no quiere decir que no se encuentren todavía en ella los mismos factores que en el pasado han conducido a situaciones de crisis, tales como: la concentración en la propiedad de la tierra y los ingresos, la dependencia excesiva del "orden internacional" y el estancamiento de procesos de desarrollo del sector industrial.

     De cara al futuro, continúa teniendo vigencia el planteamiento de Montes y Ellacuría en el sentido de buscar la transformación de la realidad salvadoreña. Pretender que todo está bien solamente conducirá a que las próximas crisis económicas, sociales y/o ambientales sean más profundas y prolongadas. Es preferible buscar el diálogo, la concertación y la sostenibilidad del desarrollo en condiciones de relativa estabilidad como las actuales y no esperar una profundización de la crisis social para hacerlo.
 

    Entablar un diálogo entre el pensamiento de Ignacio Ellacuría y el neoliberalismo podría parecer, a primera vista, una tarea sumamente pretenciosa que conjugaría los conceptos hasta hacerlos converger en una forzada contraposición. No obstante, las líneas de pensamiento de Ellacuría —marcadas en su madurez filosófica por un profundo interés político y liberador— pueden perfectamente contraponerse a la concepción antropológica neoliberal que ata a los individuos a las reglas del mercado.

    Por otra parte, a pesar de que se avizoran cambios significativos en el orden mundial, luego de los últimos acontecimientos que han estremecido a la humanidad —como el derrumbe del bloque del Este y la emergencia de violentos fundamentalismos religiosos—, vale la pena retomar tópicos que ya se han enquistado en la vida de millones de seres humanos. La tarea planteada exigirá un breve bosquejo de lo que se entiende por neoliberalismo y sus principales falencias, para luego insertar el proyecto de liberación de Ellacuría a partir de las tres dimensiones humanas: personal, social e histórica.

El neoliberalismo

    Podemos caracterizar al neoliberalismo como paradigma; es decir, un conjunto, más o menos sistemático de enunciados teóricos que dan soporte a una serie de reformas fundamentalmente económicas aplicadas en las sociedades capitalistas desde los años 70, aunque sus orígenes puedan rastrearse desde los años 40. Si al neoliberalismo se le concede el estatuto de paradigma será posible entablar un diálogo, suponiendo que hay una concepción más o menos fundamentada del individuo, la sociedad y la historia.

    En el neoliberalismo, los agentes individuales de la economía tendrán primacía (personas y empresas privadas), mientras que el Estado pierde sus funciones (eliminación paulatina de sus actividades económicas). Además, en versiones como las de Fukuyama, el neoliberalismo proclamará, influenciado por ideologías posmodernas, el “final de la historia”, tras el fracaso real del socialismo, tomando en cuenta que la tradición posmoderna ha incidido en la propagación de un ambiente matizado por la superficialidad, la acriticidad, la fragmentación y el inmediatismo como criterios de convivencia y de modos de ver el mundo.

    Asimismo, ha influido en la pasividad de los individuos, en tanto que pierden su carácter de  autores de su propia vida en una aceptación de moldes impuestos que determinan su actuación en las estructuras políticas, sociales y económicas. Por último, ha contribuido al solipsismo que se ha traducido en el desinterés por la cosa pública y en la aceptación pasiva de cualquier proyecto colectivista o comunitario.

Persona, sociedad e historia en Ellacuría

    Ellacuría, siguiendo a Zubiri, desarrolla un análisis pormenorizado de las dimensiones individual y social de la realidad humana, para después afirmar que es en la realidad histórica en donde encuentra su plenitud el todo de la realidad. Surgirá, por tanto, el problema de la realización  de la realidad humana y los obstáculos estructurales que la impiden. La realización será posible sólo si se da la plena realización de la persona y de la sociedad. De ahí que algunos de los supuestos antropológicos fundamentales del neoliberalismo, tales como la competencia desmesurada y el individualismo exacerbado sean vistos con recelo desde una concepción ellacuriana.

    Luego de varios años de producción filosófica, Ellacuría llega a la conclusión, a partir de una valoración de los aportes de Marx, Hegel y Zubiri, que la realidad histórica es el objeto de la filosofía.

    No debe perderse de vista la concepción estructural de las dimensiones individual, social e histórica de la realidad humana, en tanto que éstas son momentos propios de su dinamismo, en virtud de la primaria apertura sentiente de la realidad. En la concepción ellacuriana, persona, sociedad e historia no se oponen, sino que, al contrario, se exigen mutuamente para poder dar cuenta de la realidad humana estructuralmente considerada.
 
La dimensión individual

     La realidad humana es la realidad que más lejos ha llegado en el proceso de dependencia y control sobre el medio. Las cosas son materialmente “suyas”, es decir, son estructuras que en su dinamismo tienen independencia por su constitución propia. Sin embargo, la realidad humana es formalmente “suya”, se pertenece a sí misma en la apertura sentiente a la realidad: es un carácter reduplicativo en el que el animal humano es de suyo, suyo; es suidad y en esto radica el que el hombre sea persona. Por tanto, se es persona no a partir de una dimensión espiritual o algo que esté escondido y debe sacarse a la luz. Se es persona en un pertenecerse a sí mismo desde la misma estructura biológica por la que se está abierto a la realidad. Ahora bien, esta pertenencia formal del ser humano viene dada por un proceso de hiperformalización en el cual, el simple momento estimúlico da paso a un momento intelectivo, quedando así el animal de realidades enfrentado a las cosas en tanto que reales.

    Pero ahora surge el problema de la realización humana, no una realización como actualización de potencialidades, sino como una realización efectiva “real” de las posibilidades “reales” conque el hombre cuenta en una determinada situación concreta. Cualquier obstáculo situacional o del individuo mismo impedirá o dificultará, por tanto, su realización. Aquí reside la importancia de resaltar que la persona se encuentra inserta en una situación determinada en la cual deberá realizarse según las posibilidades con las que cuente y en la cual se jugará su propia existencia.

    La situación será considerada como el contenido objetivo del conjunto de las posibilidades que estén a disposición del ser humano. Esta realidad que se le presenta lo obliga a proyectarse para poder llevar a cabo su realización. Pero esta proyección tiene un carácter primario que viene dado por la estructura psico-orgánica humana. Por ello, los animales ya tienen una correspondencia natural con su medio, es decir, ya están proyectados; en cambio, el animal humano tiene que proyectar forzosamente o de lo contrario quedaría irrealizado. Con todo, el hombre sólo podrá proyectar a futuro lo que de alguna manera le permitan sus posibilidades en el presente.

La dimensión social

     El nexo social no surge desde una realidad extrínseca o ajena a la realidad humana; tampoco supone un momento consciente o deliberadamente pensado. La dimensión social está intrínseca y primariamente fundada en lo biológico. Por tanto, surgirá de la misma especie humana, tomada como una realidad física, no como un mero concepto lógico. Pero la especie humana, a su vez, está montada sobre un phylum, es decir, un esquema constitutivo desde el cual se da la pluralidad y diversidad de los individuos; mismos que están vertidos específicamente a todos los demás miembros de la especie.

    Esta versión es por tanto, física y “real”, de modo que los demás están vertidos al individuo y viceversa en una co-determinación que va construyendo los diferentes “egos”. Por tanto, el nexo social se fundará en la versión filética, la convivencia será —como afirma Zubiri— “una presencialidad física de la vida de cada cual dentro de la vida de los demás”. Es una respectividad que mantiene en una co-determinación a los individuos de una misma especie, en virtud de una generación a partir de un  esquema constitutivo sobre el cual están montados.

     Luego, surge el momento de la comunalidad, el cual reafirma el carácter de persona de los individuos vertidos filéticamente entre sí. La realización tendrá que llevarse a cabo en una situación concreta, muy determinada que configura las opciones y presenta las posibilidades a disposición del hombre. La comunalidad llevará a entender que la realización humana, el pleno desarrollo, sólo podrá darse  en términos comunitarios.

    Así entendidas las cosas, resulta que la realización del hombre no puede darse en términos individualistas y/o solipsistas, sino en una determinada situación concreta y una sociedad determinada. Esta imbricación  individuo-sociedad y persona-comunidad encontrará su plenitud desde una perspectiva histórica. Es en la historia en donde se revelan todos estos procesos humanos, de tal suerte que no es posible entender la dimensión individual sin la social ni la histórica.

La dimensión histórica

    El problema de fondo en la dimensión histórica humana seguirá siendo la realización o personalización dentro del cuerpo social, en respectividad con los demás miembros de la especie humana. La dimensión histórica sin más tendrá su base en la génesis biológica misma, concepción que viene a echar por tierra algunas interpretaciones idealistas de la historia. Si la base de lo histórico radica en el carácter biogenético, entonces se hablará de una transmisión de capacidades de estar en la realidad. No obstante, como lo histórico no podrá quedarse en lo puramente natural, comprenderá, asimismo, una entrega de formas de estar en la realidad, esto es, mundos humanos en los cuales se desenvolverá la trama de la vida humana según unas posibilidades dadas. Esta entrega de modos de estar en la realidad debe ser entendido como tradición que afecta no sólo a las personas, sino a todo el cuerpo social, en tanto que la entrega se realiza socialmente; sólo si esto es así lo transmitido puede llegar a ser histórico.

    Pero, para Ellacuría el sujeto de la historia es el phylum, en tanto que éste forma el cuerpo social y es el reino de lo impersonal. Lo anterior no obsta para que en la dimensión histórica no quepan las biografías personales y la historia social y biográfica. Por tanto, la historia no estará por encima de los individuos en la que éstos simplemente son agentes pasivos; al contrario, la historia está por debajo de ellos, de la que son agentes.

Conclusión

    Frente a la consideración excesivamente neoliberal —que desemboca en un “darwinismo social”— se impone la dimensión estructural de la realidad humana como persona y como sociedad. Es esta quizás la mayor refutación de Ellacuría al esquema neoliberal que coarta, paradójicamente, las libertades individuales al limitar la gama de posibilidades desde donde los seres humanos podrían realizarse proyectándose.

    En el fondo, el problema queda planteado en términos de realización dentro de la situación concreta en la que los individuos y las sociedades les ha tocado habérselas. El proyecto de liberación de Ellacuría quedó brutalmente truncado un 16 de noviembre de 1989 y seguramente se alce la necesidad de revisar los conceptos ellacurianos —en palabras del mismo Ellacuría, “historizar los conceptos”. Sin embargo, su aporte no puede ser soslayado para quien se imponga la tarea de plantear soluciones alternativas más humanas a los proyectos económicos y sociales impulsados en la actualidad.

    El tema de las migraciones fue un objeto de estudio abordado por Segundo Montes en la década de los ochenta. En aquella época, El Salvador se encontraba sumergido en una guerra civil y los movimientos migratorios oscilaban del campo a la ciudad y del país hacia otros países receptores. Segundo Montes contribuyó a comprender los procesos políticos que se encontraban sobre la base de este fenómeno. A diferencia de la movilidad asociada a la búsqueda de tierra y trabajo y al uso de los recursos disponibles, en los años ochenta, la movilidad migratoria modificó su patrón en forma significativa, hasta el punto de generar una inflexión en dicho comportamiento. Desde entonces, las migraciones abarcaron un amplio espectro de flujos categorizados en dos niveles, a saber: los documentados y los indocumentados.  Para ambos casos, las causas explicativas oscilaban entre los que migraban por razones económicas, hasta los que migraron en calidad de refugiados, exiliados y desplazados internos.

    Un aporte específico en los estudios de Segundo Montes al respecto fue también determinar el volumen y la composición de estos flujos. A diferencia de las migraciones anteriores al conflicto armado, las nuevas migraciones se caracterizaron por una mayor complejidad tanto en sus causas como en sus efectos. Para esas épocas, la participación de mujeres, niños, niñas y familias completas, de los estratos populares y medios, demuestran claramente lo dramático de la situación económica, política y social que vivía el país. Efectivamente, El Salvador entró en una profunda crisis global en la década de los ochenta que terminó permeando la tradicional dinámica social, hasta el punto que, en la actualidad, el país depende inexorablemente de las remesas familiares para no hundirse dentro de este catastrófico laberinto económico. Y esto para mencionar tan sólo uno de los aspectos determinantes de estos cambios en la dinámica social del país.

    La magnitud de estos movimientos migratorios en el país ha afectado su ritmo de crecimiento económico, su perfil sociocultural y su perfil demográfico. El mapa poblacional de El Salvador se reconfiguró durante y después de la guerra. El país ya no es el mismo. En promedio, la población urbana representa el 52% de la población total y los flujos migratorios internos continúan movilizando gente de las zonas rurales a las ciudades del país y hacia otros países receptores. Con más de un millón y medio de compatriotas viviendo fuera de sus fronteras y con más de mil setecientos millones de dólares anuales en concepto de remesas, El Salvador, ha experimentado procesos de cambio social. Ahora toca determinar cómo las migraciones se han convertido en uno de sus motores principales.

    Paradójicamente, el rol del Estado y del gobierno central no ha sido significativamente crucial en lo que a política migratoria se refiere. En la época en la que Segundo Montes investigó este fenómeno, las políticas de contrainsurgencia organizadas a través del aparato estatal por los gobiernos de turno, fueron las responsables de la mayor parte de desplazamientos poblacionales en búsqueda de seguridad. En su afán por estudiar estos movimientos, Segundo Montes, dio excelentes aportaciones para la comprensión del tema de los refugiados. A su vez, se dedicó a estudiar el impacto de las remesas en el país, remesas que en parte, fueron producidas y enviadas por un alto porcentaje de esta población desplazada por razones políticas, económicas y sociales.

    La agudeza de sus análisis nos permitió conocer no sólo el monto anual de estas remesas, sino también su contribución a la economía nacional en cuanto flujo de divisas. Contradictoriamente, aquellas personas y familias que abandonaron sus casas y sus lugares de origen contra su voluntad, en el afán de apoyar a sus parientes en el país, terminaron contribuyendo a sostener la malograda economía nacional. Pese a estos aportes significativos, aun en la actualidad, estos compatriotas en la diáspora adolecen de una política migratoria coherente y estructurada de acuerdo a sus fines e intereses.

    No obstante la diferencia de la época en que Segundo Montes investigó este tema, en la actualidad el gobierno ha desarrollado intensas campañas para que dentro de la política migratoria de los Estados Unidos se flexibilice las posturas con respecto a las y los salvadoreños ilegales en aquel país. El principal argumento de los últimos dos gobiernos centrales ha sido demostrar su incapacidad económica de absorber productivamente y sin generar conflictos sociales a esta población numerosa en un corto período. Sin embargo, estas campañas revelan un problema más de fondo: la ineficiencia de los gobiernos de frenar las oleadas de emigrantes a través del desarrollo de políticas sociales encaminadas a reducir la exagerada brecha entre ricos y pobres y su incapacidad de asumir con liderazgo, su rol rector en el campo de la economía. Sin duda alguna, estos aspectos ya habrían sido objeto de estudio para Segundo Montes.

    El Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, fiel a la tradición de Segundo Montes, está trabajando en una investigación sobre el problema de las migraciones. En este sentido, quiere indagar sobre diferentes tópicos asociados a esta temática, especialmente, los de carácter sociocultural y su relación con el cambio social. Los aportes de Segundo Montes constituyen nuestro punto de partida en esta empresa y como tal, queremos presentar a continuación, en el marco del XII aniversario de su martirio, algunas reflexiones sociológicas al respecto.

    Uno de esos aspectos tiene que ver con el tema de la transculturización o con la transmigración de nuevos sentidos y significados de la acción social. Los emigrantes salvadoreños han establecido nuevas redes sociales a través de las cuales se relacionan con “su gente” y con sus comunidades. En estas relaciones sociales, estos emigrantes no sólo envían remesas, sino que con ellas transfieren los sentidos y significados adoptados de la cultura del país receptor. Trasladan una nueva visión del mundo, una nueva racionalidad en la misma acción social y un nuevo orden en la escala de los valores sociales y culturales.

    Esto inexorablemente está provocando cambios en los patrones de vida, de consumo y de conducta social en la población que depende y ha entrado en contacto con los emigrantes. También está generando cambios en las formas de organización familiar y en las formas como las personas se vinculan con diversas instituciones. Indiscutiblemente, estas nuevas conductas sociales alimentadas por los procesos de transculturización demandan ser investigadas. La identidad cultural está pasando por un acelerado proceso de cambio y comprender sus causas y efectos podría ayudar a comprender la nueva configuración societal de El Salvador.

    Por otra parte, el fenómeno de las migraciones puede ayudarnos a comprender otras manifestaciones del proceso de globalización. Los flujos migratorios de ilegales no se han detenido en el país. Pese a los peligros y las medidas de seguridad y vigilancia que han adoptado los países receptores, cada día, cada semana, cada mes, muchas personas sin ninguna oportunidad de empleo o de estabilidad económica inician el camino de la diáspora hacia otros países y de manera muy recurrente hacia los Estados Unidos. En cada uno de estos desplazamientos se desafía la idea misma de mundialización y del pensamiento único. Las migraciones son causa de una libertad de pensamiento, de actitudes, de costumbres y por estas razones, escapan al control social. La transculturización también afecta a los países receptores y posiblemente esto explica en parte por qué estos países endurecen sus políticas migratorias y tratan al emigrante “ilegal” como peligroso e incontrolable. En el fondo, hay un afán por invisibilizar a estos seres humanos.

    Desde este contexto explicativo, las migraciones son una forma de protesta en contra de una organización de la vida alrededor de la sola producción. Las migraciones son una manifestación de rebeldía en contra del nuevo orden mundial. Definitivamente, las migraciones son una manera de escapar a la muerte lenta, a la muerte súbita. Desde el punto de vista antropológico, la innata capacidad de innovación que poseemos los seres humanos, nos lleva al riesgo y a la aventura. El sueño utópico de un nuevo horizonte permea la voluntad de los migrantes y antes de aceptar la muerte, se lanza en búsqueda de ese horizonte sin importar los costos. Aquí el migrante se reconoce en el otro migrante. Ambos aceptan llevar juntos los riesgos y sufrimientos. La movilidad pone el acento sobre el hecho de que lo provisorio, lo precario, todo lo que es propio a esa aventura individual, tiende a reforzar el cuerpo colectivo y a serle necesario.

    Segundo Montes nos ayudó a comprender que las razones fundamentales del fenómeno actual de las migraciones se deben a situaciones de supervivencia. Esto implica entonces que aquel que emigra no defiende lo que posee, sino lo que es. Reafirma esa parte de él que escapa a todo control, esa parte que no es “fuerza de trabajo”  transformada en mercancía.

    En su primer movimiento, el emigrante es rebelde. Si no fuera así, al individuo le bastaría juntarse a los que se dedican a robarle a los demás el objeto de su envidia. No obstante, cuando los controles migratorios o de repatriación se hacen más agudos, entonces la propensión a este tipo de actos delictivos se incrementa debido a que se reducen los espacios de movilidad, generando analogías de riesgo entre ambas actividades: emigrar y delinquir. Sin embargo y gracias a la cultura dominante del país receptor, pasa que muchas veces el migrante, una vez instalado en ese país, pierde su rebeldía, su memoria, pierde su pasado. Se generan procesos de aculturación que influyen directa e indirectamente sobre la identidad cultural de estas personas.

    Frente a estos elementos socioculturales, las migraciones revelan que las cosas han cambiado. El sistema practicó la destrucción de las instituciones tradicionales a fin de liberar para el mercado el elemento de trabajo. Prácticamente, todas las organizaciones no contractuales de parentesco, de vecindad, de profesión han venido siendo destruidas. Estamos evidenciando la forma en que las tradiciones y costumbres vinculadas a la sociedad orgánica están desapareciendo, ante lo cual se generan diversos problemas de identidad cultural.  Estas situaciones nos motivan a reiniciar el trabajo investigativo de Segundo Montes en lo que respecta a este tema crucial, para comprender uno de los aspectos fundamentales del cambio social en El Salvador.
 
 

Colaboración de Sergio Bran, Jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA

El análisis de este hecho criminal y sus repercusiones, si pretende tener algún nivel medianamente respetable de profundidad, no puede ni debe dejar de considerar uno de los capítulos más oscuros que debería estar escrito en el libro de nuestra historia nacional más reciente. Y decimos oscuro, tanto por lo sangriento del mismo como por lo poco que ha sido escudriñado en serio. Se trata de todo lo relacionado con los fatídicos "escuadrones de la muerte". ¿Por qué sostenemos la necesidad de traer a cuenta esos grupos en este caso, si el crimen ocurrió cuando a diestra y siniestra se hablaba tan bien del "modelo de paz salvadoreño"? Pues, sencillamente, porque fue uno de ellos —en una de sus tantas versiones de la postguerra— el que se encargó de materializar la decisión de eliminar a este joven y prometedor político opositor, adoptada por uno o de varios individuos con autoridad y recursos para ello.

    Fue uno de esos grupos el que planificó y ejecutó esa acción criminal que, sin duda, puso en peligro lo que algunas voces calificaron como el "proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en los acuerdos de paz". Entre paréntesis, cabe decir que otras opiniones más críticas y comprometidas con los sectores de "abajo y adentro" preferían mejor hablar de un "proceso de cumplimiento formal e incumplimiento sustantivo de los compromisos adquiridos..." Pero, independientemente de esto último, ese grupo no vaciló en cumplir la misión de ejecutar a su víctima sin importarle el impacto político que podría tener tal acción. Y no vaciló porque confiaba en que su estructura, su ubicación y sobre todo sus relaciones eran las mejores garantías para que sus integrantes no tuvieran problema alguno; éstos se sentían muy seguros de que nunca, nadie, se atrevería a demandar —con la más sana de las "terquedades" y hasta las últimas consecuencias— el conocimiento de la verdad y el castigo correspondiente para quienes resultasen judicialmente responsables.

    Pero en algo fallaron sus cálculos, hechos sobre la base de un pasado aún fresco en el cual accionaban con toda la impunidad del mundo. No en balde, la Comisión de la Verdad definió a los "escuadrones de la muerte" —en su Informe que salió a la luz cinco días antes de la amnistía de Cristiani— como "uno de los instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años". Y llegaron a serlo porque, en el horizonte de entonces, no se alcanzaba a observar la más mínima probabilidad de una investigación siquiera tímida al respecto, debido a que —citando de nuevo a la Comisión— muchas "de las autoridades civiles y militares que actuaron durante los años ochenta, participaron, promovieron, y toleraron la actuación de estos grupos". En medio de semejante escenario, ¿quién se atrevería "tocarlos" con éxito?

    De la fecha en que finalizaron los combates militares, transcurrieron casi catorce meses para que se planteara la necesidad de indagar en serio sobre la historia, la composición, el accionar, el financiamiento y el encubrimiento de los "escuadrones". Se suponía que la institución promotora de tan atrevida iniciativa tenía algo de autoridad y fuerza, pues había surgido como uno de los compromisos más importantes de los acuerdos de paz. Esa institución era, precisamente, la Comisión de la Verdad; en su ya citado Informe, ésta  recomendó emprender "de inmediato una investigación a fondo".

    Cabe mencionar que en el mandato de la Comisión, incluido dentro del llamado "Acuerdo de Chapultepec", las partes también se comprometieron a cumplir sin reparos todas las recomendaciones emitidas por la institución. Pero en este caso, al igual que en otros, no ocurrió así; eso confirma aquello que sostuvimos en el segundo párrafo de esta entrega sobre los "cumplimientos formales" y los "incumplimientos sustantivos" del "proceso".

    Como no se investigó "de inmediato", pasó lo que tenía que pasar: los "escuadrones" siguieron asesinando gente. La lista de sus víctimas, además de Darol Francisco Velis Castellanos, incluye otros nombres: Juan Francisco García Grande, Óscar Humberto Grimaldi Burgos y José Mario López Alvarenga son sólo algunos. A ellos, habría que añadir dos atentados contra la entonces diputada Marta Valladares —conocida como Nidia Díaz— y las amenazas dirigidas a Francisco Jovel. Todas estas personas ocupaban importantes cargos en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    La Comisión tantas veces mencionada advirtió muy claramente en su documento final sobre eso. Y lo hizo así: "Es necesario adoptar toda las medidas que sean precisas para asegurarse del desmantelamiento de los mismos (refiriéndose a los "escuadrones"). A la luz de la historia del país, en este campo la prevención es imperativa. El riesgo de que tales grupos renueven su acción siempre existe". Parafraseando el título de aquella gran película: mejor formulación, imposible.

    Desde nuestra Universidad, también se externó la misma preocupación. Pero de nada valió. Pesó más la necesidad de quienes con urgencia —en uno y otro bando, incluidos quizás hasta algunos de los que estamparon su firma en el "Acuerdo de Chapultepec"— querían impedir a toda costa que se les siguiera señalando como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que existiese la posibilidad de ser juzgados por ello. Escarbar en estos asuntos era demasiado arriesgado para esos que —al quedar impunes— probablemente continuaron haciendo más de lo mismo, en el marco de un "proceso de paz" del cual hasta se convirtieron en sus "analistas".

    Sobre este tema, la Comisión de la Verdad también señaló en su Informe —entre otras cosas— que la institucionalidad nacional pertinente debía “concentrar esfuerzos en investigar la conexión estructural” comprobada entre dichos grupos y diversos organismos estatales. Eso era fundamental y urgente para evitar más muerte y dolor. De lo contrario, refiriéndose a sus integrantes, advirtió que éstos podrían movilizarse sin mayor problema “para cometer nuevos actos de violencia en el futuro” al no estar claramente identificados y desarmados”.

    Las necesarias medidas no se adoptaron cuando debió haberse hecho y, consecuentemente, el terrible pronóstico no tardó en concretarse. En esas condiciones operaron los “escuadrones” para cometer los crímenes que ya mencionamos, entre ellos el de Velis Castellanos. Al menos por omisión, pues, el Estado salvadoreño tuvo alguna responsabilidad en ellos. Fue hasta el 8 de diciembre de 1993 que se integró el llamado Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales con Motivación Política. A éste le encargaron las tareas siguientes: organizar, dirigir y supervisar un equipo de investigación, para luego presentar un documento público con otra tanda de conclusiones y recomendaciones sobre el tema.

    De lo más rescatable dentro de su Informe, que a final de cuentas pasó sin mayor pena ni gloria, debemos referirnos a lo que se puede asumir como la confirmación del Grupo Conjunto a la ya citada advertencia hecha por la Comisión de la Verdad: estos grupos mutaron su funcionamiento para pasar de la motivación política al accionar de cualquier tipo por dinero. Sus integrantes, pues, buscaron otro modus vivendi; sin abandonar los métodos del pasado reciente, operaron de forma menos centralizada en los ámbitos de la delincuencia común y el crimen organizado. Además, abrieron un nuevo “rubro” o fortalecieron algo que ya existía: alquilarse al mejor postor para consumar venganzas personales, eliminar enemigos económicos, realizar “justicia privada” o hasta ejecutar acciones con motivación política por hechos del pasado. Esto último fue lo que, se presume, ocurrió con Velis Castellanos.

     De la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salió el 20 de marzo de 1998 —antes de su premeditada debacle, fruto de la elección de Eduardo Peñate Polanco como su titular en julio del mismo año— una valiente, fundamentada e interesante resolución sobre el asesinato del dirigente político de izquierda. Además de confirmar la violación al derecho a la vida en este caso, por el asesinato de Velis Castellanos y la participación directa de agentes estatales en el crimen, dentro de dicha resolución también se establecieron diversas violaciones al debido proceso legal. De estas últimas, la responsabilidad recayó tanto en miembros de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos y de la División de Investigación Criminal de la PNC, como en funcionarios judiciales y agentes fiscales.

     En la misma se incluyeron sendas recomendaciones dirigidas al Fiscal General de la República y al Juez Segundo de lo Penal de San Salvador, encargado de la causa, en el sentido de realizar investigaciones elementales y asumir con mayor diligencia la depuración del proceso. Todo ello con el objeto de —se cita el texto del documento— “evitar que se sigan produciendo las consecuencias de los hechos violatorios aquí señalados, sobre todo las relativas al esclarecimiento adecuado de los hechos” y para “erradicar posibles actos que toleren la impunidad de miembros de la institución (la PNC) que hayan participado de ilícitos”.

     Sin duda, la resolución de la PDDH fue valiosa. Pero no debería extrañarnos; estaba cumpliendo su misión constitucional. Lo que sí debemos rescatar sin ningún tipo de explicación y mucho menos regateo, es la constante y férrea decisión de una madre que por encima de cualquier obstáculo —relacionado con la dilatación del proceso, lo peligroso de la estructura criminal que enfrentaba o su avanzada edad— se mantuvo firme hasta el final de la causa contra los autores materiales del asesinato.

    A ella, la acompañamos en su lucha desde el IDHUCA. Primero indirectamente, monitoreando la actuación de las instituciones estatales que debían responder a las legítimas aspiraciones de justicia que albergaba esta ejemplar señora. Desde 1993, le seguimos los pasos a la Fiscalía General de la República, al Órgano Judicial y hasta la misma PDDH. Posteriormente, tuvimos contacto con la parte ofendida y nuestro involucramiento se incrementó. Ya en el presente año, debido a algunas señales inquietantes originadas en la cúpula de la Fiscalía, asumimos la representación de la madre e iniciamos la coordinación respectiva con los fiscales asignados al caso. De forma coordinada, con estos funcionarios se trabajó la estrategia a impulsar en adelante, principalmente durante la vista pública.

    Así, en septiembre del 2001 se instaló el tribunal de jurado para conocer del caso. Cuatro mujeres y un hombre, a lo largo de más de noventa y seis horas, demostraron la validez de esta institución que debe entenderse como una forma de participación de la sociedad en la impartición de justicia. La actuación interesada, lúcida y creativa de estas cinco personas, ciudadanas a carta cabal, representa un irrefutable desmentido a quienes en el marco de una peligrosa contra reforma Penal y Procesal Penal que se está impulsando actualmente —incluido el Fiscal General de la República entre sus promotores— cuestionan la existencia del tribunal de conciencia. Y lo hacen para favorecer sus intereses o justificar sus incapacidades.

    El caso Velis no debe quedar en el olvido por, al menos, tres razones. La primera: revela una confabulación estructural para organizar, financiar, tolerar y proteger a grupos criminales. La segunda: desmonta el discurso falso sobre la “voluntad política” del Estado salvadoreño para entrar a ese oscuro mundo y desarticular los grupos criminales que en él operan. Y la tercera: reivindica el papel de las víctimas y lo justo de su lucha. En ese marco, a diez años del fin de la guerra, el documento de Chapultepec es más el “recuerdo de paz” que un acuerdo hecho realidad. Debemos entonces —si queremos construir un país distinto— comenzar a desplazar los protagonistas de la guerra y del incumplimiento de lo que pactaron para acabar con ella, para mejor impulsar la actuación decidida de las víctimas en su búsqueda y obtención de justicia. Caminemos con ellas, reivindicando su dignidad.
 

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