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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 977
noviembre 20, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Armas de fuego y violencia
Política:  El órgano judicial entre fuego cruzado
Economía:  El presupuesto general de la nación para 2002
Comunicaciones:  Variedad en las entrevistas televisadas
Opinión Pública:  Alcohol, armas y violencia
Documento:  Carta a Ignacio Ellacuría

 NOTICIAS
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL

     A partir de la investigación pionera sobre el problema de la violencia en El Salvador, realizada desde la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" en 1997, mucho camino se ha recorrido en torno a la comprensión de los factores que se asocian el fenómeno, lo alimentan, lo materializan y hacen que su solución sea más difícil. En las páginas de este semanario, en las publicaciones del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y en los pronunciamientos públicos de las autoridades de la universidad se ha insistido hasta la saciedad, con argumentos y pruebas empíricas consistentes, en la incidencia que sobre los niveles de violencia en el país tienen la portación y tenencia de armas de fuego en manos de civiles.

     Repetir que las armas de fuego —al igual que otro tipo de armas— están hechas para provocar daños mortales parecería un lugar común al que no conviene volver; sin embargo, la ceguera que prevalece al respecto en determinados círculos gubernamentales obliga no tomarse tan a la ligera esa verdad de perogrullo. En efecto, entre las armas con las que puede contar una persona o un grupo para hacer daño a otros —defensiva u ofensivamente, voluntaria o involuntariamente— las armas de fuego son particularmente letales, no sólo por la potencia del disparo de que se trate —lo cual evidentemente depende de su calibre—, sino por la relativa facilidad y las ventajas de su uso.

    Disparar un arma de fuego —lo sabe cualquiera que haya tenido una en sus manos— es     relativamente sencillo y seguro, sobre todo si se trata de armas cortas como revólveres, pistolas o escuadras. Otras armas —cortopunzantes, por ejemplo— pueden ser igualmente letales, pero las condiciones de su uso —distancia, comodidad, protección— las hacen menos eficientes que un arma de fuego para lograr los propósitos que se persiguen con su uso.

     Quienquiera que tenga un arma de fuego en su poder tiene en sus manos un instrumento creado expresamente para causar daño a otros. Seguramente, habrá quienes compran armas para adornar las salas de sus casas, quienes las quieren para lucirlas en la cintura y quienes para colocarla en la gaveta de la mesa de noche y poder así dormir tranquilos.  Es decir, no todos los que adquieren un arma lo hacen con el propósito de usarla en contra de alguien en particular; más aún, es probable que a muchos de los que cargan un arma encima o la guardan en casa ni se les cruce por la cabeza dispararle a otro ser humano en algún momento de su vida. Tampoco se les ocurre pensar que, más allá de sus motivaciones y moralidad personales, tienen en su poder un instrumento de muerte, del cual lo más prudente es deshacerse de inmediato, pues basta halar del gatillo —por accidente, por ofuscación o por imprudencia— para que se puedan provocar daños irreparables.

     La lógica es simple: entre más personas tengan armas en sus manos, mayores serán los riesgos asociados a su uso no sólo entre quienes andan armados, sino entre éstos y quienes están desarmados. La situación de violencia en que se debate el país habla por sí misma: múltiples crímenes son cometidos con arma de fuego y sus responsables no necesariamente son delincuentes o personas que portaban ilegalmente el arma con la que causaron dolor a quienes por desgracia se atravesaron en su camino.

     En alguna ocasión funcionarios de alto nivel han dicho que, dados los elevados niveles de violencia que prevalecen en la actualidad, no es oportuno suprimir la tenencia y portación de armas en manos de civiles, puesto que eso dejaría en desventaja a los ciudadanos honestos ante los criminales. El razonamiento es inconsistente y burdo. Y es que los elevados niveles de violencia —en los que lesiones y asesinatos con arma de fuego aparecen como variables preponderantes en las estadísticas sobre violencia— exigen justamente una acción drástica para reducir la tenencia y portación de armas de fuego en manos de civiles.

    Seguir justificando la armamentización ciudadana significa seguir fomentando la violencia social. A esto habría que agregar lo falaz del argumento que sostiene que un ciudadano armado está más seguro que uno desarmado: quienes piensan de este modo deberían de tomarse la molestia de revisar los informes policiales en los que queda de manifiesto lo poco que sirve una pistola en manos de un civil a la hora de hacer frente a delincuentes preparados para doblegar a sus víctimas.

     Otro tipo de argumento no menos burdo e inconsistente es aquel que pretende legitimar la armamentización ciudadana dividiendo a los salvadoreños en buenos y malos: los buenos sí tendrían derecho a portar un arma, mientras que a los malos habría que privarlos de ese derecho. La pregunta clave aquí es cómo se hace —cuál es el criterio— para determinar quién es bueno y quién es malo.
 
    Un criterio puede ser el legal: los que tienen un arma registrada según los requisitos de ley estarían     entre los primeros, mientras que el resto estaría entre los segundos. Lo que sucede es que las estadísticas de violencia revelan que un sinnúmero de lesiones y homicidios se cometen con armas legalmente registradas. Otro criterio puede ser el económico-social: aquellas personas con un status respetable en la sociedad serían las buenas, mientras que las malas serían aquellas que no gozan de ventaja económico-social alguna. De nuevo, los estudios sobre la violencia indican que en el mundo del crimen hay involucradas muchas personas presuntamente respetables y con indudables ventajas económicas y sociales.

     Así, la idea de armar a los buenos y desarmar a los malos es, además de impracticable, peligrosa, no sólo porque diversas actividades delictivas son cometidas por personas presumiblemente buenas —que cuentan en su haber con verdaderos arsenales debidamente registrados—, sino porque con un arma en la mano la persona más honesta y responsable puede convertirse en un homicida de la noche a la mañana.

     La lucha contra la tenencia y portación de armas de fuego  debería ser una de las principales banderas de quienes dicen preocuparse por la violencia social prevaleciente en el país. Está más que demostrado que el registro legal de un arma de fuego o la presunción de honorabilidad de quien la porta no constituyen garantía de nada, ni para su dueño ni para la sociedad en su conjunto. Al contrario, cada persona que tiene acceso a un arma de fuego es una amenaza para ella misma y para quienes la rodean o se le cruzan en el camino.

[Extracto]

    Hace algunos meses, el presidente de la República, Francisco Flores, declaraba, luego de un fallo judicial en el que un juez dejara libre a un acusado de secuestro, miembro de la desaparecida guerrilla izquierdista, que era un insulto para la población que el Órgano Judicial dejara libre a personas de esa calaña, responsables de haber causado tanto duelo a las familias salvadoreñas. Aquella condena enérgica de un fallo judicial por parte del mandatario salvadoreño reflejó lo que suelen hacer, en general, los actores políticos de derecha cuando se trata de un fallo judicial con el que no están de acuerdo. Todos los órganos de propaganda se ponen en marcha para criticar y cuestionar a los jueces, acusándolos de corruptos e incompetentes.

El mismo comportamiento se detecta en la izquierda cuando se trata de un fallo judicial que va en contra de sus intereses. La izquierda suele acusar al Órgano Judicial, especialmente a las instancias más altas en la jerarquía, de actuar bajo presión o en connivencia con el poder de turno. Prueba de ello son las declaraciones de algunos dirigentes del FMLN en torno a la resolución judicial acerca de la desestimación del recurso interpuesto en contra de la dolarización. Un diputado de este partido se refirió a tal decisión en términos de "estado de derecha" para recalcar la inclinación de la Corte Suprema de Justicia a favor de los intereses del partido gobernante, en claro rechazo al Estado de derecho por construir.

[Extracto]

    Nuevamente la aprobación del presupuesto ha generado encontradas reacciones frente al mismo, especialmente de parte de los diputados de oposición que cuestionan el creciente nivel de endeudamiento y hasta la legalidad de la emisión de las Letras del Tesoro (LETES), con las que el gobierno ha venido financiando su déficit. Adicionalmente, también es importante reparar sobre los detalles de la distribución del presupuesto por institución, pues en el anteproyecto de presupuesto para el año 2002 los ramos de educación y salud —principales ejecutores de la política social— han experimentado una reducción de su participación en el total en aquél. Simultáneamente, el servicio de la deuda pública ha experimentado un crecimiento bastante generoso que refleja —de nueva cuenta— que, aunque El Salvador no se encuentre en una franca situación de crisis fiscal, sí se encuentra en una situación de creciente endeudamiento y déficit fiscal, el cual obedece en parte a la presión que sobre las finanzas públicas ejerce el servicio de la deuda.

 El contexto no es nada halagador, no solamente por la ya referida tendencia hacia el endeudamiento público, sino también porque la distribución del presupuesto sigue mostrando rigideces que limitan severamente su potencial efecto de apoyo al desarrollo sostenible. Esto no solamente porque el tema del gasto social no se acomete como se debería (especialmente después de los desastres provocados por los terremotos), sino también porque no se otorga el debido apoyo a instancias relacionadas con el apoyo al desarrollo económico y a la gestión ambiental.
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda. www.mh.gob.sv
(1) Para 2002, el presupuesto de Seguridad Pública y Justicia se integró al ramo de Gobernación.
 

COMUNICACIONES

    Bien explotada, una entrevista televisada supera en cierto modo la gran carencia de la pantalla chica: profundidad en el conocimiento de la realidad. Una entrevista debería servir para algo más que aumentar o fortalecer la presencia pública de algunas personas. En teoría, la amplia conversación entre un periodista y un personaje importante en televisión tiene varias ventajas, como la de permitir al público ahondar en un tema que un reportero abordó en unos cuantos minutos durante un noticiero. Además, la imagen, por sus propios atractivos, cautiva más público que la palabra escrita, especialmente en países como el nuestro, donde la lectura no es un hábito popular. En una entrevista televisada, el telespectador puede ser testigo de las reacciones de los invitados (aunque no siempre sean espontáneas), de su carácter y hasta de su sinceridad.

    En El Salvador, el formato de entrevista televisada se vio por primera vez en “Punto de Vista”, transmitido por canal 10 antes de 1985. Ahora vemos la proliferación de programas de entrevistas, como hace unos quince años vimos la multiplicación de los noticieros a partir de la aceptación del noticiero de canal 12 y de la coyuntura nacional que generó el terremoto de 1986.

    En los últimos años se han visto ciertas innovaciones en los temas abordados, la perspectiva adoptada y los personajes entrevistados. Las temáticas en general han trascendido lo político y se han extendido a lo cultural-artístico, por ejemplo. Hoy, los programas de entrevistas están diseñados para atender las necesidades de las llamadas ‘audiencias segmentadas’. La entrevista televisiva, al igual que lo hizo la radio en años anteriores, está diversificándose y buscando públicos más específicos.
Existen ahora más de diez programas de este tipo en los distintos canales locales.

    En 1996, el periodista Mauricio Funes decía que los espacios de información y opinión en los medios salvadoreños se habían multiplicado “por un interés estrictamente económico, de búsqueda de la máxima rentabilidad, y por el convencimiento de la importancia que tiene el control de la información, es decir, de lo que la población puede ver y considerar como fundamental”. Estos factores aún siguen pesando en las televisoras y en algunos casos influye especialmente la presión por llenar espacios con producciones de bajo costo y de contenido informativo.

    Ese formato que apareció primero con “Punto de Vista” tuvo como primera heredera a la entrevista “Al Día”, que no ha experimentado cambios significativos en los últimos años, excepto aquellos que tienen que ver con el uso de la tecnología (las conexiones en vivo y el correo electrónico para recibir preguntas de la audiencia). “Frente a Frente” ha heredado a su vez la tradición del canal 12 de tener en estudio a uno o más invitados que dialogan con el conductor por una hora sobre los temas noticiosos del momento.

    Igual sucede en las entrevistas televisivas diarias que hay en los canales 21 y 33. En cuanto a la temática, la mayoría  de estos programas son repetitivos al igual que en cuanto a los invitados (los ‘hiperentrevistados’). La escasez de tiempo y la inmediatez no les permiten la diversificación y, al mismo tiempo, limitan su creatividad. No hacen más que ‘profundizar’ en la actualidad y, raras veces, lo hacen bien.

    Al margen de que, visualmente, los estudios de las entrevistas no son atractivos, estas adolecen de distintos problemas especialmente relacionados con quien las conduce. Son escasos los entrevistadores que demuestran un conocimiento suficiente de los temas que tratan. Esta es una de las características que ha beneficiado desde sus inicios a la entrevista “Al Día”. A Mauricio Funes se le pueden criticar muchas cosas (su actitud extremadamente desafiante y agresiva o la longitud de sus preguntas, por mencionar algunos aspectos), pero difícilmente se le puede juzgar por el dominio que demuestra de la realidad nacional y por la preparación que se observa detrás de sus entrevistas. Quizá esa sea una de las razones por las cuales en su programa no han desfilado  tantos conductores a lo largo del tiempo.

    El periodista inglés George Hills dice que “el éxito de una entrevista, como fuente de información, depende más que de ningún otro factor de sus preparativos, es decir del cuidado y la preparación... y el grado al que el entrevistador se prepare para poder sacar del entrevistado la información deseada”. Precisamente esto es lo que falla en muchas entrevistas diarias del país. Una entrevista no depende exclusivamente del invitado, o de la polémica que despierten los temas. Tampoco basta con "saber" de los temas. Se necesita una labor exhaustiva de documentación previa que garantice una buena conducción de la conversación. Demuestra poco dominio del tema un entrevistador que necesita recurrir varias veces a una lista de preguntas y leerlas directamente ante cámaras (como sucede en “De Cerca”), pues eso le resta fluidez a la conversación y seguramente le impide al entrevistador captar aspectos imprevistos, que enriquecerían la discusión.

    Algunos entrevistadores no hacen más que decir a su invitado: "cuéntenos como fue eso", y una pregunta tan general como esa no puede llevar a nadie a profundizar en nada. En los temas políticos más que en otros, se requiere mucha más precisión y concreción en las preguntas para generar respuestas que frente las divagaciones y ambigüedades de los entrevistados. Hills afirma que “Haber averiguado el mayor número de datos, antecedentes y carácter del entrevistado, y haber adquirido algunos conocimientos del tema, hará más probable que el entrevistador acierte en la selección y formulación de la primera y subsiguientes preguntas”.

    Otro problema común en los entrevistadores locales es el del protagonismo que intentan asumir a lo largo del programa. Aunque no sea este su objetivo, un conductor se impone si hace siempre preguntas excesivamente largas; si hace mucho énfasis en la relación personal que tienen con sus invitados (como el caso de la entrevista hecha al general Mauricio Vargas o más recientemente al diputado Rodrigo Ávila, en “La Otra Cara”); si reitera lo que sabe, lo que ha leído o los viajes que ha hecho (como sucede frecuentemente en “Universo Crítico”, de canal 10). Hills dice que “no puede considerarse profesional al entrevistador que quiere lucirse, que considera que su imagen es esencial e insiste en ser el protagonista visual”.

    Hablando sobre la ecuanimidad que debe mostrar el periodista, Hills arguye que “si el entrevistador se identifica con un bando u otro, deja de representar a todos los oyentes. Por lo tanto, ha de abstenerse rigurosamente de exponer sus propios pensamientos o expresar su propio criterio sobre lo que el entrevistado opine”. Y no es extraño oír a los conductores de entrevistas locales usar adjetivos calificativos para referirse a la “interesante” personalidad de un funcionario o a su “positivo” desempeño en tal o cual cargo. De preferencia, los adjetivos son terreno proscrito para los periodistas. En el ámbito profesional, un entrevistador no debería de ser ni tan confrontativo tal que su programa parezca más un interrogatorio que otra cosa, ni tampoco debería ser tan indulgente.
 

Colaboración de Nátaly Guzmán y Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

OPINIÓN PÚBLICA

    Desde hace ya varios años, la violencia y la delincuencia constituyen uno de los problemas fundamentales para los ciudadanos. Aunque algunos estudios recientes sugieren que los niveles de delincuencia, sobre todo la común, estarían en franca disminución, todavía la magnitud del problema es tal que es imposible decir que El Salvador está resolviendo adecuadamente la problemática, así como es difícil para la gente dejar de preocuparse por la misma. Aun las cifras más conservadoras sobre la cantidad de homicidios que se cometen a nivel nacional proporcionadas por la Policía Nacional Civil, significarían tasas nacionales de homicidios por encima de las 50 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Esto sigue poniendo a nuestro denostado país en la disputa por los primeros lugares en el ranking de la violencia latinoamericana, junto con Colombia y Guatemala.

     En los últimos meses, el contexto de la discusión sobre la seguridad pública y la delincuencia ha sido dominado por los temas del consumo de alcohol y la tenencia de armas. El primero como producto de la ordenanza municipal de la Alcaldía de San Salvador que prohibía la venta y el consumo de alcohol en lugares públicos a partir de las 12 de la noche. El segundo impulsado por las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública quien afirmó que era necesario despistolizar a la población para enfrentar el problema de la violencia; paralelamente, el FMLN está impulsando una iniciativa de ley que tiene como objetivo aumentar las restricciones en el tema de la adquisición y portación de armas por parte de la población.

     Ambos temas han levantado un intenso debate y aunque en las dos las iniciativas que favorecen un mayor control y restricción parecen estar en franca desventaja —la Asamblea aprobó una ley nacional que permite el consumo del alcohol hasta las dos de la madrugada, invalidando las ordenanzas municipales, mientras que por otro lado, las alineaciones parlamentarias no parecen por el momento favorecer un cambio más restrictivo en la ley de armas—, lo cierto es que esta discusión ha traído a cuenta la importancia y la necesidad de una política de seguridad responsable y bien articulada para poder combatir la delincuencia.

     En el tema del alcohol, la alcaldía de San Salvador pretendía limitar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza, como una forma de disminuir los problemas de desorden público, de accidentes de tránsito y de violencia que usualmente están asociados al consumo excesivo del alcohol. La misma hora de prohibición fue fijada por el concejo municipal a sugerencia directa de los representantes de la PNC, para quienes la actividad de los bares y cantinas constituye un problema a medida que avanza la noche.

    La ordenanza, que fue aprobada originalmente sólo por la alcaldía de San Salvador, se extendió rápidamente a otros municipios del Área Metropolitana que siguieron el ejemplo de la primera; sin embargo, la decisión de los gobiernos municipales fue rápida y ruidosamente adversada por los restauranteros y por El Diario de Hoy que vieron en esa medida una violación a sus derechos comerciales y un riesgo para su actividad económica. En este caso, los medios ofrecieron más cobertura a esta posición y a las protestas de algunos de los restauranteros que a la posición de las alcaldías y de la mayoría de la población.

    Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA ha mostrado que el 79 por ciento de los ciudadanos del municipio de San Salvador respaldaban esa medida, mientras que a nivel nacional el respaldo era del 88 por ciento. Otro sondeo realizado por CID-Gallup daba cuenta de porcentajes por encima del 70 por ciento a favor de la ordenanza. Eso significa claramente que la gran mayoría de los ciudadanos estaban a favor de la restricción de la venta y el consumo de alcohol más allá de la medianoche.

     Sin embargo, el clima de discusión generada por algunos medios daba otra impresión. Con la cobertura y el espacio brindado a los restauranteros y a ciertos políticos que adversaban la medida simplemente porque provenían del rival, la impresión general era que la medida no era muy aceptada, algo completamente falso. Varios medios ignoraron el hecho de que mientras duró la medida, los accidentes de tránsito y los hecho de violencia disminuyeron significativamente en las noches de los fines de semana.
 
    La Cruz Roja reportó por ejemplo, una reducción en las emergencias atendidas durante las noches de casi el 50 por ciento en la zona metropolitana y los encargados de las salas de urgencia de los hospitales públicos informaron de una sensible disminución en la atención de casos de violencia, tanto intencional como no intencional. No obstante, este tipo de información tuvo muy poca cabida en varios medios y los mismos se centraron en mostrar el fracaso de las negociaciones del gremio de dueños de bares y cantinas con la alcaldía de San Salvador, que se encontraba satisfecha con los efectos de la medida. Al final, la medida fue derogada como producto de una nueva ley nacional que facultaba el consumo de bebidas alcohólicas hasta las 2:00 de la madrugada y que fue sancionada por el presidente de la república.

     En el tema de las armas, aunque desde 1999 se aprobó una ley que, en ciertos aspectos formales, constituye una ley más completa y avanzada en la tarea de controlar y restringir la portación y el uso de armas, distintas decisiones y decretos de la Asamblea Legislativa se han encargado de desnaturalizar los objetivos de la misma. Sin contar todos los desaciertos que se han cometido desde la aprobación de la ley, en las últimas semanas se ha estado discutiendo el impacto de la poca regulación hacia las armas que existe en el país. Datos publicados por La Prensa Gráfica han revelado que cada año se han matriculado alrededor de 20 mil armas nuevas en los últimos cinco años y que El Salvador es el país que más ha importado armas de la región en los últimos años.

    Como complemento a eso, otros datos han revelado que un poco menos de la mitad de las armas que se registran en el país no provienen del mercado legal de armas establecido en el país, es decir, muchas de las armas que se matriculan provienen de importaciones directas realizadas por los ciudadanos o, en el más frecuente de los casos, de la compra de armas que han ingresado por contrabando al país y/o que han sido robadas en el extranjero.

    Esto ha sido posible en buena medida por una serie de decretos promulgados por la Asamblea Legislativa que han derogado la obligación de los ciudadanos de presentar un recibo de compra a la hora de matricular el arma frente a las autoridades. Al final pareciera que la Asamblea y, en especial, aquellos partidos que han favorecido esos decretos, han estimulado indirectamente el comercio ilegal y el contrabando de armas hacia el país, aumentando con ello la posibilidad de que las mismas sean parte de una cadena de crimen.

     Una encuesta sobre el tema cursada por el IUDOP hace ya un par de años mostraba que en el tema de armas, más de la mitad de la gente estaba en contra de la portación y el uso de las mismas, porque ellas constituyen más un riesgo que un instrumento de seguridad.  Sin embargo, los diputados y algunos líderes políticos y mediáticos han reforzado mucho la idea de que la gente debe armarse como forma de combatir la delincuencia. Al final, El Salvador sufre de uno de los índices más altos de asesinatos cometidos con armas de fuego (alrededor del 75 por ciento) y  constituye el segundo país más armado de la región mesoamericana.

     Todo lo anterior lleva a la reflexión de que es imposible pensar en combatir la violencia y la delincuencia que abaten a nuestro país con medidas estimuladas y aprobadas por las autoridades nacionales que sólo contribuyen a crear las condiciones inmediatas para la ocurrencia de los hechos criminales.

    Muchos de los que están a favor de esas medidas argumentan que la violencia no es producto fundamental de las armas ni del consumo del alcohol; dicen, por ejemplo, que las armas no son las que matan sino que quien las opera y que no hay pruebas contundentes de que el alcohol promueva los incidentes de violencia. En el primer caso, ignoran que la posesión de un arma aumenta la probabilidad de su uso y que la mejor arma es aquélla que no existe pues no puede ser usada para fin alguno; en el segundo caso, se niegan olímpicamente a ver las estadísticas de cualquier tipo de fuente que muestran que el consumo de alcohol aumenta las probabilidades de que las personas sufran un percance que no sufrirían o que no ejecutarían cuando están sobrios.

    Otros que están a favor de esas medida argumentan que las raíces de la violencia no están en las armas y el alcohol y que, por tanto, no sirve de nada controlar esos factores si no se atienden las causas originales más de orden estructural. Aunque este tipo de argumento está en lo cierto en señalar que armas y alcohol no son el origen del problema, ignoran que los mismos sí contribuyen decididamente a agravarlo y que en las actuales circunstancias de descontrol del orden y la seguridad públicas, vale comenzar por los efectos al tiempo que se atacan las causas originales, es decir, el problema es tan grave que no puede esperarse por los resultados de las medidas o políticas que atacan el problema de raíz sin comenzar a neutralizar los factores secundarios.

    Al final, argumentar que se debe permitir que la gente se arme y que consuma lo que le dé la gana sólo contribuye a generar una visión interesada de que no es posible atacar efectivamente el problema y que, por tanto, los ciudadanos deben procurarse seguridad sobre la base de la ley del más fuerte.

     La discusión y las decisiones tomadas en torno a los temas de armas y alcohol muestran la incapacidad de los legisladores salvadoreños y de buena parte de la clase política para enfrentar los problemas de primer orden de forma responsable y eficaz. Cuando los decisores políticos se oponen a medidas que están probadamente señaladas como efectivas para enfrentar un problema y que gozan del respaldo mayoritario de la población, no existe otra explicación para interpretar esas negativas más que la estupidez y el negocio.

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