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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

Editorial:  Fiesta y tragedia
Política:  Internacionalización de la política doméstica
Economía:  La apuesta por el libre comercio
Región:  Elecciones en Honduras: ¿novedad o continuidad?
Opinión Pública:  Los salvadoreños evalúan la situación social y política del año 2001
Derechos Humanos:  A 53 años de la Declaración Universal

EDITORIAL

    El Ministerio de Salud ha lanzado una campaña para hacer de estas fiestas de Navidad y año nuevo unas fiestas que no terminen en tragedia. La campaña es tímida y débil, cuando debiera ser todo lo contrario, porque este tiempo de fiesta, que por su naturaleza debiera ser una época para pensar en los demás y para desearles paz y bien y para celebrar la amistad y el cariño, puede terminar con facilidad pasmosa en una tragedia familiar. Las causas más recurrentes de la tragedia son tres: las balas, la pólvora y el alcohol.

     Desde hace mucho tiempo es costumbre disparar al aire para manifestar alegría —y también descontento. No es extraño que esas balas, llamadas perdidas, lesionen a una persona, a veces a niños, ajenos a los motivos que llevan a esta clase de manifestación extrema. Estas balas se llaman perdidas porque se desconoce quien las dispara. Los que disparan al aire no parecen percatarse del daño que pueden causar y que, de hecho causan. La proliferación de armas de fuego ha hecho que esta práctica que atenta contra la seguridad de los vecinos sea más general y también más dañina. Por eso, la campaña del Ministerio de Salud debiera ser más intensa y agresiva.

    Sin embargo, no es sólo un problema de salud pública, sino también de educación y de seguridad e incluso cultural, porque se trata de cambiar un patrón de conducta bien arraigado en todas las clases sociales. Según este patrón, la manifestación de los sentimientos pone en grave peligro la vida de los demás. Las balas no se perderían si hubiera un desarme general y un control estricto del comercio de las municiones. Tampoco serían perdidas, porque, si hubiera voluntad, se podría identificar a la persona que dispara al aire.

    La otra amenaza grave es el uso de la pólvora. Quemar pólvora es también una costumbre muy arraigada. Si no se quemara pólvora, la fiesta no sería lo suficientemente alegre. Aparte de que quemar pólvora equivale, en la práctica, a quemar dinero haciendo ruido, ello pone en grave peligro a las y los menores, quienes con demasiada frecuencia resultan quemados y, peor aún, con sus miembros lesionados, cuando no amputados. Es paradójico que sean los mismos familiares quienes pongan en manos de los y las niñas esta peligrosa forma de divertirse para alegrar la fiesta, sin enseñarles su uso seguro y sin supervisarlos; aparte que, dadas las condiciones en las que se fabrica la mayoría de la pólvora que se vende en el país, ésta no ofrece ninguna garantía.

    Las quemaduras y la pérdida de los miembros son muy dolorosas para los y las niñas y para sus familiares. En realidad, es una costumbre muy peligrosa. Es humano que la alegría busque maneras para hacerse pública, pero no debiera ser la pólvora, al menos no en manos de los y las niñas. Es contradictorio, por otro lado, quemar pólvora cuando el presupuesto familiar está tan ajustado.

    La tercera amenaza es el alcohol. En este tiempo de fiesta se suelen consumir cantidades desproporcionadas de alcohol, porque pareciera que tampoco puede haber fiesta sin intoxicarse. Es curiosa esta forma de celebrar perdiendo el sentido de la realidad. Lo bueno de la fiesta sería la borrachera. La diversión estaría en emborracharse. Pero es que, al parecer, los verdaderos sentimientos que se esconden en el interior de las personas no pueden expresarse si no es perdiendo la inhibición que los retiene y reprime bebiendo alcohol en exceso.

    La comunicación sólo se hace posible en el sin sentido, lo cual es contradictorio. El cuadro se complica aún más si la persona intoxicada con alcohol posee un arma de fuego o conduce en estado de ebriedad, porque entonces atenta contra su vida y contra la vida de los demás. Además de dañino a la salud, el emborracharse cuesta dinero así como también es causa de grandes pérdidas económicas cuando origina tragedias.

    Así pues, pareciera que en El Salvador no puede haber fiesta ni alegría sin poner en grave peligro la vida de los demás y la propia. Es paradójico que para un tiempo que debiera dedicarse a celebrar y a alegrarse por la familia y la amistad haya que preparar policías, bomberos y hospitales. No es un tiempo de paz como proclama la música navideña, sino un tiempo de peligro. Por eso, estas fiestas de Navidad y año nuevo obligan al gobierno a asignar recursos que no tiene para evitar que la tragedia prolifere.

    En realidad, es el mismo gobierno el que coloca a la población en peligro, al permitir la libre circulación de armas de fuego y municiones, al no ejercer control alguno sobre la fabricación de la pólvora y su comercialización y al renunciar expresamente a controlar el consumo de alcohol. Esta irresponsabilidad aumenta el gasto de los hospitales públicos, los cuales deben dedicar unos recursos que tampoco tienen a atender a los lesionados por estas irresponsabilidades multiplicadas. Porque a la irresponsabilidad del gobierno se agrega, pues, la irresponsabilidad de las familias.

    Estas amenazas que se ciernen sobre la población salvadoreña en estas fiestas de Navidad y fin de año son un reflejo de la inseguridad social cotidiana. No puede ser de otra manera, dada la irresponsabilidad de los gobernantes, de los políticos y en general de las autoridades públicas. No se puede pedir a las familias que asuman responsabilidades que les son extrañas o que modifiquen patrones de conducta muy arraigados sin una motivación fuerte para ello y sin alternativa. Es así como la fiesta se puede convertir en tragedia, y la alegría en sufrimiento. Hay tragedias que se imponen, pero hay otras, como las ocasionadas por las balas, la pólvora y el alcohol que podrían reducirse al mínimo con una buena dosis de mayor responsabilidad por parte del gobierno y de la sociedad, de la familia y de las personas.

    Con todo resulta paradójico que lo que debiera ser fiesta y alegría se vea amenazado por la tragedia. Esta es otra dimensión de la degradación a la cual ha llegado la sociedad salvadoreña. Detrás del descontrol existente en las armas de fuego y las municiones, la pólvora y el alcohol subyace el interés económico; aunque, en el caso de la pólvora, se trata de un medio de vida para centenares de familias obligadas a arriesgar su vida fabricándola en unas condiciones inseguras para poder ganar unos centavos. De esta manera, los valores que se echan en falta no sólo no se cultivan, sino que lo que se promueve es, precisamente, su contrario. Los peligros que se ciernen sobre estas fiestas son una manifestación más de la deshumanización de la sociedad. De lo lejos que estamos de la solidaridad, la fraternidad y la paz, valores que estas festividades proclaman. El Salvador está bastante lejos de la realidad y el espíritu de la Navidad y hace poco por acercarse a ellos.
 

[Extracto]

    Para los que aún lo dudaban, los recientes ataques terroristas a ciudades estadounidenses y la subsecuente respuesta del titular de la Casa Blanca, vinieron a reforzar el hecho de la internacionalización de la política doméstica. A guisa de ejemplo, recuérdese la ya famosa división del mundo, impuesta desde entonces por el cowboy de Texas. George W. Bush advirtió al mundo que quien no está con los norteamericanos está con los terroristas, esto es, ha escogido el mal sobre el bien y tiene que atenerse a las consecuencias. Así, desde aquel fatídico 11 de septiembre, casi todas las naciones del mundo han estado en colas para expresar su adhesión a la nueva guerra antiterrorista encabezada por EEUU. También, desde entonces, y ahora más que nunca, las decisiones políticas internas de los países son objeto de una estricta vigilancia internacional.

    No faltará quien vea en esta realidad —en la imposición externa de las pautas de la política interna de una nación—, una afrenta a la soberanía de los pueblos. En efecto, resulta difícil compaginar los principios de independencia y autodeterminación de los pueblos con las constantes directrices a la  Comunidad Internacional emanadas desde Washington. Cuesta digerir, en fin, que el Estado, visto como eje primordial de la acción política encaminada a la consecución del destino nacional común, sea despojado de su hija más preciada: su soberanía.

[Extracto]

     Desde la llegada del primer gobierno de ARENA se emprendieron una serie de medidas de estabilización y reorientación económica que han marcado el rumbo de la política económica en la década de los noventa e, inclusive, de los albores del siglo XXI. Así, se pusieron en marcha cambios en las formas de hacer política en los ámbitos cambiario, tributario, monetario y comercial; y se anunció la implementación de un programa de reorientación económica que buscaba —como su nombre lo indica— reorientar el aparato productivo en función de nuevos polos de crecimiento que se generarían a través de programas como la reconversión industrial o la modernización agropecuaria.

     A doce años de iniciadas las reformas, pueden detectarse cambios palpables en el ámbito macroeconómico que han tenido impactos ambiguos: unificación del tipo de cambio (que ahora fue fijado por decreto con la "Integración Monetaria" o dolarización), inclinación de la carga tributaria hacia los impuestos indirectos (renta e IVA), control del endeudamiento del gobierno con el Banco Central y desgravación arancelaria. Al mismo tiempo, también ha sido posible detectar una cierta reorientación de la economía, aunque no precisamente gracias a una modernización del agro o de la industria. Más bien se está frente a una economía con creciente dependencia de factores exógenos como las remesas familiares y la inversión extranjera en maquila.
 

[Extracto]

    Contrario al evento electoral nicaragüense, las elecciones generales realizadas en Honduras, el pasado 25 de noviembre, apenas captaron la atención de la prensa centroamericana y mundial preocupada por otras cuestiones de mayor envergadura en la presente coyuntura internacional. Quizás ello se debió a que, en el caso hondureño, no había un “factor Ortega” que diera preocupación a los gobiernos de derecha, ni una izquierda política con aspiraciones serias para tomar las riendas del gobierno. Todo lo contrario. El panorama electoral hondureño es el fiel reflejo de una coyuntura política, social y económica que no augura cambios significativos en el horizonte venidero y que, en términos generales, ha tenido una escasa incidencia en los debates que, hoy por hoy, acaparan el interés general.

    Así, el largo proceso electoral se vio caracterizado por una serie de movimientos partidarios e institucionales que desembocaron en una apretada e incandescente lucha entre los dos principales candidatos presidenciales en la contienda. Los análisis coincidieron en subrayar, una vez más, el marcado bipartidismo prevaleciente en el sistema político hondureño. De hecho, los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal —ambos de derecha— se perfilaron como los aspirantes más poderosos tanto al nivel presidencial como municipal y legislativo. Ambos partidos se han alternado en el poder a lo largo del siglo recién pasado. De ahí la ausencia de elementos significativamente novedosos en el evento —salvo la incorporación de la emisión del sufragio de ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos.

    Los problemas económicos constituyen los asuntos que más preocupan a los salvadoreños a finales del año 2001, según revela la encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. La pesquisa, efectuada con el objetivo de conocer lo que piensan los ciudadanos  sobre la situación social y política del país al terminar el año 2001, se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre del año en curso, con una muestra nacional de 1,215 entrevistas a personas mayores de 18 años que residen en los catorce departamentos del país, y con un error muestral de más/menos el 2.8 por ciento.

     El sondeo revela que a pesar de que la criminalidad es el problema singular más mencionado, en esta ocasión los salvadoreños se muestran más preocupados por los temas económicos (desempleo, pobreza, crisis económica e inflación) que lo que se han preocupado por ellos en el pasado. Más del 60 por ciento de los ciudadanos señalaron este tipo de problemas y esto representa un cambio importante con respecto a años anteriores.

     De hecho, la encuesta de la Universidad Centroamericana reveló que siete de cada diez ciudadanos consideran que la pobreza aumentó en el país en el último año, dos de esos diez creen que siguió igual y solamente uno de esos diez cree que la pobreza disminuyó. La mayoría de salvadoreños (51.4 por ciento) cree que las razones del aumento de la pobreza tienen que ver con los terremotos que tomaron lugar a principios del año; sin embargo, un 22.1 por ciento de la gente acusó a la política económica del gobierno como la causante del aumento de la pobreza y un 11.2 por ciento se refirió a la dolarización como la causa principal del  empobrecimiento. Otras personas señalaron el desempleo, los atentados terroristas en Estados Unidos y la recesión económica mundial como las razones para el aumento de la pobreza.

     Y es que, en general, en el ámbito económico, los indicadores de opinión no son muy favorables. El 54.4 por ciento de los ciudadanos considera que su situación económica personal sigue igual, el 35.2 por ciento cree que empeoró y solamente el 10.4 por ciento señaló que su situación económica ha mejorado.  La mayor parte de las opiniones que indican que su situación económica sigue igual provienen de los estratos obreros y rurales de la población.

     A los salvadoreños se les preguntó su opinión sobre la dolarización que se implementó  a principios del año. La mayor parte de los consultados piensa que la misma ha tenido un impacto negativo tanto en la economía nacional (53 por ciento) como en su economía doméstica (55.1 por ciento); en tanto que un 34.3 por ciento de los ciudadanos creen que la política de integración monetaria ha sido positiva para El Salvador y un 28.4 por ciento señala lo mismo a nivel de su economía particular. El resto de personas dijeron que la dolarización no afectaba en nada las economías nacionales y particulares o no supieron contestar a la pregunta.

Delincuencia

    Con respecto al problema de la delincuencia, las opiniones sobre este tema parecen estar  más divididas que en años anteriores. La sensación de que el crimen ha aumentado no parece ser tan elevada como en el pasado. En esta ocasión, un 42.3 por ciento cree que la delincuencia ha aumentado, un 34.6 por ciento sostiene que sigue igual y un 23.1 por ciento considera que ha disminuido. Los resultados de la pregunta de victimización a causa de la criminalidad muestran que el porcentaje de personas que durante el año 2001 fueron víctimas de la delincuencia es del 16.1 por ciento; en el año 2000 este dato fue del 17.3 por ciento, por lo que los niveles de afectación por el crimen no parecen haber cambiado dramáticamente.

Opiniones sobre las acciones del gobierno

    Los ciudadanos fueron consultados sobre las acciones que el gobierno ha llevado a cabo para enfrentar los daños causados por los terremotos de este año. Dos de cada tres salvadoreños, el 64.7 por ciento, piensan que el gobierno se ha esforzado lo suficiente para reconstruir el país; en cambio, el 34.3 por ciento piensa que no se ha esforzado lo suficiente y el resto prefirió no opinar.
 Las opiniones sobre la efectividad de las acciones del gobierno para reconstruir están divididas: el 40.1 por ciento de los consultados dijo que el gobierno ha sido poco o nada efectivo en la  reconstrucción nacional, el 42.8 por ciento considera que ha sido algo efectivo y el 16.3 por ciento dijo que ha sido muy efectivo.

     En otro orden de cosas, dos de cada tres ciudadanos, es decir, el 65.9  por ciento, están de acuerdo con la decisión del gobierno de retirar el subsidio al diesel en el transporte público; mientras que uno de esos tres está en contra. Asimismo, casi la mitad de los ciudadanos está a favor de la implantación del impuesto  llamado Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), mientras que una tercera parte está en contra del mismo; el resto de ciudadanos dijeron que eso les era indiferente o que no sabían de la medida.

      Por otro lado, los salvadoreños se encuentran divididos con respecto a la valoración del desempeño del gobierno durante el año que finaliza. Según los resultados de la encuesta de la UCA, casi el 40 por ciento de los ciudadanos considera que el gobierno está gobernando bien al país, en tanto que un 27.8 por ciento cree que lo está gobernando mal; un 31 por ciento señaló que el presidente no está gobernando ni bien ni  mal al país. La administración Flores fue evaluada con un promedio general de 5.9 (en una escala de 0 a 10) por su trabajo en el 2001.

La situación política a finales de 2001

    La encuesta preguntó a los ciudadanos por la manera en que  ven a los partidos políticos más grandes. En ARENA predominan las opiniones que señalan que su imagen no ha cambiado, mientras que en el FMLN las opiniones están más repartidas.

     El 51.3 por ciento dijo que la imagen que tienen de ARENA se mantiene igual, en tanto que un 20.8 por ciento dijo que ha mejorado y un 19.7 por ciento sostuvo que ha empeorado. En el caso del FMLN, las opiniones son distintas: el 36.2 por ciento señaló que la imagen que tenían del partido había empeorado, frente a un 35.3 que consideran que sigue igual y un 17.9 por ciento que creen que está mejor.

     Además, a los salvadoreños se les preguntó si creen que ARENA debería seguir gobernando al país. Los resultados, en este caso, muestran diversidad de opiniones: el 38.8 por ciento se mostró de acuerdo con que ese partido siga en el poder; en cambio, un 34.5 por ciento se expresó en contra y un 25.4 por ciento dijo que le es indiferente.

     Por otro lado, los ciudadanos también fueron consultados si creen que el FMLN es una alternativa política aceptable para acceder al poder a través de las elecciones. El 39.7 por ciento dijo que el FMLN no es una alternativa política aceptable, en tanto que el 37 por ciento dijo que sí lo era, el resto no supo responder.

     Buena parte de los salvadoreños no supieron calificar el proceso de elección de autoridades internas que recientemente tuvo  el FMLN  porque no se enteraron del mismo. No obstante, entre aquellos que sí se enteraron, las opiniones sobre qué tan democrática fue la elección se mostraron divididas. El 31.5 por ciento dijo que el proceso fue poco o nada democrático, casi el 20 por ciento dijo que fue algo democrático y un 9.6 por ciento sostuvo que fue muy democrático.

      Preguntados  sobre si el resto de partidos deberían seguir el ejemplo del FMLN, los consultados respondieron también de forma distinta: el 33.5 por ciento dijo que sí; el 29.5 por ciento sostuvo que no y el 37 por ciento dijo que no sabía.

Preferencias políticas

    En las preferencias  de orden electoral, los resultados de la encuesta de la UCA muestran a un poco más del 60 por ciento de la gente sin decidirse o sin expresar una opción política concreta. Entre los que sí escogen partido destacan los dos partidos más grandes: ARENA con el 21.3 por ciento de las preferencias y el FMLN con el 14.9 por ciento, el resto de partidos no completan más allá del 3 por ciento.

     En cuanto al partido que los ciudadanos ven con mayor probabilidad de ganar las próximas elecciones, el 50 por ciento mencionó a ARENA, seguida a gran distancia por el FMLN con el 17.7 por ciento y el resto de partidos que unidos reúnen sólo un 1.7 por ciento. El  29.5 por ciento restante no supo responder a la pregunta.

    En resumen, la encuesta de final de año de la UCA muestra que el tema dominante entre los ciudadanos son los problemas económicos. La mayoría de ciudadanos piensan que en este año se ha profundizado la pobreza a causa de los terremotos, pero también a causa de las políticas del gobierno. La criminalidad ha pasado a segundo plano, en parte porque no parecen haber indicadores de un aumento en la incidencia de los hechos violentos, pero también porque en la actualidad las carencias económicas se plantean más urgentes para el ciudadano promedio.

     El gobierno, aunque no parece haber avanzado significativamente en la imagen pública, recibe respaldos ciudadanos importantes en varias de las medidas que ha impulsado recientemente. En el ámbito político partidista, los resultados favorecen al partido de gobierno no tanto porque su imagen pública haya mejorado sino porque el FMLN está teniendo dificultades para presentarse como una alternativa política aceptable a ojos de la población.

San Salvador, 12 de diciembre de 2001.
 

    En 1776 se independizaron las colonias británicas ubicadas en el territorio que, más adelante, se convertiría en los Estados Unidos de América; trece años después, en la Francia de 1789 fue derrocado Luis XVI al grito de “¡Libertad, igualdad y fraternidad!”. Ambas gestas marcaron la historia de la humanidad, al recoger sus aspiraciones más altas e incluirlas en sus respectivas legislaciones. Sobre esas bases —centradas particularmente en la individualidad— estos dos pueblos se empeñaron en construir sociedades nuevas donde la dignidad de cada persona, sin distinción, estuviera por encima de cualquier otra cosa. De ahí en adelante, el ejemplo produjo algunos frutos y avanzó hacia el reconocimiento de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, dando su primer paso en firme con las dos revoluciones triunfantes de 1917: la mexicana y la rusa.

    Sin embargo, hubo también quienes le apostaron a la opresión por la fuerza. Las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX son fiel testimonio de grandes atrocidades y crímenes contra la humanidad. Destacan entre ellas el holocausto del pueblo judío, ordenado por Adolfo Hitler, y los millones de muertos en el territorio de la ahora extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, bajo la bota dictatorial de José Stalin. La indignación provocada por semejantes acontecimientos fue acogida y tuvo eco en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Así, el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En ella se establece, de entrada, lo siguiente: que la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y de sus derechos; que los actos de barbarie ocurren cuando se desconocen y desprecian los derechos humanos; que nuestra aspiración más elevada debe ser la de vivir en un mundo sin temor y miseria; y que los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de Derecho, para que las personas no tengan que rebelarse contra la tiranía y la opresión. En su texto se sintetiza, de forma muy hábil y atinada, el contenido de las declaraciones originadas en las ideas liberales y de los documentos producidos por las revoluciones sociales.

    Pero se debe señalar que ciertas necesidades de la humanidad surgidas en los años posteriores y que han exigido el reconocimiento de nuevos derechos, como ese el caso del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no tuvieron cabida en la Declaración Universal; sin embargo, ésta dejó establecidas las bases para que eso ocurriera después.

    Tras la aprobación del trascendental documento que ahora nos ocupa, no cabe duda que los derechos humanos se convirtieron en el gran tema del mundo durante la segunda mitad del siglo que acaba de finalizar, tanto por las graves violaciones a los mismos ocurridas a lo largo y ancho del orbe como por los esfuerzos realizados para reconocerlos en las legislaciones nacionales e internacionales. La región centroamericana en general y El Salvador en particular no escaparon a esa realidad: en estas tierras, por todo lo sucedido en ellas, la simple mención del término generó y genera, aún, sentimientos o actitudes encontradas; también acá se han registrado avances en la normatividad que los reconoce, aunque en la práctica su estado continúe siendo precario.

    En nuestro país de la actualidad, quizás en su mayoría, las personas tienen alguna noción —correcta o incorrecta— de los derechos humanos; sus reacciones, por tanto, están condicionadas según la perspectiva particular que se tenga de los mismos: ya sea en su defensa, ya sea para descalificarlos. Asimismo, para muchas personas —por las experiencias individuales o comunitarias vividas en el pasado—, cuando se habla de ellos, fluyen inmediatamente imágenes dramáticas de muerte, persecución, tortura, desaparición forzada, cárcel, exilio o cualquier otro tipo de abusos y violencia.

    En ese choque de enfoques se ha hecho evidente —incluso ahora— la agresividad en el discurso de quienes, motivados por intereses de poder, de modo deliberado intentaron e intentan imprimirle un carácter eminentemente político al asunto. Ello, con el objeto de impedir que la población juegue un rol protagónico en el esfuerzo por su real vigencia mediante el conocimiento más exacto de sus derechos y la utilización de los mecanismos pacíficos —judiciales y alternativos— para la solución o la transformación positiva de sus conflictos. Mantener a las personas en un estado de ignorancia o desinformación acerca de sus derechos ha sido parte de una estrategia deliberada para sobrepasar impunemente los límites del uso legítimo del poder; impedir el conocimiento o tergiversar tanto el contenido de los derechos humanos como el de los medios para su protección ha silenciado la denuncia de una buena cantidad de las violaciones ocurridas.

    Por eso, hay que dejar bien claro de qué se habla. Independientemente de la manera cómo se les clasifique, entre todos los derechos humanos existe concordancia, interdependencia e indivisibilidad. Es impensable que se pretenda respetar unos y se rechacen otros: no se puede estar hablando, por ejemplo, de la libertad cuando se impide vivirla plenamente y expresarla; tampoco resulta aceptable que se hable de desarrollo, cuando casi dos tercios de seres humanos en la actualidad y las generaciones venideras no encuentran en su horizonte más perspectivas que una vida en condiciones absolutamente miserables; tampoco se puede hablar de una paz verdadera, cuando se le niegan verdad y justicia a las víctimas de las atrocidades cometidas en el pasado.

    La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993, se pronunció al respecto en los siguientes términos: todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

    Tanto las normas internas como los diversos convenios establecidos entre la llamada “comunidad de naciones” reconocen la existencia jurídica de los derechos humanos e imponen a los gobiernos obligaciones frente a sus ciudadanas y ciudadanos. Pero además del importante reconocimiento legal de todo lo anterior, es necesario que existan y funcionen adecuadamente las instituciones a las que se debe acudir para obtener resultados favorables en caso de violaciones o amenaza de violaciones a esos derechos reconocidos.

    Estos organismos estatales son creados en cada país para contribuir, con el cumplimiento de su misión constitucional, al desarrollo de una vida armónica en sociedad. Su existencia se encuentra regulada de manera precisa; destacan entre ellos el Órgano Judicial, el Ministerio Público, los cuerpos policiales y las defensorías de los habitantes o procuradurías de derechos humanos. Para estas instituciones se plantea el deber de vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos y garantías fundamentales, y controlar que —en condiciones de igualdad— se haga justicia. La previsión, investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos son parte de ese deber.

    Que ha habido avances, es cierto. Pero todos esos logros acumulados durante la historia se encuentran en serio peligro. En el primer año del nuevo siglo, tras haber superado el enfrentamiento entre el bloque comunista y los Estados Unidos de América, se ha desencadenado otra gran batalla que —según afirma su principal protagonista— será prolongada: la que libran los mismos Estados Unidos de América y sus aliados del llamado “mundo libre” contra “el terrorismo”. Batalla en cuyo nombre se pueden cometer y ya se han cometido atropellos contra población civil indefensa en el marco de los combates militares entre las fuerzas terrestres, pero sobre todo en medio de los terribles ataques con bombas “inteligentes” que sólo demuestran cierta falta de juicio entre los que ordenan lanzarlas.

    Batalla en nombre de la cual, además, se está dando marcha atrás en lo relativo a las importantes conquistas de la humanidad plasmadas en la Declaración Universal. Las muestras abundan y las encontramos hasta dentro de nuestro país, donde ya se desempolvaron los gastados discursos de la “seguridad nacional” y otros fantasmas que sólo estuvieron guardados —nunca superados— durante estos últimos diez años, esperando turno para resurgir y desarticular los “peligrosos sindicatos” de los trabajadores en el Puerto de Acajutla y el Aeropuerto de Comalapa, por ejemplo. Semejante amenaza recibió el zarpazo del “estratégico aliado” de George W. Bush en El Salvador, para cuidarle las espaldas y “salvar” desde el centro de América  al amenazado coloso del norte.

    En ese marco, Mary Robinson —Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—  pronunció un discurso el pasado 10 de diciembre en Addis Abeba, durante su participación en el panel denominado “Pobreza y racismo, retos para los derechos humanos y el desarrollo de Africa”. Entre otras cosas, la funcionaria sostuvo afirmaciones contundentes y claras como las siguientes: “este ha sido un año de retos para los derechos humanos. La esperanza de que el fin del milenio mostrase una nueva era de respeto para las libertades fundamentales, parece ahora sólo un recuerdo. En su lugar, nos ha dejado la sensación de que hay tanto o más trabajo aún para que los derechos humanos sean para todos. De hecho, los conflictos armados continúan azotando al mundo, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

    “Muchos de los que trabajan en las primeras líneas defendiendo los derechos humanos —declaró en esa ocasión la señora Robinson— han sido intimidados y asesinados. La intolerancia religiosa y la discriminación racial persisten en cada continente, las personas continúan teniendo que abandonar sus trabajos, sus viviendas y pedir  asilo debido a su raza, color, ascendente, nacionalidad y origen étnico, género o edad”. Además, al igual que nosotros en su momento, no dejó de condenar enérgicamente los hechos ocurridos el martes 11 de septiembre en suelo estadounidense. Al respecto, dijo que éstos “deben ser vistos como un crimen contra la humanidad y contra los derechos humanos”.

     El panorama nacional e internacional —durante el presente año— se ha ido inclinando más hacia la intolerancia y el autoritarismo, la imposición y el uso de la fuerza, el envalentonamiento del poder y su desprecio hacia las normas más avanzadas de convivencia. A 53 de aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, la brújula de los dirigentes políticos y gubernamentales en la mayoría de los países apunta en sentido contrario de lo que plantea su articulado. En medio de semejante escenario, nos quedan dos caminos. Uno de ellos —quizás el más cómodo en el corto plazo pero, sin duda, más peligroso en el mediano y el largo— consiste en dejar que continúen ocurriendo más atrocidades sin hacer nada por evitarlas.

    El otro camino —en el marco del “pensar globalmente y actuar localmente”— es el que nos propone la misma Declaración Universal en su artículo 29 y que, con el paso del tiempo cobra cada vez mayor vigencia: cumplir con nuestros deberes. ¿Cuáles son éstos, en las condiciones actuales de la humanidad? Primero: que cada persona y pueblo defiendan y reclamen el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Segundo: que cada persona y cada pueblo respeten los derechos ajenos.

    Sencillo, ¿o no? Frente a ese reto no nos cansaremos de repetir lo que —en su último escrito publicado en la Revista ECA— afirmó Segundo Montes: “No es tiempo de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza”. Porque, pese a todo, no hay que dejar caer la esperanza de vivir en un mundo mejor aunque —por momentos— la victoria se vea lejana.