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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 981
diciembre 19, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

2001: un año de creciente deterioro social y económico
Balance político
Balance económico
Balance social
Balance regional
Medios noticiosos y periodistas
2001: balance de los derechos humanos (I)
Cronología del 2001
 
 
 
 

EDITORIAL

    El año 2001 no ha sido fácil para los salvadoreños; antes bien, se ha tratado de un año marcado por la incertidumbre, el empobrecimiento y la ausencia de proyectos alternativos al marasmo social en el que ha desembocado el país, debido a la pésima gestión de sus recursos —naturales y socio-económicos— por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlo. Muchos, desde las esferas de poder político y económico, se resisten a aceptar lo mal que anda El Salvador. Otros, aunque hayan caído en la cuenta de las taras que aquejan al país, prefieren hacerse los desentendidos, puesto que su aceptación los obligaría a tomar decisiones contrarias a los intereses de los que se han convertido en garantes.

    Los terremotos de enero y febrero no sólo sacaron a luz las profundas fallas estructurales del modelo socioeconómico prevaleciente, sino que las agudizaron hasta niveles indecibles. La política no tuvo nada que decir ante el impacto de los desastres; el aparato gubernamental se paralizó en los momentos más críticos; los grandes empresarios no pensaron más que en las pérdidas económicas que se derivarían de las tragedias. Entre tanto, diferentes sectores sociales, medios de comunicación, iglesias, cuerpos de socorro y ONGs se movilizaron —más con voluntad que con recursos— para brindar auxilio a las víctimas.

    En fin, se trató de una situación paradójica: quienes tenían el mandato constitucional de responder a la emergencia no lo hicieron, mientras que cientos de salvadoreños afectados salieron a las calles a ayudar a otros en peor situación que ellos. Algo que quedó claro en aquellos momentos dramáticos fue el enorme potencial de los salvadoreños para responder, con una determinación pocas veces vista y sin mayor preparación, a situaciones de desastre. Asimismo, quedó claro lo poco que pueden hacer, en situaciones de esa naturaleza, las instancias estatales cuando actúan de espaldas a la ciudadanía.

    Una vez que la emergencia pasó, se abrió espacio el debate acerca de la necesidad de replantear el modelo de país prevaleciente. Varias instancias —gubernamentales, progubernamentales y no gubernamentales—, elaboraron interesantes diagnósticos sobre los males que aquejan a El Salvador, así como sobre las posibles vías para hacerles frente. Sobre lo primero, hubo múltiples coincidencias entre los distintos abordajes; sobre lo segundo las discrepancias fueron la nota característica, especialmente porque desde el lado gubernamental y progubernamental fueron evidentes las resistencias a acepar que un cambio de gestión medioambiental, económica y social, para serlo en verdad, debía de hacer frente a la desarticulación estructural del aparato productivo, a la concentración económica, a la debilidad institucional y a los bajos niveles de organización y participación sociales.

    Así las cosas, lo que pudo haber sido una oportunidad para debatir a fondo los problemas fundamentales de El Salvador se perdió por negligencia, mala voluntad y persistencia de percepciones equivocadas sobre el país y las necesidades de sus habitantes. El gobierno de Francisco Flores —empecinado como estaba en defender la tesis de que el país traía un desarrollo envidiable, perturbado por los dos terremotos— no asumió los desafíos de reorientación económica y social planteados por la situación de desastre. La propuesta gubernamental fue volver a lo que se tenía antes de los terremotos; en consecuencia, de lo que se trataba era de apuntalar el esquema socio-económico excluyente y marginalizador vigente desde la primera administración gubernamental de ARENA.

     A estas alturas, volver atrás ha sido imposible, sobre todo para las miles de familias que perdieron sus viviendas. La mayoría de ellas —pese a las promesas de Flores— aun ahora habitan viviendas provisionales, con toda la precariedad que caracteriza a este tipo de albergues. No es improbable que muchas de esas familias —como ha sucedido en anteriores desastres— hagan de esas viviendas temporales hogares permanentes, con lo cual su situación de pobreza y marginalidad se verá agudizada, al igual que serán mayores las dificultades para superarla.

     Lo paradójico es que, al cierre del año, el gobierno de Flores pareciera haber hecho un borrón y cuenta nueva con el impacto de los terremotos. Pareciera como si Flores y sus colaboradores creyeran que ya se ha vuelto al ritmo de "progreso" y "desarrollo" que se traía antes de enero y febrero. En consonancia con ello, las decisiones económicas que se tomaron a partir de la segunda mitad del año amenazan con golpear fuertemente a los sectores medios y populares, sectores que fueron precisamente los más afectados por los terremotos.

    En efecto, aunque el impacto del pago del Fondo para el mantenimiento vial (FOVIAL) —un impuesto que se aplica a cada galón de gasolina comprado— ha sido amortiguado por la relativa baja de los precios internacionales del petróleo y por la eliminación del subsidio al diesel a los empresarios de autobuses, una vez que aquéllos se incrementen —lo cual no puede ser controlado por el gobierno salvadoreño— y que los precios del transporte se liberen —al establecerse un nuevo grupo empresarial del transporte—, los sectores medios y populares resentirán sobre sus bolsillos las medidas económicas tomadas por el gobierno.

     Dicho de otra forma, los criterios de mercado en el transporte no auguran más que incrementos en los precios por el servicio. Así ha sido con la electricidad, con las telecomunicaciones y con las pensiones de jubilación. Y el resultado práctico de ello ha sido el encarecimiento no sólo de los servicios, sino del costo de la vida en general. Si a esto se suma la dinámica salarial, muy por debajo —para los sectores mayoritarios— de la canasta básica, y la lógica tributaria —de carácter regresivo—, la consecuencia que se sigue es el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de salvadoreños. Esta ha sido la regla durante toda la década de los años noventa y en este 2001 que está por concluir las cosas no han sido distintas, pese a los dos terremotos con los que se inició el año.

     ¿Cómo es que un gobierno puede tomar decisiones que hacen que los pobres se multipliquen y que la brecha entre éstos y quienes concentran la riqueza se vuelva mucho más abismal de lo que es? La respuesta a esta interrogante es doble. En primer lugar, por indiferencia y desdén hacia la condición inhumana en que viven aproximadamente la mitad de salvadoreños. Y es que las élites económicas de El Salvador —a las cuales es afín Flores— casi nunca han ocultado su desprecio hacia esos salvadoreños —obreros y campesinos— que tienen que trabajar para vivir.

    Los otros salvadoreños —los que no encuentran empleo, los marginales, los niños de la calle— no cuentan, no son objeto ni siquiera de desprecio: son nada, no existen, importa poco si viven o mueren. Los que cuentan —los que trabajan— son los peones de esa gran hacienda que es El Salvador. Importan como recurso para ser explotado; no su dignidad o su humanidad. Por tanto, si esta óptica es asumida por un gobierno —un gobierno en este caso cooptado por la élite empresarial más poderosa del país— no es extraño que el empobrecimiento de la mayor parte de la población le sea totalmente indiferente.

     En segundo lugar, la otra razón para no caer en la cuenta de los resultados socialmente  perniciosos de las decisiones que se toman desde las esferas gubernamentales tiene que ver con una visión distorsionada de la realidad. En este punto, el gobierno de Flores se ha llevado las palmas en incontables ocasiones. Para el caso, ahí donde los estudios más serios diagnosticaron —antes de los terremotos de enero y febrero— signos de estancamiento económico, los asesores del gobierno veían progreso y bienestar crecientes.

    Lo peor es que esta forma distorsionada de ver las cosas no sólo ha sido sostenida neciamente, sino que importantes decisiones han sido tomadas a partir de ella, con los subsiguientes efectos negativos sobre los sectores más vulnerables del país. Demás está decir que este empecinamiento en ver la realidad de una forma que va en contra de la evidencia y la razón no obedece sólo a la ignorancia —que obviamente juega su papel—, sino que tiene que ver con intereses que obligan a cerrar los ojos y a rechazar aquello que pone en jaque los compromisos adquiridos.

     De un gobierno ciego ante la realidad, no queda más que esperar tropiezos permanentes. El gobierno de Flores tropieza una y otra vez con la misma piedra, es decir, con la realidad de pobreza y marginalidad crecientes en los sectores populares. Sin embargo, las decisiones económicas —tributarias, salariales, monetarias, de privatización y de dolarización— no cambian de signo. Y lo peor de todo es que no se ve cómo la sociedad pueda hacer frente —sin recurrir a la violencia callejera— a los desmanes gubernamentales, impuestos cuasi autoritariamente desde las altas esferas de poder.

    Ni hay opciones viables para un cambio de rumbo en el país ni la sociedad parece estar dispuesta a irrumpir activamente en la vida pública en defensa de sus derechos. Esto quiere decir que continuarán los desatinos del gobierno de Flores y que los ciudadanos deberán seguir soportando la expoliación gubernamental. Este es el costo a pagar por la imagen de "progreso" y "desarrollo" —sostenidos por las remesas y las maquilas— que Flores y los suyos quieren proyectar hacia el exterior, una imagen que en definitiva no favorece más que a los privilegiados de siempre.

    Durante el año 2001, el país ha sido el teatro de una serie de acontecimientos  que han marcado seriamente la vida de los salvadoreños. Los desastres dejados por los terremotos de enero y febrero fueron una prueba límite para las instituciones nacionales y la vida política en general. De ahí que un balance del quehacer político a lo largo de este año deba centrarse en el funcionamiento de las instancias directamente involucradas en la construcción de la democracia en el país.

El legado del 2000

    Uno de los temas más destacados en la vida política en el 2000 fue la poca capacidad de las instituciones para dar respuestas a las demandas de la población. A las múltiples reivindicaciones de los salvadoreños, los partidos políticos y sus líderes han respondido con arrogancia e incapacidad de concertación. La dolarización, implementada en los últimos días del 2000, fue la más clara manifestación de esta determinación de algunos dirigentes políticos para conducir el país sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.

    De esta manera, el año se inició con una decisión política autoritaria e inconsulta, en el mejor estilo de gobierno del presidente Francisco Flores. Los asesores de su partido, con la complicidad del Partido Conciliación Nacional (PCN), se encargaron de que el país amaneciera dolarizado en el 2001. Pero también, por otro lado, esa decisión y otras actuaciones prepararon el terreno para la confrontación entre las diferentes tendencias políticas. Así, la tensión entre los diferentes partidos políticos ha sido una de las notas más dominantes en la vida nacional durante el 2001, lo cual no deja de ser preocupante, en tanto que las polémicas estériles han sustituido al debate de altura sobre los principales problemas nacionales.

La opinión de los salvadoreños y su desvinculación de la política

     Los salvadoreños cerraron el año 2001 con una buena dosis de frustración respecto del desempeño de la economía. El último sondeo de opinión pública del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) revela que los problemas económicos ocupan el primer lugar en el orden de las preocupaciones que tienen los salvadoreños. Buena parte de ellos descargan en los terremotos y los atentados terroristas, entre otros, la culpa por el aumento de la pobreza en el país.

    Pero también, por otro lado, casi una cuarta parte de la población —22,1%, según el mismo sondeo— cree que las políticas del gobierno tienen que ver con el empeoramiento de la situación de los pobres. Según los datos arrojados por la encuesta, entonces, es una minoría la que establece algún vínculo entre la pobreza y el manejo político del país.

     No cabe duda alguna de que los salvadoreños no se sienten vinculados con la dinámica política. La prueba de ello está en el dato según el cual tan sólo un 38,8% de los ciudadanos apoyaría a alguno de los partidos políticos existentes, en el caso de que las elecciones se celebraran en los próximos días. Este dato confirma que la poca participación de los salvadoreños en la política sigue siendo un tema relevante para la dinámica de la vida pública. Ello se debe, sin duda, al incumplimiento, por parte de las instancias políticas, de su misión de hacer de puente entre las demandas ciudadanas y las instituciones estatales.

     Lo anterior marca la tónica de la dinámica política a lo largo de este año. Los intereses personales de los dirigentes de los partidos políticos han primado sobre las necesidades de la población. Desde esta óptica, se puede entender mejor el resultado de las encuestas, los cuales revelan que los ciudadanos, a pesar de señalar el deterioro creciente de la situación de vida de los más necesitados, otorgan, sin embargo, poca importancia a la intervención de los decisores políticos. Lo que sucede, en definitiva, es que los salvadoreños han continuado desvinculándose —en un proceso creciente desde 1992— de la política y los políticos.

ARENA y el FMLN en el 2001

    En este contexto, la dinámica al interior de los partidos políticos ha sido uno de los temas más relevantes en el 2001. Las instituciones políticas, especialmente ARENA y el FMLN, han experimentado una especie de proceso de reacomodo interno en este período. En ambos casos, algunos movimientos de disidencia interna han marcado la pauta y han configurado su posicionamiento el escenario nacional.

     Todo empezó con ARENA, el partido en el gobierno, el cual luego de las elecciones municipales y legislativas parecía moverse hacia una crisis interna. Después de varios intentos de reajustes internos, el partido oficial ha encontrado en Roberto Murray Meza, la persona que, de momento,  ha logrado acallar las voces disidentes. A pesar de que se puede discutir acerca de la manera como se ha impuesto el grupo de la gran empresa en ese partido, hay que recalcar el éxito con el que este recambio ha sido sacado adelante. La estrategia ha sido el silencio de los descontentos o la salida del partido, como en el caso de Gloria Salguero Gross, ex dirigente arenera que ahora se prepara para fundar un nuevo partido.

     Sin embargo, no se puede sostener lo mismo acerca del principal partido de oposición. Su crisis interna lo mantiene languideciendo en una especie de callejón sin salida. Aunque se puede decir que el partido de izquierda eligió un camino democrático, el de las elecciones internas, para poder solventar su problema; sin embargo, luego de las mismas, no se ha logrado el éxito deseado. Al contrario de lo que ha sucedido con ARENA, cuyos dirigentes han logrado reducir al silencio a los descontentos, la lucha entre las diferentes tendencias en el FMLN no ha podido ser resuelta sin escándalos y polémicas desgastantes.

    El partido de izquierda no encuentra su rumbo. La lucha entre ortodoxos y renovadores no ha cesado, incluso luego de las elecciones internas que han consagrado el poder de los primeros. Los renovadores, lejos de plegarse a los resultados de los comicios, no han escatimado esfuerzos en denunciar lo que consideran un fraude ortodoxo para hacerse del control de las estructuras partidarias.

     De esta manera, el proceso eleccionario, lejos de traer tranquilidad ha significado mayor división en las filas efemelenistas. En este sentido, lo menos que se puede decir es que el FMLN sigue navegando sin rumbo. En esta coyuntura, lo que se puede esperar para el próximo año es que la crisis interna se agudice y que se dé la ruptura definitiva, con la expulsión o el abandono del partido por parte de los dirigentes renovadores. De momento, la estrategia de estos últimos estriba en capitalizar la simpatía con que cuentan a nivel de la prensa de derecha, bastante hostil a los dirigentes ortodoxos.

     Ante este panorama, el año preelectoral del 2002 augura un mejor panorama  para ARENA; en cambio, el horizonte del FMLN se vuelve más escabroso. Es muy probable, tal como lo ha revelado el último sondeo de opinión del IUDOP, que ARENA siga consolidándose como partido de gobierno y que la aspiración de aumentar su caudal de votos se vuelva una realidad.
Entre tanto, de no encontrarse una pronta solución a los problemas intestinos que enfrenta el FMLN, es bastante probable que este partido no logre convencer a los ciudadanos de que puede ser una verdadera opción frente al partido del gobierno. En este sentido, no sería del todo descabellado esperar que en los próximos meses se siga deteriorando su imagen frente a la ciudadanía.

    Por lo anterior, no es de extrañar que el pueblo salvadoreño viva cada día más extrañado de los partidos y más alejado de la dinámica política. Mientras no se perfile ninguna alternativa fiable a ARENA, los salvadoreños no tienen otra opción que abstenerse en su mayoría y desentenderse de la política.

     En fin, no cabe duda de que el descalabro interno del FMLN favorece a ARENA mientras que significa un retroceso para la democratización del país. En la medida en que la alternancia constituye un barómetro importante para medir la salud de la democracia, se puede decir que por la dinámica del sistema de partidos a lo largo del 2001, está lejos de perfilarse en el horizonte una fuerza capaz de relevar a ARENA en el poder. Pese  a lo anterior, no se puede decir que todo ha terminado para el FMLN. Pero el partido deberá caminar cuesta arriba, para lograr mejorar la visión que tiene la mayoría de salvadoreños del mismo.

    Además, para alcanzar este cometido, los mismos líderes de la tendencia renovadora tendrían que estar convencidos de que con su actitud de llevar ante la prensa cualquier tipo de problema interno, no benefician necesariamente la causa del partido de izquierda. En este sentido, para renovar al FMLN, desde el punto de vista de la imagen proyectada ante los electores nacionales, tanto renovadores como ortodoxos tienen que madurar políticamente.

    Desde lo anterior, se puede apreciar perfectamente bien la desvinculación de la política de la que se habló antes. Se trata de una doble desvinculación, en primer lugar, por parte de los ciudadanos que no se sienten representados por sus líderes, pero también, en segundo lugar, por estos últimos que hacen todo lo posible para desvincularse de las demandas de la población al sistema político.

     De esta desvinculación se aprovecha, en última instancia, el partido de gobierno, el cual, con la ayuda del equipo de prensa  de Casa Presidencial, se ha esmerado en diluir cualquier responsabilidad del actual equipo gubernamental en los problemas que aquejan a la población. Recuérdese, para el caso, la estrategia informativa después de los terremotos enero y febrero pasado. El lema gubernamental era que se trataba de un acontecimiento natural, cuya responsabilidad no se podía atribuir a nadie, olvidando las obligaciones del Estado en la protección ciudadana.

Impunidad en el sistema judicial

    Otro tema que hay que subrayar es la impunidad con que ha seguido funcionando el sistema judicial a lo largo de este año 2001. Lo menos que puede decirse es que el órgano judicial no ha sabido responder con solvencia a las aspiraciones de justicia de los ciudadanos. La incompetencia o la corrupción que sigue imperando en su seno son dos de los problemas que han marcado la vida nacional durante este año.

    Muchos crímenes han quedado en la impunidad. Y la Fiscalía, la instancia encargada de perseguir los delitos, sigue siendo un ente caracterizado por la incapacidad de sus miembros para realizar la tarea que les ha sido encomendada por la Constitución. La manera como se ha tratado el caso de la  masacre de la UCA o el asesinato de Katia Miranda evidencia los problemas del sistema. Pero lo más preocupante ha sido la falta de voluntad por parte de los actores políticos para enfrentar el problema. En este sentido, se puede sostener que a casi diez años de haberse firmado los Acuerdos de Paz, el sistema judicial salvadoreño sigue en deuda con los ciudadanos.

Los terremotos vistos desde la política

     La manera cómo se han manejado los efectos de los terremotos constituye otro ejemplo interesante del funcionamiento de la política nacional respecto de los problemas que aquejan a los salvadoreños. Desde que se conocieron los efectos devastadores de los sismos, el gobierno hizo todo lo posible para evitar el involucramiento de la sociedad civil y sus organizaciones en la solución de los problemas dejados por los desastres.

    Nada de lo que se prometió como nueva manera de hacer política se concretó en la realidad. El presidente Flores confió la tarea de la atención y reconstrucción nacional a un equipo de areneros, buena parte de los que conforman la actual COENA. Se centralizó la distribución de la ayuda y las primeras medidas del gobierno de Flores no ayudaron unificar al país en los momentos más críticos.

     En consecuencia, lo anterior —aunado a la ineficacia e incapacidad de los responsables de las instituciones encargadas de intervenir en estos casos—, llevó a que los efectos de los terremotos fueran más perniciosos para los damnificados. Ni el Comité de Emergencia Nacional (COEN) ni las instituciones  involucradas tuvieron la capacidad para dar respuesta a las demandas de los salvadoreños golpeados por los sismos. Además, tampoco los responsables políticos pudieron responder con solvencia a los desafíos planteados en aquellos momentos dramáticos. Peor aún, tanto la izquierda como la derecha se han destacado por su torpeza y su determinación a hacer de la desesperación de los salvadoreños una oportunidad para aumentar su aceptación política. ARENA clamando por la despolitización, el FMLN buscando protagonismo:  el resultado fue catastrófico, mostrando lo peor de la política en el país.

Los medios de comunicación y la política

    El tema de la relación entre los medios de comunicación y la política merece, evidentemente, un análisis a fondo, para el cual no hay espacio en este balance del desempeño político a lo largo del 2001. Hace falta investigar, en esta misma línea, cuál el peso de los medios de comunicación de masa en la agenda política y sus influencias en la opinión que los salvadoreños se hacen de los actores del sistema.

    En todo caso, es importante recalcar que cualquier balance del desempeño de los medios a lo largo del 2001 tiene que tomar en cuenta tanto las fortalezas como las debilidades de las empresas mediáticas. En cuanto a fortalezas, buena parte de ellas han mostrado una voluntad real de modernización de sus equipos y cierto esfuerzo de profesionalización de sus trabajadores. Pero, por otro lado, los grandes medios de prensa en el país han mostrado unas actitudes cuestionables en relación con el funcionamiento de la política que hacen sospechar de su capacidad y voluntad para cumplir con su vocación de fiscalización de la vida pública. Y, en este último campo, han desempeñado un papel preponderante los vínculos económicos entre los dueños de los medios,  el partido de gobierno y los grandes empresarios nacionales.

    En virtud de lo anterior, en más de una oportunidad se han desvelado sus preferencias políticas  y sus sesgos ideológicos en el trato de la información. Lo peor, en todo caso, ha sido la falta de objetividad y profesionalismo con que se decide lo que es noticias y lo que se tiene que acallar. De esta manera, no han perdido oportunidad para alinearse con el partido de gobierno e imponer su visión de la realidad a los salvadoreños. En resumen, buena parte de los medios nacionales siguen siendo la caja de resonancia de la elite económica y política gobernante. Poco se ha hecho a lo largo del 2001 para revertir esta situación.

Perspectivas para el nuevo año

     Dado el panorama esbozado, agravado con la situación internacional, será difícil esperar una gran mejoría durante el nuevo año. La dinámica interna de los partidos políticos y la situación nacional no permite pensar que habrá un mejor vínculo entre la política y la sociedad. De esta manera,  es posible que aumente el desencanto ciudadano y que, tal como lo han revelado las encuestas, siga aumentado el abstencionismo y la desvinculación de los ciudadanos de la política. Además, la coyuntura internacional ha sido bastante difícil para el país. Los ataques terroristas del 11 de septiembre en contra los Estados Unidos han venido a complicar el panorama. Lo que vuelve aun más lejanas las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas económicos que aquejan a El Salvador.

    En otro sentido, durante el 2001, la distancia entre las tendencias políticas, especialmente entre ARENA y el FMLN, ha aumentado. Temas como la intransigencia del gobierno a discutir con la oposición los problemas del país se han agudizado. Las reiteradas llamadas de concertación han caído en saco roto. Lo que la oposición y el oficialismo llamaban proceso de concertación no ha avanzado ni un ápice. Todo ello permite hacerse una idea de la capacidad de unos y otros para responder con solvencia a los problemas nacionales.

    De esta manera, si se tratara tan sólo de un análisis sobre la dinámica política al interior de los partidos, se podría decir que no se puede esperar mayores cambios a lo largo de este año. Los políticos no han sido suficientemente creativos para dar respuestas a las demandas de los salvadoreños. Pero, por otro lado, la dinámica al interior de las organizaciones sociales que han intervenido en la vida nacional ha sido distinta. La sociedad civil comienza a tomar un leve protagonismo y ha tratado de paliar a su manera las deficiencias de los actores políticos, sobre todo en momentos de crisis.

    Por otro lado, conviene rescatar el cambio que se ha vislumbrado en el manejo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Con la elección de la nueva titular se ha tratado de rescatar la imagen de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los salvadoreños. La administración de Eduardo Peñate Polanco había llevado a la institución a su mayor nivel de desprestigio. Todo ello era parte de  una estrategia de la derecha para  quitarse de encima a una institución considerada bastión de la izquierda.  Con todo, si bien no se puede decir que todo ha mejorado con la nueva procuradora —es aún poco el tiempo transcurrido desde su elección— se espera que durante este año haya un cambio significativo en la filosofía hasta ahora dominante en el manejo de esta instancia defensora de los derechos humanos.

     Durante los últimos cinco años el desempeño de la economía ha sido relativamente monótono y preocupante: bajas tasas de crecimiento económico combinadas con un dinámico sector de maquila textil y un creciente flujo de remesas y tendencias deficitarias de balanza comercial y finanzas públicas. 2001 se muestra como un año diferente, aunque no tanto porque se hayan incrementado las tasas de crecimiento económico, sino más bien porque en este año han comenzado a evidenciarse con mayor claridad los limites del crecimiento económico fundamentado en las remesas y la maquila textil.

    Aún así los funcionarios gubernamentales continúan empecinados —tal y como lo estaban hace nueve años— en proyectar una imagen de optimismo, ajena a las fuertes limitantes que en El Salvador existen para alcanzar el desarrollo sostenible. Los más ideologizados incluso sostienen sin ningún pudor que 2001 "terminó siendo, en balance, un año de oportunidades aprovechadas y de logros concretos para el país" (Carlos Rosales, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República). Otros consideran que "2001 se ha caracterizado por un satisfactorio crecimiento de la economía salvadoreña, pese a una situación muy adversa, producto de los dos terremotos así como de la desaceleración económica mundial" (Rafael Barraza, presidente del Banco Central de Reserva --BCR).

    Pero la verdad es que al examinar los diferentes ámbitos de la macroeconomía se descubren retrocesos, estancamientos y profundización de situaciones deficitarias que llevan a cuestionar las lecturas triunfalistas de la gestión gubernamental. La producción crecerá igual que en el 2000, es decir, apenas 2% (siendo optimistas); el desempleo se incrementó; el  déficit de la balanza comercial y de las finanzas públicas se elevó nuevamente; las remesas y la actividad de la maquila experimentaron reducciones en sus tasas de crecimiento.

    En fin, la lectura de los indicadores económicos no es alentadora, pero es ineludible para argumentar a favor de reformas de fondo en la política económica. Mucho más en el contexto de una nueva crisis argentina detonada por el fortísimo desempleo, el empobrecimiento de las clases medias, el galopante déficit fiscal, la ausencia de instrumentos de política monetaria para paliar la crisis y, sobre todo, la pérdida de credibilidad del modelo económico frente a sus ciudadanos.

    Este es, sin lugar a dudas, un campanazo que debería llamar la atención de los gobiernos latinoamericanos, y especialmente del salvadoreño que, al igual que el argentino, ha renunciado a instrumentos de política monetaria atenido a un flujo de remesas en dólares que no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo. A continuación se presenta una rápida revisión de los principales indicadores macroeconómicos: producción y empleo, precios y salarios, sector externo, sector público y sector monetario financiero.

Producción y empleo

    Las primeras proyecciones del BCR sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) establecían una tasa de crecimiento de 2% para el año 2001, una tasa idéntica a la obtenida en el 2000 pero que continúa reflejando la permanencia de un período de seis años de lento crecimiento. De aceptar las cifras gubernamentales, al menos se habría logrado evitar que las tasas de crecimiento económico continuaran su tendencia a la reducción. Sin embargo, existen dos razones para dudar de las proyecciones oficiales. La primera tiene que ver con la experiencia del 2000 en este campo: después de que el gobierno declarara que la tasa de crecimiento económico habría alcanzado un 2.5%, debió rectificar y aceptar que en realidad había sido de 2%.

    La segunda razón tiene que ver con el comportamiento del PIB trimestral, pues los tres primeros trimestres del 2001 las tasas de crecimiento del PIB habrían sido de 1.7%, 1.5% y 1.6%. Para obtener una tasa anual de 2%, el PIB debió haber crecido 3.2% en el último trimestre del año, algo difícil de creer considerando el contexto económico negativo que lo rodeó (Sin ir muy lejos, se esperaba que los atentados en Estados Unidos redujeran notoriamente las exportaciones hacia aquel país así como las remesas familiares). Un estimado menos optimista de la tasa de crecimiento podría estar en el orden del 1.7%, suponiendo un crecimiento de 1.6% en el último trimestre del 2001.

    El contexto de este crecimiento limitado ha sido sumamente complejo, aunque pueden destacarse tres elementos clave: los desastres causados por dos terremotos y una sequía, el desplome de los precios internacionales del café y la reducción del ritmo de crecimiento de la maquila textil. No cabe duda que el impacto de los terremotos en términos de pérdida de stock económico fue bastante fuerte: con el primer desastre detonado por el terremoto del 13 de enero se perdió casi un 12% del PIB, mientras que con el segundo se perdió un estimado 4% del PIB, lo cual implica una pérdida equivalente al 16% del PIB generado durante todo 2000. Acá hay, sin lugar a dudas, una fuerte pérdida de stock que también afectó en los primeros momentos los flujos económicos y, con ello, redujo las perspectivas de crecimiento económico.

    Las primeras estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) establecían que aun en el peor de los casos, podía esperarse una tasa de crecimiento de hasta 3%, es decir un punto porcentual más de la estimada a finales de año por el BCR. Así, hasta los cálculos más pesimistas de la CEPAL resultaron demasiado optimistas para lo sucedido en 2001. Algo que sí debe señalarse es que los desastres citados provocaron mayoritariamente una pérdida de stock, pero a la vez también han generado procesos de inversión en la reposición de infraestructura que —como era de esperar— han catapultado las tasas de crecimiento del sector construcción.

    Esto se constata al revisar las cifras de crecimiento del mencionado sector para los tres primeros trimestres del 2001: 2.6%, 6.6% y 13.5%, respectivamente. Estas cifras contrastan fuertemente con los correspondientes a los mismos períodos del 2000, cuando las tasas fueron negativas (es decir que hubo decrecimiento) y cuando a final de año el sector decreció en –2.3% (véase el cuadro 2). Una revisión del comportamiento del Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) para el mes de septiembre también revela que el sector construcción incrementó su volumen de producción en 7.96%. Además, muestra que el sector financiero lo hizo en 6.79% y la industria manufacturera lo hizo en 4.47%; lo cual es suficiente para considerarlos los sectores más dinámicos de aquel momento.

    Por el contrario, los sectores que han tenido menores tasas de crecimiento del IVAE han sido: agropecuario, electricidad, transporte e inclusive el comercio. En este punto, entra en juego el desastre provocado por la sequía, mencionado más arriba, que provocó pérdidas de entre 60% y 90% en la producción de granos básicos, y pérdidas de aproximadamente un 10% del PIB agropecuario y un 1% en el PIB total. Este desastre socionatural supuso un importante freno al crecimiento económico porque las pérdidas no fueron solamente de stock, sino esencialmente de producción.

     La caída estrepitosa de los precios internacionales del café es otro elemento que ha afecto el crecimiento del PIB, pues los precios han llegado a niveles de tan solo 50 dólares, un monto que apenas y cubre los costos de producción, y que implica una fuerte caída en el valor de las exportaciones de café, asunto que se examina más adelante.

     Por si fuera poco, el ritmo de crecimiento de la maquila ha decaído notablemente —al menos ateniéndose al comportamiento de sus exportaciones hasta el último trimestre de 2001. Entre septiembre de 2000 y septiembre de 2001, las exportaciones netas de maquila crecieron a una tasa de 4.9%, un nivel bastante inferior al observado en años anteriores, cuando lo mínimo ha sido un crecimiento de 12.1% para el año 1999. Para el 2000, el crecimiento de las exportaciones de maquila fue vigoroso: 20.7%, aunque nunca comparable con el 38.2% obtenido en 1997.

     En consonancia con la situación recién descrita, el impacto sobre el empleo también ha sido sensible. Así lo confirman declaraciones de personeros del Ministerio de Economía que sostienen que un 7% de la Población Económicamente Activa (PEA) está desempleada, se perdieron 50,000 empleos por los terremotos y 10,000 a causa de baja en precios del café, otros 2,000 empleos se han perdido en la maquila. La parte positiva sería que se generaron 25,000 nuevos empleos y se espera que con los TLC se generen más.

     En todo caso, un simple ejercicio aritmético muestra que el desempleo se ha incrementado: se perdieron 62,000 empleos, se generaron 25,000 y, por tanto, al final el saldo fue la pérdida de 37,000 puestos de trabajo. Esto equivale a un 1.5% de la PEA.

     Otro dato que vale la pena traer a cuenta es la eliminación de 8,404 plazas en el sector público a partir del año 2002 y la creación de otras 905, lo cual en la práctica implica una pérdida de 7,499 puestos de trabajo más, equivalentes a cerca de un 7.4% del total de puestos de empleo del sector público. Las únicas ramas que experimentarán incrementos significativos en su número de empleados serán salud y el Órgano Judicial, que emplearán a 643 y 112 personas adicionales, respectivamente. Cabe anotar que la mayor parte de los despidos se ejecutaron en el ramo de obras públicas, el cual ha sido prácticamente desmantelado con la transferencia de su maquinaria a la Fuerza Armada y con el despido de 7,147 empleados (obreros fundamentalmente) mismos que representan un 85.3% del total de empleados del citado ramo para el año 2001.

     Si agregáramos los datos recién presentados, tendríamos que un total de 47,499 puestos de empleo se habrían perdido durante el 2001, los cuales equivalen a cerca de un 2% de la PEA. Así no es descabellado plantear que el desempleo, estimado en 7% para 1999, se haya incrementado hasta un 9%, una cifra considerablemente más alta que la presentada por el Ministro de Economía e, inclusive, que los promedios observados a lo largo de los noventa.

Precios y salarios

    Los datos preliminares del Banco Central de Reserva han fijado la inflación para 2001 en un 3%, una tasa inferior al 4.3% obtenido en 2000, la cual ya era considerada un logro importante para entonces. Esta tendencia refuerza la consistente tendencia hacia la reducción de la tasa inflacionaria que ha venido experimentándose a lo largo de los últimos ocho o nueve años. Sin embargo, esta reducción en las tasas inflacionarias oculta dinámicas muy diferentes en el comportamiento de los precios de los servicios básicos. Una causa fácilmente identificable es la eliminación de subsidios, especialmente el otorgado a los pequeños consumidores de energía eléctrica.

     Otro subsidio que fue eliminado en diciembre del 2001 ha sido el otorgado a las tarifas del transporte público. Aunque en la práctica el subsidio se entregaba en la forma de diesel a bajo costo a los transportistas, el objetivo final era mantener estables las tarifas pagadas por el usuario. Ya se han  experimentado las primeras tendencias alcistas en estas tarifas, pero aun falta por ver en que decantará esta abrupta eliminación del subsidio. Para el 2002 se ha anunciado ya desde los primeros días una eliminación del subsidio al servicio de agua potable que vendrá a reforzar la tendencia inflacionaria de las tarifas de los servicios básicos.

     Pero con todo y la supuesta reducción en el ritmo inflacionario, lo cierto es que los salarios reales (es decir los salarios una vez descontada la inflación) continúan deteriorándose. Este año, el salario mínimo se ha mantenido sin ninguna alteración y, a juzgar por las declaraciones del Presidente Francisco Flores, no está dentro de las intenciones del gobierno apoyar un incremento en el salario mínimo pues esto reduce la "competitividad" de El Salvador con relación a sus vecinos regionales, ahora también especializados en la maquila textil mal remunerada (en los Estados Unidos, el salario pagado a una obrera con el mismo trabajo que una obrera de la maquila textil es de más de 5 veces el salario mínimo pagado a una obrera en El Salvador).

     De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2001, entre 1997 y 1999 los salarios promedio mejoraron entre 2% y 11% dependiendo de la rama económica de que se tratara, pero en ningún caso superaron los 1,973 colones, un nivel que cae en un rango de ingresos que puede considerarse como de pobreza relativa. Para salir de la pobreza en estos casos una familia promedio debería tener, cuando menos, dos miembros trabajando y percibiendo los salarios "promedios".

    En cambio, el comportamiento de los salarios mínimos no habría sido tan positivo en los últimos años. Informes de coyuntura del Departamento de Economía de la UCA reportan un constante deterioro de los salarios mínimos reales que entre 1990 y 1999 se deterioraron 5.12%. Solamente en los últimos tres años (1998-2000), los salarios mínimos reales habrían perdido un 3.1% de su valor. La situación se agrava si consideramos que, de acuerdo a las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de 1998, un poco más de 50% de los ocupados percibían menos de 1,000 colones y un 66% menos de 1,500 colones. Es decir, que los salarios promedio se aplican, a lo sumo, a un 34% de los ocupados.
 

Sector externo

     En esta área son pocos los datos disponibles para analizar el comportamiento del sector debido a que el informe del BCR "Indicadores de Corto Plazo" para el mes de noviembre han omitido toda información referente al sector externo. Pero la información referente al mes de septiembre ya mostraba un importante —aunque predecible— deterioro en el sector: el déficit de la balanza comercial se incrementó 21.1% entre septiembre de 2000 y septiembre de 2001, al pasar de 1,331 millones de dólares a 1,612 millones respectivamente.

    En buena medida, esto puede ser resultado de las mayores importaciones resultantes de la demanda de reconstrucción pos terremotos, pero también reflejan el impacto de la desgravación arancelaria y la apertura comercial exagerada a la que se ha sometido a la economía salvadoreña. Las tendencias hacia el deterioro de la balanza comercial no son nuevas, pero a partir de mediados de los ochenta y durante todos los noventa se han convertido en una especie de enfermedad latente: todavía no ha afectado a la economía (gracias a las remesas familiares), pero llegará a afectarla si no se adoptan políticas de adecuación del aparato productivo.

    Como podrá apreciarse en el cuadro 4, para el mes de septiembre las tendencias eran alarmantes: las exportaciones cayeron en 40 millones de dólares en lugar de aumentar (el BCR estima que a final de año solo crecerán 0.3%), las importaciones crecieron en 241 millones de dólares y por tanto el déficit de la balanza comercial creció en 281 millones de dólares. Las exportaciones de café han pasado de un valor de 275 millones de dólares en septiembre del 2000 a sólo 108 millones de dólares en el mismo mes del 2001. Esto implica una caída de 60.7% en el valor total de las exportaciones, una caída de 50.9% en las exportaciones tradicionales y una reducción de 7.4% en las exportaciones totales.

     Pero aunque esta tendencia claramente deficitaria —e insostenible— pueda resultar alarmante para algunos economistas, para los políticos no parece tener importancia por el espejismo creado por la masiva afluencia de remesas familiares. Como muestra el cuadro 1, las estimaciones del BCR sobre la afluencia remesas familiares para el 2001 las fijan en 1,900 millones de dólares; una cantidad suficiente para cubrir el déficit del 2000, pero no para dar cuenta del déficit del 2001 que se anticipa superior a los 2,000 millones de dólares. Con todo, la afluencia de capitales termina de compensar y hasta de dar solvencia para incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN).

     Sin embargo, hasta en el crecimiento de las remesas se están registrando tendencias contractivas: para el 2002 se estima un crecimiento de apenas un 4%, cuando se ha mantenido en crecimiento a tasas de 27.5% y 8.5% en 2000 y 2001, respectivamente. Sin dudas, acá se evidencia también una tendencia hacia el lento crecimiento.

Sector público

     2001 ha sido testigo de una serie de importantes reformas y mejoras al sistema tributario, la mayoría con el mismo carácter regresivo que han caracterizado las tres gestiones gubernamentales del partido ARENA: la aprobación de un Código Tributario, la eliminación de la exención del pago del impuesto sobre la renta del que gozaban aquellas microempresas con ganancias de hasta 75,000 colones, una ley de infracciones tributarias  (ambas ya aprobadas por la Asamblea Legislativa), y una tercera con la que se pretendía gravar a aquellos trabajadores del sector informal con ingresos mayores a los 4,166 colones. Este impuesto, denominado "tributo único" hubiera venido a gravar a una gran cantidad de oficios liberales informales que hasta ahora no pagaban impuestos. Afortunadamente, y después de varias contradicciones públicas, los funcionarios gubernamentales negaron que pretendieran implementar esta última medida.

     Con las medidas mencionadas, el gobierno buscaba hacer llegar a sus arcas 50 millones de dólares adicionales. Para el 2001 por ejemplo, los ingresos tributarios del gobierno llegaron, con suerte, a los 1,400 millones de dólares, sin embargo, el presupuesto de este año fue de más de 2,200 millones de dólares; es decir que el gobierno necesita un financiamiento de aproximadamente 800 millones de dólares equivalentes a un 57% de sus ingresos. Así, aunque pueda afirmarse que el déficit fiscal se encuentra en niveles manejables, lo cierto es que el gobierno tiene un inmenso hoyo financiero que no podrá ser cubierto con reformas tributarias insignificantes como las adoptadas en el 2001.

     Lógicamente, durante este año el déficit fiscal se ha incrementado fuertemente tanto por las tendencias permanentes hacia ello, como también por el impulso adicional a un mayor gasto generados por los desastres ocasionados por los terremotos. De hecho, la gran mayoría de fondos utilizados en la reconstrucción provendrán de empréstitos y donaciones externas que tenderá a inflar el déficit fiscal. Tal y como lo muestra el cuadro 1, para 2001 se estimaba un incremento del déficit desde un 3% del PIB hasta un 3.6% del PIB, lo cual aunque por el momento pueda parecer controlable evidencia un ritmo de crecimiento demasiado alto: 20% anual.

Sector monetario-financiero: dolarización y tasas de interés

    Sin dudas, la dolarización anunciada intempestivamente en noviembre de 2000 ha sido la medida económica más atrevida y menos afortunada que ha estado en vigencia durante 2001. Un primer señalamiento que se ha vuelto más evidente, en la medida que se ha desenvuelto la crisis argentina, es la pérdida de la política monetaria como instrumento de "amortiguamiento" de shocks o crisis externas. Además, el hecho de que la dolarización pretende sustituir colones por dólares lleva como implícito la compra de papel moneda (colones para el caso) que implican una pérdida —por lo menos temporal— de una importante cantidad de RIN.

     Por el momento, el gobierno ya se ufana de haber puesto en circulación un monto de 272 millones de dólares equivalentes a un 51.2% del total del efectivo circulante y a un 13.5% de las RIN. De sustituir la totalidad del efectivo circulante —tal como parece ser la pretensión del gobierno— se pondrían en circulación 532 millones de dólares y se sacarían de circulación 4,655 millones de colones equivalentes al total del efectivo circulante y a un 27% de las RIN.

    La "Ley de Integración Monetaria" es clara en tres objetivos principales de política monetaria: fijar el tipo de cambio en 8.75 colones por dólar, dar curso legal a este último y establecerlo como unidad de cuenta del sistema financiero. Esto último es importante, porque supone que en la práctica la economía formal esta dolarizada: nadie puede hacer transacciones bancarias si no es en dólares. El art. 5 es claro en este sentido al establecer que "Los billetes de colón y sus monedas fraccionarias emitidos antes de la vigencia de la presente ley, continuarán teniendo curso legal irrestricto en forma permanente, pero las instituciones del sistema bancario deberán cambiarlos por dólares al serles presentados para cualquier transacción."

     Pero en el discurso de apología de la "integración monetaria", el presidente Flores argumentó razones muy diferentes. En su discurso del 22 de noviembre de 2001, Flores estableció que la razón de implementar un proceso de integración monetaria estriba en que con ello se lograría una reducción en las tasas de interés lo cual, en la lógica económica, solamente tiene sentido sí se busca un crecimiento de inversión, producción y empleo. Lamentablemente, a finales de 2001 se ha constatado que la reducción de las tasas de interés —que ya se habían registrado desde el año 2000— no han tenido mayor efecto sobre la producción.

    Pese a que los promedios de tasas de interés han pasado de 13.98 a 9.38 entre los trimestres 4 de 2000 y 2001, lo cierto es que la tasa de crecimiento ha sido magra para el 2001. Coincidentemente, en 2000 también las tasas de interés se redujeron sustancialmente desde 16.65 a 13.98 por ciento sin que por ello se evitará cerrar el año 2000 con una tasa de crecimiento de sólo 2.0%. Ello sugiere que ni la dolarización, ni las tasas de interés son las principales variables determinantes del crecimiento económico.

    Vista esta situación en perspectiva debe decirse que 2001 ha sido un pésimo año porque en él se inició un proceso de gradual desmantelamiento de la capacidad de desarrollar política monetaria. Esta situación resulta especial preocupante en un contexto de recurrentes crisis internacionales e impactos sobre economías fuertemente ligadas a los flujos económicos internacionales. El caso reciente de Argentina es una muestra palmaria: Argentina no resistió las recurrentes crisis internacionales porque su sistema monetario basado en la caja de convertibilidad le impidió recurrir a medidas de política monetaria, como la devaluación el ajuste de la masa monetaria e, inclusive, la reducción de las tasas de interés (de hecho una de las medidas anti shock de la reserva federal de los Estados Unidos fueron tres reducciones sucesivas en las tasas de interés.

Perspectivas

    Visto el comportamiento de la economía salvadoreña durante el año 2001 sobran las razones para ser pesimistas. Los desastres provocados por los terremotos profundizaron tendencias sempiternas y ya de por sí perniciosas como el desequilibrio de la balanza comercial y de las finanzas públicas; el crecimiento económico fue magro y debido en gran parte a la reactivación del sector de la construcción; la dolarización ha prolongado la reducción en las tasas de interés sin efectos significativos sobre el crecimiento económico; la pérdida de la capacidad de desarrollar política monetaria ha vuelto al país más sensible a una posible crisis derivada de la caída del flujo de remesas; y el desempleo se ha incrementado por la reducción del empleo en el sector estatal y privado.

     Un escenario así no debería ser motivo de orgullo para  ningún gabinete económico. Sin embargo, la solvencia generada por las remesas familiares permite al gobierno continuar sin tomar medidas radicales. Por el contrario, al igual que sus dos predecesores, el actual gobierno de ARENA insiste en hacer una lectura amañada y poco objetiva de la coyuntura económica. Inclusive llega al extremo de colocar en tratados de libre comercio, en posibles incrementos de las inversiones en maquila textil y en las remesas familiares la mayor apuesta para el futuro del país.

     Lamentablemente para El Salvador, este gobierno no cuenta con el mismo tiempo que sus predecesores para vanagloriarse de una estabilidad económica que debe agradecerse a los trabajadores expulsados del mercado laboral salvadoreño pero que envían remesas.  El análisis de la coyuntura permite concluir que es imperativo emprender una nueva generación de reformas económicas que capitalicen lo aprendido en los noventa y corrijan —antes de que sea tarde— los evidentes descalabros económicos reseñados.

     La elevación de la carga tributaria, el apoyo crediticio y técnico para las actividades productivas, la sustitución de importaciones con producción nacional y la preservación y utilización de la política monetaria como instrumento de política económica son sólo algunos ejemplos de las tareas pendientes. Pero un punto de partida esencial es que los encargados de la política económica realicen una lectura más realista de la situación nacional e internacional y de sus desafíos.

    Realizar un balance del año 2001 en lo económico, político y social resulta una tarea totalmente diferente a evaluar cualquier otro momento histórico de la vida nacional. Esto se explica por la excepcionalidad de lo ocurrido en ese año. Dos terremotos ocurridos en un lapso de un mes y su impacto subsiguiente bastan para asumir esta tesis. Por ello, esta evaluación y cada uno de los ejes a ponderar en el área social pasarán por esta triste tragedia. La nación entera aún lucia anonadada por la primera gran apuesta económica del gobierno de ARENA a principios de año: la dolarización —o "Ley de Integración Monetaria"— cuando la naturaleza dio dos severos campanazos.

    Como para despertar e irónicamente conceder una verdadera tregua al gobierno del presidente Francisco Flores y su dolarización, los terremotos trajeron consigo muerte, destrucción y, por ende, más pobreza. Sólo con esta nueva tragedia entre manos, El Salvador volvió a ser punto de interés para la comunidad internacional, que hasta ese momento aún dudaba en desembolsar más fondos para la tragedia del huracán Mitch. Y es que los países cooperantes han tenido razones de sobra para condicionar —y atrasar— la entrega de ayuda al país. Las donaciones nacionales e internacionales se estancaban en el mar de la centralización. Los gobiernos locales más golpeados debieron hacer su trabajo por cuenta propia, sin contar con un gobierno central que tardíamente entendió que era incapaz de entregar la ayuda oportunamente.

    Por otro lado, el 2001 puso en alto relieve —aunque no en los medios de comunicación— otro problema social postergado por años: la falta de agua. Las autoridades de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) hicieron de los terremotos un pretexto  para justificar la falta del vital líquido. De ahí que este balance retome el tema del agua como un eje crucial de la dinámica social en el año recién concluido.

    Pero estas líneas incluirán un componente adicional: el desarrollo local visto desde la experiencia particular de San Salvador, donde la recuperación de espacios públicos utilizando el método de concertación tuvo sus momentos críticos, tras el enfrentamiento de grupos de presuntos vendedores y agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Otra de las iniciativas municipales que merece atención es el intento de regular la venta y consumo de bebidas embriagantes, cuyo resultado fue limitado por el mismo presidente Flores y por los diputados de la Asamblea Legislativa

    La injusticia social también dio pasos agigantados en el 2001. La liquidación de miles de plazas en el aparato estatal explica porqué la aprobación de una nueva ley de Servicio Civil era una preocupación para la clase laboral. A lo largo de todo este año, las protestas sociales utilizaron como bandera de lucha el rechazo a esa nueva normativa. El tiempo dio respuesta a estas posturas. De ahí que al analizar lo social no pueda pasarse inadvertida la inconformidad que se anuncia para el 2002 en el ámbito laboral, específicamente en el sector público.

    Otro de los temas que cobró fuerza en la opinión pública fue el de la seguridad ciudadana. En efecto, la violencia y la delincuencia siguieron haciendo de las suyas durante el 2001. Los delincuentes no perdonaron clase social, sexo ni edad. Un claro ejemplo de ello es que, según la Policía, un total aproximado de catorce niños fueron secuestrados en los primeros diez meses del año. Para estos infantes —los que sobrevivieron—, no fue la mejor experiencia de su vida, entre cuartos oscuros y con sus ojos vendados. No cabe duda de que el único objetivo de los secuestradores es obtener dinero fácil, sin importar las secuelas que dejan en sus víctimas.

    En definitiva, El Salvador no ha logrado salir del laberinto de violencia en el que vive. La ola de secuestros aumentó después de los terremotos. Desgraciadamente, a pesar de los proclamados logros policiales y las reformas penales, la violencia continúa. Uno de los casos más lamentables fue el del niño Gerardo Villeda Kattán, de 9 años de edad, ultimado en medio de los disparos entre secuestradores y policías.

Los terremotos: impacto social

    El Salvador experimentó un drástico cambio socioeconómico por los terremotos ocurridos el 13 de enero y 13 de febrero. La incertidumbre de los salvadoreños no dejó de faltar. Las pérdidas materiales y humanas provocados por los movimientos telúricos llenaron de inseguridad y miedo a las familias golpeadas directamente por los sismos. El 13 de enero, todo el territorio nacional se vio afectado severamente en cuestión de segundos.  Las decenas de familias afectadas o sepultadas por el deslave de la cordillera El Bálsamo sobre la colonia La Colina (Santa Tecla) son el ejemplo más palpable del impacto de los sismos. Según, el Informe de Desarrollo Humano, El Salvador 2001, los datos oficiales reportaron un total de 1,159 muertos y 8,122 lesionados.

    Además, un millón y medio de personas resultaron damnificadas, cifra que representa el 25% de la población. No está de más recordar el impacto del huracán Mitch en octubre de 1998. Tres años después de aquella tragedia, la  vulnerabilidad ante los desastres es invariable. Los factores de vulnerabilidad son muchos, por citar dos ejemplos: la vulnerabilidad económica, la cual consiste en la falta de ingresos para llevar una vida mínimamente segura, y la vulnerabilidad social, que consiste en incapacidad de personas e instituciones para  resistir una situación de desastre; es decir, la ausencia de mecanismos de organización social oportunos para canalizar los esfuerzos colectivos que permitan hacer frente a la crisis.

     Ante una situación de riesgo, la pregunta que cabe hacerse es si el gobierno cuenta con un plan de emergencia para hacerle frente. Lo que está a la vista no quiere anteojos; el gobierno salvadoreño no contaba con un mecanismo ágil de coordinación entre las diferentes instituciones, ni con los gobiernos municipales. Y es que el problema de fondo se centró, más bien, en la falta de un plan de contingencia que permitiera al gobierno entregar de inmediato la ayuda enviada de países amigos a los más afectados por los terremotos. Indudablemente, Francisco Flores perdió su tiempo creando una Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), para "hacer llegar la ayuda a los damnificados", lo cual era innecesario si ya existía el Comité de Emergencia Nacional (COEN) que poco o nada contribuyó a la zozobra que estaban viviendo miles de salvadoreños.

    Lo curioso es que algunos miembros de CONASOL —provenientes de las élites empresariales— pasaron a conformar, posteriormente, el principal organismo de dirección del partido de gobierno: el COENA. En adición, la principal instancia del Estado encargada de dirigir las operaciones de emergencia mostró su incapacidad, falta de organización y descoordinación. La centralización volvió difícil el servicio que prestaban las entidades de socorro, alargando de manera inútil el sufrimiento de centenares de familias.

     Por otro lado, la labor humanitaria del gobierno local fue incalculable. La fórmula impulsada por el gobierno de continuar almacenando en la Feria Internacional —sede del COEN y de CONASOL— la ayuda recibida fue criticada por muchos sectores de la sociedad. En sintonía con lo anterior, Héctor Silva, edil capitalino, dio una gran lección al gobierno central. Al tiempo que criticó duramente los mecanismos de organización y distribución de la ayuda. Incluso, el edil explicó que varias municipalidades se acercaron al gobierno para incorporarse al plan de solidaridad pero no hubo respuesta.

     Uno de los sectores más golpeados por los terremotos fue educación, en toda su infraestructura. Hablamos de 1700 escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 13 de enero. Unas 400 escuelas destruidas parcialmente y con daños severos y 1300 centros escolares con daños moderados. De nuevo, ni el Ministerio de Educación (MINED) ni el gremio magisterial contaron con un plan de emergencia para enfrentar la situación. Sin importar las condiciones de infraestructura, el año escolar emprendió vuelo. De nuevo el MINED tomó decisiones precipitadas, pese a que los centros educativos no habían sido evaluados. Los terremotos dejaron un total de 200 mil niñas y niños sin un lugar seguro para recibir sus clases. Además, muchos de esos niños no se inscribieron en los centros educativos y corrían el riesgo de perder el año lectivo.

     Obviamente, lo que falló en los maestros fue no tomar la iniciativa de crear espacios de participación en cuanto a la evaluación de sus escuelas al final de cada año. Asimismo, durante el 2001 el año escolar fue irregular para la mayoría de los estudiantes que no asistieron a sus salones de clases por la falta de dinero. A esto hay que agregar que los proyectos programados por los docentes no se lograron al 100 por ciento por muchas razones; entre ellas, que los niños y adolescentes tuvieron que recibir sus clases bajo el calor, las tormentas, el polvo o bajo la sombra de los árboles, sin descontar el trauma psicológico causado por la emergencia. Lo anterior puso de manifiesto que al MINED le hizo falta contar con un cuerpo de asesores que le ayudaran a tomar decisiones coherentes sustentadas en estudios especializados sobre los diferentes componentes de la labor educativa en situaciones críticas.

¿Agua para 20 años?

     Otro de los problemas que enfrentó el país —sobre todo  en vacaciones de semana santa— fue la falta de agua potable, aunque ello no fue noticia nueva. En el país, son pocas las zonas que gozan de acceso al agua potable, aunque en el territorio nacional hay abundancia de mantos acuíferos. Desde 1994 hasta finales de este año, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) invirtió un total de 657.3 millones de colones en la modificación y mejora de pozos, del sistema de la Zona Norte y de la planta de abastecimiento ubicada en el Río Lempa. Sin embargo, en este momento la demanda de agua es mayor que la oferta, pese a que dicha institución ha ofrecido superar los requerimientos de la ciudad para los primeros meses del año 2002.

     A pesar de que ANDA diseñó planes de contingencia para paliar la escasez del vital líquido, se requiere de planes extensibles al largo plazo. Durante semana santa, ANDA realizó trabajos que mejorarían el tratamiento del líquido producido por la planta de la Bocatoma, en el Río Lempa, mejorar la infraestructura y a partir de ello justificar que habría agua para 20 años. La pregunta que cabe hacerse es si esta nueva infraestructura garantiza que el servicio sea el más eficiente.

      Durante ese mismo mes de abril, pese al descontento de la población por la suspención continua del recurso, el presidente de ANDA, Carlos Perla, admitió que los problemas de desabastecimiento continuarían "definitivamente" hasta diciembre del año en curso. La suspensión del servicio no sólo afectó a unos pocos, sino que se informó de un total de un millón y medio de salvadoreños que se vieron en dificultades para acceder al vital líquido. Perla agregó que una vez concluido el proyecto "ya no habría más escasez de agua", pero ¿quién le asegura a la gente que ya no habrá más escasez? ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar la ciudadanía para tener acceso seguro al agua potable?

     Ciertamente, los problemas de infraestructura no necesariamente pueden ser mejorados con prácticas o mecanismos que consistan en dejar a la población sin agua. Es necesario que se planifiquen nuevas estrategias y se formulen alternativas viables para que más salvadoreños puedan gozar del líquido. Perla, siguió insistiendo en la modernización de la institución. Empero, esto no quiere decir que su respuesta al problema del recurso hídrico del país sea el mejor. Al respecto vale la pena recalcar que el funcionamiento de ANDA debe ser eficaz para realizar un trabajo integral y así brindar un mejor servicio al país.

     Además es imprescindible crear una política de comunicación e información sobre la situación del agua; esto servirá para ir consolidando un modelo de gestión de los recursos hídricos del país. Finalmente, se impone la tarea de reducir el déficit de cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente en la zona rural. No cabe duda de que se necesita de una verdadera reestructuración del sistema hídrico nacional, si es que se quiere asegurar el abastecimiento de agua por 20 años como lo ha prometido la institución. Para ello, es importante que la entidad tome nota de lo que ocurre en la realidad, pues de lo contrario la ineficiencia y la insalubridad seguirán siendo los rasgos típicos en la administración de tan vital servicio.

El caos de San Salvador: una mal que nunca acaba

     En el año 2001, el alcalde Hector Silva y su equipo han seguido mostrando paciencia y disposición dignas de admirar. Uno de los proyectos que siguen en marcha y el cual ha sido respaldado por el Plan de Tranquilidad Ciudadana del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) es la reubicación de los vendedores del sector informal, esto con la pretensión de ordenar el centro histórico de la capital. Al comenzar el año 2001, los vendedores del centro de San Salvador protagonizaron disturbios por el decomiso de sus mercaderías. En diciembre varios grupos de vendedores ambulantes —que ya habían sido reubicados— hicieron de nuevo su propio espacio frente al Teatro Nacional, creando un caos.

    La intensidad de estas acciones —acompañadas de enfrentamientos entre vendedores y agentes de seguridad, quema de llantas y utilización de armas— pone de manifiesto la inestabilidad que pueden generar sectores sociales insatisfechos con las decisiones de las autoridades. Definitivamente, la constante lucha por reubicar a los comerciantes del sector informal pone de manifiesto el interés de la municipalidad para recuperar las calles que están inundadas de inseguridad, insalubridad y caos vehicular, pero a veces le ha faltado el componente de consenso que debe acompañar a ese tipo de decisiones de impacto colectivo.

     En este punto no se puede dejar de mencionar otro proyecto que le generó agrias criticas y controversias al alcalde  Silva durante 2001: el proyecto de Ley Reguladora de Producción y Comercialización del Alcohol y las Bebidas Embriagantes, cuyo objetivo era restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza, a partir de las 12 de noche en lugares públicos. La presión de los comerciantes vinculados al negocio de licor se hizo sentir con virulencia y la Asamblea Legislativa metió sus manos en la disputa, lo cual arrojó como resultado un cambio en la hora límite para el consumo de bebidas alcohólicas —de 12 de la noche se pasó a las 2 a.m.

     Además, el alcalde capitalino no sólo heredó el problema de la recuperación del Centro Histórico, sino también la instalación de una planta reciclaje de basura, esfuerzo que fue frustrado por la decisión tomada por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de no permitir la construcción de la planta de transferencia y reciclaje de basura en el municipio de Apopa. Aquí salieron a relucir no sólo inexistentes problemas técnicos, sino también la falta de apoyo a las municipalidades para echar a andar los proyectos conjuntos que requieren poner por encima de las banderas políticas los intereses de las comunidades.

Consideraciones finales

     En términos generales, los terremotos develaron una realidad de pobreza que ya existía —sobre todo en el área rural— y que el discurso oficial pretende esconder. Es claro que los pobres de El Salvador siempre están en situación de desastre: por el hambre,  la impunidad, los secuestros, el desempleo, las sequías y la inseguridad generalizada. 2001 ha sido, sin duda, un año de tensiones y calamidades individuales y pérdidas irreparables causadas por los desastres. Lo ocurrido durante este año invita sobre todo a los que gobiernan este país a reflexionar en serio sobre la realidad actual que quieren ocultar.

     La reflexión tendría que girar en torno a uno de los principales problemas que preocupa a la población: la pobreza extrema. El Informe sobre Desarrollo Humano del 2001 deja ver que la mitad de la población salvadoreña vive en condiciones de pobreza. Es, evidentemente, un problema estructural que el presidente Flores no ha enfrentado con seriedad ni antes ni después de los terremotos ¿O es que el mandatario desconoce la realidad en que viven aproximadamente la mitad de los salvadoreños? En el último sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), la misma población hace énfasis en que los terremotos y la política económica impulsada por el gobierno han venido a agudizar el problema de la pobreza en el país.

    Por tanto, si El Salvador ha adquirido la fama de ser el más famoso del mundo por sus niveles de violencia —como lo menciona el presidente Flores en su discurso de fin de año— queda grande decir que es un país donde la pobreza no existe, lo cual además es paradójico. Insistir a estas alturas en que el país sigue teniendo una visión para el futuro es pecar de ingenuidad. ¿Cómo puede haber visión de futuro en un país donde se tiene un gobierno que prefiere la publicidad a la realidad?

     35 millones de centroamericanos fueron testigos de un año de variopintos actos en los escenarios político, social y económico en sus respectivos pueblos. El entusiasmo inicial con que arrancó 2001 fue menguando paulatinamente, a medida que se configuraron polos de confrontación en la vida política y social de cada una de las naciones, tomando en cuenta el marcado ambiente electoral centroamericano y la mala gestión de las clases políticas nacionales. Aquel entusiasmo disminuyó además a la par de las ingentes demandas sociales no cubiertas por los gobiernos de turno, lo cual desencadenó el descontento ciudadano que, en muchos casos, llevó a usar la violencia tanto por el lado de los ciudadanos como por el aparato gubernamental.

    Asimismo, los centroamericanos no pudieron escapar del impacto de los factores externos de gran envergadura como la caída de los precios de los productos de exportación —principalmente el café y el banano—, a la desaceleración de la economía mundial y a la recesión de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial del área. No podían faltar los embates de la naturaleza que causaron pérdidas superiores a los 2 mil millones de dólares.

    Indudablemente, el 11 de septiembre marcó un hito importante no sólo para la vida de los estadounidenses, sino para la humanidad entera. Esta empezó a comprender que el terrorismo no se reducía a un grupo aislado de dementes con un radio limitado de operaciones, sino que podía extenderse a las más seguras latitudes del planeta. Ante los ataques terroristas, los gobernantes centroamericanos se adhirieron inmediatamente al proyecto antiterrorista estadounidense, sin detenerse a evaluar las implicaciones humanitarias de la represalia militar aliada en Afganistán y en cualquier país que ose decir que no está del lado de “nosotros” proclamado por George W. Bush.  Pero, obviamente, ¿qué más se les podía pedir a los mandatarios del área, quienes se han mostrado fieles al discurso norteamericano de defensa de la libertad y la democracia a toda costa, incluso pasando sobre estos dos principios?

Elecciones y consolidación democrática

    2001 estuvo marcado por un intenso ambiente electoral que involucró, directa o indirectamente, a todos los países del área. En este ambiente, fue puesto en la palestra de discusión el papel de la institucionalidad democrática centroamericana, tomando como referente, en primer lugar, el camino recorrido desde el período de transición gestada en los años ochenta y, en segundo lugar, los retos que plantea el nuevo escenario mundial en un siglo que comienza. Dos casos en particular son muestra de preocupación en este proceso de consolidación democrática: el retroceso o involución de los Acuerdos de Paz de 1992 y 1996, en El Salvador y Guatemala, respectivamente. Este marco puede ser de gran utilidad para dar un vistazo al desempeño político guatemalteco y salvadoreño, dada la relativa similitud de ambas situaciones.

    En el caso hondureño, nicaragüense y costarricense, el referente ineludible sería el desempeño electoral que desembocó en la elección de dos nuevos mandatarios rodeados por un ambiente de renovación y de esperanzas de cambio. Costa Rica se encuentra en la recta final de cara a las elecciones generales de febrero de 2002 y en Panamá Mireya Moscoso inaugura su tercer año de gestión marcado por un creciente descontento ciudadano y por los intentos de sacar a la economía nacional a flote.

    En términos generales, el desenlace electoral del año que ha culminado deja muchas lecciones para los centroamericanos. En primer lugar, la aún precaria institucionalidad electoral vigente en el área, en tanto que han prevalecido las campañas sucias entre rivales, los señalamientos de partidarización en los tribunales electorales, el movimiento de fuertes intereses que impiden la emergencia de fuerzas políticas alternativas y una serie de factores que impiden el satisfactorio desempeño de los eventos electorales. Los observadores internacionales han señalado un certero avance en la materia —como lo demostró el evento nicaragüense—, pero aún falta camino por andar.

    En este punto la tarea que se impone es la reestructuración de los sistemas electorales centroamericanos en todos sus componentes: normativa electoral, partidos políticos, tribunales electorales y cultura democrática. Con todo, una de las iniciativas que ha sido bien vista en el caso hondureño es la incorporación del sufragio de ciudadanos en el extranjero, lo cual es una tarea a reforzar y tomar en cuenta en respuesta a las grandes franjas poblacionales centroamericanas en el exterior que prácticamente no cuentan con representación política en sus países de origen.

    En segundo lugar, la experiencia acumulada hace un llamado a la renovación y modernización de los partidos políticos, de cara a su creciente desvinculación con la ciudadanía y a la ausencia de proyectos apegados a la realidad. Dicho en otros términos, la clase política en general ha adolecido de tal miopía que se ha dado pie al descontento e incredulidad ciudadanas hacia las promesas incumplidas.

    El desprestigio de las asambleas nacionales, de la labor judicial y de las malas gestiones presidenciales ha sido un denominador común en Centroamérica durante 2001. Finalmente, los nuevos gobiernos a estrenarse en 2002 y los responsables de la serie de reacomodos preelectorales en el resto de los países de la región tienen la ingente tarea de vincular a gobernantes y gobernados, para avanzar en incipiente y necesario proceso de consolidación democrática centroamericana.

    Siguiendo esta línea, ya se ha señalado la preocupación respecto del cumplimiento de los Acuerdos que pusieron fin a la guerra en los dos países que concentran a casi la mitad de centroamericanos. A cinco años de la firma de la paz en Guatemala, llama la atención que las dos últimas administraciones no se han preocupado —por descuido o por incapacidad— por dar cumplimiento a los compromisos pactados: aún hay militarización de la vida nacional y del gobierno, la corrupción gubernamental es un secreto a voces, hay todavía una pésima distribución de la propiedad, la exclusión social y la pobreza no parecen dar tregua a la población y, finalmente, la clase política no parece tomar cartas en el asunto.

    Durante 2001, el presidente Portillo ha sufrido un mayor desgaste a consecuencia del enfrentamiento con la clase empresarial y amplios sectores de la sociedad inconformes con los dos años de gestión. Similar situación ocurre en El Salvador, aunque los medios de comunicación parezcan no darle importancia. En efecto, a diez años de los Acuerdos de Paz ha habido sustanciales logros, sin embargo, aún perduran los grandes vicios de antaño como la corrupción en instituciones clave de la vida nacional (Corte de Cuentas de la República, Policía Nacional Civil, Fiscalía General, sistema penitenciario, sistema de transporte, sistema electoral y sistema judicial).

    En Nicaragua y Honduras, dos nuevos mandatarios —Enrique Bolaños y Ricardo Maduro, respectivamente— representan la esperanza de cambios, a pesar de que difícilmente se desmarquen de los compromisos adquiridos por sus antecesores ante la comunidad internacional y los organismos cooperantes. Ambos provienen de las canteras de la derecha partidaria y fácilmente se alinean en el proyecto neoliberal acuñado por las últimas administraciones centroamericanas sin excepción. En el caso de Costa Rica aún falta ver el desenlace final de las elecciones de febrero de 2002, en las cuales se vaticina un amplio margen de absentismo y apatía de los costarricenses.

    Igualmente preocupante es el escenario político en Panamá, cuyo gobernante, la presidenta Mireya Moscoso, ha experimentado un paulatino descrédito durante los dos años de gestión cumplidos. Con una fuerte oposición política, una ciudadanía inconforme, un cuestionado gabinete y un reducido respaldo partidario, Moscoso deberá terminar su administración al menos con el crédito de la perseverancia, en respuesta a la mala imagen que se ha ganado.

    En suma, Centroamérica se encamina hacia la consolidación de sus sistemas democráticos con pocas armas y con modestos logros reales. Sobran los proyectos y las iniciativas a todo nivel, pero además saltan a la vista del observador los grandes vicios enquistados durante los más oscuros hitos de la historia política regional. En 2001 siguió presente la corrupción, la discrecionalidad, el amiguismo, las prebendas, el compadrazgo político, el autoritarismo, la apatía, el interés propio y la exclusión. Frente a esta realidad emergen las energías colectivas —como los demostraron los nicaragüenses al acudir a las urnas— y los deseos de cambio en algunas estructuras que prometen una mejor suerte para 2002.

Dependencia y vulnerabilidad de las economías

    En general, la economía centroamericana tuvo un mal desempeño en 2001. La paulatina disminución del crecimiento del PIB en 2000 y el deterioro de la balanza comercial era ya un signo de alarma para las economías nacionales en al año que recién concluyó. Pero, lo que más ha causado preocupación es la creciente dependencia de los factores externos y la vulnerabilidad de las economías centroamericanas. En efecto, los vaivenes del mercado mundial hicieron de las suyas en las economías del área, sobre todo por la caída de los precios internacionales del café y el banano, a causa de una sobreproducción mundial y por los altos precios del petróleo registrados a o largo de casi todo el año, situación que incidió en un encarecimiento del mercado local de los hidrocarburos y de la electricidad.

    Tal dependencia se hizo más palpable tras el decadente desempeño de la economía estadounidense que arrastró inexorablemente a las débiles economías mexicana y centroamericanas. Los atentados terroristas del 11 de septiembre agravaron aún más la situación, a la par de la sensación de incertidumbre reinante en los círculos comerciales y financieros. Todo ello, junto a las variables internas de cada nación, propició la debacle de los indicadores económicos.

    Definitivamente, la gestión económica impuesta en los últimos años en Centroamérica ha tenido gran incidencia en los niveles de dependencia. La aplicación de los compromisos pactados con los grandes organismos internacionales y las malas administraciones han contribuido a la configuración de los escenarios actuales. La dependencia del exterior es palpable. El peso de las remesas familiares y de la asistencia internacional ha crecido significativamente en 2001, cuyos montos han pasado a ser pilares que mantienen a las economías a flote.

    Otro caso paradigmático es el de la actividad maquilera en la región, para la cual los gobiernos han dirigido toda clase de incentivos fiscales y programas de financiamiento. Esta apuesta por el sector maquilero —conocido como “capital golondrina”, debido a los escasos márgenes que dejan a las economías nacionales— ha sido alimentada por los incentivos comerciales concedidos por Estados Unidos en 2001 (la ampliación de la ICC) y por la negociación de tratados de libre comercio.

    El año que concluye estuvo también marcado por intensos cabildeos internacionales para “amarrar” tratados comerciales de manera multilateral o bilateral y ampliar los mercados locales. En mente de los mandatarios centroamericanos y de sus respectivos gabinetes económicos ha estado el megaproyecto del ALCA que pretende instaurar el libre comercio desde Alaska a la Tierra de Fuego y convertir al continente entero en el bloque comercial más grande del mundo. Empero, los esfuerzos gubernamentales han estado orientados, lógicamente, al encadenamiento y estrechamiento comercial con el TLC de América del Norte, tarea que ha implicado la necesaria vinculación con los mercados mexicanos. Estas iniciativas han estado acompañadas por la propuesta integracionista presentada por el presidente mexicano, Vicente Fox, a sus colegas de Centroamérica cuando aquél recién había sido electo presidente.

    Efectivamente, el Plan Puebla-Panamá (PPP), inspirado en los principios de desarrollo extensible desde el sureste de México hasta Panamá, conquistó de inmediato los oídos de los mandatarios centroamericanos deseosos de estrechar la distancia que los separa  de Estados Unidos y, de paso, emprender una estrategia de integración y de combate de la pobreza en la región. No obstante, los gobernantes y sus designados tendrán que demostrar que el PPP es más que un proyecto desarrollista barato, del cual se conoce bastante en el área; además deberán demostrar que realmente se persigue el bienestar de los pueblos involucrados.

    El cabildeo internacional se consolidó con la celebración de reuniones de los llamados Grupos Consultivos, a fin de mantener los programas de cooperación y de financiamiento destinados a la reconstrucción y modernización de Centroamérica. El Grupo Consultivo de Madrid levantó grandes expectativas en la opinión pública centroamericana; pero, como ocurre con el PPP, la información divulgada por los gobiernos no ha sido suficiente como para evaluar el progreso de los proyectos y adherir las sugerencias surgidas del diálogo y la concertación de sectores.

    Adicionalmente, las economías centroamericanas no se escaparon de los desastres. Sólo en el caso de El Salvador, cuyo territorio fue sacudido por dos fuertes terremotos en enero y febrero, el gobierno calculó —basado en datos de CEPAL y propios— un impacto superior a los 1,500 millones de dólares. Nicaragua y Honduras aún no se han recuperado del impacto del Mitch que desde 1998 golpeó fuertemente sus débiles economías. Ello con la agravante de un manejo poco transparente de los fondos provenientes de la cooperación internacional y por la denuncia de corrupción en la gestión del gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán. El fenómeno de la sequía registrado a mitad del año causó ingentes pérdidas en los sectores agrícolas de la región. Las estimaciones dan cuenta de un costo que asciende a los $20 millones en toda el área a consecuencia de la pérdida de cultivos y de fuentes de empleo.

     El crecimiento de las economías centroamericanas se redujo considerablemente debido, en gran parte, a la contracción de la demanda externa, como consecuencia de la desaceleración mundial y estadounidense. La economía de Costa Rica apenas creció un 0.3% en el año 2001, sus exportaciones se estancaron —principalmente de bienes tecnológicos— y el turismo sufrió un impacto considerable, luego de los atentados terroristas. En El Salvador, los terremotos de enero y febrero, el impacto de la sequía y la desaceleración de la economía estadounidense ocasionaron que el PIB creciera sólo un 1.5%, según las estimaciones más realistas.

    El gobierno salvadoreño tendrá que lidiar con un elevado déficit fiscal y el deterioro de la balanza comercial, condiciones que no permiten hacerse mayores ilusiones. La situación en Guatemala fue similar en 2001, tras el impacto de la sequía y la caída de las exportaciones tradicionales. El PIB guatemalteco crecerá apenas un 2%. En este país, marcó un hito importante la intervención de instituciones bancarias debido a serias irregularidades.

    Las economías de Honduras y Nicaragua mostraron un desempeño poco envidiable en el año, debido a los factores externos anteriormente señalados y, en el caso nicaragüense, al repliegue de la inversión extranjera y la asistencia financiera propia de un año electoral. Los desastres provocados en ambos países y el impacto del huracán Michelle en la región atlántica pusieron de manifiesto la vulnerabilidad física y social aún irresuelta. Finalmente, la crisis de la economía panameña se agudizó en el año que culmina, causando la caída del PIB en más de dos puntos porcentuales, con respecto a 2000.

La irresuelta demanda social

     El repunte en la mejora de las condiciones de vida de los centroamericanos experimentado a principios de la década de los noventa ha tendido a estancarse en los últimos años. Los éxitos logrados en aquellos años son palpables: reducción del analfabetismo, mayor cobertura de los servicios básicos, mayor índice de escolaridad, y una tímida reducción de los niveles de pobreza. Sin embargo, los avances no han estado a tono con las crecientes demandas sociales y al crecimiento poblacional. En 2001 se agudizaron los problemas sociales en la mayoría de países y las brechas existentes entre los propios países y al interior de los mismos siguen ampliándose.

     Los avances en la reducción de la pobreza han sido modestos, por no decir nulos. Lo peor es que los gobernantes han desaprovechado los momentos críticos para transitar hacia nuevos modelos de gestión social y económica —como sucedió con los terremotos en El Salvador y el todavía presente impacto del Mitch en Nicaragua y Honduras. Asimismo, los niveles de exclusión, vulnerabilidad y de precariedad en las regiones indígenas y atlánticas quedaron de manifiesto tras el impacto de los fenómenos naturales. De ahí que la gestión de riesgos y de los recursos naturales haya sido una deuda no suplida.

     Por otro lado, los bajos niveles de gasto público y la ausencia de políticas públicas en el área se han traducido en descontentos populares que ven con apatía la labor de la clase política y que, en el peor de los casos, ha desencadenado acciones de violencia. La baja inversión en Salud y Educación se refleja en la precariedad de los sistemas nacionales que dan cobertura a dichas áreas; y la situación se complica en las zonas rurales.

     El problema de la delincuencia se agudizó en todos los países sin excepción. Los secuestros estuvieron a la orden del día en Guatemala, Honduras y El Salvador. El tráfico de drogas y vehículos siguió siendo un gran desafío para los cuerpos policiales de la región, sin dejar de lado el desafío de la amenaza terrorista que emergió luego de los atentados del 11 de septiembre. Finalmente, los niveles de desempleo y subempleo empeoraron durante el año —principalmente en Panamá— como consecuencia del cierre de empresas y de plantaciones agrícolas —de café y banano fundamentalmente. Acompañado de lo anterior destacó el encarecimiento de la vida, el recorte de personal en el aparato estatal —como en el caso salvadoreño— y la ausencia de incentivos salariales por parte del gobierno: sólo en Costa Rica, Honduras y Nicaragua se registraron reajustes del salario mínimo real —del 12.8%, 6% y 12%, respectivamente.

La apuesta por la integración

    2001 ha planteado la necesidad de revisar el proceso de integración centroamericana y la incipiente —por no decir ineficiente— institucionalidad que la sustenta. Nunca antes se había cuestionado con tanta vehemencia el papel de las instituciones creadas —muchas al calor de conflictos, disputas y diferendos— para garantizar las relaciones políticas y económicas de las naciones que conforman el área. Basta dar un vistazo retrospectivo para darse cuenta de los largos e interminables diferendos entre todas las naciones, desde Belice, pasando por Nicaragua y hasta Panamá. El papel de la Corte Centroamericana de Justicia y del Parlamento Centroamericano ha quedado en entredicho y sin embargo pareciera que no hay suficiente voluntad política para despertar esas instituciones del letargo en que han caído.

    En el momento actual, la integración regional se presenta como un imperativo, dada la reducida capacidad —e importancia— de cada nación en particular dentro del escenario mundial. No sólo se trata de unificación aduanera y de corredores logísticos, sino que dicha integración implica un cambio de mentalidad que, obviamente, no se dará de la noche a la mañana. Con todo, las iniciativas de integración existentes, ya sean regionales o continentales —como el Plan Puebla-Panamá o el ALCA—, servirán de poco si no presuponen planes de nación integrales que involucren a todos los sectores sociales en un ejercicio de concertación y de participación.

     No ha habido en la historia de la prensa salvadoreña otros remezones iguales (ni siquiera parecidos) a los que tuvieron lugar a partir de 1990 en la televisión y la radio con la proliferación de noticieros, ni similares a lo ocurrido a mediados de los noventa con el remozamiento de las salas de redacción de los dos matutinos más grandes del país.

     Desde esos años, los logros alcanzados en el periodismo, tanto en lo tecnológico como en lo profesional, no han sido tan importantes como muchos esperarían. Sin embargo, es notable cómo a pesar de las presiones políticas y empresariales, la prensa ha contribuido, insistiendo en algunos temas, a la investigación de distintos casos.

Ataques contra la prensa

     Los periodistas durante 2001 tuvieron que enfrentar ataques de distinta naturaleza (verbal, física, judicial, entre otras) en el cumplimiento de su labor. Llamó especialmente la atención el caso del requerimiento judicial que quiso iniciar el diputado del PCN Francisco Merino en contra de cinco periodistas que escribieron sobre las supuestas amenazas que este hizo en contra de una jueza encargada de un caso de venta ilegal de terrenos municipales en San Luis Talpa, en el que estaba involucrado Merino.

    Merino se ensañó contra los periodistas  e intentó en abril de 2001 iniciar una acción penal en su contra. La reacción de Merino fue atacar a la prensa y cuestionar su profesionalismo, como si los reporteros se hubieran inventado los hechos y no hubieran respaldado sus textos con las fuentes apropiadas. En esta ocasión, la organización internacional con sede en Francia, Reporteros Sin Fronteras, recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado que las leyes de desacato, como las que Merino pretendía que se le aplicaran a los periodistas, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

    Una reacción similar mostró el ex presidente del BFA, Raúl García Prieto, cuando salieron a la luz pública las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas en la institución que él administró de 1995 a 1999. Las anomalías en el BFA constan en informes de la Corte de Cuentas y de la Superintendencia del Sistema Financiero. En la primera semana de diciembre, un juzgado confirmó la detención provisional de García Prieto y de otros dos grandes empresarios por defraudación de la economía pública. García Prieto, sin embargo, ha insistido en su inocencia y también en culpar a la prensa por amarillista, poco profesional y por haber “mancillado su nombre”.

    En el caso de los funcionarios que sienten dañada su imagen pública, es importante señalar que en ocasiones los periodistas asumen el rol de jueces y fiscales, y quieren hacer prevalecer sus tesis sobre cualquier otra. En este sentido, sería más recomendable que se abstuvieran de tomar partido, para dejar que las autoridades juzguen basados en pruebas y no en rumores o en la versión que supuestamente pesa más en la opinión pública.

    Otro tipo de ataques contra los periodistas se ha dado en las marchas organizadas por organizaciones laborales y respaldadas por el FMLN (el 1 de mayo y el 15 de septiembre, específicamente) en las cuales algunos manifestantes agredieron físicamente a algunos miembros de la prensa, supuestamente en represalia por la cobertura de desprestigio que dan a estas protestas. Los golpes también han venido de la Policía Nacional Civil, cuando en noviembre dos periodistas de El Diario de Hoy fueron agredidas por policías que intervenían en algunos disturbios ocurridos en el carnaval de San Miguel.

    Otra agresión (en cierto modo encubierta) se observó en el boicot publicitario que arreciaron algunos empresarios y el gobierno del presidente Francisco Flores en contra de TV12 después de los terremotos. La labor de denuncia de los errores cometidos por el gobierno en la distribución y recepción de ayuda para los damnificados le valió a TV12 una crisis económica seria que lo obligó a hacer un recorte de personal y a moderar su política editorial en las semanas posteriores a los señalamientos hechos por el presidente Flores. Flores había acusado a esta televisora de estar obstaculizando la llegada de ayuda internacional.

    En estas agresiones, se revela la actitud intolerante de los servidores públicos por clasificar la información que pone en evidencia sus errores.

Contribuciones de los periodistas

    En el año, la prensa, cumpliendo su responsabilidad, contribuyó a que muchas investigaciones judiciales avanzaran, a que el gobierno rectificara algunas decisiones y a que la población entendiera los acontecimientos que estaban ocurriendo.

    Por ejemplo, en el caso de las irregularidades detectadas en el BFA, la prensa escrita, con su insistencia y labor de investigación, hizo un esfuerzo grande por hacer públicos detalles de la evolución de esta indagación judicial. Según las autoridades, el BFA perdió más de 11 millones de dólares por la concesión de créditos anómalos al Ingenio El Carmen.   Probablemente, esa insistencia en revelar las anormalidades investigadas es que García Prieto
quiso desprestigiar a la prensa.

    Los periodistas también contribuyeron a impulsar las investigaciones judiciales que se siguieron en el caso de la FEDEFUT. El ex presidente de la Federación, Juan Torres, atacó verbalmente a la prensa en varias ocasiones y afirmó que algunos medios perseguían intereses oscuros al insistir en su supuesta culpabilidad en el faltante de varios millones de colones (cantidad que en un principio casi alcanzaba el centenar y luego se desvaneció a menos de cinco). Los salvadoreños pudieron seguir de cerca las investigaciones en este caso debido al esfuerzo de la prensa por darle cobertura.

    Cuando se conoció la ‘pérdida’ de los fertilizantes donados por Japón, se evidenció también la importancia que tuvieron las publicaciones periodísticas aparecidas para que las autoridades determinaran la identidad de los verdaderos responsables. Tanto en el caso del BFA y de la FEDEFUT como en el de los fertilizantes, fue importante que se hicieran públicas las anomalías para que se hicieran esfuerzos (aunque fuera mínimos) por castigar a los culpables, aunque el objetivo no se alcanzó aún, al menos en el faltante de las arcas de la FEDEFUT.

    Durante la tragedia nacional generada por los terremotos, la prensa tuvo también un rol muy importante, especialmente por dos motivos: porque permitió que la ayuda humanitaria llegara a los lugares más apartados de las ciudades que por algún motivo no habían sido identificados por las autoridades y porque contribuyó a que el presidente Flores y su gabinete modificaran a tiempo su política de distribución y recepción de ayuda, en la cual inicialmente no se habían tomado en cuenta a los gobiernos locales. Esta coyuntura supuso un reto difícil para el presidente Flores, quien no toleró las críticas de TV12 y, con su actitud, incrementó la tensión entre esa televisora y el gobierno.

    Otros aportes notables de la prensa se desprendieron de la investigación que publicó El Diario de Hoy sobre las dificultades que tenía el ministerio de Educación para cumplir con las becas que había ofrecido a los bachilleres más sobresalientes de 2000. De no haberse hecho público el retraso en el pago de las becas, los estudiantes aún estarían esperando su dinero.

    Al final del año, la revista Vértice, con una investigación que en principio no parecía tener suficiente soporte, logró poner en tela de juicio la actual administración del Zoológico Nacional, tras evidenciar algunas irregularidades cometidas por la directora del parque, Iliana Ochoa. Tras la publicación del reportaje, CONCULTURA ha decidido remover a Ochoa del cargo.

Cobertura de los hechos más impactantes

    Los medios noticiosos enfrentaron este año la tarea de informar sobre dos hechos especialmente delicados: los terremotos y los ataques terroristas contra Estados Unidos.

    Tras el terremoto del 13 de enero, los noticieros de televisión y los periódicos cumplieron un rol satisfactorio como proveedores de información básica para la población. Ya se señalaron arriba sus contribuciones en este sentido. A pesar de esto, la mayoría de medios noticiosos se empeñaron (consciente o inconscientemente) en hacer una cobertura periodística superficial y sensacionalista, que lejos de infundir tranquilidad en la población la exacerbó aún más.

    Estos errores fueron especialmente graves en la prensa escrita, ya que cuenta con las características para tratar los temas con más profundidad que los medios electrónicos. La revista Enfoques hizo el esfuerzo más serio de cobertura de esta tragedia en una de sus publicaciones de esos días, en la cual mostró la historia sísmica del país y puso en evidencia los fracasados intentos gubernamentales que no han logrado identificar las zonas de mayor riesgo telúrico en el país.

    En general, hubo un gran vacío en los grandes periódicos y en la televisoras controladas por el consorcio Eserski: las críticas en contra del gobierno (por la distribución de la ayuda) y contra las constructoras (por su potencial responsabilidad en el desastre de La Colina).

    Según los expertos, durante momentos de crisis, se agravan ciertos vicios en los medios de comunicación, a saber: la trivialización, la fragmentación, la tendencia a destacar lo espectacular y lo dramático, y la falta de auténtica verificación de lo que se divulga. Estos vicios aparecieron en el tratamiento periodístico de las noticias generadas por los terremotos en casi todos los medios de comunicación, aunque en esto ninguno supera a la televisión, por la explotación excesiva que hicieron de las imágenes (¿quién puede olvidar el aluvión de tierra que cayó sobre la urbanización La Colina?).

    Fue muy revelador ver cómo los noticieros de televisión, agrupados en la Telecorporación Salvadoreña (TCS), obviaron tenazmente hasta la más mínima crítica en contra de la política gubernamental de distribución de ayuda. Prefirieron enaltecer la tragedia de los “sobrevivientes símbolo” (Sergio Moreno) y “los lugares símbolo” (Comasagua y La Colina). Escogieron explotar lo trágico, sin complicarse en investigaciones serias del porqué tanto desastre en la Cordillera del Bálsamo o qué genera y mantiene la vulnerabilidad de la población pobre ante este tipo de tragedias.

    Otro reto para la prensa lo representó la coyuntura desatada por los ataques en contra de Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo que la primera potencia del mundo y sus aliados comenzaron en Afganistán (y quién sabe dónde continuará). A partir de la información difundida por la prensa salvadoreña, la guerra se reveló como un hecho inaplazable. Las páginas de los diarios, las pantallas y las ondas radiales se llenaron con las voces de analistas y estrategas militares que detallaban tornillo por tornillo el funcionamiento de las armas que serían usadas en contra del ‘enemigo mundial’.

    Las fuentes de información que apoyaron la visión estadounidense reinaron en las páginas informativas de los periódicos: el presidente Bush y su gabinete (junto a muchos de sus compatriotas), los presidentes de los países miembros de la OTAN, el presidente salvadoreño y algunos diputados. El Islam y sus seguidores fueron nuevamente estigmatizados como el más temible mal de este mundo.

    Las voces que condenaron tanta barbarie, pero que no apoyaban las salidas guerreristas y que pusieron estos incidentes en perspectiva han estado prácticamente ausentes en la cobertura periodística de la prensa local. Lo que sí hicieron los periódicos locales fue pedir su opinión a estrategas militares al estilo CNN que explicaran (más de lo que ya se hacía) cuáles serían las operaciones más recomendable y cuáles eran sus riesgos. No sobresalieron las voces que se apartaran un poco del discurso estadounidense y del de Bin Laden o sus seguidores. No hay una visión independiente que muestre cuál es una posible salida a este problema mundial, al cual no ha puesto fin ni siquiera las toneladas de pólvora lanzadas sobre Afganistán.

    La importancia dada por la prensa salvadoreña fue exagerada en algunos casos como el de El Diario de Hoy, que en su suplemento “Sucesos del Año 2001”, asignó las primeras 15 páginas al tema de Estados Unidos, el terrorismo y Afganistán. La sequía y la hambruna en Centroamérica aparentemente no ocuparon un lugar importante en la agenda diseñada por El Diario de Hoy, ya que sólo le dedicó una página en este suplemento de fin de año.

    Tanto en el caso de los terremotos como en el de la coyuntura mundial creada tras el 11 de septiembre, los medios noticiosos enfrentaron el desafío de abordar hechos de contenido especialmente sensible, que se prestaban mucho para el periodismo amarillista y de espectacularización. La mayoría de medios no resistieron la tentación y explotaron el espectáculo al máximo.

Valoraciones finales

     Sobre el desempeño del gremio periodístico hay variadas opiniones. Desde dentro de una de estas empresas, el editorialista de El Diario de Hoy dice que “como periódico responsable que somos, determinamos con plena independencia los contenidos de nuestras publicaciones, procurando que sean objetivos, veraces, honestos, que llenen una necesidad de conocer, que se trate de posturas sensatas y no hagan cargos infundados”. Además de hacer gala de ideales que muchos han superado ya en el periodismo, este editorialista agrega que “el buen gusto, lo patriótico y lo que son contribuciones positivas al desarrollo nacional, es lo que fundamentalmente encuentra espacio” en ese matutino.

     Motivaciones similares mueven a muchos medios nacionales. Sin embargo, dentro del mismo gremio periodístico hay quienes cuestionan la honestidad de semejantes motivaciones. Tras la crisis económica que se agravó en TV12 en mayo pasado, el periodista Juan José Dalton dijo en una de sus columnas en La Prensa Gráfica que “el proyecto de atrincheramiento de fuerzas retrógradas en contra de la institucionalidad democrática... está aparejado en vencer a los medios independientes de prensa”.

     En El Salvador, ha sido evidente por años la existencia de una prensa mayoritaria conservadora, bastante complaciente con los gobiernos de derecha, y la prensa minoritaria, más cercana a los intereses de las fuerzas de izquierda. Ninguna de ellas está dispuesta a revelar claramente sus vínculos y se empeñan ambas en desvanecer cualquier señalamiento de dependencia política e ideológica. Algo similar sucede en otros países con parecidos niveles de polarización como en Nicaragua.

    En la prensa salvadoreña, se ha observado cómo el sector conservador con más poder político y económico ha logrado consolidarse con el respaldo incondicional de poderosos medios noticiosos locales. Mientras tanto, los escasos esfuerzos profesionales dentro de la prensa no prosperan ni tienen una incidencia mayor en la construcción de un sistema más transparente debido a esa alianza entre el poder político y los dueños de los medios.
 

Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA.

 

Introducción

    Al acabar el 2001, resulta imposible dejar de pensar que hace diez años estaba finalizando el proceso de negociación mediante el cual se puso término a una guerra que —durante la década de los ochenta— convirtió a El Salvador en un sitio privilegiado para la muerte brutal y otras formas de sufrimiento desmedido para quienes lo habitaban. Ese conflicto armado no se generó de forma espontánea. Sus principales causas se ubican fácilmente en la histórica exclusión económica y social de la mayoría de su población, en la falta de espacios para la participación de la gente en las decisiones de su interés, en el uso de la violencia como “método” para “resolver” conflictos y en la impunidad sostenida, sin lugar a dudas, por la existencia de una institucionalidad distorsionada al servicio de grupos particulares de poder.

    Para bien, la conclusión de los combates militares en nuestro país ocurrió entonces. Y se produjo en medio de un mundo que comenzaba a dar sus primeros pasos, en el marco de una situación distinta a la que había prevalecido durante casi todo el siglo. En el mapa político, las cosas habían cambiado radicalmente tras la culminación de la llamada “guerra fría” y su “equilibrio estratégico” que —durante décadas— mantuvo a la humanidad entera prendida de un hilo, al borde del abismo.

    Así pues, el escenario nacional e internacional en ese momento era propicio para que la mayor parte de las opiniones se inclinara hacia el optimismo desbordado. Quienes manifestaban tal estado de ánimo y, además, se encontraban ocupando sitios desde los cuales podían influir en la opinión de la gente, llegaron incluso a descalificar otras posiciones que —apelando a la objetividad— analizaban los acontecimientos con más cautela. Hablar sobre ciertos peligros en el horizonte resultaba, entonces, demasiado atrevido y hasta costoso.

    Pero ahora, los vientos que soplan no son aquellos pletóricos de entusiasmo que hace diez años invadieron los espacios, dentro y fuera de nuestro país. Eso tiene una explicación lógica: mientras se sigan acumulando injusticias que afectan a millones de personas, prevalecerán las condiciones para que la violencia continúe degradando la existencia de la humanidad y se vendrán abajo —tarde o temprano— las proyecciones basadas en diagnósticos optimistas elaborados desde y para quienes manejan el poder.

    Encontrar fórmulas civilizadas que posibiliten la superación de la causa fundamental de la violencia y la violencia misma en sus manifestaciones más aberrantes, como por ejemplo la guerra, requiere la existencia —en lo nacional e internacional— de instituciones confiables a los ojos de la gente por su contribución eficaz al logro del “bien común”.

    A nuestro criterio, es desde esa perspectiva que se debe analizar una situación determinada de derechos humanos. Ni los recuerdos de épocas pasadas marcadas por el entusiasmo coyuntural ni la publicidad manipuladora de la actualidad, que generaliza la abundante satisfacción de unos pocos privilegiados para cubrir la pobreza y la extrema pobreza de la mayoría, son herramientas adecuadas para ello.

    Es necesario situarse objetivamente en una realidad y considerar de ella los niveles de respeto o irrespeto a la condición humana en que vive la población entera; es necesario, además, tomar en cuenta el grado de participación ciudadana en los asuntos de su interés y la calidad del funcionamiento institucional. Ello, con el objeto de analizar en qué medida puede influir todo eso —en el corto, mediano o largo plazo— a favor o en contra de la gobernabilidad, de Estado de Derecho, de la convivencia social armónica y de la paz.

    Partiendo de lo anterior, de nuevo nos atrevemos a examinar un año más. Y lo hacemos echando un vistazo general y rápido a la situación de ciertos derechos, para pasar después a analizar tanto el funcionamiento de las instituciones encargadas de promoverlos y protegerlos como el esfuerzo de las personas y los grupos sociales que luchan dignamente por lograr que en El Salvador —por fin— se respete la ley.

1. Estado actual de los derechos humanos

    En este rubro, nuestro planteamiento es el siguiente: El Salvador ha sido y siguió siendo en el 2001 un país inseguro, cuya población mayoritaria sufre las consecuencias generadas por uno, varios o todos los rostros de esa condición. Desde la perspectiva de los derechos humanos, al fijarnos más en el fondo que en la forma, la única seguridad que hoy existe en nuestro país —al comparar lo ocurrido durante el año examinado con la situación vigente hace unos lustros— tiene que ver con el fin de la guerra interna y las prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos por razones políticas.

    Nadie debería poner en tela de juicio el que, al menos por el momento, exista esa seguridad. Por el contrario, quienes desde un compromiso sincero trabajamos en el país por el “bien común” —entendido éste como la vigencia real y amplia de los derechos humanos— debemos hacer hasta lo imposible por garantizar que eso continúe y se consolide. Ello nos obliga a esforzarnos por explicar, de la mejor forma posible, el por qué de nuestra preocupada posición y a poner sobre la mesa las propuestas para enfrentar con éxito los peligros que acechan, incluso, hasta lo poco que se ha logrado.

    Comencemos, entonces, por contestar la siguiente pregunta: ¿Por qué consideramos que nuestro país sigue siendo inseguro y que la mayoría de la gente que lo habita es víctima de ese estado de cosas? La respuesta aparece, clara, al examinar puntualmente ciertos derechos contemplados en documentos internacionales y en nuestra legislación, directamente relacionados —además— con las causas que nos empujaron hasta el conflicto armado interno. Hablamos de los derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad personal y patrimonial, a la justicia y a la participación ciudadana, sin dejar de lado en lo absoluto los derechos económicos y sociales.

    Antes de entrar al detalle, cabe señalar que los terremotos y la enorme cantidad de temblores de menor intensidad que durante el año afectaron a cientos de miles de personas son hechos importantes. Pero éstos, en todo caso, sólo agravaron la ya difícil situación de la población mayoritaria; nunca pueden plantearse, ni siquiera insinuarse, como causas de los hechos problemas que en la actualidad nos cuestionan en materia de derechos humanos.

    A estos fenómenos naturales, convertidos en desastres por la vulnerabilidad de nuestra gente, se deben agregar otros hechos de trascendental importancia ocurridos en el 2001 como la entrada en vigor de la Ley de Integración Monetaria —más conocida como la “dolarización”— y los condenables atentados terroristas que tuvieron lugar en Washington y Nueva York el 11 de septiembre. Dichos acontecimientos deben ser observados con especial atención por su influencia en el tema de la migración, tan importante para la sociedad salvadoreña.

    Con el objeto de examinar la situación del país durante el período considerado partamos de lo que se reconoce, hasta por el ex presidente Alfredo Cristiani hace casi diez años, como raíz profunda del conflicto salvadoreño: la exclusión económica y social. Para ello, resultan de mucha utilidad algunas de las conclusiones y reflexiones finales incluidas en el análisis de coyuntura sobre el primer semestre del 2001, elaborado por el Departamento de Economía de la UCA.

    “Las consecuencias adversas y las cargas del insuficiente y desacelerado crecimiento económico —señala el citado documento— recaen casi en su totalidad sobre la clase trabajadora. Tanto la pobreza como la inseguridad económica afectan de una manera especial a la mano de obra del sector agropecuario. El sector informal continúa sosteniendo a gran parte de la población empleada y subempleada, pero sin que ésta tenga acceso a la seguridad social.

    Los consumidores pagan el IVA en mayor proporción que el impuesto sobre la renta. La balanza  comercial sigue siendo deficitaria, debido a la excesiva importación de bienes de consumo —algunos no necesarios o relativamente suntuarios—, intermedios y de capital, al mismo tiempo que el sector privado exportador no da muestras de ser, a nivel técnico, competitivo, en una economía globalizada y en un contexto de apertura económica. El hecho de que la maquila sea el mayor rubro de exportación, no honra a la creatividad del sector productivo privado, sobre todo cuando la mayoría de fábricas maquileras poseen un alto porcentaje de capital extranjero, atraído por los incentivos fiscales, que reducen su contribución al desarrollo nacional,”

    A ello, se agrega lo siguiente: “Que las remesas sean el salvavidas de la economía y de la cuenta corriente, y que el  gobierno utilice cada vez mayores montos de deuda subordinada es un signo claro de la debilidad estructural de la economía y de lo ficticio de la estabilidad macroeconómica. En realidad, se utilizan los datos de la contabilidad nacional para disimular la debilidad real del modelo actual.”

    Las reflexiones anteriores encuentran parte de su fundamento en los datos que a continuación se presentan. Los mismos son resultado de estudios recientes elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Programa Mundial de Alimentos (PMA):

    - La permanencia de grandes disparidades económicas y sociales explica, en buena medida, el hecho de que El Salvador continúe presentando uno de los niveles de desigualdad más altos del mundo. En nuestro país, el 20% más rico de la población percibe —como promedio— ingresos 18 veces superiores a los que le llegan al 20% más pobre. La relación en los países de más alto desarrollo humano es sólo de cinco veces.

    - El 80% de las familias salvadoreñas no alcanza a obtener un ingreso mensual de $571.43 (dólares USA), que es el costo de la canasta básica.  En ese marco, resultan lógicos los elevados porcentajes de la población que padecen por problemas de salud y nutrición, educación, acceso a servicios de agua potable, saneamiento y vivienda digna.

    - Una de cada cuatro personas en el país vive en situación de extrema pobreza; es decir, no obtiene ni siquiera un dólar diario de ingresos. Esta situación se agrava en los departamentos de Morazán, Cuscatlán y Cabañas donde seis de cada diez personas sobreviven en tal condición. En esos departamentos, la desnutrición crónica de la niñez se encuentra entre el 30 y el 50%, lo que genera danos irreversibles.

    - El patrón de acceso desigual y de exclusión a los servicios básicos que prevalece en El Salvador está relacionado con ciertas deficiencias institucionales. Estas últimas dificultan que una mayor asignación de recursos se traduzca en mayores beneficios para las personas más pobres.

    - La asignación de recursos a las entidades ejecutoras de la política social se realiza, generalmente, a través de presupuestos históricos, haciéndose poco uso de los indicadores de eficiencia y eficacia.

    En lo relativo al tema económico y social, así se presenta el panorama en El Salvador: difícil. Y de no resolverlo seguirá siendo, sin duda, un elevado factor de riesgo para la posibilidad de construir y consolidar una convivencia armónica entre sus habitantes. Recordemos lo que al respecto señalaba —de manera integral y lúcida— señalaba al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de 1978 sobre nuestro país y que se ofrece a continuación:

    “Numerosas personas, dentro y fuera del Gobierno, citan como una de las principales causas de esta tensión y polarización, las condiciones económicas y sociales que se han ido agravando a través de él (el país) por largo tiempo. La Comisión reconoce la gravedad de estas condiciones... Estas condiciones explican, en buena medida, graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y continúan ocurriendo en El Salvador y, a la vez, obstaculizan el disfrute de los derechos económicos y sociales... Por supuesto, tales condiciones en ningún caso pueden justificar las violaciones de los derechos civiles y políticos fundamentales. Estas violaciones constituyen un obstáculo a la superación progresiva de las tensiones sociales y políticas, ya que impiden el funcionamiento efectivo de un sistema político que pueda responder  constructivamente a las necesidades sociales y económicas de la población”.

    En la lógica de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, implícitamente señalada hace casi veinticinco años por la CIDH en la cita anterior, debemos afirmar que la actual situación económica y social en El Salvador —que deteriora la calidad de vida de los sectores mayoritarios de su población— incide de forma muy negativa en otros ámbitos, especialmente en lo relativo a la vida, a la seguridad y a la integridad personal.

    Sobre estos aspectos, se debe recordar que las cifras oficiales —hasta 1998— establecían un indicador cercano a los 120 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Así, se podía establecer un promedio que giraba alrededor de los 20 hechos por día, la mayoría de éstos cometidos con arma de fuego. Con el inicio de la actual administración de la Policía Nacional Civil (PNC) en julio de 1999, esa cifra se comenzó a reducir drásticamente.

    En noviembre del año que acaba de finalizar, la PNC informó que entre  enero del 2000 y septiembre del 2001 habían muerto —como promedio diario— alrededor de seis personas. Por uso de arma de fuego, la institución estableció  un promedio diario de cuatro víctimas. En total, se habló de 3,963 asesinatos: 2,342 en el 2000 y 1,621 durante nueve meses del 2001. Con estos datos  de la PNC el indicador de homicidios dolosos durante el 2000 sería de 39 por cada 100,000 habitantes. De ser ciertas las últimas cifras, quien haya logrado reducirlas a ese nivel es un funcionario excepcional, un publicista o un mago; de las tres opciones nos inclinamos por la segunda, aunque oficialmente se pretenda que la gente acepte la primera.

    Pero a pesar de esto último, cabe señalar que la cifra manejada ahora por la PNC siempre es demasiado elevada: dobla el indicador promedio establecido por la Organización Panamericana de la Salud para el continente americano, que es de 20 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Colombia está arriba de las 70 víctimas y es la más alta del continente. Por eso insistimos: independientemente de tan veloz y sospechosa reducción oficial de víctimas en El Salvador, el número sigue siendo significativamente alto; sobre todo, cuando esa cantidad de muertes ocurre en un país donde la comunidad internacional ha invertido tanto —durante más de diez años— para instaurar y consolidar un verdadero Estado de Derecho.

    Los móviles de las actuales manifestaciones de violencia, como dijimos antes en este balance y lo hemos sostenido a partir de 1992, no responden a causas políticas; pero tampoco tiene que ver mucho con delitos comunes. Casi el 80% de las muertes está relacionada con la violencia social y el crimen organizado. Dicho de otra manera: es el uso de la violencia, mediante el aniquilamiento del adversario, la forma a la que se recurre con más frecuencia en El Salvador para “resolver” cualquier tipo de conflictos o para obtener “dinero fácil”. Eso se demuestra con el cuadro siguiente:

DC: asesinados por delincuentes comunes; AD: asesinados por desconocidos; T: con señales de tortura; E: explosión de granadas o uso de armas privativas de la Fuerza Armada; CNI: en circunstancias no identificadas; APM: asesinados por policías o militares; RI: responsable identificado.

    Como en años anteriores, se debe aclarar que los datos incluidos en el cuadro anterior no reflejan el número exacto de los homicidios dolosos ocurridos en el país durante el período examinado. Son sólo el número de muertes de ese tipo publicadas en los cuatro periódicos de mayor circulación nacional. Hasta 1998, ese total equivalía aproximadamente al 10% de las cifras oficiales presentadas por la Fiscalía General de la República y la PNC. Si eso hubiera continuado, el número de víctimas estaría arriba de las 6,000.

    Como no contamos con los insumos suficientes para establecer si esta tendencia es verdadera o si lo es la sospechosa cantidad tan reducida que ahora ofrece la actual administración de la PNC, no vamos a perder tiempo y espacio polemizando al respecto. Ya lo dijimos antes: el problema no es tanto la cantidad —que en cualquiera de los dos escenarios siempre resulta elevada— sino la calidad. Y cuando hablamos de calidad, nos referimos tanto a la percepción de la gente como a las razones por las cuales se mata en nuestro país.

    Independientemente de lo que se diga oficialmente a través de los medios, la gente sigue angustiada por la violencia. Las tendencias establecidas con el registro periodístico colocan en primer lugar los hechos cometidos por desconocidos (63.77%); en segundo sitio se ubican los actos relacionados con delincuencia (9.2%). Llama la atención los porcentajes relacionados con cadáveres que aparecieron con señales de tortura (3.44%) y los asesinatos cometidos por policías o militares (2.79%).

    Del mismo registro periodístico del IDHUCA, cabe destacar otros elementos. En primer lugar, tenemos que murieron 488 hombres y 87 mujeres, lo que se traduce en el 80% y el 14.26% respectivamente; del resto, no se pudo determinar el sexo. Al igual que en el 2000, la violencia afecta más al sexo masculino; probablemente, en la mayoría de los casos, esto tenga que ver con el machismo predominante en el país que ubica a los hombres como sujetos y objetos de la misma.

    Pero, a diferencia del año anterior, en el 2001 se redujo el porcentaje de víctimas masculinas en un 6.26% y se incrementó el de las femeninas en un 1.57%. Esto último debe ser tomado en cuenta con bastante atención, ya que puede revelar cómo el hombre recurre a la violencia extrema contra la mujer —principalmente en el seno del hogar— cuando las circunstancias de su entorno le son adversas. En el incremento de las muertes femeninas durante el 2001, puede haber influido las preocupaciones derivadas de los terremotos y de la difícil situación económica.

    Además de lo anterior, el registro periodístico del IDHUCA reveló que el 73.11% de los hechos fueron cometidos con arma de fuego y el 12.79% con arma blanca. El rango mayoritario de edad se ubica entre los 21 y 30 años con 38.69% de víctimas, seguido por aquellas que tenían entre 11 y 20 años (15.25%) y las que tenían entre 31 y 40 años (11.64%). Aparecen, pues, muchas víctimas entre la niñez y la adolescencia, así como personas en edad económicamente activa pero —casi con seguridad— sin oportunidades para trabajar. El departamento del país donde los periódicos registran la mayor cantidad de muertes es el de San Salvador, con el 29.84%; le siguen Santa Ana (15.90%), La Paz (8.85%), Sonsonate (8.69%) y San Miguel (7.38%).

    Con todo lo anterior, es lógico que exista una gran cantidad de armas de fuego en todo el territorio nacional. Se habla de casi 400,000 en una extensión de alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados donde habitan 6 millones de personas, aproximadamente. Semejante cuadro resulta favorecido desde la institucionalidad del Estado: el Órgano Legislativo por modificar, en el 2000, la normativa  sobre la materia para hacerla ley en la materia más permisiva en lo relativo a la tenencia y portación de armas; el titular del Órgano Ejecutivo, por no vetar semejante barbaridad.

    A final de cuentas, para muchas personas —tanto cientistas sociales como individuos sin escrúpulos— El Salvador es un sitio donde existen condiciones propicias para acciones delictivas comunes y del crimen organizado. De ahí, también, la explicación a tanta muerte violenta. En este punto, se deben considerar, además, algunas secuelas de la guerra como la mutación de los “escuadrones de la muerte“; éste fenómeno fue, incluso, anunciada por la Comisión de la Verdad.

    A todo lo anterior, se deben agregar las recientes declaraciones del Procurador General de la República, Miguel Ángel Cardoza. El funcionario fue claro al sostener lo siguiente: “En materia penal les puedo decir que ha sido evidente el aumento de hechos delictivos durante el año. Posiblemente se ha logrado una disminución en los delitos de secuestros, pero no en los casos de delincuencia. El bien jurídico más lesionado ha sido el patrimonio y anda por 13 mil casos.”

    Al observar este panorama bastante preocupante, el juicio más adecuado y sintético resulta ser el emitido por el PNUD al referirse —en su Informe sobre Desarrollo Humano del 2001— a los “nuevos e inesperados problemas” que obstaculizan “la instauración del círculo virtuoso perseguido con los Acuerdos de Paz y la reforma económica de los noventa”. “En particular —se afirma en dicho documento— se ha desatado un fenómeno intenso de violencia y criminalidad que ha convertido al país en uno de los más violentos e inseguros en el mundo…”
¿Por qué está ocurriendo esto en El Salvador?

    En primer lugar, porque el respeto a los derechos económicos y sociales —a lo cual ya nos referimos— no llega ni lo disfruta toda la población sino sólo una minoría, que lo hace en abundancia. Eso propicia las condiciones básicas para que mucha gente agreda a sus semejantes por diversos motivos: desesperación, frustración, hambre, insatisfacción de otras urgencias elementales, alcoholismo, drogadicción y posibilidades para “mejorar económicamente” ingresando a las estructuras del crimen organizado, en sus niveles más bajos y en cualquiera de sus manifestaciones. Pero hay otra causa, que con toda seguridad tiene mucho más peso que la anterior. Por ella es que existen “intocables” en el país que financian, organizan y ordenan ejecutar acciones delictivas de “cuello blanco” o que son cabezas invisibles de otras formas de crimen organizado.

    Esta última se llama impunidad y no se ha logrado superar hasta el momento —pese al esfuerzo de la comunidad internacional, así como el de diversas instituciones y víctimas nacionales— por dos razones. La primera: la existencia de instituciones incapaces o corruptas --o ambas cosas a la vez-- que distorsionan la correcta investigación del delito y la aplicación igualitaria de la ley. La segunda: por un sistema político que impide el necesario involucramiento ciudadano para la transformación positiva de dichas instituciones y que, de esa manera, las deja en manos de los grupos de poder que las utilizan para satisfacer sus intereses.
 
Así pues, en un ambiente plagado de impunidad y desencanto, se violan los derechos de acceso a la justicia y a la participación.

    Porque esta última no comienza ni termina con la existencia de partidos políticos, independientemente de su signo ideológico si lo tienen, como los salvadoreños. Bien sostiene el PNUD en su mencionado Informe: “En la Asamblea Legislativa, con frecuencia, la ciudadanía no se siente representada, debido a que la elección se basa en un sistema de cocientes y residuos que convierte a las cúpulas partidarias en el gran elector”. Ahí es, entonces, donde muere cualquier aspiración de cambio proveniente desde la sociedad. Tal como está diseñado el sistema, nunca podrá avanzar una solicitud de antejuicio —eufemismo con el cual se hace referencia a la impunidad para ciertos funcionarios— contra un magistrado de Corte o un Fiscal General de la República, sin importar las atrocidades en la que éstos incurran.

    Según el último informe anual de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), correspondiente al período comprendido entre junio del 2000 y mayo del 2001, la tendencia de las violaciones a los derechos individuales fue la siguiente: a la integridad personal, con el 50.91%; al debido proceso judicial, con el 20.26%; a la libertad personal, con el 12.29%; a la seguridad y privacidad personal, con el 9.18%; y a la vida, con el 4.93%. En lo relativo a los derechos económicos y sociales, la tendencia de las violaciones fue la siguiente: al trabajo, con el 54.14%; a la propiedad, con el 18.51%; a la salud, con el 13.81%; a la educación, con 6.63%; y a la seguridad social, con el 5.52%

    En este apartado del presente balance, no se debe soslayar un tema que durante el año examinado adquirió mayor importancia, al considerar su peso estratégico para el futuro de El Salvador y el resto de los países de la región: el de la población migrante. Una característica a destacar es que, cuando las autoridades gubernamentales salvadoreñas han hablado y actuado al respecto —como uno de los países que más produce migrantes— lo han hecho pensando en la parte de la población nacional que reside en el exterior que —según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Vice-Presidencia de la República— ya asciende a dos millones y medio de personas, de las cuales por lo menos el 90% reside en los Estados Unidos de América.

    Como es sabido, buena parte de esta población contribuye en grado significativo a la estabilidad de la economía nacional mediante el envío de remesas. Su aporte fue especialmente evidente tras los terremotos de enero y febrero del 2001. La relevante atención oficial hacia la comunidad salvadoreña en el exterior, que incluye creativos esfuerzos para idear programas a fin de obtener de ellos el máximo provecho —sobre todo en términos económicos—, explica en parte la falta de preocupación y hasta la violación a los derechos humanos de la población extranjera que transita por el territorio nacional o que pretende instalarse en él.

    En lo relativo a la normativa interna, se debe señalar que durante el primer semestre —ya logrado el permiso temporal de residencia (TPS) para compatriotas que llegaron a Estados Unidos antes del 13 de febrero— la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa analizó el documento que un año atrás había presentado el entonces Ministro del Interior, para la aprobación de una nueva Ley de Migración y Extranjería. La embajada estadounidense en nuestro país, muy preocupada también por el incremento en su territorio de migrantes en condiciones de irregularidad durante los últimos años, realizó gestiones para lograr la aprobación de la nueva ley; su interés fundamental radicaba en que, dentro de la propuesta, se tipificaba el delito de tráfico de migrantes con su respectiva y severa sanción penal.

    Las organizaciones e instituciones sociales salvadoreñas involucradas en el tema, preocupadas por lo que parecía una inminente aprobación de la nueva ley —la cual no pasaba el examen de constitucionalidad por establecer facultades excesivamente discrecionales  para la autoridad administrativa y por dejar fuera otros temas de importancia— nos opusimos a dicha propuesta y formulamos una distinta.

    Desde febrero de 1999 —cuando el Programa “Bienvenido a Casa” arrancó en su tarea de brindar asistencia inmediata a personas salvadoreñas deportadas por autoridades estadounidense y mexicanas— hasta la fecha, se registran 10,254 personas retornadas. De ese total, el 95% son hombres. La edad de la mayoría oscila entre los 20 y 45 años de; estamos hablando, pues, de una población en edad  económicamente activa que con muchas dificultes encontraría empleo en el país y que, con toda seguridad, se planteará de nuevo la necesidad de volver a emigrar.

    Otro dato interesante: de acuerdo a declaraciones oficiales, a julio del 2001 las remesas familiares representaban el 13% del Producto Interno Bruto, constituyendo —junto con la maquila— la mayor fuente de divisas para El Salvador. Pero ese país próspero, que emplea a nuestra gente y con ello permite que nuestra macroeconomía se beneficie de las remesas, fue víctima de sendos atentados criminales en septiembre del 2001. Ello ha generado cierre de centenares de negocios y empresas de servicios, con los consiguientes despidos justo en dos de las principales ciudades donde tradicionalmente se han empleados centenares de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos salvadoreños.

    Asimismo, se debe tomar mayor conciencia de que las personas ecuatorianas, peruanas, colombianas y de otras nacionalidades que arriban a nuestro país —vía los inhumanos “servicios” de los traficantes, conocidos como “coyotes”— son iguales a las personas salvadoreñas que en Guatemala y México tratan de pasar desapercibidas por sus agentes estatales para poder llegar, sin mayores dificultades, a su destino: los Estados Unidos de América. Ese destino es el lugar de sus sueños donde esperan obtener trabajo, ganar un salario y enviar los “pobre dólares” a su familia que quedó atrás, esperando con esperanza dicha ayuda para poder vivir en nuestro país.

    El PNUD, en su ya citado Informe sobre Desarrollo Humano del 2001, destacaba cómo una población fundamental para la economía del país no contaba con mecanismos para su participación política en el país. Textualmente, el documento dice: “De hecho, esta población es la más afectada en cuanto ala tema de falta de representación y participación. Con sus remesas, superiores al total de las exportaciones, esta gente ha contribuido a reducir la pobreza y a mantener estable el tipo de cambio. En cambio, no cuenta con ninguna representación en el sistema político, porque no participa en los procesos electorales”.

ENERO

01. Entra en vigencia la Ley de Integración Monetaria, la cual establece la libre circulación del dólar, junto con el colón, como moneda de curso legal en El Salvador.

03. La Dirección de Protección al Consumidor despliega un equipo para verificar las innumerables denuncias por irregularidades en el manejo del dólar. Los principales problemas son productos sin ningún tipo de precios, redondeos mal aplicados y precios sólo en colones o sólo en dólares.

04. Un tramo de la calle Rubén Darío, en San Salvador, es escenario de un fuerte enfrentamiento entre vendedores del sector informal y elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, quienes habían procedido al decomiso de mercadería.

08. El partido CDU presenta ante la Corte Suprema de Justicia dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integración Monetaria.

13. Un fuerte sismo de 7.6 grados en la escala de Richter sacude el territorio nacional, dejando un saldo de 844 fallecidos, 4,723 lesionados, 1,169,198 damnificados y 92,990 viviendas destruidas. Los lugares más afectados fueron la colonia La Colina, en Santa Tecla; el municipio de Comasagua, en La Libertad; y Berlín, en Usulután.

14. El presidente Francisco Flores forma la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), con el objetivo de coordinar la recepción y distribución de la ayuda internacional para los damnificados por el terremoto.

16. CONASOL anuncia que trabajará con los gobiernos locales para canalizar la ayuda a los damnificados. Sin embargo, sigue con la centralización de sus funciones en la Feria Internacional, sede del Comité de Emergencia Nacional (COEN).

17. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto General de la Nación para el año 2001. Junto con el presupuesto se aprueba la Ley de Bonos y cuatro préstamos internacionales.

19. El alcalde capitalino, Héctor Silva, critica los mecanismos de organización y distribución de la ayuda, explicando que varias municipalidades se han acercado al gobierno central para incorporarse al plan de solidaridad, sin obtener respuesta.

– El Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, anuncia la firma de un acuerdo entre la Iglesia y CONASOL, con el cual todas las parroquias serían centros de acopio y distribución de todo tipo de ayuda.

– El Ministerio de Educación anuncia que mil 743 escuelas han sido directamente dañadas por el terremoto, a lo largo y ancho del territorio nacional

– El BID anuncia que enviará una comisión especial de funcionarios para colaborar en la reconstrucción; a la vez, adelanta que convocará a un Grupo Consultivo para discutir el apoyo de la comunidad internacional a El Salvador.

21. El FISDL revela un plan de inversión de 96 millones de colones para las tareas de remoción de escombros de viviendas en 100 municipios.

25. La comisión política del FMLN prohibe que los militantes de su partido acompañen a delegaciones gubernamentales en el extranjero.

31. La ministra de educación, Evelyn Jacir de Lovo,  da por inaugurado el año escolar, pese a la preocupación de padres de familia y profesores por el estado de algunas instalaciones.

– Parte a España una delegación gubernamental para agradecer la ayuda por el terremoto. La misión oficial es dirigida por la ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Avila, y la acompañan el ex coordinador del FMLN, Facundo Guardado, y el empresario David Gutiérrez, miembro de CONASOL.
 

FEBRERO

01. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anuncia un plan de ayuda para los cafetaleros, el cual contará con la participación del CENTA y unas 100 municipalidades.

03. Las más de 300 familias afectadas en la colonia La Colina rechazan el plan de reconstrucción del gobierno, por considerar que el mismo no responde a sus exigencias.

07. El presidente Francisco Flores  presenta, a través de ministro de Seguridad Pública, un pliego de reformas a la Asamblea Legislativa. Las enmiendas conciernen al Código Penal, Procesal Penal, Ley de Electricidad y Telecomunicaciones y Ley del Transporte Terrestre.

09. Son aprobadas con los votos de ARENA y el PCN las reformas presentadas por el presidente Flores.

13. Otro terremoto de 6.6 de magnitud sacude nuevamente el territorio nacional, aunque con mayores repercusiones en la zona paracentral del país. Este nuevo sismo deja como saldo la muerte de 311 personas; 3,399 lesionados y 221,832 damnificados.

17. La ministra de educación, Evelyn Jacir de Lovo, anuncia la suspensión de clases hasta nuevo aviso, luego de que una réplica de 5.3 grados afectara nuevamente al país.

19. El Consejo Salvadoreño del Café presenta un informe en el que se revela que el 69 por ciento de los centros donde se procesa el grano han sufrido daños entre graves, severos y leves con motivos de los sismos.

26. Se reúnen en el país los presidentes de Centroamérica, Belice y Panamá con el propósito de definir la posición centroamericana en la reunión del Grupo Consultivo. En esta reunión, todos los mandatarios se unen para solicitar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

– El Departamento de Estado de Estados Unidos presenta un informe en el que califica de ineficaz y corrupto al sistema judicial salvadoreño.
 

MARZO

01. Damnificados de Cuscatlán, San Vicente, Usulután, y Ahuachapán se concentraron pacíficamente frente a las alcaldías y gobernaciones, para protestar por mal el manejo de recursos realizados por los gobiernos locales y el Estado.

02. El presidente George W. Bush anuncia la decisión de decretar el TPS, mismo que protegerá por un período de 18 meses a los salvadoreños que ingresaron a Estados Unidos antes del 13 de febrero. Bush se compromete también a liberar un paquete de ayuda de 110 millones de dólares para El Salvador.

03. Los alcaldes del FMLN deciden crear una Red Solidaria de Gobiernos Municipales para asumir la reconstrucción nacional.

07. Se cierra en Madrid la reunión con el Grupo Consultivo para la reconstrucción de El Salvador, en donde la comunidad internacional promete, durante los próximos cuatro años, una ayuda de mil 300 millones de dólares.

08. La Corte Suprema de Justicia, por medio del jefe del Departamento de Información y Estadística, culpa al Consejo Nacional de la Judicatura de ser responsable de la situación anómala en el sistema judicial.

09. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deciden que el fiscal electoral Arturo Cruz Salgado ya no debe continuar su trabajo dentro de las instalaciones de la institución

10. El fiscal electoral Arturo Cruz Salgado afirma que la diputación por el departamento de La Libertad fue ganada legalmente por el PDC, a través de su candidata Milagro Azcúnaga, y no por el pecenista Román Guerra.

12. El Secretario General del PDC confirma que su partido sacrificó la sexta diputación, para poder tener acceso a dos puestos en la Junta Directiva de la Asamblea.

13. Los embajadores de Francia, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia se reúnen con Ciro Cruz Zepeda, para conocer la situación de la elección del Procurador de Derechos Humanos y acelerar el proceso.

14. El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Francisco Bertrand Galindo,  anuncia que elementos del Ejército se unirán a la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate al crimen organizado.

15. Entra en vigencia el TLC entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica.

23. El BCR informa que el flujo de remesas familiares aumentó a 294.8 millones de dólares en enero y febrero, a causa de los terremotos
 

ABRIL

03. el Banco Mundial inicia una consulta a la sociedad civil para determinar las necesidades y los problemas en El Salvador y replantear su estrategia de ayuda.

04. Los viceministros de Relaciones Exteriores de la región se reúnen en San Salvador y dan su respaldo a la instalación de una oficina subregional de la INTERPOL en el país.

– El representante del Banco Mundial (BM) en El Salvador, José Roberto López, recomienda al gobierno salvadoreño la ejecución de un Pacto Fiscal, debido a la poca recaudación tributaria.

05. ARENA introduce una moción —convertida en decreto por 44 votos— con la que se obliga al próximo procurador electo a iniciar un proceso de depuración en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

06. El fiscal especial Roberto Vidales informa que 134 títulos de graduados en Ciencias Jurídicas serán investigados por aparentes irregularidades.

07. El gobierno hondureño prohibe la importación de productos avícolas salvadoreños por sospechas de contaminación de la llamada influenza aviar.

10. Los ministros de Agricultura y Ganadería de El Salvador y Honduras firman un convenio en el que se comprometen a formar una comisión binacional que inspeccione las granjas comerciales y certifique que cada embarque de producto avícola esté libre de virus.

11. Inicia la suspención del agua en la zona metropolitana, la cual fue anunciada con días de anticipación por ANDA. Sin embargo, en algunos sectores de la capital inició con 2 días de anticipación.

14. El COEN presenta su informe luego de las fiestas de Semana Santa, en el que reporta más de 1200 lesionados, 261 rescates acuáticos y 103 personas fallecidas por diferentes causas, principalmente por arma de fuego y arma blanca.

16. Caen los precios del café a los niveles más bajos desde 1993, cotizándose el quintal a $56.65, situación que afecta a los caficultores locales, ya que el costo de producción por quintal en El Salvador es de $57.

– Se normaliza el servicio de agua en la mayoría de las zonas afectadas.

17. El FMLN reitera que no asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa el primero de mayo.

– El ministro de Agricultura y Ganadería salvadoreño demanda la pronta reanudación del comercio avícola entre Honduras y El Salvador, ya que ninguno de los monitoreos ha demostrado la existencia del virus en las granjas salvadoreñas.

18. La Asociación de Distribuidores del Productos Derivados del Petróleo exige a las compañías petroleras una explicación por el aumento de los precios de los combustibles.

19. Desaparecen importantes documentos sobre la investigación financiera que realizaba la Corte de Cuentas en el Banco de Fomento Agropecuario, por la pérdida de 300 millones de colones, en concepto de préstamos realizados por la institución bancaria.

20. El presidente de la Corte de Cuentas niega públicamente la pérdida de documentos. Sin embargo, fuentes de la PNC reiteran el robo de documentos relacionados con el caso del BFA.

– Se reúne el presidente George W. Bush con sus homólogos de Centroamérica, con excepción de los mandatarios de Guatemala y Belice, quienes no pudieron asistir por los disturbios que provocaron los manifestantes en Quebec.

– La PNC da a conocer el informe del proceso de depuración, según el cual el Tribunal Disciplinario destituyó, durante el primer trimestre del año, a 124 miembros por distintas faltas de disciplina.

– Representantes de RASA explican que el precio de los combustibles está determinado en un 88 por ciento, por el subsidio al diesel para el transporte público y gas licuado, así como por el IVA y los precios internacionales del crudo.

22. Los 34 mandatarios asistentes a la III Cumbre de las Américas acordaron abrir sus mercados antes de diciembre del 2005.

23. El presidente de ANDA, Carlos Perla, admite que los problemas de desabastecimiento del agua continuarán hasta diciembre, fecha en la cual se terminan las obras del proyecto que busca mejorar la planta del río Lempa.

25. Productores salvadoreños de leche piden al ministro de Agricultura que prohiba la internación de leche fluida hondureña, después de asegurar que aquélla se elabora a partir de leche reconvertida.

29. El gobierno hondureño informa que si El Salvador toma represalias por la suspensión del comercio avícola acudirá ante la OMC y la SIECA.

30. Luego de una interpretación del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo se convierte automáticamente en presidente del Primer Organo del Estado para el período 2001-2002. Como vicepresidente queda el también arenero Julio Gamero, quien ocupará la presidencia el próximo año.

– Las importaciones de lácteos hondureños son suspendidas debido a que, según los productores de leche salvadoreños, sus similares del vecino país reconvertían la leche en polvo en leche fluida.

MAYO

01. La marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo es encabezada por dirigentes y diputados del FMLN, quienes no pudieron controlar a un grupo de manifestantes que protagonizaron desórdenes en algunos tramos del recorrido.

– Más de 400 familias de damnificados abandonaron los albergues provisionales de “El Cafetalón” y el “Polideportivo” en Nueva San Salvador y fueron trasladados hacia el cantón Chanmico, en el departamento de La Libertad.

02. La Fiscalía General de la República allana las viviendas particulares de los ex rectores de la Universidad Salvadoreña y la Universidad las Américas de El Salvador, en busca de documentación relacionada con la extensión de títulos falsos.

– Los gobiernos de El Salvador y Honduras acuerdan nombrar negociadores que encuentren una salida dialogada al conflicto comercial.

03. La Fiscalía confirma que los ex rectores de las dos universidades clausuradas cometieron irregularidades al guardar, en sus casas, documentos que pertenecían a los centros de estudios.

04. Durante su discurso de toma de posesión, Walter Araujo promete, entre otras cosas, rescatar la credibilidad, legitimidad y respetabilidad de la legislatura. Asimismo, se comprometió a buscar la concertación con todas las fuerzas políticas, específicamente con el FMLN.

06. Termina el encuentro de jefes policiales de Centroamérica, Belice y República Dominicana con la firma del denominado “Plan Regional contra el Crimen Organizado.

07. El presidente del BFA, Guillermo Funes, confirma el hurto de 571 toneladas métricas de fertilizante donado por el gobierno de Japón para los damnificados por los terremotos.

15. Las fracciones legislativas del FMLN, PCN y PDC lograron emitir un dictamen favorable para que el Documento Unico de Identidad (DUI) fuera gratuito y pudiera ser utilizado en las elecciones legislativas y municipales de 2003.

– Se encuentra una gran cantidad de sacos del fertilizante robado, luego de un operativo de allanamiento en 16 fincas de la zona occidental.

16. El embajador de Japón en San Salvador, Saburo Yuzawa, pide públicamente al gobierno de El Salvador que aclare el hurto de más de once mil quintales de fertilizantes de la bodega del BFA

17. Todos los partidos de oposición unen sus votos para aprobar la gratuidad del DUI, obligando al Ejecutivo a desembolsar los fondos para la emisión del documento.

21. El ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, anuncia que dejará su cargo para dedicarse al trabajo dentro del partido ARENA.

23. El presidente Francisco Flores anuncia de forma sorpresiva cambios en su gabinete: fusiona las carteras de Seguridad Pública y del Interior en el nuevo Ministerio de Gobernación, colocando a Francisco Bertrand Galindo al mando del nuevo ramo. Asimismo, Juan José Daboud es nombrado como ministro de Hacienda, tras la dimisión de José Luis Trigueros.

– El presidente de la República de China en Taiwan arriba a El Salvador para realizar una visita oficial y participar en una reunión cumbre de presidentes de la región y República Dominicana.

25. El diputado del CDU Rafael Arévalo pasa a las filas de la fracción de ARENA, cambiando la composición de fuerzas en la Asamblea.

28. El Consejo Nacional del FMLN decide prolongar durante seis meses más el mandato de las máximas autoridades del FMLN: la Comisión Política y el Consejo Nacional.

30. Se conforma una Comisión Transitoria al interior del FMLN, integrada por 79 miembros y liderada por los “ortodoxos”.
 

JUNIO

01. El presidente Flores presenta a la Asamblea Legislativa su informe de segundo año de gestión.

– Sindicatos y políticos participaron en manifestaciones contra la administración Flores y el elevado costo de la vida.

05. Es confirmada la existencia de un basurero de municiones en un área de aproximadamente 68 kilómetros de largo por 17 de ancho, ubicado a 100 kilómetros mar adentro, frente a las costas del departamento de La Paz.

– Se instala, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el juicio contra Roberto Mathies Hill y Mario Galdámez, por el delito de defraudación de la economía pública desde las financieras FINSEPRO/INSEPRO. Un día después, fueron declarados inocentes por un tribunal de conciencia.

06. La Embajada de Estados Unidos confirma que después de la Segunda Guerra Mundial, designó un área frente a las costas salvadoreñas para eliminar municiones convencionales.

08. El presidente Flores censura al Sistema Judicial por el fallo en el caso FINSEPRO/INSEPRO y revela su disposición a unirse con el Fiscal General para eliminar el tribunal de conciencia en ciertos delitos.

– El presidente de la República veta el decreto emitido por la Asamblea Legislativa que obliga al Ejecutivo financiar el DUI.

14. Se dan grandes concentraciones de ex paramilitares frente a la residencia presidencial, el Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial, ante el temor de que se vete el decreto que los beneficiaría con mil dólares.

15. El presidente Flores veta el decreto que indemnizaría a los ex paramilitares.

– Se realiza  en San Salvador la V cumbre de jefes de Estado de los países integrantes del Mecanismo de Tuxtla, con la presencia del mandatario mexicano, Vicente Fox, quien había planteado la creación del Plan Puebla-Panamá.

16. Mario Acosta Oertel anuncia sus intenciones de formar parte del COENA e incluso de asumir la dirección del partido ARENA.

21. Durante un operativo policial, muere en el intercambio de disparos entre policías y secuestradores el niño Gerardo Villeda, de 9 años de edad, quien había sido secuestrado. Según sospechas de la Fiscalía el niño fue asesinado por sus captores.

26. La ministra de Relaciones Exteriores y el secretario general de la INTERPOL oficializan la instalación de la sede subregional de ese organismo para Centroamérica y República Dominicana.

27. El ministro de Gobernación presenta a la asamblea un paquete de reformas penales y constitucionales, que pretende, entre otras cosas, aumentar a 50 años la pena máxima.

28. De forma sorpresiva aparece, en su celda, el cadáver de Eduardo Henríquez, alias “Gigio”, quien era uno de los implicados en el secuestro de Gerardo Villeda.
 

JULIO

04. Auditores de la Corte de Cuentas determinan la responsabilidad de ex directivos del BFA en el otorgamiento de 183 millones de colones al ingenio El Carmen.

06.  83 de los 84 diputados eligen a Beatrice Allamani de Carrillo como la nueva procuradora de Derechos Humanos.

– El ministro de Agricultura revela que podrían perderse el 16.6 por ciento de la cosecha de maíz y el 5.7 por ciento de frijol debido a la sequía que sufre la región.

09. La ministra de Relaciones Exteriores confirmó la asistencia del Presidente salvadoreño como invitado a la cumbre del G-7 más Rusia, la cual se realizó en Génova, Italia, del 19 al 22 de julio.

12. Representantes del Colegio Médico piden a las autoridades de Salud que se declare emergencia nacional debido al rebrote de casos de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

18. Los diputados aprueban una serie de reformas al Código Penal, Procesal Penal y Ley Penitenciaria; entre ellas, se aprueba con 45 votos la pena máxima de 75 años.

– Un grupo de fundadores del partido ARENA anuncia oficialmente la campaña Liga de Areneros al Rescate (LAR), cuyo objetivo es transmitir las necesidades y demandas de la nación a la cúpula partidaria.

20. El MAG pone en marcha el “Plan Sembrador”, el cual consiste en distribuir 3500 quintales de semilla de maíz para recuperar a los agricultores que habían perdido el 70 por ciento de sus cosechas, sobre todo en el área oriental.

23. El ministro de Hacienda anuncia la aplicación de dos planes como parte de las medidas para recuperar el fisco: recorte presupuestario al Ejecutivo en un 15 por ciento y la reestructuración de unos 800 millones de dólares de la deuda externa con los organismos acreedores.

26. El presidente Flores confirma el recorte presupuestario para todas las carteras de Estado sin excepción.

30. La corriente renovadora del FMLN desaprueba el padrón electoral por temor a ser excluidos, quedando así fuera de la lista de afiliados.

31. El Consejo Municipal capitalino aprueba la ordenanza que prohibe la venta y consumo de bebidas alcohólicas entre las 12:00 y las 6:00 a.m.
 

AGOSTO

07. A propuesta del diputado pecenista Antonio Almendáriz, se intenta hacer obligatoria la lectura de La Biblia en las escuelas, con el objetivo de fomentar los valores morales y espirituales en la niñez salvadoreña.

09. El PCN y ARENA, que inicialmente habían apoyado la iniciativa de la lectura obligatoria de La Biblia, pidieron que no pase el dictamen en la plenaria.

– El presidente de la República decreta alerta amarilla en la zona oriental del país debido a la sequía.

10. El alcalde capitalino presenta a los miembros de la junta directiva de COMURES la nueva ordenanza municipal, con el objetivo de homogeneizarla y de poderla aplicar a escala nacional.

13. Representantes de varias asociaciones de jueces acuden a la Asamblea Legislativa a solicitar un decreto especial que legitime los títulos de abogados obtenidos de forma irregular.

– Se da a conocer que la nueva ordenanza capitalina no afectará el consumo de cerveza, ya que está permitida la venta libre de bebidas con volúmenes de hasta 6 por ciento de alcohol.

14. El gobierno hondureño acusa de espionaje a dos diplomáticos salvadoreños acreditados en Tegucigalpa.

15. Autoridades hondureñas presentan a los medios de comunicación las supuestas pruebas que incriminan a los acusados de espionaje.

16. Walter Araujo confirma que deja la presidencia del COENA y la deposita en manos del empresario Roberto Murray Meza, quien la asume ese mismo día de forma transitoria.

21. Se hace efectiva la reforma a la Ley de Transporte, que prohibe que los automóviles tengan vidrios polarizados que excedan el 35 por ciento de paso de luz solar.

23. El fiscal especial Roberto Vidales revela que 77 jueces y 12 fiscales ejercen su profesión de abogados con títulos falsos.

29. Se inicia el encuentro nacional de empresarios ENADE 2001, por medio del cual las gremiales empresariales presentan al gobierno sus propuestas de reactivación económica.

– Ernesto Lima Mena, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, presenta su renuncia al presidente Francisco Flores.
 

SEPTIEMBRE

04. El llamado movimiento “Pro rescate” del FMLN hace un llamado de unidad a la militancia del partido, en pro de la despolarización interna que vive el partido de izquierda.

– El Presidente de ANDA, Carlos Perla, presenta a la Asamblea Legislativa el programa de contingencia que tiene preparado para los seis días que durará un nuevo corte de agua.

11. Se producen fuertes atentados terroristas en Estados Unidos y, ante ellos, el presidente Flores expresa sus muestras de solidaridad para con el pueblo y gobierno estadounidense, condenando al mismo tiempo todo tipo de terrorismo.

13. La Asamblea Legislativa, como muestra de solidaridad a las víctimas de los atentados en Estados Unidos, decreta tres días de duelo nacional, suspendiendo las celebraciones del 15 de septiembre por el 180° aniversario de la Independencia centroamericana.

15. Sindicalistas y supuestos estudiantes universitarios montan una manifestación —en la que se queman banderas de Estados Unidos e Israel— que culmina en la Plaza Libertad. La marcha fue acompañada por el jefe de fracción legislativa y cuatro diputados del FMLN.

20. Los 10 alcaldes que participan en el proyecto del relleno sanitario manifestaron su descontento porque el Ministerio de Medio Ambiente les negó el permiso para construir una planta de transferencia y reciclaje de desechos sólidos en el municipio de Apopa.

30. Se elige a la nueva directiva del COENA, con un amplio dominio de empresarios —siendo el principal de ellos Roberto Murray Meza— y el desplazamiento de los integrantes de la fracción arenera en la Asamblea Legislativa.

– La Liga de Areneros al Rescate manifiesta su descontento por la elección de la nueva directiva del COENA, anunciando la posibilidad de crear una nueva fuerza política.
 

OCTUBRE

01. El tribunal de honor del FMLN decide expulsar al líder renovador Facundo Guardado debido a infracciones al reglamento interno del partido. Ante esto, los 6 diputados renovadores afirman desconocer las directrices del partido y, por tanto, las de su jefe de fracción.

– La ANEP  solicita se incrementen los controles en las finanzas de los bancos estatales, para evitar los problemas de corrupción y mala administración.

04. Los diputados renovadores unen sus votos con los de ARENA, PCN, PDC, PAN y CDU para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Chile.

– El Consejo Salvadoreño del Café informa que el precio internacional del grano cayó a su peor nivel en 26 años, situándose a 46.75 dólares por quintal.

– Entra en vigencia el TLC entre República Dominicana y El Salvador.

11. FUSADES vaticina que la economía salvadoreña crecerá sólo el 1.5 por ciento del PIB al cerrar el año, debido a los estragos económicos causados por los atentados en Estados Unidos.

18. Los diputados de la Asamblea reforman la Ley de Impuesto sobre la Renta, eliminando la exención a que se veían beneficiadas la micro y pequeña empresa.

22. El ministerio de Hacienda pone en ejecución el “Plan Cien” en las aduanas y fronteras del país, para disminuir la evasión fiscal.

24. Las fracciones de ARENA, PCN y PDC aprobaron, con 47 votos, una reforma a la Ley de Comercialización de Alcohol y de Bebidas Alcohólicas, invalidando la ordenanza municipal —que prohibía consumir licor después de las 12 de la noche— y reduciendo dos horas a la restricción de la venta del licor.

26. Da inicio el plan de reordenamiento en San Salvador impulsado por el gobierno central, al tiempo que se genera la oposición de las tres principales gremiales de buses.

29. ARENA, el PCN y los dos diputados independientes sumaron 45 votos para aprobar un recargo al precio de los combustibles para el financiamiento del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). El recargo será de $0.20 centavos (¢1.75) por cada galón de combustible comprado.

– El empresario cervecero y presidente del COENA, Roberto Murray Meza, solicita al presidente de la República que se incluya la cerveza dentro de la propuesta de regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

– La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informa que se suspenderá el servicio de agua potable por quinta vez. Las colonias afectadas estarán ubicadas entre Santa Tecla y la 25 Avenida, en San Salvador.
 

NOVIEMBRE

01. Las fracciones de ARENA y el PCN apoyarían una iniciativa que conlleve la eliminación del subsidio con el que cuenta un sector del transporte público de pasajeros.

05. El director general de Renta de Aduanas y de Impuestos Internos, Francisco José Rovira, informa que a sólo dos semanas de implementación del “Plan Cien”, la recolección de aranceles e IVA ha aumentado un poco más de $15 millones.

06. El alcalde capitalino hizo una petición al FMLN para que se negocie con el gobierno y ARENA la aprobación de los préstamos pendientes en la Asamblea, a cambio de empréstitos destinados a proyectos de la alcaldía.

07. La Asamblea Legislativa inició la discusión sobre el desarme de la población sugerido por el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa. Mientras ARENA propone restricciones a la portación de armas de fuego, el FMLN propone “desarme total”.

08. Un crédito de $90 millones para financiar la rehabilitación del Puerto de Cutuco, en La Unión, hizo explotar las amenazas de los ortodoxos contra los renovadores del FMLN. Mientras que los primeros dejaron clara su posición de no ratificar el empréstito, los renovadores están dispuestos a apoyarlo.

– Con 49 votos de las fracciones de ARENA, PCN, PDC y los diputados Horacio Ríos, Orlando Arévalo y Tomás Mejía, se aprobó la inclusión de la cerveza y vinos en el decreto de “ley seca”.

15. Los diputados de ARENA y FMLN se pusieron de acuerdo para aprobar cinco empréstitos y comprometer los votos para otros que están pendientes. Aprobaron en total $121.5 millones.

26. El ortodoxo Salvador Sánchez Cerén es declarado virtual ganador en las elecciones internas del FMLN, ocupando así el puesto de coordinador general del partido.

27. El presidente Francisco Flores anuncia la suspención del subsidio al diesel, medida que disminuirá los precios de los combustibles y frenará la corrupción en el sector transporte.

28. Da inicio el paro anunciado por los transportistas en represalia por la suspensión del subsidio.

30. Los dirigentes de AEAS1, AEAS2 y ATP son arrestados por la PNC por ser los principales impulsores del paro al transporte.
 

DICIEMBRE

01. Los empresarios de buses suspenden el paro que mantenían desde el 27 de noviembre, aceptando los planes anunciados por el Viceministerio de Transporte.

14. Garrid Safie, presidente del Registro Nacional de Personas Naturales asegura que la entrega del DUI por medio de la empresa DOCUSAL no cumple ni la mitad de la cuota asignada.

20. Con 56 votos, sin los de la corriente ortodoxa del FMLN, se aprobó el Presupuesto General de la Nación, que asciende a 2,504 millones de dólares y la emisión de $472 millones en bonos para su financiamiento.

21. La cúpula del FMLN, dominada por la corriente ortodoxa, informa que desconoce a los 6 diputados del ala renovadora que dieron sus votos para la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

22. El superintendente del Sistema Financiero, Guillermo Argumedo, presenta su renuncia a su cargo en la institución.
 

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