Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
 

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 22
número 982
enero 9, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Año nuevo, problemas viejos
Política:  ¿Nuevas perspectivas para la Asamblea Legislativa?
Economía:  Otro golpe a los trabajadores: incremento en el sistema de pensiones
Derechos Humanos:  2001: balance de los derechos humanos (II)
 
 
 
 

EDITORIAL

    Acaba de comenzar el nuevo año y, en teoría, con el mismo deberían llegar cosas nuevas. En el plano personal, es probable que así suceda con la vida de muchos salvadoreños; es probable que nuevas experiencias —buenas y malas— aparezcan en su horizonte en este 2002 que apenas está iniciando. Pero, sin que el ámbito personal deje de ser importante, no lo es menos el ámbito social, en el cual lo personal encuentra su plena concreción. Lo que cada salvadoreño individualmente pueda lograr en el año nuevo no está desligado de lo que espera a la sociedad en su conjunto. De aquí que la pregunta por las perspectivas del país sea una pregunta de interés no sólo colectivo, sino también personal, pues de su respuesta dependerán las expectativas que cada uno pueda tener acerca de su futuro inmediato.

    Desde los círculos oficiales, se pretende vender la idea de que el país tiene, en el año nuevo, unas perspectivas socio-económicas y políticas envidiables.  En estos círculos, situaciones como los dos terremotos de principios del 2001 son sólo un lejano recuerdo, de las cuales conviene hacer borrón y cuenta nueva. Si en algo afectaron a la sociedad y a la economía —razonan estos maestros de la retórica y la publicidad—, ello ya es cosa del pasado, es decir, algo que pertenece al año viejo. De lo que se trata ahora —insisten— es de encarar con optimismo el futuro luminoso que se abre a El Salvador, gracias a los esfuerzos de un gobierno comprometido con el progreso y el desarrollo nacional. Quienes acepten esta visión de la realidad serán los buenos salvadoreños; quienes no, serán los malos hijos de El Salvador.

    Obviamente, más de alguno se tragará el anzuelo de un país en progreso, desarrollo y lugar de oportunidades para todos. Al fin y al cabo, las grandes empresas mediáticas saben jugar bien su papel a la hora de manipular a la opinión pública. Por más que la realidad lo desmienta, muchos de los optimistas no querrán ver los datos brutos que se presenten a sus ojos y preferirán vivir en el espejismo del progreso, el desarrollo y el bienestar.  Entre estos optimistas seguramente se encuentran los beneficiarios de los logros del gobierno de Francisco Flores, lo cual justifica su forma de ver las cosas. Es probable también que entre ellos haya quienes ni por cerca van a obtener fruto alguno de los éxitos de Flores, sino todo lo contrario. En el caso de estos últimos, no hay justificación alguna para su engaño, que incluso puede ser doloroso y frustrante ante la imposibilidad de poder realizar las expectativas fraguadas por la manipulación publicitaria alentada por el gobierno.

    Con todo, están los que no se tragan el anzuelo de un país en pleno auge económico y social. Estos conforman el bando de los calificados como “pesimistas”, aunque lo más correcto sería llamarlos “realistas”. Entre ellos, los más lúcidos no olvidan los males que arrastra el país en materia social, económica y política desde antes de que la administración Flores asumiera el poder y que, con ella, se han visto agravados en muchos sentidos. Estos son los “viejos problemas” de El Salvador  —deterioro de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población, incrementos de precios, estancamiento de los salarios, atrofia del aparato productivo, crisis del agro, inseguridad y violencia— que no sólo aparecen en el  horizonte del año nuevo, sino que también amenazan con agudizarse de no cambiar el modo de gestión del país.

    El gobierno de Flores desaprovechó la oportunidad abierta con los terremotos del 2001 para impulsar un cambio de marcha en la dinámica socio-económica y política en el país. En la actual coyuntura, no se vislumbra posibilidad alguna de cambio en la gestión gubernamental. En consecuencia, lo que cabe esperar es más de lo mismo desde las esferas gubernamentales. Lo cual quiere decir que los problemas viejos seguirán presentes en el año nuevo, agobiando la vida de los salvadoreños y haciendo más difíciles sus condiciones de vida.

    En más de alguno, cobrar conciencia de lo anterior seguramente sembrará incertidumbre. Y entre la mentira y la incertidumbre sobrarán quienes preferirán la primera a la segunda. Sin embargo, aunque legítimo, ello es peligroso, por al menos dos razones. En primer lugar, porque la mentira —cuando da pie a falsas expectativas— puede dar lugar a frustraciones colectivas de incalculables consecuencias para la estabilidad social. En segundo lugar, porque la mentira se puede convertir en un obstáculo insalvable para hacer frente a los problemas y resolverlos. En este punto, quizás la incertidumbre sea más incómoda que la mentira, pero bien asumida puede convertirse en un acicate para la búsqueda de alternativas al desorden establecido.

    El año nuevo, es cierto, trae consigo problemas viejos, muchos de los cuales no han sido resueltos por falta de voluntad, ignorancia y el predominio de intereses inconfesables. Caer en la cuenta de la presencia de esos problemas es el primer paso para hacerles frente; el paso siguiente consiste en tomar las decisiones pertinentes en orden a su superación según las responsabilidades y competencias de cada uno.  La otra opción —la de vivir de espaldas a la realidad— no conduce más que a perpetuarlos.

    Eso quizás sea conveniente para algunos, pero definitivamente no conviene a la mayoría. En este sentido, una importante tarea se plantea a todos los salvadoreños en el año nuevo: encarar con realismo los graves males del país y exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad de hacerles frente, sin crear falsas expectativas y teniendo en la mira el bienestar de la mayor parte de la población. Sólo una presión social intensa puede obligar al gobierno a no persistir en el hábito del avestruz. Ojalá que este año que se inicia lo nuevo sea la irrupción y el protagonismo de la sociedad civil en la esfera pública.
 

¿NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA?

La aprobación del Presupuesto General de la Nación, el jueves 20 de diciembre del 2001, gracias a los votos de los “renovadores” del FMLN, permite augurar una nueva dinámica al interior de la Asamblea Legislativa a lo largo del nuevo año. Puesto que el 2002 es un año pre electoral, cabe esperar un recrudecimiento de las luchas y las descalificaciones mutuas entre los partidos políticos, propias de un contexto de esa naturaleza. Pero, en esta ocasión, el partido oficial contará con el apoyo de un grupo interno del FMLN para la campaña de desprestigio que seguramente delineará en contra de este último.

[Extracto]

    Además del despido de más de 8,400 trabajadores del sector público y el congelamiento de hecho de los salarios mínimos, el año 2002 ha traído otra mala noticia para los asalariados y sus empleadores: un nuevo incremento en las tasas de cotización a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) e Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Esto implica que todos los trabajadores afiliados deberán soportar un incremento en su cotización al sistema de pensiones de 3% a 3.25%, lo cual implica un alza de 8.3% en el total cotizado para el fondo de pensiones. Sólo los empleados docentes del sector público quedarán exentos de esta medida porque ya pagaban 3.5% desde 1998. Por sí misma, el alza puede parecer poco significativa, pero en realidad es solamente una parte de los fuertes cambios en el monto y la composición de los aportes de empleados y empleadores al sistema de seguridad social.

2. El funcionamiento institucional

Que a estas alturas —transcurrida una década desde que finalizaron los combates militares en El Salvador— se le pida paciencia a esa enorme cantidad de gente que sufre por la exclusión económica, la abundante violencia y la siempre presente impunidad, nos parece intolerable y peligroso. Es cierto que los resultados no se producen rápidamente, cuando se trata de construir un país democrático y justo; sin embargo, algunas señales positivas de fondo deberían advertirse ya en el horizonte. No es posible demandarle más aguante a una población que hizo gala de eso durante más de veinte años, diez de guerra y diez de “paz”. Tampoco es válido pretender engañarla pregonando que vamos por el camino correcto, cuando lo que parece observarse es lo contrario.

    No se trata de ser fatalistas a ultranza, pero tampoco de pretender que la gente acepte sin más el discurso oficial rebosante de un optimismo entendible —claro que sí— dentro de ciertos círculos reducidos y privilegiados, pero vacío allá donde la mayoría de la gente sobrevive humanamente insegura. Para no entrar en polémicas estériles al respecto, desde este espacio seguiremos insistiendo en lo que a nuestro entender constituye quizás la mejor herramienta para opinar sobre la situación actual y las posibilidades que se nos presentan, en el afán por superar las dificultades existentes e incrementar las oportunidades que, pese a todo, también hay.

    Hablamos entonces de un análisis objetivo del trabajo desarrollado por las instituciones que, nacidas o reformadas tras el fin de la guerra, deberían estar contribuyendo al bienestar de todas las personas y los grupos de nuestra sociedad. Y no hay donde perderse: dicho examen debe partir del mandato que la Constitución les establece a aquéllas, para confrontarlo con los resultados prácticos de esa labor de cara a la solución de los problemas inmediatos de la gente y a la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Eso es lo que a continuación ofrecemos.

a. La Policía Nacional Civil

Surgió como símbolo de lucha y esperanza. De lucha, si se considera el enorme esfuerzo realizado por tanta gente y el sacrificio de muchas vidas, en el afán por desaparecer los organismos de represión y terror en que se convirtieron los cuerpos policiales anteriores. De esperanza, por todo lo que en sí prometía la nueva corporación al momento de su creación, partiendo de las definiciones básicas contenidas en los acuerdos de paz y la Carta Magna. En esencia, la Policía Nacional Civil (PNC) nació para garantizarle a la población salvadoreña vivir segura y tranquila en un marco de respeto pleno a la ley y los derechos humanos.

    Teniendo como antecedente inmediato a la Policía Auxiliar Territorial, establecida por unos meses en zonas que fueron de conflicto durante la guerra, la PNC inició su despliegue en marzo de 1993. Hablamos, pues, de una institución que ya tiene casi nueve años de existir y que a lo largo del año recién finalizado se mantuvo haciendo malabares y equilibrios entre el rechazo y el beneplácito de la población.

    Comenzó el 2001 con una imagen muy deteriorada ante la mirada de la gente que, directa o indirectamente, tenía algo que cuestionarle. Las críticas bastante amplias transitaban desde acusaciones por actos delictivos —corrupción, secuestros y asesinatos, entre otros— y violaciones los derechos humanos atribuidas a sus miembros, hasta los señalamientos por su incapacidad e ineficacia. Desde el año anterior al que ahora examinamos, la dirección del cuerpo anunció el impulso de un “proceso de depuración” y una “guerra sin cuartel a los secuestros”. No obstante, según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), finalizó con “un saldo rojo, en términos de confianza pública durante el 2000 y en comparación con otros años”.

    Sin embargo, al cierre del 2001 las cosas mejoraron bastante en lo relativo a la percepción de la población. La delincuencia pasó a un segundo plano y la PNC se volvió más “confiable”. ¿Cómo pueden cambiar las cosas tan radicalmente en menos de un año? Pensamos que la respuesta a esta interrogante puede encontrarse si se consideran, al menos, los tres aspectos que a continuación exponemos. En primer lugar, porque los terremotos al inicio del año y sus lógicas complicaciones —sobre todo entre la gente menos favorecida en lo económico y social— desplazaron la inseguridad al segundo plano de las preocupaciones nacionales.

    En segundo término, por la notable estrategia publicitaria desplegada a lo largo del año, destinada a levantar imagen a partir del “combate a los secuestradores” y el “proceso de depuración interna”. Había que impulsarla frente una población desencantada por su actuación, desesperada por la situación de violencia e inseguridad y deseosa de que alguien —sin importar la forma— “resuelva” rápido esos graves problemas. Así, por encima de los millonarios gastos en los que necesariamente había que incurrir, hoy se ha logrado convertir al director general de la institución una figura pública de enorme peso; incluso, ahora hasta aparece —en algún medio de difusión masiva del país— como el funcionario más destacado de la administración Flores, después de haber pasado casi inadvertido como titular del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante cerca de siete años.

    Por último, se debe reconocer que esa mejoría también responde a ciertas acciones positivas que debemos resaltar: la separación de elementos nocivos, algunos de los cuales merecían eso y más desde hace algún tiempo; determinados éxitos parciales en el combate a la delincuencia; y la creación de una División de Derechos Humanos dentro de la institución.

    No nos corresponde aprobar o desaprobar la actuación de la PNC con base a lo anterior. Más bien, debemos señalar los peligros que sobre ella se ciernen en un país como el nuestro, donde se privilegia a un grupo social determinado sacrificando la calidad de vida del resto de la población, que es mayoría. No se trata, entonces de un Estado de Derecho en peligro; hablamos, más bien, de la consolidación de un “modelo” económico extremadamente excluyente que requiere de una institucionalidad a su servicio. Así, en función de imponer dicho “modelo”, no sólo se han aprobado nuevas leyes o reformado otras surgidas después de la guerra; también —tras el fin de la verificación internacional al cumplimiento de los acuerdos de paz, hace unos cinco años— se han atacado, neutralizado, transformado y hasta desnaturalizado instituciones claves surgidas a partir de 1992.

    Dentro de la PNC, la concreción de lo anterior viene de años atrás pero se ha consolidado de forma más evidente desde que inicia la gestión de su actual Director General. Tal como se había previsto, en la práctica, el señor Mauricio Sandoval ha asumido la facultad estatal de utilizar la fuerza y castigar —el Ius Puniendi— colocando a su alrededor todas las herramientas para ello con la complacencia de su jefe, ministros del Gabinete, fracciones políticas y grupos empresariales.

    Uno de los hechos más importantes que alteran sustancialmente la concepción original de la institución policial es la modificación reciente —sin considerar opinión alguna fuera de la Asamblea Legislativa, como ocurre normalmente en el país— de su Ley Orgánica, la cual fue impulsada desde el Órgano Ejecutivo. Entre los cambios de fondo, no de forma, sobresalen tanto el nombramiento indefinido de su titular como la creación de una “partida secreta” para que éste la administre. Grave resulta también el hecho de que, ahora, la Inspectoría General de la PNC esté bajo el control del Director General. De igual forma, se ha cuestionado la supresión —en la mencionada Ley Orgánica— de todo lo concerniente a los deberes y derechos de los miembros de la institución policial.

    Con todo eso, hoy nos encontramos ante la posibilidad real de que se legalice la concentración del poder policial en manos de una persona y que —con los pretextos del “combate a la delincuencia” y el “saneamiento interno”— se profundice la realización de diversos atropellos, dentro y fuera de la institución. De eso, ya comienzan a surgir algunas señales.

    El ya mencionado proceso de depuración de la PNC era una necesidad, si se considera el deterioro interior de la corporación. De eso, no nos cabe ninguna duda; más aún, desde antes lo habíamos planteado. Sin embargo, ciertos procedimientos y medidas adoptadas al realizarlo constituyeron verdaderos atentados a la luz de las más elementales bases jurídicas. En ese sentido, cabe señalar que a los jefes de alto y mediano rango les pidieron —algunos sostienen que fueron obligados— entregar una lista de agentes que podían ser depurados por faltas que hubiesen cometido en el servicio. Para incluir a alguien, sólo se les exigía “robustez moral de prueba” para ello; mientras tanto, las personas afectadas no tenían siquiera conocimiento de que estaban siendo sometidos al mencionado proceso de depuración.

    En una de sus resoluciones, el mismo Tribunal de Apelaciones —que por Ley debía conocer casos en los cuales la persona acusada se mostraba inconforme y apelaba de la resolución del Director General— aceptó que en el proceso de depuración se podían estar produciendo violaciones a derechos constitucionales; pero, según el preocupante razonamiento de dicho Tribunal, tal situación debía asumirse como superada mediante el pago de una indemnización al policía. Al examinar las denuncias recibidas en el IDHUCA, se puede comprobar que en ninguna de las resoluciones emitidas por el Director General se determinan las razones para destituir a una persona. Sólo se habla de “indicios razonables” para ello. Actuar de esa forma constituye una arbitrariedad, si se toma en cuenta que el conocimiento de las causas para una remoción es fundamental si la persona acusada pretende defenderse.

    Según un vocero de la institución, entre el 2000 y el 2001 fueron depurados 1,765 miembros de la Policía. Según la misma fuente, en ese universo le correspondió al personal de nivel básico ser el más sancionado (96.6%); a continuación se encuentran el de nivel ejecutivo: sub inspectores e inspectores (0.6%); por último, aparece el del nivel superior: sub comisionados y comisionados (0.2%). Esto se explica por la forma utilizada para comenzar a ubicar los “depurables”, a la cual nos referimos antes. Al final el 2001, el IDHUCA, había recibido 111 denuncias contra las autoridades de la PNC. De éstas, 97 fueron presentadas por miembros de nivel básico, de los cuales 81 son hombres y 16 son mujeres.

    En ese marco, al analizar la situación desde diversos ámbitos propios de nuestra experiencia, parecería que ciertos mandos superiores cercanos a la Dirección General resultan favorecidos con su apoyo incondicional, aunque hayan incurrido en delitos u otro tipo de conductas reñidas con su capacidad técnica. Así, se advierte un incremento de hechos relacionados con acoso sexual dentro de la Policía, atribuidos a jefes del nivel superior; dichos hechos pasan inadvertidos por la superioridad de la corporación o se les busca una salida favorable para el responsable.

    Lo anterior debe ser criticado y combatido. Pero más aberrante e intolerable resulta que el sub comisionado Godofredo Miranda haya sido nombrado, en el 2001, jefe de la División Antinarcóticos (DAN) después de que no pudo o no quiso cuidar a su sobrina —Katya Natalia Miranda Jiménez, de nueve años— cuando fue sustraída, violada y asesinada por asfixia, prácticamente “ante sus narices”, aproximadamente a la una de la madrugada del domingo 4 de abril de 1999.

    Según él, del atroz hecho se enteró hasta después de las cinco de la mañana de ese día; ni siquiera en ese momento actuó como debía hacerlo un buen policía para proteger la escena de un crimen, pese a ocupar en esa época la segunda jefatura de la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC. Si su capacidad es tan notable como para servirle al pueblo salvadoreño desde esas importantes divisiones policiales, ¿por qué no hizo algo para evitar el sufrimiento y la muerte de su sobrina o por qué no colaboró, con su vasta experiencia, al esclarecimiento de los hechos? Y si es un incapaz, ¿por qué se le confió tan alta responsabilidad en una campo tan delicado como el combate al narcotráfico? ¿Lo estarían premiando o se trataba de comprar su silencio?

    De manera general, en lo relativo a la investigación policial nos atrevemos a sostener que ésta aún deja mucho que desear. Un buen indicador de ello resulta ser la captura casi semanal, a lo largo del año, de bandas delincuenciales —integradas en su mayoría por individuos que evidentemente no poseen grandes recursos económicos— o de los llamados “remanentes” de éstas. Presentarlas como el destino final de las enormes sumas de dinero obtenidas mediante los secuestros que realizan, sin que por ningún lado aparezca un nivel superior, no puede asumirse como un triunfo serio ni debe publicitarse como tal.

    Además, dada la grave crisis económica del país, el secuestro es un delito que sólo afecta directamente a un grupo social reducido; la población obrera, campesina y empleada difícilmente van a ser víctima por este ilícito. No estamos en contra de combatir el secuestro millonario que, durante la guerra y después de ella, ha golpeado muy fuerte a sectores adinerados del país. Lo que no aprobamos es que se trate de presentar —ante los ojos de la población— una aparente eficacia policial contra la delincuencia común y organizada, sólo con “éxitos” de ese tipo ante delitos que no perjudican de forma directa a la inmensa mayoría de la población.

    No se debe pasar por alto el incremento de sangrientos operativos policiales, como método de lucha contra la delincuencia común y organizada. Más allá de la liberación de algunas personas secuestradas como resultado de estas acciones, lo cual debe ser destacado positivamente, mueve a la preocupación el alto número de personas lesionadas y muertas entre las víctimas y los policías que se enfrentan a los delincuentes en estos operativos. En ese marco, al finalizar el año observado todavía no se conocía la anunciada resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la investigación relacionada con los hechos ocurridos el 22 de junio, que culminaron con la trágica y condenable muerte del niño Gerardo Miguel Villeda Kattán.

    A todo lo anterior, es necesario agregar las grandes dificultades que enfrentan muchas víctimas en su afán de obtener justicia por hechos de violencia que han conmocionado a la sociedad salvadoreña. La pocas, nulas o deficientes averiguaciones policiales en casos ocurridos hace algunos años —como los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, Ramón Mauricio García Prieto, Francisco Velis y Mario López— son prueba palpable de que en el país aún no contamos con un ente investigador totalmente imparcial. Así las cosas, consideramos que tanto en materia de investigación delictiva como en otras, la PNC actúa de forma selectiva.
Cabe señalar que en el caso García Prieto se ha detectado que muchas amenazas han sido efectuadas desde teléfonos asignados a la Policía, tanto a delegaciones como al mismo sistema de emergencias. También se tiene información de que la casa contigua a la residencia de la familia denunciante, desde hace un buen tiempo se encuentra alquilada por la PNC. Como aparentemente ha estado abandonada durante ese período, las interpretaciones al respecto resultan obvias.

    Pero ese cuestionamiento también se aplica para casos recientes como el de Katya Miranda Jiménez y el de la señora Yolanda Novoa de Calderón, madre de un joven y un niño asesinados hace más de un año. En este último caso son evidentes las diligencias mal organizadas, la negligencia y hasta la mala intención; todo ello ha impedido ubicar siquiera la autoría material del crimen, pese a que tanto la víctima como el IDHUCA han intentado apoyar la investigación brindado incluso hasta nombres de los probables responsables intelectuales del doble asesinato. Múltiples reuniones en las que se ha afirmado la “buena voluntad de la PNC por esclarecer el hecho” y se han ofrecido resultados a corto plazo, son sólo respuestas huecas ante los reclamos fundados de la doliente madre.

    La brutalidad policial también comienza a aparecer de nuevo como mecanismo oficial de respuesta ante las protestas sociales. La utilización de gases y golpes contra ex patrulleros —ancianos, mujeres y niños incluidos— junto al exceso en la aplicación de la ley a los empresarios de buses, son hechos ocurridos durante el año que muestran la manera cómo serán tratados estos asuntos en El Salvador de aquí en adelante. Sostener que las manifestaciones de reclamo popular deben disolverse mediante la fuerza porque obstaculizan el tráfico vehicular, es uno de los argumentos preferidos que utilizaron las dictaduras militares de antaño para justificar la represión contra los movimientos sociales; lo mismo se empieza a escuchar en El Salvador, sólo que ahora en boca de la “nueva y democrática policía civil” surgida tras la guerra.

    Cuando observamos la PNC al final del 2001, su imagen aparece un poco distante de la que proyectaba hace un año. Al igual que en otras ocasiones durante su corta vida, ahora no podemos afirmar con absoluta certeza que esté del todo mal; pero tampoco nos atrevemos a sostener que va bien. En algunos cosas, podemos decir que ha actuado conforme a su mandato; en otras no. Pero lo que sí podemos afirmar con plena seguridad tiene que ver con las peligrosas tendencias observadas, tanto hacia la concentración de poder cada vez mayor en la Dirección General como en lo relativo a la preeminencia de actitudes y procedimientos autoritarios y hasta militarizados. Todo ello, pensamos, se está impulsando en función de contar con una herramienta fuerte y “eficaz” para enfrentar cualquier tipo de oposición al “modelo” económico. Por citar un ejemplo: nos preocupa y hasta nos asusta —para decirlo más claramente— verla ocupando las instalaciones del aeropuerto en Comalapa.

    Hace unos años, antes de la llegada del actual director general de la PNC, tanto la doctora Victoria Marina de Avilés —cuando ocupó la titularidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— como el IDHUCA señalamos deficiencias serias similares respecto a la situación de la seguridad pública y el rumbo de la institución. Desde el gobierno e incluso fuera de éste, lo que recibimos fueron descalificación, críticas, censura y hasta amenazas. Ya todos sabemos lo que ocurrió después. Esa experiencia en “pequeño”, nos recuerda lo ocurrido en el Perú de Fujimori y Montesinos. No esperemos, como dice la gente, “tapar el pozo después de que se ahogó el niño”.

2. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Al igual que la PNC, esta institución fue creada como resultado de los compromisos establecidos en el proceso de negociación que culminó el 16 de enero de 1992. Ciertas voces las señalaron, a ambas, como “las hijas predilectas de los acuerdos de paz”. Pero además hubo quienes hasta quisieron evitar su nacimiento; al no lograrlo trataron, al menos, de neutralizarlas o desviarlas de su mandato. Eso ha sido más evidente en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y hubo momentos, a lo largo de sus casi nueve años de vida, que casi lo logran.

    Pero también, al igual que la PNC, fue vista por algunos sectores de la población como un símbolo de lucha y esperanza. Fueron éstos los que libraron la batalla contra sus enemigos en el marco de una situación difícil —entre julio de 1998 y junio del 2001— y lograron evitar el desastre. Ahora, en medio de muchas y muy serias dificultades, la institución ha vuelto a la vida con renovados bríos. Su actual conducción, en manos de la doctora Beatrice de Carrillo, está haciendo notables esfuerzos en tal sentido y los resultados comienzan a aparecer.

    La corta existencia de la PDDH es la historia trágica de una institución que, a estas alturas, le debería estar dando mucho más al país y a su gente. Pero no lo está haciendo como debería ser, porque fue atacada con saña y “bastante éxito” por quienes la ubicaron —sobre todo durante la gestión de la doctora de Avilés— como el peor peligro para el “modelo” económico que, después del fin de la guerra y la transformación de la insurgencia en partido político, pensaban imponer sin mayores obstáculos.

    Con su visión tan distanciada del “bien común” —es decir, del respeto integral a los derechos humanos de toda la gente— pretendieron repetir la historia vivida hace más de veinte años, cuando ese poder creyó que su mayor enemigo era monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero como a estas alturas —en un mundo sin el “fantasma del comunismo” recorriéndolo y con el “proceso salvadoreño” utilizado por Naciones Unidas como una de sus mejores cartas de presentación— no cabe la eliminación física de figuras notorias, había que buscar una solución menos complicada, más segura y permanente: sin desaparecerla, había que neutralizar la institución.

    Y había que hacerlo sin permitirse otra equivocación. Por eso nombraron a un abogado sin conocimiento ni experiencia en la materia, pero adecuado para sus propósitos por incapaz y corrupto, con más de treinta acusaciones en instancias de control dentro del Órgano Judicial y con resoluciones de responsabilidad por violaciones a los derechos humanos emitidas por la misma institución que iba a “dirigir”. Es de amplio conocimiento a quién y a qué nos referimos. No vale la pena, entonces, repetir lo que ya se ha dicho en este mismo espacio sobre esa “noche negra” para la Procuraduría y la sociedad salvadoreña, que llegó incluso a convertirse en motivo de vergüenza internacional y duró tres años, pese a la renuncia de este “personaje” en febrero del 2000.

    En febrero del 2001, de cara a la próxima elección de la persona que debería ocupar el cargo, ésta fue nuestra posición al respecto. La importancia de la PDDH es tal que merece la atención de toda la población, organizada o no. Es nuestra obligación promover un espacio amplio de acción, que aglutine a la mayor cantidad de personas y organizaciones, para evitar que la “clase política” cometa otra “peñatada”. Sólo mediante un esfuerzo conjunto y decidido de todas y todos se alcanzara eso; sólo así, también, será posible el logro de una buena elección. Después, junto al nuevo o nueva procuradora, debemos hacer todo lo posible para sacar la institución del lugar donde la tienen colocada las y los irresponsables que —cada semana— levantan la mano como acto reflejo, obedeciendo los dictados de su grupo o patrocinador, sin pensar en el “bien común”. Si no obramos así, la figura del Ombudsman en nuestro país pasará —en el mejor de los casos— a formar parte de la mitología cuzcatleca, junto con el “justo juez de la noche” y el Estado democrático de Derecho.

    Consideramos que esa permanente preocupación y lucha por el funcionamiento eficaz y la consolidación de la PDDH desde la sociedad, contribuyó al nombramiento de la actual titular. En su primer informe —con motivo  de los primeros cien días de ocupar el cargo— ésta presentó, entre otras cosas, un extenso listado de los principales problemas que detectó en una institución con más debilidades a superar que fortalezas a robustecer. Dichos problemas son los siguientes:

- Priorización desigual de los componentes del mandato.

- Procesos inadecuados de trabajo.

- Escasas relaciones externas e internas.

- Nula presencia ante los problemas nacionales de derechos humanos.

- Limitada capacidad técnica en derechos humanos.

- Actividades de difusión dispersas y reactivas.

- Problemas del personal.

- Precario presupuesto.

- Locales Inadecuados.

- Obsolescencia y escasez de los recursos de trabajo.

- Limitación del manejo de información.

    En cuanto a las fortalezas de la institución, la principal de ellas —según el citado informe de la Procuradora— es, sin duda, su mandato constitucional. Con ello, se hace referencia al hecho de ser la principal institución encargada de velar por la vigencia y la promoción de los derechos humanos. Este mandato —se afirma— representa un potencial significativo para la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en El Salvador. El reto central es cumplirlo eficazmente.

    En función de enfrentar con éxito semejante reto, entre julio y diciembre del 2001 se adoptaron ciertas medidas. De ellas, destacan algunos nombramientos para ocupar cargos dentro del círculo más estrecho alrededor de la titular; hablamos de personas con conocimiento de alto nivel en la materia, reconocida trayectoria, fuerte compromiso y notable entusiasmo.
Las otras medidas a destacar tienen que ver con la reestructuración institucional. Desde fuera, lo hecho hasta ahora en este ámbito no parece ser una verdadera “reingeniería”, como se acostumbra a llamar en estos tiempos a lo que necesita la Procuraduría después del enorme maltrato al que fue sometida durante los tres años anteriores. Pero no queremos apresurar las cosas con esta opinión acerca de las medidas adoptadas, sobre todo cuando —en el citado “Informe de los cien días”— se afirma que el trabajo no ha sido fácil y apenas está en sus fases primarias.

    En primer lugar, se modificaron las Procuradurías Adjuntas y se creó una nueva. Así, ahora nos encontramos frente a lo siguiente:

- Procuraduría Adjunta de la Niñez y la Juventud. A su universo de protección y promoción de derechos original, ahora a los adultos jóvenes hasta los veinticinco años de edad.

- Procuraduría Adjunta de los Adultos Mayores y Derechos Laborales: Se añade el tema de los derechos laborales en general.

- Procuraduría Adjunta de la Mujer y de la Familia. Se incluyó a la familia, por entenderla como la unidad primordial de la sociedad salvadoreña.

- Procuraduría Adjunta del Medio Ambiente y Derechos del Consumidor: Se agregó la protección y promoción de los derechos del consumidor.

- Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales. Creada para la supervisión y dirección de las actividades de tutela de los derechos civiles y políticos, así como los derechos de exigibilidad individual en los ámbitos de las personas privadas de libertad, migrantes, discapacitados, víctimas de graves violaciones al derecho de los derechos humanos y de violaciones al derecho a la salud y educación.
Entre las otras medidas adoptadas a destacar, en el marco de la reestructuración iniciada, se encuentran las siguientes:

- Disolución del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- Nueva estructura organizativa del Departamento de Tutela, que incluye procedimientos diferentes a fin de cumplir en tiempo y en forma las exigencias legales en la tramitación de casos de violaciones a los derechos humanos, bajo la supervisión técnica de las Procuradurías Adjuntas y el control general de la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos.

- Transformación del Instituto de Derechos Humanos en el Departamento de Análisis y Difusión, el cual pretende convertirse en un “centro pensante” y generador de “opinión e información” sobre los derechos y libertades fundamentales.

- Creación de tres consejos asesores: del Area de la Mujer y la Familia, de Derechos Humanos y de los Derechos Económicos y Sociales. Están concebidos como espacios de intercambio de opiniones y propuestas con instituciones estatales y privadas concernidas con las temáticas señaladas.

    Hay que darle un tiempo más a la señora Procuradora, para comenzar a analizar con mayor profundidad la calidad de su gestión. Si se nos pide que opinemos ya con lo que tenemos ante nuestros ojos, nos inclinamos por calificar como positivo el conjunto de su labor. Es cierto que, desde nuestro espacio, consideramos que la reestructuración y el accionar institucional debe responder a un proceso más planificado, partiendo de un diagnóstico de la situación del país y de la misma PDDH; pensamos, además, que debería propiciarse y fomentar el protagonismo de las personas que integran el equipo más cercano de la titular, a fin de prevenir e impedir un peligroso desgaste de su titular y ofrecer a la sociedad posiciones con un nivel más técnico sobre temas específicos.

    No obstante esas pequeñas observaciones, al finalizar el año saludamos con satisfacción el entusiasmo, el compromiso y la valentía que en estos pocos meses ha mostrado la señora Procuradora en el cargo. En el balance global de su labor se debe reconocer, sobre todo, el que le haya devuelto el “encanto” que quisieron robarle a la institución. Su llegada a ella, ha complementado muy bien el esfuerzo que se realizó desde la sociedad para impedir la “muerte en vida” de la PDDH y nos anima a seguir luchando por fortalecer esa herramienta para que cumpla, a cabalidad, su trascendental mandato constitucional.