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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 984,
enero 23,  2002
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Derechos Humanos: Por sus servicios, ¿gracias o desgracias?
 
 
 

EDITORIAL

    El 16 de enero recién pasado se conmemoraron diez años de la firma de los Acuerdos de Paz. En el marco de la celebración, salieron a relucir una serie de aspectos relativos a los históricos documentos que no es conveniente pasar desapercibidos, sobre todo por lo preocupante que es el que no se entienda —o no se quiera entender— su significado. En efecto, la celebración de los 10 años de la firma de la paz arrojó un saldo negativo en lo que se refiere a la correcta interpretación de los Acuerdos de Paz, especialmente por el predominio de la visión oficial, pero también por el peso creciente de la lectura que ha hecho de los mencionados acuerdos la derecha más conservadora del país.

    La lectura oficial de los Acuerdos de Paz consiste, básicamente, en considerarlos un mecanismo para poner fin a la guerra y para propiciar un conjunto de reformas políticas que favorecerían la inserción del FMLN en el sistema político legal. Al tenor de esta interpretación, ya el gobierno de Armando Calderón Sol había anunciado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por lo cual la celebración de los 10 años de su firma venía a ser más un acto simbólico que una evaluación objetiva y crítica de lo logrado con su implementación. Por nada del mundo, el gobierno de Francisco Flores quería alimentar la idea de que el décimo aniversario de la firma de la paz podía servir para discutir el tema del cumplimiento o no de los Acuerdos de Paz. Oficialmente, no había nada que discutir; de lo que se trataba era de celebrar los éxitos conseguidos y mirar con optimismo al futuro.

    La interpretación oficial tuvo muchos adeptos y comparsas que no dudaron en aprovechar los espacios en los medios de comunicación para abundar en los tópicos gubernamentales. Muchos de los que le siguieron el juego al gobierno de Flores, insistieron en que el propósito de los Acuerdos de Paz era fundamentalmente político —terminar con la guerra y reconvertir a la izquierda armada en partido político—, por lo que carecía de toda lógica estarles pidiendo una solución para los problemas económicos. Obviamente, quienes ven así las cosas o nunca han leído los Acuerdos de Paz o interesadamente no recuerdan sus contenidos esenciales.

    En efecto, en ellos están contemplados unos compromisos mínimos para iniciar una reforma económica que permitiría la reunificación y el desarrollo de la sociedad salvadoreña. Uno de los compromisos más relevantes en materia económica era la instalación del Foro de Concertación  Económica y Social, en el cual participarían los sectores gubernamental, laboral y empresarial, “con el objeto de logra un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes”. Por desidia estatal y privada, el Foro no se instaló y, en consecuencia, no pudo incidir en la reforma económica. Un vacío notable de los Acuerdos de Paz es no haber detallado —con la misma precisión que en el área política— los componentes de la reforma económica, pero ello no quiere decir que ésta no esté planteada como un elemento sustantivo en los documentos.

    Diez años después —y cuando la discusión política ha ocupado la atención de todos: ciudadanos, medios de comunicación, empresarios, clase política, comunidad internacional— es fácil decir que lo económico era un punto marginal de los Acuerdos de Paz y que el objetivo principal de su firma era terminar la guerra. El paso siguiente consiste en olvidarse de ellos, considerándolos parte del pasado. Y, así, sus exigencias más escabrosas en materia económica y social automáticamente dejan de existir, esta vez de forma definitiva.

    La interpretación oficial de los Acuerdos de Paz termina por darse la mano con la interpretación de la derecha conservadora, para la cual los Acuerdos de Nueva York y Chapultepec fueron una concesión indebida —inconstitucional— a la izquierda comunista. Es decir, los Acuerdos de Paz son un molesto paréntesis que conviene cerrar de una vez por todas, para volver a la “normalidad” que se tenía antes de ellos. En esta óptica, los Acuerdos de Paz no han dejado nada bueno al país; más bien, significaron una ruptura constitucional que debe ser reestablecida cuanto antes. No proceder cuanto antes a la clausura total de los Acuerdos de Paz —ha dicho un vocero de esta derecha conservadora— es aceptar que se vive en una sociedad de “postguerra”, lo cual justifica comportamientos guerreristas en sectores de la izquierda que añoran el pasado.

    Para quienes abanderan posturas como las aludidas no hay razones que valgan. Nunca van a entender que los Acuerdos de Paz son parte —y no precisamente para mal— de la historia de El Salvador y no algo que se pueda tirar sin más al cesto de la basura. Pese a todos los manoseos de los que han sido objeto —y lo siguen siendo aun ahora—, los cambios políticos propiciados por ellos han dejado su huella en la institucionalidad del país. Por más que se insista en lo contrario, no son un paréntesis, sino un punto de partida hacia un nuevo modelo de país, democrático y equitativo.

    Las interpretaciones amañadas de los Acuerdos de Paz quieren convencer a los salvadoreños de que lo mejor es olvidarse de ellos. Que lo que se pudo haber logrado es parte del pasado. Lo peligroso de estas interpretaciones es que no sólo tiran por la  borda compromisos sustantivos no cumplidos —o cumplidos a medias—, sino que también quieren desvincular el futuro del país de las exigencias de democratización y justicia planteadas por los Acuerdos de Paz.

    Por ahora, tal como se hizo evidente en las celebraciones del 16 de enero pasado, es la distorsión del significado de los Acuerdos de Paz lo que se ha impuesto en los medios de comunicación y en los debates y foros establecidos para la conmemoración de la firma de la paz. El gobierno de Flores y la derecha conservadora  pueden darse por satisfechos, pues han sabido promover su interpretación. Entre tanto, sobran quienes repiten el estribillo gubernamental y quienes no dudan en poner su pluma al servicio de individuos y grupos que todavía pelean a muerte con el fantasma del comunismo.
 

    Desde que Francisco Flores asumió la responsabilidad de conducir el país, el 1 de junio de 1999, una de las principales preocupaciones de sus asesores ha sido el problema de cómo publicitar sus logros. Sobre esta base, la Oficina de Comunicación de la Presidencia ha elaborado una “sabia” estrategia que consiste en inundar la prensa —televisiva, escrita y hablada— de las “mil maravillas” que ejecuta el gobierno. En consonancia con lo anterior, la idea que se vende al público es la de un gobierno eficiente y altamente imbuido de su responsabilidad con el país.
 

    En recientes declaraciones en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su país “buscara un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (y) trabajará junto al Congreso con ese objetivo.” Añadió que “nuestro propósito es fortalecer los lazos económicos…, reforzar su camino hacia la reforma económica, política y social, y dar otro paso hacia el Area de Libre Comercio en las Américas”.  Estas declaraciones fueron suficientes para provocar casi de inmediato eufóricas reacciones en los funcionarios gubernamentales centroamericanos.
 

Los últimos altercados laborales han puesto nuevamente en la palestra de la discusión la alta y recurrente conflictividad laboral en El Salvador. La cesación de más de ocho mil empleados del sector público al inicio del año y el maltrato propinado por los empleadores en algunas empresas han dejado en serias dificultades a no pocos salvadoreños y sus respectivas familias. De ahí que, en la actual coyuntura, la problemática laboral se revista de capital importancia, en tanto que se estarían gestando nuevos focos de confrontación social entre los agentes involucrados. Evidentemente, de la relación tripartita Estado-empresas-empleados, quienes llevan las de perder son los últimos,  dada su indefensión económica y política.

    Los salvadoreños y salvadoreñas hemos sido testigos, en las últimas dos décadas, del rápido y desordenado crecimiento que ha experimentado nuestra ciudad capital, que en la práctica ya no es sólo el municipio de San Salvador, sino lo que ahora se conoce como el Gran San Salvador, con más de un millón de habitantes en 14 municipios y dos departamentos.

    Dicho crecimiento vino acompañado del desarrollo de nueva y moderna infraestructura, pero también de un incremento desmedido del tráfico vehicular que ha traído como consecuencia un deterioro considerable en la calidad del aire que respiramos. Este deterioro es tremendamente notorio a simple vista en muchas zonas de la ciudad y a ciertas horas del día, a la vez que se ve reflejado ya en el aumento de los casos de enfermedades respiratorias reportados por el sistema de salud pública.

    Sin embargo, la percepción de los sentidos no es un método confiable para medir los niveles de contaminación del aire, y por eso se suele recurrir a métodos científicos capaces de establecer con exactitud la concentración de determinados contaminantes en el aire. Las mediciones así realizadas se conocen como “monitoreo de la calidad del aire”, y son necesarias para ponderar los posibles daños que sufriría la salud de la población expuesta, para decidir las mejores medidas de control a adoptar y para evaluar si las medidas adoptadas están surtiendo efecto.

    En el Gran San Salvador, el monitoreo de la calidad del aire lo está realizando actualmente el Laboratorio de Calidad Integral de FUSADES, con el apoyo técnico y financiero del Proyecto Aire Puro de Swisscon-tact, una ONG suiza que ejecuta proyectos de cooperación con fondos de su gobierno.

    De esta manera, ese “aire cargado” y el “humo gris”, de los que se quejan muchos habitantes de San Salvador, se transforman en cifras gracias al monitoreo del aire, indicando por ejemplo que en el año 2000 en las cercanías del Hospital de Maternidad la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire sobrepasó durante casi todo el año (exceptuando el mes de octubre) el valor guía recomendado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) de 40 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), llegándose a medir valores hasta de 75 µg/m3. La OMS garantiza que una exposición de un año a concentraciones abajo de este valor no causa daños a la salud humana, pero arriba de este valor ya no hay garantía y pueden comenzar las irritaciones a las vías respiratorias y los ojos en los casos leves, y una disminución en la función pulmonar en los casos graves.

    Así, la red de monitoreo del aire de FUSADES-Swisscontact, ha proporcionado desde 1996 los únicos datos existentes en el país sobre los niveles de contaminación atmosférica, y son estos los datos utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente en su Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente, y los datos sobre los que las autoridades basan la decisión de implementar próximamente un control a las emisiones de gases de la flota vehicular. Esta misma red de monitoreo se encuentra ahora en peligro de desaparición ante la inminente finalización del Proyecto Aire Puro en el año 2002, pues con el proyecto terminaría también el financiamiento para esta actividad.

    Desde el punto de vista técnico, el trabajo del Laboratorio de Calidad Integral en el monitoreo de la calidad del aire ha sido muy bueno, pero institucionalmente FUSADES no ha asumido completamente como propia esa tarea, realizándola siempre por encargo de una institución externa, en este caso Swisscontact. Esta situación se deriva directamente de la forma como fue concebido y como opera el Laboratorio de Calidad Integral, que vende completamente sus servicios a las empresas privadas, de tal forma que el laboratorio mismo se ha convertido, en la práctica, en otra empresa privada cuyas ganancias sirven como una fuente de ingresos a FUSADES.

    Lo anterior significa que el laboratorio, aun cuando tenga la capacidad técnica de realizar cierto tipo de análisis, no lo hará si no es por encargo de un cliente externo que le pagará la factura. Esto es completamente válido, ético y es de hecho una excelente idea para financiar las otras actividades de FUSADES a la vez que se brinda un servicio necesario a la empresa privada; el problema es que el monitoreo de la calidad del aire, más que un servicio a una empresa privada, es un servicio a la sociedad entera, y difícilmente se encontrará un cliente privado dispuesto a pagar por él.

    Swisscontact ha financiado el monitoreo de la calidad del aire todos estos años, en el espíritu de un convenio de cooperación del gobierno suizo con el gobierno salvadoreño, con el fin de ayudar al desarrollo de nuestro país y como un impulso inicial, en el supuesto de que alguna institución salvadoreña lo adoptaría como proyecto propio después de haberse transferido todos los conocimientos técnicos necesarios. FUSADES ha cumplido muy bien su papel de receptor de dichos conocimientos, pues son profesionales salvadoreños del Laboratorio de Calidad Integral los que ahora dominan los métodos de medición en cuestión, el problema ahora ya no es técnico sino de sostenibilidad económica.

    En este punto surgen varias preguntas. Primero ¿es necesario seguir monitoreando la calidad del aire? Y luego, en caso afirmativo, ¿quien debe pagar la factura de este monitoreo? La primera pregunta tiene una respuesta muy clara: sí, es necesario seguir monitoreando la calidad del aire, ya que hasta la fecha los resultados han sido niveles de contaminación (en ciertos lugares de la ciudad para ciertas sustancias contaminantes) superiores a los recomendados internacional-mente para proteger la salud humana.

    Y aun cuando se implementen medidas para reducir esta contaminación, seguirá siendo necesario monitorear la calidad del aire para garantizar que estas medidas surten efecto, tal como ocurrió cuando se eliminó la gasolina con plomo en nuestro país en 1996, y se pudo constatar felizmente que la concentración de esta sustancia en el aire, disminuyó hasta llegar a niveles muy por debajo del valor guía que OMS recomienda no exceder. Vale aclarar en este caso que el plomo es sumamente tóxico y que gracias al monitoreo del aire y a una medida técnico-administrativa muy acertada, podemos ahora respirar aire libre de dicho contaminante.

    Ahora bien, para la segunda pregunta, sobre quien debe pagar la factura, la respuesta ya no es tan clara. Los posibles “clientes” que podrían pagar por este servicio son en primer lugar aquellos interesados en los datos, es decir, en primer lugar el gobierno central que, a través del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Salud Pública, tiene la obligación de garantizar a la población un medio ambiente limpio que no cause daños a la salud.

    También podrían ser las alcaldías de los municipios más afectados, en este caso los 14 municipios del Gran San Salvador, o podría ser FUSADES, como un aporte a la sociedad en su calidad de institución sin fines de lucro que busca promover el desarrollo sostenible del país. Pero en última instancia podríamos ser directamente aquellos que contaminamos el aire, con nuestros vehículos principalmente, pero también con las fábricas, las quemas de leña y de basura, entre otras prácticas contaminantes.

    Existe un principio filosófico en las ciencias ambientales que dice que “el que contamina paga”, y bajo este precepto se debería de buscar una manera de que los agentes que contaminan el aire paguen por una red de monitoreo que ayudará a implementar soluciones. Siendo la quema de combustibles la principal causa de contaminación del aire, podría ser el mecanismo de pago un pequeño incremento en el precio de los combustibles (vehiculares e industriales), o en la matricula anual de circulación de los vehículos, o en la tarifa de la futura revisión técnica vehicular a ser implementada por el Ministerio de Medio Ambiente. Seguramente el lector renegará de la sola idea de tener que pagar más, especialmente en estos tiempos de crisis económica, pero es preferible pagar en la gasolina o en la matricula del vehículo por medidas que lleven a una reducción de la contaminación del aire, que tener que gastar en el médico cada vez que se padezca  de una enfermedad de la vías respiratorias.

    En fin, lo que sería una verdadera lástima es que el Proyecto Aire Puro de Swisscontact finalice, y con él finalice también el monitoreo de la calidad del aire, que tan necesario resulta como herramienta guía para combatir la contaminación atmosférica en nuestra ciudad capital.
 

Colaboración de Rosendo Majano Trejo. Proyecto aire puro, Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.

    Nuestro país, la Argentina ha entrado en una crisis terminal de tipo económica, social, política y judicial. Es decir, una crisis institucional gravísima que afecta todo el tejido de la comunidad nacional. El Estado ha sido impotente e incapaz, desde hace años con los sucesivos gobiernos de la última década, de frenar la fuga de capitales hacia el exterior. Su último “invento” para salvar la situación ha sido el “corralito”, por el cual de hecho —y de derecho por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— se han confiscado los depósitos bancarios de los inversores locales.

    Esta medida apuntó no solamente a salvaguardar los intereses financieros de la actividad bancaria, sino también a evitar una corrida hacia los bancos para retirar los depósitos confiados a ellos, ya que la misma hubiera producido el crack de aquellos y la quiebra de los mismos, con lo cual solamente unos pocos ahorristas hubieran recuperado el dinero que legítimamente les corresponde y que está garantizado por el Banco Central de la República Argentina. El Presidente Duhalde asumió el 1° de enero de 2002 bajo la advocación de que iba a terminar con la alianza entre el Estado y los intereses financieros para establecerla con los de la producción.

    Loable expresión de deseos, pero nada más que eso. ¿Quién puede creer que haya producción sin ahorros en los bancos que financien la misma? Y los bancos han perdido credibilidad y nadie en su sano juicio va a volver a confiar sus depósitos en la banca que funciona en Argentina y que en su mayor parte pertenece a casas matrices ubicadas en el exterior. Vale decir, la producción para el despegue económico es cuento chino, tan chino como las importaciones de productos que provienen del sudeste asiático y que fue una de causas de la destrucción de la industria nacional.

    La confianza y la previsibilidad son dos variables imprescindibles para cualquier actividad económica. La confianza se ha perdido y la previsibilidad también, sobre todo en un país que constantemente modifica las reglas del juego. Frente a esto, los bancos tienen una tarea que cumplir: eliminar por propia voluntad el corralito que tiene atrapados a los propios inversores locales en la angustia de haber perdido sus ahorros y sus depósitos en cuentas corrientes o en cajas de ahorro. ¿Qué pueden hacer los bancos voluntariamente para solucionar la situación cuando no tienen liquidez suficiente para atender la masa de reclamos? Muy sencillo, pedir a las Casas Matrices ubicadas principalmente en los Estados Unidos y en Europa que financien sus deudas en el país.

    Esto no es un disparate intelectual de un soñador. Basta que las Casas Matrices de los bancos que operan en Argentina tomen conciencia de que su credibilidad se ha de perder no solamente en la Argentina sino en todo el mundo. ¿Que garantías pueden ofrecer en Brasil, Perú, Nigeria, Filipinas o en cualquier parte del mundo si sus aparentemente prestigiosos nombres no han servido de cobertura suficiente para salvar a sus sucursales en un país pequeño como es Argentina?: ninguna.

    En virtud de ello, es que se hace necesario tomar en serio las señales enviadas por los siguientes bancos, las cuales anuncian riesgos sobre los ahorros de los ciudadanos:

— Grupo BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), España;
— Banco Rio de la Plata SA: grupo BSCH (Banco Santander Central Hispanoamericano), España;
— Crédit Lyonnais;
— Deustsche Bank (Alemania),
— Société Générale (Francia);
— City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of América (todos ellos de EE.UU.);
— ABN Amro Holding (Holanda);
— Banca Nazionale del Lavoro (Italia);
— Banco Bradesco SA (Bahamas);
— Banco do Brasil, Banco Itau SA (Brasil) y Anespa (Banco do Estado de Sao Paulo);
— Banesto: groupe BSCH;
— Bank of America Corp.;
— Bank of New York Co.;
— Bank of Tokyo (Japón);
— BNP (Banque Nationale de Paris);
— Citigroup Inc.;
— Crédit Agricole (Luxemburgo);
— Deutsche Bank AG (Alemania);
— HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai Banking Corp);
— ING Groep (Antillas Holandesas);
— JP Morgan Chase (EE.UU.);
— Lloyds TSB Group (Gran Bretaña);
— Société Générale (Francia);
— y Banco Rio de la Plata: Groupe BSCH.

    Todos esos bancos —y muchos más que se me quedan en el tintero— no son otra cosa que mascaradas hipócritas que sirven para vender nombres con tradición de confiables. Todos ellos han servido tanto para el lavado de dinero como para la fuga de capitales a los paraísos fiscales que tienen distribuidos por el mundo, además de enviar las remesas de sus ganancias a las Casas Centrales que son incapaces de salir en salvaguardia de su “buen nombre y honor”. Si no son capaces de salir en salvataje de sus sucursales en Argentina, no es recomendable para nadie poner un dólar más en tales instituciones. Al contrario, lo mejor es retirar inmediatamente los ahorros porque en cualquier momento pueden ser estafados en su buena fe. En todo caso, nuestros ahorros en cualquier parte del mundo se verán mejor protegidos en bancos nacionales que en los extranjeros, que son puro nombre de prosapia histórica, pero que a la hora de responder con su patrimonio, miran hacia otro lado.
 
 

Colaboración de Angel Rodríguez Kauth, San Luis, Argentina.

 

    Desesperanza, frustración, desencanto e incertidumbre. Esos sentimientos ya estaban instalados en buen parte de la población salvadoreña a finales del 2001, por la situación económica en que vivía y porque el “liderazgo” nacional no le ofrecía nada alentador para mejorar. Pero con la llegada del nuevo año, se sumó uno más: el de la indignación. Esa es la reacción lógica de muchas personas afectadas o no por las medidas gubernamentales que, de forma arbitraria y engañosa, se impulsaron durante los primeros días de enero para dejar sin empleo a una buena cantidad de gente. Medidas que, como es costumbre, alcanzan sólo a los sectores más desprotegidos.

    Al iniciar diciembre del 2001, comenzaron a aparecer ciertas informaciones destinadas a preparar el terreno. “Se pide actualizar la tabla de indemnizaciones en sector público”, “Reforma del Artículo 30 de la Ley de Servicio Civil”, “El Ejecutivo ha anunciado varias veces la intención de pedir decretos de retiro voluntario para algunas instituciones del Estado”, rezaban algunos de los titulares. Después, poco a poco, fue apareciendo el verdadero fondo del asunto. “Las modificaciones a la Ley del Servicio Civil —se dijo en los medios— permitirán el retiro voluntario de trabajadores estatales [...] la necesidad de optimizar los recursos humanos dentro del aparato estatal en el marco de la austeridad nacional, más el deseo expreso de algunos trabajadores gubernamentales de retirarse, han obligado al gobierno a plantearse una amplia reforma”.

    La decisión ya estaba tomada, pero la maquinaria publicitaria del Ejecutivo desvió la atención hacia el monto de las indemnizaciones y a la discusión sobre la terminología técnica adecuada. ¿Se hablaba de despidos, retiros voluntarios, supresión de plazas o qué? Tal situación provocó la confusión de un buen número de empleados públicos que, sin información fiable a la mano y en un corto período de tiempo, tenían que adoptar una posición sobre el futuro de sus empleos. Para mediados de diciembre del año pasado, a través de los medios, se ofrecían ciertas estimaciones en cuanto al número posible de funcionarios públicos a separar de sus plazas —que en algunos casos habían ocupado durante décadas— a partir del primer día del 2001.

    Así, con la llegada del nuevo año, miles de familias salvadoreñas recibieron un golpe brutal. Conforme se reincorporaban a sus puestos, tras el descanso navideño, las personas recibían la desagradable “novedad” de palabra o por escrito. Cuando se hizo a través de cartas, la notificación de la separación —sin razonamiento y fundamento— finalizaba con unas irritantes y soberbias palabras: “Gracias por sus servicios”. Así las cosas, consumada la operación gubernamental, se debe establecer el marco jurídico internacional básico que se ha violentado con esas medidas económicas y sociales intempestivas.

    En esa línea, descubrimos que al firmar la Declaración y el Programa de Acción de Viena sobre Derechos Humanos en junio de 1993, la mayoría de Estados —incluido el nuestro— confirmaron que el respeto a los derechos humanos es un elemento indispensable para que exista una verdadera democracia. Asimismo, declararon que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Subrayaron, además, que la comunidad internacional debe tratarlos en forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Por ello, tan importante es que a toda persona se le respete su derecho a la vida —establecido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos—,  como el que tenga trabajo, lo pueda elegir libremente, lo realice en condiciones equitativas y satisfactorias, y esté protegida contra el desempleo, como se indica en el Artículo 23 de la misma Declaración.

    Todo eso lo corroboró Ignacio Ellacuría al afirmar —en su reflexión sobre la “Historización de los derechos humanos”, publicada en agosto de 1990— que “el problema radical de los derechos humanos es el de la lucha de la vida en contra de la muerte”. Fue entonces cuando el Rector mártir aclaró que ésta, “que es, en concreto, la lucha de la víctima contra su verdugo, puede darse en otros planos: el de la libertad, el de la justicia, el de la dignidad, el de la solidaridad; en definitiva, de la plenitud de vida, que sin dejar nunca de ser biológica, trasciende los límites de lo biológico”.

    Con ese marco de referencia, debemos “historizar” las medidas oficiales que motivan estas líneas. Hay que situarlas en el espacio y en el tiempo de la realidad salvadoreña —considerando incluso ciertas disposiciones legislativas— para valorar en su debida medida la trascendencia que tienen. Así, en principio, podemos decir que el concepto de “modernización del Estado” —razón  esgrimida para concretar los despidos— no es de ahora. Viene utilizándose desde antes del fin de la guerra interna salvadoreña en el Decreto 111, aprobado en 1991, y en la Ley de Compensación Económica, aprobada también ese mismo año.

    En 1995, se aprobó el Decreto 471. Con él se suprimirían más de 15,000 plazas, en aras de alcanzar un gran objetivo: actualizar la administración pública. Lo anterior caminaría de la mano con la privatizarían de ciertos servicios estatales para la población.

    En los considerandos del Decreto 471 se decía lo siguiente: “En el marco de los procesos de reforma del Estado, resultan necesarios reestructurar la administración pública en términos de eficiencia, eficacia y efectividad”. Eso no sucedió ya que, después de haber sido “suprimidas”, las plazas fueron ocupadas de nuevo por otras personas. De haberse llevado a cabo las pretendidas y abanderadas reestructuraciones organizativas de aquellos años, los despidos del 2002 no tendrían ningún sentido. La situación se agrava cuando la práctica nos ha demostrado que la “privatización” no produce, necesaria y automáticamente, eficacia ni otras cosas por el estilo.

    Y mientras mucha de la gente afectada por las disposiciones gubernamentales de enero de este año no sabe qué hacer, el “liderazgo” nacional discute hechos y hasta superficialidades sin considerar en serio las causas y los peligros de todo lo que está ocurriendo. El Ejecutivo ha manejado la situación a su antojo; Juan José Daboub, ministro de Hacienda, ya declaró superado el tema. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —todavía el mayor partido de oposición— cayó en la trampa y se ha preocupado más por discutir montos económicos y reformas tibias, que en presentar una propuesta de fondo.

    Desde nuestro espacio, vemos con suma preocupación el panorama. Para la realización de los despidos, se han utilizado mecanismos que riñen con la Constitución y la legislación secundaria. Como están planteadas, las cartas de notificación de la supresión de plazas adolecen de fundamento legal para hacer efectivas las separaciones. El Estado no ha explicado, en ninguna de sus dependencias, por qué considera que ciertas plazas deben ser suprimidas y por qué otras son innecesarias. Ni siquiera queda claro por qué ciertos trabajadores en iguales condiciones que otros ya despedidos se han quedado en sus plazas.

    Sin duda, estamos frente a un claro atentado contra la seguridad jurídica. Pero hay una luz al final, encendida por un grupo de personas afectadas que —con el acompañamiento de instituciones como el IDHUCA— están dispuestas a impulsar todas las acciones necesarias, dentro y fuera de El Salvador, para lograr que en nuestro país comience a valer el tan afamado Estado de Derecho. Así, pues, el sistema de justicia será cuestionado —de nuevo— y constataremos si, tras diez años del fin de la guerra, en realidad es independiente o sigue siendo genuflexo a las disposiciones del Órgano Ejecutivo. Con todos los medios legales posibles, esa gente afectada ha resuelto dar la batalla para revertir la situación arbitraria, antojadiza y sin fundamento en la que ahora se encuentra.

    La Ley de Servicio Civil se promulgó, entre otras causas, para evitar atropellos. Pero, al igual que otras normas, ésta normativa no se ha respetado. Como en otras ocasiones, el recuento de los daños causados produce escalofríos. Y no nos referimos sólo a los perjuicios entre las personas despedidas, que son cuantiosos. Según nuestro seguimiento periodístico, el total de personas despedidas sobrepasa las 9,500. De ellas, las tres cuartas partes no alcanzaban a recibir ni siquiera una remuneración superior a cuatro salarios mínimos; es decir, cerca de 570 dólares estadounidenses. Queda claro, entonces, quiénes son los perjudicados: los trabajadores de bajos recursos y de familias numerosas que, de forma torpe y abusiva, ya no cuentan con su única fuente de ingreso.

    Pero existen otros estragos que se deben considerar: los relacionados con la confianza de la población en las instituciones y el “calentamiento de la olla de presión”. Recordemos que Alfredo Cristiani señaló hace diez años, en Chapultepec, que el documento firmado entonces debía entenderse —además de un acuerdo para finalizar la guerra— como un compromiso con la promoción integral de los derechos humanos. Y entre éstos incluyó también los económicos y sociales. Su violación la consideró como ingrediente fundamental entre las “profundas raíces” del conflicto armado. Pero más allá de ese “discurso de ocasión” —que necesariamente debía ir en esa línea, para no desentonar— él y sus dos sucesores en la silla presidencial han suprimido más de treinta mil plazas dentro de la administración pública, sin ofrecer verdaderas alternativas a la gente afectada. Esa acumulación de injusticias mantiene el conflicto social y pone en peligro lo poco o mucho que se haya logrado hasta ahora en favor de la paz.

    La muerte violenta —la de las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones arbitrarias— llega cuando la muerte lenta —la del hambre, el desempleo, el descuido de la salud y la falta de educación— no se supera. Sin duda, al igual que antes, y por encima de la demagogia que satura los discursos, en El Salvador de hoy se sigue pisoteando la dignidad cuando mucha gente se hunde cada vez más en condiciones de vida deplorables, propiciadas por el “modelo” económico que favorece a unos, y cuando otros no le ofrecen ninguna alternativa viable para salir de ahí. No es aventurado, entonces, sostener que el “liderazgo” nacional —sin importar su color—  está haciendo una muy mala apuesta.

    De seguir así, vendrán tiempos más difíciles. Para evitarlos o superarlos, sólo hay un camino: decidirnos a ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana para la transformación de esa realidad. Y lo debemos hacer utilizando los recursos legales existentes con lucidez, imaginación, audacia y valor. Debemos exigir y propiciar el diálogo desde una perspectiva humana, para encontrar soluciones de fondo a esas “raíces profundas” que nos llevaron a la guerra y que —no obstante el paso del tiempo— permanecen. Porque la dignidad humana y los derechos que ésta genera, sólo valdrán a medida que se luche por ellos.
 

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