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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

Editorial: Promesa con poco fundamento

Política: El poder legislativo en entredicho

Economía: Los riesgos implícitos en la reforma al transporte

Sociedad: Educación, “Señor Presidente”

Comentario: La formación en comunicación en El Salvador

Derechos Humanos: Proyecto de Carta Andina de DDHH
 

EDITORIAL

    Los graves problemas económicos y sociales de El Salvador se resolverán pronto, a juzgar por el entusiasmo con que el gobierno de ARENA y la gran empresa privada han saludado el deseo hecho público del presidente Bush de firmar un tratado de libre comercio con la región centroamericana. Eso era lo que el gobierno y el gran capital salvadoreños estaban esperando como gran solución para sus problemas. Todo pareciera, pues, ir de maravillas con este anuncio. Sin embargo, la realidad es muy otra. Es un paso importante que el presidente Bush haya expresado su deseo de firmar un tratado de libre comercio con la región, pero antes éste debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, donde puede encontrar algunos obstáculos. Y es que el deseo presidencial no obvia algunos presupuestos que deben ser garantizados antes que esa firma sea posible. La cuestión es si el gobierno y el gran capital salvadoreños están dispuestos a garantizarlos, porque hasta ahora no han mostrado ninguna inclinación hacia ello.

    En primer lugar, el gobierno salvadoreño deberá luchar con mucha mayor intensidad contra la piratería, que hace su agosto con la propiedad intelectual ajena. Esta violación no ocurre sólo en la calle, donde se puede encontrar toda clase de mercancía de marca, sino también en las altas esferas del capital. Algo se ha avanzado, pero no lo suficiente como para dar las seguridades que el capital estadounidense exige. En segundo lugar, El Salvador deberá firmar un tratado de extradición con Estados Unidos, a lo cual se resisten los defensores del antiguo concepto de soberanía. En tercer lugar, El Salvador deberá suscribir todos los tratados que hasta ahora se ha resistido a firmar con la Organización Internacional del Trabajo, por medio de los cuales se compromete a respetar, promover y defender con mucha mayor seriedad los derechos de los trabajadores. Es decir que no podría haber despidos masivos como los ocurridos en CEPA, ni podría continuar haciendo del país un paraíso para la maquila por la laxitud con la que aplica la legislación laboral.

    De hecho, en la Organización Internacional del Trabajo hay una demanda en su contra por el despido de los empleados de CEPA. Si aquélla falla en contra del gobierno salvadoreño, éste deberá acatar la sentencia y aceptar las sanciones. Finalmente, deberá implantar controles de calidad, en la práctica desconocidos, informar al consumidor de lo que adquiere y, además, respetar las normas para no contaminar el medio ambiente. Estas normativas, internacionalmente aceptadas, son ajenas a la cultura salvadoreña, pero deberán ser reconocidas y aplicadas, precisamente, para competir con las empresas del norte.

    Así pues, si Centroamérica llega a firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, El Salvador no sólo entrará de lleno en la globalización, sino que además deberá reconocer y acatar la legislación internacional, a la cual, hasta ahora, ha mirado con bastante indiferencia, ciertamente, en las áreas del derecho laboral, de derechos humanos y administración de justicia. Esto no podrá seguir siendo así, si quiere gozar de los beneficios del tratado. Este cambio abriría a El Salvador a una dimensión a la cual hasta ahora se ha resistido. Desde esta perspectiva, el tratado traería ventajas para la población, pero para que sea realidad, hay que comprometer y garantizar mucho todavía.

    Una dificultad adicional que no será fácil solventar, por la existencia de intereses tan diversos, es que el tratado está ofrecido a la región y no a El Salvador, tal como parece derivarse de los comentarios ligeros de una prensa nacional arrebatada por el entusiasmo gubernamental. El tratado está planteándose en términos regionales y la región está lejos de un entendimiento mínimo, que conduzca a la integración necesaria para llegar al tratado. De todas maneras, es un desafío para impulsarla de manera más decidida, creando más entendimiento entre unos intereses ahora muy dispares e incluso contradictorios —como las disputas fronterizas.

    Tal vez al ir siendo consciente de todas estas dificultades, el gobierno ha moderado su entusiasmo respecto a las bondades del tratado. Ya no habla, por ejemplo, de las decenas de miles de empleo que crearía sólo en El Salvador. Los primeros datos que dieron los funcionarios eran alucinantes, pero no coincidían. Cada uno lanzaba al aire lo que le parecía, de acuerdo a su apreciación subjetiva. Cuando estos funcionarios hablan de decenas de miles de nuevos empleos, de bienestar y futuros promisorios, nunca señalan plazos. Por un lado, pareciera que todas estas maravillas ocurrirán de inmediato, con la simple firma de los tratados y convenios; pero, por el otro lado, nadie es tan ingenuo como para creer que su situación cambiará de la más abyecta pobreza a la abundancia y el bienestar de un día para otro.

    De todas maneras, el gobierno sigue pensando que el tratado es la gran respuesta a las necesidades del país, y en consecuencia, no se preocupa mucho por el bajo nivel de la producción nacional, ni de la política fiscal y siempre espera que el crecimiento sea más elevado de lo que en realidad resulta ser al finalizar cada año. Dicho con otras palabras, el gobierno atribuye al tratado de libre comercio unos poderes mágicos que, evidentemente, no posee. Para que un tratado de libre comercio tuviera todas las ventajas que el gobierno le atribuye, El Salvador debiera poseer una actividad productiva vigorosa y diversa, parte de la cual debiera estar en disposición de exportar. Por eso, el Ministro de Economía repite que hay que ser competitivo, es decir, que hay que producir para poder exportar y que además esa producción debe tener calidad y ser de bajo costo. Lo que no dice es qué es lo que hay que producir, con qué financiamiento y con cuál asistencia técnica. Las estadísticas son claras, El Salvador importa cada vez más que lo que exporta. El único bien que El Salvador tiene en abundancia para exportar y de buena calidad por su disposición al trabajo, es su población; pero ésta, es evidente, no estará incluida entre las mercancías que podrán moverse con libertad entre los países firmantes.

    Desde el comienzo de los gobiernos de ARENA, éstos debieran haber impulsado un plan de reconversión industrial para prepararse para este momento. En lugar de ello, abandonaron toda clase de planificación y el capital se fue al comercio y los servicios, donde las tasas de retorno o las ganancias eran mucho más elevadas y de corto plazo. En la actualidad, el ahorro nacional está haciendo lo mismo, pero en los países vecinos. Es más rentable invertir en comercio y servicios en Guatemala, Honduras y Nicaragua, que en la industrialización de El Salvador. Poco se puede obtener de un tratado de libre comercio cuando una de las partes, en este caso El Salvador, tiene poco que exportar.

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 El prestigio del poder legislativo en El Salvador deja mucho que desear. Se sabe que los diputados son los funcionarios públicos peor evaluados por el conjunto de los salvadoreños. Ahí están los datos para atestiguarlo. Además, ahí están los “Padres de la Patria”, cada día, contribuyendo con sus desatinos al deterioro de su imagen pública. Esta pésima imagen que los diputados se han labrado tiene, indudablemente, serias consecuencias sobre la vida política del país, algunas de las cuales serán abordadas en las líneas que siguen.

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 Desde el más reciente altercado entre el gobierno y las principales gremiales empresariales del transporte público, varios cambios se han registrado en este sector; entre ellos, destacan el reordenamiento de las rutas y la eliminación del subsidio a las tarifas del transporte público. Pero los cambios más significativos estarían por venir, si a partir de febrero el gobierno inicia el retiro de autobuses con más de 20 años de fabricación y procede, tal como lo ofreciera en noviembre, a impulsar, a nivel nacional, un plan de renovación del parque de autobuses del transporte público.

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     A través de imágenes de televisión transmitidas desde el municipio de Perquín, los salvadoreños fueron testigos, el pasado 16 de enero, de dos acontecimientos que convergieron en el mismo momento y en el mismo lugar: la celebración oficial del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz y la inauguración del año lectivo correspondiente a 2002. Además del encuentro de grandes personalidades —antagónicas en el pasado— y de la ausencia de la llamada ala “dura” del FMLN —algo sobre lo cual la prensa nacional ha insistido reiteradamente—, la ocasión fue propicia para darse cuenta de por lo menos dos cosas que vale la pena subrayar.

    En la última década, la carrera de comunicación en El Salvador se ha convertido en una de las más demandadas por los jóvenes en las universidades. En 2001, había un poco más de 4 mil estudiantes de comunicación y periodismo, según cifras de El Diario de Hoy. Muchas instituciones tienen licenciaturas, que bajo distintos nombres, facultan a los graduados para trabajar en campos relacionados con los medios masivos de comunicación (publicidad, radio, tv y prensa), la comunicación organizacional y las relaciones públicas.

    En cada universidad predominan distintos campos. Un ligero análisis de los pénsum de algunas universidades (publicados en Internet) reveló ciertos elementos sobre los campos en los que más se enfatiza. La licenciatura en Periodismo de la UES abarca unas 45 materias, de las cuales 26 están directamente relacionadas con el quehacer periodístico impreso, radiofónico y televisivo. Se diría que es un plan bastante especializado.

    La Universidad Tecnológica tiene una licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones, cuyo plan de estudios incluye además de esos dos campos, el de la publicidad. La Universidad Don Bosco (UDB) ofrece, con su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, “formación integral” en radio, televisión, diseño gráfico, periodismo, publicidad y relaciones públicas. La UDB es bastante reconocida por el componente técnico en todas sus carreras y la de comunicación no es la excepción.

    La UCA, por su lado, se encuentra en el proceso de cambiar el pénsum de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, cuyo nombre será sustituido por el de Comunicación Social. El nuevo programa integrará el periodismo con la comunicación institucional (o también conocida como organizacional, a la cual la UCA le da un énfasis poco observado en el resto del país). La Universidad “José Matías Delgado”, con su licenciatura en Ciencias de la Comunicación, es bastante conocida por su énfasis en la publicidad, aunque su pénsum también tiene una carga significativa en materias sobre periodismo y relaciones públicas.

    Esta diversidad en la oferta de carreras relacionadas con un campo profesional específico ha sido, en parte, el reflejo de una tendencia en América Latina y objeto de un largo debate que no ha terminado.

    En los años treinta del siglo pasado, se crearon las primeras escuelas de periodismo en Argentina y Brasil. Cuando surge el CIESPAL (Centro de Estudios Superiories de Periodismo para América Latina), la comunicación —incluyendo el periodismo— comenzó a percibirse como una “práctica profesional”. Uno de los objetivos del CIESPAL era formar “comunicadores polivalentes”, es decir, “profesionales aptos para desempeñar cualquier actividad dentro de los medios masivos de producción simbólica”, según el profesor mexicano Mauricio Andión. “El modelo curricular debía integrar tanto los saberes prácticos del trabajo propio de los medios de comunicación de masas como diversos contenidos teóricos fundados en las corrientes formalista y positivista del proceso de comunicación”.

    A finales de los ochenta, las escuelas estaban en su “boom”, dice Andión, y se advertía “el riesgo inminente de saturación del mercado de trabajo”, originado por dos factores concomitantes: “la moda de la comunicación y el mercantilismo de las entidades universitarias”.

    El profesor peruano Juan Gargurevich ha observado que la integración del periodismo en la comunicación, promovida por el CIESPAL, desagradó a algunos sectores. “Los empresarios (y los autodidactas) nunca dejaron de considerar poco preparados a los nuevos reporteros, insistiendo en que haría falta menos cultura general y más acercamiento a la vida real”.

    Según Gargurevich, una de las críticas a las escuelas de comunicación vino del escritor Gabriel García Márquez (creador de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI). En un discurso dado en 1996, García Márquez dijo que, además de las faltas ortográficas y las dificultades para la comprensión de textos,  “los muchachos que salen ilusionados de las academias, con la vida por delante, parecen desvinculados de la realidad y de sus problemas vitales y prima el afán de protago-nismo sobre la vocación y las aptitudes congénitas”. El escritor colombiano rememoraba con nostalgia los tiempos en los que “la misma práctica del oficio imponía la necesidad de formarse una base cultural , y el mismo ambiente de trabajo se encargaba de fomentarla. La lectura era una adicción laboral”.

    Gargurevich asoció las críticas del Nóbel a las de otros, entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que también acusaban a las facultades de comunicación de descuidar el periodismo.  García Márquez decía que “tal vez el infortunio de las facultades de Comunicación Social es que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo”; al mismo tiempo, alentaba a esas instituciones a persistir en los programas humanís-ticos, pero sugería que estos fueran “menos ambiciosos y perentorios”.

    A pesar de las incomodidades de algunos críticos, que no quieren ver en un solo ‘saco’ a la comunicación y el periodismo, la corriente latinoamericana ha favorecido, sea para bien o para mal, su aleación. El profesor chileno Héctor Vera Vera ha observado la existencia de ciertos modelos en las facultades de comunicación. El primero, humanista culturalista, forma comunicadores cultos, ilustrados, por medio de una importante carga de cursos de las ciencias sociales y humanas. Según Vera, “es el tipo de enseñanza que la SIP mira con desconfianza porque forma intelectuales poco dóciles, y en ciertos casos poco conocedores del oficio periodístico en la forma en que se practica”.

    El segundo modelo es el práctico profesional, más cercano a las exigencias de la SIP, pues establece más capacitación “útil” y menos ciencias sociales. En este sentido, dice Vera, se acerca a la idea de que “las escuelas deben ser más prácticas, más ligadas a la realidad que a la teoría, con buenas relaciones con las empresas, mayor especialización temática, actualización tecnológica, modernización y eficiencia profesional”. Por último, Vera señala el modelo comu-nica--cional, que enfatiza la transdiscipli-nariedad, la formación de profesionales conocedores de la comunicación en general para luego especializarse en una rama determinada, como el periodismo, por ejemplo.

    Los planes de estudio de las escuelas de comunicación, por tanto, han generado una interminable discusión entre académicos, profesionales en ejercicio y autodidac-tas. El punto de vista de los estudiantes no se ha visto reflejado del todo en este debate. A partir de la experiencia de la carrera de Comunicaciones y Periodismo en la UCA, podríamos decir que los comentarios de los alumnos concuerdan en el fondo con la corriente de la SIP y de la FNPI.

    Es común oír a los estudiantes decir: “¿por qué no me enseñan fotografía desde el primer ciclo?”; “¿para qué tenemos tantas materias teóricas?”; “¿por qué vemos tantos cursos sobre historia?”. Así se expresan quienes todavía no han incursionado en el campo laboral mediático. Por el otro lado, está la queja más frecuente de quienes entran en los medios desde los primeros años de universidad: “lo que me enseñaron en la UCA no sirvió para nada” o “el trabajo es muy distinto de lo que me enseñan en clases”.

    Todas estas aspiraciones, expectativas y frustraciones son comprensibles, debido a las características de las sociedades actuales. El profesor Andión opina que a las escuelas de comunicación ingresan jóvenes “que han crecido en las ciudades y buscan ansiosamente un canal de expresión; las escuelas superiores de comunicación aparecen como el medio para alcanzar sus sueños adolescentes”. Además, dice este investigador, “muchos de ellos aspiran a ser famosos y llegar a adquirir prestigio y posición social”. Andión sostiene que una minoría de estos aspirantes asumirá una postura crítica ante la cultura de los medios de masas.

    Visto así, puede decirse que se hace comprensible también el desfase que hay entre las aspiraciones de los estudiantes y lo que ofrecen las escuelas de comunicación. Los planes de estudio son creados para cumplir metas muy distintas de las que busca la mayoría de alumnos. Algunas universidades tiendes más a apoyar la siguiente valoración del profesor Vera: “no se justifica hacer estudiar cinco años a un joven para que aprenda solo el oficio de recoger y redactar noticias. Esto se aprende más rápido y mejor directamente en la práctica medial, que en la universidad”.

    Concientes de ello, algunas universidades combinan aspectos del modelo humanista y del comunicacional, que son los más cercanos al pénsum de la UCA, por ejemplo. En otras palabras, no se necesita estudiar en una universidad para saber manipular una cámara fotográfica, pero sí se necesita una formación más sólida e integral —no necesariamente en periodismo— para ejercer el fotoperiodismo profesional (como el del brasileño, ingeniero y antropólogo, Sebastián Salgado o el trabajo documental de la fotoperiodista Donna DeCesare). Pero los estudiantes de la UCA, siguen quejándose porque no se les enseña fotografía en el primer ciclo, cuando el resto de universidades imparte la asignatura como máximo en primero o segundo año.

    Vera es más partidario de una enseñanza que conjugue el equipamiento tecnológico e instrumental con la formación humanística, teórica e interdisciplinaria. En ese sentido, Vera se declara a favor de la preparación de un “periodista fenomenoló-gico”,  es decir, “conciente de su intencionali-dad y la de los demás” y lo considera “el único que puede superar al periodista positivista que cree que la realidad está allí y que basta describirla adecuadamente”.

    Este debate sobre la formación de los profesionales de la comunicación tiene muchas aristas: los planes de estudio, el tipo de estudiantes y la idoneidad de los catedráticos, entre otras. Todas son importantes y deben ser abordadas con más frecuencia para que no seamos presa fácil ni de la fugacidad de las modas (específicamente la de los medios masivos de comunicación) ni del mercantilismo, que apuntan algunos académicos mencionados arriba.

    Recientemente, el español Fernando Savater escribió en El País sobre lo alarmante de que los jóvenes en España salieran mal evaluados académicamente en una encuesta internacional. Savater apuntaba que, además de eso, le asustaba que “haya cada vez más gente con suficiente competencia profesional y con perfecta incompetencia social. Lo que podríamos llamar ‘Idiotas Suficientemente Preparados’”. Y agregaba que “Lo realmente malo es que la educación no va más allá, que no consigue acuñar miembros responsables y tolerantes, por críticos que sean, para vivir en sociedades pluralistas”. Esa incompetencia social es también evidente en países como el nuestro y hay que empezar a enfrentarla.

    La creación de instrumentos jurídicos que promuevan la protección y defensa de los derechos humanos es siempre un motivo de satisfacción, máxime cuando el resultado supone una evolución conceptual de los mismos. Pero también obliga a examinar con rigor la realidad a la que se destina. Esto se constata en el Proyecto de Carta Andina de Derechos Humanos que, desde estos momentos, pasamos a analizar. Para ello comencemos por ubicarnos brevemente en la situación.

    Las políticas económicas que de un tiempo a esta parte se están implementando en el mundo, obligan a que los Estados tiendan a establecer uniones regionales. Eso lo podemos ver muy claro en nuestro continente. Por un lado tenemos la alianza entre Canadá, Estados Unidos y México; por el otro, el llamado Mercosur, que aglutina a las economías más grandes de América Latina. ¿Y en medio quiénes quedan? Mientras los países centroamericanos buscamos nuestras coaliciones mirando al norte —sin olvidar a la demarcación caribeña—, en el resto de América, un grupo de países ha decidido aunar esfuerzos en aras a promover el desarrollo político, económico y social de su zona. Así las cosas, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela —bajo el nombre de Comunidad o Región Andina— enfilan sus baterías hacia metas históricas que proyecten las raíces y tradiciones propias de su identidad.

    El Proyecto de Carta que ahora nos ocupa, fruto de esta unión, entre otros fines aspira a fortalecer las instituciones para la defensa y promoción de los derechos humanos en esa “sub región”, en particular la figura del Ombudsman o Defensorías del Pueblo. Asimismo, pretende afianzar la vigencia del derecho al desarrollo y promover mejoras en la impartición de justicia, persiguiendo fortalecer el Estado de Derecho.

    La estructura del citado documento supone una evolución evidente, ya que trata de conjugar la adhesión a Declaraciones, Cartas y Tratados internacionales de derechos humanos vigentes que configuran, además, el marco legal básico del Sistema Interamericano en la materia. Pero no queda ahí el mérito; además, incorpora derechos novedosos que ponen de relieve asuntos prioritarios. De esta manera, destaca el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades negras o afroandinas. De la misma forma, la contemplación de los derechos de los grupos especialmente vulnerables comprende no sólo a la mujer y a la niñez, sino también a adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad, con discapacidad, con diversas orientación sexual, migrantes y sus familias.

    El texto que amablemente nos hizo llegar el Excelentísimo Señor Embajador del Ecuador en nuestro país, Enrique Garcés Félix, es una versión provisional. Por ello, puede ser modificado y mejorado. No obstante, con lo que tenemos a la vista, estamos ante una Declaración que firmarán los presidentes de los países interesados y que, por tanto, su efecto vinculante perderá toda fuerza posible en un primer momento. Pero si se modifica el formato —posibilidad contemplada en las mismas anotaciones de la Carta— para plantear la suscripción de un tratado internacional, su vinculación a las legislaciones internas sería directamente efectiva y el documento ganaría toda la fuerza legal que pretende.

    Hecha esta observación, mencionaremos algunos puntos novedosos a nuestro criterio. Destaca la ampliación del principio de no discriminación, al relacionarlo específica-mente en su artículo 6 con la orientación sexual y el estatuto migratorio. También se reconoce, en el artículo 8 del Proyecto, el derecho de injerencia en los asuntos internos de los Estados por razones humanitarias. En otro apartado de la Carta se afirma que los pueblos indígenas tendrán derecho a la posesión de sus tierras y a no ser desplazados de ellas. De igual forma, los futuros firmantes reiteran su decisión de cooperar activamente con los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano, así como su compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas que los defienden, lo cual se incluye en los artículos 89 y 96.

    Pero, como señalamos al inicio, de nada sirve analizar un texto legal sin confrontarlo con la realidad histórica en la que se va a aplicar. ¿Qué sentido tiene entonces comentar estos artículos y el Proyecto de Carta Andina de Derechos Humanos? La respuesta se encuentra en la grave situación de violencia e impunidad que se está viviendo en alguno de estos países. Así, el Perú del cambio, tras diez años de la “dictablanda” de Fujimori y Montesinos, ha abierto puertas y ventanas para airear los graves casos de corrupción y violación a los derechos humanos que, poco a poco, se fueron convirtiendo en noticias de primera plana. La Venezuela de Chávez y el Ecuador del éxodo, también son reflejo claro de las crisis sociales y económicas por las que están pasando estas sociedades. Pero centrémonos en dos situaciones altamente preocupantes: la boliviana y la colombiana.

    En Bolivia, el estado en que se encuentran las poblaciones indígenas no está a tono con los anhelos de la Carta. Esto, debido a que la Ley de Reforma Agraria de 1953 —si bien eliminó el régimen de servidumbre al que estaban sometidas las mayorías campesinas— no pudo transformar la estructura desigual en la distribución de la tierra. Por tanto, dio lugar al resurgimiento del minifundio —sobre todo en el altiplano y los valles— mientras en el oriente se consolidaban grandes extensiones destinadas a promover el desarrollo de la agroindustria nacional. Con todo, tras las constantes denuncias de corrupción y la dotación irregular de tierras, se promulgó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria en 1996; tras cinco años de vigencia, ésta no ha superado el problema pues existen grandes extensiones de tierra sin ser trabajadas.

    Esta situación ha provocado la organización campesina alrededor del Movimiento Sin Tierra que, al igual que en otros países como Brasil, reclama espacios para cultivar. La respuesta sigue siendo la misma: mayor represión. Hoy en día, los levantamientos indígenas o étnicos se identifican como una amenaza para el “sistema” político junto al terrorismo, el narcotráfico y la subversión. Por ello ocurren matanzas como la de Panantí, el 9 de noviembre del 2001, que dejó un saldo de seis muertos y veinte heridos de bala. Hechos como éste nos obligan, desde nuestro espacio, a exigir justicia mediante el castigo a los responsables y la reparación del daño a las víctimas.

    En Colombia la situación es la más extrema de las posibles para la vigencia y aplicación de los derechos humanos. Por momentos, comienza a vislumbrarse una salida negociada al conflicto interno que para algunos es una guerra contra la “narco guerrilla” pero que —en realidad— sus causas son sociales, económicas y políticas. Haciendo un ejercicio de memoria histórica, recordemos que también en nuestro país quisieron esconder lo que Alfredo Cristiani —a última hora, en su discurso durante la firma del Acuerdo de Chapultepec— tuvo que reconocer con todas sus letras: las “raíces profundas” del conflicto salvadoreño. Es decir, las mismas que están a la base de la situación colombiana. Son hechos perfectamente identificables que permiten comprender, aún más, la gravedad que afecta en Colombia a buena parte de su población.

    Cabe mencionar que durante la primera semana de noviembre del 2001, Hina Jilani —representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas— verificó patrones de abusos serios contra defensoras y defensores de los derechos y libertades fundamentales en ese país. Junto a eso, aseveró que oficiales de inteligencia militar han creado archivos sobre estas personas. Lo hizo en el marco de una visita oficial y después de haber recibido testimonios directos de las víctimas. También constató que el sistema judicial es extremadamente débil y ofrece amplios espacios a la impunidad. La segunda semana del mismo mes y año, le tocó el turno a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país para atestiguar lo descrito por su homóloga de Naciones Unidas. Pero, a su vez, incorporó más elementos al diagnóstico.

    Así, denunció complicaciones en el panorama debido a los fuertes vínculos entre actores armados y narcotráfico. Y es que el paramilitarismo en Colombia ha introducido en el conflicto y la sociedad, según la Comisión, el exterminio de sus opositores como recurso “válido” para “hacer política”. Lo mismo se indicó en los informes de la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto, para el caso de los “escuadrones de la muerte” en nuestro país. Numerosos testimonios recogidos por la CIDH, indican que el fenómeno paramilitar en Colombia continúa creciendo; además, la Comisión señala que subsisten indicios de gravísimas formas de cooperación por parte de agentes estatales con estos grupos. Destacan también la fragilidad en los procesos de investigación, así como el lento avance o el estancamiento de los mismos.

    Como consecuencia, el gobierno estadounidense ha anunciado que la ayuda a Colombia —en adelante— estará condicionada a los resultados positivos que demuestre el gobierno el respeto a los derechos humanos, empleando palabras que parecen rememorar las de James Carter e incluso Ronald Reagan durante el conflicto salvadoreño.

    Por último, la CIDH condenó las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Para ello, se apoyó en los testimonios de gente desplazada de la mayor parte de las provincias del país, que relatan repudiables actos de violencia destinados a aterrorizar a la población civil. Estos actos se traducen en masacres, ejecuciones, mutilaciones, secuestros y amenazas que tienen como destinatarios a hombres y mujeres del campo, líderes sociales y políticos, sindicalistas, educadores, defensores de derechos humanos y periodistas. El resultado: poblaciones enteras se sienten desamparadas por el incumplimiento o la “imposibilidad” del Estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia.

    Buen testimonio de estos hechos nos brinda el grupo de colombianas y colombianos —entre ellos periodistas, sindicalistas y líderes comunales— que tras abandonar su país por graves amenazas a su integridad se encuentran en el nuestro en calidad de refugiados, a la espera de poder buscar un lugar aún más lejano y seguro. Durante su estancia y con el acompañamiento de instituciones como el IDHUCA, han denunciado que en su país se está tratando de imponer el mismo proceso de paz que en El Salvador. Es decir, limitado y reversible en la medida que detiene la guerra pero no ataca las causas que la motivaron. Incluso, se habla de “asesorías calificadas” brindadas por “personajes” muy cuestionados en nuestra sociedad.

    El irrespeto a los derechos humanos en Colombia se agrava cada vez más y la impunidad que lo cubre contribuye a la perpetuación de la violencia. Sin duda, el trabajo de las personas y grupos sociales que defienden la dignidad de la persona humana junto a la libertad de expresión, son elementos fundamentales para la conquista de la paz y la construcción de la democracia. Por ello afirmamos que si se silencia la voz de quienes denuncian las injusticias, la sociedad entera se perjudica.

    En suma y para valorar todos los datos aportados, consideramos que, instrumentos regionales como el Proyecto de Carta Andina de Derechos Humanos corren el peligro de ocupar un espacio más en las bibliotecas si no se implementan comprometidas políticas y esfuerzos reales que garanticen medidas efectivas para su realización práctica. Ley y justicia seguirán caminos distintos si no existe una verdadera voluntad por cambiar las condiciones en las que se encuentra la mayor parte de la población latinoamericana, incluida especialmente la que habita en la región andina.
 
 

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