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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 986
febrero 6, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

EDITORIAL

En el suplemento “Vértice” de El Diario de Hoy del domingo 3 de febrero de este año aparece un reportaje titulado “Talentos para la nación” en el que se destaca la importancia que tiene para El Salvador la promoción de los talentos jóvenes en las diversas disciplinas científicas. Al día siguiente, el lunes 4, en el mismo periódico se presenta, en el reportaje “El secreto para ser los mejores”, a los tres jóvenes que el año pasado alcanzaron la nota máxima en la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES): uno de ellos estudió su bachillerato en el Liceo Salvadoreño, el otro en el Colegio Champagnat y el tercero —una señorita— en el Instituto Nacional “General Francisco Morazán”.

    Los dos reportajes hacen eco de una sana preocupación sobre el desarrollo cultural del país, así como sobre el papel que los jóvenes deben jugar en el mismo. Esta preocupación lo es también de las autoridades de educación que incluso han diseñado el programa “Jóvenes talentos”, con el objetivo de detectar a quienes sobresalen en sus estudios —especialmente en las matemáticas— para apoyarlos en su formación profesional. Se trata, entonces, de identificar a aquellos jóvenes con “un alto grado intelectual” —como se dice en el primero de los reportajes citados— con el objetivo de formarlos integralmente hasta el nivel de estudios superiores universitarios.

    El esfuerzo en el que se halla empeñado el Ministerio de Educación merece los mayores elogios. También merecen el mayor elogio y respaldo esos menores identificados con el estudio y el conocimiento. La identificación y promoción de los jóvenes talentos es, pues, algo digno de encomio. Sin embargo, hay que hacerse las siguientes preguntas: primero, ¿qué se hace o se hará para promover a los “viejos” talentos?  Y, segundo,  ¿qué sucede con la mayoría de población joven del país  que, por su situación de pobreza y marginalidad, tiene escasas (o nulas) posibilidades de ser identificada y promovida por sus capacidades?

    La primera interrogante obliga a prestar atención a las dificultades de todo tipo que tienen que enfrentar —para vivir y desarrollarse profesionalmente— quienes, con esfuerzo personal, han alcanzado una formación respetable en diversos campos de la cultura —las ciencias naturales y sociales, y el arte— y han demostrado que tienen el suficiente talento para aportar, aunque sea mínimamente, en sus diferentes campos de trabajo. Se trata de los talentos “viejos”, es decir, no sólo de los talentos ya formados, sino de los talentos que actualmente —con todas las limitaciones económicas y sociales del caso— producen lo poco que hay en el país y cargan con la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones.

    ¿Dónde están los estímulos estatales y privados para los viejos talentos? ¿Dónde están los espacios adecuados de trabajo, con recursos básicos como bibliotecas especializadas y laboratorios? ¿Dónde están las becas de investigación y de especialización otorgadas por el Estado? ¿Dónde están los salarios decentes para profesores e investigadores? La lista de interrogantes puede seguir hasta el infinito y la respuesta será en el fondo la misma: en El Salvador no hay una política estatal para un ejercicio cultural (científico-técnico y artístico) que permita a los talentos ya formados ampliar el horizonte cultural del país. Se olvida que los talentos jóvenes no sólo deberán ser educados (al menos básicamente) por los talentos viejos de ahora, sino que los primeros deberán ocupar en el futuro el lugar de éstos. Y si no encuentran —como sus antecesores— un país en el cual se pueda llevar una vida digna, lo más seguro es que se vayan con su talento a otra parte, contribuyendo así a aumentar la tasa de “fuga de cerebros” tan propia de países que, como El Salvador, condenan a sus intelectuales a llevar una vida poco decorosa.

    Luego está el espinoso tema de las condiciones educativas de la mayor parte de jóvenes en el país. Fijar la atención en los logros de los jóvenes talentos (o de quienes sacaron las mejores notas en la PAES) puede hacer olvidar la precariedad que caracteriza a la mayoría de escuelas rurales del país y las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para alcanzar los mínimos educativos en esos centros de estudio. Una cosa es que se forje una élite de talentos en un contexto de desarrollo educativo que abarque a la mayoría de la población, lo cual haría verdaderamente competitiva la selección y promoción de quienes —sobre un promedio elevado— destacan por sus habilidades y capacidades. Otra cosa muy distinta —para nada competitiva— es que se fomente la creación de una élite de talentos en un contexto de atraso educativo: primero, esa élite la tendrá más fácil, pues no habrá competencia real; y, segundo, no será expresión de una elevación de la educación a nivel nacional, sino más bien de su atraso generalizado, sobre cuyo trasfondo brillarán quienes tuvieron suficientes ventajas para acceder a lo que otros —por ejemplo, quienes van a escuelas que ni siquiera tienen pupitres— quizás nunca podrán acceder.

    Es claro que para un país debe ser importante tener genios y promoverlos, pero mucho más importante es elevar el nivel general de su educación, en cuyo marco los genios serán agentes dinamizadores, una vez que hayan desarrollado sus potencialidades. En caso contrario, estarán solos, reinando —mientras no encuentran nada mejor en el extranjero— en un país de ciegos.

    Por supuesto, para la publicidad del Ministerio de Educación cuenta más hablar de olimpíadas de matemáticas que de las escuelas que no tienen suficientes maestros, mobiliario o agua potable, o en las cuales no se están usando todavía los nuevos planes de estudio. Y es que los problemas educativos de El Salvador no se resuelven ni con propaganda ni con competencias “olímpicas”, sino que requieren de un esfuerzo más integral y sostenido, del cual sólo se verán los frutos en el mediano y largo plazo.

    Está bien preocuparse por la promoción de los jóvenes talentos, pero también hay que preocuparse por los viejos talentos.  Está bien preocuparse por incentivar a quienes tienen habilidades y potencialidades arriba del promedio, pero también —y urgentemente— hay que elevar el nivel de este promedio. Ello supone prestar la debida atención a los obstáculos socio-económicos que tiene que sortear la mayoría de la población para acceder a una educación medianamente sólida. Cuando esta variable sea controlada —cuando las condiciones socio-económicas no sean un obstáculo para que todos los jóvenes del país puedan recibir una educación integral—, entonces sí va a tener sentido la promoción de nuevos talentos y la búsqueda de genios.

    De París a Washington, pasando por Roma, una preocupación creciente en la opinión pública en los últimos tiempos proviene del tema de las relaciones un tanto oscuras entre algunos empresarios y ciertos líderes políticos de esos países. Se impone, cada vez con más crudeza, la realidad de que los primeros se aprovechan de sus recursos económicos para influir en la orientación de las políticas económicas de los segundos.  La sensación general es que los políticos pierden su autonomía respecto de los intereses particulares de los magnates de la economía. Además, esa creciente imposición del mundo económico se hace con un trasfondo de corrupción y fraude generalizados.
 

[Extracto]

    A más de un año de la “integración monetaria”, se impone un balance de sus resultados efectivos vis a vis las promesas que justificaron la medida. No basta con valorar como un logro el  hecho de que la mayor parte de las operaciones se realicen en dólares o que la estabilidad macroeconómica pudiera ser producto de la dolarización, tal y como irresponsablemente quieren hacer creer funcionarios gubernamentales. De entrada, los resultados del proceso reivindican posturas que valoraron la medida como “innecesaria” (para la mayoría de la población), debido a que la economía salvadoreña no requería de medidas que la sacara de un shock inexistente.

[Extracto]

    De acuerdo a los criterios del Ministerio de Educación, de los 2 mil 46 aspirantes a maestros que se sometieron en diciembre pasado a la Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP), sólo 692 podrán graduarse y un número inferior indeterminado ejercer su profesión dentro del sistema educativo nacional. Por el contrario, 1,354 candidatos deberán esperar hasta junio para poder someterse nuevamente a la prueba y tener una mejor suerte. Ante esta situación, gran parte de los afectados desestimó los resultados de la evaluación, aduciendo la discrecionalidad de parte de las autoridades educativas y algunos factores personales.
 

    A sus 19 años de edad, Erick Mauricio Peña Carmona era un joven estudiante de tercer año en la Escuela de Aviación Militar. Desde niño soñó con llegar a ser un piloto de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) y había hecho todo lo necesario para ello. La vida le sonreía y su alegría contagiaba a la familia entera. Padres y hermanos estaban orgullosos de él; los vecinos lo querían. Era un joven agradable que nació cuando apenas comenzaba la guerra, pero que no iba a correr los peligros de quienes tuvieron que combatir en ella. Prometía ser un hombre de bien, al servicio de su país y de su gente en un ambiente distinto al que marcó la realidad de tantos otros jóvenes en el pasado reciente.

    Sin embargo, Erick ya no está entre nosotros; murió el 31 de mayo del 2001. Sólo ese hecho brutal y dolorosamente inesperado, era suficiente para cambiar la vida de los seres que lo quisieron y desde aquel día lo lloran. Pero en El Salvador no basta con eso. A la tragedia, se le han sumado las enormes dificultades que las víctimas están enfrentando para obtener justicia.
 Aproximadamente a las diecinueve cuarenta horas —las 7 y 40 de la noche— de ese último día de mayo, en la Escuela de Aviación Militar ubicada dentro de la Base de la Fuerza Aérea, dos cadetes de cuarto año —Carlos Mauricio Melara y César Humberto Doratt Alvarez— aprovecharon que el encargado del curso se encontraba ausente y le ordenaron a los cadetes alumnos de tercer año que ingresaran al aula.

    Reunido todo el grupo en el interior del salón, el cadete Melara utilizó la “voz de mando militar” para ordenarles se pusieran en posición de “trípode” sobre los escritorios. Tal posición consiste en colocar el cuerpo apoyado sobre tres puntos: la parte superior de la cabeza y las puntas de los pies, con las manos tomadas sobre la espalda. La misma es una posición prohibida dentro de los reglamentos militares por ser lesiva a la salud. Sin embargo, siguiendo la acostumbrada “disciplina militar” que aún priva en la estructura castrense de El Salvador, la orden fue cumplida por todos los alumnos.

    El cadete Doratt se colocó en la puerta del aula, vigilando que no se acercara ningún oficial. Mientras tanto, el cadete Melara hostigaba verbalmente a Erick Mauricio acusándolo de desobediencia y le propinaba golpes con los puños en varias partes del cuerpo. Transcurridos alrededor de quince minutos en esas circunstancias, el cadete Melara le ordenó a Erick Mauricio que se bajara del escritorio y se dirigiera al fondo del salón. Ya en ese lugar, le ordenó que se colocara de nuevo en posición de “trípode”. La víctima le obedeció.

    Simultáneamente, Doratt se dirigió a Melara diciéndole: “Me voy a poner de O.A. (observador adelantado o vigía) y te voy a dar luz verde”. Además, Doratt le dijo al agresor que recordara cómo Erick Mauricio Peña le desobedecía desde que estaban en la Escuela Militar. Al verificar Doratt que nadie se acercaba, azuzó a Melara así: “¡Tenés luz verde! ¡Dale con todo! ¡Dale sin asco!”. Ni corto ni perezoso, Melara tomó impulso y le dio un puntapié en el lado izquierdo del abdomen al cadete Peña Carmona, quien emitió un quejido y cayó al suelo mientras convulsionaba.

    Vista la situación, los compañeros de Erick Mauricio se asustaron y procedieron a aflojarle la camisa, dándole respiración “boca a boca” sin que Melara ni Doratt hicieran algo por ayudar. En esos momentos ingresó otro cadete de cuarto año, quien al observar lo que ocurría avisó al capitán Reynaldo Giovanni Hernández Valdivieso y al subteniente Víctor Manuel Castillo. Posteriormente, Erick Mauricio fue trasladado a la enfermería y luego, en helicóptero, al Hospital Militar. El informe oficial sostiene que falleció en dicho nosocomio. Un dato curioso: allí se le practicó un lavado peritoneal al cadáver, lo cual no es un procedimiento usual en este tipo de casos.

    En su declaración indagatoria, Melara recuerda así los hechos: “…y cuando le di la orden a Peña de que se trasladara al final del pasillo, adoptando la posición de trípode, le golpeé el abdomen de un puntapié  y le dije ‘¡Cuento cinco y está recuperado de nuevo!’, se puso nuevamente pero se desmayó y le dijo Doratt que se pusiera en posición normal y que le ayudarán porque estaba pálido”.

    Fue hasta confirmarse la muerte de Erick Mauricio, que las autoridades de la Escuela de Aviación Militar notificaron el suceso a la Policía Nacional Civil. Y entonces pusieron a disposición de las autoridades a los cadetes Melara y Doratt, aunque era su obligación hacerlo desde que ocurrieron los hechos iniciales, por constituir éstos un delito. En ese marco de “movimientos raros”, la familia fue notificada de la muerte de Erick Mauricio con una inexplicable tardanza. Al respecto, en la denuncia presentada en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la madre de la víctima señaló:

    “Tenemos la sospecha de que nuestro hijo en realidad murió en las instalaciones de la Escuela de Aviación, pero aun así fue llevado posteriormente, vía aérea, al Hospital Militar, donde se dijo que mi hijo tuvo un paro cardio-respiratorio que le provocó la muerte. Fui notificada de la muerte de mi hijo hasta las doce treinta de la noche; es decir, aproximadamente cuatro horas de ocurridos los hechos. Pero el cuerpo de mi hijo fue remitido del Hospital a Medicina Legal para que, al día siguiente, se le practicase la necropsia. Recibimos los restos de mi hijo aproximadamente a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siguiente día, siendo trasladado a la funeraria de la Fuerza Armada y colocado en la Capilla hasta las diecinueve horas; es decir, seis horas después, lo cual nos llama poderosamente la atención”.

    A lo anterior, es importante añadir lo que la ofendida declaró después en la misma Procuraduría. “Luego —se afirma en el texto incluido dentro del expediente— la dicente reclamó ver el cadáver, logrando ver que en la región frontal tenía como saltado el HUESO de la frente, pero sin señales de sangre ni de rotura de la piel, sino sólo la inflamación como en forma de ‘grada’ en la frente. Que luego logró moverle el cuello, viéndole unas heridas atrás de uno de los parietales de su cabeza y notando que el cuello era totalmente flexible, sin mostrar ninguna resistencia o rigidez, dándole la impresión de que sí había fractura en su cuello y viéndole un rasguño en su cuello. Que luego se lo llevaron a la funeraria de la Fuerza Armada, en donde les informaron que como la autopsia había sido bastante minuciosa, la preparación del cadáver sería más larga de lo acostumbrado, por lo que el cadáver estaría listo hasta como las diecisiete horas, pero lo subieron a la capilla de velación hasta las diecinueve horas”.

    Y pese a que públicamente las autoridades de la Escuela de Aviación Militar, la FAS y el Ministerio de la Defensa Nacional se comprometieron a darle su apoyo a la familia ofendida, en la práctica ha sido bastante difícil obtener la información pertinente para esclarecer los hechos. A la Fiscalía General de la República se le ha brindado la información a “cuenta gotas” e incompleta; ejemplo de ello, es lo relacionado con el procedimiento hospitalario practicado.

    La Fiscalía General de la República presentó requerimiento contra los detenidos, por el delito de Homicidio Agravado. Tal calificación fue aceptada por el Juzgado de Paz de Ilopango, el cual ordenó la instrucción con detención provisional. Tal decisión fue confirmada por la Cámara Segunda de lo Penal y el Juzgado de Instrucción de Ilopango. A solicitud de los padres de Erick Mauricio, el IDHUCA designó a dos abogados para representarlos como acusadores particulares en el proceso penal. Cabe destacar la reiterada negativa del tribunal de Ilopango ante la solicitud de diligencias fundamentales para la investigación; entre ellas, se deben señalar la reconstrucción de los hechos y la participación de un perito forense extranjero en el proceso con el objeto de contar, a partir de su conocimiento científico y experiencia, con mayores elementos sobre la causa de la muerte.

    En la audiencia preliminar realizada en noviembre de 2001, la Jueza de Instrucción resolvió ordenar la apertura a juicio por el delito de Homicidio Agravado. La funcionaria no fundamentó de forma debida su resolución y pasó el proceso al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador; éste programó la realización de la vista pública para los días 11, 12 y 13 de marzo de 2002.

    En diciembre de 2001, los defensores particulares de los acusados solicitaron al mencionado Tribunal de Sentencia la modificación de la calificación legal del delito. Pretendían que ésta se cambiara de Homicidio Agravado a Homicidio Culposo. Para ello, alegaron que los imputados nunca tuvieron la intención de causarle la muerte a Erick Mauricio. Se ordenó, entonces, la realización de una audiencia especial para decidir sobre la calificación del delito, argumentando que se debía subsanar la falta de fundamentación en la resolución adoptada por la Jueza de Instrucción.

    En una resolución extrañamente ambigua, el Tribunal  de Sentencia modificó la calificación a “Lesiones muy graves en concurso ideal con Homicidio Culposo”. Eso, sin lugar a dudas, favorece a los imputados en cuanto a la pena que se les podría aplicar en caso de ser condenados. Para ilustrar al lector, por Homicidio Agravado la pena es de 25 a 30 años de prisión; en cambio, por la sui generis calificación del Tribunal de Sentencia la pena oscilaría entre 5 años 4 meses hasta 10 años de prisión. El IDHUCA solicitó aclaración de esta resolución pues, al modificar la calificación jurídica de los hechos, quedaron vacíos.

    El estado actual de la situación en el caso del cadete Erick Mauricio Peña Carmona es preocupante. Así como están las cosas, puede que ingrese a la larga lista de aquellos hechos criminales ocurridos tras el fin de la guerra y que permanecen en la impunidad. Hay que recordar que ésta se produce cuando un delito no es castigado. Pero la impunidad no termina ahí. También tiene lugar cuando se sanciona de forma leve a los responsables de un delito, frente a la grave dimensión del mismo. Y esto último es lo que parece estar ocurriendo ahora. Ciertos componentes del sistema parecen actuar en contra de las víctimas y a favor de los victimarios. Eso nos inquieta. Pero, en cambio, nos alienta que —como en los casos de Ramón Mauricio García Prieto, Adriano Vilanova, William Gaytán y Katya Natalia Miranda Jiménez— los padres de Erick Mauricio están dispuestos a luchar hasta el fin para obtener justicia, dentro o fuera de El Salvador.

    El presente caso es otra prueba más para la justicia salvadoreña, que a diez años del fin de la guerra no cuenta con muchos créditos positivos a su favor. También debe asumirse como un llamado de atención a lo que pueda estar ocurriendo dentro de la institución armada, más allá de los aplausos que casi todo el mundo le brinda en la actualidad. Porque, en realidad, a estas alturas resultan demasiado preocupantes declaraciones como la siguiente: “…si yo no disciplinaba a los cadetes el castigo que yo les puse a ellos se me iba a ser impuesto a mí por parte de los oficiales. Los oficiales lo obligan a uno a darles ese trato a los cadetes de menor antigüedad, y de no ser así lo van evaluando con mala nota a los cadetes más antiguos por ser faltos de vocación militar al no corregir una falta…” (cadete Carlos Mauricio Melara). ¿Qué hubiera ocurrido —debemos preguntarnos— si los padres de Erick Mauricio no hubieran denunciado inmediatamente los hechos y no estuvieran insistiendo en que se haga justicia? Demos gracias a la gente que, como estas víctimas, no agachan la cabeza y se resignan. Son ellas las que van a salvar a El Salvador.