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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 987
febrero 13, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

EDITORIAL

    Jugar dinero nunca es recomendable, ni sano. Jugar cantidades grandes de dinero es inmoral y con frecuencia se vuelve una adicción como cualquier otra, con graves consecuencias personales, familiares y sociales. Jugar grandes cantidades de dinero, en un país donde hay tanta necesidad y miseria, es un pecado grave. Con todo, siempre hay personas dispuestas a apostar en el juego su salario e incluso sus posesiones. Aparentemente, para evitar todos estos males, los partidos políticos, los diputados y el gobierno estaban dispuestos a cerrar los casinos de manera definitiva. Además de los males morales, consideraban que estos son lugares de vicio, distribución de droga, lavado de dinero y crimen organizado.

    Si los criterios para cerrar esas casas de juego son de orden público y moral, también debieran proceder a cerrar con la misma intransigencia todos los prostíbulos, los de los ricos y los de los pobres, incluyendo los moteles, porque en todos ellos se comercia con el sexo, con frecuencia se abusa de menores y se cometen toda clase de actos deshonestos e inmorales. Además, debiera prohibirse toda la publicidad que sobre estos negocios a diario publica la gran prensa. Con los mismos criterios habría que controlar e incluso cerrar los bares de la zona rosa y de otros sitios donde también se gastan cantidades grandes de dinero, en intoxicación alcohólica, donde se consume y distribuye droga, donde también se lava dinero y se cometen actos deshonestos y donde con frecuencia se perturba el orden público. Bastantes de las actividades que tienen lugar en estos sitios nocturnos son dañinas para la salud individual y para la economía familiar.

    Estos arrebatos morales recibieron un balde de agua fría cuando el presidente Flores y la embajada de Estados Unidos pusieron a los moralistas en su lugar. El primero hizo una sesuda distinción entre una empresa que se dedica a entretener y la que está relacionada con la delincuencia. De esta manera, el mismo presidente Flores declaró a los primeros “empresarios correctos, que están en el negocio de entretener a las personas y que cumplen con todas las normas de Estados Unidos y, por lo tanto, vienen aquí al país”. La embajada de Estados Unidos respaldó la postura presidencial y advirtió que la ley no puede ser cambiada de manera abrupta e inconsulta. Esta advertencia está acompañada de un recordatorio. El año pasado, no sólo los casinos se quejaron por esa peculiar forma de gobernar, sino también las compañías petroleras y las distribuidoras de energía. El mensaje es claro. Ese estilo de gobierno es contraproducente para negociar la firma de un tratado de libre comercio.

    De inmediato, en el seno de la Asamblea Legislativa, los diputados de ARENA se alinearon de acuerdo a las directrices presidenciales y de reclamar el cierre inmediato y definitivo de los casinos, pasaron a preocuparse para que no fueran a pagar justos por pecadores. Así, en pocas horas, los casinos pasaron de ser centros de toda clase de vicios y males, a ser empresas honestas y respetables. Este cambio radical de la postura gubernamental está relacionado con un inversionista estadounidense, quien advirtió que si le cerraban su negocio pondría una demanda por pérdida de ganancias y haría del hecho un incidente diplomático, en el mejor estilo de los viejos tiempos de la diplomacia de las cañoneras y del dólar, cuando Washington defendía con medios militares y diplomáticos la propiedad estadounidense en el exterior. Un incidente de esta naturaleza sería contraproducente para la negociación de un tratado de libre comercio. La intervención de la embajada no puede, pues, ser pasada por alto.

    Los cruzados de la moral pública se encuentran en aprietos, desautorizados por el presidente Flores y la embajada de Estados Unidos. Bien debe cuidarse el director de la Policía Nacional Civil de invadir los casinos con sus contingentes, en busca de delincuentes de toda clase. Si alguna vez hubo reparos morales, éstos han desaparecido ante el poder del dinero. Con todo, al presidente Flores no le falta razón, porque cualquier inversión puede ser utilizada para lavar dinero y cualquier empresario puede estar vinculado con el crimen organizado o el tráfico de drogas. Ahí están los robos y fraudes del Banco de Fomento Agropecuario y los de FINSEPRO e INSEPRO, todos ellos fraguados en las mismas filas de ARENA y del gobierno.

    Si se adopta la lógica de los cruzados de la derecha, habría que cerrar todas las empresas de las cuales haya sospecha de deshonestidad, comenzando por los bancos; si se adopta la lógica capitalista, toda inversión es bienvenida. Lo que pasa es que el gobierno y la clase política oscilan entre la postura del provinciano, que desconfía de lo nuevo y se aferra a sus viejas costumbres, y la del empresario moderno, que busca la manera de entrar en el mundo del capital transnacional. Las dos posturas son incompatibles.

    La advertencia de la embajada también es razonable. Dejando a un lado lo que esta declaración pueda tener de intervencionismo estadounidense en los asuntos internos salvadoreños, señala un grave defecto del gobierno nacional. Su manera de legislar es contraria a la razón y a cualquier pretensión de modernidad. Cuando surgen dificultades, las cuales, por otro lado, son inevitables, los diputados, sin excepción, reaccionan de manera precipitada y proponen, de un día para otro, un decreto o una ley. Así, van legislando reformas sobre las reformas o amontonando leyes, de las cuales nadie tiene control. Esta peculiar forma de gobernar se caracteriza por la reacción impulsiva, la propuesta legislativa inconsulta y no debatida, aun cuando afecta a grandes grupos de ciudadanos. Es así como la legislación salvadoreña va dando saltos al ritmo de las dificultades y los caprichos de los diputados. Los legisladores reflexionan poco y saben menos, pero opinan sobre todo y, lo más peligroso, disponen sobre la vida de los ciudadanos con seguridad pasmosa.

    Legisladores y funcionarios deberán tomar nota de la advertencia de la embajada de Estados Unidos, si quieren entrar en la globalización por la puerta grande. Tendrán que detener de una buena vez esa forma de gobernar improvisada y no ilustrada, inconsulta y sin debate social. Ni el inversionista extranjero, ni ningún ciudadano debiera estar a merced de las arbitrariedades de los legisladores, los funcionarios y los jueces. Si los legisladores y los funcionarios hubieran tenido las ideas claras sobre los casinos desde el comienzo, se hubieran ahorrado tiempo y energías en un debate tanto estéril como inútil. Sus esfuerzos hubieran sido más productivos si los hubieran dedicado a pensar en una buena ley que regulase la inversión extranjera en general y las casas de juego en particular.
 

    No cabe mucha duda de que el mundo vive una coyuntura social, política y económica bastante complicada. Para más de alguno, no sólo resulta preocupante la recesión mundial, la carrera armamentista y el manejo unilateral del mundo por parte de las grandes potencias, sino también merece mucha mayor importancia la suerte de los más pobres en este mundo globalizado. Con motivo de la celebración del segundo Foro Social Mundial en Porte Alegre, los millares de delegados de organizaciones sociales reunidas, evocaban la suerte de los marginados, incluso en el escenario de un mundo de bonanza económica. En este marco, se ha subrayado la necesidad de denunciar una concepción de la economía que no toma en cuenta las necesidades de los más necesitados, condenándolos a la desesperación y al fatalismo.
 

    En medio de una profunda crisis social causada por el más reciente paro al transporte público, se cumple el primer aniversario de los dos terremotos de 2001, el segundo de ellos acaecido el día 13 de febrero de ese año. En buena medida, estas crisis aparentemente diferentes tienen en realidad gran parte de su origen en una inadecuada organización  institucional del Estado y de la sociedad en general.

    A lo largo de la historia, las sociedades se han debatido sobre la necesidad de extender los beneficios y los recursos a la mayoría de sus integrantes. Importantes teorías y prácticas se han alzado defendiendo lo que se ha dado en llamar bien común. Sin embargo, la realidad ha revelado que la consecución de aquél ha estado muy lejos de alcanzarse y que, por el contrario, en el conflicto de intereses entre los agentes sociales ha imperado el predominio de los intereses particulares como expresión de la preponderancia de los grupos hegemónicos de poder. La dinámica social salvadoreña ha reproducido fielmente este esquema desde que se inició la vida independiente a principios del siglo XIX.
 

    Sin lugar a dudas, tendremos que seguir denunciando la campaña de “maquillaje” y distracción que el gobierno de Francisco Flores continúa realizando mientras se confirmen, en la práctica, situaciones tan flagrantes como la que ahora pasamos a describir. Porque hablar del funcionamiento y la legalidad de los casinos es hablar de casas de juegos, de lugares de reunión y diversión para gente con recursos —bien o mal habidos, ¡qué importa!— que gastan en esos sitios y no para ese pueblo que sufre, lucha y aún espera los beneficios de la “paz”, en medio de su cotidiana preocupación por vivir entre la inseguridad y sobrevivir entre la pobreza. Es hablar, pues, de un tema que beneficia a una minoría. En ese marco, la toma final de decisiones ante hechos como éstos —que dispersan la atención sobre los verdaderos problemas sociales padecidos por la gran mayoría de la población— nos provoca indignación y reclama respuestas claras y enérgicas de nuestra parte.

    Durante las últimas semanas hemos observado el debate “nacional” —léase el alboroto en los “grandes medios” de difusión— alrededor de una situación que, en última instancia, propicia el desvío de la mirada o impide aún más el abordaje serio sobre aspectos tan esenciales como esos que, hace pocos años, nos llevaron a la guerra y todavía permanecen vigentes. Quiérase o no, estamos ante otro ejemplo de la doble moral que caracteriza a un pretendido “liderazgo” nacional, tanto gubernamental como social, que igual se “rasga las vestiduras” frente a ciertas cosas y se desviste ante otras.

    No es nuestro deseo “hacerles el juego”, polemizando sobre si se legalizan o no estos negocios. Eso se lo dejamos a otros. Pero sí queremos expresar en este espacio el estupor que nos producen algunos de los hechos que —en estrechísima relación con la justicia, la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso— se han dado en torno al caso. Retrocedamos en el tiempo y recordemos que hace tres años, más o menos, surgió la polémica por la autorización de éstos en el municipio de San Salvador. Desde entonces, la discordia se ha centrado en quién o quiénes tienen el control sobre los mismos o —dicho de otra forma— quién o quiénes tienen el poder de abrirlos o cerrarlos. En ese marco, descubrimos que la única legislación vigente sobre la materia es la contenida en el viejo Código Civil, en la obsoleta Ley de Policía y en el Código Municipal.

    El primero, que data de 1860 y regula las relaciones entre particulares, apenas dedica cuatro artículos a los juegos de azar. La segunda, de 1886, prohibe “sin excepción de tiempo y lugar los juegos de monte o los naipes, el de dados, el de tres cartas, el de la cinta, el de los dedales, el de la rueda de la fortuna, el de la ruleta, el de la poca y todos los demás de envite, suerte o azar”. Incluso prohibe “las rifas de muchos objetos a la vez, a no ser que todo el producto se destine a un establecimiento de beneficencia”. Finalmente, el Código Municipal determina como competencia de los municipios “la autorización y regulación del funcionamiento de casas de juegos, como loterías, rifas y otros similares”. Eso explica que, a estas alturas, el funcionamiento de los casinos deambule entre la contradicción y el vacío legal, sin una normativa específica al respecto.

    Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 25 de octubre del año recién pasado, ordenaba la clausura de dos casinos ubicados en la ciudad de San Salvador: el “Bingo de París” y el “Tropicana”. A partir de entonces, los “grandes medios” se fueron saturando con opiniones entre las que destacaban aquéllas impregnadas de un moralismo a ultranza, sin que se lograra establecer con claridad el límite entre las gubernamentales y las de otros sectores. Todas o casi todas buscaron “cuidar imagen”, poniendo el “grito en el cielo” contra estos sitios a los que calificaron como generadores de vicios y factores desequilibrantes para la vida de las personas. Y anunciaron que las familias salvadoreñas irían a la bancarrota, vaticinando la creación de un escenario propicio para cometer los más diversos delitos como el lavado de dinero, la trata de blancas y el narcotráfico. Así, el país corría el peligro de convertirse en lugar privilegiado para la “Mafia”.

    Mientras eso ocurría, algunas mentes más sensatas se preguntaban si eso tenía que ver con El Salvador. Porque en nuestra tierra, desde antes que existieran los casinos, la desigualdad en la distribución de la riqueza era tan alarmante que la mayoría de su población vivía prácticamente en la bancarrota. Si no ocurriera eso, la gente no consideraría el emigrar como la primera opción para su sobrevivencia y la de su grupo familiar. Advertir sobre el incremento de la delincuencia, la violencia y la inseguridad en un país donde todo eso abunda y ha sido la mayor preocupación de la mayoría —junto con su aflictiva situación económica— suena a burla.

    Lo cierto es que con ley o sin ella, estos centros “lúdicos” van existir. Por tanto, más allá de la condena pública seguida de un Decreto del Ejecutivo que confirme su apertura o los clausure, sería más sensato que existiese una normativa legal para que —de forma seria y de una vez por todas— se regule la materia. Y si el temor radica en los delitos que en tales sitios pueden cometerse, será entonces necesario que se activen oportunamente los medios de control y vigilancia para evitar que ocurran. Pero, ¿será posible funcionar así cuando la doble moral señalada antes es casi una forma de ser entre quienes tienen el poder? Porque mientras prohiben las casas de juego, proliferan las llamadas “barras show”, por ejemplo. Y ahí, ¿se fomenta o no la prostitución y el consumo de drogas?

    Por encima de la discusión política en los “grandes medios” alrededor del tema, nos preocupa el funcionamiento de la institucio-nalidad a partir de la antes mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia que, por cierto, tardó más de un año en pronunciarse al respecto. Según lo observado, parece que el Director General de la Policía Nacional Civil —el cuestionado pero intocable Mauricio Sandoval— entiende que le corresponden más funciones que aquellas establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del cuerpo. Porque en la práctica, él decidió cuál era el momento “apropiado” para cumplir la resolución judicial que mandaba cerrar los dos casinos citados. Lo hizo hasta el 11 de diciembre; así, pues, transcurrió mes y medio para ello cuando su cumplimiento debía ser inmediato. La labor de la Fiscalía General de la República —con Belisario Artiga al frente— de nuevo se caracterizó por dejar hacer y dejar pasar.

    De esa forma, uno de los principios básicos de la labor judicial resultó incumplido por el proceder de aquéllos que tenían el mandato legal de ejecutar la  disposición del máximo Tribunal. La labor esencial de todo juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; es decir, deliberar y sentenciar pero también garantizar que se cumpla —entre otras cosas— lo que ha dispuesto en sentencia. La ejecución material de esto último no le corresponde a los jueces o magistrados; le toca hacerlo a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. Esto es básico y su inobservancia no sólo supone la violación de la regla que acabamos de explicar, sino también la del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica.

    Así, pues, no estamos sólo ante el peligroso socavamiento de las bases —bastante endebles, por cierto— de lo logrado durante los últimos diez años. Nos encontramos frente a prácticas que —como las descritas— usan la institucionalidad para privilegiar a un grupo social determinado, sacrificando la calidad de vida del resto de la población mayoritaria. No se trata únicamente de un Estado de Derecho en peligro. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, hablamos más bien de la imposición y consolidación de un “modelo” económico exclusivo y excluyente que maneja a su favor ciertas entidades estatales claves. Eso se constata en nuestro país con la actuación selectiva de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil.

    En esa misma tónica, después de la oleada de declaraciones condenatorias hacia los casinos y de los intentos realizados por modificar la legislación municipal —para pasar su control de manos de las alcaldías a las del gobierno central— surgieron nuevas declaraciones desde el Ejecutivo para convencer a la opinión pública de lo contrario. De nuevo, la doble moral y las confusiones que ésta genera. Cierto día, el vicepresidente Carlos Quintanilla afirmó: “Este no es el tipo de inversión que necesitamos en el país”. Eso, pese a que el presidente Flores visitó —en julio del año pasado— un pequeño lugar caracterizado por la abundante existencia de casinos: el Principado de Mónaco. Ahí invitó a invertir en el país.

    Y es que la postura mantenida por el primer mandatario es un homenaje a la volubilidad. Primero pareció estar decidido a librar una batalla “implacable” contra las casas de juego, en el marco de una coincidente campaña mediática en la que la condena moral hacia este tipo de centros de diversión —para unos pocos— era la cuestión primordial. ¿Por qué esa postura? Sencillo: Porque la oposición, desde las municipalidades que administraba, tenía el poder de decisión respecto a la concesión de licencias para los casinos. Había, pues, que desacreditarla mostrándola como impúdica, pecaminosa y merecedora del fuego eterno por su contribución a la “bancarrota” de las familias salvadoreñas y a la decadencia de un país tan “seguro y virtuoso” como el nuestro.

    Pero las posiciones cambiaron y del desinterés se ha pasado a la permisividad. Si antes hablaban de mafias ahora lo hacen en términos de libre empresa. Curiosamente, este giro de ciento ochenta grados no se percibe como un acto genuino y voluntario, sino provocado por la nacionalidad y el poder de algunos dueños de casinos. De tal forma que, ante el posible retiro de sus inversiones en el país, estos empresarios “hablaron fuerte” y advirtieron que utilizarían otros medios para garantizarlas. Sorpre-sivamente y en franca contradicción con la campaña para desprestigiar las casas de juego, Flores reaccionó explicando que si bien algunos casinos podían ser fuente de delitos, este juicio no debía aplicarse a todos por igual.

    Decía Ignacio Ellacuría en 1976: “No hay que olvidar la relación de dominación- dependencia en la que vive El Salvador”. Y lo decía como respuesta y denuncia a la marcha atrás del proyecto de “transformación agraria” que el gobierno de la época intentó impulsar. Y continuaba diciendo: “Ante la presión del capital extranjero el gobierno se ha sometido, el gobierno ha obedecido”, para concluir resaltando que “después de tantos aspavientos de revisión, de fuerza, de decisión, ha acabado diciendo: a sus órdenes mi capital”. Esas palabras son hoy, quizás, más actuales. En 1976, el entonces presidente Molina tardó tres meses en renunciar a la “transformación agraria”; ahora, Francisco Flores lo superó con creces y sin mucha vergüenza respondiendo al pronunciamiento del poder económico en tan solo tres días. No cabe duda: cuando el capital se resfría, Francisco Flores agarra cama.