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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    El día 13 de febrero se suscitaron un par de hechos que obligan a reflexionar acerca de la institucionalidad del país: la captura, por un contingente de miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), del diputado Orlando Arévalo y la posterior  irrupción violenta de estos agentes policiales en el recinto legislativo. En la captura a punta de pistola del diputado Arévalo no sólo se abusó de la fuerza, sino que también se bordeó la ilegalidad en cuanto que la Fiscalía General de la República ni siquiera estaba enterada de la captura de aquél. Al parecer, fue una decisión tomada discrecionalmente por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval, quizás sin plena consciencia del abuso de autoridad que estaba cometiendo. El desenlace de la detención del diputado fue la irrupción de los agentes policiales en la Asamblea Legislativa, quienes de paso maltrataron a los periodistas que pretendían obtener declaraciones de Arévalo en los momentos que era escoltado hacia el primer Órgano del Estado.

    Inmediatamente después de los hechos referidos, han salido a la luz diversas reacciones, aunque pocas de las cuales han tocado el fondo del problema, es decir, lo que se juega de la institucionalidad democrática de El Salvador cuando el jefe de la policía manda a capturar, con argumentos legales discutibles, a un diputado —al que no se le respeta su investidura— y ordena un despliegue de fuerza policial en la Asamblea Legislativa. A muchos —incluidos algunos diputados— les pareció algo sin importancia que la policía hubiera invadido con violencia el recinto legislativo. Sin duda, quienes mayor dignidad mostraron fueron los diputados Schafik Handal y Horacio Ríos, quienes exigieron el retiro inmediato de los policías.

    La prensa —tan preocupada por la democracia— hizo mofa de la cólera de Handal, fijándose más en la capacidad de éste para regañar a cualquiera que en su legítima indignación por el irrespeto de la policía a la casa del pueblo y a sus representantes. El mismo presidente de la junta directiva de la Asamblea, Walter Araujo —que sin saber bien lo que decía se responsabilizó de haber llamado a la policía, para “proteger” a los diputados de la violencia que se estaba generando en las calles de San Salvador— fue captado por un fotógrafo en plena risa —junto con su colega Mauricio Quinteros— cuando escuchaba los reclamos de Ciro Cruz Zepeda por el operativo policial en la Asamblea Legislativa.

    Risas y mofa: esa ha sido la reacción de muchos ante lo sucedido en la Asamblea Legislativa y con el diputado Arévalo. No ha faltado quien ha dicho que este último se tiene bien merecido el trato recibido, por andar de revoltoso. Tampoco ha faltado quien ha dicho que no vale la pena poner en cuestión la jefatura de un hombre con tantos méritos como Mauricio Sandoval por un diputado de poca monta como Orlando Arévalo. Más general, varios han sido de la opinión de que los diputados no merecen ningún respeto y que, por consiguiente, la indignación de políticos como Schafik Handal y Horacio Ríos no tiene ningún fundamento.

    Una vez que se dejaron de lado —por ser poco importantes— los temas de la captura de Arévalo y de la presencia policial en la Asamblea, un coro de voces clamó desde los medios por lo que a su juicio era lo verdaderamente relevante: el maltrato de la policía a los periodistas que deban seguimiento a la captura del diputado. En este punto, los periodistas se rasgaron las vestiduras, puesto que cuando se violentan los derechos de los medios no hay democracia que valga. El problema fue, entonces, la prepotencia policial ante los medios. Y, si este era el problema, el gobierno y el director de la PNC tenían que hacer algo al respecto: pedir disculpas y prometer una mejor trato a la prensa. Una vez que se escucharon estas disculpas y promesas, los medios pudieron darse por satisfechos e incluso mostrarse agradecidos por la disposición de las autoridades a reconocer sus errores.

    Lo anterior obliga a situar los sucesos del 13 de febrero en su verdadera dimensión. Para ello, hay que decir que el problema de fondo no fue el maltrato a los periodistas por parte de la policía, con todo lo condenable que ello pueda ser, sino la irrupción violenta de la policía en la Asamblea y la captura cuasi ilegal y con violencia de un diputado que no representaba amenaza alguna para sus captores.  Sobre lo primero, es claro que si se tolera el allanamiento discrecional de la policía en un lugar como el recinto legislativo, se estará abriendo las puertas a la irrupción ilegal de la policía en cualquier espacio de la vida nacional, sin más respaldo que las ganas de su director para hacerlo. Sobre lo segundo, no se trata tanto de defender a un diputado en particular, sino a su investidura: la figura del diputado —por más que personas concretas la denigren— merece respeto y consideración por ser expresión constitucional de un mandato popular. Si ahora se tolera que se violente la dignidad de un diputado, en lo sucesivo cualquier diputado podrá ser sometido a los vejámenes de unos policías que “obedecen” órdenes superiores.

    Obviamente, El Salvador no es un modelo de desarrollo institucional. Falta mucho por hacer para que la democratización del país ofrezca resultados favorables para la mayor parte de la población. No obstante, señalar lo que falta no significa restar valor a lo que se ha conseguido, aunque sea mínimo, en materia de desarrollo institucional y democratización. Precisamente, es el afianzamiento de esos mínimos el requisito básico para avanzar hacia unos máximos deseables para una convivencia social justa y pacífica.

    Pues bien, con los sucesos del 13 de febrero, son esos mínimos los que han sido sacudidos y puestos en cuestión. Una policía que invade la Asamblea Legislativa y que violenta la dignidad de uno de sus diputados pone en tela de duda la legalidad básica del país, es decir, esa legalidad que delimita los derechos y deberes de las diferentes instancias del Estado. Un jefe de policía que cree que puede estar por encima de esa legalidad básica no hace bien a una sociedad que quiere exorcizar el fantasma del autoritarismo. Lo mismo dígase de un ministro de Gobernación que hace todo lo posible por justificar a ese jefe de policía o de un presidente de la República que lo respalda abiertamente, sin reparar en los daños que hace con ese respaldo a la institucionalidad del país.

    Se ha querido excusar —medios de comunicación incluidos— el desatino de Mauricio Sandoval por sus “éxitos” en el combate al crimen, como si el costo por tener un jefe de policía eficiente fuera tener que soportar sus desmanes autoritarios. Craso error, porque una cosa no va amarrada a la otra y, justamente por ello, de lo que se trata ahora en la Asamblea Legislativa es de enviar un mensaje claro a Sandoval y a quienes piensan como él: que sus logros en el combate del crimen no lo eximen de rendir cuentas por sus violaciones a la legalidad básica del país.
 

    Orlando Arévalo cometió un grave error en su carrera política. Se metió con los “señores de ARENA”: los regentes del país. Casi dos años después de aquellas denuncias del apodado diputado rebelde, en contra de lo que él denominaba el grupo que tiene secuestrado al partido oficial,  la Policía Nacional Civil  (PNC) lo coge en las calles de San Salvador —cual si fuera un vulgar ladrón, un peligroso bandido o uno de los secuestradores más buscados—, esposado de espaldas y llevado a la Asamblea Legislativa, no sin antes llenar los requisitos de rigor de toma de huellas dactilares y sesiones de fotografías para los archivos de la PNC.

 Cada cierto tiempo, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y sobre todo los agricultores de subsistencia, se ven confrontados con las problemáticas generadas por el impacto de la sequía. La primera sequía de la que existen registros se remonta por lo menos a 1921 y las sub-secuentes se han extendido a todo lo largo del siglo XX y el presente. Desde 1991 a la fecha se han registrado cinco sequías, lo cual indica que en promedio el fenómeno se presenta cada dos años aproximadamente.

 Falta un par de semanas para que dé inicio la consulta ciudadana convocada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Comisión Nacional de Desarrollo, para discutir el proyecto del Anillo Periférico en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Hasta el momento, lo que ha predominado en el ambiente ha sido más bien un preocupante hermetismo sostenido por los impulsores del megapro-yecto y, por otro lado, un desconocimiento casi generalizado en la ciudadanía sobre el trazo definitivo del mismo, lo cual se ha traducido en incertidumbre para decenas de familias salvadoreñas, debido al impacto socioeconómico que aquél podría causar.

    La trascendencia de los hechos de violencia que tuvieron lugar hace unos días, va más allá de la captura de un diputado. Si a partir de la detención de Orlando Arévalo se observan las causas que originaron tal acción, la forma en que se produjo, las opiniones que se escucharon al respecto y las posiciones de algunos funcionarios, la conclusión es una: lo que está pasando en El Salvador es grave y preocupante. Los sucesos acaecidos el pasado miércoles 13 de febrero confirman  algo que venimos diciendo desde antes: se desnaturalizaron instituciones claves creadas y recreadas con los acuerdos de paz, en función de utilizarlas para imponer un “modelo” económico contrario al bien común. En el caso que hoy nos ocupa, nos encontramos ante incidentes que ponen en evidencia el papel protagónico que se le ha adjudicado a la Policía Nacional Civil (PNC) dentro de ese esquema y la supeditación de otras entidades gubernamentales a ella.

    Es de amplio conocimiento que el arresto de Arévalo ocurrió en medio de un agudizado conflicto entre el gobierno y ese sector de empresarios que, además de mantener la concesión oficial del transporte público por mucho tiempo, colaboró en las campañas electorales del partido ARENA durante —al menos— los últimos diez años. Es obvio, entonces, que ambos disfrutaron largamente las mieles de un “matrimonio por conveniencia”. Ahora que el divorcio de esta pareja poco confiable llegó, es el pueblo el que ha tenido que pagar las consecuencias.
 Cabe destacar que los sucesos de la semana anterior son, en la práctica, “una raya más en el tigre”. Porque el transporte público en nuestro país siempre ha sido un “dolor de cabeza” para la población que lo utiliza; es decir, para esa gran mayoría de gente sin recursos que es víctima de tantos atropellos en una sociedad como la nuestra. Privilegios, corrupción, impunidad y compromisos son sólo algunas de las expresiones concretas más visibles de esa larga relación entre dueños de buses y gobierno. Pérdida de tiempo, maltrato, lesiones y muertes constituyen parte del alto costo pagado por el pueblo.

    Pero desde hace unos años comenzaron los “pleitos de alcoba” y, en lugar de mejorar, las cosas empeoraron para la gente. Ese alejamiento gradual y el posterior rompimiento han tenido como marco la profundización de las medidas económicas impulsadas por los gobiernos “areneros”. Entre las manifestaciones de esta “crisis de pareja” que poco a poco fueron saliendo a flote, destacan primero los despidos de las y los Delegados de Transporte, encargados de controlar el servicio y conocidos como “despachadores”. Después vino el “reordenamiento vial” impulsado por las autoridades, que generó acciones de protesta y la cancelación del subsidio al combustible (diesel) que recibían los transportistas para la prestación de tan mal servicio. Por último, en esa crónica de desencuentros, aparece el intento por eliminar la intolerable flota de autobuses existente.

    Como después de la tormenta llega la calma, en este caso los ánimos se apaciguaron cuando la Asamblea Legislativa aprobó una extraña prórroga de dos años para el retiro definitivo de los buses viejos. Entre otras cosas, calificamos de “extraña” dicha prórroga pues —según parece— el tiempo comenzará a correr a partir del 2003 y no se sabe cómo hará el gobierno, en esas condiciones, para ejecutar de inmediato lo que ha llamado el “nuevo sistema de transporte”.

    Pero, ¿qué dijo Arévalo para que lo detuvieran? Conocido por su habilidad para cambiar de partido, en el marco del inconsistente y poco honesto sistema político nacional, el diputado previno a la población sobre el aumento a las tarifas cuando las líneas de buses se encuentren en manos de otros propietarios. Cierta o no su advertencia, parece que esa fue la gota que derramó el vaso y provocó su captura. Por mucho que traten de justificar este hecho con una “flagrancia” bastante difícil de sostener, lo que no le toleraron fueron esas declaraciones en tal sentido.

    Sin embargo, se deben comentar ciertos detalles de la detención porque ponen de manifiesto que —en esencia— nada o muy poco ha cambiado en el país. La actuación de la PNC, exhibiendo su “mano dura”, revela que siguen vivas —en la investigación criminal y otros procedimientos— formas propias de épocas pasadas. Entre otras, el seguimiento y las escuchas telefónicas a las que fue sometido Arévalo antes de su captura revelan no sólo violaciones a la legalidad, sino que muestran una mezcolanza entre el accionar policial y el del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Precisamente, fue el Ministro de Gobernación quien confirmó sin ningún rubor —el jueves 14 de febrero— tal proceder.

    En ese marco, se debe valorar el exceso de celo del Director de la PNC en este caso; sobre todo, cuando en otras ocasiones actúa distinto. Movilizar alrededor de 70 miembros de fuerzas especiales —como si se tratase de uno de los publicitados rescates de personas secuestradas— indica una evidente incapacidad para valorar la proporcionalidad a emplear y un abuso en el ejercicio del monopolio de la fuerza. Lo que se observó fue una desmedida contundencia y un mayor descontrol al tratar con personas que no representaban ningún peligro para la Policía. Del mismo modo, pretender evitar la labor periodística supone errores de cálculo y visión innegables.

    Pero, lo más inquietante es el asalto a la Asamblea Legislativa. El ingreso sin autorización de miembros encapuchados y armados del Grupo de Reacción Policial, aislando varias plantas del edificio y bloqueando ascensores, sienta un precedente muy preocupante. Sitiar la sede del llamado “primer Órgano del Estado”, es prueba evidente del desprecio a la legalidad por parte de una institución creada para velar por el respeto a los derechos humanos. Las reacciones no se han hecho esperar. Así, pese a la oposición de ARENA, se formó una comisión legislativa para investigar el procedimiento policial.

    Detalle curioso que no deja de sorprender son las declaraciones que el Presidente de la Asamblea brindó tras los hechos. El “arenero” Walter Araujo hizo algo que —por desgracia— no es costumbre en este país: asumió la  responsabilidad. Al sostener que fue él quien autorizó la incursión policial al recinto, su “mea culpa” suena falso. No sería raro que, considerando su “fuero constitucional”, a Araujo le hayan ordenado asumir los costos en defensa del Director de la PNC.

    Con todo lo anterior y con el manejo publicitario a través de medios incondicionales, que son mayoría, se advierte lo bien engrasada que está la maquinaria oficial para cubrirle las espaldas a su funcionario “estrella”, sin importar lo que haga. En menos de una semana, las declaraciones en defensa de la actuación policial —entre las que destacan las del Ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo— han sido abundantes. Pero esas declaraciones no sólo provienen de funcionarios, sino también de “generadores de opinión” que califican como un “mal menor” el atropello a la legalidad y desautorizan a quienes reclaman respeto a la Constitución. Y para ello, traen a cuenta hechos anteriores en los cuales se han visto involucrados el diputado Arévalo y otros legisladores, en un claro afán de manipulación, cuando lo correcto es que se procese a cualquiera que viole la ley —sea diputado o policía— de acuerdo a los mecanismos existentes.

    Ahora resulta que el Director de la PNC —después de haber sido cuestionado por muy breve tiempo— se ha convertido en el “héroe nacional” que está librando al país de maleantes y secuestradores, en el azote de los políticos oportunistas que conspiran contra el “buen gobierno” y sublevan a las masas, en el “mejor amigo de los periodistas” y en el “seguro de vida” para el proceso de paz salvadoreño. Por eso se explica que, tras los acontecimientos de la semana anterior, la única medida tomada por el Ejecutivo haya sido el cambio de puesto del jefe de la unidad del Grupo de Reacción Policial, a quien se le responsabiliza de la incursión al recinto parlamentario y el maltrato a los periodistas.

    Con todo, el caso sigue su curso. Arévalo presentó sendas denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. La señora Procuradora se ha pronunciado de forma oportuna, aunque sin la contundencia y claridad necesarias que exigían los acontecimientos. El Fiscal General, por su parte, no sorprendió a nadie: de nuevo dio muestras de su docilidad, preocupándose por agradar al Ejecutivo y no por defender la legalidad.

    Hay quienes sostienen que lo ocurrido debe interpretarse como un gran retroceso, después de vivir diez años en paz y democracia. Tenemos duda sobre eso, pues la “paz” salvadoreña se limita a la suspensión de los combates militares. Porque la mayoría de la gente vive insegura, en un ambiente caracterizado por la violencia. Y se habla de “democracia”, cuando no existen alternativas de poder real a favor de una población que sufre en medio de la exclusión generada por el proyecto de ARENA; población, además, desinformada y hasta menospreciada cuando plantea sus demandas e intenta resolver sus problemas.

    Se retrocede cuando se avanza. Y eso no ha ocurrido en el país durante estos años, si lo que se pretende es el desarrollo humano y la seguridad más amplia para toda la sociedad. Pero al examinar la situación desde una óptica elemental, quizás se ha retrocedido peligrosamente. Porque fue necesario y valioso terminar con las prácticas sistemáticas de violaciones graves a los derechos humanos por razones políticas y acabar con la guerra. Había que salir de ese gran caos y lograr una mínima normalidad, institucional y jurídica, para avanzar en la construcción de un Estado democrático y social de Derecho. Ese fue el punto de partida en el cual nos colocó el Acuerdo de Chapultepec. Pero en adelante, las Partes que hicieron la guerra se dedicaron a construir una paz y una democracia que —por lógica— hoy nos enseñan sus patéticos “pies de barro”.

    Los hechos examinados ahora no son aislados; forman parte de ese “nuevo El Salvador” donde la mayoría de la gente es víctima de todo. De la situación económica, de su vulnerabilidad ante los desastres naturales y de la inseguridad. De un gobierno presidido por alguien que le preocupa más exportar una buena imagen y satisfacer a los dueños de su partido, que el bien común. De ese intocable director de una Policía cada vez más Nacional y menos Civil, que maneja procedimientos y funcionarios a su antojo. De un Fiscal General de la República fiel a los designios del poder e incapaz de cumplir con su mandato constitucional. De una jauría política que se empeña en seguir haciendo méritos para merecer el repudio generalizado. De ciertos medios que sólo comunican confusión, desencanto y apatía.

    Al hablar de retrocesos, pensamos que el mayor de éstos tiene que ver con esa gran capacidad que el pueblo salvadoreño mostró hace unos años para luchar por defender sus derechos y conquistas. Aunque existen razones para explicar por qué está ocurriendo eso, es peligroso seguir así. Como sabemos lo que costó llegar hasta aquel 16 de enero de 1992 y las grandes esperanzas que despertó ese acontecimiento, nos causa profunda tristeza lo que está pasando. Y porque conocemos las terribles consecuencias de la indiferencia, la insolidaridad y la falta de participación organizada, es mayor nuestra preocupación. Por eso, el pueblo —en su sabiduría— debe pensar qué es lo más conveniente hacer y hacerlo.