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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    Enfocar los sucesos ocurridos en torno a la captura de un diputado y el allanamiento de la Asamblea Legislativa por parte de la policía desde la perspectiva de si aquél violó la ley, o concentrarse en la agresión policial de la cual fue víctima la prensa, es adoptar una visión muy parcial de los hechos. Tampoco es suficiente darse por satisfecho con la remoción del subcomisionado que estaba al mando de la operación, que es lo menos que podían hacer. Ni siquiera las explicaciones y excusas que el director de la policía presentó a la asociación de periodistas son suficientes, porque lo sucedido tiene proporciones mayores. Remover al subcomisionado y dar explicaciones y excusas está bien, pero no toca el fondo de lo sucedido, porque la policía continuará actuando de la misma manera, con la misma prepotencia y la misma violencia cuando le convenga, puesto que no conoce otra ley que la de la fuerza.

    En las explicaciones que los agentes dieron a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los hechos aparece con claridad meridiana esta orientación de la institución policial. Los agentes repitieron, entre contradicciones e inconsistencias, que habían actuado de acuerdo al entrenamiento recibido y que portaban las armas de reglamento —armas de guerra, granadas, capuchas, bastones, etc.—. Para estos agentes y también para la dirección de la institución se actuó de acuerdo al procedimiento establecido. Estamos, pues, ante una policía autoritaria, que se ha quitado la máscara. Primero somete por la humillación y la fuerza y después da explicaciones y excusas, las cuales no debieran ser aceptadas sin más.

    El problema es más serio de lo que aparenta. El estado de la economía nacional muestra que el modelo neoliberal aplicado por los gobiernos de ARENA ha tocado techo, en el sentido que no puede seguir expandiéndose sin generar descontentos cada vez más amplios y cada vez más difíciles de contener. Por  lo tanto, la única manera como se podría continuar impulsando esa política económica y social es contando con una policía autoritaria, cuya misión es contener a los descontentos y reprimirlos severamente, si insisten en su protesta. Primero fueron los ex patrulleros, después los propietarios y conductores de autobuses, seguirán los afectados por el anillo periférico, si no se avienen a la propuesta gubernamental; aparte de las vendedoras del sector informal, que son un desafío permanente al orden urbano.

    Por la misma razón, los opositores también se encuentran bajo la estrecha vigilancia de la policía, porque en cuanto tales, son adversarios peligrosos para un gobierno débil, que impulsa un proyecto económico y social a contracorriente. En realidad, además de autoritaria, es una policía política al servicio del régimen. Todavía no se ha sabido aclarar cómo es que los policías pudieron escuchar las comunicaciones del diputado capturado. En este punto, las explicaciones de los agentes son vagas.

    Bien miradas las cosas, los desafíos más peligrosos contra el orden establecido por los gobiernos de ARENA no provienen de su adversario natural, la izquierda del FMLN, sino de sus antiguos amigos y aliados. Primero se rebelaron los ex patrulleros, quienes fueron incondicionales de ARENA durante la guerra, después vinieron los propietarios de autobuses, también aliados estratégicos del partido de gobierno durante muchos años. Los dirigentes de estos movimientos han sido, todos ellos, miembros del partido ARENA, en algún momento. Las incipientes protestas sobre el trazado del anillo periférico provienen de un pueblo en cuyo nombre el gobierno pretende construir esa infraestructura de progreso.

    La corrupción conocida, como la de la dirección del Seguro Social, la de FINSEPRO, INSEPRO, el Banco de Fomento Agropecuario, el deporte, las donaciones, etc., se ha dado y se da del lado gubernamental y del mismo partido ARENA. La ausencia de una política nacional de energía es la causante del alto costo de ésta en la actualidad. La mala administración y la corrupción, propiciadas por el mismo gobierno de ARENA, explican la crisis en el sector, para la cual no parece haber más solución que extender la privatización. La crisis en la educación superior fue propiciada directamente por el mismo gobierno para socavar el poder social de la Universidad de El Salvador.
 
    No son, pues, las universidades privadas las primeras responsables de lo sucedido con la decadencia de la educación superior, sino el gobierno, que ahora evade su responsabilidad. Y así se podría continuar. Es un gobierno que se caracteriza por adoptar medidas de corto plazo para salir de las crisis, poniendo así los fundamentos para una crisis mayor, en el mediano plazo. Un gobierno de esta naturaleza no puede mantenerse en el poder si no está apoyado por una policía como la que tiene en la actualidad. Es una policía creada a la medida de sus necesidades y para su servicio.

    Tal como suele ocurrir en las instituciones autoritarias, cuando se ven cuestionadas, ha vuelto a salir a la luz pública la antigua tesis que sostiene que los responsables de las violaciones a la ley y a los derechos de las personas son los subalternos, nunca la institución misma en la que éstos trabajan, en la que han sido formados y entrenados, y de cuya dirección recibieron órdenes. De los tres incidentes sucesivos —captura, allanamiento y agresión—, sólo han aparecido como responsables los agentes que agredieron a la prensa, los cuales, en el mejor de los casos, serán sancionados de manera leve para satisfacer a quienes exigen la cabeza de la dirección. No hay que dejarse engañar. Los menos responsables son los agentes. Es más, podrían alegar en su defensa que cumplían unas órdenes que no podían desobedecer, so pena de sanción grave e incluso pérdida del empleo, aun cuando aquéllas fueran contrarias a la ley y al derecho y la libertad de las personas.

    Esos agentes actuaban en nombre de la institución, estaban bajo las órdenes de oficiales quienes, a su vez, habían recibido órdenes superiores y todos ellos han sido entrenados para actuar de la manera como lo hicieron, según sus propias declaraciones. La prepotencia y la violencia de su conducta no son, entonces, simple casualidad, ni producto de una pérdida de control momentánea, ni exceso de celo de oficiales y agentes, que habrían entendido mal su misión. Al contrario, han sido entrenados para reaccionar de esa manera. Los han entrenado para tratar a los civiles como si fueran seres inferiores, delincuentes y sospechosos, y, por lo tanto, con licencia para humillarlos y mal tratarlos. No faltaría mucho para que al calificativo de delincuente se agregara el de terrorista —tan de moda después del 11 de septiembre— y, entonces, el círculo se habría cerrado. En el pasado reciente, la fuerza de la represión recayó sobre aquellos que fueron considerados delincuentes terroristas. La mayor parte de la responsabilidad de lo sucedido, por lo tanto, recae en la dirección de esa policía.
 

 Hace algunas semanas, el ministro francés de asuntos exteriores, Hubert Védrine, calificaba, sin ambages, a la política exterior de los Estados Unidos —a raíz del discurso del presidente norteamericano en el que consideró a Irak, Irán y Corea del Norte  como la encarnación del eje del mal— como simplista, unilateralista y demasiado utilitaria, que sólo tiene en la mira sus propios intereses. Antes de que el gobierno estadounidense tuviera tiempo de reaccionar ante los señalamientos del canciller francés, varios  ministros europeos secundaron el punto de vista de Védrine. Joshka Fischer, titular de la cartera alemana de política exterior, fue más lejos pidiendo a Washington que haga una diferencia entre aliados y lamebotas.

 Uno de los procesos de privatización todavía en marcha es el del sector eléctrico. Aunque ya se privatizaron las distribuidoras de energía eléctrica, el Estado todavía conserva las empresas de transmisión y generación hidroeléctrica y geotérmica. Con lo que poco que se ha avanzado, queda claro de que la privatización no necesariamente es sinónimo de eficiencia y de reducción de costos y tarifas, tal y como han pretendido hacer creer los gobiernos de ARENA.

 Durante la guerra, los periodistas salvadoreños deseaban chalecos antibalas. Pintaban distintivos visibles en sus vehículos para no ser atacados por los bandos en conflicto. Llevaban siempre sus banderas blancas para ser identificados desde lejos como población civil.
 Con el fin de la guerra, desaparecieron todas esas precauciones y se puso de moda ver a los periodistas con sus máscaras anti-gas. La nueva policía de los noventa acostumbraba disolver, con gases lacrimógenos y gas mostaza, las protestas de lisiados de guerra, ex combatientes y ex patrulleros.

    Hoy, la prensa sigue teniendo problemas para defenderse de los golpes físicos que vienen de algunas autoridades (policías y miembros del protocolo de la Presidencia). El incidente más reciente de ese tipo se dio durante la remisión del diputado Orlando Arévalo a la Asamblea Legislativa, ocurrida el pasado 13 de febrero. Acusado de varios delitos, Arévalo fue conducido al Parlamento, esposado y escoltado por agentes de unidades especiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Ya bastante se ha dicho sobre el exceso que supuso la operación policial de entrega, a pesar de los justificativos esgrimidos con insistencia por el presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo.

    El incidente, en el fondo, benefició al diputado Arévalo para desviar momentáneamente la atención sobre sus presuntos delitos de sedición, desórdenes públicos y daños, relacionados con los organizadores del paro de transporte de esa semana.

    La atención de la prensa se centró mucho en la actuación policial, no sólo por los golpes contra periodistas, sino por la legalidad que amparaba tanto la captura como la irrupción de los policías en el recinto legislativo. En el análisis de este caso, decía el periodista Mauricio Funes, los legisladores deberían diferenciar la valoración del procedimiento policial, por un lado, y la de los delitos que se le imputan al diputado pecenista, por el otro.

    “Se trata de dos procesos diferentes con implicaciones políticas también diferentes”, en palabras de Funes. Esa es materia de los analistas políticos y jurídicos. Aquí interesa abordar el problema de la relación entre los periodistas y las autoridades, y por qué se producen choques de esta naturaleza entre ambos, sin ánimo de generalizar.

    Según El Diario de Hoy, los policías agredieron a los periodistas “cuando se intentó obtener declaraciones del parlamentario” (14.02, p3). “El desorden se salió de control cuando los agentes de las unidades élites del GRP y UMO, de la PNC, comenzaron a agredir a los periodistas al acercarse a Arévalo”, dice la noticia publicada por este matutino.

    El texto habla de los golpes que recibieron camarógrafos de TV12 y de Univisión. También menciona las agresiones contra un fotoperiodista, a quien un agente advirtió: “ya te conozco, después me las vas a ver”. En esta noticia, también se dice que, al salir de la Asamblea, un policía dijo: “es que con los periodistas no se puede. No colaboran”. Según la redactora de esta nota, el policía se expresó así “tratando de minimizar el encontronazo que tuvieron con los camarógrafos y reporteros”.

    En La Prensa Gráfica, la versión sobre el episodio fue bastante similar a la de El Diario de Hoy. “Atropellando, golpeando y sitiando las instalaciones legislativas, la Policía cumplió ayer su deber de dar en custodia al diputado pecenista [Orlando Arévalo])” (LPG,14.02, p. 6). Según el redactor de esta noticia, “para completar su papel, los agentes rodearon al diputado, dispuestos en cualquier momento a atacar a todo el que se le acercara”. En el texto, también se asegura que Arévalo gritaba que no le impedirían hablar con la prensa (p. 5).

    El relato de La Prensa Gráfica establece que los forcejeos se dieron especialmente entre policías, camarógrafos y fotógrafos en la entrada a un estacionamiento específico de la Asamblea, cuando los agentes querían impedir el paso de los periodistas.

    Aparentemente, por un error de coordinación entre los encargados de la PNC y los miembros de la prensa, la sed de los periodistas por conseguir imágenes y declaraciones de un diputado capturado terminó en golpes y forcejeos. Para dejar claro en qué momento habría declaraciones de Arévalo faltó planificación, un vacío rarísimo en una institución policial dirigida por un publicista, experto en manejo de imágenes públicas.

    ¿Por qué llama la atención este error de cálculo? Porque la PNC ha cuidado mucho sus relaciones con los medios informativos. El equipo de comunicaciones de la institución, además de ser numeroso, cuenta con algunos periodistas experimentados que conocen perfectamente las necesidades informativas de los medios. No extraña, por lo tanto, que a la hora de la captura de Arévalo, un fotógrafo de la policía se encargara de congelar el momento en el que un policía le leía sus derechos al diputado. La Prensa Gráfica incluyó esa foto en sus páginas, por “cortesía de Comunicaciones de la PNC”.

    Igual diligencia demostró el director de la PNC, Mauricio Sandoval, al visitar a miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para presentar sus disculpas por el incidente entre la prensa y los agentes policiales. Lo mismo hizo ante las cámaras de distintos noticieros. Luego, en una entrevista con La Prensa Gráfica, Sandoval dijo que consideraba a los medios “sus aliados” para informar de lo que hacía la institución policial (18.02, p. 9).

    Sandoval también insistió en que, habiéndose salido la situación del control de los agentes al mando de la operación, había decidido trasladar de unidad al jefe del Grupo de Reacción Inmediata (GRP), Darwin Arévalo. Definitivamente, el director de la PNC desplegó todas sus habilidades para limpiar la imagen de su institución.

    No es la primera vez que Sandoval invierte su tiempo en salvar la imagen del cuerpo policial. En diciembre pasado, cuando unos policías golpearon y dañaron equipo fotográfico de dos periodistas de El Diario de Hoy en San Miguel, Sandoval entonces dirigió cartas a ciertas instituciones para ofrecer disculpas por la actuación de los agentes. “Nuestra norma es ser respetuosos de la labor de fiscalización que los medios de comunicación ejercen sobre nuestro trabajo diario en la persecución del delito”, decía la misiva.

    Al menos formalmente, el director de la PNC se ha expresado a favor de facilitar el trabajo de la prensa y no parece lógico pensar que iba a arriesgar su imagen en un hecho tan simple y en el cual tenían la vista puesta todos los medios. Por tanto, no es convincente la versión de que el choque entre periodistas y policías en esta ocasión fue un intento deliberado de obstaculizar la labor de la prensa. El asunto no fue tan complicado.

    Si desde un principio, los medios hubieran sido informados de que Arévalo hablaría con ellos una vez fuera entregado dentro de la Asamblea, quizás se hubiera evitado tanta violencia. Porque efectivamente, minutos después del incidente, Arévalo dio su versión de los hechos.
 En cierto modo, los policías eran un obstáculo que impedía a los periodistas acercarse al capturado. Al mismo tiempo, los periodistas eran un obstáculo para los policías, quienes tenían la orden de dejar a Arévalo con el presidente del parlamento. Un poco de coordinación habría limpiado el camino de muchas dificultades.

    Un periodista escuchó cuando un policía se quejaba de que la prensa no colaboraba y tal enojo era justificable de algún modo, porque el grupo de agentes tenía que cumplir una orden y seguramente ello no incluía dejar que el capturado hablara con la prensa. Las que no se justifican de ninguna manera son las amenazas que profirieron algunos agentes en contra de los periodistas.

    Ese sí ya es un problema que la policía debe resolver en sus filas: el de la prepotencia que enferma a cualquier persona que porta un arma y que además está revestida de cierta autoridad. Ese ya es un problema de formación policial. La prepotencia también contagia a muchos periodistas en momentos de cobertura porque, a cualquier precio, quieren ubicar su micrófono o su cámara en el mejor lugar.

    Si alguien se interpone en sus planes, los fotógrafos y camarógrafos, sobre todo, son capaces de cualquier cosa. Eso motivó en parte una pelea entre los fotoperiodistas Milton Flores, de La Prensa Gráfica, y Álvaro López, de El Diario de Hoy. Ambos se disputaban el mejor lugar para tomar sus fotografías durante la premiación del club de fútbol “Alianza”, como campeón del Torneo de Apertura en diciembre del año pasado.

    En los forcejeos con las autoridades, obviamente los más afectados son los camarógrafos y fotógrafos, pues los redactores pueden maniobrar con más facilidad para obtener la información que necesitan sin tener que acercarse mucho al “objetivo”. Con las imágenes es distinto. Fotógrafos y camarógrafos trabajan con una presión bastante grande por obtener las imágenes más ilustrativas, más impactantes. De otro modo, sus editores les reclaman duramente la ausencia de buen material. ¿Y qué más impactante que ver a un diputado esposado y rodeado de policías de unidades élite? Hablar del tema, sobre todo en televisión, no habría sido lo mismo sin esas imágenes.

    La prensa y la policía ya han participado en seminarios que intentan promover entre ellos relaciones más armoniosas. La situación no parece mejorar. Como es común en nuestro país, las palabras se las lleva el viento y no vale seminario alguno para eso: los políticos hacen promesas que nunca cumplen, por ejemplo, y lo mismo ocurre con las leyes que se aprueban, no pasan de ser tinta sobre papel en la mayoría de los casos.

    Uno de los aspectos más necesarios para evitar más choques entre periodistas y policías (o guardaespaldas de funcionarios) son reglas claras y también se requiere que esas reglas sean respetadas: los periodistas deben respetar los momentos designados para conferencias de prensa, mientras los funcionarios tienen que abrir y definir los espacios (físicos y temporales) destinados para ello.  Se trata de hacer prevalecer el respeto mutuo por la labor que cada uno realiza.
 
 

Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras,  Comunicaciones y Periodismo de la UCA.

 

 Los sucesos acaecidos el martes 19 de febrero pasado en el Centro Penal de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, volvieron a dejar en evidencia que algo está fallando —y muy seriamente— en el sistema penitenciario de El Salvador. Y es que las noticias relacionadas con las cárceles de nuestro país aparecen, por desgracia, cíclicamente teñidas con sangre. Que una actividad deportiva dentro del reclusorio deje como resultado 51 víctimas —dos muertas y 49 heridas— hace que nuestra preocupación se acreciente, entre otras cosas, porque frente a los nuevos disturbios que cada cierto tiempo acontecen, las causas que les dan origen siguen siendo las mismas.
 
    El torneo futbolístico que ese día se celebraba en Apanteos, no era el primero. De hecho, prácticas deportivas como éstas se han venido realizando en ese sitio y en otras prisiones del país, como parte de los programas de reinserción. ¿Por qué, entonces, ocurrió esta tragedia? Para responder tal interrogante, se deben considerar algunos factores que acompañaron a los violentos disturbios.

    Por un lado, con el evento deportivo se pretendía limar asperezas entre dos grupos de reos pertenecientes a “maras” rivales. Pero no fue necesario que transcurriera mucho tiempo del partido, para que varios “pandilleros” internos atacaran a otros recién trasladados de diferentes penales, con quienes mantenían roces constantes. De este modo, se inició una batalla campal que —durante treinta minutos— convirtió al centro penitenciario en un completo caos.  Un dato curioso: es posible que los disturbios ocurridos ese día hayan sido planificados y conocidos previamente, aunque el Director del lugar “ignoraba” los rumores que alertaban sobre los hechos.

    Otro elemento a considerar: los custodios del centro se vieron “obligados” a disparar contra los reos, para tratar de controlar la situación caótica. Los disparos alcanzaron a varios internos, con los resultados ya citados. Sin temor a equivocarnos, esa actitud de los custodios es totalmente inaceptable si contaban con la formación necesaria para controlar ese tipo de situaciones, sin tener que recurrir a tal extremo de violencia. Si no están capacitados para ello, la responsabilidad es de sus superiores. Además, bastó esa media hora de violencia para que después se decretara el estado de emergencia durante dos días, quedando suspendidos —durante ese período— buena parte de los derechos que gozan los reclusos.

    La dimensión de estos desórdenes puede medirse por la cantidad de reclusos heridos que llegó al Hospital San Juan de Dios. Era la primera vez que en ese nosocomio recibían tantos reos lesionados; a sus  autoridades se les dificultó brindar información acerca del estado de salud de los reclusos y no pudieron, siquiera, colocar un listado de todas las víctimas para que sus familiares  supieran en qué condiciones se encontraban. Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó al recinto penal para hacer una requisa en los distintos sectores del mismo, decomisó numerosas armas cortopun-zantes elaboradas por los propios reos.

    Con todo lo anterior, ¿cómo es posible que no se extremaran las medidas de seguridad al momento de realizar un evento deportivo como parte de los programas de reinserción, sabiendo que los integrantes de los equipos a enfrentarse eran enemigos acérrimos? ¿Cómo es posible que los custodios hayan querido parar la violencia con más violencia, si contaban con la formación necesaria para hacerlo de otra manera? Y si no contaban con ella, ¿cómo es posible que hayan estado ejerciendo esa función? Por último, ¿cómo es posible que dentro de un reclusorio los reos puedan fabricar y portar armas artesanales con absoluta tranquilidad?

    Como señalamos al principio, no estamos ante hechos aislados sino ante un mal crónico. No enfocar las cosas así, impide atacar las verdaderas causas del problema y supone que, cada cierto tiempo, la alarma del sistema penitenciario vuelva a activarse. Precisamente, en noviembre del 2001 otro escándalo tuvo lugar, pero esta vez en el penal de máxima seguridad ubicado en San Francisco Gotera, Morazán. En esa época, fungía como Director del mismo un antiguo diputado de la Democracia Cristiana y del Partido de Conciliación Nacional.

    Ángel Gabriel Aguirre es el nombre de quien fue acusado por innumerables corruptelas, entre las cuales destacan. permitir abusos y maltratos de custodios contra internos, incluyendo proposiciones indecorosas a sus visitas íntimas; autorizar el uso de teléfonos celulares a reos considerados de alta “peligrosidad”; impedir el ingreso de alimentos a todos los sectores, menos al lugar donde se encontraban los reos más peligrosos; y realizar traslados no autorizados de internos hacia otros centros penales, como el caso de “El Sirra” que fue trasladado a Cojutepeque.

    En cualquier otro país decente, con un funcionamiento institucional aceptable, hubieran rodado las cabezas más grandes por estos hechos. Pero ubiquémonos: estamos en El Salvador y aquí los temas tan delicados para la población —como el caso de la seguridad en los centros penitenciarios— no se tratan igual. En nuestro país ya estamos peligrosamente habituados a esperar las peores “soluciones”, por superficiales y tolerantes con lo aberrante. En el caso que nos ocupa, lo más probable es que sólo se remueva al Director de Apanteos —como ocurrió antes con el de Gotera— y no se haga nada más.

    El Presidente de la República, Francisco Flores, señaló irritado que el funcionario a cargo del penal cometió “un error de criterio grave”. Y esa furibunda reacción se explica, entre otras cosas, porque su gobierno se encuentra en estos momentos ante una contradicción. De un lado, se promueve con entusiasmo el éxito de la Policía Nacional Civil (PNC) porque día a día realiza innumerables capturas. Pero, por el otro, existe preocupación cuando ese “triunfo” se traduce en mayor hacinamiento dentro de los centros penales y produce las consabidas consecuencias. Para calmar un poco las aguas, se anuncia la construcción de un penal de máxima seguridad en Zacatecoluca como el “remedio” a esta grave enfermedad.

    Pero ni el hacinamiento carcelario es fruto de una mayor eficacia policial, ni su solución está en la construcción de otro centro penal. Debemos recordar que el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), en su balance sobre la situación del país en el 2001, estableció que más del 42% de la población encuestada sostiene que la criminalidad —lejos de disminuir— aumentó en el país el año pasado. Considerando este dato, cabe preguntarse si realmente están siendo efectivas la “Alianza por la Seguridad” del Presidente Flores y la PNC en manos del señor Mauricio Sandoval, o si las condiciones en El Salvador favorecen la producción de delincuentes a montones. Ante eso, resulta elemental exigir que los problemas se enfrenten con mayor seriedad.

    La debilidad en la Dirección del Sistema Penitenciario salvadoreño, es evidente con Rodolfo Garay Pineda a la cabeza. Los hechos de violencia son recurrentes, pero no sólo en los últimos tiempos sino también cuando éste ocupó el mismo cargo hace ya varios años. Para quien no esté enterado o no lo recuerde, él estaba sentado en la misma silla cuando el 18 de noviembre de 1993 murieron 27 personas y más de 30 resultaron heridas dentro del penal de Gotera. He aquí un problema de fondo. Garay Pineda está ahí por razones políticas y, probablemente, no lo van a quitar. Nunca ha sabido qué hacer para manejar de forma adecuada la gran responsabilidad que, irresponsablemente, le han asignado los sucesivos gobiernos de ARENA desde principios de la década. Este cuestionado funcionario tiene a su cargo un sistema penitenciario que alberga, en la actualidad, 9,656 reclusos cuando su capacidad instalada alcanza sólo para dar cabida a un poco más de 7,000.

    Una de las finalidades perseguidas con la promulgación de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, y la Ley Penitenciaria, era la de acabar con la mora judicial y acelerar el proceso legal de las miles de personas procesadas que se encontraban en prisión a la espera de ser enjuiciados o de recibir sentencia. Hoy, esta población alcanza el 70 por ciento del total. Dentro de ella se encontraban José Alfredo Alfaro González, de 22 años, y Jimmy Alexander Sáenz Mojica, de 32; ambos fallecieron en los recientes disturbios ocurridos dentro del penal santaneco. Ni el exceso de población en los penales ni la mora judicial han sido superadas tras las reformas de la normativa.

    Las nuevas leyes penales buscaban, también, aplicar medidas alternativas a la prisión y humanizar el trato en los penales; es decir, readaptar y resocializar a los internos. De esta forma, se impulsaron varias iniciativas tendientes a reducir el cumplimiento de la pena mediante el internamiento. Para dar seguimiento a la realización de estas medidas se crearon el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Sin embargo, la realidad es distinta. Al principio, las reformas parecieron surtir efecto; pero luego, lejos de solucionarse, el problema creció. Y se puede agravar más con las recientes reformas a la legislación que elevan el máximo de la pena y eliminan ciertos beneficios penitenciarios.

    Con todo, el gobierno no está atacando las graves causas estructurales del problema penitenciario. Pese a que se quiere aparentar cierta evolución, llegado el momento de adoptar las disposiciones necesarias se prefiere dar marcha atrás y continuar reproduciendo la conflictividad. Por ello, estar preso en El Salvador significa tener a la muerte como compañera de celda por distintas razones: amotinamientos, las mal llamadas enfermedades comunes y el SIDA. La masi-fica-ción y la deteriorada infraestructura de los centros penales provocan también el padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas y, en algunos casos, la muerte de los internos.

    No es cierto que esta crisis se aliviará construyendo más cárceles. El problema penitenciario se sostiene y mantiene, en buena medida, por la ineficacia del sistema en su conjunto. La mora judicial aumenta y no se aplican medidas cautelares ni sustitutivas de prisión. Es necesario, también, disminuir los altos niveles de criminalidad que nos colocan como uno de los países más violentos del continente. En este sentido, deben impulsarse e incrementarse los esfuerzos para eliminar las fuentes que generan inseguridad, delincuencia y violencia. La falta de oportunidades para integrarse a la vida productiva, los altos niveles de marginación social, la desintegración familiar y la facilidad con que se consiguen armas en este país, son algunas de ellas.

    Buena parte de la solución al problema penitenciario, se encuentra en disminuir el número de personas que llegan a las cárceles. Para lograr eso, deben agilizarse los procesos judiciales y considerar que la prisión debe ser el último recurso para corregir al delincuente y no el primero. Pero más importante que eso, resulta aumentar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida para la gran mayoría de la población que se encuentra excluida. De lo contrario, se seguirán dando “palos de ciego” sin atacar las verdaderas causas que hacen de las cárceles salvadoreñas una “bomba de tiempo”. En estas circunstancias, hoy repetimos lo que dijimos hace nueve años tras los sucesos violentos de marzo de 1993 en Gotera: “Si, como en otras ocasiones, la sociedad salvadoreña da vuelta a la página para olvidarse de esos hechos y del inhumano sistema penitenciario del país, no será mucho el tiempo que deberá transcurrir para volver a lamentar otro acontecimiento de ese tipo (Proceso, Nº 590).