Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    El diputado Orlando Arévalo viene acaparando, desde hace varias semanas, la atención de los medios de comunicación.  Desde sus intervenciones a favor de los desmovilizados, pasando por sus arengas a los empresarios de buses, hasta su presunta implicación en una estafa millonaria al gobierno de Japón: todo está siendo motivo de divulgación y escarnio público. Arévalo, sin embargo, no se muestra amilanado en lo absoluto. Al contrario, sabe utilizar a su favor –para aparecer una y otra vez en los medios alegando su inocencia y denunciando la “persecución” de que es objeto— todas las  cosas que se dicen en contra suya.
 
    En el caso del diputado Arévalo conviene separar la paja del trigo, es decir, conviene revisar con una mínima dosis de objetividad lo que haya de ilegal o de irregular en su conducta como diputado y lo que haya de mala intención, de venganza o revanchismo en quienes pretenden sentarlo en el banquillo de los acusados. Hasta ahora, ambas situaciones se han mezclado de un modo confuso, de forma que es difícil para la población hacerse una idea razonable del asunto. Peor aún, tanto el mismo Arévalo como sus detractores tratan de sacar provecho de la confusión, con lo cual todo se oscurece más. Por su lado, la prensa escrita de derecha ha ayudado poco a la comprensión del problema en tanto que ha tendido a hacer eco de los intereses de quienes tienen claras intenciones de hacer de Arévalo un delincuente común.

    A estas alturas, habría que estar ciego para no darse cuenta de la embestida de la que está siendo objeto Orlando Arévalo. Sistemáticamente, se le vienen siguiendo los pasos desde la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) y desde la cúpula de ARENA, con fines no precisamente loables. Los motivos son varios, pero quizás uno de los principales es el desafío que Arévalo lanzó a las huestes areneras cuando denunció la presencia de mafias en su interior.  “Mafia” es una palabra fuerte, puesto que remite al crimen de alto vuelo al cual parece que no son del todo ajenas algunas figuras prominentes de ARENA y de la dirección de la PNC.

    Una afrenta así, obviamente, no podía quedar en el olvido y tarde o temprano quien la profirió tenía que pagar las consecuencias por ello. Todo lleva a sospechar que la consigna de la cúpula de ARENA y de la dirección policial es que Arévalo tiene que ser derribado cueste lo que cueste. Derribar a Orlando Arévalo significa, desde esta óptica, primero, desacreditarlo públicamente —es decir, hacerlo ver como una piltrafa que no merece mayor consideración social— y, segundo, llevarlo ante la justicia acusado de un delito que sea lo suficientemente relevante como para que no pueda evadir fácilmente ser castigado.

    Así, el partido ARENA y la dirección de la PNC quieren sentar a Orlando Arévalo en el banquillo de los acusados a como dé lugar. Y, precisamente, por este “a como dé lugar” es que han cometido tantos desatinos, porque no sólo han violentado la legalidad básica del país, sino que han dado una plataforma de autopromoción de Arévalo. Por ahora, este último puede sentirse satisfecho con lo que ha logrado: ha puesto en ridículo al director de la PNC, ha ganado un espacio en los medios que no pocos en la política criolla envidiarían y ha sembrado dudas acerca de las pruebas que las autoridades judiciales dicen tener en su contra respecto de sus actividades ilícitas.

    Ahora bien, los desmanes autoritarios del director de la PNC o los afanes de venganza de ARENA no deben llevar a pensar que Orlando Arévalo es una víctima inocente de aquéllos. Como diputado y como ciudadano, Arévalo deja mucho que desear en su conducta pública. Las malas intenciones o el autoritarismo de quienes lo tienen en la mira no deben llevar a obviar su propio desempeño y trayectoria, que ni son ejemplares ni son totalmente transparentes, sino todo lo contrario. En otras palabras, al margen de las intenciones de quienes quieren borrar de la escena política a Arévalo, en la trayectoria y desempeño de éste hay suficientes elementos que avalan una investigación a fondo de sus actividades.

    Claro está, una investigación de esta naturaleza no sólo debe respetar la legalidad básica del país, sino que debe permitir reunir las pruebas pertinentes —si es que la hay— para determinar la responsabilidad penal (o ética) del diputado Arévalo. En caso contrario, su solvencia judicial (o moral) debe ser establecida públicamente, porque tampoco se trata de ensuciar nombres y reputaciones gratuitamente. Aquí, el resto de diputados tienen un papel clave que jugar: deben estar abiertos a abrir un expediente a Arévalo, sin prestarse a maniobras sucias para entorpecer o favorecerse con el caso.

    Voceros de la Fiscalía General de la República han manifestado en más de una ocasión tener pruebas sobre las actividades ilícitas de Orlando Arévalo. De lo que se trata es de fundamentar esas pruebas, de modo que a partir de ellas se pueda determinar con contundencia la responsabilidad penal del diputado. Si esas pruebas no existen o no son contundentes, lo mejor es que la Fiscalía guarde silencio, porque con sus acusaciones infundadas se presta al juego sucio en el que han caído la dirección de la policía, la dirigencia de ARENA y el mismo diputado Arévalo; un juego de acusaciones, con-traacusaciones y abusos del que, al menos por el momento, el más ganancioso ha sido este último.

    Al diputado Orlando Arévalo le debe llegar su turno de responder ante la sociedad por sus actividades rayanas en la ilegalidad. Hasta ahora, la obsesión de algunos por acabar a como dé lugar con su carrera política ha entorpecido la necesaria investigación sobre su comportamiento como ciudadano y como diputado. De momento, Arévalo puede estar relativamente tranquilo, pues una indagación seria y a fondo sobre su conducta siempre podrá ser vista como parte de una conspiración en su contra. Ese fue el favor que le hicieron los que pretenden acabar con su carrera política y verlo tras las rejas. Obsesionarse con algo lleva a la imprudencia y a cometer errores imperdonables; a estas alturas eso lo deben saber bien los que han hecho el juramento de hundir a Orlando Arévalo.

[Extracto]

    Desde que el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush,  anunció su disposición a suscribir un tratado de libre comercio con Centroamérica y, luego, con el anuncio de su visita a El Salvador, se han despertado en el área fuertes expectativas positivas entre los círculos empresariales y gubernamentales. Se esperaría que con el libre comercio los productos centroamericanos puedan acceder con facilidad al mercado estadounidense y que, además, se multipliquen las inversiones por parte de empresarios de aquel país.

    Reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo consignaron la célebre “Declaración del Milenio”, en la que reconocieron que mil millones de seres humanos —una sexta parte de la humanidad— vivían en condiciones de pobreza extrema. Al mismo tiempo, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron —entre otras cosas— a “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre”.

[Extracto]

    El secuestro, ocurrido el 25 de febrero, del presidente del Banco Central de Guatemala, Lizardo Sosa, ha provocado incertidumbres en el seno del gobierno de Alfonso Portillo. A pesar de que el funcionario fue liberado después de un operativo policial contra sus captores cuatro días después, las dudas aún no se disipan. A esto hay que agregarle la publicación de un reportaje en el periódico Siglo XXI, de la capital guatemalteca, elaborado junto a su homólogo panameño La Prensa, en el que se asegura que tanto el presidente Portillo como el vicemandatario, Juan Francisco Reyes, han extraído dinero del país hacia cuentas bancarias en Panamá y los Estados Unidos. Por la gravedad de ambos casos, habría que ver cuáles son las implicaciones de cada uno de estos hechos.

    El diagnóstico estadounidense sobre la situación salvadoreña que se incluye en el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, fue conocido ampliamente a través de los medios estos días. Entre los aspectos abordados, el que más ha sonado es el de la ineficiencia y la corrupción que se atribuye al sistema judicial de nuestro país. Las reacciones no se han hecho esperar; como era de suponer, el mencionado informe ha provocado el inocultable malestar entre algunos “altos miembros” del Órgano cuestionado. Antes que nada, debemos señalar que este informe lo exige anualmente el Congreso de la mayor potencia mundial, para conocer el grado de incumplimiento y los logros que —desde su perspectiva— existen en la materia, país por país. Aunque, también hay que mencionarlo, no se incluye en el documento ninguna alusión a lo que ocurre dentro de su propio territorio.

    La divulgación del reporte llega a El Salvador en un momento políticamente delicado. El Órgano Ejecutivo y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) —que en la práctica son lo mismo-— habían anunciado, desde hacía tiempo, la visita del Secretario General de las Naciones Unidas. Kofi Annan vendría a la ceremonia con la cual se pretendía clausurar oficialmente el “proceso de paz”. La fecha del acto era el viernes 15 de marzo y el objetivo del mismo el de “finiquitar” el cumplimiento de los acuerdos de paz. Todo eso le estalló en las manos a sus eufóricos organizadores. Ahora con “caras largas” o de “pocos amigos”, tras el anuncio de la suspensión del viaje de Annan, nos quieren hacer creer que el pueblo salvadoreño ha perdido.

    En medio de las acusaciones contra los “culpables del desaire” y de la andanada de lamentos porque se suspendió lo que decían era el “reconocimiento mundial al pueblo salvadoreño por su ejemplar proceso de paz”, nosotros mejor pensamos  en algo más importante. En la gente. En esa que hoy vive igual o más insegura que durante la guerra, en la que no encuentra empleo, en la que no recibe justicia, en la que no alcanza a pagar la canasta básica con su salario, en la que… No dejamos de pensar en la mamá de Katya, en los papás de Ramón Mauricio García Prieto y del cadete Erick Miranda, en la madre de los hermanos asesinados a plena luz del día en noviembre de 2000, en Lorena Saravia, en los familiares de las miles de personas desaparecidas durante la guerra.

    Preferimos pensar en esa gente y no en los personajes que hicieron la guerra en todo sentido: los que dispararon, los que pagaron las armas, los que encubrieron a los criminales, los que justificaron sus acciones y los que despreciaron después a las víctimas: Todos ellos y sus aliados —polítiqueros de antaño, nuevos o “reconvertidos” en eso— fueron los más beneficiados con el “proceso de paz”. Pero los “rostros bonitos” logrados con maquillaje, tarde o temprano se despintan y salen a relucir como son en realidad. Eso, en el caso salvadoreño, ya comenzó a ocurrir desde hace un tiempo.

    Además, no han faltado las maniobras políticas —llueve sobre mojado— para aprovechar el momento. La ocasión lo ofrecía y en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) así lo han entendido. La visita anunciada que tendrán representantes de este partido con el jefe de gabinete del Secretario General de la ONU ha hecho poner el grito en el cielo a los “oficialistas”. Aunque los argumentos esgrimidos para confirmar los retrocesos en el proceso de democratización del país, demuestran la oportunidad de su situación.

    Como decíamos, no han faltado precipitadas declaraciones que califican al informe de “absolutamente irrespetuoso”, según afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García. Quien, aún reconociendo no haber leído el informe, se atrevió a valorarlo de injusto, falto de realismo y atentatorio contra la democracia del país. Ignoramos si sus palabras son debidas a no contar con la información oficial con antelación o a que “desde afuera” constaten lo que quienes “desde adentro” venimos constatando largo tiempo ya. Porque el que esta apreciación provenga de la otra orilla del río Grande es algo más que una simple “piedra en el zapato” en la administración Flores, debido sobre todo al momento de calentamiento político en el que nos encontramos.

    Por otro lado, no es algo nuevo para nosotros el que el Órgano Judicial se encuentre en el “ojo de la tormenta”, por diversas razones y en otra ocasión más. La deficiente actuación de funcionarios incapaces, temerosos o corruptos, resolviendo de forma arbitraria y hasta aberrante, continúa siendo un obstáculo considerable contra el que debe luchar la población que sigue intentando obtener justicia. Existe suficiente material para ello, pero más que esto es necesario destacar algunos de los principales señalamientos que realiza el informe, para contrastarlo con la realidad de personas que siguen confiando en la vía judicial como el camino a seguir para la resolución de conflictos.

    Aún y todo, nos sorprende que “allá arriba” reconozcan —a estas alturas— como “un problema” la impunidad extendida a todo nivel “especialmente para personas que están política, económica o institucionalmente bien situadas”, indica textualmente. No nos dejan de sorprender estas palabras por venir de quienes durante tanto tiempo no la han querido ver. Añadiendo a continuación, que la corrupción en el sistema judicial y en la Fiscalía General de la República contribuye a esta impunidad. El apartado especial hacia el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, es evidente al poner su actuación como ejemplo de esta impunidad. El no haber realizado ningún avance por dar con los responsables de la violación y asesinato de Katya Miranda y las violaciones perpetradas al debido proceso judicial en el caso, provoca que, incluso, el Departamento de Estado norteamericano esté interesado en que se restablezcan los trabajos para poder encontrar al o los causantes de la muerte de la menor. Los gritos de la pequeña reclamando justicia no encuentran fronteras.

    Tampoco se queda “limpio” el Director de la Policía Nacional Civil y el cuerpo de seguridad del que es su máximo responsable. Las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la PNC son evidenciadas. Como también se destaca el uso excesivo en el empleo de la fuerza —teniendo su monopolio “legítimo”— y el maltrato a detenidos, junto con el arresto y detención arbitraras. Por mucho que quiera refugiarse en los datos “oficiales” que constatan una rebaja en el número de secuestros, eso no es lo que la mayoría de la población busca y entiende como eficiencia en el actuar policial.

    Bien es cierto, que del renombrado informe se han olvidado nombrar algunas cuestiones de las que han aparecido en los medios, como la mora judicial. Es importante recalcar que —no obstante declaraciones de la Corte Suprema de Justicia— nuestro sistema de judicial continúa presentado una impresionante mora. La cual es reconocida sin ningún rubor por sus propios responsables; y es en las más altas esferas del aparato donde, precisamente, esta crítica adquiere mayor validez. Haciendo cálculos optimistas, consideramos que un recurso de amparo
—por citar un ejemplo— necesita de al menos dieciocho meses para su resolución; en el caso de una acción contenciosa administrativa, debemos hablar de un período que gira alrededor de los dos años.

    Algo parecido ocurre en los juicios de familia y civiles, con la salvedad que desde hace un corto tiempo —tras una reforma en la estructura de los juzgados de familia— se habilitó la presencia de dos jueces en cada tribunal; con esto último, se han comenzado a agilizar los trámites. En materia penal, aún existe una fuerte resistencia de los juzgadores a aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. Además, por lo regular, la población debe enfrentar jueces sin imaginación que efectúan interpretaciones gramaticales y hasta distorsionadas de los códigos, apartándose así de sus principios fundamentales, de los instrumentos internacionales y hasta de la misma Constitución.

    Un dato curioso es la referencia hecha hacia la independencia “constitucional” del Órgano Judicial. Y decimos curioso, porque también observamos con inquietud la intromisión del Órgano Ejecutivo en las labores propias del Judicial. Declaraciones ampliamente difundidas del Presidente de la República contra jueces, por fallos que no fueron de su agrado, nos colocan ante un escenario bastante peligroso pero entendible en el marco de ese “nuevo El Salvador” que se es-tá construyendo en función de un grupo privilegiado de poder: el de una justicia que sólo será admitida como válida y aplicable cuando no obstaculice a las políticas gubernamentales o si se adecua a éstas; es decir, si favorece las líneas trazadas para asegurar que se imponga sin tropiezos el “modelo” económico.

    El trámite ya lo conocemos, se denuncian los hechos y se arma el escándalo; sin embargo, pasa el tiempo y no se avanza más. Simplemente, a ese tumor maligno para la buena aplicación de la justicia —llámese corrupción, ineficiencia, mora— se le trata con una aspirina y se desperdicia una buena oportunidad para extirparlo. Porque las oportunidades siguen sin aprovecharse, documentos que bien pueden acompañar a la reflexión son utilizados como arma arrojadiza y como motivo de disputa, en vez de iniciar una crítica interna que conlleve la búsqueda de soluciones. Y a pesar de los posibles cambios, la población usuaria del sistema judicial no los percibe.

    Así las cosas, quienes de buena fe creyeron que éste era el inicio de una guerra sin cuartel contra el enorme peligro para la convivencia democrática y pacífica que representa la falta de ética en la institucionali-dad encargada de impartir justicia, vieron burladas sus ilusiones. Por otra parte, se debe agregar lo que —desde nuestra perspectiva— resulta ser lo más lamentable y peligroso de la situación: tras lo sucedido, con sobrada razón, ahora mucha más gente pensará que el Órgano Judicial salvadoreño no tiene remedio.

    Por ello, son necesarias medidas urgentes que reanimen al sistema judicial de la gravedad en la que se encuentra, para que la población confíe —a pesar de lo sufrido— en la resolución pacífica de los conflictos y no termine recurriendo al autoritarismo y la violencia como medio. Porque los niveles de  violencia social que estamos padeciendo tienen, entre otras causas, estrecha relación con un ineficiente sistema.

    Según el balance del 2001 realizado por el IUDOP, la delincuencia es el principal problema que más preocupa a los salvadoreños. Asesinatos, como el de la semana pasada en la escuela de Ateos (La Libertad), la granada que estalló dentro de un microbús, los continuos cadáveres que aparecen destrozados al cabo de unos días en zonas rurales, son síntomas más que evidentes del altísimo grado de conflictividad social que padecemos. Esta escalada de violencia demuestra que nuestro país no cuenta con medios eficientes para el arreglo pacífico de los problemas por la vía judicial.

    Pero detrás de todo eso se encuentran las causas de exclusión del “modelo” económico que ahoga a la gran mayoría de la población. Unas condiciones de vida que impiden, ni tan siquiera, el mínimo desarrollo humano de la población. Personas preocupadas en cosas más importantes —como su supervivencia diaria— que en las opiniones vertidas sobre el funcionamiento de un sistema que no alcanza a dar soluciones justas a sus problemas. Según el balance del 2001 realizado por el IUDOP, la delincuencia es el principal problema que más preocupa a los salvadoreños. Asesinatos, como el de la semana pasada en la escuela de Ateos (La Libertad), la granada que estalló dentro de un microbús, los continuos cadáveres que aparecen destrozados al cabo de unos días en zonas rurales, son síntomas más que evidentes del altísimo grado de conflictividad social que padecemos.

    Esta escalada de violencia demuestra que nuestro país no cuenta con medios eficientes para el arreglo pacífico de los problemas por la vía judicial. Pero detrás de todo eso se encuentran las causas de exclusión del “modelo” económico que ahoga a la gran mayoría de la población. Unas condiciones de vida que impiden, ni tan siquiera, el mínimo desarrollo humano de la población. Personas preocupadas en cosas más importantes —como su supervivencia diaria–– que en las opiniones vertidas sobre el funcionamiento de un sistema que no alcanza a dar soluciones justas a sus problemas.